- Zamarripa lleva dos sexenios en el cargo y podría estar siete años más. Suficiente para acumular un poder inédito y hacer de la Fiscalía un búnker a su gusto personal.
Una investigación de:
Kennia Velázquez, Arnoldo Cuéllar, Marcos Vizcarra y Verónica Espinosa
El estado industrial de Guanajuato, en México, fue hasta hace unos años ejemplo por su pujanza, bienestar y calidad de vida. Hoy, el derramamiento de sangre en sus calles, las manifestaciones de poderío de varios cárteles del crimen organizado y los constantes hallazgos de cuerpos sepultados en fosas clandestinas lo en uno de los estados más violentos, superando los índices de países enteros como Honduras o El Salvador. Esta realidad cotidiana pone en duda las estadísticas oficiales de las que alardea el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, quien desde hace 12 años es la máxima cabeza de la procuración de justicia estatal.
Según testimonios de trabajadores de la institución recabados para esta publicación, los buenos números en parte obedecen al maquillaje de cifras para mejorar la imagen del fiscal, quien además ha granjeado un poder de caudillo en la política local a la par que su administración acumula controversiales episodios. Frente a un Guanajuato en llamas que él se niega a ver y los siete años que podrían quedarle por delante en el cargo, Zamarripa ahora enfrenta duras críticas desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Es un soleado octubre del 2020, Carlos Zamarripa Aguirre camina con cara de satisfacción por la explanada de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Lo hace flanqueado por el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, y el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Se dirigen a inaugurar unos modernos laboratorios forenses. El diplomático estadounidense fue elogioso con Guanajuato, lo calificó como modelo de colaboración en seguridad y desarrollo económico de México y, por ello, el equipamiento y asesoría corrió por cuenta de los vecinos del norte.
No parece haber sombras para quien se convirtió en el hombre más poderoso de Guanajuato. Aquí, quien persigue los delitos ha pasado tres gobernadores que le han visto todo aceptado: grandes presupuestos, crisis, justificaciones de la creciente violencia que se ensaña con el estado. Primero como procurador estatal y, luego de una reforma legal, como fiscal con autonomía total, Zamarripa lleva dos sexenios en el cargo y podría estar siete años más. Suficiente para acumular un poder inédito y hacer de la Fiscalía un búnker a su gusto personal.
Pero afuera del amurallado recinto donde despacha y ordena, hay un Guanajuato distinto: el estado del país con más asesinatos en números absolutos por dos años consecutivos, lugar de masacres, fosas y horrores que han hecho palidecer el éxito industrial, turístico y cultural de antaño ; hay evidencias de hartazgo ciudadano y de enojo de grandes empresarios y de pequeños comerciantes por los asaltos y extorsiones y, recientemente, un cártel local ganó fama mundial al amenazar al nuevo presidente de la República. En menos de una década, Guanajuato se convirtió en un territorio de expansión para el crimen organizado.
El PAN ha gobernado Guanajuato 30 años, 12 de ellos son la era Zamarripa.
El conservador Partido Acción Nacional (PAN) gobierna este estado en el centro norte de México desde hace 30 años: de ellos 12 pueden ser contados como la era Zamarripa Aguirre. De llegar al final de su mandato, en 2028, habrá durado 19 años en funciones, un hecho sin precedente en América Latina. En México el promedio de duración en este puesto son tres años; el segundo fiscal más longevo, Alejandro Gómez, del Estado de México, está por cumplir siete años en el cargo.
Zamarripa también se preocupa de que todos vean sus logros profesionales y personales. En algunas oficinas de la Fiscalía hay un póster con el título “Historia que trasciende”. En ese póster la historia de su camino al éxito deviene en culto a la personalidad. De oficial ministerial desde estudiante, a agente del Ministerio Público recién egresado de la escuela de leyes, luego jefe de zona, director de averiguaciones, hasta llegar al primer cargo importante: coordinador de la Policía Ministerial. Después, la gloria de ser el primer subprocurador de investigación especializada, procurador de justicia y primer fiscal general del estado. Mejor imposible.
Zamarripa estudió un curso en el FBI que no se cansa de mencionar e incluso trató de replicarlo con la creación de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Desde allí se operan sistemas de vigilancia y controles verticales de carpetas de investigación. Todo parecería muy normal para una agencia de procuración de justicia, de no ser porque sus operaciones han levantado sospechas de ser usadas políticamente y porque se mezclan con el poder ejecutivo.
No hay resquicios; la suma de recursos de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad del estado, un área separada y dependiente del gobernador pero que en la práctica actúa de forma conjunta, es abrumadora: 2,500 cámaras conectadas por 300 kilómetros de fibra óptica a lo largo y ancho del estado, 100 arcos carreteros con lectores de placas, un área de tecnología e inteligencia a la que no le es ajeno el espionaje digital y la intrusión telefónica, el sistema centralizado de administración de carpetas de investigación y, lo más reciente, drones automatizados que fotografían el territorio a gran altura y helicópteros dotados de cámaras para filmar en la oscuridad.
Zamarripa Aguirre no es solo el fiscal, él es la Fiscalía. Desde su oficina, situada en una torre, el fiscal vigila su dominio celosamente. Veintiuna áreas de la Fiscalía depende directamente de su despacho. Un organigrama «de locura» dijo un experto en dinámica organizacional en entrevista al mostrarle el diagrama: «Es demasiado centralista, autoritario, no es funcional, todos le rinden cuentas a una sola persona, no hay mandos intermedios, parece un imperio». y ex trabajadores de esa institución, consultados para esta publicación.
Entre esas dependencias están el órgano interno de control, la unidad de transparencia y la Visitaduría General. Es decir, el fiscal se autoevalúa, vigila, castiga y controla la información que le requiere. Acuerdan con él cuatro fiscales regionales y seis especializados, dos de los cuales temblar a políticos y funcionarios: delitos hacen electorales y combate a la corrupción. Los otros apenas se ven: derechos humanos, antitortura, delitos de alto impacto y desaparición de personas.
Su posición como autónomo fiscal durante estos años le ha permitido a Zamarripa construir su imagen pública entre la adulación de sus cercanos y el miedo de la clase política a ser investigada. Solo algunos sectores han levantado la voz por el aumento de la violencia y las ocasiones en las acciones de la Fiscalía parecen proteger intereses particulares o afectar a los opositores: las víctimas.
Frente a la que pareciera una historia de superación personal y de eficiencia institucional envidiable para otros estados, se levanta otra torre gigante de agravios: cientos de familias de víctimas que claman justicia, empresarios que han visto cómo se ha afectado su patrimonio, defensores de derechos humanos que constantemente señalan irregularidades, universitarios que salen a las calles en reclamo de paz y el enorme peso del iceberg bajo la superficie: solo dos de cada 100 delitos tienen la posibilidad de ser esclarecidos.
Solo dos de cada 100 delitos tienen la posibilidad de ser esclarecidos.
Para los agraviados, decir que el estado es mejor que la media nacional y decir que la Fiscalía de Zamarripa es la más eficiente del país es un pobre consuelo. Los números cuentan una historia, pero las víctimas saben muy bien que las estadísticas pueden enmascarar la violencia más atroz, la que le ha desfigurado el rostro a Guanajuato. De hecho, la violencia no ha parado, a pesar de que hace seis meses se detuvo a José Antonio Yépez, alias «el Marro», uno de los líderes del Cártel de Santa Rosa de Lima, la organización criminal más prominente del estado.
El descontento no solo es de las víctimas. Para esta publicación se documentó que el propio Gobierno Federal le pidió a Zamarripa hacerse a un lado, de acuerdo con una versión verificada con funcionarios federales. Los gabinetes de seguridad del Gobierno Federal y del estado se encontraron el 16 de febrero de 2021, frente a frente en una tensa y muy ríspida reunión en la Ciudad de México. Con el propio López Obrador y el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo presenta, se muestra las desastrosas cuentas en materia de seguridad en el estado y desde la Federación se apuntó a un principal responsable: el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, según el testimonio de un integrante del propio gabinete federal de seguridad, que solicitó no revelar su nombre.
Fue una reunión al más alto nivel político, con la secretaria de seguridad federal Rosa Icela Rodríguez y los titulares del Ejército y la Marina.
El 16 de febrero de 2021, en una tensa reunión, el gobierno federal le pidió a Zamarripa «hacerse un lado».
La fuente narró que el gobernador y Zamarripa llegaron muy optimistas con sus cifras y se jactaron de una incipiente reducción en el número de homicidios (del 30 por ciento en el primer mes del 2021, pero apenas en comparación con el inicio del 2020, en el pico máximo de la violencia), cuando fueron interrumpidos abruptamente. El gabinete federal y los jefes militares les dijeron que la situación es otra, muy complicada, todo muy descompuesto en el estado. Y al fiscal “directamente se le pidió hacerse a un lado”. Lo responsabilizaron completamente y cuestionaron el respaldo político que le ha dado el gobernador.
Según este testimonio, poco a poco la discusión subió de tono. Se le exigió al gobernador tomar decisiones de fondo porque no hay expectativas de que la situación mejore, incluidos cambios en su gabinete de seguridad. En cuanto al fiscal, “su desempeño quedó muy cuestionado”. La negativa del gobernador Rodríguez Vallejo fue rotunda; su defensa a Zamarripa, total.
En cuatro ocasiones se solicitó una entrevista con el fiscal Carlos Zamarripa, a través de su equipo de comunicación social, para saber su versión de los hechos expuestos en esta publicación, sin embargo, no hubo respuesta.
Guanajuato es la cuna de la Independencia de México, de próceres de la patria e ícono de la historia del país; sede del célebre Festival Internacional Cervantino, del turismo romántico y las callejoneadas o paseos en los que grupos de turistas recorren los callejones de la capital colonial del estado acompañados por una rondalla de músicos y cantantes y refugio de la comunidad norteamericana que vivía tranquila su retiro en San Miguel de Allende.
En los últimos 20 años, Guanajuato fue la entidad ejemplar que transitaba de la agricultura rústica a las exportaciones automotrices y de verduras congeladas, aprovechando los flujos de capital traídos por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, cuyo crecimiento llegó a ser comparado con los tigres asiáticos. La inseguridad y la violencia eran noticia de otras partes de México, no de aquí.
En el año 2000, era un estado que el PAN podía exhibir con orgullo, que generó una clase política que con Vicente Fox abrió una esperanza a la modernización democrática de México al sacar de la presidencia, tras 70 años de gobierno, al Partido Revolucionario Institucional, el PRI.
Zamarripa creció en el popular barrio de San Juan Bosco en León; para costear la universidad tuvo que recurrir a una beca educativa ya trabajar duro como mesero en tiempos libres, antes de ingresar a la Procuraduría General de Justicia del Estado como auxiliar a mediados de los noventa. Cuando asumió el máximo cargo, en 2009, Guanajuato se encontró entre los estados con menor violencia en el país, la seguridad no era un tema de debate público.
Incluso cuando el presidente Felipe Calderón lideraba el combate frontal al crimen organizado, el Índice de Incidencia Delictiva del CIDAC colocaba a esta entidad en el lugar 18 en el mapa, con una «incidencia media baja», reportando 4.2 homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes, muy por debajo de la media nacional e incluso de la tasa de los países de la OCDE (4.5).
Hoy, Guanajuato padece una espiral de violencia que llevó su tasa de homicidio por 100 mil habitantes (55.99) a ser la cuarta más alta a nivel nacional ya superar a las de países enteros como El Salvador (52.0), Jamaica (43.9) y Honduras (38.9) y con un nivel de impunidad del 90 por ciento por este delito. En once años los asesinatos crecieron 215 por ciento y ubicaron a este estado como el más violento de México en números absolutos.
En once años los asesinatos crecieron 215 por ciento y ubicaron a este estado como el más violento.
Mientras eso ocurrió en las calles, Carlos Zamarripa Aguirre levantaba su búnker: con la ayuda de Estados Unidos, construyó una sede magnificente con helipuerto, laboratorios de primer mundo y sofisticada tecnología de la información. Coronó un auditorio con una frase de su autoría: «Una investigación basada en la inteligencia garantiza el éxito de la justicia». Pero a pesar de la apuesta tecnológica, hoy la justicia se ve más lejos que nunca.
En entrevista, un empresario invitado a las visitas guiadas a la entonces Procuraduría dijo no entender cómo tanta tecnología no ha servido para un combate eficaz al crimen: «Son impresionantes los recursos con que cuentan, pero al final no parecen estar dando resultados». El sector privado ha avalado la asignación creciente de recursos a la adquisición de equipos para la seguridad. Recientemente, en el informe del gobernador Diego Sinhue el alquiler de cuatro helicópteros equipados para vigilancia nocturna y la compra de drones para apoyar operaciones policiales, sin embargo, la ansiada paz no llega y los empresarios comienzan a desesperarse.
Mientras el fiscal se afianza, la clase política del estado se achica. El apoyo de tres sucesivos gobernadores fue seguido por la sumisión de diputados, alcaldes y hombres de negocios, pero también de quienes no se atreven a confrontarlo, aunque crean que 19 años en el cargo es descabellado. Los partidos de la oposición recurren al fiscal cuando tienen disputas internas para agilizar denuncias. En septiembre pasado una ocupación de la sede estatal del PRI por disidentes fue desalojada por la policía estatal y los responsables acusados de despojo; en reciprocidad este partido ha depuesto sus críticas a la actuación de la Fiscalía y es cordial en las comparecencias de Zamarripa ante el Congreso.
El Congreso de Guanajuato ha sido incapaz de llamar a cuentas al poderoso fiscal y cuando los diputados están frente a él, lo felicitan y se conduelen por lo difícil que es su trabajo. Suelen ser los diputados quienes acuden a sus oficinas y una vez ahí evitan cuestionarlo. En su última cita ante el Congreso, realizada de forma virtual por la pandemia, le fueron enviadas previamente las preguntas y los diputados no tuvieron derecho de réplica. Incluso para la dócil fracción priista, el ejercicio carece de sentido; «en esas condiciones que mejor ni venga, el Congreso se somete», reconoce el coordinador Hugo Varela Flores.
El Congreso de Guanajuato ha sido incapaz de llamar a cuentas al poderoso fiscal y cuando los diputados están frente a él, lo felicitan.
Encima de esto, hoy se puede ver al pasear fiscal por el estado junto con el secretario de Seguridad estatal, Álvar Cabeza de Vaca, se dejan ver en los mismos restaurantes, partidos de fútbol del equipo León, eventos sociales y hasta viven en el mismo fraccionamiento. Se les conoce como «el dúo dinámico», la entre los dos no debería tener nada de malo si no fuera porque, cuando se creó la Fiscalía como ente independiente, lo que se buscaba era poner distancia con el poder político y así evitar el uso faccioso de la procuración de justicia.
«Tenemos la mejor Fiscalía del país, con el menor nivel de impunidad, aunque a algunos les duela», dijo el gobernador, Sinhue Rodríguez Vallejo, en un evento ante el fiscal y citó el estudio Hallazgos 2019 de México Evalúa, que en su índice de impunidad ubica al estado como la segunda entidad más efectiva, al haber ofrecido algún tipo de respuesta a 26 de cada 100 casos denunciados, solo después de Baja California que atiende 33 de cada 100. El promedio nacional es de apenas 7.6. estos Carlos Zamarripa ha convencido al gobernador de su eficacia. Sin embargo, el propio índice de referencia señala que se trata solo de un análisis cuantitativo y no cualitativo.
Lo anterior es una diferencia sustancial. Por ejemplo, al presentar su informe del 2020, Zamarripa alardeó de tener la mejor posición de México en cuanto a determinaciones «en sede ministerial». Pero se trata de un indicador en el que Guanajuato casi dobla el promedio nacional: de cada 100 delitos investigados en Guanajuato ese año, 73 fueron resueltos mediante mecanismos que suenan a todo menos a un combate directo contra la impunidad: archivo temporal, abstención de investigar, no ejercicio de la acción penal, incompetencia, acumulación. El promedio nacional es del 44 por ciento.
Más del 40 por ciento de los casos que se determinan en el ministerio público se van a “archivo temporal”. El estudio de México Evalúa esgrimido por Zamarripa y el gobernador advierte con claridad que “esta figura está siendo utilizada como un mecanismo para ocultar el rezago institucional de las fiscalías”. “La intención es que la gente se canse y los asuntos simplemente desaparezcan”, dijo una abogada que teme dar su nombre porque no quiere que sus casos entren en la lista negra de los asuntos que “no caminan”.
Más del 40 por ciento de los casos que se determinan en el ministerio público se van a “archivo temporal.
En toda la gestión de Zamarripa, se han denunciado más de 1.12 millones de delitos; pero el número de los que en realidad se cometieron es mucho más alto por la cifra negra que se mantiene sobre un 90 por ciento – delitos que no se denuncian tal y como son calculados por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envide). La Fiscalía de Zamarripa se precia de ser la más eficiente, pero en 2020 solo se denunciaron 13 de cada 100 delitos, y sólo se iniciaron 10 carpetas de investigación. De acuerdo con el último estudio de la organización Impunidad Cero, la probabilidad de esclarecer un delito en Guanajuato tomando en cuenta la cifra negra y la efectividad del sistema penal es solo de un 2.8 por ciento. Aún con eso, es el tercer estado en ese rubro en el país, superado por Baja California y Querétaro.
La probabilidad de esclarecer un delito en Guanajuato tomando en cuenta la cifra negra y la efectividad del sistema penal es solo de un 2.8 por ciento.
La escalada de asesinatos más aguda comenzó en 2017, cuando Guanajuato pasó a ser una verdadera sangría producto de enfrentamientos armados. 2020 cerró con 4,490 homicidios registrados, de los que 413 fueron asesinatos de mujeres, aunque solo se tipificaron 19 feminicidios. De todos los asesinados se abrieron investigaciones en la Fiscalía, pero solo el 13 por ciento fue vinculado a proceso ante un juez, según el Poder Judicial del Estado.
2020 cerró con 4.490 homicidios registrados.
El especialista en seguridad y combate al delito, Alejandro Hope, subraya que una fiscalía local, por muy fortalecida que esté, no está ni remotamente preparada para procesar más de 4,000 homicidios al año: «el problema no es solo el número de delitos, sino que la mayoría de ellos no se castigan”.
Por ejemplo, en marzo de 2018 ocurrió una de las primeras y más impactantes masacres en el municipio de Purísima del Rincón, al ser atacado un bar atestado donde se realizaba una pelea de gallos. Entre los ocho asesinados se encontraron el padre de un alcalde panista. En cuestión de días, tres hombres fueron detenidos por los grupos de élite de la Procuraduría e imputados por ese y otros crímenes. Tres años después, los tres detenidos fueron absueltos por un juez estatal debido a que la Fiscalía no logró acreditar la culpabilidad, evidenciándose el carácter mediático de la acción policial.
La parte jurídica de la persecución de delitos es una de las debilidades de la Fiscalía y de su antecesora, la Procuraduría del estado. «Les gusta la espectacularidad de las acrobacias policiales, pero no litigan con eficacia, Zamarripa sigue siendo más un policía que un penalista experto», asegura un abogado que lo conoció desde el inicio de su carrera.
Pero el fiscal no se achica, en su último informe, tras verter un rosario de cifras, les dijo a los diputados: “Sería una falacia decir que somos ineficientes”. Un experto que ha venido observando el desempeño de la Fiscalía en los últimos años detalla dónde está el problema: «los informes del fiscal se limitan a exhibir indicadores de gestión, es decir todo lo que hace el dispositivo. Pero no presentan un solo indicador de impacto, que evalúe resultados. Por eso no se puede medir la eficacia del trabajo y detectar las áreas de mejora”.
«Cuando abres una carpeta de investigación, tu jefe se cerciora del delito que tipificas y siempre hay instrucciones específicas de forma verbal sobre cómo clasificarlo», cerca de Francisco Javier, nombre ficticio de un agente del Ministerio Público en activo que aceptó hablar para esta publicación, pero tomando serias precauciones para proteger su identidad.
La situación parece empeorar. El estudio Fallas de Origen de México Evalúa, aparecido en abril de 2021, sitúa Guanajuato como uno de los tres estados peor evaluados en confiabilidad estadística criminal, solo rebasado por Tamaulipas y Tabasco. Lo que más afecta a esos estados es el componente “irregularidades en los homicidios culposos”. Pero no solo eso, también el renglón de los homicidios dolosos, los derivados de la violencia intencional, a Guanajuato entre las entidades peor calificadas por la calidad de su información, solo superado por Sinaloa.
Guanajuato como uno de los tres estados peor evaluados en confiabilidad estadística criminal.
El manejo de la información en la Fiscalía de Guanajuato fue desarrollado por uno de los dos alfiles de Zamarripa: José Antonio Torres Ramírez, un especialista en sistemas computacionales que se incorporó a la entonces Procuraduría como jefe de cómputo y ahora es el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). «La información con que cuenta la Fiscalía, con todas las herramientas y tecnología adquirida, la tienen exclusivamente Carlos (Zamarripa) y José Antonio Torres, el ingeniero que ha sido su brazo derecho y al que ya se convirtió en una especie de vicefiscal», dijo un ex mando de la dependencia bajo condición de anonimato.
Torres es autor del sistema de control informático de la Fiscalía y entre el personal tiene la fama de ser el hacker personal del fiscal a quien le ha desarrollado una aplicación para que pueda ver en tiempo real quién entra a sus perfiles. El sistema que usa la Fiscalía permite monitorear todas las carpetas de investigación con permisos y restricciones de acuerdo con el nivel del servidor público: un agente solo puede ver sus propias carpetas; el jefe ministerial ve las de todos los agentes de su oficina y así hasta llegar al fiscal que puede ver todo y cuenta con el equipo de analistas de la AIC.
Con base en ese sistema se emiten instrucciones: “por ejemplo, a veces se nos indica que las extorsiones deben registrarse como fraudes; los secuestros o privaciones de la libertad se clasifican como no localización de personas, según cómo vayan las estadísticas. El que se oponga o muestra inconformidad sabe que no tiene futuro en la estructura, el ambiente que se vive es opresivo, pero nadie se atreve a quejarse para no perder el empleo”, descrito Francisco Javier.
El funcionario calibra sus palabras y define al fiscal como «un fanático de la información». Eso podría explicar que su hombre fuerte no sea un abogado o un policía, sino el experto en sistemas computacionales José Antonio Torres.
No parece que a los altos mandos de la dependencia les interese la justicia, sino controlar toda la información, según Juan Manuel, otro agente del ministerio público que prestó sus servicios hasta hace algunos meses en la Fiscalía del Estado y cuyo nombre ha sido cambiado.
No parece que a los altos mandos de la dependencia les interese la justicia, sino controlar toda la información.
Entre los funcionarios de la Fiscalía se convirtió en un ritual la visita a las instalaciones de la AIC donde parte del tour consistía en hacerles saber (y sentir) que estaban siendo permanentemente vigilados.
«Nos llevaron a una sala con un muro de pantallas, nos pidieron proporcionar la placa de alguno de los vehículos en los que habíamos llegado y un compañero de la zona norte se animó a dar la suya. En unos minutos trazaron la ruta completa seguida desde que salió de su domicilio hasta llegar a la Fiscalía, la sensación de ser permanentemente observado fue abrumadora. Ahora hasta drones tienen”, recuerda el exfuncionario.
La AIC es un poderoso conglomerado del que depende la policía ministerial, los servicios de investigación científica, la academia de formación de agentes, la dirección de análisis de la información, la dirección de tecnologías y un centro de atención al público. Aun cuando el titular de esta agencia desempeña funciones tan delicadas como recibir denuncias, investigarlas y practicar detenciones, no se le exige tener experiencia policiaca o jurídica, como ocurre con cargos de menor responsabilidad, sino contar con una “carrera afín al puesto”, a la medida para José Antonio Torres.
José Antonio Torres comenzó a estudiar Derecho en una universidad abierta y ha cursado ya la mitad de las materias; pese a su carga de atribuciones, lo hace en sus ratos libres y todo indica que se prepara para mayores responsabilidades, de acuerdo con informantes de su propia área.
«Se supone que los fiscales deben tener acceso de primera mano sobre información, porque es lo más importante para combatir en forma la delincuencia organizada, pero mucha de esa información se queda entre Carlos y Antonio, es información que manejan a su antojo», dijo una fuente que trabajó muchos años como mando medio de la Procuraduría.
Bernardina Elizabeth Durán Isaís es el otro alfil en el que recaen las decisiones estratégicas de política interna en la Fiscalía. Esta abogada es la dirección general jurídica, llegó a la entonces Procuraduría recién egresada y fungió como secretaria particular del anterior titular, pero su posición mejoró ostensiblemente cuando llegó su cuñado, Carlos Zamarripa, quien está casado con la ex jueza penal Oralia del Pilar Durán Isaís.
«Ella tiene más poder que los fiscales regionales y su influencia solo es equiparable a la de Antonio Torres», dijo el agente entrevistado. La presencia de la abogada Durán Isaís y su cercanía familiar con el fiscal fortaleció todavía más el control de Zamarripa dentro de la Fiscalía. A ella le correspondió la responsabilidad de capacitar a todo el personal en el nuevo sistema penal acusatorio, que cambió la vieja cultura de expedientes y declaraciones transcritas a papel por juicios orales, para lo que recibió al menos 80 millones de pesos (cuatro millones de dólares) en 10 años.
Los fiscales regionales también constituyen parte del mecanismo que gestiona la información que se entrega al Gobierno Federal, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y las organizaciones de la sociedad civil que evalúan la evolución del fenómeno criminal. Los dos fiscales regionales de mayor antigüedad son Armando Amaro Vallejo y Joel Romo Lozano, incondicionales que le acompañan desde su etapa de procurador y que el fiscal ha movido entre las principales ciudades del estado.
En un informe de la Comisión de políticas de drogas del hemisferio occidental del Congreso estadounidense puede leerse: “Con la asistencia de INL (International Narcotics and Law Enforcement Affairs), el fiscal del estado de Guanajuato ha desarrollado una agencia de investigación criminal con tecnología forense moderna, que incluye análisis de ADN y balística. La agencia, que se está convirtiendo en un modelo para otros estados, reúne a técnicos forenses, fiscales y policías investigadores, aportan a todos formación y sueldos profesionales”.
Pero el reporte no refleja las voces de las familias de las víctimas, en particular las de personas desaparecidas —que hoy ubican a Guanajuato en tercer lugar nacional con 1,252 casos—, que han dado cuenta de que la Fiscalía no inicia las investigaciones para localizar a sus familiares, no informa de los análisis que ha realizado a los más de 268 restos humanos encontrados en 109 fosas entre 2009 y julio de 2020. Tampoco comparte información con las comisiones de búsqueda y atención a víctimas, como han denunciado públicamente los titulares de las dos dependencias estatales encargadas de ello.
Guanajuato es ya el tercer estado con mayor número de personas desaparecidas, con 1252 casos.
En el reporte 2020 sobre Impunidad en homicidio doloso y feminicidio en México, los datos aportados oficialmente por Guanajuato consignan que el 93.6 por ciento de las 844 personas desaparecidas han sido localizadas y solo 2.1 por ciento de ellas encontradas sin vida. Casi el paraíso, pero no era así.
Los colectivos de familiares de desaparecidos obligaron a abrir el tema con marchas, plantones y búsquedas por su cuenta, como ocurrió el 10 de julio de 2020 cuando una manifestación en reclamo de diálogo con el gobernador fue reprimida y tres de sus integrantes detenidas por «agredir a los policías estatales «que las desalojaron con violencia de un plantón carretero. Con una rapidez que no existe para atender la desaparición de personas, la Fiscalía procesó a las mujeres por «bloqueo de vías de comunicación»: una actuación conjunta del tándem Secretaría de Seguridad-Fiscalía.
Cuando la represión de las buscadas escaló a nivel nacional, el fiscal se vio obligado a recibir a las familias y establecer un diálogo con ellas. A partir de ahí empezaron a salir a la luz los datos largamente escondidos por la Fiscalía de Carlos Zamarripa.
A finales de septiembre de 2020, se informó que fue localizada la fosa del Cerro del Conejo, donde por primera vez colectivos de víctimas fueron acompañados de autoridades estatales y las comisiones de búsqueda local y federal. Se localizaron 17 cuerpos. Un mes después la localidad de Rancho Nuevo, en Salvatierra, arrojó decenas de restos (hasta hoy van 77) en una exploración apoyada por la comisionada nacional de búsqueda Karla Quintana, quien fue designada en 2019 por el gobierno de izquierda del presidente López Obrador. Esto generó una embestida del gobierno local panista, quienes acusaron de protagonismo y de » atacar a la Fiscalía local «, acusando politización en la investigación de la comisionada.
Poco después, en 2021, Carlos Zamarripa finalmente debió dar marcha atrás a su discurso de inexistencia de fosas y desaparecidos en Guanajuato. Modificó su página web para dar un espacio a los hallazgos y abrir un canal a las denuncias, según les dijo a los diputados del Congreso al presentar su informe en febrero de este año, algo que difícilmente habría ocurrido sin el combate de las familias a la cerrazón oficial.
Sin embargo, los problemas siguen en las tareas de campo. En febrero de 2021 el colectivo Hasta Encontrarte informó que persiste “el incumplimiento y la indolencia de la autoridad en este tipo de hallazgos que se convirtieron en una constante en el estado”. Unos días después, los peritos de la Fiscalía pospusieron la exhumación de restos localizados en el municipio de Celaya y acordaron con los colectivos regresar a la semana siguiente a excavar. Pero sin consulta previa, el fin de semana siguiente los peritos y un fiscal local levantaron los restos sin presencia de las familias, lo que desató un nuevo plantón de protesta en el emblemático Teatro Juárez de Guanajuato y obligó al fiscal a refrendar los mismos compromisos.
Bibiana Mendoza, una tenaz activista que busca a su hermano, comentó con desilusión: «No han acabado de entender que las víctimas no somos el enemigo, que ellos dejaron crecer la violencia en el estado, que ellos tienen responsabilidad y que nosotros más allá de pelear, más allá de exigir, queremos cooperar para que su institución mejore, sabemos que a la Fiscalía no le gusta trabajar con nosotras las víctimas”.
No han acabado de entender que las víctimas no somos el enemigo.
Los colectivos de desaparecidos denuncian que en las carpetas de investigación solo se encuentran los datos que ellos mismos han aportado; mientras los ministerios públicos suelen decirles que se vayan a sus casas, que esperen a ser notificados, ello cuando no ocurre que criminalicen a las víctimas ya los propios familiares, en una práctica que se volvió común y que orilló a las familias a unirse y crear los primeros colectivos, que al día de hoy son trece organizaciones.
Pero esas familias saben que sus casos no avanzarán si no realizaron sus propias pesquisas, si no presionan en redes o en los medios. Que la única forma de echar a andar al aparato de justicia, aunque sea dando tumbos, es haciendo ellos mismos la labor detectivesca. “Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va hacer”, dijo la activista Bibiana, a quien ni la promesa del fiscal de esclarecer su caso ni la del gobernador de no dejarla sola, le dan la menor confianza: «La Fiscalía nos llamó al diálogo y no saben lo que es el diálogo entre una, dos personas o más, no es solamente sentarnos a escuchar”.
«El Gobierno de los Estados Unidos no ha dejado de apoyar a Guanajuato y prueba de ello son los 11 laboratorios de diferentes disciplinas forenses que se encuentran acreditados internacionalmente, gracias al trabajo conjunto de la Iniciativa Mérida y las autoridades mexicanas», dijo el exembajador Landau cuando se inauguraba el laboratorio de la Fiscalía aquel otoño del 2020.
Sonaron los aplausos y Zamarripa Aguirre no podía ocultar su satisfacción.
«Solo él puede resolver el problema de inseguridad», repiten los funcionarios y militantes del PAN a quienes han logrado impresionar con su curso de diez semanas en la Academia del FBI en Quántico, Virginia, y un diplomado de 10 semanas en Derecho Criminal en la Universidad de Virginia.
Zamarripa Aguirre se vanagloria de haber acreditado capacitaciones en Chile, Colombia, Israel y con la agencia antidrogas norteamericana DEA, pero los documentos que lo certifican no están al alcance del público, pues se considera “información sensible” para la seguridad del estado.
Medallas desde los Estados Unidos no le faltan. El subprocurador General Adjunto John Cronan lo reconoció en 2018 por ser Guanajuato “el estado mexicano con más sitios acreditados por la Organización Internacional de Normalización (ISO)”. Dos años después un informe para el Congreso norteamericano resaltó que “funcionarios estatales capacitados por Estados Unidos en Guanajuato arrestaron al líder del Cártel de Santa Rosa de Lima y su sucesor”, soslayando el liderazgo de las fuerzas federales en el operativo.
“Carlos ha presumido esos cursos como si fuera el único, pero antes de él lo hicieron tres personas en Guanajuato y luego muchos más”, aseguró un ex mando de la Fiscalía para esta publicación. El fiscal no descuida la relación con la embajada americana; en su toma de posesión y en sus informes suelen ser invitados de la sede diplomática. “En las áreas de colaboración del FBI lo tratan con gran deferencia”, dijo otro de sus ex colaboradores.
Once modernos laboratorios forenses, pero las víctimas siguen vulneradas.
A pesar de los recursos invertidos en los laboratorios forenses y de los múltiples cursos, la experiencia de las víctimas de la violencia generalizada que vive Guanajuato es muy distinta. Por ejemplo, en Santa Cruz de Juventino Rosas, una zona conocida por el robo de combustible o huachicol, una familia lloró sobre el féretro que contenía los restos de quien pensaron era su ser querido, le rindieron honores mortuorios y lo sepultaron con resignación. Tres meses después, personal de la Fiscalía les informó que el cuerpo que no ingresó no era el de su familiar, por lo que debió ser exhumado y devuelto a la morgue mientras se les entregaban los restos correctos «en una bolsa sucia con manchas de sangre». Les explicaron que «hay algunos inconvenientes porque salieron de vacaciones los responsables del laboratorio».
Otro caso es el de David, de 19 años, fue desaparecido junto con otros dos amigos en el mismo municipio de Juventino Rosas el 4 de agosto de 2020. Los restos encontrados un mes después estaban descuartizados y quemados. Sus familiares debieron enfrentarse a la brutal experiencia de revisar fotografías de los miembros semicalcinados, buscar tatuajes y cicatrices para saber si eran nuestros muchachos, según relataron. Las familias recorrieron los 77 kilómetros que los separan de la capital del estado para entregar muestras de ADN; cuatro meses después, aún no tienen respuesta y les piden esperar tres meses más antes de que les entreguen los restos y poder sepultar a sus muertos.
En once años el presupuesto de la dependencia se ha incrementado en más de 160 por ciento, según la cuenta pública: del 1 de enero de 2009 al tercer trimestre de 2020 el fiscal ejerció un gasto de 20,967 millones de pesos (mil millones de dólares). Fue el cuarto estado con más presupuesto en 2019 detrás de Ciudad de México, Estado de México y Chihuahua. Los apoyos provenientes de la Iniciativa Mérida, constantemente ostentados en el discurso público, se desconocen en montos y efectividad, pues la dependencia clasificó por cinco años la información porque «se pone en riesgo la persecución de los delitos».
Guanajuato ha sido un estado sobresaliente en la recepción de inversión extranjera directa en los últimos años. Entre 2000 y 2016 la entidad captó 17,220 millones de dólares de los cuales el 45.1 por ciento correspondió a empresas norteamericanas, seguidas por corporativos japoneses, italianos y alemanes.
El objetivo de proteger el auge industrial de Guanajuato de la incursión del crimen organizado fue el pretexto perfecto para una fuerte inversión estatal en tecnología de vigilancia, pero sin escrutinio público y sin rendir cuentas de resultados. Con esto se consolidó la relación entre el entonces gobernador, Miguel Márquez Márquez, y el procurador Zamarripa que había logrado su primera ratificación.
Carlos Zamarripa fue el artífice en la contratación de una red de videovigilancia asignada sin licitación de por medio a la empresa Seguritech, en un arrendamiento que costó 135 millones de dólares entre 2013 y 2018. El programa Escudo se redondeó cuando consiguió colocar a Álvar Cabeza de Vaca, exjefe de policía de León y amigo del fiscal, en la Secretaría de Seguridad del estado.
135 millones de dólares para Escudo, programa de vigilancia que no funcionó.
En un viaje relámpago a Washington se presentó el proyecto a la secretaria de Seguridad Nacional norteamericana, Janet Napolitano, y se usó la entrevista públicamente como un aval. Al regreso, los funcionarios de Guanajuato realizaron una intensa campaña de relaciones públicas para justificar la necesidad de Escudo, cuyo contrato fue firmado en diciembre por Cabeza de Vaca. Los pormenores del acuerdo permanecen reservados hasta la fecha.
“Es parte de una propuesta integral, no va a eliminar por sí solo el tema de delincuencia, pero garantizo que la va a inhibir mucho y Guanajuato tendrá que seguir siendo uno de los estados más seguros del país”, descrito el gobernador Márquez a empresarios en noviembre del 2012.
La inversión multimillonaria no bastó para mantener tranquilo a Guanajuato. El año que se contrató Escudo el estado registró 692 asesinatos y ocupó el lugar 14 entre 32 entidades. En 2018, al terminar el contrato, fueron 2.609 homicidios dolosos los reportados al Sistema Nacional de Seguridad, a la cabeza del listado nacional. Los empresarios que en 2012 exigían la permanencia de Zamarripa para darle continuidad al proyecto de seguridad, ya en 2019 se oponían a que fuera fiscal.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha usado el ejemplo para criticar a los gobiernos del PAN y del PRI: «Crecimiento económico no es igual a desarrollo», ha dicho al menos media docena de veces en sus conferencias de prensa “mañaneras”, en referencia al caso Guanajuato, diferenciando entre aumento del Producto Interno Bruto (PIB) y abatimiento de la desigualdad y la pobreza.
La situación ya se refleja en pérdida de inversión y puestos de trabajo, como fue el caso de la manufacturera alemana Eckerle de México, que empleaba a 340 mujeres para fabricar autopartes en el municipio de Juventino Rosas, pero que tuvo que trasladarse a Querétaro en 2019 al ser extorsionada por el Cártel de Santa Rosa de Lima, informó el dirigente sindical Hugo Varela Flores.
En Celaya y los municipios de la región, dentro del “triángulo del huachicol”, el precio de los bienes raíces se ha desplomado dramáticamente. Un mega fraccionamiento planeado al inicio del auge de la industria automotriz en el municipio de Villagrán, El Rehilete, vio caer los precios del metro cuadrado de terreno de 50 a 20 dólares. “El inventario de locales es impresionante y no se rentan ni con disminuciones en el alquiler de hasta 30 por ciento. Los últimos tres años son años perdidos para el sector inmobiliario”, dijo un bróker mayorista de bienes raíces en Celaya, una ciudad que era muy atractiva para inversionistas foráneos.
Y no sólo es el freno a la llegada de nuevos capitales, sino que también se van: cientos de pequeños negocios han cerrado como consecuencia de las extorsiones y más de 5,000 personas han migrado por causa de la violencia, reportó el INEGI en un estudio reciente.
Cientos de pequeños negocios han cerrado como consecuencia de las extorsiones y más de 5,000 personas han migrado por causa de la violencia.
El fracaso no detiene los contratos, el gobernador actual ha anunciado compras de drones de vigilancia y arrendamiento de helicópteros. Los términos no se han explicado ni se conocen las empresas que prestarán los servicios, pero se exhibió en el informe de gobierno de 2020 una acción policial filmada por los drones en tiempo real para detener a una banda de secuestradores y liberar a una persona cautiva.
En 2009, el año que Carlos Zamarripa se estrenó como procurador, la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) registró oficialmente la perforación de apenas nueve tomas clandestinas en los ductos de combustible que cruzan Guanajuato, una red importante de traslado de materias primas y productos terminados en torno a la refinería Antonio M. Amor, en Salamanca. Entonces, todavía se veía lejana la situación de Veracruz o Nuevo León, con 121 y 65 tomas ilegales, respectivamente.
Pero para el año 2012, cuando se contrató el programa Escudo, Guanajuato ya había pasado a ser el cuarto estado con más tomas de huachicol (combustible robado), con 128. A partir de ahí, el crecimiento fue vertiginoso. La promesa de crear «un mecanismo de blindaje que frene la infiltración del crimen organizado» que se ofreció con el proyecto de seguridad no funcionó.
Cinco años después Guanajuato se convirtió en el epicentro del robo de combustible en México y para entonces la violencia ya escalaba incontrolablemente. Pero entonces el presunto culpable era un desconocido en la vida pública del estado.
Me extraña que no lo conozcan, se llama José Antonio Yépez […] una toma le da dieciocho millones de litros al año.
“Es el principal objetivo del estado, me extraña que no lo conozcan, se llama José Antonio Yépez, tiene acreditadas más de 100 propiedades, tiene unos ocho años trabajando aquí en el área, veintitantas tomas, una toma de estas le da dieciocho millones de litros al año ”, dijo Arturo Velázquez Bravo, general del Ejército que comandó la 16.a Zona Militar, a reporteros que no escuchado nunca a las autoridades estatales mencionar ese nombre, en mayo de 2017.
En octubre de ese año salió a la luz el Cártel de Santa Rosa de Lima con la difusión de un video donde un centenar de hombres armados enmarcan una arenga de José Antonio Yépez, «el Marro», contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización criminal considerado la más violenta por el gobierno mexicano, en la que anuncia su expulsión del estado con palabras altisonantes, una verdadera declaración de guerra.
La respuesta del responsable de perseguir los delitos en Guanajuato ante la irrupción del hasta entonces desconocido grupo criminal no pudo ser más bochornosa. Carlos Zamarripa no se mostró sorprendido, pero rechazó cualquier responsabilidad y le pasó el reto al Gobierno Federal, «por tratarse de delincuencia organizada». Aunque hoy asegura que sí sabía del huachicol en el interior de Pemex en Salamanca.
Durante quince meses, el Cártel de Santa Rosa de Lima y su líder campearon a placer por Guanajuato sin que se generase una sola orden de aprehensión local o federal, pese a que en voz baja se le reconocía como «el mayor generador de violencia» en la región. Tras la conformación del Cártel de Santa Rosa y de la declaración de guerra al Cártel de Jalisco Nueva Generación el volumen de homicidios dolosos crecería a más del doble en 2018.
Durante quince meses, el Cártel de Santa Rosa de Lima y su líder campearon a placer por Guanajuato.
La organización criminal del “Marro” no surgió en una zona inhóspita o en una región montañosa, sino en una ranchería situada a mil metros de una de las arterias más importantes del país, la carretera federal México-Ciudad Juárez, que corre desde la capital del país hasta la frontera con Estados Unidos.
Entre los policías de la región centro de Guanajuato, en el llamado “triángulo del huachicol , hay una historia recurrente: hombres de confianza del procurador Carlos Zamarripa detuvieron a José Antonio Yépez,“ el Marro ”, cuando era un simple salteador de carreteras y lo dejaron libre: «Ahí se conocieron». Luego se convertiría en jefe de una banda de saqueadores y comercializadores de combustible robado: el Cártel de Santa Rosa de Lima.
Justo cuando se desarrollaba la guerra contra el huachicol con la que arrancó el sexenio de López Obrador, en enero de 2019, se cerró la llave a los ductos de traslado, lo que generó una escasez casi total de combustible en los estados del centro del país. En ese año, un exagente de Guanajuato, luego autoexiliado del país, denunció ante el presidente López Obrador las complicidades de la policía ministerial del estado con el capo huachicolero , al grado de dejarlo escapar , de acuerdo con un relato publicado por el periodista Álvaro Delgado .
“El Marro”, ya en fuga permanente, acosado por el Gobierno Federal y por sus ex cómplices convertidos en pistoleros del Cártel Jalisco Nueva Generación, pareció hacer un llamado a restablecer viejas complicidades con quien ya se había convertido en fiscal: el capo divulgó un video en redes sociales donde se dirige de forma directa a él: «y usted mi Zamarripa, nomás espéreme poquito (…) en dos, tres meses te limpio de estas pinches ratas (…), vamos a jalar hombre, vamos a jalar como lo hemos hecho, vamos a acomodarnos bien, nomás espérame poquito … dos, tres meses «.
Acusaciones parecidas han sido vertidas por diputados de Morena, como el coordinador de la bancada en el Congreso local, Ernesto Prieto, quien ha reclamado a lo largo de los últimos dos años la renuncia de Zamarripa. En una comparecencia en plena pandemia en 2020, el fiscal le respondió directamente : “No soy un servidor del crimen”.
Nunca se ha comprobado una relación de complicidad; sin embargo, entre 2012 y 2017, cuadrillas de hombres saqueaban los ductos de Pemex sin órdenes de aprehensión en su contra, mucho menos contra “el Marro”, aunque toda la estructura policial sabía de sus actividades.
“La instrucción que teníamos era que no nos metiéramos con nada que es delincuencia organizada, que le pertenece a la jurisdicción de la Federación, aunque por años los estuvimos combatiendo duro, de pronto cambió todo eso”, aseguró un exjefe de la Fiscalía de Guanajuato quien pidió resguardar su identidad .
Lo que cambió fue el arribo de un nuevo Gobierno Federal en 2018, que con su intención de «rescatar a Pemex» intervino en Guanajuato, suspendió el envío de combustible por los ductos e inició un combate frontal contra el Cártel de Santa Rosa de Lima. Pero las tensiones se agudizaron por supuestas amenazas dirigidas al presidente López Obrador, escritas en mantas garabateadas en algunos puentes del Estado. “El Marro” amenazaba con matar policías al azar y con mandar “un regalo” como el que colocó en la refinería de Salamanca (presuntamente un explosivo) hasta la casa del presidente, donde todavía vivía con su esposa y su hijo menor de edad.
“El problema es que Carlos mantiene cerca, en su círculo cerrado, a los más leales, no a los más eficientes. Cuando algún funcionario empieza a destacar, lo separa del cargo, no quiere que lo opaquen”, dijo a CONNECTAS un exfuncionario de la Fiscalía.
Carlos mantiene cerca, en su círculo cerrado, a los más leales, no a los más eficientes.
Así protegió el operativo del Grupo Especial de Reacción Inmediata —corporación entrenada en Colombia, gracias a la Iniciativa Mérida— cuando tomaron por asalto una finca tras una balacera de cuatro horas, en las afueras de la ciudad turística de San Miguel de Allende. En el inmueble se encontraban Juana y sus hijos, Gabriel de once años, Mateo de ocho y Juan Adrián de cuatro. Acompañaron al padre de familia, Antonio Luna, en la enorme construcción que él vigilaba los fines de semana. Era el viernes 13 de enero de 2017.
Juana Luna narró cómo los policías quitaron a Antonio su revólver calibre 22 y con él ultimaron a los tres niños con disparos en la cabeza; ella fue encañonada, pero al tirar del gatillo la carga estaba agotada. La Procuraduría de Guanajuato culpó a Antonio no solo de la muerte de sus tres hijos sino de kill a Juana ya cinco de los policías que asaltaron la finca. Ni el Poder Judicial ni la oficina de Derechos Humanos chistaron, Zamarripa impuso su versión. Sus policías no fueron molestados ni siquiera con una investigación interna.
Igual que protege a sus policías lo ha hecho con los del secretario de Seguridad Cabeza de Vaca. Zamarripa evitó investigar el asesinato de Leonardo Reyes Cayente, un muchacho de 24 años que murió a manos de policías de la Secretaría de Seguridad en diciembre de 2019 mientras buscaba señal para su celular en un poblado a las afueras de San Miguel de Allende para comunicarse con su novia en Estados Unidos. Su madre y cinco vecinos, ocultos tras matorrales, escucharon a los policías ocupados en arreglar la escena diciendo, “Aquí no pasó nada, nadie vio nada”, como revela la investigación de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. La Fiscalía consignó la versión de los agentes y desechó las restantes para incriminar al muchacho como agresor y «miembro de un grupo delictivo».
En otro caso, abusos sexuales, físicos, tortura, trata de personas, cambios de identidad, entre otros presuntos delitos se cometieron en la Ciudad de los Niños, un albergue manejado por un sacerdote con conexiones políticas. Pese a la amplia cobertura mediática ya la presión de organismos nacionales y extranjeros, el caso permanece impune. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó que aun con la evidencia suficiente, los agentes del ministerio público desecharon las pruebas y terminaron por no ejercer ningún tipo de acción penal en contra de los denunciados por una “falta de colaboración atribuible a la Fiscalía General de Guanajuato”.
En los 12 años de Zamarripa Aguirre al frente de la dependencia lleva acumuladas 2,496 quejas por violaciones a los derechos humanos, en promedio una cada dos días. Resaltan casos de tortura, lesiones, homicidio, denegación de justicia, arresto arbitrario, extorsión, violación al derecho de petición, ejercicio indebido de la función pública e irregularidades en la integración de averiguaciones previas, de las que se derivaron 589 recomendaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos. Para el fiscal son “derivados de la fragilidad humana”, como les dijo a los diputados.
La dependencia lleva acumuladas 2,496 quejas por violaciones a los derechos humanos, en promedio una cada dos días.
Las decisiones políticas también pueden encontrar su explicación en los acuerdos entre grupos cupulares. En Guanajuato, desde la llegada del Partido Acción Nacional (PAN) al poder local, son constantes las referencias a la organización católica El Yunque como motor de numerosas políticas públicas.
Cada semana, el fiscal Zamarripa y el secretario de Seguridad Cabeza de Vaca iban a la misa dominical que se oficia en el Instituto Lux. Se sientan con sus familias discretamente en la parte media de la capilla del colegio jesuita, cerca del cantor que acompaña la homilía, mientras que un discreto equipo de seguridad, conformado por cuatro personas, se ubica vigilante en el estacionamiento. Es usual que el fiscal se muestre devoto y agradezca públicamente a Dios en sus informes.
No es la primera vez que Zamarripa ha buscado ser arropado por un grupo cupular. Antes, llegó a solicitar su ingreso ya pasar algunas de las primeras pruebas para acceder a una logia masónica en León, según integrantes de esa organización más vinculada a la tradición política del PRI. Pero su ascenso a procurador y su consolidación como fiscal autónomo, coinciden con su reciente acercamiento a El Yunque.
El Yunque, organización católica fundada alrededor de 1950 en el estado de Puebla, pretende “instaurar el reino de Dios en la Tierra”; para ello, combaten a los que consideran enemigos de su fe —masones, judíos, comunistas, como lo han reseñado historiadores y periodistas como Álvaro Delgado. Pero además de su función evangelizadora, buscan tener poder e influencia. Para conservar sus objetivos cuentan con una red en la que se protegen unos a otros. Se conoce su funcionamiento gracias a una denuncia en España, que ubica a El Yunque detrás del partido ultraconservador Vox. Sus métodos para reclutar jóvenes, fueron reprobados por los obispos españoles que la vieron como una secta. Se sabe que la organización tiene presencia en más de 20 países de América y Europa.
Los panistas más liberales hacen la broma de que El Yunque es como las brujas: «no existen, pero de que vuelan, ¡vuelan!», Dicen socarronamente.
El arribo de Carlos Zamarripa a la Procuraduría en 2009 estuvo precedido de una pugna entre los dos secretarios del entonces gobernador Juan Manuel Oliva, ambos aspirantes del PAN para sucederlo en 2012 y miembros de El Yunque: Miguel Márquez Márquez y Gerardo Mosqueda Martínez. El primero ganó la partida y pudo impulsar la continuidad de Zamarripa como procurador, quien había sido su contemporáneo en la carrera de Derecho en la lasallista Universidad del Bajío.
Pero además de su cercanía con el exgobernador, Zamarripa obtuvo el puesto “porque ha estado en el lugar indicado, en el momento indicado. Supo granjearse a los jefes porque era muy servicial, siempre dispuesto a todo, se hizo indispensable”, según un excompañero de trabajo.
A partir de ahí Zamarripa protagonizó una serie de hechos que apoyaron las acusaciones de que es un fiel guardián de los intereses del PAN, incluso en las elecciones: en 2012, a 36 horas de la jornada electoral en la que contendía Márquez por la gubernatura, un destacamento de policías ministeriales irrumpió en una reunión de promotores del voto del candidato priista Juan Ignacio Torres Landa. Los ministeriales informaron de «propaganda que no debe estar y mucha gente que no justifica su estancia». La medida fue vista como inhibitoria de las movilizaciones que realizan todos los partidos el día de los comicios para llevar a cabo votantes a las urnas.
En otro hecho, en las elecciones intermedias de 2015, el Partido Verde Ecologista de México buscaba mantenerse en la presidencia municipal de León aliado con el PRI. El 27 de mayo 30 agentes ministeriales armados llevaron un cabo un cateo producto “de una denuncia anónima”, incautaron 20 mil paquetes de material escolar. La dirigente ecologista Beatriz Manrique calificó el hecho de hostigamiento electoral por parte de Carlos Zamarripa.
El 11 de mayo de 2018 fue asesinado el candidato del partido Morena, José Remedios Aguirre Sánchez, quien buscaba la presidencia municipal de Apaseo El Alto, en la región llamada «triángulo del huachicol «. automóvil plenamente identificado. El asesinato desató duras recriminaciones de todo el aparato de Morena, hasta del entonces candidato presidencial López Obrador, hacia el gobernador Miguel Márquez. El fiscal enfrentó la crisis arrojando gasolina al fuego: seis días después del homicidio aseguró que Aguirre Sánchez se seguidos vinculados con grupos de huachicoleros, basado en llamadas y mensajes encontrados en su teléfono celular. La investigación del crimen pareció terminar con la criminalización de la víctima y permanece sin resultados hasta ahora.
Incluso algunas de las acciones de la Fiscalía políticas han sido vistas como venganzas. Por ejemplo, en contra de una de las más grandes afrentas que ha vivido el PAN en Guanajuato: perder León frente a la priista Bárbara Botello Santibáñez. Cuatro años después de haber terminado su encargo, la exalcaldesa fue detenida a las puertas de su fraccionamiento por agentes de la Fiscalía del estado que nunca se identificaron ni usaron vehículos oficiales. Dos días después de la detención, tras sufrir una exhibición pública y vejaciones, la exfuncionaria lleva en libertad el juicio por presunto peculado y daños al erario por 75,000 dólares.
La dependencia del gobierno panista de las habilidades y recursos del fiscal general se ha agudizado por la confrontación con el Gobierno Federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Cada vez que surge el tema de la violencia en el estado, es recurrente el señalamiento del presidente de que en Guanajuato «hay complicidades» entre los grupos criminales y autoridades locales, haciendo referencias a los mandos que «tienen mucho tiempo en sus cargos».
Es recurrente el señalamiento del presidente de que en Guanajuato «hay complicidades» entre los grupos criminales y autoridades locales.
En junio del 2020, en el punto más crítico de la persecución del líder huachicolero José Antonio Yépez Ortiz, “el Marro”, cuando fueron detenidas su madre y su hermana y posteriormente liberadas por un juez a causa de errores de la Fiscalía del estado, López Obrador sentencia: “Se tiene que llevar a cabo una limpia y la tienen que hacer las autoridades de Guanajuato porque no está bien. El pueblo de Guanajuato no merece vivir la zozobra en vilo por la violencia”.
Presionado a su vez por los legisladores de Morena en el Congreso local, Zamarripa respondió: “No voy a renunciar porque sería defraudar al Poder Legislativo y porque represento a una institución”. La confrontación le llegará eludir las respuestas sobre la grave situación de la violencia en la entidad, como la matanza ocurrida en un centro clandestino de tratamiento de adicciones en Irapuato, donde fueron asesinadas 27 personas el primero de julio de 2020, presuntamente en una represalia del “Marro” por el atentado sufrido por uno de los abogados a su servicio, tras la liberación de su madre.
La crítica presidencial al fiscal fue el preámbulo de un golpe al crimen: unas semanas después finalmente fue detenido “el Marro”. Fue una operación realizada por el ejército, pero el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, compartió el crédito con la autoridad local.
Dar la cara ante la comunidad no es algo que caracterice a Zamarripa. El 7 de diciembre de 2019, con el rostro desencajado, el fiscal subió al escenario del Teatro Principal en Guanajuato, pero esta vez no lo recibieron con aplausos, sino que le tocó escuchar los reclamos de los estudiantes cansados de la violencia y la impunidad.
“Pónganse a trabajar”, les dijeron los alumnos de la Universidad de Guanajuato al secretario de gobierno, al rector de la casa de estudios, al alcalde de la capital del estado y al fiscal. Los jóvenes llevaban una semana en paro protestando por el feminicidio de Ana Daniela, pero también por el cansancio de ser víctimas de delitos todos los días y que las autoridades los ignoren. Ante el inédito movimiento, el gobernador, el alcalde y el rector acudieron a un primer diálogo que el fiscal ignoró, quedando su silla vacía en el escenario, una imagen que reflejó desdén e insensibilidad. Los jóvenes dejaron claro que “sin los cuatro no hay trato “Y suspendieron aquella reunión. Se desató una ola de críticas en contra del fiscal, quien justificó su ausencia con el argumento de que estaba trabajando en el esclarecimiento del feminicidio. Cuando se repuso el diálogo, Zamarripa debió acudir con ánimo contrito.
Diálogo que el fiscal ignoró, quedando su silla vacía en el escenario, una imagen que reflejó desdén e insensibilidad.
El 2 de octubre de 2019, estudiantes del municipio de Celaya realizaron la marcha más grande de la que se tenga memoria. Más de 10 mil personas exigieron el esclarecimiento del asesinato de uno de sus compañeros y el alto a la impunidad criminal. Las protestas se han multiplicado: en la Universidad Iberoamericana en León para exigir justicia del feminicidio de Nadia, del que nada se sabe un año después de ocurrido; las marchas de mujeres, que por dos años seguidos han señalado al fiscal por la implacable violencia feminicida; las familias que buscan personas desaparecidas, quienes tomaron el Teatro Juárez por segunda vez en un año, por la insensibilidad de los peritos de la fiscalía en las búsquedas.
Las voces que primero exigían que no se le dijera el pase automático como fiscal y que ahora piden su renuncia son una dura afrenta para Zamarripa. No olvida haber tenido que tomar protesta ante los diputados con el Congreso blindado para impedir el acceso de los manifestantes. «A él le duele la crítica porque siente que después de tanto trabajo, de convertir la Fiscalía en lo que es, porque es su idea y de nadie más, se ha ganado el puesto y los señalamientos son injustos», dijo una consultora que ha tenido oportunidad de tratarlo.
“Un fiscal por 20 años es una locura, ¿qué implica tener tanto tiempo a una autoridad? No son reyes, una autoridad tiene un plazo con el objeto de exigir rendición de cuentas”, dijo Mara Gómez, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa en entrevista. Tomando en cuenta los 12 años que Zamarripa lleva en el cargo, “los datos de Guanajuato son terribles. Evidentemente no han tenido voluntad en mejorar el sistema de justicia y lo que ha mejorado es por la lucha de la sociedad civil”, concluyó la ex visitadora de la CNDH.
Un fiscal por 20 años es una locura, ¿qué implica tener tanto tiempo a una autoridad? No son reyes.
Para Bibana, la buscadora, esa realidad es desgarradora: «Lo más triste es que le quedan muchos años de poder a una persona que tiene una deuda con nosotras las víctimas y que sabemos que no lo quiere resolver, porque cuando alguien quiere solucionar un problema empieza por aceptarlo «.
Doce años después de su llegada a la responsabilidad de perseguir los crímenes en Guanajuato, el fiscal Carlos Zamarripa ha amasado el mayor y más longevo poder que haya acumulado un fiscal en la vida pública del país. Su entronización para cuidar la productividad del estado y las inversiones locales y foráneas, pero no a los ciudadanos, parece apuntar a una era que México creía superada: hombres fuertes que piensan que ellos son las instituciones. En política mexicana, la vuelta a la era de los caudillos con la justicia a cuestas.
Connectas
Kennia Velázquez / Arnoldo Cuéllar
Marcos Vizcarra / Verónica Espinosa.
Guanajuato, Guanajuato/ México
Viernes 7 de mayo de 2021.
Comment here