“Esta semana, enterramos a este ominoso Poder Judicial”, celebró este miércoles la ministra Lenia Batres Guadarrama en un discurso que fue aplaudido por decenas de funcionarios, simpatizantes del movimiento de la cuarta transformación y por su próximo compañero y futuro presidente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Morales, y la ministra electa María Estela Ríos González.
“Nuestro pueblo merece una nueva era del Poder Judicial con acceso a la justicia, con austeridad y sin corrupción. Adiós Poder Judicial neoliberal. Nos toca construir la justicia mexicana”, dijo en el Museo de la Ciudad de México.
Batres Guadarrama presentó su cuarto y último informe de labores de la actual Corte, que el 31 de agosto cierra un ciclo de 30 años en su forma de operación tras la reforma judicial de 2024. En su discurso, la ministra defendió los resultados de su ponencia, un día después de que el presidente de la Segunda Sala, Javier Laynez Potisek, exhibiera que fue ella quien dejó más asuntos pendientes para la próxima integración del tribunal.
“Por cierto, fui la ministra a la que más asuntos se le turnaron en la Segunda Sala…Cabe señalar que quedaron pendientes de votación 34 asuntos en la Segunda Sala más 33 en el Pleno de la Corte. En ambos casos, se entregaron ya los proyectos de sentencia correspondientes a las y los nuevos ministros de la Corte, que votarán en los primeros días de septiembre próximo”, afirmó.
Al acto acudieron únicamente dos de los próximos ministros que integrarán la Suprema Corte. También asistieron legisladores federales y locales, entre ellos el senador José Narró Céspedes; alcaldes como la de Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández, y Aleida Alavéz Ruiz; así como el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Leonardo Anaya.
La ministra Lenia Batres estuvo acompañada además por su familia, incluido su hermano Martí Batres, director del Issste.
En su discurso, también subrayó que durante los últimos 30 años el Poder Judicial avaló decisiones que dañaron al país, entre ellas la legalización del anatocismo, la destrucción del sistema solidario de pensiones, las privatizaciones, fraudes electorales, montajes de la guerra contra el narcotráfico, el encubrimiento en la tragedia de la Guardería ABC, la liberación de capos y condonaciones fiscales millonarias.
Durante un año y ocho meses de gestión, la ministra resolvió 644 proyectos y votó en más de 2 mil 700 asuntos, lo que la convirtió en la integrante de la Segunda Sala con mayor carga de trabajo.
“He dedicado a acatar en cada uno de mis proyectos, resoluciones y votos el contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esa Constitución que en 1917 recogió el anhelo de justicia social del pueblo mexicano, y durante tres décadas fue sometida a los intereses rapaces de los depredadores neoliberales”, expresó.
Entre los resultados destacó sentencias como el reconocimiento del derecho de un médico militar con VIH a cursar la especialidad en psiquiatría; la confirmación de una multa de 108 millones de pesos a una empresa de análisis clínicos por prácticas monopólicas contra el IMSS; y la validez de la Ley General sobre Control de Tabaco, impugnada por casinos, donde se privilegió el derecho a la salud.
También mencionó el reconocimiento de la pensión de viudez para concubinas y concubinos en casos de coexistencia; la ampliación de licencias laborales para padres y madres de hijos con enfermedades graves, no sólo de cáncer; la obligación de traducir la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a lenguas indígenas en Oaxaca; la multa de 622 millones de pesos a un banco por manipular precios de bonos del Banco de México; y la constitucionalidad de las facultades de la UIF y la Cofece para obtener información financiera y sancionar prácticas monopólicas.
Batres también recordó resoluciones en las que quedó en minoría. Entre ellas, el fallo que obliga a la CFE Generación VI a pagar más de 3 mil 500 millones de pesos en impuesto predial; la indemnización ordenada al gobierno de Puebla por una obra no construida; la negativa de amparo a vecinos del Lago de Chapala que se oponían a desarrollos inmobiliarios; la autorización a una empresa intermediaria de Televisa para seguir operando pese a no tener personal ni infraestructura; y la revocación del amparo a un estudiante de la UNAM que cuestionaba el cobro de diplomados de titulación.
La ministra reportó un ahorro de casi 19 millones de pesos al erario, en conjunto con su equipo, al rechazar seguros privados, bonos y otras prestaciones. Además, señaló que en su gestión recorrió las 32 entidades del país para promover la reforma judicial y recoger más de mil 500 quejas ciudadanas.
La Jornada
Iván Evair Saldaña
Ciudad de México.
Miércoles 27 de agosto de 2025.
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