Los dos gobiernos del PAN que presidieron a Barbosa, construyeron una “Estafa Maestra” con recursos públicos destinados a restablecer edificios dañados.
Barbosa parece no tener tiempo para impedir la corrupción y la impunidad; está muy ocupado en sus asuntos personales y proyectos metagubernamentales.
A cinco años del 19S, investigaciones en curso revelan que 134.5 millones de pesos de recursos públicos para rehabilitar escuelas en Puebla fueron canalizados a empresas fantasma.
Las obras en realidad fueron ejecutadas y pagadas por fundaciones privadas o por padres de familia.
Del total de recursos bajo investigación penal y administrativa, 26.2 millones de pesos fueron pagados a la empresa Infraestructuras Globales 220, cuyo propietario, según su acta constitutiva es Marco Emilio Martínez Traslosheros, quien en el contrato figuró como su administrador, aunque el domicilio que registró no existe.
Los restantes 108.3 millones de pesos se pagaron a otras cuatro empresas, una de las cuales está inscrita en el listado definitivo del SAT de contribuyentes con actividades inexistentes, mientras que las tres restantes, fueron creadas con datos falsos usando identidades de personas y domicilios que no corresponden a ninguna actividad empresarial. A este grupo se le encargó la reconstrucción de 445 escuelas.
Entre las escuelas que fueron usadas para falsear el gasto está la Secundaria Técnica Teniente José Azueta, en San Juan Amecac, Municipio de Atzitzihuacan, en las faldas del volcán Popocatépetl.
Rogelio Arellano, quien fungió como presidente del Comité de Padres de Familia de la escuela, confirmó que, como lo revela una placa en el plantel, fueron las fundaciones BBVA Bancomer, Kaluz, además de la organización Mexichem y el Nacional Monte de Piedad, quienes pagaron la reconstrucción.
Fue hasta cinco años después cuando Arellano se enteró que el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), durante el mandato del Gobernador Antonio Gali Fayad, otorgó en adjudicación directa un contrato por más de 26 millones de pesos para reconstruir esa y otras 141 escuelas que resultaron con afectaciones menores.
En la escuela nunca vieron a la empresa que recibió el recurso, Infraestructuras Globales 220.
La misma empresa estaba a cargo de la obra de reconstrucción en la Primaria Oficial Antonio Garfias, en Atlixco, Puebla, pero de acuerdo con el testimonio de su directora Laura Amaro, la rehabilitación de tres salones corrió por cuenta del gobierno municipal y de la dirección del CAPCEE.
En la Escuela Oficial Antonio Serrano, también de Atlixco, se intervinieron los espacios afectados, pero no fue la empresa que cobró. Además, a cinco años de distancia, aparecieron de nueva cuenta las fallas estructurales.
«La gente de CAPCEE vino a realizar la obra en su momento (2017) pero vea ya como está y es un riesgo porque otro sismo y entonces si se cae el salón», comentó un docente en el lugar.
El contrato con Infraestructuras Globales 220 también establecía la intervención de las instalaciones de la Escuela Centro Obrero Federal del Centro de Atlixco y cuyo costo ascendió a 604 mil 674 pesos. Pero no hubo reconstrucción.
Debido a que trasladaron a la comunidad estudiantil a un inmueble nuevo, el edificio del siglo XVIII se utilizó para las oficinas de la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo (CORDE 16) y la Supervisión de Zona Escolar 015.
«Hay dos o tres salones al fondo que quedaron destruidos por el sismo, ni siquiera se puede entrar porque quedaron bloqueados, y no dejaron ni intervenir la fachada», comentó un empleado de la CORDE.
«Es un peligro porque así venimos a trabajar, con esos espacios dañados», agregó.
La Escuela Benito Juárez de San Juan Amecac, perteneciente a Atzitzihuacan, también estaba enlistada en el contrato de reconstrucción, pero su director Pedro Nolasco Lara confirmó que esas obras las ejecutaron con recursos propios.
El caso de la Escuela Secundaria Jaime Torres Bodet, en Tochimilco, es más crítico. De ocho salones afectados, padres de familia contaron que demolieron dos y reconstruyeron dos, sin embargo, el equipo enviado por CAPCEE no volvió y dejaron en abandono otros seis en donde aún son visibles los daños.
«Tiraron unos y construyeron dos aulas nuevas, pero lo demás ya lo dejaron, así como quedaron después del sismo. Ahora los usan de bodega, porque son un peligro para los estudiantes, pero ya no hubo obra», cuenta una mamá.
El Gobierno de Miguel Barbosa mantiene una investigación abierta por los presuntos casos de corrupción, aunque el CAPCEE reservó toda la información relativa al proceso con el argumento de que podría trastocar la indagatoria que se lleva a cabo.
Factureras y fantasmas
En octubre de 2017, apenas un mes después del sismo del 19-S, el secretario ejecutivo del Comité de Obra Pública del CAPCEE, David Rodríguez Sánchez, envió un oficio al director jurídico de la misma dependencia, Antonio Velasco Arguello, para la contratación de obra para la reconstrucción de escuelas.
En ese oficio se da cuenta de empresas como Infraestructuras Globales 220, Sayte Construcciones, Jawhar, Arkon Ingeniería y Proyectos, Urbanizadora ADRP y Liceaga Arquitectura, Diseño y Construcción.
Todas aparecen actualmente como factureras o con domicilios falsos.
Destaca Jawhar, que el 27 de agosto de 2019 ingresó al registro definitivo de empresas con actividades inexistentes, y a la que se había otorgado un contrato por 20.8 millones de pesos para reconstruir escuelas en Puebla.
La firma Arkon Ingeniería y Proyectos no está en la lista del SAT, pero al buscar su domicilio fiscal y los de sus accionistas, resultó que en esos puntos habitan familias ajenas a cualquier actividad empresarial o del sector de la construcción. Esta firma recibió 10.1 millones de pesos.
Uno de sus presuntos socios se asomó afirmó que él nunca ha sido empresario y negó relación alguna con Arkon.
«Me estoy reponiendo de una parálisis que sufrí. Mis hijos me traen de comer y yo solo descanso; pero no sé nada de esa empresa, aquí es mi casa de muchos años y no sé por qué dieron mi dirección», dijo.
Liceaga Arquitectura Diseño y Construcción reportó domicilio fiscal en Calle Félix Parra Número 131 en la Colonia San José Insurgentes, interior A 201. En el sitio nadie identificó a la empresa ni a los socios. Esta firma recibió un contrato por 10.5 millones de pesos.
Reforma
Francisco Rivas
Ciudad de México
Martes 19 de septiembre 2022.
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