Profesores de la Universidad Autónoma Chapingo (Uach) solicitaron a Julio Berdegué Sacristán, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que intervenga “ante las evidencias de corrupción, represión, delitos y violaciones a los derechos humanos que se presentan en nuestra institución”, que según los catedráticos cometen “la actual administración” de la casa de estudios, y “el H. Consejo Universitario”.
En una carta dirigida al funcionario, le recordaron que conoció algunas de esas anomalías “durante su visita a Chapingo, cuando se le entregaron documentos sobre una agresión sexual del rector (Ángel Garduño García) a una alumna. Este caso trascendió públicamente, junto con el desmantelamiento del Sistema de Centros Regionales y el control que ejerce Antorcha Campesina sobre la institución, en la Mañanera del Pueblo del 31 de octubre de 2025, por lo que la presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se comprometió a responder con base en la información que usted le proporcione”.
Además, solicitaron al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural erradicar la corrupción al interior de la Uach, efectuar una auditoría a la institución, “ya que esta es un ente sujeto al presupuesto federal dentro de la Sader”, y “transparencia del ejercicio presupuestal”, y subsanar “el desmantelamiento del Sistema de Centros Regionales” de la casa de estudios.
Los maestros resumieron: “en pocas palabras, Chapingo está en una crisis académica, administrativa, política y moral bajo la administración actual y los grupos que la controlan”.
Entre otros puntos, los académicos demandaron a Julio Berdegué “que reciba a una comisión de las y los docentes firmantes, para exponerle con detalles el cúmulo de violaciones constitucionales cometidas por los tres grupos políticos que controlan la institución (Antorcha Campesina, grupo de Santos Martínez Tenorio y grupo de Jorge Torres Bribiesca), protegidos por el contralor general y el abogado general de la UACh”.
Expusieron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “limita la autonomía universitaria al respeto de los principios constitucionales, legales y universitarios, pues no está separada del Estado ni de la nación. La autonomía no protege a las universidades de no cumplir las leyes que correspondan, y el autogobierno no está por encima ni de los derechos humanos ni de la fiscalización de los recursos que la Federación le otorga”.
Añadieron que “la autonomía es una garantía para hacer eficiente la educación superior con la libre enseñanza y autogestión institucional, pero siempre acotada al marco constitucional y legal. Es decir, la autonomía no es una patente de corso para cometer actos de corrupción y violar los derechos humanos con represión universitaria”.
Igualmente demandaron que se fiscalicen los fondos federales que la Uach recibe, con el argumento de que “la autonomía no se viola cuando el Estado supervisa el uso de recursos públicos a través de la Auditoría Superior de la Federación. Incluso, la SCJN ha acordado que nombrar titulares de organismos internos de control, que sean externos, no son violatorios si se adecúan a mecanismos de transparencia y eficiencia”.
Los inconformes sostuvieron que la “Ley que Crea la Universidad Autónoma Chapingo ha sido violada en su artículo séptimo, y en su transitorio segundo por la actual administración y el H. Consejo Universitario, al imponer a fines de 2024 un nuevo estatuto espurio. También se violó el artículo 160 del estatuto original”.
Recordaron a Berdegué Sacristán que “todo funcionario en juicio debe separarse del cargo para defender su inocencia y honorabilidad. Pero el rector de la UACh, el doctor Ángel Garduño García, a pesar de estar sometido a proceso penal como presunto responsable de violación sexual equiparada en contra de una alumna de la institución, sigue en el cargo con la complacencia y complicidad del H. Consejo Universitario; es decir, hay una evidente colusión: el rector deja el control de la universidad a los grupos políticos referidos y estos, en compensación, lo sostienen en el cargo, siendo todos violadores de las leyes al respecto.
Puntualizaron que hasta el 7 de noviembre pasado “se han realizado nueve audiencias, pero él sigue en funciones, utilizando el vehículo oficial de lujo (violatorio de la Ley Federal de Austeridad Republicana) y presumiblemente empleando recursos públicos para el pago del despacho de abogados que lo defiende, con lo que muestra falta de la honorabilidad requerida para ocupar dicho cargo”.
Asimismo, acusaron al rector de que con el objetivo de “lavar su imagen, el rector Garduño recientemente hizo público en la prensa nacional un proyecto de producción de maíz con la idea de diversificar los maíces criollos para, según él y el responsable técnico del mismo (ninguno de los dos son especialistas en maíz), lograr la soberanía alimentaria.
“Conviene investigar el monto y destino específico de los recursos asignados por la Procuraduría Agraria a dicho proyecto, pues al ingresar recursos federales al Patronato de la UACh, estos no son informados por su director, como parte de las complicidades e irregularidades que referimos en este escrito”.
La Jornada
Ciudad de México
Miércoles 19 de noviembre de 2025.
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