• Una jueza ha cambiado las medidas cautelares al exmandatario de Puebla, que dejará la cárcel de El Altiplano por un brazalete electrónico
• Cacho y la organización Artículo 19 han advertido del riesgo de fuga del acusado.
El exgobernador de Puebla Mario Marín seguirá en libertad su proceso por torturas a la periodista Lydia Cacho. Así lo ha decretado la jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez, quien ha ordenado un cambio en las medidas cautelares del exmandatario, que cumplía prisión preventiva en la cárcel federal de El Altiplano. La juzgadora ha indicado el uso de brazalete electrónico, una multa económica de 100.000 pesos y la firma periódica en el juzgado. Cacho y la organización Artículo 19 han advertido del riesgo de fuga del acusado.
Marín fue detenido en febrero de 2021 en Acapulco, Guerrero, por la Fiscalía General de la República (FGR). Marín llevaba dos años prófugo de la justicia debido a una orden de detención emitida por una juez de Quintana Roo. El político está acusado de ordenar la tortura y el arresto ilegal de la periodista Lydia Cacho en 2005, cuando gobernaba en Puebla (2005-2011). Cacho había denunciado en su libro Los demonios del edén una red de explotación sexual infantil en la que mencionaba a los empresarios Jean Succar Kuri y Kamel Nacif como responsables. La periodista fue arrestada y torturada por la Fiscalía de Puebla acusada de difamación, en una acción ordenada por Marín.
La participación de Marín fue descubierta por la publicación de una grabación en 2006 en la que el exgobernador le garantizaba impunidad a Nacif. En esa llamada el empresario le llamaba “góber precioso” por lo que el político fue conocido con ese mote desde entonces. El entonces gobernador se comprometía en la conversación a “darle sus coscorrones” a la periodista por incomodar al empresario.
La periodista fue trasladada desde Quintana Roo hasta Puebla en un trayecto por carretera de 20 horas, en el que fue torturada y amenaza de muerte por los agentes judiciales. La justicia también ha emprendido la búsqueda de quienes participaron en la detención de Cacho, incluido el exjefe de Policía Judicial de Puebla Adolfo Karam. Tras conocerse el caso Lydia Cacho, el exgobernador permaneció impune por más de una década y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó comenzar un juicio en su contra mientras seguía al frente del Gobierno de Puebla. En 2019, Naciones Unidas exigió al Gobierno mexicano comenzar los proceso judiciales contra los responsables de las torturas hacia Cacho.
La abogada de la periodista, Eva Lozada Carmona, ha explicado que este cambio de medida cautelar “no es una exoneración total” sino que “se está aplicando en su beneficio el criterio de la Corte Interamericana de que una persona no puede estar en prisión preventiva por más de dos años”.
El País
B. G.
Ciudad de México
Domingo 11 agosto 2024.
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