El Juez Sexagésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó el embargo de bienes de la familia Jenkins para garantizar la devolución del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins, valuado en 720 millones de dólares.
El embargo responde a una demanda presentada el pasado 12 de marzo por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla.
En abril de 2014, la familia, constituida como patronato, firmó un contrato marco de donación registrado ante un notario de Jalisco, donde trasladó todos sus bienes y recursos financieros a la Fundación Bienestar de Filantropía, asentada en Aguascalientes, la cual después se movió a Barbados.
Finalmente, trasladaron los recursos a la Fundación para el Desarrollo Latinoamericano en Panamá.
En su demanda, la Junta de Puebla señala que todo este procedimiento se hizo sin la autorización de este organismo y por ello solicitó, como medida precautoria, el embargo de los bienes y cuentas bancarias de los miembros de la familia Jenkins.
Guillermo Barradas, abogado de la Junta, explicó que con la decisión del juez se embargarían todas las cuentas que tenga la familia en el sistema financiero, así como inmuebles personales y a nombre de la Fundación.
De acuerdo con el documento, el embargo incluye a los hermanos Roberto, Margarita, María Elodia y Juan Carlos Jenkins de Landa, así como a su madre Elodia Sofía de Landa de Jenkins.
Igualmente, a Juan Guillermo Eustace Jenkins y a los abogados de la familia, Alejandro González Muñoz, Virgilio Rincón Salas y Carlos Román Hernández, quienes fueron los representantes legales en el procedimiento de donación.
Para el aseguramiento de bienes, el juez de la Ciudad de México pidió a través de un juez competente en materia civil de Puebla, que el Instituto registral y catastral de Puebla se abstengan de cualquier modificación para cambiar el registro de los inmuebles que fueron objeto de la donación de 2014, entre ellos, el campus de la Universidad de las Américas y el Club Alpha.
A esta última decisión legal, anteceden una serie de medidas.
En junio del 2020, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJA) determinó que la Fundación Mary Street Jenkins debía pagar al SAT 629.3 millones de pesos por la operación realizada en 2014.
En marzo de este año, un juez del Estado de México emitió órdenes de aprehensión contra la familia.
Ese mismo mes, Virgilio Rincón Salas, uno de los abogados de la familia, dijo a REFORMA que los recursos de la Jenkins se sacaron del País porque el ex gobernador Rafael Moreno Valle -hoy fallecido- pretendía apoderarse del patrimonio.
Es nulo, supuesto embargo contra la Fundación Mary Street Jenkins
· El juzgado de la CDMX que emitió la actuación no tiene competencia para conocer el caso, en razón de que el domicilio de la Fundación se ubica en el estado de Jalisco.
· La Fundación Jenkins confía en el estado de Derecho y sostiene sin interrupciones su importante labor filantrópica en beneficio de millones de mexicanos.
Zapopan, Jalisco, a 19 de mayo 2021. Desde hace más de seis décadas, la Fundación Jenkins trabaja a favor del bienestar de México en diversas áreas como la educación, cultura, salud, deporte y asistencia social.
Consistente con el propósito para la que fue creada, la Fundación ha realizado una labor altruista con apego a las leyes mexicanas y a los estatutos de la misma, que respeta plenamente la visión histórica de sus precursores.
La familia Jenkins ha actuado con responsabilidad y legalidad para proteger y resguardar el patrimonio de la institución y garantizar, como ha sido, la continuidad de su labor altruista.
Por ello, como institución que respeta y promueve el Estado de Derecho en nuestro país, puntualiza que es nula la actuación de un juzgado de la Ciudad de México (CDMX) que habría ordenado un supuesto embargo en contra de esta Fundación.
Dicho juzgado carece de competencia para conocer del asunto, dado que la Fundación tiene su domicilio en el estado de Jalisco y, como consecuencia, todas sus actuaciones estan afectadas de nulidad, como ha quedado debidamente acreditado en el Juzgado Sexagésimo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la capital.
La Fundación Jenkins confía en el Estado de Derecho y sostiene sin interrupciones su importante labor filantrópica en beneficio de millones de mexicanos.
(Responsable del Texto: Vanessa De la Vega)
Reforma
Laura Carrillo
Ciudad de México
Miércoles 19 de mayo de 2021.
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