- Sí hay corrupción, pero se combate: Magistrado presidente, Héctor Sánchez
- Valle. La mayoría de los magistrados, abiertamente operadores panistas, se niegan a retirarse
- Todos perciben más de 2 millones de pesos al año
Zósimo Camacho
Al menos 20 de los más altos cargos en el poder Judicial del Estado de Puebla están ocupados por magistrados propuestos por los ex gobernadores panistas acusados de corrupción Rafael Moreno Valle Rosas (2011-2017) y Antonio Gali. Otros, con más años, les deben el cargo a gobernadores priístas como Mario Marín (2005-2011) también señalado de cometer diversos delitos. La mayoría tiene más de 30 años en el Poder Judicial y, algunos, más de 2 lustros, acuerdo con un expediente elaborado por organismos de inteligencia, del que Contralínea posee copia.
Amplios sectores del Poder Judicial de Puebla se han convertido en cotos de poder y negocios de personajes que pertenecen al mismo grupo panista cuya cabeza era Moreno Valle.
Como se recordará, el exgobernador y su esposa Martha Érika Alonso, entonces gobernadora en funciones, murieron en un accidente aeronáutico en diciembre de 2018. Aunque las elecciones celebradas en 2019 abrieron la oportunidad de renovar la administración pública estatal, en el Poder Judicial de la entidad panistas y priístas han cerrado filas para mantener intacta la estructura que el morenovallismo dejó en el sistema judicial poblano.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJEP) y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla es el magistrado forjó su alianza con Antorcha Campesina, organización tradicionalmente priísta que en los últimos años se alió con el Partido Acción Nacional (PAN).
En entrevista con Contralínea, el magistrado presidente del TSJEP, Héctor Sánchez Sánchez, rechaza los señalamientos y desestima las «acusaciones sin pruebas». Reconoce que los magistrados «sí reciben una compensación de 127 mil 300 pesos. Es decir, al mes cobra 261 mil pesos, monto que supera el sueldo del presidente de la República. Además, obtiene una gratificación anual de 206 mil 500 pesos, un bono anual de 1 mil pesos y primas semestrales de 3 mil 100 pesos. Así, en 1 año recibe 3 millones 345 mil 700 pesos.
El expediente señala que el presidente del Tribunal cuenta con un despacho propio —ubicado en la Torre Omega— con su operador principal: el abogado Alfredo Espinosa Alcázar o Alfredo Balcázar. Ahí laboran cuatro abogados más y siete pasantes.
Además, supuestamente litiga asuntos civiles y mercantiles a través del abogado José Fernando Guzmán Zárate; asuntos familiares, Julio César Ramírez y Villafaña; y asuntos penales, Tirso Sánchez de la Calleja y Pedro López Palacios. También lleva asuntos penales con Antorcha Campesina a través de Sergio Reyes Ramírez, Mauricio Campos Ortiz y Natalia Lucero Méndez Pérez, señala el expediente.
Según el documento, las actividades que se derivan de mantener el litigio mientras se ocupan cargos en Poder Judicial lindan entre el tráfico de influencias y las violaciones a la ley.
Entre 2014 y 2016, Sánchez Sánchez fue síndico municipal del ayuntamiento de Puebla, cuando Antonio Gali era el presidente del municipio. Ahí esas acusaciones son infundadas y se deben a que está combatiendo la corrupción al interior del Poder Judicial. Asegura, que esas versiones provienen de jueces a los que ha afectado en sus intereses al impulsar políticas de transparencia y limitar el nepotismo.
«Yo sólo diría, ¿existe algún elemento sustantivo, alguna prueba? No la hay. Conozco muy bien los sistemas de gente vinculada a estructuras que estuvieron trabajando aquí durante muchos años. Y van a decir eso y van a decir más, porque se les está afectando en sus intereses creados.
De su supuesta relación con Antorcha Campesina, el magistrado asegura: «Apenas me estoy enterando de esa acusación». En Puebla, dicha organización ha sido acusada de despojar impunemente diversos predios, como por ejemplo el de Villas del Periférico, que involucró hasta el uso de armas de fuego. En ese caso, de los 35 antorchistas detenidos en el lugar de los hechos, ninguno permanece encarcelado.
El expediente también apunta algunas irregularidades en materia administrativa. Por ejemplo, da cuenta de que en 2019 —un año después de que el magistrado Sánchez Sánchez asumiera la presidencia— el Poder Judicial obtuvo 30 millones de pesos, mediante ampliación presupuestal, que gastó en dos días al adjudicar contratos de publicidad sin licitación de por medio. Por este caso hay una queja ante la Auditoría Superior de Puebla que aún no se resuelve.
Otras denuncias tienen que ver con jueces, a quienes supuestamente se les intentaría obligar —desde la presidencia del Tribunal— a girar órdenes de aprehensión e imponer medidas cautelares de prisión preventiva en casos que no lo ameritan, y a liberar a otros que sí deberían ser de libertad. Aquí se apunta que el supuesto con el Ministerio Público, para que no haya apelaciones en los procesos, sería el ex fiscal Gustavo Huerta. Además, se advierte que los jueces que no aceptan estas indicaciones son cambiados de adscripción como supuesto castigo. No obstante, estas denuncias tampoco han sido resueltas.
También se ha señalado que desde la Administración General de Casas de Justicia se presiona a familiares de presos para que contraten abogados afines al Tribunal. Sobre todo, en aquellos casos de «cuantía considerable».
Los magistrados más antiguos
Entre los magistrados con más antigüedad en el poder Judicial se encuentra José Miguel Sánchez Zavaleta, con 12 años como magistrado y 39 años en el Poder Judicial del Estado. Otro es Joel Sánchez Roldán, quien acumula 11 años como magistrado y 35 en el sistema judicial.
También se encuentran Arturo Madrid Fernández con 15 años como magistrado y 33 años en el Poder Judicial de Puebla; Margarita Gayosso Ponce con 11 años como magistrada y 32 años de haber ingresado al sistema judicial. Martínez Ayuso suma I año apenas como magistrado, pero 31 años en el Poder Judicial.
Otro caso es el de Enrique Flores Ramos, quien murió el pasado 1 de febrero a causa de Covid—19. Al momento de su muerte sumaba 27 años como magistrado y 34 en el Poder Judicial del Estado.
A pesar de contar con los años previstos para la jubilación, ninguno de los magistrados desea dejar su lugar si no es mediante un proceso controlado de designación del sucesor.
Salas Civiles
La Primera Sala en Materia Civil está encabezada por el magistrado Ignacio Galván Zenteno. Fue nombrado en el cargo el 24 de julio de 2018, a propuesta del entonces gobernador panista José Antonio Gali Fayad. Antes del nombramiento, Galván Zenteno se desempeñaba como secretario de un juzgado de distrito. Es esposo de Arely Sánchez Negrete, quien fuera secretaria de salud en el gobierno del propio Gali.
Percibe mensualmente un sueldo bruto de 84 mil pesos más 77 mil en compensaciones, es decir 161 mil pesos. Asimismo, una gratificación anual de 129 pesos, un bono anual por un mil y una prima semestral de 3 mil pesos. En suma, al año cobra 2 millones 65 mil pesos. El documento señala que se vio involucrado en el caso de un robo de una menor que estaba bajo custodia del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal.
Otra integrante de la Primera Sala es María de los Ángeles Camacho Machorro. Su nombramiento data del 29 de noviembre de 2012, en tiempos del gobernador panista Rafael Moreno Valle. Tiene un sueldo mensual de 84 mil 503 pesos más una compensación de 76 mil 900, lo que suman 161 mil 400 pesos mensuales. A lo anterior se agrega una gratificación anual por 129 mil pesos, un bono anual por un mil pesos y una prima semestral por 3 mil 50 pesos. Así, al año percibe 2 millones 73 mil pesos.
La Primera Sala termina de integrarse con María Belinda Aguilar Díaz. Su nombramiento como magistrada data del 24 de noviembre de 2011, a propuesta del gobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas. Es esposa de Jorge Francisco Díaz Gil, quien se desempeñaba como subsecretario de Asuntos Políticos en la Secretaría de Gobernación estatal.
De acuerdo con el documento, Díaz Gil «está relacionado en una averiguación previa por el delito de evasión de presos, por autorizar —como subsecretario de Gobierno— preliberaciones de manera anticipada. Actualmente es el Notario 1 de Tlatlauquitepec, Puebla.
María Belinda percibe como magistrada un sueldo de 84 mil pesos más una compensación de 76 mil 800. Además, recibe una gratificación anual de 128 mil 500 pesos, un bono anual de 1 mil pesos y una prima semestral de 2 mil pesos. En suma, al año gana 2 millones 63 mil 900 pesos.
Los magistrados José Roberto Grajales Espina y José B Armando Mendiolea Vega, integran la Sala Segunda en Materia Civil. Aún no se ha designado a quien ocupará el tercer asiento, vacante por la muerte del citado Flotes Ramos. Los jaloneos continúan en el Poder Legislativo que, aunque tiene mayoría el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el gobernador Miguel Barbosa ha acusado a poder judicial de bloquear el análisis y la discusión de las ternas.
El expediente señala que Grajales Espina tiene, en realidad, como principal actividad su carrera política a través del PAN. Señala que, incluso, destina a ese empeño los horarios laborales. Fue nombrado el 29 de noviembre de 2012 durante el gobierno de su entonces correligionario Moreno Valle. Apenas 2 días antes había tomado posesión su compañero de sala Mendiolea Vega. Ambos tienen un sueldo de 84 mil pesos más una compensación garantizada de 76 mil pesos. Y gozan de una gratificación anual de 128 mil 500 pesos, un bono anual de 1 mil pesos y una prima semestral de 2 mil 900 pesos, Es decir, al año ganan 2 millones 66 mil 100 pesos.
Corno se señaló, Flores Ramos era el magistrado más antiguo de todo el Poder Judicial de Puebla hasta el pasado 1 de febrero, cuando falleció a causa de complicaciones por la infección del virus SARS Cov-2. Sumaba más de 27 años en el cargo, pues fue nombrado el 10 de diciembre de 1992, cuando el gobernador era el priísta Mariano Piña Olaya.
La Tercera Sala en Materia Civil está encabezada por el magistrado José Miguel Ángel Sánchez Zavaleta. Su nombramiento data del sexenio de Mario Marín Torres, en específico del 3 marzo de 2008. Otro integrante es Jorge Ramón Morales Díaz, nombrado el 15 de julio de 2011 en tiempos de Rafael Moreno Valle. Finalmente, María Emma peralta Juárez tomó el 22 de agosto de 2019, ya durante el gobierno de Miguel Barbosa Huerta.
Sánchez Zavaleta tiene un sueldo bruto de 84 mil 500 pesos más una compensación mensual de 76 mil 900 pesos. Además, una gratificación anual de 129 mil 100 pesos, un bono anual de 1 mil pesos y una prima semestral de 3 mil 50 pesos. En total, recibe 2 millones 73 mil pesos al año.
Por su parte, Morales Díaz cuenta con un sueldo de 84 mil 400 pesos más una compensación de 76 mil 900 pesos. Asimismo, una gratificación anual, o aguinaldo, por 129 mil pesos, un bono anual de 1 mil pesos y una prima semestral de los 3 mil pesos. Es decir, al año obtiene 2 millones 71 mil pesos. Las mismas percepciones presenta Peralta Juárez.
Finalmente, en la Cuarta Sala en Materia Civil el más antiguo de los magistrados es Elier Martínez Ayuso, con más de once años luego de que fuera nombrado el 28 de octubre de 2008, en tiempos de Mario Marín Torres. Tiene un sueldo de 84 mil 500 pesos más una compensación garantizada de 76 mil 900. Asimismo, una gratificación anual de 129 mil 100 pesos, un bono anual de I mil pesos y una prima semestral de 3 mil 100 pesos. En total, percibe al año 2 millones 73 mil 100 pesos.
Otro integrante de esta Sala es Jared Albino Scy, cuya toma de posesión data del 27 de noviembre de 2012. El documento señala que este magistrado es «el abogado de la familia Posada» (de historial de corrupción en el sector de la construcción) y que su esposa, Evelyn Pérez Orozco, fue la jueza municipal en San pedro Cholula cuando el presidente municipal era José Juan Espinosa. Añade el documento que «ahora ella litiga los asuntos que él le encomienda». Percibe 84 mil 400 pesos de sueldo más una compensación mensual de 76 mil 900 pesos. Además, una gratificación anual de 129 mil pesos, un bono anual de 1 mil pesos y una prima de 3 mil pesos cada semestre. Es decir, 2 millones 71 mil 100 pesos al año.
El otro magistrado es José Montiel Rodríguez, nombrado el 24 de julio de 2018 bajo el gobierno de Antonio Gali Fayad. Era el subsecretario Jurídico de Rafael Moreno Valle. Tiene las mismas percepciones que Soriano Hernández y que suman más de 2 millones 71 mil pesos al año.
Penales
Los magistrados Joel Daniel Baltazar Cruz, Amador Coutiño Chavarría y Arturo Madrid Fernández integran la Primera Sala en Materia Penal. El nombramiento de los dos primeros data del periodo de Rafael Moreno Valle. Tomaron posesión el mismo día: 24 de noviembre de 2011. Más antigüedad tiene el tercero, nombrado el 2 de junio de 2005, bajo el gobierno de Mario Marín Torres.
El documento señala que Coutiño Chavarría alcanzó el cargo »por injerencia de Víctor Carrancá» (ex fiscal), viejo amigo desde que eran estudiantes. Antes de asumir como magistrado, Coutiño se desempañaba en un Tribunal Colegiado en Cuernavaca.
Tiene un sueldo de 84 mil pesos más una compensación garantizada de 76 mil 900 pesos. También, una gratificación anual de 128 mil 500 pesos, un bono anual de I mil pesos y una prima semestral de 2 mil 900 pesos. Al año, alcanza a percibir 2 millones 66 mil pesos.
Mientras, Baltazar Cruz tiene un sueldo de 84 mil pesos mensuales más una compensación de 76 mil 900 pesos. Y recibe una gratificación anual de 128 mil 700 pesos, un bono anual de 1 mil pesos y una prima semestral de 2 mil 900 pesos. En total, suma 2 millones 68 mil al año.
Además, Joel Baltazar Cruz metió al Poder Judicial a su hijo Joel Baltazar Ávalos, quien hoy se desempeña como juez de oralidad de la región judicial sub oriente con sede en la ciudad de Tehuacán; percibe 45 mil pesos mensuales más una compensación de 39 mil pesos. Al sumar las prestaciones, recibe 1 millón 83 mil pesos anualmente.
Por su parte, Madrid Fernández, el magistrado presidente de la sala, tiene percepciones idénticas a las de Baltazar Cruz. Es decir, por más de 2 millones 68 mil pesos al año.
Con respecto de la Segunda Sala en Materia de lo Penal, los magistrados Marcela Martínez Morales y Alberto Miranda Guerra fueron nombrados con 2 días de diferencia, en el periodo de Rafael Moreno Valle. Martínez el 27 de noviembre y Miranda el 29 de noviembre de 2012. Ambos perciben 84 mil pesos mensuales más una compensación de 76 mil 900 pesos. Además, una gratificación anual de 128 mil pesos.
Moreno Gavaldón y Mancilla Amaro perciben 83 mil 900 pesos mensuales más una compensación de 76 mil 900. También, una gratificación anual de 128 mil 300, un bono de 1mil pesos y una prima semestral de 2 mil 800 pesos. Al año, suman cada uno 2 millones 64 mil 700 pesos.
Por su parte, Pérez Nava, magistrado presidente de la Sala tiene asignado un sueldo de 84 mil pesos.
Si hay nepotismo y corrupción en el Poder Judicial de Puebla: Héctor Sánchez
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla señala que el nepotismo y la corrupción se «combaten todos los días». Destaca su relación «excepcional» con el gobernador Barbosa y dice que las acusaciones de presionar a jueces y de litigar a través de terceros provienen de quienes antes tenían parcelas de poder en las instituciones.
Sí hay nepotismo y corrupción en el Poder Judicial del Estado de Puebla, reconoce el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Héctor Sánchez Sánchez, Pero, asegura, se combate todos los días. Destaca las certificaciones en mejora regulativa y administrativa que han obtenido las Instancias judiciales del estado y defiende los sueldos y el cargo vitalicio de los magistrados.
En entrevista con Contralínea, sale al paso de los señalamientos sobre sus supuestos negocios con despachas que litigan a su nombre y las supuestas presiones que ejerce contra jueces para que fallen en determinado sentido.
Asegura que nada hay de firme en esa información que, se le explica, consta en expedientes de inteligencia.
Señala que ‘por mi propia responsabilidad’•- no puede referirse a nombres de personas o despachos y solicita, previo a la entrevista.
Justifica las altas sueldos que él y los demás magistrados perciben. Y señala que las acusaciones en su contra se deben a que está combatiendo la corrupción que no se mencionen en las preguntas para no incurrir en faltas a la normatividad. Pero acepta hablar de todo.
Abogado egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es también notario y actuario. En 2017 ingresó como magistrado al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla y en 201 8 se convirtió en presidente del Tribunal Superior de Justicia, Antes había sido síndico municipal en la ciudad capital del estado, cuando el ayuntamiento estaba encabezado por Antonia Gali (2014-201 6), el mismo morenovallista que luego sería gobernador de la entidad (2017-201 B).
Justifica los altos sueldos que él y los demás magistrados perciben pues. asegura, corresponden a las «altas responsabilidades». De hechor argumenta que falta presupuesto para mejorar procesos y cumplir con más estándares de transparencia y rendición de cuentas. Explica de su trayectoria, cercana a personajes del círculo del fallecido panista Rafael Moreno Valle, en nada obstaculizan su relación con el actual Ejecutivo. Por el contrario, dice, la relación con el gobernador Miguel Barbosa Huerta es «extraordinaria».
Traje y corbata oscuros, peinado meticuloso. Sánchez Sánchez se muestra sobrio y pulcro. Se retira los anteojos para enfatizar algunas respuestas, Los señalamientos directos apenas esbozan un apretón de labios: pero responde sin exaltarse* incluso* de manera apacible.
—Los sueldos en el Poder Judicial siempre son muy cuestionados por ser muy altos. ¿Cómo se justifican actualmente los sueldos del Poder Judicial y, específicamente los de los magistrados?
—La tarea que llevamos aquí, en particular mis compañeros magistrados, es de altísima responsabilidad. EI enfoque particular de tu pregunta vale la pena resaltarlo: sí tenemos un sueldo dignar tenemos un ingreso que corresponde a esta responsabilidad de la que te hablo. Sin embargo, es necesario precisarte que a pesar de que Puebla es uno de los estados en crecimiento en población, economía. trascendencia, más grandes de la República, las Ingresos del Poder Judicial se encuentran por debajo de la media nacional. Es un ingreso adecuado a la responsabilidad, pero también es cierta que es un ingreso que no ha sido modificado de forma trascendente, por lo menos en los últimos 1O años. Hemos hecho ejercicios presupuestales. inclusa, para Igualar los sueldas de funcionarios que desempeñan tareas similares.
—Los magistrados del estado tienen un sueldo formal inferior al de otros estados: sin embargo, tienen una compensación garantizada importante, la cual sube de manera mensual los sueldos más allá de los 200 mil pesos. Es información pública que está en la Plataforma Nacional de Transparencia.
—Hay que revisarlo con puntualidad porque la compensación con el sueldo es justamente a lo que yo me refiera cuando te diga que estamos por debajo de la media nacional. Está publicado no sólo en Transparencia, sino que es la base de cotización del ISSSTEP [Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla) al que nosotros estamos afiliados. Y la compensación, que es este incremento que nos da también el Congreso del Estado, Sigue siendo esa cantidad que ni siquiera llega a pasar de esa media nacional, Es un salario digno y vale la pena precisarlo: nuestros sueldos, a diferencia de más de la mitad de los estados y por supuesto. de la Federación, es mucho muy inferior. Sin embargo, la carga de trabajo que compartimos es similar.
Tenemos una serie de documentos de agencias de inteligencia sobre el Poder judicial. En esos análisis se señala que el presidente del Tribunal cuenta con un equipo de abogados que están fuera del Poder Judicial que litigan asuntos que podrían interesarle al presidente del Tribunal. ¿Qué responde al respecto?
—Yo siempre he sido muy cuidadoso de enfocar mi trabajo y mi discurso a la tarea que es garantizar el acceso a la justicia. Sin embargo, lo subraya, cuando garantizas el acceso a la justicia y, sobre todo, implementas instrumentos de combate a la corrupción: haces cambio de adscripción de jueces que tenían más de IO años en un mismo Juzgada; les panes sistemas de gestión de control digitales, en donde si se llega a modificar algún registro queda huella… Si hablas, no nada más de los jueces, sino también te vas al equipo que está debajo de ellos, que son los secretarios Si un juez podía tener más de IO años, los secretarios podían tener más de 20. Si haces todo este tipo de modificaciones para combatir la corrupción, afectas intereses. Y cuando afectas intereses de particulares, de personas que tenían intereses creados en estas instituciones sus negocios particulares, que tenían aquí a su familia trabajando por esquemas de nepotismo heredados, es claro que emiten este tipo de comentarios. Yo sólo diría: ¿Existe algún elemento sustantivo, alguna prueba? No la hay par una simple y sencilla razón: ya tuve la oportunidad de ser un abogado litigante y por eso me atrevo a decir lo que estoy mencionando. Conozco muy bien los esquemas de gente vinculada a estructuras que estuvieron trabajando aquí durante muchos años, que cuando se hacen este tipo de movimientos para combatir a corrupción, pues claro que se ven afectados en sus intereses. Y van a decir eso y van a decir más, pero mientras nosotros estemos trabajando para garantizar el acceso a la justicia, creo que ese tipo de comentarios, perdón que lo diga, con plena subjetividad, a mí me viene a reforzar el mensaje de que estamos haciendo las cosas bien, y señalo: “un servidor no tiene un solo familiar directo ni indirecto trabajando en esta institución”.
—El expediente que lo señala a usted implica a despachos y abogados litigantes específicos, como parte de su estructura, más allá del combate a la corrupción que usted menciona que lleva al interior del Poder Judicial.
—Conozco a muchos abogados poblanos porque tuve la oportunidad de estudiar en la universidad pública del estado: y porque fui pasante, hice mi servicio social como auxiliar de defensor en estos juzgados, en el área penal y porque litigué más de 15 años en estos tribunales y en varios de la República. Que si conozco personajes de la abogacía, incluso, a nivel Internacional, claro que los conozco! Pero una manera de expresarte respeto por parte de las personas que puedan tener intereses, es que ni siquiera se atreven a ofrecérmelos. Saben perfectamente cuál va a ser mi respuesta. Los que me conocen saben que no tendrían la más mínima oportunidad de hacerlo. Hacerles eco a esos señalamientos tan subjetivos es darles un espacio de retroalimentación. Mejor, señores, hay instancias de denuncia.
—Litigó durante 15 años y conoció a muchas personas, Algunas de esas personas que siguen litigando podrían estar usando su nombre y hacer valer la cercanía que tuvieron o tienen con usted para buscar beneficios. ¿Cómo se garantiza que eso no ocurra?
—Finalmente, el combate a la corrupción es una tarea cotidiana. No se habla de un sistema, sino de una cultura que es a lo que tú te refieres. En esta institución nos esforzamos desde el año pasada en certificarnos. Fuimos el primer Tribunal que certificó sus procesos jurisdiccionales en la norma ISO.37001, que es una norma que tiene estándares internacionales en un sistema de gestión antisoborno. ¿Qué hace esa norma? Primero, nos diagnóstica. Me interesa mucho que durante mi gestión se combata la corrupción corno nunca se ha hecho. Además del diagnóstico. hay capacitación y auditorías que no son anunciadas para que, si se detecta una práctica de corrupción, ésta se denuncie inmediatamente.
• ¿Y Antorcha Campesina? ¿Hay acuerdos de protección con esta organización?
—Me estoy enterando de esta acusación. Te puedo decir que, como poblano y por la carrera pública que también tengo, claro que conozco varias de las organizaciones sociales de este estado. No existe antecedente, ni mucho menos forma de que alguna organización social o alguna persona, inclusa, pueda tener algún beneficio que esté fuera de los reconocidos por la ley. No puedo. por mi propia responsabilidad, señalar nombres y apellidos. pero personas de distintas organizaciones sociales han sido vinculadas a procesos durante la vigencia de la presidencia de un servidor, Reitero, este tipo de señalamientos obedecen al combate a la corrupción y, bueno, esto lo puedo tomar como una buena noticia.
—En el Poder Judicial de Puebla hay nepotismo y magistrados y jueces que se han eternizado en el cargo. ¿Por el bien del propio Poder Judicial no sería pertinente una renovación de este cuerpo de magistrados?
—Tendría que ser legislador para poder opinar en ese sentido. Recordemos que esto obedece a un diseño constitucional en donde, en este estado, la ley orgánica y la Constitución misma del estado de Puebla prevé que las designaciones de las magistraturas tienen la característica de ser inamovibles, ¿por qué? Porque así se garantiza que no se den figuras sexenales, que no se den magistraturas o resoluciones de Judicialización que deban a un régimen temporal su función o su nombramiento. Tiene una razón de ser, que es garantizar la autonomía del Poder judicial.
—Pero hay quienes tienen más de 20 años en el puesta y eso genera también parcelas de poder que, además, son vitalicias.
—También ha dejado una enorme huella en cuanto a formación jurisdiccional y crecimiento. Yo he reconocido a cada compañero que tiene carrera judicial, que empezaron, inclusive, desde abajo como oficiales, secretarios, jueces y luego magistrados, que ese aporte de haber sido miembros de la carrera judicial nos da mucha experiencia en el pleno. Creo que hacer la opinión de por qué tanto tiempo corresponde al Poder Legislativo.
—EI cuerpo de magistrados actual fue propuesto por gobernadores que hoy ya no están en el poder. Pertenecían a un partido distinto al que ahora gobierna en la entidad e, incluso, al que hoy es mayoría en el Legislativo. ¿No obstaculiza esta situación la relación institucional entre ambos poderes?
—El Ejecutivo, me refiero al gobernador Luis Miguel Barbosa, ha mostrado, verdaderamente, un respeto a la institución que debe n2conacerse. FI hombre es abogado, fue litigante, también entiende y conoce de procesos jurisdiccionales.
En su ejercicio y en absoluta legitimidad ha señalado casos que son de alta sensibilidad en materia de gobernabilidad, de las tareas que le corresponden a cualquier Ejecutivo, por lo que hace a la relación con los poderes: extraordinario respeto al Poder judicial. Nos ha permitido establecer relaciones de coordinación e, incluso, con flexibilidad. Yo no me imagino un estado en el que sus tres poderes no tuvieran coordinación, respetando las autonomías.
—Ha reconocido que hay nepotismo, ¿Cómo lo combate su administración?
—Cada designación de juez o juzgadora ha sido a través de examen. Hemos emitido a través del Consejo de la Judicatura del estado la primera convocatoria con perspectiva de género con una acción afirmativa. Se consiguió presupuesto para concursar I O plazas de jueces, por ejemplo, en materia penal y se estableció una fórmula advirtiendo que no existe una paridad real. Establecimos una fórmula en donde se designó que los primeros cinco lugares serán para mujeres y los otros cinco serán para las y los mejores evaluados. Me preguntaron: «¿Por qué no cinco y cinco?» Porque eso no es una acción afirmativa, cinco fueron para mujeres Si, los otros cinco fueron de libre competencia, pudiendo haberse dado el caso de que fueran, incluso, mujeres o cinco y cinco. La verdad es que el resultado práctico arrojó casi una paridad, fueron seis mujeres y cuatro hombres; pero hemos tenido esa oportunidad de designar jueces, primero, de carrera judicial y, fíjate, la única designación de jueces en la administración de un servidor que se ha realizado en favor de personas ajenas a la carrera judicial, la hicimos apenas, en este mes de septiembre, dado que implementamos la norma laboral en el estado de Puebla y publicamos una convocatoria abierta para un curso de oposición, es decir, capacitamos a los interesados en esa evaluación y concurso de plazas para juez. Y se concursó. En esta ocasión se nombraron tres plazas de juez en donde una recayó sobre una funcionaria pública que se venía desempeñando en la Fiscalía de la Ciudad de México: otra, sobre una servidora pública que se venía desempeñando aquí en las áreas de oralidad penal, y una tercera servidora pública que se venía desempeñando en la junta de Conciliación. Los procesos llevados a cabo no solamente con transparencia, sino con observadores y sí te puedo decir: creo que esa es la forma en la que deben de crecer los Poderes Judiciales.
¿Cuáles son los obstáculos para erradicar vicios en este Poder Judicial de Puebla?
Un obstáculo real es la falta de capacidad presupuestal o de un sistema de jubilaciones dignas para mis compañeros que, efectivamente, llevan 30 años siendo jueces, secretarios o, incluso, escribientes. Tenemos esa problemática porque son compañeros que han dado su vida a una Institución, pero que también se enfrentan a problemas reales no sólo de aptitud o actitud para las nuevas tecnologías, sino, incluso, de salud. Hoy somos un tribunal dinámico, que sale al interior del estado a pesar de tener 22 distritos judiciales, que vamos a los municipios, que llevamos servicios de justicia alternativa; que nos movilizamos para garantizar el acceso a la justicia, y cierto es que el cuerpo de nuestro poder judicial es un cuerpo que requiere tener mejores herramientas de jubilación, eso redundaría en un beneficio directo a la ciudadanía para poder tener audiencias más dinámicas, para poder tener, incluso, concurso de plazas entre personas que vienen ya con los nuevos sistemas jurisdiccionales. No así la justicia laboral que acaba de iniciar; no así, la justicia familiar. Uno de los mayores problemas que tenemos en el Poder Judicial es la justicia familiar: prácticamente el 70 por ciento de lo que recibimos en la Oficialía corresponde a justicia familiar que la encabezan divorcios encausados, alimentos y guardas y custodias de menores. Esto, sumado a la pandemia que trajo otras consecuencias negativas, nos ha generado una especie de cuello de botella en nuestros juzgados tradicionales. A partir del 1 5 de octubre, estas acciones, divorcio, alimentos y guardias y custodias, tratándose de menores, se llevan a llevar a cabo a través del juicio oral en materia familiar. Juicio oral de una forma dinámica, asequible, para que las audiencias se desahoguen, inmediatamente se señale la hora y en la misma audiencia el juez emita un acuerdo. No podemos hablar de que el juez va a dictar la sentencia cuando necesite desahogar un juicio, pero la diferencia contra todos los sistemas tradicionales, incluyendo el nuestro, pues que hoy se presenta una promoción por escrito y probablemente, un acuerdo en el mejor de los casos, recae en 24 0 48 horas, en otros casos recae en una semana.
¿Qué legado quiere dejar en su paso como presidente del Tribunal?
Tengo dos grandes pilares de actuación: el primero es justicia de proximidad. No podemos tener los tribunales alejados de las poblaciones donde no hay recursos económicos o no tienen buenas vías de comunicación y tienen problemáticas enormes. Un conflicto entre partes en la ciudad se dirime en un tribunal; un conflicto de la misma naturaleza en una población alejada de los centros, de las capitales o de las cabeceras municipales, no sólo carece de una instancia, sino que estigmatiza a las personas. Debemos de llevar los juzgados a cada rincón del estado, así sea de forma itinerante, pero es justicia de proximidad. La segunda columna es el combate a la corrupción. No vamos a ceder.
«Prácticamente el 70 por ciento de lo que recibimos en la Oficialía corresponde a Justicia Familiar. Por ello ahora las acciones se llevan a través del Juicio Oral» vías para que se presenten todas las denuncias y se investiguen y, sobre todo, los integrantes del Poder Judicial tengan claro que aquí no se solapa, y mucho menos se permiten, los esquemas que históricamente se venían dando en materia de corrupción, porque combatiendo la corrupción y acercándonos la gente, la justicia es algo que necesariamente va a equilibrar la vida de muchas personas. Todo lo demás es ya desarrollo de tecnologías y ánimos de ser servidores públicos. Un Poder Judicial transparente, abierto, mas no politizado. Parte del combate a la corrupción en esta institución fuimos el primer tribunal no sólo en certificarnos en los estándares internacionales de combate a la misma, sino que, además, a través de la Secretaría de Economía federal, nos hemos certificado y, perdón que lo reitere, también fuimos el primer Tribunal de Justicia en la República en lograr la certificación de mejores prácticas en juicios orales mercantiles.
Contralínea
Zósimo Camacho
Ciudad de México
Jueves 28 de octubre de 2021.
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