Isabel Miranda de Wallace expone a los presuntos secuestradores de su hijo Hugo Alberto.Jefté Argüello ( Cuartoscuro)
- Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, César Freire, Tony y Albert Castillo son los acusados del ‘caso Wallace’ y son, sobre todo, las víctimas de un sistema judicial que falló entonces y falla ahora. La Suprema Corte canceló hace casi un año la prueba madre del caso, una “confesión” obtenida bajo tortura, pero ellos siguen sin ser liberados
Al poner todos los elementos sobre la mesa se vuelve un escenario imposible, un teatro irreal, una larga fabulación. Un joven empresario, Hugo Alberto Wallace, desaparece en la noche del 11 de julio de 2005. Después de ese día hace algunas llamadas —a amigos, a amigas, a su chófer, a su novia, a su primo, a la madre de una de sus hijas—, usa sus tarjetas bancarias. Nada de eso se investiga ni indaga. En cambio, el hecho de que su camioneta aparezca a 150 metros de Perugino 6, un edificio en la colonia Extremadura Insurgentes, en Ciudad de México, y que un chófer diga que había visto al joven un día en un restaurante con una mujer alta, de “pecho grande”, se convierten en pruebas irrefutables que llevan hacia Juana Hilda González Lomelí, inquilina del departamento 4.
La familia Wallace dice que dos testigos —de los que no se supo su nombre, nunca se comprobó siquiera si existían— dijeron que Hugo Alberto fue bajado a la fuerza de su camioneta y llevado a esa dirección que era una casa de citas. La madre del desaparecido, Isabel Miranda de Wallace, dice que un niño —que se probó que no estaba en el edificio— le dijo que vio salir de allí a un hombre ensangrentado. La policía catea el departamento, dentro y fuera, las escaleras y los pasillos: no encuentra nada. Tanto que el lugar queda liberado por las autoridades y está dos meses vacío con la puerta abierta, hasta que entra ahí a vivir un nuevo inquilino, quien reside en la supuesta escena del crimen desde octubre.
El 10 de enero de 2006, la policía detiene sin orden judicial a Juana Hilda; en sus dos primeras declaraciones, ella afirma no saber nada de ningún secuestro. La antigua PGR (Procuraduría General de la República) se la lleva a un centro de arraigo, la aísla, amenaza con violarla, con llevarse y dañar a su familia. Al mes de estar allí encerrada, la joven cambia sus palabras y, después de ser abusada, confiesa en video el 8 de febrero de 2006. Ahí señala la participación de Brenda, Jacobo, César, Tony y Albert. Tras esa grabación, los agentes vuelven al departamento en Perugino 6, donde ella hacía ya más de medio año que no vivía. Entonces sí, casualmente, encuentran una licencia vencida de Hugo Alberto y también una minúscula gota de sangre. Los agentes tienen vía libre para empezar la caza.
Espectacular colocado por Isabel Miranda de Wallace en el que ofrece recompensa por Tony Castillo, en marzo de 2006. Pedro Marrufo (Cuartoscuro)
Después de Juana Hilda, se llevan a su novio César Freyre, a los hermanos Tony y Albert Castillo, a Brenda Quevedo y, por último, a Jacobo Tagle. Lo único que unía a todos los perseguidos es que en 2005 se habían tomado juntos una foto en la iglesia de Chalma; algunos de ellos solo se vieron ese día. Todos son presentados como culpables en enormes espectaculares, en cientos de entrevistas y presiones que Isabel Miranda traslada a procuradores, agentes, y hasta al mismo presidente Felipe Calderón. Las autoridades fueron cómplices en destrozar su presunción de inocencia, pero no solo de eso. Los relatos de sus torturas dentro de cárceles a cargo del Estado —recogidos en comisiones de derechos humanos, en la ONU, en el trabajo vertebral del periodista Ricardo Raphael— son atroces. Son, todavía ahora, responsabilidad del Estado.
El clan Wallace necesitaba que Freyre, los Castillo, Quevedo y Tagle confesaran como Juana Hilda. No lo hicieron. El precio a pagar fue altísimo. Fueron encerrados durante años sin ventilación ni luz solar, fueron violados, torturados durante días seguidos, encerrados en aislamiento, los colgaron de un helicóptero, se ofreció recompensa para quien consiguiera hacerlos hablar dentro de la prisión, por lo que las palizas de otros reclusos fueron habituales, se les negó la atención médica después de que sus cuerpos fueran machacados. A veces, cuentan los acusados, Isabel Miranda observaba durante las torturas. Todas, insisten, venían de su parte: algunas las aplicaron agentes públicos y otras, civiles. Ninguno de los perpetradores ha sido sancionado o juzgado.
En esos años, todos los que trataron de ayudarlos fueron también perseguidos, encarcelados y sometidos. Se obligó a abogados a dejar su defensa, a periodistas a borrar sus entrevistas, a testigos a cambiar sus declaraciones para incriminarlos. La peor parte se la llevaron sus familias, que fueron aplastadas. Todo se hizo bajo la batuta de Isabel Miranda, pero en colusión con la Procuraduría y con el Gobierno. A algunos de los acusados —como a Tagle, Freyre o los Castillo— les imputaron después otros procesos, como el caso Toluca. “Yo sabía que eran fuertes”, resume ahora Luis Carrillo, tío de Tony y Albert, “pero no sabía que tanto”.
Todo esto pasó y no los protegió el poder judicial. Los jueces, uno tras otro, obviaron las irregularidades y condenaron a Juana Hilda, César, Tony y Albert primero a 28 años de cárcel, después con la apelación a 43 y en última instancia a 78 años. A Brenda y a Jacobo todavía no les han dictado sentencia. Sus defensores públicos pelean para que se cierre el juicio porque en estos 20 años, se ha muerto ya la denunciante, Isabel Miranda de Wallace, y también la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ordenado la liberación inmediata de Juana Hilda.
Tras estudiar su caso en julio de 2025, el máximo tribunal de México desechó la “confesión” de González Lomelí porque ella acusó tortura y el Estado no consiguió probar que no había sido torturada. Juana Hilda avisó que había sido coaccionada desde el principio, pero tuvieron que pasar casi dos décadas para que un tribunal objetivo lo analizara. Al quedar invalidada la supuesta confesión, como un efecto dominó, la SCJN ordenó desechar cualquier otra que se obtuviera a raíz de esa declaración viciada. Al hacer ese ejercicio, concluye: “No hay una sola prueba que vincule a Juana Hilda con Hugo Alberto el día de su desaparición”. Y Juana Hilda era lo único que los unía a todos.
Juana Hilda González Lomelí sale del Cefereso 16 el 11 de junio de 2025 tras la sentencia de la Suprema Corte. Margarito Pérez Retana (CUARTOSCURO)
La “confesión” es la prueba madre del caso. “No hay más evidencia contra Tony y Albert que esa. Porque a pesar de que fueron torturados brutalmente no confesaron su participación porque no cometieron ningún delito, es más, porque nunca existió el delito de la privación de la libertad de Hugo Alberto así como su muerte”, explica Luis Carrillo. “Parece que nada alcanza: ni todas las recomendaciones nacionales e internacionales, ni la resolución de la Suprema Corte. Nada es suficiente para la Fiscalía, ¿quién sigue moviendose ahí?”, indaga Brenda Quevedo.
En su sentencia, la SCJN desnudó la fabricación del caso: las coacciones a testigos, las irregularidades en la cadena de custodia de las supuestas pruebas, todas las fabulaciones que pasaron por alto otros tribunales. A pesar de esto, ninguno de los juzgados actuales ha movido ficha, no han resuelto el primer juicio para Brenda y Jacobo, no han aceptado el amparo de César, Tony y Albert. “¿Cómo podría un juez irse en contra de lo que ya resolvió el máximo tribunal de justicia?”, pregunta Quevedo.
“Cuando fue resuelto lo de Juana Hilda pensamos que todos íbamos a correr la misma suerte, pero hay un estancamiento judicial. Llevamos ocho años esperando que se resuelva nuestro amparo”, añade Carrillo sobre su proceso en el Octavo Tribunal Colegiado. “Con la libertad y el engrose de Juana Hilda integrado en el expediente esperábamos que todo se empezara a mover”, dice desilusionada Fabiola Guerrero, la esposa de Jacobo Tagle: “Los jueces no quieren cerrar, no quieren hacer nada. No encuentro las palabras adecuadas para pedirles que volteen a vernos. Ya es demasiado tiempo. No nada más están encerrados ellos, estamos encerrados nosotros, sus familias”.
Brenda y unas paredes
Brenda Quevedo, víctima del caso Wallace, en su casa en Ciudad de México, el 18 de junio de 2025. Nayeli Cruz
Hace un par de meses, Brenda Quevedo —que tiene ahora 46 años— sufrió una hemorragia vaginal gravísima. Estaba en su casa de Ciudad de México, donde vive con su madre Enriqueta desde que en junio de 2024 un juez, por fin, le cambiara la medida cautelar a prisión domiciliaria, por el tiempo “excesivo” que llevaba en la cárcel sin una sentencia. El sangrado comenzó en la tarde y duró hasta las 3 de la mañana. Brenda no recibió el permiso para acudir a un hospital. Lo máximo que logró fue que una ambulancia con paramédicos la visitara en su vivienda y que ellos advirtieran que si la hemorragia no se detenía tendrían que sacarla. Después de eso tampoco recibió el permiso para ir a revisar qué le pasaba a un centro privado, sino que tuvo que esperar los dos meses hasta la cita del IMSS. Las pruebas definitivas en la salud pública no serán hasta dentro de otro medio año. “Esto es una cárcel más cómoda, pero sigue siendo una cárcel”, resume en una llamada con EL PAÍS.
Brenda Quevedo no deja en ningún momento de ser amable, ni cuando cuenta que no sabe si la hemorragia fue a causa de las torturas que sufrió cuando estaba en prisión, tampoco cuando revela que le encantaría poder ayudar algo más a su madre, acompañarla al médico o a hacer la compra, que desea tener un trabajo o que lleva dos décadas sin ver a su hermano (que está en Francia refugiado por la persecución que vivió de la familia Wallace). “Todos mis proyectos personales llevan 20 años en suspensión”, apunta, “ahora estoy en un limbo, no pertenezco a la sociedad ni a la cárcel. Entonces llega de repente la tristeza”.
Lleva una pulsera en el tobillo con la que controlan que no cruce la puerta de su casa. Tras la muerte de Isabel Miranda cree que la seguridad que la vigila ha bajado “un poco”. Logró la prisión domiciliaria o que le dieran de vuelta una identificación oficial a golpe de amparos. En estos últimos años, después del cierre de instrucción, le ha tocado una jueza que no quiso resolver porque se iba a jubilar y también la reforma judicial que cambió a los titulares de sus plazas. Ahora, el responsable de su caso es Carlos Alberto Rico Mondragón, del juzgado Primero de Distrito en Materia Penal de Ciudad de México. Él le ha negado una audiencia para valorar un cambio de medidas cautelares, ya que, por ejemplo, la prohibición de no acercarse a la víctima (la madre de Hugo Alberto Wallace) ya no sería necesaria. Rico tampoco ha dictado sentencia: “Ha habido mucho silencio y mucho estancamiento. No se me hace posible que sigan pidiendo tiempo para este caso”.
Tony, Albert y la fortaleza
Albert y Tony Castillo, condenados por el ‘caso Wallace’, en imágenes sin datar. Cedida por la familia
Lo único que llevó a Albert Castillo a la iglesia de Chalma fue que el viaje se hizo en un vehículo de la familia y él era el más responsable de todos. No conocía a Hugo Alberto Wallace ni a la mayoría de los que fueron imputados con él en el caso. Salió en la foto de la caza por pura casualidad. Su hermano Tony sí había trabajado como conductor para César Freyre. Tony se presentó voluntariamente en la PGR cuando supo que habían detenido a Albert, quería aclarar el malentendido. Nunca, ninguno de los dos, ha vuelto a salir de las garras de las autoridades. La familia Castillo llegó a estar en la pobreza en los primeros años de los hermanos en la cárcel, les exprimieron económicamente otros reclusos a cambio de no matarlos a golpes. Así fue hasta que se arruinaron.
Ambos tienen una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por las brutales torturas que sufrieron a manos de autoridades. “Yo identifico plenamente a mis torturadores: a Braulio Robles Zúñiga, a María Isabel Miranda, al que era director de Puente Grande, Francisco Javier Gómez Meza, y a la directora de Seguridad Lorena Campuzano”, señala en un audio Albert Castillo, que pide investigarlos y sancionarlos. “Son ya 20 años preso, es sumamente dificil, un sufrimiento que crece potencialmente cuando sé es inocente. Perdimos familia, amigos, proyección de vida, pero seguimos de pie”, apunta Albert, de 50 años, que está encerrado en el penal federal número 15, en Chiapas. Tony (que tiene 52 años) está en el Cefereso 14, en Durango.
Los hermanos Castillo presentaron el amparo para salir de prisión incluso antes que Juana Hilda, pero el suyo —después de un laberinto burocrático y desidia entre tribunales— todavía no se ha resuelto. Su tío, Luis Carrillo, se muestra esperanzado de su salida y relata que en este tiempo Albert ha aprendido a pintar, que algunos de sus cuadros se han presentado a concursos entre las cárceles federales. Ambos han estado trabajando dentro de los penales, a veces por un peso (0,05 dólares) al día. “Nosotros les depositamos mes con mes”, dice Carrillo, que relata que al estar en cárceles tan retiradas una de otra solo pueden ir a visitarlos dos o tres veces al año: “Nosotros también hemos estado presos porque no podemos vivir plenamente, pero la FGR tiene miedo a que se le caiga el teatro, no acepta el error de que se equivocaron”.
Jacobo y la tristeza
Jacobo Tagle, en una imagen sin datar. Cedida por la familia
“Jacobo está ya muy desesperado”, dice al otro lado de la línea su esposa, Fabiola Guerrero. Se conocen desde jóvenes, salieron juntos un tiempo antes de que Isabel Miranda de Wallace se cruzara definitivamente en la vida de los Tagle, se reencontraron hace siete años y se casaron el pasado, cuando él ya estaba en el penal de Almoloya. La cárcel de máxima seguridad fue, paradójicamente, un alivio para el último detenido del caso Wallace.
El paso por anteriores prisiones incluyó torturas y agresiones, algunas extremas. La última estancia en Chiapas, en el Cefereso 15, Fabiola la describe como “un infierno”. A causa de los ataques, el hombre dejó de dormir y de comer, entró en una depresión severa. “Mide casi dos metros y pesaba 60 kilos. Yo pensaba que se iba a morir”, relata la mujer. Ahora, aunque la situación ha mejorado mucho (no hay golpes ni humillaciones), Jacobo sigue pagando las secuelas: “Tiene problemas muy serios para descansar. Se espanta por cualquier ruido, brinca. La espalda la tiene hecha garras, la columna desviada, no puede estar acostado. Nunca lo atendieron de eso”.
La familia Tagle lo perdió todo durante la persecución de los Wallace. El hermano pequeño, Salomón, llegó a estar preso durante años como parte de la maquinación, después se exilió de México y nunca ha querido volver. Su madre, Raquel Dobin, está muy enferma y apenas puede caminar, lleva seis años sin poder visitar a Jacobo, relata Fabiola. Él no ha podido pedir un cambio de medida cautelar, como Brenda, porque tiene abierto otro proceso creado después del caso Wallace, el de Toluca. “Tampoco se ha cerrado la instrucción porque se supone que van de la mano. Están esperando a que se solucione el Wallace para de ahí agarrarnos con el de Toluca. Pero vamos igual: lentos”, relata Fabiola, que insiste en un mensaje: todo este tiempo, todas las violaciones a su derechos, todo ha sido ya “demasiado”.
César Freyre y el silencio
Este periódico no ha podido comunicarse con la familia de César Freyre, tampoco con él, preso también en El Altiplano, pero el periodista Ricardo Raphael, en su libro Fabricación, describe el estado de este hombre de menos de 60 años tras años de torturas y dos décadas tras las rejas: “Es un hombre medio sordo, con problemas de presión y con el testículo izquierdo arruinado. Tiene cicatrices provocadas por quemaduras de cigarro en distintos lugares del cuerpo y sufre la enfermedad de Raynaud, por lo que se le cierran los vasos sanguíneos cuando es sometido a bajas temperaturas o a situaciones de estrés. Se le congelan las manos y los pies al punto de la gangrena. En cualquier momento pueden hacerle trombos que le revienten el corazón o el cerebro. (…) Sufre ataques de ansiedad y paranoia”. Un informe médico de la CNDH, de 2022, recupera sesiones brutales de tortura en 2010, que incluyen arrojarlo al vacío desnudo desde un helicóptero. Pasó siete años en un área carcelaria de castigo sin luz ni ventilación, durmiendo en un piso de tierra.
Su madre Rosa Morales falleció en 2022, “sola, enferma y tremendamente desgastada”, sin ver cumplida su promesa de abrazar a su hijo fuera de prisión. Respecto a su proceso judicial, Luis Carrillo, tío de Tony y Albert, señala que el amparo de César Freyre sigue esperando una resolución igual que el de sus sobrinos.
El País
Beatriz Guillén
Ciudad de México
Lunes 15 junio 2026.
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