- Profesores, trabajadores administrativos y jubilados, apoyados por estudiantes, marcharon para rechazar un convenio al que califican como “un atentado” contra sus derechos laborales.
Académicos y estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se manifestaron este lunes para rechazar un convenio modificatorio al contrato colectivo de trabajo que firmó la rectoría con uno de los sindicatos en el cual, entre otras cosas, se modifican sus condiciones de jubilación y se incrementan los descuentos a sus salarios.
Los profesores, trabajadores administrativos y jubilados, apoyados por estudiantes, marcharon desde la facultad de Economía hasta la Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos en Ciudad Universitaria (CU), edificio en el que despacha la rectora Lilia Cedillo.
En ese lugar leyeron un pronunciamiento con el que rechazaron el convenio que pretende someterse a consulta, pues consideraron que es regresivo para sus derechos laborales y que traslada a los trabajadores la sostenibilidad del sistema de pensiones de la casa de estudios.
El acuerdo firmado por Cedillo y la Asociación Sindical del Personal Académico de la BUAP (ASPABUAP), una de las cinco organizaciones sindicales de esta universidad, pretendía ser sometido a consulta este 28 de octubre, pero ante las protestas generadas entre los académicos de diversas facultades, el ejercicio se suspendió y aún no se ha determinado nueva fecha.
En el posicionamiento, los trabajadores universitarios demandaron que se lleve a cabo una consulta “democrática e incluyente” a través de una mesa plural de análisis y negociación, en la que participen sindicalizados y no sindicalizados, así como especialistas en seguridad social, actuaría y derecho laboral, además de la representación sindical.
En su propuesta reclaman que se asegure el ejercicio del voto personal libre, directo y secreto, así como garantizar el derecho de acceso a la información y la ausencia de presiones y represalias contra las y los trabajadores universitarios.
“Ola de jubilaciones”
Al hacer un análisis del convenio que firmaron la rectoría y la ASPABUAP para modificar el contrato colectivo de trabajo, acusaron que es “un atentado” contra sus derechos laborales.
“Este convenio carece de claridad y certeza, pues no se dio a conocer un proyecto integral que sustente su contenido. La información presentada es insuficiente, es un convenio excluyente y se basa en un proceso antidemocrático y en contra del espíritu universitario”, denunciaron.
Aseguraron que las modificaciones propuestas afectan la seguridad social, las condiciones económicas, las expectativas de retiro y la certeza jurídica de las generaciones presentes y futuras de trabajadoras y trabajadores universitarios.
En principio, indicaron que modifica sustancialmente las condiciones de jubilación, prolonga la vida laboral -pues elimina el criterio de antigüedad para ejercer ese derecho -y reduce la pensión en un 85% y, en algunos casos más, respecto a las normas vigentes en la actualidad.
Consideraron que esto generaría una “ola de jubilaciones” de profesores con mayor experiencia de la BUAP que adelantarán su proceso de retiro para no verse afectados por esta reforma.
De igual manera, indicaron que este acuerdo disminuye el salario neto que percibe el trabajador activo, al establecer la obligación de aportar hasta el 15% de su salario y hasta el 15% de sus prestaciones y que tendrá una mayor repercusión para el personal con bajos salarios, para los recién contratados, para los que trabajan hora-clase y para el personal administrativo de base.
Además, agregaron que las modificaciones planteadas eliminan la jubilación por trabajo de alto riesgo que era de 20 años para quienes se desempeñan en áreas insalubres como el Hospital Universitario.
En el mitin en el que gritaron “No a la reforma, no a la reforma” y “No a las pensiones doradas”, entre otras consignas, los trabajadores universitarios reconocieron la necesidad de preservar la viabilidad financiera del sistema de pensiones de la BUAP, pero rechazaron que la estrategia se base en sacrificarlos con nuevas cargas económicas.
Reclamaron conocer con “precisión y respaldo documental” la situación financiera de la BUAP, en particular del fondo de pensiones y obligaciones institucionales acumuladas.
“No es justo exigir sacrificios económicos adicionales a quienes sostienen cotidianamente la docencia, la investigación y las funciones sustantivas de la universidad mientras subsistan dudas razonables sobre la distribución de los recursos”, reclamaron en su pronunciamiento.
Agregaron que antes de exigir mayores aportaciones de las y los trabajadores, la rectoría debe transparentar cómo se han administrado los recursos y demostrar por qué las medidas propuestas “son necesarias, proporcionales y equitativas”.
Entre otras cosas demandaron que se dé a conocer si existen pensiones “doradas” o privilegiadas y se informe sobre las remuneraciones salariales y extrasalariales de las autoridades universitarias, así como que se realicen auditorías independientes.
Las y los académicos se reservaron el derecho de acudir ante las autoridades laborales y los órganos jurisdiccionales competentes para solicitar una revisión de la legalidad del procedimiento de la aprobación de ese convenio.
Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx
Lunes 26 de octubre de 2026.
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