La red de corrupción orquestada por Genaro García Luna ha llegado a la coalición Va por México, conformada por el PAN, PRI y PRD, según dio a conocer el periodista Zedryk Raziel este viernes en el diario El País.
Según la información, el priísta Miguel Ángel Osorio Chong y el perredista, Miguel Ángel Mancera, ambos presidenciables de la coalición, encabezaron instituciones públicas que habrían desviado dinero mediante contratos simulados a las empresas de García Luna.
Además, la dirigencia del PAN habría entregado un contrato adicional a la red empresarial, de manera que, en total, García Luna habría recibido entre 2013 y 2018, 431.3 millones de dólares.
El principal desvío de recursos, menciona Raziel, habría ocurrido bajo la gestión de Osorio Chong como secretario de Gobernación, según se evidenció en la demanda civil del Gobierno mexicano ante una corte de Florida, con la que se busca recuperar gran parte de la fortuna construida por García Luna.
La acusación indica que se habrían otorgado 19 contratos por 427.6 millones de dólares a Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc, propiedad de los empresarios Mauricio Samuel Weimberg López y Jonathan Alexis Weimberg Pinto, testaferros de García Luna.
Estos desvíos habrían provenido del Cisen, el órgano de inteligencia y espionaje del Gobierno, así como del OADPRS, el organismo que administra las prisiones federales.
Al respecto, Osorio Chong se deslindó de los malos manejos de recursos, asegurando que él no tenía entre sus facultades la firma o los pagos de contratos de los órganos desconcentrados de la Segob, como era el caso del Cisen y el OADPRS.
Vínculos con Mancera
Según la demanda civil, también habría existido un contrato por 26.6 millones de pesos otorgado en octubre de 2017, bajo la administración de Miguel Ángel Mancera como Jefe de Gobierno, por la Fiscalía de la Ciudad de México a la empresa fachada Glac Security Consulting, Technology and Risk Management SC, propiedad de García Luna.
Además, en 2016 se contrató a la misma empresa para realizar un “diagnóstico integral de capacidades institucionales” de la unidad Antisecuestros, por el cual se pagaron 31.3 millones de pesos.
El representante legal de Glac Security Consulting era Edgar Anuar Rodríguez García, identificado también como testaferro de García Luna.
Según dio a conocer el diario Milenio, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación por dicho contrato, ya que fue asignado pese a que el proveedor no proporcionó la documentación que se exige por ley.
Esos fondos, originalmente debían usarse para fortalecer las capacidades de los agentes antisecuestro en materia de investigación y análisis, recopilación de información, atención de denuncias, uso de tecnologías, manejo de crisis y negociación.
En aquel entonces, Rodolfo Ríos Garza era el titular de la Fiscalía, y cuando renunció, en junio de 2017, Edmundo Garrido se quedó como titular. Dos meses después la dependencia volvió a contratar a Glac Security Consulting.
Pagos hechos por el PAN
En abril de 2015, este partido político entregó un contrato por 1.1 millones de pesos, firmado por el testaferro Anuar Rodríguez como representante de Glac Secutiry Consulting y, aunque la empresa se dedicaba al ramo de la seguridad, se le pagó por una “asesoría y análisis en procedimientos de recursos humanos en el Comité Ejecutivo Nacional”.
Dicho contrato fue entregado a García Luna por el tesorero del PAN, Carlos Alfredo Olson San Vicente, quien se encargó del manejo de los recursos públicos del partido entre 2010 y 2015.
Raziel indicó que intentó contactar al PAN para solicitarle documentos que comprueben que los servicios por los que se pagó fueron realmente efectuados por el proveedor, pero el partido dijo no contar con ellos.
Ante la corte civil de Florida, el Gobierno de AMLO ha reiterado que la fortuna de García Luna no sólo se hizo con sobornos del narcotráfico, sino que también a través del desvió de recursos públicos de los contribuyentes mexicanos.
“Se trata de una demanda novedosa con la que México intenta, por primera vez, arrebatar a un presunto criminal activos construidos sobre la base de actos de corrupción que representaron un daño al erario nacional”, concluye el periodista.
Polemón
Ciudad de México
Sábado 4 de febrero de 2023.
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