Un grupo de exfuncionarios de Estados Unidos, republicanos y demócratas, alertó el sábado en una carta abierta sobre el “abuso del poder” del presidente Donald Trump para “vengarse” de sus críticos después de que este retirara las credenciales de seguridad de dos exfuncionarios.
La carta incluye unas 200 firmas, entre ellas la de Ty Cobb, abogado especial de Trump en su primer mandato, y otros exfuncionarios de Gobiernos republicanos especializados en seguridad nacional, que aluden a dos memorandos ejecutivos de Trump de principios de abril “dirigidos” a personas específicas.
Los memorandos castigaban a Chris Kebs, exlíder de la Agencia de Ciberseguridad, por rechazar que las elecciones de 2020 fueran “robadas”, y a Miles Taylor, exjefe de personal del Departamento de Seguridad Nacional, por “diseminar de falsedades” en un libro bajo seudónimo crítico con Trump.
“Estas acciones ejecutivas representan una peligrosa escalada en el abuso del poder presidencial: manipular las agencias federales para ejecutar venganzas personalizadas”, dicen los firmantes, que consideran que Trump ataca la libertad de expresión de esos exfuncionarios y le instan a revocar las medidas.
Sostienen que Trump rompe con presidentes de ambos signos políticos que han “evitado incluso la apariencia de irregularidad o influencia”, lo vinculan con episodios hoy “vergonzosos” de Estados Unidos como la “lista de enemigos” de Richard Nixon y, advierten, va en el “camino de la autocracia, no la democracia”.
“Comportamientos de este tipo se esperan más de un miembro déspota de la realeza que del líder electo de una república constitucional”, agregan.
Trump, mientras, anunció en su red social Truth Social que pronto emitirá nuevas “regulaciones” para empleados gubernamentales de carrera, para que, “en el caso de rechazar promocionar los intereses de política del presidente o tengan comportamientos corruptos” sean fácilmente despedidos.
Según el presidente, esas regulaciones, que desarrollan una orden ejecutiva previa, permitirán al Gobierno “funcionar como una empresa”, pero los expertos advierten que puede desproteger a miles de funcionarios bajo la guisa de unos “intereses de política” que no están claros.
Trump está sumiendo a EU en una ‘crisis constitucional’: Van Hollen
El senador demócrata Chris van Hollen acusó al presidente estadounidense, Donald Trump, de sumir al país en una crisis constitucional por desobedecer las órdenes judiciales sobre la deportación de inmigrantes.
Van Hollen declaró en una entrevista en la NBC que el Gobierno “está desobedeciendo a los tribunales en este mismo momento” por no facilitar el regreso del salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado por error, según ha reconocido la propia Administración norteamericana.
En particular, cuestionó las acusaciones de que Ábrego, residente en su circunscripción, pertenecía a la Mara Salvatrucha (MS-13).
Si tienen pruebas, que las presenten al tribunal. Así es como se litigan estas cuestiones. De lo contrario, cállense en redes sociales.
Van Hollen responde así a las recientes acusaciones de Trump contra los “lunáticos de la izquierda radical” o los “jueces y agentes del orden débiluchos e ineficaces”.
También la senadora demócrata Amy Klobuchar criticó la postura de Trump y ha asegurado que “han elegido este caso y a este hombre porque quieren titulares, así que es más cínico incluso que simplemente desobedecer a un tribunal”.
“Lo hacen porque quieren distraer a la gente del hecho de que nuestra economía está en caída libre gracias a ellos”, dijo.
Incluso el senador republicano John Kennedy ha reconocido que la deportación de Ábrego fue un “error”, pero ha alegado que ahora mismo no hay mucho que el presidente pueda hacer. “No van a reconocer que es un error, porque si lo hacen se juegan el cuello”, sostuvo Kennedy en la NBC.
Van Hollen visitó el 17 de abril a Ábrego en El Salvador, adonde fue deportado a mediados de marzo en el marco de las políticas impulsadas por Trump para expulsar a los migrantes ilegales del país, si bien en este caso el ciudadano salvadoreño gozaba de estatus de protección temporal concedido por un juez en 2019 tras abandonar su país de origen huyendo de la violencia.
La jueza federal Paula Xinis ordenó su repatriación, si bien la Administración Trump recurrió al Tribunal Supremo para que bloqueara la decisión. Sin embargo, el máximo tribunal estadounidense respondió que el Gobierno debía “facilitar” el regreso de Ábrego, pero sin dictar ninguna orden concreta al respecto.
Organizaciones de derechos civiles han cuestionado la falta de garantías o directamente la legalidad de estas deportaciones masivas impulsadas por Trump, especialmente después de que un juez federal ordenara su paralización por considerar inadecuada la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, que data de finales del siglo XVIII.
EFE
Europa Press
Washington, EU
Domingo 20 de abril de 2025.
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