Harta de la corrupción y los abusos de David y Araceli Celestino, Santa María Coyomeapan expulsó al alcalde Rodolfo García, impuesto por los Celestino, y tomó las instalaciones oficiales. Pese a que en los hechos no ejerció el cargo, García recibió el presupuesto y lo reportó como gastado.
Santa María Coyomeapan, Pue.– En los dos años y cuatro meses que duró su gestión como alcalde, Rodolfo García López, del Partido del Trabajo (PT) y cuya familia mantiene su cacicazgo en el municipio, gastó el presupuesto superior a 260 millones de pesos de la demarcación nahua, una de las más pobres del país, sin ejercer el cargo y dejando a la población inmersa en una crisis política y social.
El 23 de febrero último, cuando faltaban menos de ocho meses para que concluyera su periodo, García López –esposo de la diputada federal Araceli Celestino, también del PT– solicitó licencia para separarse de un cargo que no ejerció, pues, según los habitantes, todo ese tiempo radicó en la ciudad de Tehuacán y apenas fue de manera esporádica a cuatro de las 44 localidades que conforman Coyomeapan.
Esta situación prevaleció desde el arranque de su trienio, el 15 de octubre de 2021, cuando el ahora exedil tuvo que rendir protesta en el vecino municipio de Ajalpan –a más de hora y media de Coyomeapan– y desde entonces no pudo ingresar a la mayor parte del territorio, donde se supone fungía como presidente municipal, debido a que los pobladores que se oponen a él y a su familia montaron filtros en los accesos carreteros para impedirle el paso.
No obstante, el ayuntamiento, encabezado por García López, recibió las partidas presupuestales que correspondían al municipio y emitió informes en los que asegura haberlo gastado todo.
Pero García incumplió con las funciones que el artículo 115 constitucional le confiere a la autoridad municipal, como son brindar seguridad pública, limpieza, mantenimiento de calles, mercados y panteones, entre otras. Tampoco operó oficinas de recaudación, ya que el ayuntamiento reportó haber recabado cero pesos tanto por predial como por servicio de agua en 2022 y 2023.
En Coyomeapan no hay policía municipal. Desde el 22 de agosto de 2021 los habitantes expulsaron de su territorio a los integrantes de esa corporación. Ni siquiera hay patrullas y policías locales en la comunidad de San Juan Cuautla que, según la versión de García López, fue sede alterna del ayuntamiento.
Durante este tiempo los pobladores se han organizado para suplir los servicios públicos con faenas y con recursos propios. Para su seguridad, participan en guardias comunitarias y nombran representantes que actúan como árbitros cuando surgen conflictos o alguien incurre en faltas administrativas.
Al anunciar su separación del cargo, García López argumentó que lo hacía para que en este municipio se puedan desarrollar los comicios de 2024 “de la mejor manera”.
En tanto, su esposa, la diputada federal Araceli Celestino, desplegó una intensa campaña para buscar la candidatura a la alcaldía de Tehuacán por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Sin embargo, al final sólo logró la postulación para la diputación local por el Distrito 25 de ese municipio.
Araceli Celestino. Corrupción. Foto: Especial.
Ante los reclamos de los pobladores de Coyomeapan, el secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, dio por hecho que la salida del edil resolvía la crisis, pues al realizarse las votaciones se renovará el ayuntamiento.
De acuerdo con integrantes de Unidad por Coyomeapan, la resistencia se dividió porque el gobierno cooptó a algunos miembros y –como una forma de desarticularlos– dio voz a gente de Antorcha Campesina, organización que busca quedarse con el control político del municipio.
El 5 de marzo último, un habitante de nombre Armando Ramos fue asesinado en un ataque, en el contexto de la pugna electoral.
A partir de ese crimen, los filtros que los vecinos mantuvieron por más de dos años fueron retirados. Y a mediados de marzo, representantes de comunidades plantearon la posibilidad de suspender las votaciones del 2 de junio próximo en esta demarcación.
Al cierre de esta edición, la población estaba dividida entre los antorchistas que sostienen que hay condiciones para los comicios y líderes comunitarios que temen que en este contexto se desate más violencia, los Celestino busquen su retorno o gane otra fuerza política que cometa aún más atropellos.
Origen de la crisis
Coyomeapan se ubica en la Sierra Negra, la región con mayor grado de marginación de Puebla. De acuerdo con el Inegi, 88% de sus habitantes habla una lengua indígena; 95.5% vive en la pobreza y 74.5% percibe ingresos inferiores a la línea de pobreza extrema, lo que coloca al municipio entre los 100 más pobres de México.
El conflicto social estalló la noche de las votaciones del 6 de junio de 2021, cuando distintas fuerzas políticas, sociales y religiosas conformaron el movimiento de resistencia Unidad por Coyomeapan, para oponerse al cacicazgo de los hermanos David y Araceli Celestino Rosas, quienes desde 2011 se turnaron por tres periodos la presidencia municipal.
Como otros grupos caciquiles de Puebla, los Celestino Rosas primero fueron priistas. Luego, en tiempos del gobernador panista Rafael Moreno Valle, se aliaron con éste y después se pasaron al lopezobradorismo –que antes combatieron– y a la llamada 4T, vía el PT.
Los habitantes denunciaron que, en días previos a los comicios de 2021, guardias blancas al servicio del entonces alcalde saliente David Celestino ingresaron a casas y agredieron a familias indígenas, a las que amenazaron o despojaron de credenciales de elector para imponer el triunfo en las urnas de García López, esposo de Araceli Celestino.
Los lugareños protestaron por el fraude y tomaron las instalaciones electorales. El 22 de agosto siguiente hicieron lo mismo con la Presidencia Municipal, la comandancia de la policía y el auditorio. Además, resguardaron con candados patrullas, vehículos oficiales, armas y municiones, y por ello no existe autoridad municipal.
Desde entonces expusieron públicamente las causas de su hartazgo. Por ejemplo, los Celestino recibieron recursos para construir en la cabecera municipal un campus universitario, un mercado, una casa de cultura, un hospital y una Casa del Abuelo, inmuebles que reportaron en operación, pero que nunca fueron terminados de edificar y se encuentran en ruinas o son cascarones.
Asimismo los pobladores acusaron a esa familia de apropiarse de un paraje boscoso que era del municipio y de recursos de un programa federal, para construir cabañas que usufructuaban como campo turístico.
Pero lo que acabó por unir a la población contra los Celestino fue la preocupación por la presencia de gente armada y talamontes que depredaban los bosques en esa localidad, al tiempo que se disparó la venta y consumo de drogas, en particular cristal.
De acuerdo con el Periódico Oficial del Estado, entre el último trimestre de 2021 y diciembre de 2023 la Secretaría de Planeación y Finanzas de Puebla entregó al ayuntamiento que encabezó García López 101.8 millones de pesos por participaciones federales; 25.7 millones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) y 138.6 millones del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (Faismun).
En 2022 el entonces edil destinó 10.4 millones de pesos –según contratos que publicó en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)– para abrir una brecha entre Santiago Texcalcingo, en el estado de Oaxaca, y la junta auxiliar de San Juan Cuautla, en este municipio.
Mediante ese camino García pudo llegar a las poblaciones de Tepepa de Zaragoza, Tequixtepec, Huitzílatl y al propio San Juan Cuautla, donde radican mil 817 pobladores, que representan sólo 12% de los 14 mil 806 que habitan esta demarcación.
Pero vecinos de Cuautla relatan a Proceso que este camino no era una demanda de esta comunidad y sólo se abrió para que García López tuviera una forma de entrar allí, donde el presidente auxiliar Abelardo Bolaños es su aliado político. Afirman que esta brecha más bien los ha perjudicado, pues ahora es usada por la delincuencia para entrar y salir de la zona.
A su vez, García López sostuvo que había gobernabilidad de Coyomeapan porque él instaló una sede alterna del Ayuntamiento en San Juan Cuautla, pero los pobladores dicen que ahí no despachó de manera permanente, ni operaron oficinas municipales. Cuando se necesitaba localizar al alcalde había que buscarlo en Tehuacán, a más de dos horas y media por carretera.
Los vecinos dicen que la última vez que vieron al munícipe en Cuautla fue en octubre de 2023, cuando hizo una ceremonia para presentar su segundo informe.
David Celestino. Cacicazgo. Foto: Especial.
Gastos en entredicho
En la Plataforma Nacional de Transparencia, el ayuntamiento de Coyomeapan publicó un resumen de la Cuenta Pública 2022 en el que reporta ingresos por 115 millones de pesos y egresos de 113 millones: de éstos, 15 millones dice haberlos aplicado en el funcionamiento del ayuntamiento, 3.4 para ayudas y 94.8 en inversión pública.
Entre los gastos de funcionamiento se incluyó la nómina de 60 supuestos empleados de la comuna, pero el 30 de octubre de ese año el Comité Municipal de Transparencia declaró confidenciales los nombres de los trabajadores, alegando que su integridad física estaba en riesgo.
Al revisar los contratos que el expresidente municipal publicó en 2022, salta uno por 636 mil pesos para edificar dos canchas multiusos en la Segunda Sección de Coyomeapan, localidad a la que no ha ingresado y en donde no existen tales instalaciones.
Entre otros, el Ayuntamiento informa haber ejercido nueve millones de pesos en la construcción de cuartos dormitorio, sin especificar dimensiones, materiales ni la cantidad de edificaciones o beneficiados.
En Tequixtepec, una localidad de 131 habitantes y sólo 31 viviendas, García López reporta haber usado 3.4 millones de pesos para construir ese tipo de cuartos. Ahí, refiere un vecino, el ayuntamiento ofreció 50 dormitorios, pero sólo se iniciaron 25 y, con fotografías, muestra que esas construcciones a la fecha están sin terminar.
Otra obra que cuestionan está en Tepepa de Zaragoza. García López anunció en 2022 que edificaría un plantel para estudiantes de bachillerato. Sin embargo, sólo inició los trabajos y a la fecha en el terreno sólo hay materiales, piedras y una retroexcavadora.
En la revisión de la Cuenta Pública de 2022 del gasto federalizado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó un monto de 9.4 millones de pesos entregados a este municipio y detectó irregularidades en 100% de su aplicación. En las observaciones se menciona la compra de una camioneta Tundra por 530 mil pesos para Seguridad Pública, sin que el gobierno municipal haya prestado ese servicio a los habitantes.
En 2023 la administración del petista recibió 132 millones de pesos de participaciones federales a través de las partidas de Fortamun y Faismun. No obstante, en la página de la PNT no transparentó ningún gasto de ese año.
Ingobernabilidad
Inés Parra Juárez, diputada federal por Morena en el distrito de Ajalpan –que incluye a Coyomeapan– señala que desde que los pobladores cerraron el paso a García López eran claras las condiciones de ingobernabilidad en el municipio, pero autoridades estatales y federales fueron omisas para actuar. En particular, indica, el Congreso de Puebla, donde Morena tiene mayoría.
El Artículo 57 de la Ley Orgánica municipal de Puebla establece, entre las causas para que el Congreso declare la desaparición de un Ayuntamiento, el que se suscite un conflicto “entre éste y la población del municipio que haga imposible el cumplimiento de los fines del mismo o el ejercicio de sus funciones”.
Parra, quien ha sido una voz crítica en Morena, advierte que ahora los legisladores poblanos son cómplices de los actos de corrupción que pudieron cometerse al haber permitido que se entregara el presupuesto a un alcalde imposibilitado para ejercer en plenitud el cargo.
Expone que el lema de Morena de “primero los pobres” es sólo retórica, ya que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido conocimiento de este conflicto y ella misma informó en su momento a Alejandro Encinas cuando éste ocupaba la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, pero fueron omisos para impedir más injusticias contra este pueblo.
La diputada refiere que ni aun el asesinato de tres indígenas de este municipio, entre ellos un menor, el 9 de mayo de 2022 –calificado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos como una ejecución extrajudicial– ameritó que se actuara para salvaguardar la seguridad y los derechos de esta comunidad que se opuso a uno de los muchos cacicazgos que subsisten en Puebla.
Hasta ahora no se ha esclarecido la autoría intelectual de esa emboscada perpetrada por policías estatales ni la de otros ataques armados a esta comunidad.
Rodolfo García López. El derroche de 260 millones de pesos. Foto: Especial
Claudia Martínez, dirigente del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Activistas (Conapa), dice que el conflicto postelectoral pudo resolverse en sus inicios si las autoridades estatales y federales hubieran atendido el hartazgo legítimo de los pobladores de Coyomeapan.
Sin embargo, sostiene, prevalecieron los acuerdos políticos que hizo con los Celestino el entonces gobernador Miguel Barbosa, y después su primo Julio Huerta Gómez, quien fue aspirante a candidato a gobernador por Morena.
La activista de Conapa recuerda que fue en el contexto de las primeras mesas de negociación que establecieron en el gobierno de Barbosa Huerta cuando fueron detenidos y apresados cuatro representantes de esta lucha, entre ellos la maestra Basilisa Montaño, exconsejera del Instituto Nacional de las Mujeres, a quien le fabricaron “cargos absurdos” como robarse un sobre con dinero. También se giraron órdenes de aprehensión contra 32 pobladores que a la fecha siguen vigentes.
Aparte, agrega, este municipio ha sido “castigado” por el gobierno estatal, el cual le retiró el servicio del Registro Civil, así que la mayoría de niños que nacieron en estos dos años no cuentan con acta de nacimiento; tampoco se han expedido certificados de defunción.
El 17 de marzo último, con la presencia de observadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), líderes nahuas acordaron que a principios de abril votarán en asamblea comunitaria si se suspenden los comicios y proponen elecciones extraordinarias bajo la observación de organizaciones como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la CNDH.
Mientras tanto, se plantean nombrar un concejo municipal integrado por todas las corrientes políticas y religiosas del municipio.
La salida del edil García López, sostienen, realmente no dio respuesta a sus demandas como castigo para los Celestino, justicia para los indígenas asesinados y el retiro de órdenes de aprehensión que siguen vigentes contra miembros de este movimiento.
“La lucha se inició contra las corruptelas que cometieron los Celestino durante 11 años y ahora resulta que se sumaron tres años más”, resume uno de los líderes.
Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, México
Lunes 15 de abril de 2024.
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