• Fundación Jenkins: batallas perdidas de la FGR
• Son pocos los casos en los que la Fiscalía General de la República (FGR) se ha obstinado tanto como en el de la Fundación Mary Street Jenkins.
En 2017, Guillermo Jenkins de Landa denunció a sus hermanos, e incluso a sus padres, por el despojo de un patrimonio de 720 millones de dólares en la Fundación constituida en 1954 por su bisabuelo William O. Jenkins, uno de los hombres más ricos de México en el siglo 20.
La investigación fue archivada en el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto porque la Secretaría de Hacienda notificó a la entonces PGR que no halló indicios de fraude fiscal ni de lavado.
Iniciado el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la FGR de Alejandro Gertz Manero reabrió la indagatoria sin autorización de un juez y en el 2021 consiguió 9 órdenes de aprehensión contra miembros de la familia Jenkins y sus abogados.
Simultáneamente, pidió las capturas de funcionarios del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que autorizaron el uso de marca de la UDLA a la Fundación Universidad de las Américas Puebla, cuyos patronos eran los mismos de la Fundación Jenkins.
Y al final también procedió penalmente contra el ex subprocurador de Delitos Federales de la PGR, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, y tres de sus colaboradores, porque supuestamente dictaron de manera ilegal el «carpetazo» de 2018 en favor de los Jenkins.
Todos estos casos, sin embargo, los ha ido perdiendo la Fiscalía. Las órdenes de captura contra los Jenkins y sus abogados han sido revocadas, algunas en la última instancia judicial y otras en cuando menos dos.
En el caso de los ex funcionarios del IMPI, un juez negó las capturas. Y, en el capítulo más reciente, el pasado 30 de junio un juez de control canceló el proceso y la investigación contra Muñoz y sus ex subordinados.
Un litigio añejo
El 25 de abril de 2011, Juan Ramos López, entonces apoderado de la Universidad de las Américas Asociación Civil (UDLA AC), denunció ante la PGR a funcionarios del IMPI por autorizar ilegalmente a la Fundación Universidad de las Américas Puebla el uso de marca de la UDLA.
La denuncia confrontó a la UDLA AC, que en aquel momento tenía como rector a Alejandro Gertz Manero, con una Fundación cuyos patronos eran los mismos de la Fundación Mery Street Jenkins.
El reclamo de Ramos era que el IMPI concedió el registro del nombre comercial “Fundación Universidad de las Américas Puebla”, cuando ya existía el registro previo de “Universidad de las Américas, A.C.”, violando los derechos de propiedad industrial.
El registro marcario señalado de ilegal lo otorgaron a partir del 11 de marzo de 1996, según la averiguación previa.
Con este expediente nunca ocurrió nada hasta que Gertz dejó la rectoría de la UDLA AC en 2018 y llegó a la titularidad de la FGR, acompañado de su brazo derecho Juan Ramos, a quien nombraría titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF).
La indagatoria de los registros marcarios estaba a cargo de la Delegación de la PGR en la Ciudad de México.
Constancias judiciales indican que el 14 de junio de 2021, la ahora FGR pidió la orden de aprehensión por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en contra de Rafael Manterola Icaza, ex director de Marcas, y Esperanza Rodríguez Cisneros, ex directora Divisional de Marcas. También contra Laura Martínez Macedo, ex coordinadora departamental de Examen de Marcas “A”; Patricia Eguía Pérez, coordinadora Departamental de Examen de Marcas “C”, y Mariana Guadalupe Cobo González, ex coordinadora departamental de Conservación de Derechos, todos del IMPI.
Aunque en este asunto también denunciaron a Jorge Amigo Castañeda, ex director del IMPI, la FGR no solicitó su captura.
En julio de 2021, el Juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales del Reclusorio Norte negó las capturas.
Conflicto por la Fundación
El 4 de mayo de 2016, la FGR inició una carpeta de investigación por los posibles delitos de lavado de dinero, defraudación fiscal, fraude y administración fraudulenta en la Fundación Mary Street Jenkins.
El detonante era una denuncia presentada por Guillermo Jenkins de Landa, quien en 2013 había sido removido por su familia como miembro del patronato de la Fundación.
Como denunciante, acusó que en abril de 2014, la Fundación donó su patrimonio de 720 millones de dólares a otra llamada Bienestar para la Filantropía que operaba en Aguascalientes, entidad que luego se dio de baja en México y trasladó su operación a Barbados y más tarde a Panamá.
Señaló como probables responsables a sus hermanos Roberto, Juan Carlos, María Elodia y Margarita Jenkins de Landa, a sus padres Guillermo Jenkins Anstead y Elodia Sofía de Landa Irizar y a Juan Guillermo Eustace Jenkins, así como a Manuel Mestre Martínez y los abogados Virgilio Rincón, Alejandro González Muñoz y Carlos Román Hernández.
El 6 de octubre de 2017, ésta y otra querella del denunciante fueron turnadas a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros (UEIDFF), que era parte de la SEIDF, entonces a cargo de Felipe Muñoz.
Cuando la FGR solicitó el pronunciamiento de Hacienda, el SAT respondió que no existía ningún delito fiscal y que, en consecuencia, no presentaría una querella contra los denunciados.
El 19 de diciembre de 2017, la UIF también informó a la Fiscalía que no halló indicios de lavado en este asunto, por lo que carecía de elementos para formular una denuncia.
Como la denuncia de Hacienda es requisito para fincar este tipo de delitos, el 4 de mayo de 2018, la UEIDFF acordó archivar el caso, con la autorización del subprocurador Muñoz.
En 2019, la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI) de la FGR, a cargo de Adriana Campos López, ordenó revisar esa carpeta de investigación.
Y en mayo y diciembre de ese año, Sofía Elizabeth Romero Franco, Patricia García García y Martín López Serrano, funcionarios de la FEAI, concluyeron que no había ninguna deficiencia ni irregularidad en el cierre de la indagatoria.
FGR, al abordaje
Aunque la FEAI hizo ese dictamen ya en la gestión de Gertz Manero en la FGR, unos meses después ocurrió un viraje de 180 grados.
El 12 de junio de 2020, el entonces Subprocurador de Delitos Federales, Juan Ramos, ordenó reabrir la carpeta de investigación y tres días después le reconoció la calidad de víctima a Guillermo Jenkins.
Poco después, el 27 de octubre del mismo año, Jenkins presentó una denuncia contra el “carpetazo” de 2018.
Con el caso reabierto, el 18 de febrero de 2021, la FGR pidió las órdenes de aprehensión contra 9 imputados, y seis días después un juez de control federal de Almoloya de Juárez, las giró por el delito de lavado de dinero.
Roberto, Juan Carlos, María Elodia y Margarita Jenkins de Landa, así como Elodia Sofía de Landa Irizar, Juan Guillermo Eustace Jenkins y los abogados Virgilio Rincón, Alejandro González y Carlos Román Hernández, se convirtieron en evadidos de la justicia.
Dos de ellos, Juan Carlos Jenkins y Román, comparecieron ante un juez de control y fueron vinculados a proceso, aunque no vieron comprometida su libertad. Los demás, continuaron prófugos.
Reveses: uno tras otro
Las órdenes de aprehensión contra los Jenkins empezaron a venirse abajo el 25 de abril de 2024.
Ese día, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de esta Capital ordenó cancelar el proceso y la investigación contra Juan Carlos Jenkins y el abogado Román.
El tribunal sentenció que fue inconstitucional la reapertura de la investigación, acordada el 12 de junio de 2020 por Juan Ramos, y dejó firme el archivo del caso dictado el 4 de mayo de 2018 por Muñoz y compañía.
El colegiado fue especialmente duro con la FGR, a la que calificó de arbitraria por tomar una decisión que sólo le compete a los jueces de control por pedido de la víctima.
“Es inexorable que como órgano técnico, en lugar de aceptar como finiquitada o concluida toda atribución persecutoria conferida en esa indagatoria, impulsara de propia autoridad su revocación y reactivación vía dictamen, reflejando un total desprecio al estado derecho”, dijo el tribunal.
Este año, prácticamente con el mismo argumento, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Toluca canceló las órdenes de aprehensión y la investigación contra los otros 5 integrantes de la familia Jenkins y los dos abogados restantes que estaban evadidos. Guillermo Jenkins aún puede impugnar este último fallo con un amparo.
Contraataca la Fiscalía
Tras el descalabro en el caso de lavado, la FGR decidió ir por quienes en 2018 archivaron esa indagatoria.
El pasado 25 de junio, la misma FEAI de Adriana Campos, que había concluido hace seis años que el archivo de la investigación era legal, imputó exactamente de lo contrario a Muñoz y tres de sus ex colaboradores.
En audiencia inicial, imputó un delito contra la administración de la justicia, en la modalidad de obstaculizar una investigación a Muñoz y Gustavo Pineda Buendía, ex titular de la UEIDFF; María Angélica Sánchez Méndez, ex secretaria técnica; y Alan Isaac Zamorano Dávila, ex agente del Ministerio Público Federal.
Les atribuyó desconocer la calidad de víctima, inicialmente conferida a Guillermo Jenkins, y no notificarle la decisión de archivar el caso, impidiendo que el querellante la impugnara.
También los acusaron de dictar ese “carpetazo” cuando aún estaban pendientes 6 actos de investigación.
Se refería la FEAI a 6 solicitudes de información financiera enviadas a American Express, la CNBV, el SAT y los pedidos de asistencia jurídica a Estados Unidos y Panamá, para que informaran si las Fundaciones Mary Street Jenkins y Bienestar de Filantropía, tenían cuentas en esos países.
Otro cuestionamiento fue que cerraron el caso pese a que el 16 de abril de 2016 recibieron unos análisis contables de otra área de la FGR que señalaban posibles delitos fiscales de los denunciados.
Los oficios de referencia señalaban que Elodia Sofía de Landa Irízar de Jenkins, madre del denunciante, supuestamente tenía diferencias de 2 millones 548 mil 436 pesos en el año anterior, entre sus ingresos obtenidos y los declarados al SAT.
En el caso de su padre Guillermo Jenkins Anstead, quien precisamente falleció en el 2016, la diferencia era de 8 millones 718 mil 631; y en Roberto Jenkins, de 26 millones 592 mil 491.
Sobre Manuel Mestre Martínez, la discrepancia era de 11 millones 761 mil 507; en Alejandro González Muñoz, de 10 millones 387 mil 951; en Carlos Román Hernández, de 7 millones 506 mil 482; y en Virgilio Rincón Salas, de 100 millones 423 mil 186 pesos.
A todo esto, el juez de control Roberto Posán Tornero resolvió que el archivo del caso de lavado quedó en calidad de intocado desde el 25 de abril de 2024, cuando el Décimo Tribunal Colegiado Penal canceló el proceso a Juan Carlos Jenkins y Carlos Román.
Por ello, el 30 de junio Posán resolvió no vincular a proceso y cerrar la investigación contra Muñoz y sus ex subordinados, porque les imputaron hechos que no constituyen un delito.
Horas después del fallo, la FGR anunció que iba a proceder penalmente contra el juez.
Reforma
Revista R
Abel Barajas
Ciudad de México
Domingo 13 julio 2025.
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