Los periodistas demandados publicaron una serie de notas periodísticas que exponían posibles casos de corrupción dentro de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).
La organización Propuesta Cívica manifestó su preocupación por los amparos indirectos que interpusieron trabajadores de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) contra cuatro periodistas de Puebla, los cuales podrían constituir un “precedente peligroso” para la libertad de expresión en México.
La organización, que defiende y promueve los derechos humanos y la libertad de expresión, señaló que al admitir tres demandas el pasado 10 de noviembre, Francisco René Olivo Loyo, juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en Puebla, equiparó a la prensa con la “autoridad responsable” lo que desvirtúa la esencia del juicio de amparo y lo convierte en una “herramienta de censura”.
Los periodistas demandados publicaron una serie de notas periodísticas que exponían posibles casos de corrupción dentro de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). El mismo día que se interpusieron las demandas, el juez otorgó suspensiones que prohíben a la prensa publicar información relacionada con los demandantes.
“Estas medidas constituyen censura previa, estrictamente prohibida por la Constitución, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y por los estándares interamericanos de libertad de expresión”, alertó la organización, al señalar que, si el poder judicial no corrige esta determinación del juez, este mecanismo podría normalizarse para silenciar periodistas en el país.
Explicó que el juzgador, al admitir los amparos, señaló que «no es legal ni correcto hacer imputaciones… si no ofrecen y mencionan las pruebas que sustenten la afirmación».
“Este criterio impone una carga de prueba desproporcionada al periodismo y constituye, una censura previa inconstitucional”, subrayó.
Propuesta Cívica condenó esta la censura impuesta a estos cuatro periodistas por cumplir su legítima labor de comunicar asuntos de evidente interés público, y consideró “motivo de gran alarma” la decisión del Poder Judicial de “utilizar un mecanismo diseñado para la salvaguarda de los derechos humanos como herramienta de supresión de la libertad de expresión”.
“Equiparar a la prensa con la autoridad responsable desvirtúa la esencia del juicio de amparo y lo convierte en una herramienta de censura. El amparo no es un mecanismo para acallar investigaciones incómodas, ni un tribunal puede exigirle al periodismo estándares probatorios que niegan su propia naturaleza”, afirmó Sara Mendiola Landeros, directora ejecutiva de Propuesta Cívica.
En ese sentido, la organización exhortó al Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa de Puebla a que declare improcedente las demandas de amparo indirecto promovidas en contra de las personas periodistas.
Asimismo, la organización hizo un llamado al recientemente creado Tribunal Disciplinario de Justicia para que revise la actuación del juez y garantice que el juicio de amparo no sea instrumentalizado para perseguir a quienes ejercen el periodismo por conflictos derivados de supuestas afectaciones a la honra y dignidad.
La organización expuso que las decisiones del Juez Francisco René Olivo Loyo representan “un golpe directo al derecho a saber y a la labor periodística”.
“Permitir que un juez federal difunda criterios contrarios a la Constitución y a la SCJN no solo es inadmisible: es una amenaza real de que la censura previa pueda normalizarse en México si no se corrige de inmediato”, puntualizó.
Además, indicó que este caso, tras la reciente reforma judicial, podría evidenciar un nuevo contexto de acceso a la justicia en México que “permite arbitrariedades que tergiversan herramientas fundamentales de derechos humanos”.
Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Miércoles 3 de diciembre de 2025.
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