• Rezago judicial en Puebla: aumentó el gasto, pero cayeron 34% las sentencias
• En la entidad se resuelven más asuntos familiares, civiles y mercantiles. El 95.1% del personal del Poder Judicial realiza tareas administrativas y solo el 4.9% son jueces o magistrados
Con apenas 63 sentencias condenatorias en materia penal —que incluyen delitos como homicidio, feminicidio, robo y extorsión—, Puebla evidenció en 2024 un importante rezago en la impartición de justicia.
A pesar de que el presupuesto destinado al Poder Judicial local aumentó 27.4% para ese año, las resoluciones judiciales en todas las materias disminuyeron 34.5% respecto a 2023, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJF-E) 2025, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La falta de castigo a los delincuentes y la baja emisión de sanciones judiciales no solo reflejan ineficiencia institucional, sino que también alimentan la desconfianza social hacia las autoridades e impactan negativamente en la percepción ciudadana de seguridad pública, advierten organizaciones.
El atraso en la impartición de justicia, lejos de mejorar, podría empeorar. De acuerdo con Jonathan Carlos Amaro Hernández, docente universitario de la Escuela Libre de Derecho de Puebla (ELDP), la llegada en 2027 de jueces por elección popular que seguramente tienen menor experiencia respecto a los juzgadores con carrera judicial pesará y se reflejará en los distintos asuntos.
Dijo que a esto se suma la falta de cultura de la denuncia de la gente ante la desconfianza en las autoridades y el retraso de los procesos derivado de prácticas dilatorias por parte de abogados, cuyas acciones pueden ser sancionadas, siempre y cuando sean expuestas legalmente ante las autoridades correspondientes. Para ello, los colegios de abogados en Puebla también pueden intervenir procurando una mediación y llamando la atención de los litigantes, por lo que los afectados pueden solicitar la intervención de los colegios especializados en cada materia.
Poder Judicial con mayor presupuesto y menores sentencias
En cuanto a los datos del Censo, estos detallan que Puebla ocupa el quinto lugar nacional con más personas juzgadoras: 124 jueces y 26 magistrados.
Sin embargo, la desigualdad de género persiste: el 51.6% de los jueces son hombres y 48.4% mujeres, pero entre magistrados, los hombres representan 65.4% y las mujeres 34.6%, lo que refleja que los puestos de mayor decisión continúan dominados por varones.
Ese patrón se repite incluso a nivel nacional, ya que al terminar 2024 se contabilizaron 1,416 magistrados en todo el país, de los cuales el 32.2% son mujeres y el 67.8% son hombres. En cuanto a los jueces, se registraron 5,216, con una distribución de 43.9% mujeres y 56.1% hombres.
Pese a contar con 150 juzgadores y magistrados, el personal administrativo en el Poder Judicial de Puebla asciende a 2 mil 911 personas, lo que significa que solo 4.9% del personal se encarga directamente de impartir justicia, pese a que de 2023 a 2024 el presupuesto ejercido aumentó 27.4%, al pasar de mil 369 millones de pesos a mil 744.44 millones.
Bajo ese panorama económico, durante 2024 los juzgadores poblanos emitieron 27 mil 675 sentencias en diversas materias. De ellas, 16 mil 436 correspondieron a temas familiares; 5 mil 947 al ámbito civil; 3 mil 853 al mercantil; mil 289 a lo penal, y 150 a lo laboral.
Ello significa que hubo una disminución del 34.5% con respecto a las sentencias emitidas en 2023, año en el que se registraron 42 mil 277 resoluciones en todas las áreas.
Estos datos reflejan que en Puebla los conflictos familiares —como violencia doméstica, guarda, custodia y pensión alimenticia— continúan siendo los de mayor incidencia judicial, mientras que la persecución penal sigue mostrando baja eficacia sancionadora.
Incluso en 2024, las unidades encargadas de los Medios Alternativos de Solución de Controversias registraron expedientes, en su mayoría, de tipo familiar (1,450), seguidos de penales (485) y mercantiles (49).
Aunque delitos como el homicidio, feminicidio y extorsión, entre otros, han lacerado a la sociedad generando manifestaciones y constantes exigencias de justicia, en el año que concluyó solo hubo 63 sentencias condenatorias de tipo penal de las mil 289 sentencias que se dieron en esta materia.
Por cuanto hace a la intervención de la Fiscalía de Puebla (FGE), en 2024 la institución puso a disposición del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a 5 mil 812 personas por causas penales; de ellas, 171 fueron menores de edad que quedaron a cargo del Sistema de Justicia para Adolescentes.
El desempeño de las y los agentes del Ministerio Público logró que apenas 2 mil 143 adultos y menores asegurados (36.8% del total de imputados) quedaran sujetos a investigación. Sobre los 171 adolescentes ingresados, únicamente a 40 se les dictó auto de vinculación a proceso.
Respecto a la situación jurídica de 96 adultos más, los jueces que conocieron de los asuntos determinaron no vincularlos a proceso, y del resto (3 mil 533), tanto adultos como adolescentes, no se precisó la resolución de sus casos.
Sanciones mínimas o inexistentes, de los principales problemas de la justicia en México: organizaciones
Este tipo de rezagos genera desconfianza en la sociedad hacia los órganos, instituciones y personal encargado de la procuración de justicia. Organizaciones como Impunidad Cero señalan que en Puebla, regularmente, el 94.90% de los delitos no se denuncian, el 5.10% sí se denuncian, y de ese porcentaje, solo el 0.42% se resuelven.
Incluso la efectividad en las averiguaciones previas o carpetas de investigación es menor, ya que comúnmente el 90% no se resuelve, mientras el 10% restante tiene una determinación: 5% con acción penal y el 5% sin acción penal.
La Secretaría de las Mujeres de Puebla condena el acoso y la violencia sexual, reafirmando su apoyo a las víctimas
Por su parte, la Red de Justicia Abierta en México, que busca promover un sistema más transparente, participativo y responsable, considera que el problema de justicia se concentra en aspectos principales como la desconfianza en el Poder Judicial; baja confianza en tribunales y juzgados; falta de denuncias; sanciones mínimas o inexistentes; corrupción, nepotismos, lenta resolución y efectividad mínima del Poder Judicial.
Prácticas dilatorias de abogados también contribuyen al retraso de los procesos y emisión de sentencias: especialista
Amaro Hernández coincidió en que sí hay un rezago en la impartición de justicia y, aunque Puebla sea uno de los estados con mayor número de jueces y magistrados, tiene un déficit de juzgadores penales. Además, en general tienen mucha carga de trabajo sumado a asuntos o temas de corrupción que se dan en la esfera judicial.
A la vez, explicó que todo tiene que ver con una especie de círculo vicioso en donde no todos los delitos que se cometen se denuncian debido a la actitud de los servidores públicos con las víctimas, por considerar que se trata de una pérdida de tiempo o por desconfianza a las autoridades.
En tanto, sobre los asuntos que sí se resuelven, no todos llegan a juicio oral, pues en los temas penales no siempre se tienen las pruebas o elementos suficientes para ello, y en los casos civiles, mercantiles o de lo familiar existen diversas alternativas de solución como acuerdos sin necesidad de llegar a juicio y, por tanto, emitir una sentencia condenatoria o absolutoria.
Poder Judicial en Puebla
“En materia penal tenemos que solo aquellos casos cuyo delito merezca prisión preventiva oficiosa van a llegar a juicio oral. Hay casos en los que se tienen salidas alternativas como la suspensión condicional del proceso, un procedimiento abreviado o un acuerdo reparatorio”, dijo.
Además de eso, refirió que algo que también retrasa en mayor medida la emisión de sentencias o la resolución de casos son las prácticas dilatorias a las que recurren algunos abogados, desde interponer amparos sin motivo hasta propiciar cambios de defensa por litigantes cercanos a ellos mismos o que son de su confianza, con el fin de prolongar los procesos.
Si bien cambiar de abogado es un derecho fundamental de los detenidos o acusados que no sientan confianza en sus defensores, este tipo de “salidas” y otras más son denunciables y sancionables; ante el desconocimiento de la gente, no hay castigos que pueden llegar hasta la inhabilitación del litigante.
Destacó que incluso, ante prácticas dilatorias, los afectados pueden solicitar la intervención de cualquier Colegio de Abogados, quienes tienen facultades para mediar la situación.
“Los abogados defensores o patrones pueden ser denunciados en caso de estar cometiendo algún delito como el cohecho, el prevaricato, que es cuando un abogado patrocina las dos partes, también si alguno está promoviendo amparos que son totalmente improcedentes. La Ley de Amparo sanciona no solamente al abogado sino también al quejoso, es decir, al cliente que es quien genera que se promueva el juicio. En Puebla hay cerca de 20 colegios de abogados especializados en cada materia y, previo a iniciar una acción legal, ellos pueden intervenir, llamarles la atención a los abogados y servir como mediadores”, resaltó.
Por último, dijo que, si bien en 2024 la deficiencia en la impartición de justicia se agudizó, el panorama para los años venideros es poco alentador, ya que, además de lo ya existente, para 2027 en Puebla habrá elecciones de jueces locales que seguramente llegarán sin experiencia, aunado a los juzgadores federales por los que ya se votó de manera popular.
El Sol de Puebla
Paulina Gómez
Puebla, México
Lunes 10 de noviembre de 2025.
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