Enrique Aguirre

Enrique Aguirre


Policías estatales se manifestaron hoy para denunciar que el gobierno de Miguel Barbosa Huerta ha incumplido con los acuerdos pactados el 4 de junio, cuando levantaron el paro laboral que sostuvieron tres días.

En un comunicado que leyeron afuera de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, señalaron que el gobierno no ha proporcionado insumos de calidad para que se protejan del covid-19 y tampoco ha mejorado las condiciones laborales, como se comprometió en el acuerdo de hace dos meses, pues siguen sin contar con un seguro de vida

Revelaron que hasta este día 133 policías, de los cuales siete han fallecido y tres están en terapia intensiva, se han contagiado el coronavirus. Además, el Secretario de Seguridad, Raciel López, contrajo el virus por lo que se fue a confinamiento a su casa en Chiapas y ahora la dependencia se encuentra acéfala.

“A casi dos meses de las manifestaciones, los policías estatales continúan percibiendo salarios vergonzosos y trabajan sin tener seguros de vida que garanticen la tranquilidad de sus familiares, por si llegaran a morir en el cumplimiento de su deber”, indicaron.

Seguro de vida

Mencionaron que, aunque el gobierno dio por hecho que a partir de junio la póliza del seguro se incrementaría a 497 mil pesos, hasta la fecha no se han firmado, ni conocen con qué compañía está contratado, por lo que no podrían hacerlo efectivo.

De acuerdo a la agrupación Causa en Común, mencionaron que Puebla cerró el primer semestre del año con 12 policías asesinados en cumplimiento de su deber y a ninguno de los familiares les ha pagado el seguro de vida la Secretaría.

Hasta ahora, expusieron que el gobierno estatal ha cubierto sólo el 20% que corresponde a la prestación denominada IJ; pero no se ha proporcionado el aumento directo al salario que el mandatario aseguró que sería del 14%.

Insumos de mala calidad para protegerse del covid-19

También, denunciaron que la Secretaría de Seguridad les han entregado insumos de protección contra el covid-19 de mala calidad, además de que los equipos son insuficientes y eso ha derivado en contagios de los elementos y de sus familiares.

El representante de los uniformados, quienes estuvieron respaldados por el Observatorio Ciudadano Laboral, indicó que han pedido al asesor en seguridad del gobierno estatal, Ardelio Vargas Fosado, que vuelvan a establecer la mesa de negociaciones en agosto, como se acordó después de levantar el paro de labores que realizaron en junio.

Y advirtieron a las autoridades que retomarán la suspensión de labores en los próximos días, si no se cumple con la minuta de acuerdos firmada.

En tanto que el gobernador Barbosa Huerta aseguró en su conferencia de prensa que su gobierno ha cumplido hasta ahora todos los puntos del acuerdo salarial, pero que de cualquier forma establecerán diálogo para escuchar sus demandas.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Viernes 31 de julio de 2020.


La oferta para adultos mayores de 25 años comprende 19 cursos, siete talleres y el idioma inglés


Con inscripciones ya abiertas que concluyen el próximo 11 de septiembre, la BUAP oferta 19 cursos, siete talleres y el idioma inglés, a través de la Universidad para Adultos que abrió su convocatoria para el inicio de cursos y talleres Otoño 2020, dirigido a personas de 25 años en adelante.

La oferta de educación continua, ahora a través de una plataforma virtual, se enfoca a las áreas de la salud, historia, filosofía y humanidades, con una duración de 30 horas cada curso. Entre otros temas, en este otoño se impartirán “El sentido de nuestras decisiones”, “La comunicación no violenta y las emociones”, “Ética del amor”, “Puebla durante las epidemias sufridas en el periodo colonial y el independiente”, “Mejora tu vida con fisioterapia”, “Cómo emprender mi negocio en el sector de seguros”, “Psicología positiva” y “La construcción de la civilización occidental europea del siglo III al siglo XIV”.

Los talleres tienen una duración de 24 horas y están estructurados para dotar de herramientas y habilidades a los alumnos. La oferta de este periodo son “El celular inteligente para Android”, niveles básico e intermedio; “Computación”, niveles básico e intermedio; Excel y Word, nivel básico; así como “Introducción en el uso de herramientas de Google”.

La Universidad para Adultos fue creada y aprobada por el Consejo Universitario el pasado 9 de enero, para promover la formación y el desarrollo personal de adultos mayores de 25 años. El antecedente de esta universidad es el programa universitario 50 y Más, que nació en 2016 a iniciativa del Rector Alfonso Esparza Ortiz.

El inicio de estos cursos y talleres virtuales, cuyos cupos son de 25 y 20 personas respectivamente, es el próximo 14 de septiembre, a través de la plataforma Zoom. Para mayores informes, consultar la página www.50ymas.buap.mx.

Puebl@Media
Puebla, México
Jueves 30 de julio de 2020.


Cuatro estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad de las Américas Puebla participaron en la etapa regional de la ASCM Case Competition, coordinada por la Association for Supply Chain Management y la colaboración de Deloitte Consulting LLP; llevándose opiniones favorables de los jueces y augurando un buen futuro para siguientes intervenciones.

María Emilia Ayala Rosas, Mariam Ramírez Perroni, Luis Gerardo Martínez Jacobo y Rodrigo Rosas Miranda integraron el equipo de la UDLAP, que participó en la ASCM Case Competition, cuyo proceso inició con varios conjuntos de la casa de estudios, a los cuales se les dio un caso para ser analizado durante cuatro semanas, donde debían identificar el principal problema y proponer una solución a través de un video. El cual fue revisado por jueces de la asociación y de la compañía en consultoría, quienes designaron a estos estudiantes para avanzar a la ronda regional que ocurrió en la Ciudad de México.

En esa etapa, el caso fue de una empresa de jugos que tenía inconvenientes por cumplir su demanda, así que les fueron brindado a los estudiantes datos de su línea de producción y tenían que usarlos para dar la respuesta, así lo explicó Mariam Ramírez. “Nuestra solución fue que era un tema de mantenimiento, se tardaba mucho la gente de mantenimiento en solucionar los problemas que había”, expuso Emilia Ayala.

Ya en la capital del país, el desafío fue bastante intenso porque el equipo de la UDLAP era el más joven, además de que estuvieron dentro de un salón por seis horas continúas, buscando una solución a un caso de una compañía transnacional de automóviles con dificultades en la demanda. La propuesta de los estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla, exhibió Gerardo Martínez, fue ajustar números y la cadena de suministro para que pudiera satisfacer la demanda a pleno.

Lo anterior y demás soluciones fueron evaluadas nuevamente por jueces de la ASMC y Deloitte Consulting LLP, dando un veredicto no favorable para la UDLAP, pero recibió opiniones afables que representan una oportunidad para que los estudiantes refuercen sus conocimientos, hacia la próxima edición del certamen. “Competencias como estas son las que desarrollan nuestra potencialidad de una gran manera y es un buen espacio para que podamos emplear todas las cosas que hemos aprendido y ver nuestra calidad de aprendizaje en un entorno mundial”, comentó Rodrigo Rosas.

Puebl@Media
Cholula, Puebla
Jueves 30 de julio de 2020.


Investigaciones se destinan sobre la adquisición de bienes

El actual senador priista, Miguel Ángel Osorio Chong solicitó un amparo contra investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Auditoría Fiscal de la Federación (AFF) o de la Fiscalía General de la República (FGR) que le fue negado.

De acuerdo a un medio nacional, a dicho recurso se suma el presentado por su hijo, Miguel Ángel Osorio Vargas contra la indagación que realiza la Secretaría de Función Pública (SFP) a su familia, para evitar que se investiguen sus bienes o se inicie un procedimiento en su contra.

Las indagatorias se destinan sobre la procedencia de recursos utilizados para la adquisición de bienes, entre ellos una propiedad ubicada en Lomas de Chapultepec (Ciudad de México), que se sospecha fue habitada cuando Osorio Chong era titular de Gobernación en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto.

Indagan bienes de Osorio Chong

La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga "inconsistencias" en el patrimonio del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de su esposa Laura Ibernia Vargas Carrillo.

La SFP revisa la evolución del patrimonio de Osorio y su familia, y analiza propiedades, cuentas bancarias y la procedencia lícita de recursos. Conforme reportes oficiales, la dependencia coteja si sus bienes corresponden a sus ingresos como funcionario desde que fue Gobernador de Hidalgo.

En respuesta, el ahora coordinador de la bancada del PRI en el Senado y su esposa presentaron la semana pasada demandas de amparo para impugnar las conclusiones de la investigación.

En mayo de 2014, Laura Vargas dio aviso ante el notario público número 19 de Pachuca, Gustavo Teodoro Gómez Monroy, de una operación de compraventa de la residencia ubicada en Paseo de las Palmas 1380, en Lomas de Chapultepec, según consta en el folio 9434699 del Registro Público de la Propiedad (RPP) del Distrito Federal.
 
En ese mismo folio, dio aviso de la apertura de un crédito hipotecario con Banorte, según publicó en su momento la revista Proceso.

Osorio confirmó que la SFP inició la verificación patrimonial por la residencia en Lomas de Chapultepec, y explicó que pagaban una renta por habitar en esa casa, y que si bien se pidió un crédito hipotecario a Banorte para la eventual compra, éste fue cancelado.

Cuestionó que ahora la SFP lo está considerando como un ingreso no justificado.

Osorio explicó que presentaron los amparos porque la SFP no aceptó sus alegatos de defensa y porque se involucró a su familia.

"La propia autoridad tiene la respuesta a esas dudas pues confronta mis declaraciones con información fiscal y bancaria en la cual se puede verificar que todo está correcto", dijo el senador.

Al final del sexenio de Enrique Peña, Osorio declaró tener dos terrenos que adquirió en 2007 por un millón 120 mil 315 pesos, otro predio con valor de 53 mil 272 pesos y un palco que compró en 2001 en 30 mil pesos.

Además, reportó una cuenta de separación individualizada con un saldo de 2 millones 993 mil pesos y un cuenta bancaria con 4 millones 903 mil 424 pesos.

Laura Ibernia Vargas Carrillo, esposa de Osorio, presentó el 9 de julio el amparo 620/2020 ante el juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa.

 El acto que reclama es el acuerdo de conclusión de la VP/085/2019, que fue dictado el 24 de junio por la Dirección de Verificación Patrimonial de la SFP.

La jueza Laura Gutiérrez de Velasco admitió ayer a trámite el amparo de Vargas Carrillo, pero se negó a conceder una suspensión provisional contra consecuencias o actos derivados del acuerdo impugnado.

Vargas alega violaciones a varios artículos de la Constitución, entre ellos los que prevén el principio de presunción de inocencia; el principio de que la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora, así como las reglas para sancionar a los servidores públicos.

Agencias
Ciudad de México
Jueves 30 de julio de 2020.


Ricardo Raphael

Casi todo es novedad en el proceso penal que comenzó el 28 de julio en México contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX). La audiencia, presidida por el juez de control José Artemio Zúñiga Mendoza, ocurrió a distancia, bajo el formato de videoconferencia. El imputado asistió desde un lujoso cuarto privado de hospital, debido a una dolencia que presumiblemente no requiere hospitalización. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, propuso que el asunto trascienda al Poder Judicial y sea juzgado por “un tribunal ciudadano y popular”; y las filtraciones que preceden al juicio han colocado bajo el reflector a una serie larga de políticos encumbrados, lo cual hace que, en el ambiente público, floten ánimos furibundos de Circo Romano.

Sobre todas las cosas, destaca la expectativa de una delación sin precedente en la historia nacional de las corruptelas mexicanas. A diferencia de otras culturas, aquí el delator es un personaje infrecuente y por ello ha sido tan difícil quebrar el régimen de impunidad.

La tradición política mexicana prefiere a los chivos expiatorios que asumen individualmente los pecados colectivos, sobre el desmantelamiento de los modos y la corrección de las fallas de un sistema propicio para el crimen de cuello blanco y el hurto multimillonario al contribuyente.

Sería una verdadera novedad si, con este caso, se lograse dar la espalda a los patrones del pasado. Para ello importa mucho que Lozoya haya escogido a un abogado distinto a los hampones de siempre.

A diferencia de Javier Coello Trejo, quien llevaba originalmente la defensa, el nuevo abogado, Miguel Ontiveros Alonso, tiene como propósito aligerar los cargos que pesan sobre su cliente a partir de un intercambio de información con el Estado.

Ontiveros sostiene una teoría del derecho penal que promueve “el principio de oportunidad”. El jurista alemán Claus Roxin, profesor del abogado de Lozoya, alega que este principio sirve para hacer que los intereses prioritarios del Estado, como el conocimiento de la verdad, puedan lograrse gracias a la delación del imputado.

Se trata de una política criminal frecuente en casi todo el mundo democrático que, sin embargo, no tiene precedentes relevantes en México, para asuntos grandes de corrupción nacional.

La importancia de la delación de Emilio Lozoya será mayor a las penas previstas por la ley para los delitos presuntamente cometidos si sirve para revelar el nombre de los principales responsables, así como los mecanismos empleados para orquestar los delitos en los que el exfuncionario estuvo involucrado.

En sentido inverso, si tal estrategia naufragara, la estructura de impunidad que permitió la corrupción permanecerá intacta y, por tanto, se corre riesgo de repetición en el futuro.

No es lo mismo el principio de oportunidad que el oportunismo político. La política criminal mexicana ha sido tradicionalmente oportunista porque en ella ha primado la política a secas sobre el aspecto criminal.

Este caso podría implicar un giro de 180 grados. Lozoya ha sido denunciado por su participación en tres expedientes delictivos grandes: el primero implica a la empresa mexicana Agro Nitrogenados, el segundo a la brasileña Odebrecht, y el tercero a la española Obrascón Huarte Lain (OHL). En todos estos casos se asoman el cohecho, el lavado de dinero y el ejercicio indebido de la función pública.

La Fiscalía General de la República (FGR) asegura tener pruebas de que, cuando fue director de PEMEX, Lozoya manipuló al Consejo de Administración de la paraestatal para que esta celebrara una inversión por 635 millones de dólares, la cual implicó la adquisición de la empresa Agro Nitrogenados.

El dueño del negocio, Alonso Ancira, habría pagado una jugosa recompensa ilícita al exfuncionario porque esa inversión iba a significar un quebranto obvio y grave para PEMEX.

El caso Odebrecht implicó otra promoción del exfuncionario, también dentro del Consejo de Administración, a propósito del complejo Etileno 21, cuyo daño aproximado al patrimonio nacional ronda los 40,000 millones de pesos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un modus operandi parecido respecto a OHL, a quien Lozoya habría también beneficiado a través del Consejo de Administración de PEMEX, con un negocio que involucra una planta solidificadora de azufre, en Coatzacoalcos Veracruz, y una operación fraudulenta que ronda los 1,200 millones de pesos.

Mirando estos tres casos, resulta evidente que Emilio Lozoya Austin no pudo haber actuado solo. La secretaría de Hacienda ocupa un asiento muy importante en el Consejo de Administración de PEMEX y, sin embargo, los secretarios que se desempeñaron como titulares no hicieron nada para evitar los fraudes. Tampoco sirvieron de contrapeso las demás personas integrantes del Consejo, ni los órganos de control interno de PEMEX, ni el resto del gobierno, ni los legisladores de oposición.

La oportunidad para desnudar esta maraña es única y, si no se desperdicia el caso Lozoya, la política criminal del país podría dar una vuelta definitiva a la página de la corrupción.

The Washington Post
Ricardo Raphael
Ciudad de México
Jueves 30 de julio de 2020.


Este viernes los 217 presidentes municipales sostendrán una reunión con el subsecretario de Salud federal, Hugo López Gatell, como parte de la agenda establecida a desarrollarse en el estado de Puebla, por el tema de la pandemia por Coronavirus y la presentación del Plan Comunitario de Salud.

El gobernador Luis Miguel Barbosa adelantó que todos los actos encabezados por la autoridad de Salud federal en la entidad poblana serán virtuales, toda vez que la entidad se mantiene en Semáforo Rojo por la contingencia sanitaria, explicó Diario Puntual en su portal.
 
Lo anterior a excepción del día sábado, donde López Gatell, la Secretaría de Bienestar federal, María Luisa Albores González; el director de Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar, estén de gira por el municipio de Cuetzalan.
Te puede interesar: Desde Puebla López Gatell presentará Plan Comunitario de Salud

Mientras él, en su calidad de gobernador, estará acompañando al director general del IMSS, Zoé Robledo, a la inauguración anunciada el pasado 16 de julio, de la ampliación del Hospital de La Margarita, que por ahora registra un colapso en la atención de pacientes con Coronavirus.

El modelo de salud que se presentará en Puebla involucra 10 puntos: evaluar la vulnerabilidad comunitaria, identificar personas en mayor riesgo por Covid-19, reducir el riesgo de complicar y morir por Covid-19.

Detectar tempranamente a personas enfermas, otorgar un seguimiento estrecho, brindar una atención integral de la salud durante la enfermedad; detectar, estudiar, y controlar brotes comunitarios, dar soporte social solidario y continuar la atención general de salud.

Reforma
Aurelia Navarro Niño
Ciudad de México
Jueves 30 de julio de 2020.


Son señalados del delito de empresa criminal continua por colaboración con el Cártel de Sinaloa


El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por el delito de empresa criminal continua por colaboración con el Cártel de Sinaloa, y presentó tres cargos de importación de cocaína y conspiración internacional contra Ramón Pequeño García y Luis Cárdenas Palomino, dos de sus excolaboradores más cercanos.

La Fiscalía para el Distrito Este de Nueva York actualizo hoy la acusación presentada originalmente contra García Luna el pasado 4 de diciembre, que solo incluía tres cargos de narcotráfico y uno de falsedad en declaraciones.

En consecuencia, se solicitó a la Corte para el Distrito Este de Nueva York ordenar la aprehensión de Pequeño García y Cárdenas Palomino, a quienes la fiscalía caracterizó como "fugitivos" en un boletín de prensa.

Pequeño fue jefe de Inteligencia y después titular de la División Antidrogas, en la extinta Secretaría de Seguridad Pública federal.

Luis Cárdenas Palomino fue titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal y encargado de la división de Caminos.

El delito de empresa criminal continua contempla pena mínima de 20 años de cárcel, y máxima de cadena perpetua.

Para sustentar la acusación de empresa criminal contra García Luna, equivalente a la delincuencia organizada en México, los fiscales mencionaron seis cargamentos masivos de cocaína asegurados en Estados Unidos entre 2002 y 2008, que sumaron 50 toneladas.

En ese periodo, García Luna fue jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, y a partir de diciembre de 2006, titular de la SSP.

"Entre 2002 y 2007, García Luna presuntamente ayudó a al menos seis envíos de cocaína por un total de más de 50 mil kilos de cocaína. Además, los acusados colocaron a otros funcionarios corruptos en posiciones de poder en ciertas áreas de México controladas por el Cártel de Sinaloa", señala el comunicado.

Reforma
Ciudad de México
Jueves 30 de julio de 2020.


Jorge Zepeda Patterson

Mientras los críticos del presidente se regodean con la última ocurrencia que, a su juicio, demuestra la ignorancia o mala fe del mandatario, este teje un entramado de alianzas con poderes fácticos que van fortaleciendo su posición

Los muchos críticos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador asumen que su mayor, si no es que única, fortaleza reside en los niveles de aprobación que sostiene tras año y medio en el poder. La estrategia para derrotar al presidente mexicano, o al menos neutralizarlo, asumen en estos círculos, pasa entonces por minar esta fuente de apoyo mediante la exhibición de la pobreza intelectual y ejecutiva que atribuyen al presidente y la ineficacia de su Gobierno. Bajo esta lógica, por más argumentos populistas que difunda el soberano, la ausencia de resultados y la inoperancia terminarán por ahogar las expectativas y debilitar el apoyo de las masas.

Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. Es cierto que los niveles de aprobación han ido descendiendo aún cuando se mantengan por encima del 60% (en su máximo rozaron un 80%). Sin duda el ejercicio del poder desgasta la imagen. Pero hábilmente aprovechado el ejercicio del poder, como todo músculo, también se expande. Y es eso lo que ha venido haciendo López Obrador. Mientras sus críticos se regodean con la última ocurrencia o declaración que, a su juicio, demuestra la ignorancia o mala fe del mandatario, este teje un entramado de alianzas con poderes fácticos que poco a poco van fortaleciendo su posición y dotando de botones y palancas a la cabina de mando desde la que pilotea al país. Los adversarios creen que van ganando la narrativa ante la opinión pública, algo que incluso estaría en discusión, pero de lo que no hay duda es que el presidente está venciendo en lo que concierne a la correlación de fuerzas. Véase si no.

Las Fuerzas Armadas. A lo largo de muchas décadas, en México el Ejército ha sido leal al poder Ejecutivo, sin importar el partido o la persona que lo ejerce. Sin embargo en el caso de López Obrador la relación va más allá de una lealtad institucional. Las coincidencias están a la vista: origen social y geográfico, ideología y hasta giros del lenguaje son compartidos con el grueso de los soldados y sus oficiales. Las fuerzas armadas coinciden plenamente con la visión del presidente porque en muchos sentidos también es la suya. Un acendrado nacionalismo, una perspectiva estatista de los asuntos públicos, una obsesión por la historia patria, una atención mayúscula a lo qué pasa más allá de las ciudades, un contacto permanente con el pueblo y sus tradiciones. En muchos sentidos el presidente, es “su presidente” por vez primera en muchos sexenios. Consecuentemente, los militares han terminado por convertirse en su brazo derecho, el sector que goza de su confianza para ocuparse de todo aquello que no puede fallar, trátese de la construcción de sucursales bancarias, aeropuerto o tren, o de la distribución de medicinas, libros de texto y dinero de los programas sociales, administración de aduanas y puertos o limpieza del sargazo en las playas. Además, claro, de la seguridad pública, incluyendo el control de la Guardia Nacional.

Estados Unidos. No hay un presidente mexicano en la historia reciente que haya tenido la relación que López Obrador ha cultivado con la Casa Blanca. Y tratándose de Donald Trump, no es poca cosa. Si al menos ha servido para evitar las represalias que se suponían inminentes, dada la hostilidad del neoyorquino, lo que ha conseguido el tabasqueño es significativo. Están lejos los tiempos en que se decía que Washington imponía candidatos y vetaba decisiones de política interna de su vecino del sur, pero nunca más cierto que ahora el viejo refrán de que un catarro en Estados Unidos provoca neumonía en México. El diálogo abierto que sostienen ambos presidentes y algunas exhibiciones de apoyo mutuo, han convertido al factor “yanqui”, contra todo pronóstico, en un frente favorable para el supuesto presidente de izquierda que tendría que haber sido satanizado por Estados Unidos.

Cúpula empresarial. Contra lo que se piensa, López Obrador se ha cuidado de mantener una relación amistosa con las grandes fortunas del país. Si bien con los organismos empresariales ha mantenido una relación fluctuante, sobre todo por su renuencia a apoyar a la iniciativa privada en los paquetes de reactivación económica tras la pandemia, su relación con Carlos Slim, Salinas Pliego y similares ha sido regular y constante. En su Consejo Asesor Empresarial no están los representantes oficiales de los organismos empresariales sino los que verdaderamente pesan en la Bolsa Mexicana de Valores. Paradójicamente, incluso, la relación con los dueños del dinero en su conjunto podría ser más favorable que la de sus antecesores. Los presidentes del país solían tener sus favoritos, los llamados empresarios del sexenio; un par de constructoras, amigos favorecidos, compadres vinculados al poder. No es el caso de López Obrador. Ha abierto el juego de los proyectos ambiciosos al mejor postor y al parecer sin cargar los dados, como antes se hacía. Algo que los grandes capitales le están reconociendo.

Gobernadores de oposición. No en todos los casos, pero en algunos que se antojaban poco probables, el presidente ha logrado desarrollar una relación de empatía o hacer causa común con gobernadores de partidos rivales y, en esa medida, debilitado los intentos de formar un sólido club de mandatarios de oposición. Los titulares de Oaxaca o Hidalgo, de filiación priista, parecerían pertenecer a Morena e incluso los más enconados en sus críticas, como los de Guanajuato o Jalisco, han reculado ante las propuestas del presidente.

Otros frentes le son aun más favorables, pese a que los límites de este texto impidan abordarlos. En el poder legislativo ha obtenido las mayorías que necesita y en el sector obrero la difícil aristocracia sindical, dolor de cabeza de otros presidentes, actúa con timidez dada la popularidad de López Obrador entre sus bases.

En suma, los críticos del presidente han asumido erróneamente que su fortaleza reside en una narrativa demagógica que genera el apoyo de los sectores populares. Actúan como si se tratase de un fenómeno momentáneo: un líder carismático y un océano de personas engañadas. Bajo ese supuesto, piensan que bastará con denunciar el fracaso de sus políticas para pinchar la burbuja gracias a la que el tabasqueño se ha encaramado al poder. No es así. Para efectos prácticos, el presidente no ha hecho más que consolidarse a lo largo de los meses, más allá de los niveles de aprobación. En términos de correlación de fuerzas, hoy por hoy no hay oposición real o algún contra peso enfrente de su Gobierno. Por más que las columnas políticas o los hashtags de las redes sociales se solacen con el último meme de un desliz presidencial, este cada vez está más blindado.

El País
Jorge Zepeda Patterson
Ciudad de México / Madrid
Miércoles 29 de julio de 2020.


•    Advierten estancamiento por la constante rotación de secretarios

•    La pandemia no puede ser un pretexto para “no hacer nada”; la capacidad y efectividad de un gobierno se conoce en momentos de crisis.

Legisladores de oposición y afines al gobernador Miguel Barbosa Huerta coincidieron en que la pandemia de Covid-19 afectó el primer año de gobierno, con recortes de recursos y falta de obra pública, además de que la inseguridad y la pobreza son problemas pendientes.

A tres días de que cumpla un año la primera gubernatura de Morena, diputados advirtieron que el sistema de salud y la recesión económica son los principales retos del mandatario, además de que falta consolidar su gabinete, el combate a la corrupción y la impunidad.

La senadora Nancy de la Sierra Arámburo (del PT) señaló que la rotación de diez secretarios en solo un año provocó inestabilidad y estancamiento en las acciones de gobierno.

Si bien reconoció que la emergencia sanitaria obstaculizó el trabajo, puntualizó que los constantes cambios en el gabinete impidieron poner en marcha proyectos importantes que hicieran destacar el arribo de la “cuarta transformación”.

Ante los efectos de la pandemia urgió a priorizar la reactivación económica, mediante apoyos a pequeñas empresas y a la gente que perdió su empleo.

En el aspecto político recomendó al mandatario dejarse ayudar y “saber escuchar”, por lo que llamó a entablar diálogo entre legisladores y gobiernos para conformar una estrategia conjunta que ayude a mitigar los efectos de la pandemia.

Habla mucho, pero hace poco

Mónica Rodríguez Della Vecchia, coordinadora del PAN en el Congreso local, criticó que Barbosa Huerta todos los días “habla mucho, pero hace poco”, pues reclamó que realiza muchas ruedas de prensa, pero no hay obra pública, la pandemia está fuera de control y los feminicidios van en aumento.

En su opinión el gobierno está rebasado por la contingencia y la crisis económica, pero lo atribuyó a una irresponsabilidad del gobernador, por no tomar en serio la pandemia y afirmar que solo se enfermarían los ricos o que los contagios se curarían “con mole de guajolote”.

La exdiputada federal reclamó que el mandatario se ha dedicado a perseguir exfuncionarios y a pelearse con las cámaras empresariales o hasta con los alcaldes de su mismo partido, en lugar de hacer frente a la inseguridad o la violencia contra las mujeres.

Sentenció que la pandemia no puede ser un pretexto para “no hacer nada”, pues dijo que la capacidad y efectividad de un gobierno se conoce precisamente en momentos de crisis.

Sin estrategia ni adaptación

La diputada local Rocío García Olmedo (del PRI) denunció que después de un año el gobierno de Barbosa Huerta sigue sin estrategia ni adaptación, y la muestra de ello son los diez cambios en el gabinete.

Se refirió también a la falta de obra pública y la atribuyó a los relevos en la Secretaría de Infraestructura, mientras que los cambios en Administración y en la Secretaría de Salud también los vio como señal de que no hay entendimiento entre el mandatario y sus secretarios.

A la estrategia para combatir los feminicidios la consideró un fracaso, en vista de que suman 90 asesinatos violentos de mujeres solo en lo que va del año, de los cuales 35 se investigan como feminicidios.

La priísta coincidió en que la pandemia se utiliza como excusa para justificar la falta de resultados, pero puntualizó que la inseguridad y la violencia contra las mujeres ya existía desde antes y se supone que el nuevo gobierno tenía mecanismos para contenerla.

Prevén recortes para 2021

La diputada federal Nelly Maceda Carrera (de Morena) anticipó que Barbosa Huerta tendrá que enfrentar recortes presupuestales el siguiente año, por lo que advirtió “sacrificios” en varios rubros.

Al reconocer que en el primer año no hubo obras de infraestructura que destacar, adelantó que en 2021 probablemente sea igual debido a la falta de recursos.

Dijo que desde el gobierno federal se priorizará la salud, la educación y los programas sociales para “los más pobres”, así que habrá ajustes a la baja en las otras áreas.

Ven gobierno de “regular a bueno”

El diputado local Miguel Trujillo de Ita (del PES) calificó el primer año de Barbosa Huerta “de regular a bueno”, pues reconoció que la pandemia ha restado “brillo” a la administración, aunque defendió que ocurre lo mismo en los demás estados.

Como principal obstáculo puso la falta de recursos públicos, pues denunció que el año pasado el gobierno interino se gastó “casi todo” el presupuesto y dejó al nuevo gobierno solo el dinero para operar los cuatro meses que restaban al 2019.

En el combate de la pandemia dijo que se ha destinado gran parte de los recursos de 2020, pues resaltó que no ha habido apoyo por parte del gobierno federal.

Al preverse una recesión económica, auguró una crisis de la que el estado no se recuperará sino hasta dentro de una década, así que se pronunció por priorizar para 2021 únicamente la salud, la educación y la economía por encima de la infraestructura.

Ya no hay derroche

La diputada local María del Carmen Cabrera Camacho (del PT) destacó que por primera vez en el gobierno ya no hay “derroche” y se combate a corrupción, pues recordó las investigaciones abiertas por la deuda pública heredada por los gobiernos panistas; la presunta entrega irregular de notarías; los supuestos desvíos en contratos de obras y la presunta corrupción en la Secretaría de Educación.

En materia de seguridad presumió detenciones de criminales importantes y el desmantelamiento de bandas, aunque no dio ejemplos de ninguna, pero vio muy bien controlada la pandemia.

Fue la única entrevistada que “felicitó” al gobernador por su trabajo y dijo estar convencida de que ningún gobierno “de otro color” estaría gobernando mejor.

Aunque se buscó la opinión de Genoveva Huerta Villegas y Néstor Camarillo Medina, dirigentes estatales del PAN y el PRI, ambos rechazaron la entrevista.

e-consulta
Héctor Llorame
Miércoles 29 de julio de 2020.


Emilio “L”, ex director general del Pemex, recibió una segunda vinculación a proceso, ahora por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, relacionados con la red de corrupción orquestada desde la constructora brasileña Odebrecht.

Como la Fiscalía General de la República (FGR) no solicitó su prisión preventiva, el imputado quedó en libertad condicional, con las únicas medidas precautorias de portar un brazalete electrónico para su localización, se le retiró el pasaporte y se le ordenó acudir a firmar cada quince días ante el juzgado.

Con estas medidas, Emilio “L” podría volver a su domicilio en cuanto sea dado de alta del hospital privado donde convalece desde su extradición.

Al informar su decisión, el juez de control, Juan Carlos Ramírez Benítez, afirmó que con su actuación, el imputado “puso en peligro a la sociedad y al patrimonio nacional”.

El juzgador consideró que la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Pemex lograron aportar indicios de prueba suficiente sobre la probable aceptación de sobornos de la empresa sudamericana por 10.5 millones de dólares.

Según los indicios presentados, para ocultar los recursos mal habidos, Emilio “L” abrió cuentas bancarias y creó empresas para triangular el dinero, operación en la cual participaron más de tres personas, lo que configura el delito de delincuencia organizada.

Este mecanismo de lavado de dinero involucró a la hermana, esposa y a la madre del ex funcionario.

La hermana abrió varias cuentas bancarias para recibir el dinero de Odebrecht, la esposa adquirió una casa en Guerrero usando un fideicomiso creado por la constructora y la madre también permitió que se usaran cuantas con su nombre para lavar los recursos.

“Las tres omitieron reportar las operaciones ante las autoridades hacendarias”, señaló el juez.

Las medidas cautelares fijadas hoy, son similares a las que se le dictó en la víspera, por el otro cargo de delincuencia organizada relacionado con la compra fraudulenta de una planta de agronitrogenados.

La Jornada
Eduardo Murillo
Gustavo Castillo
 y César Arellano.
Ciudad de México
Miércoles 29  de julio de 2020.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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