Enrique Aguirre

Enrique Aguirre


Viri Ríos

Muchos mexicanos creen ser de clase media. La mayoría se equivoca. El malentendido impide solucionar los problemas más apremiantes del país y perpetúa políticas que solo benefician a las élites.


En México muchos creen ser clase media pero no es así. El 61 por ciento de la población se identifica como tal pero solo el 12 por ciento lo es. La mitad del país vive con un serio malentendido sobre su nivel de ingreso, confusión que comparten ricos y pobres por igual.

Es imperativo que el mexicano promedio deje de engañarse a sí mismo sobre su nivel de vida. La realidad es que el 84 por ciento de la población no tiene seguridad laboral o un sueldo que les permita satisfacer las necesidades de su familia, pero lo niega. Negar la realidad impide tener demandas políticas concretas y claras.

Como un doctor que debe evaluar primero qué enfermedad tiene su paciente, el mexicano promedio debe poder diagnosticar con veracidad sus carencias o privilegios a fin de saber qué se debe pedir a las autoridades. Es momento de empezar a hacerlo para fortalecer la clase media y reclamar las políticas necesarias para ampliarla.

Sin embargo, en México nadie parece ser muy honesto con su propio diagnóstico.

Los ricos piensan que son clase media. Los estudios de Alice Krozer han mostrado que aún entre el 1 por ciento más rico del país, dos terceras partes creen ser clase media. El mito de todos-somos-clase-media se repite en todo nivel de ingreso: mexicanos que ganan 120.000 pesos mensuales, por ejemplo, creen que tienen un sueldo “promedio” cuando en realidad ganan más que el 90 por ciento del país.

Lo mismo sucede entre los más pobres. Considerando que el 61 por ciento de los mexicanos cree ser clase media, incluyendo dos terceras partes de los más ricos, existen al menos 43 millones de mexicanos que viven en condición de pobreza moderada pero que creen que son clase media. No lo son, porque para ser clase media necesitarían ganar 64.000 pesos mensuales para una familia de cuatro integrantes, un nivel salarial que solo gana el 10 por ciento más rico de México.

No basta dejar de ser pobre para ser clasemediero. De hecho, hay casi 37 millones de personas que técnicamente no son pobres pero tienen carencias básicas como acceso a la salud, seguridad social o educación. Esto se debe a que la línea de pobreza del gobierno mexicano es demasiado baja. El CONEVAL calcula que con 3200 pesos mensuales una persona puede satisfacer todas sus necesidades, algo lejano de la realidad en muchas zonas del país.

Para ser clase media, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Social de Evalúa de Ciudad de México, se necesita tener ingresos suficientes para satisfacer necesidades de educación, salud, servicios sanitarios, drenaje, teléfono, seguridad social, electricidad, combustible, bienes durables básicos y no trabajar más de 48 horas a la semana. En promedio, la clase media en México logra esto ganando en promedio 16.000 pesos por persona.

El gobierno federal no debe enfocarse exclusivamente en eliminar la pobreza sino que debe convertirse en un mediador de una profunda y urgente extensión de la clase media. Es acertado que la agenda de López Obrador sea atemperar la pobreza, pero este es solo el primer paso. La creación de una clase media sólida y amplia debe ser la última meta de su gobierno.

Entre los 15 millones de mexicanos que sí son clase media recae una responsabilidad aún más importante: entender que están en peligro de extinción y que seguirán así mientras continúen pensando que deben compartir su agenda política con los más ricos. Los ricos no representan a la clase media. El modelo económico actual no promueve la movilidad social sino el estancamiento. En este momento, los integrantes de la clase media tienen mayor probabilidad de volverse pobres que de ser ricos.

Por eso la clase media debe despertar y atinar a crear una agenda económica específica. Y para ello los mexicanos deben enfrentar sus ideas preconcebidas con datos e información.

Un mito importante a derrocar es la idea, ampliamente extendida, de que en México los ingresos no suben por falta de educación. En realidad, como ha demostrado el estudio de Nora Lustig, Gerardo Esquivel y Raymundo Campos, que analiza datos de 1989 a 2010, los mexicanos han incrementado de manera significativa su nivel educativo sin que ello aumente sus ingresos. La productividad también ha aumentado. Los salarios no.

De hecho, en México educarse cada vez paga menos y esto es especialmente cierto entre los mexicanos con educación media superior. Parte de la razón por la que la desigualdad disminuyó, en promedio, a principios de este siglo, no fue porque haya aumentado el ingreso de los más educados, sino porque gente con educación que antes encontraba buenos empleos, ahora ya no los tiene.

En parte esto se debe a que los accionistas y tenedores de bonos mexicanos se han acostumbrado a quedarse con todo el pastel. Mientras que en Estados Unidos solo se quedan con el 21 por ciento del valor agregado creado por la empresa, en México se quedan con el 71 por ciento.

Es momento de eliminar el mito de que el país tiene una extensa y ancha clase media. Eso impide crear una coalición política que cambie una forma de hacer negocios que ha causado que la clase media no crezca. Y que ha concentrado el poder adquisitivo en un puñado de familias.

La agenda de esa nueva coalición política de clase media deberá entender, entre otras cosas, que aumentar educación no es suficiente para crear desarrollo. Y que crear empleos formales tampoco. Se debe hablar de promover la recuperación salarial y empujar la reforma del código fiscal para que el 10 por ciento más rico no tenga la misma carga fiscal que los ultraricos. El Estado debe crecer para invertir en servicios públicos de calidad y evitar que la clase media tenga que recurrir al pago de servicios privados, a pesar de pagar impuestos para tener acceso a servicios públicos.

Entre las agendas más críticas debe estar la eliminación de monopolios que ha enriquecido a unos pocos a costa de debilitar al empresario chico y de cobrar precios altos en los productos que ofrecen. Las fortunas hechas al amparo del poder son especialmente tóxicas para la clase media.

El Estado debe convertirse en una palanca de desarrollo que apuntale industrias productivas que generen buenos empleos y compitan a través de innovación y calidad. Debe siempre ser claro que generar riqueza para todos es más fácil que generar riqueza para unos cuantos, y posteriormente tener que luchar políticamente para redistribuirla.

Viri Ríos es analista política y colaboradora regular en español de The New York Times. @Viri_Rios
La autora es analista política mexicana y doctora en Gobierno por la Universidad de Harvard.

The New York Times
Viri Ríos
Ciudad de México
Lunes 6 de julio de 2020.


Jesús Silva Herzog Márquez

Las voces que se han alzado para advertir los inconvenientes de la visita del presidente de México a los Estados Unidos son elocuentes. En todos los tonos imaginables se ha recomendado la cancelación de ese viaje inoportuno. La carta del embajador Bernardo Sepúlveda al canciller Ebrard es impecable. El festejo del nuevo acuerdo comercial es una ceremonia "irrelevante" que no puede dejar de considerarse como una intervención mexicana en apoyo de la reelección de Trump. Nadie puede imaginar inocencia en ese gesto. Absurda y costosísima apuesta del presidente mexicano. Absurda porque el residente actual de la Casa Blanca ha sido uno de los más furiosos antimexicanos que haya dormido ahí. Absurda también porque parece una apuesta abierta por un candidato que tiene pocas probabilidades de triunfo. Sepúlveda cita las encuestas recientes: todas coinciden en advertir que la reelección de Trump es improbable. Su conducción de la crisis sanitaria, su respuesta a las movilizaciones antirracistas no ha hecho más que profundizar el repudio de sectores cada vez más amplios. Costosísima apuesta porque asume el riesgo de la enemistad de los demócratas. Distanciamiento no solamente con el candidato Biden, sino también con el partido que seguramente controlará el Congreso.

No deja de ser un misterio el que el presidente mexicano insista en que el propósito de su primer viaje al extranjero sea mostrar su gratitud al presidente que más nos ha insultado. Ese es abiertamente el propósito: voy a agradecer el trato respetuoso de Trump hacia nosotros. El nosotros al que se refiere no es, desde luego, el país. Tal vez los presidentes hayan tenido conversaciones razonablemente cordiales por teléfono. Es cierto que el magnate ha elogiado al presidente de México y que éste, a su vez, ha trazado un curioso paralelo. Usted, el opulento, yo, el humilde, hemos derrotado a las estructuras del poder tradicional para defender la causa de nuestros pueblos. Pero, más allá de la "química" entre los populistas que en tanto se parecen, el trato público de Trump hacia México ha sido siempre el insulto. Su propia carrera política despega con el antimexicanismo más pedestre

La visita de López Obrador no tiene, hasta el momento, otro propósito que la reunión con el presidente Trump. Se ha rechazado explícitamente la reunión con el otro candidato a la presidencia y no parece que haya encuentros programados con legisladores o medios, esos a quien Trump denomina los "enemigos del pueblo". El motivo de la visita, insiste en su carta Bernardo Sepúlveda, es absurdo. ¿Cómo celebrar la entrada en vigor de un tratado trilateral sin la presencia de los tres mandatarios? ¿Para qué hacerlo si ya entró en vigor? Aunque el primer ministro no viaje a Washington, el presidente mexicano irá. Elige ignorar también el presidente mexicano la deriva abiertamente autoritaria, si no es que fascista del mandatario norteamericano. Cuando los representantes de las democracias en el mundo hacen ascos al estilo de liderazgo militarista y a su provocación racial, el presidente de México se apresura a un encuentro sin cubrebocas. Aparecerán en algún jardín de la Casa Blanca escenificando para el mundo la cumbre de la saliva desparramada.

La conclusión de Sepúlveda es clara: "esa visita afectará negativamente al interés nacional". No encuentro en ningún lugar argumentos para justificar la visita. No encuentro tampoco el reportaje en nuestra prensa que identifique el camino de una decisión tan claramente inconveniente. ¿Qué ruta siguió la ocurrencia mañanera hasta concretarse en la reservación del vuelo? ¿Hay espacios de auténtica reflexión en el círculo presidencial? ¿Hay ámbitos en los que se pondere con rigor la oportunidad y el riesgo que derivan de un lance presidencial? Me temo que, ante la ocurrencia de una mañana, no hay reflexión que cuente. Es imposible el diálogo profesional, la seriedad administrativa cuando toda deliberación es, para el presidente, una prueba de lealtad a su proyecto. ¿Quién es el valiente que se atreve a cuestionar el atinadísimo instinto del presidente? Por eso, más allá del riesgo que corremos en la acción de gracias de López Obrador, contemplamos al gobierno como la servidumbre de sus ocurrencias.

Reforma
Jesús Silva Herzog
Ciudad de México
Lunes 6 de julio de 2020.


El compositor italiano Ennio Morricone falleció hoy a los 91 años en una clínica de Roma por las complicaciones de una caída que sufrió en los últimos días, confirmó la familia.

Morricone (Roma, 1928) murió durante la noche en la clínica Campus Biomedico de la capital, donde se encontraba después de que hace unos días sufriera una fractura de fémur por una caída.

El laureado maestro, célebre por sus composiciones para películas como la Trilogía del Dólar de Sergio Leone, fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2020, junto a otro de los grandes compositores, el estadounidense John Williams.

Uno de sus cuatro hijos, Marco Morricone, explicó que el funeral será estrictamente privado.

En un comunicado difundido a los medios la familia aseguró que se pretende respetar el sentimiento de humildad que siempre inspiró los actos de su existencia.

El músico "ha conservado hasta el último momento una plena lucidez y gran dignidad" y se pudo despedir de su esposa, Maria, que le acompañó en todo momento.

Uno de los médicos del centro, Vincenzo Denaro, amigo personal de Morricone, aseguró que su deseo era morir con total discreción y que estuvo lúcido hasta el final.

"Fantaseaba con quién se aliaría en el Paraíso, si con Beethoven o con Mozart. Le gustaba mucho eso", confió el doctor a los medios.

Morricone firmó algunas de las bandas sonoras más memorables de la historia del cine.

Inolvidables son sus temas para el padre del 'Spaghetti western', Sergio Leone, en aquella Trilogía del Dólar protagonizada por Clint Eastwood.

Entre sus cientos de creaciones destacan la que hizo para Nuevo Cinema Paradiso (1988) de su amigo Giuseppe Tornatore.

En 2006 Morricone coronó su portentosa carrera con el Óscar honorífico.

Y una década después, en 2016, lo ganó por la banda sonora que creó para el western Los Ocho Más Odiados (2015) de Quentin Tarantino, una composición que le valdría otros reconocimientos como un Globo de Oro o el Bafta de la Academia Británica. Una Carta de Despedida Antes de morir, el artista escribió una carta para despedirse de sus familiares y amigos, divulgada por su abogado, Giorgio Assumma.

"Yo, Ennio Morricone, he muerto. Lo anuncio así a todos los amigos que siempre me fueron cercanos y también a esos un poco lejanos que despido con gran afecto", dejó escrito.

Entre sus recordados especiales están Peppuccio Tornatore y su esposa Roberta, "amigos fraternos muy presentes en estos últimos años de nuestra vida", pero también su numerosa familia, empezando por sus cuatro hijos, Marco, Alessandra, Andrea y Giovanni.

Sus últimas palabras quedan para su esposa, Maria Travia, con la que compartió su vida desde que se conocieran en 1950.

"A ella renuevo el amor extraordinario que nos ha mantenido juntos y que lamento abandonar. A ella es mi más doloroso adiós", terminó. Italia Llora la pérdida de un Símbolo Su país, Italia, despidió a uno de los emblemas de su cultura, al autor de algunas de las bandas sonoras más aplaudidas y reconocibles de la filmografía mundial que le valieron decenas de premios como el Óscar honorífico que recogió en 2007.

En sus más de seis décadas de carrera trabajó para directores de la talla de Pier Paolo Pasolini, Lina Wertmuller, Roman Polanski, el español Pedro Almodóvar y Quentin Tarantino.

El jefe del Estado, Sergio Mattarella, lamentó su muerte y reconoció que sus bandas sonoras "contribuyeron grandemente a difundir y reforzar el prestigio de Italia en el mundo".

Al pésame se sumaron el presidente del Gobierno, Giuseppe Conte, y varios de sus ministros, pero también destacadas figuras del mundo de la cultura, como el director de orquesta Riccardo Muti.

La actriz Monica Bellucci, protagonista de Malena (2000), de Tornatore, quien siempre recurrió a la música del maestro, consideró que tenía la capacidad de mejorar el mundo al saber crear belleza.

Su ciudad también se despidió. La alcaldesa, Virginia Raggi, expresó su dolor.

"Roma llora hoy la pérdida de un artista muy amado". Y también su querido equipo de fútbol, el A.S Roma, que publicó una foto en la que se leía: "Gracias por todo, maestro".

La Sociedad Italiana de Autores y Editores adelantó que no dará declaración alguna sobre el deceso para respetar la voluntad de la familia de llevar la pérdida con la mayor discreción posible.

El último premio que le fue asignado fue el Princesa de Asturias de las Artes 2020, compartido con el estadounidense John Williams, y hasta hace un mes pretendía acudir a recogerlo el próximo octubre al Teatro Campoamor de Oviedo (norte), capital del principado español.

EFE
Roma, Italia
Lunes 06 de julio 2020.



Entre 2013 y 2016, Sedena realizó compras a una compañía que simulaba sus operaciones porque no contaba con empleados ni infraestructura


El Ejército mexicano desvió 240,5 millones de pesos (unos 14,8 millones de dólares) a una empresa fantasma que actuaba en confabulación con otras compañías para encarecer los bienes que ofertaba a la dependencia militar. Entre 2013 y 2016, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó compras a DRM Aceros Internacional por supuestos insumos para la producción de armamento, municiones, explosivos y equipos militares. Sin embargo, la autoridad tributaria determinó en octubre de 2018 que esta era una empresa fantasma que simulaba sus operaciones porque no contaba con empleados ni infraestructura para comercializar los bienes.

La instancia de la Sedena que otorgó los contratos fue la Dirección General de Industria Militar, un órgano técnico que se encarga de producir, ensamblar y mantener el material de guerra y los vehículos militares que utiliza el Ejército para su operación. La mayoría de las contrataciones fueron por adjudicación directa e invitación a cuando menos tres personas, es decir, sin una convocatoria abierta de contratación (licitación pública). La Defensa Nacional es la única dependencia federal que firmó contratos con esta compañía desde que se constituyó, ya que no hay registros de compras hechas por otras dependencias federales de Gobierno.

El Ejército mexicano es una de las instituciones con más poder en México. Durante los Gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto tuvo un papel preponderante en la llamada guerra contra el narcotráfico. Con la llegada de López Obrador poco o nada ha cambiado. Aunque en campaña el actual presidente planteó la opción de regresar al Ejército a los cuarteles, una vez que asumió la presidencia su discurso cambió radicalmente y se ha encargado de empoderarlos aún más. No solo legalizó la participación de estos en tareas de seguridad, sino que les ha encomendado liderar diversas tareas: desde el combate a la venta de combustible ilegal (huachicol) hasta la construcción de uno de sus proyectos más importantes: el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles.

López Obrador ha sostenido que la Sedena es una de las instituciones menos corruptas, pese a que la Auditoría Superior de la Federación —el órgano fiscalizador en México— ha documentado las irregularidades de los militares en las obras públicas que han estado bajo su ejecución. En el cancelado aeropuerto de Texcoco, la obra emblema del expresidente Peña Nieto, la ASF señaló deficiencias en la planeación y elaboración del proyecto ejecutivo que presentó la Defensa Nacional para la construcción de una de las pistas del aeropuerto. Los auditores también señalaron que los militares pagaron trabajos que no fueron realizados y que hubo sobreprecios en diversos servicios contratados en la edificación de la barda perimetral del inmueble.

Estas anomalías en el manejo de los recursos públicos por parte del Ejército no fueron las únicas. Esta investigación de EL PAÍS revela que en el sexenio anterior, la Sedena contrató a DRM Aceros Internacional para que le suministrara diversos insumos, pese a que esta no contaba con experiencia empresarial y simplemente era una firma de papel. La sociedad fue constituida el 19 de septiembre de 2013 ante un notario de Tlalnepantla, en el Estado de México, y dos meses después firmó su primer contrato. De 2013 a 2016 la empresa le vendió a la dependencia diversos materiales para la fabricación de cañones, lanzagranadas, así como piezas que son usadas en los procesos productivos para fabricar los componentes de los fusiles, cartuchos y granadas de mano, se lee en los contratos consultados en Compranet, el sistema oficial de compras de Gobierno. Este diario solicitó a la Sedena saber si los mandos involucrados en las contrataciones fueron sancionados, pero esta pidió requerir esos datos a la Función Pública, quien finalmente no brindó ninguna información.

DRM Aceros no solo simulaba sus actividades, sino que para vender a un mayor precio los insumos que le ofertaba a la Sedena se confabulaba con otras empresas, concluyó la Auditoría Superior tras hacer una revisión a tres procedimientos de contratación realizados en 2015. En las rondas de adquisición para comprar 30 mil piezas de barras de acero en enero de 2015, la compañía se puso de acuerdo con otras dos de las sociedades participantes, que solo presentaron sus propuestas para favorecerla. La ASF detectó que una de las accionistas de la compañía ganadora había sido comisaria de la otra sociedad mercantil que compitió.

No solo eso, el acero lo vendió a la Dirección de Industria Militar con un sobreprecio de 143,9%, ya que el material costaba 8,3 millones de pesos (522.637 dólares al tipo de cambio de entonces), pero DRM Aceros lo vendió en 26,7 millones de pesos (1,6 millones de dólares). Además, el órgano fiscalizador señaló que era probable que estuviera incumpliendo sus obligaciones fiscales porque con los datos proporcionados por Hacienda se pudo constatar que ésta realizó importaciones de acero, pero en su declaración anual de 2015 nunca informó de estas compras.

En otra ronda de asignación también de 2015 la Auditoría detectó que DRM Aceros (ganadora del contrato) presentó un certificado que respaldaba que los bienes ofertados los había producido una acerera española. Sin embargo, tras revisar las facturas que amparan la compra, los auditores se percataron que el acero fue adquirido en México con una empresa nacional, que a su vez lo había comprado a una compañía italiana. “Con esto se estima que el certificado presentado por la empresa adjudicada no es fidedigno”, concluyó el órgano fiscalizador. Esta triangulación, donde DRM Aceros fungió como intermediario, ocasionó que los bienes fueran vendidos con un incremento de 2,3 millones de pesos (144,827 dólares).

En el mismo procedimiento de contratación nuevamente se detectó contubernio entre los participantes. Según la Auditoría tres de las empresas estaban relacionadas con DRM Aceros, ya que en los movimientos notariales se encontró que compartían accionistas, comisarios y representantes legales. En otra contratación de septiembre de 2015 la compañía ganadora respaldó su propuesta con un certificado que la acreditaba como distribuidora autorizada de los insumos, pero omitió decir que éste se lo había expedido otra de las compañías participantes en el procedimiento.

Las compras que la Sedena hizo a esta empresa mediante invitación restringida las justificó asegurando que de esta forma se garantizaba la participación de especialistas en el ramo y que no era conveniente llevar a cabo una licitación pública porque había pocas compañías con los insumos y capacidad de respuesta inmediata. Este argumento es uno de los más utilizados por el Ejército para evitar los concursos de contratación, dice Marco Fernández, coordinador de área anticorrupción de la organización México Evalúa. “Hay un abuso a las excepciones por las cuales pueden asignar directamente, son 38 justificaciones a la ley”, menciona. Otro problema es que muchos de los contratos no son públicos y los clasifican como reservados valiéndose del argumento de la seguridad nacional.

Los datos recabados por la escuela de Gobierno del Tec de Monterrey y México Evalúa muestran el abuso que la Defensa Nacional ha hecho de la asignación directa. Mientras que en 2013, al inicio del sexenio de Peña Nieto apenas asignaban 270 millones de pesos (21,1 millones de dólares al tipo de cambio de entonces), en 2018, el último año de ese gobierno, la cifra alcanzó los 3.270 millones de pesos (170 millones de dólares). Ahora con López Obrador la Sedena entregó contratos por 5.000 millones de pesos (259,6 millones de dólares) en 2019 sin lanzar una convocatoria de contratación, detalla Fernández. Estas asignaciones que carecen de transparencia pueden dar margen a actos irregulares en las contrataciones. “La Sedena debe rendir cuentas y debe haber un escrutinio para evitar corrupción. No se vale decir que porque son el Ejército hay un honor intangible que hace que sus contratos estén rodeados de un aura que los protege (de anomalías)”, menciona.

Sanciones endebles

Estas contrataciones a DRM Aceros se dieron durante la gestión, primero, del general Gerardo Rubén Serrano Herrera como titular de la Dirección de Industria Militar, que estuvo en el cargo desde principios de 2012 a enero de 2015. Tras una serie de reacomodos, Serrano Herrera quedó como titular de la primera región militar, que comprende la capital del país, el Estado de México, Hidalgo y Morelos. Luego, en diciembre de 2016 fue enviado a comandar la XI región militar, que abarca los estados norteños de Coahuila y Chihuahua. Actualmente se encuentra retirado de las fuerzas armadas.

En enero de 2015 asumió la Dirección de Industria Militar el general Genaro Fausto Lozano Espinosa, que estuvo en el puesto hasta diciembre de 2016 cuando pasó a retiro. En una ceremonia realizada el 1 de diciembre de 2016 en el Heroico Colegio Militar, el exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, entregó una condecoración a Lozano Espinosa como un reconocimiento a su trayectoria de casi 50 años en las Fuerzas Armadas. En un discurso destacó que el general siempre fue un hombre visionario, con liderazgo y don de mando que se desempeñó de manera eficiente como comandante de diversas regiones militares. “Como director general de la Industria Militar, impulsó importantes e inéditos proyectos para satisfacer diversas necesidades del Ejército y de la Fuerza Aérea”, manifestó Cienfuegos.

Tras el retiro de Lozano Espinosa, la Sedena nombró a un nuevo director para el área de Industria Militar. Tres semanas después del evento encabezado por Cienfuegos, la Auditoría Superior emitió el dictamen donde señalaba las anomalías en las compras hechas por la Dirección General de Industria Militar durante 2015, en el periodo del recién condecorado general. En sus observaciones el órgano fiscalizador alertó sobre deficiencias en la selección de proveedores y concluyó que se carecieron de mecanismos de control en el manejo de los recursos, y que la confabulación de DRM Aceros con otras tres compañías se tradujo en que se ofertaron precios más altos.

Los últimos contratos con DRM Aceros se firmaron en 2016 y el último pago que la dependencia militar realizó a la empresa fue en enero de 2017 por concepto de un finiquito, es decir una compensación por haber terminado la relación contractual antes de lo estipulado. En octubre de ese año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la instancia fiscal que verifica la legalidad de las operaciones de estas empresas, tuvo sospechas de que DRM Aceros Internacional emitía comprobantes fiscales sin contar con los activos, el personal o la infraestructura para producir o comercializar los insumos. El 8 de octubre de 2018 el SAT finalmente concluyó su indagatoria y exhibió a la empresa en su listado de empresas fantasmas catalogadas como “definitivas” después de que no pudiera revertir las acusaciones.

La Contraloría del Ejército decidió inhabilitar y multar a la empresa de acero con 98 mil 140 pesos (alrededor de 5.000 dólares) hasta octubre de 2019, casi tres años después de que la Auditoría le notificara las anomalías en las que incurrió. La sanción fue porque se comprobó que había presentado información falsa, vendió insumos con sobreprecio y actuó como intermediario de los bienes que comercializó a la Defensa Nacional. En una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación se pedía a las dependencias federales y a los estados “abstenerse” de contratar a la compañía durante tres meses. Aunque la inhabilitación concluyó en febrero pasado, a la fecha la empresa continúa impedida para celebrar contratos públicos porque no ha pagado la multa.

En los contratos firmados con la Sedena, la empresa reportó diversos domicilios. En 2014 el dueño de la empresa, Oliver de León Barredo, dijo que sus oficinas estaban en “calle 5 de febrero número 6, colonia Ahuehuetes”, en la localidad de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Sin embargo, esta dirección no existe. En el asentamiento no hay ninguna calle 5 de febrero. En otro procedimiento de contratación, la compañía proporcionó como dirección el número 20 de la avenida las granjas, en la colonia Las Colonias, también en Atizapán. En el lugar hay una vivienda de dos plantas que no cuenta con rótulos que hagan referencia a alguna empresa. Las direcciones de los supuestos dueños tampoco pudieron ser localizados, ya que las calles y colonias son imprecisas.

El País
Zorayda Gallegos
Ciudad de México
Domingo 5 de julio de 2020.


Uno de los beneficios que el HUP brinda a sus derechohabientes


A iniciativa del rector Alfonso Esparza Ortiz, y entre los beneficios que el Hospital Universitario de Puebla (HUP) brinda a sus derechohabientes, la BUAP puso en marcha el servicio de pruebas COVID-19 “sin bajar del auto”, para mayor seguridad de las personas.

En caso de presentar síntomas, el primer paso es llamar al centro de atención telefónica 22 22 14 07 25, de 8:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes, desde donde un especialista hará un diagnóstico para indicar la pertinencia de realizarse la prueba.      

La toma de muestras será de lunes a viernes de 8:30 a 10:30 horas, en Ciudad Universitaria, con acceso por la puerta 3, ubicada sobre Bulevar Carlos Camacho Espíritu. Se solicita a los derechohabientes del HUP seguir las indicaciones recomendadas.

Puebl@Media
Ciudad de Puebla
Domingo 5 de julio de 2020.


Un grupo armado ingresó la madrugada de este jueves a la Pasteurizadora Maulec, ex Hacienda Tamariz, para robarse tres cajeros automáticos que se encontraban en el interior de la planta productora.

La productora de lácteos Tamariz es propiedad del diputado local por Morena y exdirectivo del Club de futbol Puebla, Emilio Maurer Espinosa, quien hasta ahora no ha dado más información sobre este atraco.

De acuerdo con versiones extraoficiales, los delincuentes amagaron con armas largas al personal que se encontraba presente en la pasteurizadora y arrancaron tres cajeros de los bancos BBVA, HSBC y Santander para después llevárselos con rumbo desconocido. No se reportan heridos durante este asalto.

Uno de los colaboradores del diputado informó que hasta ahora no se conoce el monto del robo y que personal de la Fiscalía General del Estado ya realiza las primeras investigaciones en la planta productora, ubicada a un costado de la autopista Puebla-Xalapa, en Nopalucan, muy cerca de la armadora automotriz Audi.

Proceso
Gabriela Hernández
Nopalucan, Puebla, México
Sábado 4 de julio de 2020.


Detenciones de activistas en Puebla rememoran los tiempos del morenovallismo, acusan ONG


Organizaciones no gubernamentales (ONG) denunciaron que durante la detención y encarcelamiento del activista Eloy Méndez Becerra y otros 13 integrantes de la organización “Amozoc Seguro”, el pasado 23 de junio, se cometieron una serie de violaciones a los derechos humanos y al debido proceso que rememoran los tiempos del morenovallismo.

En un escrito, las agrupaciones defensoras de derechos humanos señalaron que en la detención de Méndez Becerra y los demás activistas participaron alrededor de 15 policías ministeriales que iban encapuchados, portaban armas largas y, sin identificarse ni presentar órdenes de aprehensión o de cateo, violaron las chapas para ingresar a las casas por la fuerza.

 “…el hijo del compañero Eloy que cursa bachillerato fue golpeado y su hija que tiene un bebé fue amenazada diciéndole que diera gracias que tenía al niño cargando porque si no en ese momento la mataban”, refirieron.

Además, mencionaron que Méndez Becerra, a quien ubican como “un reconocido luchador social”, y otro de los detenidos, estaban en aislamiento domiciliario por ser sospechosos de covid-19, lo que no fue tomado en cuenta al momento de la violenta detención.

Méndez –subrayaron– es una persona que sufre de hipertensión y diabetes, y no se permitió que tuviera acceso a medicamentos. Tampoco se respetó el derecho de los detenidos de llamar a un abogado y se les obligó a tomar defensores de oficio, aunque había litigantes que se presentaron para tomar el caso.

A esto se suma la postura adoptada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que argumentó que no hay número de queja para actuar y que, si hay violaciones al procedimiento, no corresponde a su competencia.

Más de una centena de organizaciones –entre ellas la Asamblea Social del Agua, la CNTE Puebla Secciones 23 y 51, la Comisión de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y el Consejo Tiyat Tlali– exigieron al gobernador Miguel Barbosa Huerta la liberación de los activistas, quienes forman parte de los movimientos sociales “Amozoc Seguro” y “Agua para Amozoc”.

A los detenidos se les acusa de daños en propiedad ajena, motín y lesiones contra autoridad, supuestamente cometidos el pasado 23 de enero, cuando se manifestaron afuera del Palacio Municipal de Amozoc. La movilización se tornó violenta, lo que derivó en la quema de una patrulla de la policía local, una camioneta del ayuntamiento y un auto particular.

Según las organizaciones, en esa ocasión los activistas de “Amozoc Seguro” acusaron que el alcalde Mario de la Rosa, ex pastor de la iglesia Luz del Mundo, infiltró a las personas que generaron la violencia.

Incluso ubicaron a los grupos de choque con fotografías y videos tomados durante la manifestación, y existe evidencia de que los integrantes de “Amozoc Seguro” pidieron a los infiltrados que se retiraran, pues la protesta era pacífica.

A principios de junio, Méndez solicitó ante la Auditoría Superior del Estado una revisión a las finanzas del ayuntamiento de Amozoc, y el 21 del mismo mes entregó una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que señalaba que pretendían detenerlo por denunciar la creciente inseguridad que priva en esa localidad, por la operación de bandas delictivas.

El Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla también demandó la libertad de Méndez Becerra y demás detenidos de Amozoc, quienes participaban en una mesa de diálogo con el gobierno estatal para exponer sus demandas sociales.

El Comité, que documentó los casos de más de 360 presos políticos durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, acusó que a Eloy Méndez y a los 13 activistas de Amozoc se les detuvo de la misma forma que se actuó contra “perseguidos del morenovallismo”.

“Durante la detención, los familiares sufrieron desde amenazas hasta golpes, despojo de dinero y artículos personales y de trabajo, tales como celulares y computadoras, llegando a lesionar incluso a un menor de entre seis y siete años”, detalló.

Y más: “…nos encontramos preocupados por este actuar arbitrario que rememora el deleznable uso del poder y de la fuerza pública ante aquellos que considera sus ‘enemigos políticos’ por motivos de disidencia y a quienes busca aniquilar y reprimir… se esperaría que en un nuevo contexto político estos hechos dejaran de ser recurrentes como signo de control autoritario”.

En tal sentido, pidió al gobierno de Barbosa Huerta actuar en congruencia “con los principios de la Cuarta Transformación” y liberar a los integrantes de “Amozoc Seguro”.

“…hecho que reflejará un acto de rectificación y separación de viejos modelos por todos desaprobados, donde la fabricación de delitos era una constante que condujo a la existencia de cientos de presos políticos. Que la figura de los presos políticos no caracterice a este gobierno, es un sello indeleble que les perseguirá a lo largo del correr histórico”, finalizó.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Sábado 4 de julio de 2020.


El Gobierno de la Ciudad de Puebla no clausurará negocios no esenciales que abran antes de tiempo, pues la ley no lo establece como competencia del Ayuntamiento, este punto se concretó en una reunión que sostuvieron líderes de cámaras empresariales con la edil, Claudia Rivera Vivanco.

A través de un comunicado de prensa, el Gobierno Municipal informó de la anterior decisión, sin embargo, no mencionaron si esta facultad de clausurar negocios le corresponde al Gobierno del Estado.

En el comunicado dieron a conocer que la alcaldesa se reunió con los representantes de las cámaras, así como organismos empresariales y en dicha reunión, se acordaron las condiciones para la reapertura de negocios locales, en cuanto el semáforo epidemiológico lo permita.

También se acordó mantener una mesa de trabajo entre funcionarios con el sector, para persuadir sobre los efectos negativos de la pandemia; y desde la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos se propuso el acompañamiento permanente a todos los comercios en las medidas de salud preventivas para lograr su reapertura de forma totalmente segura, una vez que el semáforo Covid-19 haya cambiado a naranja.

En suma, se expuso que la apertura de calles en el Centro Histórico se realizará hasta que el semáforo epidemiológico pase a naranja para mantener la disposición del decreto estatal que determinó la suspensión de actividades no esenciales, comprobando que esta medida ha desincentivado las actividades recreativas.

Para finalizar, compartieron que la minuta de acuerdos fue firmada por los representantes de las cámaras y organismos empresariales Olga Méndez Juárez de CANIRAC; Ignacio Alarcón Rodríguez del CCE; Marco Antonio Prósperi de la CANACO; de José Miranda Solana ACECOP; César Bonilla Yunes de COE; Enrique Valdés Gutiérrez del Centro Comercial Angelópolis; y Malusa Gómez Álvarez de la Asociación de Emprendedores de los Sapos y el Centro Histórico.

El Sol de Puebla
Alba Espejel
Ciudad de Puebla
Viernes 3 de julio de 2020.


Se enfrentan José Juan Espinosa y Gabriel Biestro en redes sociales


Los diputados José Juan Espinosa y Gabriel Biestro protagonizaron una pelea en redes sociales; el primero acusó que el legislador de Morena no es poblano, que construye una mansión en la zona de Zavaleta y que está adquiriendo lujosos departamentos.

En su cuenta de Twitter, José Juan Espinosa recordó que el morenista no fue elegido en las urnas, además sentenció que la reforma electoral que propone, para desaparecer las asociaciones electorales y reducir el financiamiento para partidos políticos, es antidemocrática y un traje a la medida para imponerse como presidente municipal de Puebla en 2021.

“Yo si fui a la boleta con @PartidoMorenaMx @PTnacionalMX y me queda claro que la reforma electoral de Gabriel Biestro es antidemocrática, un traje a la medida para imponerlo como Presidente #PueblaCapital. Los verdaderos obradoristas no podemos permitirlo!!!”, escribió.

En respuesta, Gabriel Biestro reprochó que, aunque Espinosa fue en la boleta por Morena y el PT en 2018, nunca hizo nada por los partidos que lo llevaron a su actual cargo de diputado local, hecho que calificó de error histórico.

“En la boleta por un partido por el que no hiciste nunca nada, tú te sentabas (y hasta te hincabas) con Moreno Valle cuando nosotros construíamos en la calle eso que por error histórico te llevó a donde estás. Recuerda que en nuestra asamblea fuiste último lugar con CERO votos”, publicó Biestro.

Ante los señalamientos del diputado de Morena, Espinosa le recordó que no es poblano, lo acusó de haber falsificado su ciudadanía y su título universitario.

“Pobrecito, te recuerdo que no eres ni poblano, ojalá llegues a la boleta para que te ubiques en tu realidad, un sujeto que falsificó su ciudadanía, su título universitario y mucho más que seguirá apareciendo. PD En tu asamblea no saque ni un voto, en lo que acorde gane todo!”, sentenció el diputado del PT.

El también coordinador de Morena en el Congreso del Estado afirmó que en el momento en el que ve una campaña con un ejército de bots en su contra, cuando lo atacan los “mafiosos, conservadores y personajes corruptos”, más digno se siente. Incluso mencionó que no es delito haber nacido fuera de Puebla.

Finalmente, José Juan Espinosa sostuvo que los delitos que le atribuyen, como enriquecimiento ilícito cuando fue presidente municipal de San Pedro Cholula, fueron fabricados, los cuales jamás podrán demostrarse debido a que se trata de una persecución.

El Sol de Puebla
Berenice Martínez
Ciudad de Puebla, México
Viernes 3 de julio de 2020.


De los 3.000 millones de dólares que gastó el Ejecutivo en seis años, la Secretaría de Gobernación de Osorio Chong y Navarrete empleó 2.200


Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, el último del PRI, (2012-2018), las secretarías del ramo de seguridad gastaron 52.750 millones de pesos -unos 3.000 millones de dólares- de una partida secreta del presupuesto, conocida como Gastos de Seguridad Pública y Nacional. La naturaleza de la partida dificulta su fiscalización, pero los intentos realizados por diferentes instancias del Estado señalan irregularidades e incluso posibles esquemas de desvío de fondos.

La actual Fiscalía General de la República investiga la supuesta malversación de dinero esta partida en una unidad de la extinta PGR, en tiempos del procurador Jesús Murillo Karam, en 2013 y 2014, como adelantaba este miércoles EL PAÍS. El aumento de los gastos de seguridad pública y nacional durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto y la discrecionalidad y opacidad en su uso apuntan, sin embargo, a un problema mayor.

La partida presupuestaria “33701 Gastos de Seguridad Pública y Nacional” empezó a usarse durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), pero su empleo se disparó en la Administración de Peña Nieto. Si en los últimos dos años de Calderón el gasto fue de 5.500 millones de pesos, en los dos últimos de su sucesor superó los 21.500. En 2019, primer año del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, volvió a niveles de 2011.

Esta partida ampara “programas, investigaciones y actividades” en materia de “seguridad pública y nacional” cuya realización implica “riesgo, urgencia o confidencialidad”, según la nomenclatura que usa la Secretaría de Hacienda. Pero dependencias que accedieron a este dinero, caso por ejemplo de la Policía Federal o la agencia que administra las prisiones federales, lo emplearon muchas veces en asuntos distintos, que además no implicaban ninguna urgencia o confidencialidad.

Para Vidal Llerenas, que fue diputado por Morena durante la anterior legislatura y fungió de secretario de la comisión de presupuestos de la Cámara, el uso de esta partida fue siempre un misterio. “El reporte del desglose del gasto en México es muy bueno”, explica, “pero en esto todo el mundo era muy hermético”. Durante años, Llerenas pidió información al Gobierno sobre el uso de esta partida, pero nunca le hicieron caso. “Nos llamaba mucho la atención que cada año hubiera miles de millones de pesos de esta partida que no sabíamos dónde iban”, cuenta.

Alejandro García, investigador del programa de Gasto Público de la organización México Evalúa, añade que “esta partida es un reflejo de la deficiencia en el sistema presupuestario mexicano y la falta de instituciones capaces”. García argumenta que su uso responde a un mecanismo que puso en marcha el Gobierno de Calderón para evitar el bloqueo de un Congreso de signo contrario al Ejecutivo. Pero con Peña, el gasto se disparó y fue usado, explica, de forma política. “Lo que pasa al final”, matiza García, “es que el uso de esta partida y de muchas otras similares es que te da margen para hacer los gastos que necesitas, sin pasar por el Congreso y sin dar a conocer el plan de gastos del Gobierno. Eso rompe la lógica de los contrapesos institucionales”.

De 2013 a 2018, el grueso del gasto lo concentró la Secretaría de Gobernación, que dirigieron Miguel Ángel Osorio Chong de 2013 a 2017 y Alfonso Navarrete en 2018. De Gobernación dependía la Policía Federal, el centro de inteligencia federal, CISEN y la agencia que administra las prisiones, el órgano de Prevención y Readaptación Social. Entre esas tres dependencias gastaron más de 40.000 millones de pesos -2.200 millones de dólares de la época-, principalmente la Policía Federal y el órgano de Prevención y Readaptación Social.

La segunda dependencia que más gastó fue la PGR, con 6.817 millones de pesos, seguida de la Secretaría de Marina, con 5.541 millones de pesos. La Secretaría de la Defensa apenas gasto 134 millones de pesos. En la PGR, la administración de Jesús Murillo Karam elevó exponencialmente los Gastos de Seguridad Pública y Nacional. Si en 2012, antes de su llegada, la dependencia gastó 424 millones, en el primer año de Murillo, 2013, esa suma ascendió a 1.793 millones de pesos. Desde el entorno de Murillo aseguran que el dinero se gastó en compra y reparación de aeronaves, formación e investigaciones varias, como Ayotzinapa o Tlatlaya y subida de sueldos.

Auditorías

Durante el sexenio anterior y el primer año de López Obrador, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano estatal que fiscaliza las cuentas de la administración, realizó al menos seis informes sobre el uso de esta partida en años de Peña Nieto. En tres estudiaron el desempeño de Prevención y Readaptación Social, en uno el de la extinta Procuraduría General de la República, en otro al CISEN y en uno más el de la Policía Federal.

El más reciente y exhaustivo es el que examina el uso que hizo la Policía Federal de estos fondos en 2018. Los auditores examinaron cuatro contratos, un convenio y varios cheques. Todo por valor de 2.031 millones de pesos, prácticamente dos tercios del total que gastó la dependencia con cargo a la partida de seguridad pública y nacional ese año. La conclusión preliminar de los auditores es que al menos 1.532 millones de pesos de los 2.031 analizados no fueron empleados en lo que dijo la dependencia.

El caso del convenio, por ejemplo. En 2018, la división de Seguridad Regional de la Policía Federal acordó pagar 801 millones de pesos a una empresa para servicios de patrullaje en sedes e infraestructuras durante 103 días. Primero, los auditores dijeron que no tenía sentido que la corporación contratara vigilancia privada, ya que la matriz de la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación, dispone de un órgano para este tipo de servicios. Y segundo, que no había pruebas de que el servicio se había prestado porque en los archivos de la dependencia no existían “bitácoras, reportes de supervisión o programas de trabajo”.

En el caso de los contratos, en tres de los cuatro analizados los auditores identificaron un posible esquema de desvío de recursos de la partida. En los tres casos, la Policía Federal contrató con un proveedor unos servicios. El proveedor subcontrató esos servicios con un tercero. Y ese tercero subcontrató de nuevo con diferentes empresas israelíes, que eran las que en realidad vendían lo que quería la Policía Federal. Cuando los auditores visitaron primero a los proveedores y luego a los intermediarios -los que supuestamente contrataban con las empresas israelíes- descubrían, primero, que los intermediarios no habían firmado nada en realidad con los proveedores y segundo, que el dinero que la Policía Federal había pagado a los proveedores acababa en empresas distintas a las israelíes, que eran en realidad las que vendían el producto.

La ASF hizo públicos estos informes en febrero y algunos medios en México publicaron parcialmente los resultados de los auditores. Es el caso de uno de los contratos descritos en el párrafo anterior. Lo firmó la División Científica de la Policía Federal con una empresa, Dizoal, para la “adquisición de una solución integral de inteligencia”. El esquema fue el descrito arriba. Dizoal contrató a un tercero y a través del tercero a una empresa israelí, que era en realidad la que vendía el software. Dizoal aseguraba tener un acuerdo con la empresa israelí para distribuir sus productos en México. Pero los auditores probaron que el dinero que la Federal pagó a Dizoal nunca llegó a la empresa israelí, sino que fue a parar a otras empresas.

Los auditores probaron además que el software en cuestión no valía los 499 millones de pesos que se pagaron por él, sino 20. Y también porque involucraba a la titular de la División Científica de la Policía Federal, Patricia Trujillo, fundadora de la unidad, muy respetada dentro del cuerpo. Con el cambio de Gobierno y la desaparición de la Policía Federal, Trujillo se incorporó a la Guardia Nacional como comisaria. Con la divulgación de esta información, Trujillo dejó su cargo, al menos temporalmente.

Fuentes de los primeros escalones de mando de la Policía Federal consultadas por EL PAÍS indican que lo sucedido con Trujillo es injusto, porque en realidad todas las compras y contrataciones de la corporación las decidía Jorge Márquez, el oficial mayor de la Secretaría de Gobernación. Márquez llegó al puesto con el primer secretario de Gobernación de Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong. Márquez y Osorio ya habían trabajado juntos: fue coordinador de asesores de Osorio Chong cuando este fue gobernador de Hidalgo.

La Secretaría de la Función Pública, que complementa el trabajo de la ASF, también ha señalado irregularidades en el uso que hizo la Policía Federal de esta partida. En su Informe de Fiscalización de 2019, le dependencia señala que “existe “falta de transparencia y certeza de que los recursos hayan sido utilizados en actividades oficiales”.

Irregularidades

Además del esquema de desvíos, el uso de la partida de gastos de seguridad estuvo marcada por irregularidades administrativas en los años de Peña Nieto. En los informes de la ASF sobre la Policía Federal y el órgano de Prevención y Readaptación Social, los auditores señalan constantemente que la urgencia, el riesgo o la confidencialidad requerida para acceder a estos fondos no está justificada y que por tanto hay contratos, convenios y cheques que se cargaron a esta partida sin motivo.

Los analistas apuntan también que ambas dependencias no buscaron las mejores opciones a la hora de contratar y que no verificaron ante la Secretaría de la Función Pública si las empresas proveedoras estaban sancionadas o inhabilitadas. Y también -y esto ocurre sobre todo con los contratos de la Policía Federal- que los titulares de unidad o división que aparecen en la firma de los contratos carecen de facultades para tal efecto.

En los informes de la ASF sobre Prevención y Readaptación Social son constantes los pagos extraños a la naturaleza de esta partida, como medicinas y productos farmacéuticos, obras, rentas de generadores eléctricos, recibos de la luz, incluso la impresión y encuadernación de manuales “en materia de capacitación penitenciaria”.

Y también hay casos de dinero perdido. Es el caso de los manuales de capacitación penitenciaria. Los auditores explican que Prevención y Readaptación Social pagó en 2014 algo más de tres millones de pesos a la empresa como parte del contrato. Cuando analizaron los pagos, se dieron cuenta de que el órgano de Gobernación carecía del material que por contrato debía tener. Los auditores concluyeron que este contrato podría suponer un “daño o perjuicio a la Hacienda Pública” de 3,1 millones de pesos.

Informes como los mencionados tienen un recorrido largo en la administración. La ASF les da seguimiento por un tiempo, esperando que las dependencias auditadas den explicaciones convincentes a sus señalamientos. En caso de que esto no ocurra, la ASF puede presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República.

El País
Pablo Ferri
Ciudad de México
Viernes 3 de julio de 2020.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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