En 2025 se visitaron 278 centros penitenciarios y de reinserción social en las 32 entidades federativas, del fuero común y federal, así como prisiones militares, siendo la calificación más baja 4.37 y la más alta 8.26.
Sobrepoblación y hacinamiento en cárceles, así como falta de personal de custodia en centros penitenciarios y deficiencias en los servicios médicos, son algunas de las alertas encendidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su más reciente Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025.
El documento fue presentado por la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, en el Archivo General de la Nación (AGN), instalado en lo que se conoce como Palacio de Lecumberri, espacio que fue inaugurado durante el gobierno de Porfirio Díaz como penitenciaria, que se mantuvo hasta 1976.
Ante el titular de Prevención Social del Órgano Administrativo Descontrolado Prevención y Reinserción Social, Olaf Rodríguez García, en representación de Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y de titulares de los sistemas penitenciarios estatales, Piedra Ibarra, alertó “la persistencia y la deficiencia y las áreas de oportunidad que siguen sin ser atendidas oportunamente y que son reiteradas año tras año”.
El reporte realizado fue por personal de la Tercera Visitaduría, encabezada por Nestora Salgado García, quien durante el gobierno de Enrique Peña Nieto estuvo detenida por su pertenencia a la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero.
En 2025 se visitaron 278 centros penitenciarios y de reinserción social en las 32 entidades federativas, del fuero común y federal, así como prisiones militares, siendo la calificación más baja 4.37 y la más alta 8.26, manteniéndose una “tendencia general de calificaciones promedio de entre 6 a 7.71 entre los sistemas penitenciarios estatales, federal y militar del país”, indicó Rosario Piedra en la presentación.
Como resultado de las visitas, la CNDH detectó las principales fallas en centros penitenciarios estatales, destacando que en 98.9% de los casos no había una adecuada clasificación de las personas privadas de libertad; en 93.1% no había programas para la prevención y atención de incidentes violentos; insuficiencia de personal de seguridad y custodia en 92.3%, y en 77% había deficiencias en los servicios de salud.
Piedra aseguró que en 49.4% de los espacios supervisados, esto es 129 centros penitenciarios estatales se detectó sobrepoblación, y en 47.5%, 124 prisiones, se encontró hacinamiento, situación que “vulnera el derecho a una estancia digna y coloca a las personas privadas de la libertad ante diversos factores de riesgo que impactan su integridad y su salud mental”.
Alertó que en 2025 “se observaron con profunda preocupación nuevos escenarios contradictorios, pues si bien se observan avances en la mejora de infraestructura, tecnología y modernización de procesos, hay problemas en la calidad de los servicios y en atención integral que se brinda a las personas privadas de la libertad”.
Piedra Ibarra aseguró que a partir de 2025 el objetivo central del Diagnóstico será “incidir” para transitar a “un sistema penitenciario humanista, justo, menos punitivista, que priorice el mejoramiento continuo de las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, pero, sobre todo, que sierva de preparación para cuando recuperen la libertad”.
Cercana al proyecto político de Morena y de la Cuarta Transformación, Piedra Ibarra aseguró que los datos presentados “no atienden agendas políticas” para una certificación, sino que se enfocó en las necesidades de la población vulnerable internada en las prisiones y en cómo son los ancianos, las mujeres que viven con hijas e hijos en centros penitenciarios, personas con discapacidad, de la diversidad sexual, las poblaciones indígenas y afrodescendiente, entre otras.
Nestora Salgado García consideró que las bajas calificaciones en la operación de los centros penitenciarios “reflejan una importante desatención institucional que debe comprometer a todos los niveles de gobierno, recordando que el único derecho legalmente suspendido es la libertad y que tienen bajo su resguardo a personas dotadas de dignidad y derechos”.
La exconvicta, quien también fue senadora por Morena (2018-2024), alertó que en 2025 y lo que va de 2026, los incidentes violentos en los centros penitenciarios siguen presentándose e incluso han cobrado vidas de personas internas, de ahí la urgencia de “contratar más personal de seguridad y custodia, tanto en centros federales como estatales y que se cuente con personal especializado en cada materia de atención”.
Salgado García llamó a los directivos de los centros penitenciarios a “combatir la sobrepoblación y el hacinamiento en las cárceles, principalmente estatales, entre otros aspectos.
Las cárceles de México mantienen a 102 mil 53 personas sin sentencia
- La ONG «No Más Presos Inocentes» evidencia una crisis en el sistema de justicia penal del país
- Detrás de las cifras institucionales hay miles de historias de personas que claman libertad desde las celdas.
México rompió la barrera de las 100 mil personas encarceladas sin sentencia firme, lo cual evidencia una crisis en el sistema de justicia penal , demostró el colectivo «No Más Presos Inocentes».
Al menos 102 mil 53 personas están presas bajo prisión preventiva, de acuerdo con datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria, cantidad que representa el 40,4 por ciento de la población carcelaria total.
Ello significa que 4 de cada 10 internos permanecen tras las rejas bajo una presunción de culpabilidad, impulsada por estrategias punitivas y la ampliación del catálogo de delitos de prisión automática.
Según dicho colectivo, detrás de las cifras institucionales hay millas de historias de personas que claman libertad desde las celdas, denunciando la fabricación de pruebas, tortura y violaciones sistemáticas al debido proceso.
Detrás de la estadística hay personas
Entre ellas, destacan casos emblemáticos como el de Daniel García y Reyes Alpízar, que pasó 17 años en prisión esperando una sentencia debido a una acusación de homicidio.
Después de casi dos décadas de limbo jurídico, ambos fueron absueltos luego de que su caso escaló hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual emitió una sentencia histórica condenando al Estado mexicano por el empleo abusivo de la prisión preventiva oficiosa.
A pesar de esta sentencia, el Estado mexicano continúa la práctica, inclusive amplió el catálogo de crímenes con prisión preventiva automática.
Corrupción destruye el sistema de justicia: SCJN
En este marco, «No Más Presos Inocentes» afirmó que ha denunciado casos actuales, como el de Víctor Hugo Romero Domínguez, quien se encuentra preso en el penal de Chiconautla, Ecatepec de Morelos, Estado de México, acusado del delito de feminicidio en la causa penal 15/2026.
Su familia señala un «efecto corruptor» en el proceso. Luego de ser detenido en enero de 2025, Romero fue presuntamente incomunicado y trasladado de forma clandestina por diferentes fiscales durante cinco días, rebasando el límite constitucional de 48 horas. Durante ese período de retención ilegal, se habrían fabricado carpetas por cohecho y delitos contra la salud con el fin de prolongar su captura artificialmente.
La defensa técnica apunta a contradicciones científicas de gravedad: una primera necropsia hecha el día del deceso dictaminó que la causa de muerte de su pareja fue suicidio. Pero, dos días después, bajo una fuerte presión de colectivos y grupos de choque dentro de la fiscalía, las autoridades ordenaron una segunda necropsia en un cuerpo ya manipulado y en estado de putrefacción, modificando el diagnóstico a feminicidio para cuadrar la acusación.
De acuerdo con el colectivo, la urgencia política para mostrar resultados inmediatos provocan que las fiscales prioricen cerrar casos rápido a través de investigaciones deficientes.
El dato
Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 49 por ciento de los detenidos reporta violencia física o psicológica al momento del arresto con la finalidad de forzar confesiones, a la par que el 64% debe depender de defensores públicos saturados.
Proceso
El Universal
Gloria Leticia Díaz
Ciudad de México
Jueves 8 de octubre de 2026.
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