El arquitecto de la “verdad histórica” está acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia
El exfiscal general de México Jesús Murillo Karam ha sido vinculado a un proceso penal este miércoles por el caso Ayotzinapa, informó el poder judicial. Se le imputa por la desaparición forzada y tortura de 43 estudiantes de una escuela normal rural del Estado de Guerrero entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. Murillo Karam, preso desde el pasado viernes, también deberá responder en un juicio por delitos contra la administración de justicia, según dictó un magistrado durante una audiencia celebrada en Ciudad de México. Durante su comparecencia, el exfiscal ha defendido la llamada “verdad histórica”, el relato que elaboró tras la investigación que desarrolló la Procuraduría General que él encabezaba, entonces dependiente del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
“Puedo aceptar algunos errores, pudieron cometerse fallas, problemas y aceptar cosas que se hicieron mal, pero ninguno la ha podido tirar [ese relato]”, dijo el exprocurador, según un periodista del diario Reforma presente en la diligencia. La “verdad histórica” defendía que los 43 estudiantes fueron quemados en el vertedero de Cocula y no acreditaba la participación de militares, a diferencia del informe de una comisión gubernamental difundido el pasado jueves.
Murillo Karam fue detenido este 19 de agosto en un proceso en el que también se ordenó la aprehensión de 20 militares también relacionados con el caso. Policías y criminales participaron en la detención de los 43 estudiantes y su desaparición en presencia de los militares, según las nuevas investigaciones sobre el asunto.
Murillo Karam llegó a ser un peso pesado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó a México 71 años ininterrumpidos hasta diciembre de 2000. El exfuncionario fue arrestado el viernes último en su casa de un exclusivo barrio de Ciudad de México, un día después de que la comisión gubernamental difundiera el informe que rebate la “verdad histórica” y señala la participación de autoridades civiles y militares en la desaparición, que considera un “crimen de Estado”.
La actual Administración prometió avanzar en este caso y derribar la versión que el anterior Ejecutivo elaboró sobre el asunto, que nunca dejó conformes a las familias de los desaparecidos. En los últimos días, el Gobierno ofrecía su informe final y dejaba una frase que nadie quería escuchar aunque todos daban por probable: “No hay indicios de que estén con vida”. A partir de entonces se sucedieron deprisa las detenciones y las órdenes de aprehensión de 20 mandos militares y elementos de tropa. La trágica historia, uno de los símbolos de la violencia y la corrupción de las instituciones mexicanas de su época reciente, iniciaba un nuevo capítulo.
No se han recuperado los cuerpos, algo que obstaculizará cualquier proceso judicial, apenas se encontraron huesos cuyo ADN se relacionó con tres de los desaparecidos, pero la justicia ha iniciado su camino. ¿Hasta dónde se podrá llegar? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló sobre el caso esta semana que “va a estar muy difícil” que pueda procesarse a su antecesor, Enrique Peña Nieto, por este caso.
Pero Murillo Karam no es una pieza menor. Los familiares de los muchachos de Ayotzinapa siempre han tenido en la punta de mira al polémico fiscal que dejó frases para no olvidar, como aquel “ya me cansé” con el que dio por finalizada una rueda de prensa donde se le exigían explicaciones sobre el caso apenas tres meses después de la desaparición de los estudiantes. El suceso ha permanecido vivo desde entonces, y ha sido el motor de cientos de manifestaciones en México. Nadie olvida a los 43. Investigadores independientes han retomado aquellas investigaciones para concluir que el asunto tenía muchos agujeros por donde se escapaba la verdad.
En marzo, el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigaba lo ocurrido aquella noche y madrugada de septiembre de 2014, reveló que el fiscal Murillo Karam había visitado uno de los escenarios clave de aquella versión el 27 de octubre de aquel año, antes incluso de que lo hicieran los peritos de la Procuraduría. Era el basurero de Cocula, el lugar, dijo el propio Murillo, donde el grupo criminal Guerreros Unidos había asesinado y quemado a los 43. Murillo llegaba al basurero después de que la Armada manipulara parte del escenario. Por entonces, el mundo entero miraba asombrado las tareas que se llevaron a cabo en aquel vertedero y nadie se explicaba cómo se podía desaparecer y quizá asesinar a 43 personas sin que un Estado tuviera certeza alguna de lo ocurrido ni pista sobre el paradero de los cuerpos. La lógica solo conducía a un lugar: el propio Estado había tomado parte en el asunto. Ahora Murillo Karam tendrá que responder sobre su participación en uno de los más turbios asuntos de los últimos años de violencia en México.
Agencias
Ciudad de México
Miércoles 24 de agosto de 2022.
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