La denuncia de un posible financiamiento de 1,5 millones de dólares, proveniente del narcotráfico a la campaña presidencial de Guillermo Lasso, hace tambalear al Gobierno ecuatoriano ya desgastado por su calificación de gestión del 18 por ciento, una denuncia de corrupción y la derrota electoral que sufrió en las urnas el pasado 5 de febrero.
La información fue desvelada por el periodista Andersson Boscán, del portal digital La Posta, quien el pasado lunes, ante la Asamblea Nacional, aseguró que se trató de “desaparecer” un informe reservado de la unidad policial Antinarcóticos sobre la operación de la mafia albanesa en Ecuador que inició en mayo de 2021. “En el documento se registra el seguimiento a distintos miembros de carteles del narcotráfico y encontraron profundos, preocupantes y reveladores nexos con el gobierno nacional”, aseguró el comunicador.
Boscán también ha difundido paulatinamente grabaciones y documentos sobre actos de corrupción que apuntan al cuñado del mandatario, Danilo Carrera, y a su amigo personal, Rubén Cherres, como artífices de nombramientos de altos funcionarios en las empresas estratégicas del país, y que habrían cobrado coimas por los cargos.
Cherres, eje de las denuncias de narcorrupción, es identificado como socio del libanés Dritan Gjika, quien ha dirigido diversos negocios en Ecuador incluida una exportadora de banano relacionada con una importadora albanesa acusada de narcotráfico. Según una investigación del portal digital Plan V, Cherres y Gjika fundaron 13 empresas, la mayoría constructoras e inmobiliarias, de las cuales ocho fueron creadas en un solo día.
Ahora, el revelador documento, identificado con el número 04-UCTCI-DAI-DNIA-2022, compuesto de más de 145 páginas en las que constan transcripciones de más de 10 mil llamadas y conversaciones telefónicas de Cherres y otras 250 personas implicadas en la investigación, dinamita al Gobierno, que no ha logrado desvincularse de las acusaciones.
“Los generales de la República, los ministros del Presidente y el propio Presidente lo creían destruido (el documento). Se trata de un informe de inteligencia de Antinarcóticos, que inició en 2021, con cooperación de embajadas extranjeras en el Ecuador aliadas en la lucha contra el narcotráfico”, insistió Boscán al exponer transcripciones de llamadas telefónicas entre Cherres y autoridades del Estado que evidenciarían su relación con la mafia.
El informe, según la investigación policial, señala que existen suficientes motivos para sospechar que la campaña de Guillermo Lasso recibió 1.5 millonesde dólares provenientes del narcotráfico. Los recursos habrían sido gestionados por Cherres, resaltó Boscán, quien también denunció que todos los agentes que participaron en la investigación fueron desvinculados de sus puestos luego que en 2022 el exdirector de la unidad Antinarcóticos, el general Geovanny Ponce, habría ordenado que se cerrara la investigación policial.
“Esto ya no se trata de un caso de corrupción política. La investigación desarrollada revela la existencia del crimen organizado de la mafia internacional relacionado con el Gobierno”, resaltó Boscán.
Desde el Gobierno se ha aceptado la existencia del informe. El ministro de Gobierno, Juan Zapata, aseguró que la Fiscalía decidió archivar la investigación “porque no se encontraron los sustentos necesarios para continuarla”.
En ese reporte policial, según la Fiscalía, no se había logrado obtener elementos de convicción que aporten al proceso, pero advirtió que inició un control jurídico del caso “y si se encuentran elementos suficientes la investigación se reabrirá”.
En cadena nacional, Lasso, golpeado ya por una crisis de gabinete y el cambio de sus colaboradores más cercanos luego de que su propuesta de referendo que planteaba cambios en la estructura del Estado recibiera la negativa popular, rechazó la denuncia calificándola como un abuso a la libertad de expresión.
“No confundan, señores, libertad con libertinaje y abuso- señaló el presidente ecuatoriano-. Abuso es publicar un informe reservado, omitiendo decir que su contenido fue desestimado por la Fiscalía y archivado por orden judicial. Archivado por falta de méritos hace casi un año”.
“Ya los 15 minutos de fama de estos mercenarios del entretenimiento noticioso terminaron. Aquí está un Gobierno serio, transparente y fuerte, y vamos a dar la batalla a aquellos que quieren violar la libertad de expresión y convertir a este país en un libertinaje de historias perversas y malintencionadas para causarle daño a la democracia ecuatoriana”, resaltó Lasso con advertencias de “parar a los malcriados”.
En su alocución, y pese a haber convocado a un “acuerdo nacional”, el mandatario arremetió contra la Fiscalía General del Estado y la Función Judicial por liberar a delincuentes acusados de narcotráfico.
El comunicador y analista Gonzalo Ruíz considera que la intervención de Lasso fue asumida por unos como una posición de firmeza, pero para otros como “un síntoma de desesperación ante la abrumadora carga de ataques políticos”.
En este panorama, se alientan las voces opositoras que plantean el enjuiciamiento político al mandatario, elecciones anticipadas o una muerte cruzada, según alternativas constitucionales.
La opositora asambleísta Mireya Pazmiño advirtió que esta denuncia presentada sobre supuestos aportes del narcotráfico a la campaña de Lasso será parte de un informe de una comisión especial de investigación legislativa y que recomendaría el juicio político contra Lasso.
“Hay bastantes indicios de que el presidente haya recibido millón y medio (de dólares) del narcotráfico. Además, para pagar esos favores que recibió del narcotráfico se pusieron varias autoridades en unos lugares estratégicos para que pueda pasar todo el negociado del narcotráfico”, acotó Pazmiño ante medios locales.
Un informe presentado este viernes por el Frente Parlamentario Anticorrupción, FPA, afirma que el presidente Guillermo Lasso tenía conocimiento desde el 7 de julio de 2021 de las irregularidades que bordeaban las presuntas relaciones de Cherres con la mafia albanesa, así como las de este con su cuñado, Danilo Carrera, para la obtención de supuestos favores políticos, y cuestiona la decisión de no exigir investigaciones que sugirieron el archivo de la investigación previa, “el mismo que ha provocado conmoción y repudio social en la ciudadanía ecuatoriana”.
Mientras el índice de riesgo país, el cual mide la probabilidad de que una nación no pague sus deudas a prestamistas internacionales, escaló vertiginosamente para situar a Ecuador en 1.632 puntos, su nivel más alto en lo que va de 2023, el Gobierno se ha declarado “bajo ataque”. El ministro de Seguridad, Diego Ordoñez, asegura que “hay varios factores, sectores políticos y sociales ligados con agenda política, la delincuencia organizada, el narcotráfico y otros, que se suman en una línea de ataque de crear condiciones para justificar la existencia de un ambiente de inestabilidad y sustentar ilegítimamente una posible acción en el interior de la Asamblea Nacional que termine con el mandato del presidente Lasso”.
Pero más allá del argumento oficial, la investigación del FPA describe en un preocupante panorama que la institucionalidad y la democracia ecuatoriana están en serio riesgo. “El narcotráfico, la corrupción y otras formas de crimen organizado han contaminado gran parte del sistema sanguíneo del Estado ecuatoriano, de la clase política y sus partidos, de su institución de justicia, del sistema financiero e incluso han penetrado a las propias fuerzas del orden”.
El Tiempo
Ana Lucía Román
Bogotá / Lima, Perú
Martes 28 de febrero 2023.
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