Héctor Zariñana
El comunicado de apoyo a María Amparo Casar Pérez no es una defensa de derechos ni un alegato democrático. Es un manotazo de la élite que ve cómo se le cierra el grifo de la impunidad. Para este grupo, investigar es autoritarismo; revisar expedientes es venganza; aplicar la ley es persecución política. El problema no es el abuso del poder, el problema es que ya no controlan el poder.
María Amparo Casar no es una víctima indefensa. Es una operadora intelectual del viejo régimen, formada y proyectada por el PRI tecnocrático y la secta del PAN. Ocupó cargos, fue parte de las instituciones cuando la corrupción era regla y, más tarde, encabezó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, organización que actuó como ariete político opositor, selectiva en sus denuncias y silenciosa frente a los excesos del poder económico que sostuvo al neoliberalismo.
Aquí está el punto que el comunicado intenta ocultar, Héctor Aguilar Camín no es un simple firmante solidario. De acuerdo con versiones ampliamente comentadas en el espacio público, usó su peso político, mediático y de relaciones para acompañar y respaldar a Casar en la disputa por una pensión, operando como gestor informal ante el poder. No como analista, no como observador, sino como parte activa de una red de influencia. Por eso la furia. Por eso la defensa cerrada. Por eso el escándalo.
El resto del elenco confirma: Vicente Fox, el expresidente que convirtió la alternancia en simulación; Santiago Creel, arquitecto del panismo institucional; Jorge G. Castañeda, Denise Dresser, Carlos Elizondo, Roger Bartra, Sergio Aguayo. No son voces independientes, son un bloque. Coincidieron defendiendo reformas que privatizaron lo público, justificaron el adelgazamiento del Estado y blindaron a las élites. Hoy coinciden en blindarse entre ellos.
Fox reaparece como garante moral de un pasado que prometió cambio y entregó continuidad. Creel se presenta como guardián del “Estado de derecho” que siempre fue flexible con los poderosos y rígido con los de abajo. Casar fue parte de ese engranaje, legitimó el modelo, calló ante su corrupción estructural y ahora exige trato excepcional cuando el foco se posa sobre ella.
El libreto es viejo y burdo, “persecución política”. Es el grito reflejo de quienes confunden privilegio con derecho. Bajo esa lógica, nadie del club podría ser investigado sin que el coro mediático declare dictadura. La ley solo es válida cuando protege; cuando incomoda, es tiranía.
Y que quede claro, si María Amparo Casar es inocente, las autoridades deberán acreditarlo con hechos y dejarlo plenamente en claro. Nadie pide linchamientos ni juicios mediáticos. Pero si no lo es, si hubo abuso, tráfico de influencias o un acto de corrupción, entonces debe pagar, como cualquier ciudadano. Eso se llama Estado de derecho, no persecución.
Lo revelador no es el caso, sino la reacción en manada. Intelectuales orgánicos, comentaristas, activistas selectivos y panistas históricos cerrando filas por instinto de conservación. Saben que si se acepta el escrutinio para uno, se cae el pacto de protección para todos.
No hay persecución política. Hay algo que para esta élite resulta insoportable: el fin del trato preferencial. El país cambió, aunque se resistan. Y hoy el apellido, la firma prestigiosa y la red de contactos ya no garantizan silencio ni impunidad.
No defienden a María Amparo Casar.
Se defienden a sí mismos.
«El Soberano»
Columnista
Héctor Zariñana
@Hector_Zarinana
Comunicador Gráfico
Ciudad de México
Martes 16 de diciembre de 2025.
Comment here