Enrique Aguirre

Enrique Aguirre

 
     LIMA, 10 oct (Xinhua) -- La lideresa opositora peruana del partido político Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue detenida hoy por un plazo de 10 días cuando se presentó en el Ministerio Público en cumplimiento de una citación fiscal, confirmó su abogada Giuliana Loza.

     La hija del ex presidente Alberto Fujimori acudió la mañana de este miércoles a la Fiscalía cumpliendo con una citación para declarar sobre los aportes que recibió su partido para la campaña presidencial del año 2011, tras lo cual fue detenida ante un "peligro grave de fuga".

     La detención preliminar fue ordenada por el juez Richard Concepción, titular del Primer Juzgado de Investigación preparatoria, quien además pidió la captura de otras 19 personas aparentemente vinculadas al presunto delito de lavado de activos.

     Según la resolución judicial difundida hoy, Keiko Fujimori "ha constituido una organización criminal en el interior del partido político (Fuerza Popular), que tenía entre sus fines obtener el poder político y, por consecuencia, tiene un nivel de interferencia en el Poder Legislativo y Poder Judicial".

     La detención responde a una solicitud formulada por el fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a la dirigente política por los aportes que recibió su partido para la campaña del 2011, que incluye supuestos aportes económicos de la constructora brasileña Odebrecht.

     El magistrado Richard Concepción sostuvo que habría existido la "suplantación de 114 personas" como aportantes de la organización política de Keiko, cuyo monto ascendería a 649.573 dólares.

     Por su parte, la abogada Loza calificó de "abusiva" y "arbitraria" la acción contra su clienta, tras considerar que "no existe elemento de convicción ni prueba alguna en contra".

     "(Es) una investigación que viene durando más de un año, y no hay ninguna prueba. No entendemos cómo se puede ordenar la detención preliminar. Ella se ha puesto a disposición voluntariamente, ella ha ido a la Fiscalía", declaró a un medio local.

     En el caso también fue ordenada la detención preliminar por 10 días de los ex ministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Camare, y de los ciudadanos Adriana Tarazona, Ytalo Pachas, Angela Bautista, Daniel Correa, Luis Mejía, Jorge Yoshiyama y Mayra Castañón.

     Así como Liz Manrique, Marizol Valles, Pedro Velayarce, Rafael del Castillo, Liulith Sánchez, Giancarlo Bertini, Patrizia Coppero, Erick Matto, Aurora Torrejón y Walter Rengifo.


La organización internacional analizó corrupción, regulación de los programas de gobierno, violencia e impartición de justicia


Una deficiente justicia penal, falta de contrapesos al gobierno estatal, escasa transparencia y poco conocimiento de los ciudadanos sobre sus derechos, son los factores que ubicaron a Puebla como el cuarto estado en el país con el peor índice del Estado de Derecho, de acuerdo con una investigación desarrollada por la organización internacional World Justice Project (WJP).

El Estado de Derecho es reconocido internacionalmente como un elemento fundamental para garantizar la paz, la justicia, los derechos humanos, la democracia efectiva y el desarrollo sostenible, influye en aspectos de la vida cotidiana y ayuda a las sociedades a organizarse.

Para medir ese aspecto, la agrupación evaluó ocho diferentes rubros a través de una encuesta aplicada a ciudadanos y especialistas, y estableció una calificación de cero a un punto, en donde uno representa una situación ideal.

Ninguno de los 32 estados del país alcanzó una calificación satisfactoria y el promedio fue de 0.39 puntos.

Puebla, a la par de Sonora y Guerrero

Puebla se posicionó en el cuarto lugar entre las entidades con la calificación más baja, ya que alcanzó 0.36 puntos. Le antecedieron el Estado de México y Sonora, también con 0.36 puntos, así como Baja California Sur (0.35) y Guerrero (0.29).

Los estados con los mejores resultados fueron Yucatán (0.45), Aguascalientes y Zacatecas, con 0.44 puntos, cada uno.

Aquejan impunidad, corrupción y deficiencias del sistema de justicia

De los ocho indicadores analizados, Puebla obtuvo los puntajes más bajos en “ausencia de corrupción”, que tiene que ver con los abusos que cometen funcionarios del gobierno del estado, del Tribunal Superior de Justicia, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Fiscalía General del Estado y del Congreso local. La calificación fue de 0.33 puntos.

Otra de las calificaciones bajas tuvo que ver con “justicia civil”, debido a que las personas no conocen sus derechos y tampoco confían en las instituciones encargadas de impartir justicia, no tienen acceso a asesoría legal. En este renglón obtuvo 0.32 puntos.

También destacó que el sistema de “justicia penal” no es imparcial y tampoco está libre de corrupción, no se ejecutan rápidamente las decisiones de los jueces y estas no se emiten de manera libre. La calificación fue de 0.31 puntos.

El estado también obtuvo una baja calificación debido a que los delitos no se investigan de manera eficaz, no se protegen los derechos de las víctimas, además de que el sistema penitenciario no garantiza la protección de los internos.

Los rubros en los que el estado obtuvo sus mejores evaluaciones fueron “cumplimiento regulatorio”, que tiene que ver con una adecuada resolución de los procedimientos administrativos; y “orden y seguridad”, que tiene que ver con la ausencia de homicidios, del crimen y con la seguridad de las personas.

Índice de Estado de Derecho de los Estados Mexicanos de 2018

El proyecto de justicia mundial publica Estado Mexicano regla de la ley índice 2018

Yucatán está en la cima del ranking y Guerrero en la parte inferior.

Los puntajes se calcularon con una encuesta respondida por más de 25,000 ciudadanos, cuestionarios respondidos por más de 1,500 expertos y fuentes de terceros.
La corrupción, la seguridad y la justicia son temas que requieren una consideración urgente.
Yucatán, Aguascalientes y Zacatecas lideran el ranking; Guerrero, Baja California Sur y Estado de México se encuentran en la parte inferior.
 
Hoy, el Proyecto de Justicia Mundial (WJP) presentó el Índice de Estado de Derecho de los Estados de México 2018, que clasifica a los 32 estados del país según su adhesión al estado de derecho. El Índice proporciona puntajes para 42 indicadores de desempeño, agrupados en ocho factores, que se calcularon a partir de una encuesta a la que respondieron más de 25,000 ciudadanos, cuestionarios respondidos por más de 1,500 expertos en todo el país y fuentes de terceros. Los ocho factores representan diferentes aspectos del estado de derecho: (1) Restricciones a los poderes del gobierno, (2) Ausencia de corrupción, (3) Gobierno abierto, (4) Derechos fundamentales, (5) Orden y seguridad, (6) Reglamentación Ejecución, (7) Justicia civil, y (8) Justicia penal.

El estudio muestra que ningún estado obtuvo una puntuación superior a 0,5 en una escala de 0 a 1, donde 1 indica la adhesión más fuerte al estado de derecho. Yucatán obtuvo el puntaje más alto, seguido de Aguascalientes y Zacatecas. En contraste, Guerrero, Baja California y Estado de México tuvieron las puntuaciones más bajas.

Durante la presentación en el Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, los investigadores de WJP explicaron que, a pesar de los puntajes bajos, hubo estados con resultados notables. Ese es el caso de Yucatán con respecto a la seguridad, Guanajuato con respecto al control de la corrupción y Querétaro y Zacatecas con respecto al control de la corrupción y el desempeño del sistema de justicia.

“Un estado de derecho débil tiene un impacto negativo en la vida de los ciudadanos. Hoy, México se encuentra en una situación única para mejorar sus instituciones y garantizar que se cumplan las leyes. El WJP está comprometido a ayudar a fortalecer el estado de derecho en México y acompañará este proceso a través de la publicación de herramientas de análisis, evaluación y monitoreo. El Índice de Estado de Derecho de los Estados Mexicanos es el primer paso en este sentido ", dijo Alejandro Ponce, director de investigación.

“Esperamos que este informe se utilice para establecer puntos de referencia sobre el desempeño de los estados con respecto al estado de derecho, así como para informar y dirigir reformas, e identificar modelos locales exitosos que puedan usarse para fortalecer instituciones en otras regiones del país, "Agregó.

Durante la última década, el WJP ha aplicado encuestas en más de 100 países para medir, desde una perspectiva ciudadana, su adhesión al estado de derecho. El Índice de Estado de Derecho del WJP se ha convertido en una herramienta líder en todo el mundo para ayudar a identificar las fortalezas y debilidades institucionales de los países y promover la toma de decisiones basada en la evidencia.

Los participantes del lanzamiento del informe fueron Mariclaire Acosta, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, la investigadora Ana Laura Magaloni, la investigadora del WJP Layda Negrete, la investigadora Clemente Romero y el periodista Carlos Puig. El informe completo del Índice de Estado de Derecho de los Estados Mexicanos 2018, que incluye perfiles estatales, infografías, videos explicativos, metodología y opciones de descarga, así como un micrositio interactivo con datos a nivel estatal, está disponible en: index.worldjusticeproject.mx.

Acerca del proyecto de justicia mundial:

El Proyecto de Justicia Mundial (WJP) es una organización independiente y multidisciplinaria que trabaja para promover el estado de derecho en todo el mundo. El estado de derecho efectivo reduce la corrupción, combate la pobreza y las enfermedades y protege a las personas de las injusticias, grandes y pequeñas. Es la base de las comunidades de equidad, oportunidad y paz, que sustentan el desarrollo, el gobierno responsable y el respeto por los derechos fundamentales. Para obtener más información sobre nuestro trabajo, visite: worldjusticeproject.org e index.worldjusticeproject.mx.

Contacto con los medios de comunicación y peticiones de entrevista:

Mario Rodríguez
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T: @TheWJP_mx

WJP/e-consulta
Patricia Méndez
Puebla, México.
Martes 9 de octubre 2018.


Se suma el PRI a reconocer a los Proyectos de Prestación de Servicios como deuda pública


Las reformas facultarían al Congreso para elaborar un registro de los proyectos y se obligarían a transparentar la información


Reconocer a los Proyectos de Prestación de Servicios como deuda pública, crear un registro único que señale la afectación de los recursos y transparentar la información de este tipo de mecanismos financieros, es parte la propuesta presentada por las bancadas de Morena y PT en el Congreso de Puebla.

El proyecto presentado por la diputada Olga Lucía García Romero Garci-Crespo enlista reformas y derogaciones de diversos artículos de las Leyes de Deuda Pública, de Proyectos de Prestación de Servicios y de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En la tribuna, la diputa de Morena detalló que la intención es reconocer a los Proyectos de Prestación de Servicios como deuda pública tal como lo refiere a nivel federal en la Ley de Disciplina Financiera, pero que en Puebla se optó por aplicar el modelo sin reconocer la afectación a las finanzas del estado.

La legisladora recordó que la implementación de los PPS -figura con la que el sexenio de Rafael Moreno Valle se concretó el CIS, las plataformas de Audi y el Museo Internacional Barroco- se logró en 2011 con la aprobación de la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios, la cual de manera “incipiente” regula la relación público-privada y dio facultades discrecionales al Ejecutivo para concretar obras bajo este régimen.

La morenista precisó que uno de los primeros cambios es que se reconocería que los PPS representan un compromiso financiero, tal como lo sugiere en la fracción VII del artículo 2 de la Ley de Deuda Pública: “cualquier pasivo contratado por los entes públicos; sean obligaciones o financiamientos”.

También faculta al Congreso del Estado a tener un registro único que transparenten las obligaciones contraídas, su objeto, plazo, las partes que intervienen, el monto y el contrato, tal como lo propone el artículo 18 de la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios.

Otro de los puntos que considera la iniciativa, es la incorporación del concepto de ingresos a libre disposición, el cual incluye los recursos federales y estatales que no son etiquetados para un fin específico, y de esta manera se limite al Ejecutivo para afectar las finanzas del estado, por lo que deberá de obtener el voto de dos terceras partes del Congreso.

“Toda afectación de recursos públicos sea en numerario o bienes inmuebles deberá ser autorizada por las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura. El ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Finanzas podrá constituir fideicomisos, previa autorización de las dos terceras partes de la Legislatura mismos que se sujetarán para su operación a lo previsto en el propio contrato de fideicomiso y en las disposiciones mercantiles correspondientes y no formarán parte de la administración pública paraestatal”, se plantea en el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios.

En cuanto a la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la iniciativa propone que los sujetos obligados publiquen los compromisos adquiridos bajo los PPS, al precisar en la fracción XXII del artículo 77 que: “La información relativa a la deuda pública, a las Asociaciones Público Privadas y a los Proyectos Públicos de Servicios en términos de la normatividad aplicable”.

Se suma el PRI a reconocer como deuda los PPS de Moreno Valle

La coordinadora de la bancada tricolor reconoció que “hubo excesos” cometidos en la entidad y que se deben de revisar

El PRI está a favor de reconocer a los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) en Puebla como deuda pública, precisó la diputada Rocío García Olmedo, aunque la reforma propuesta por el bloque de Morena, Encuentro Social y PT tenga trasfondo político.

Para la coordinadora de la fracción priísta en el Congreso local, la iniciativa para que este mecanismo se reconozca como una obligación financiera del estado y se limite al Ejecutivo para hacer uso de los recursos públicos, tendrá que analizarse cuidadosamente no sólo en función de evitar un veto u observaciones, sino también para que no existan consecuencias de orden judicial.

En la anterior administración estatal se construyó el Centro Integral de Servicios, el Museo Internacional del Barroco y las plataformas de Audi a través de PPS, por los que la administración del ex gobernador Rafael Moreno Valle se comprometió a pagar mensualmente a empresas privadas las obras hasta por 25 años.

Sin embargo, el gobierno estatal consideró que estos compromisos no eran deuda, sino que los etiquetó como “gasto corriente” y los equiparó con el pago de una renta, por lo que los montos nunca figuraron en el reporte de deuda que envía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Advierte el PRI excesos

Sin referirse de manera directa al ex gobernador Rafael Moreno Valle, la legisladora reconoció que “hubo excesos” cometidos en la entidad y que se deben de revisar, pero las modificaciones que ahora se plantean deben de ejecutarse jurídicamente y no por posibles revanchismos políticos.

“Todo se puede hacer, hay temas que nos preocupan a todos, hubo excesos que nos preocupan a todos, pero todo eso se puede ir revirtiendo jurídicamente para que se puedan generar buenos resultados y no tengamos que estar recibiendo observaciones cada vez. No se puede legislar con la víscera, así no se legisla. Hay mucho rencor, me da la impresión, percibo muchos agravios escondidos de todos contra todos, es parte de lo que todos con prudencia tenemos que tomar con sensatez y manejar las cosas como se deben hacer".

La iniciativa de reforma presentada por el PT y Morena considera que los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) se reconozcan como deuda pública, que el Congreso del Estado cuente con un registro único que señale las obligaciones contraídas, el monto y plazo de pago de estas, además que se transparente la información de este mecanismo financiero.

La propuesta contempla reformar y derogar diversos artículos de las leyes de Deuda Pública, de Proyectos de Prestación de Servicios y de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Cabe señalar que el gobierno estatal vetó apenas el 1 de octubre la abrogación de la Ley Bala y la reforma al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, la cual le devolvió al Congreso la facultad de nombrar al titular del organismo autónomo.

La administración de Antonio Gali argumentó que el Congreso, de mayoría morenista, generó un vacío legal en la regulación de la fuerza pública, vulneró la autonomía de la Fiscalía General del Estado y aplicó un criterio de retroactividad ilegal, por lo que no publicó las reformas en el Periódico Oficial del Estado.

e-consulta
María Pineda
Martes 09 de octubre de 2018.


Al cumplirse este miércoles el plazo para que el Tribunal Electoral del Estado (TEEP) emita el fallo sobre la impugnación de la elección para gobernador de Puebla, el candidato Luis Miguel Barbosa, dijo tener la certeza de que el veredicto será para confirmar el triunfo de Martha Erika Alonso, candidata de la alianza Por Puebla al Frente.

Incluso, dijo tener informes de que la resolución que dará a conocer mañana el TEEP fue elaborado por los abogados de la esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle.

“Fíjense que se dice que ese fallo fue elaborado por los abogados de Martha Erika Alonso y que sólo se lo pusieron en las manos a los integrantes del Tribunal, de esas cosas que no hay forma de probarlas… pero todo se ha dicho y se ha presumido por la propia gente del morenovallismo en su afán de mostrar el control y el poder que tienen para todo lo que ocurre en Puebla”, afirmó.

Barbosa dio por hecho que el fallo que dará a conocer mañana será a favor de confirmar el triunfo de la candidata de Por Puebla al Frente, pero que el proceso de impugnación será entonces llevado a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde confía que la resolución sea a favor de anular la elección.

“Tal parece que todo está resuelto, hemos visto el desempeño del Tribunal Estatal Electoral su parcialidad a favor de Martha Erika Alonso, ha sido evidente, ha sido pública, el sometimiento de los tres magistrados al morenovallismo en Puebla ha sido un hecho conocido”, expresó.

Calificó que la actuación de la autoridad electoral ha sido “ilegal e inmoral” en diferentes momentos del proceso electoral.

“El día de mañana sólo habrá un fallo a favor de Martha Erika Alonso, del cual nosotros, Morena y su candidato, nos hemos preparado para combatirlo”, mencionó.

Dijo que al acudir a la Sala Superior de la TEPJF, además de las pruebas que ya se presentaron sobre las condiciones generales de la elección, se agregarán otras pruebas como supervenientes, que serán análisis científicos y cruces numéricos que supuestamente demuestran las inconsistencias de los resultados.

Además, agregó que el recuento de voto por voto que llevó a cabo el Tribunal federal puso en evidencia “miles de irregularidades” que ya están a la vista de los magistrados.

“Así que no tengo duda de que Sala Superior de Tribunal Electoral anulará la elección en base a todos los elementos probatorios que ya hemos aportado y las que aportaremos como pruebas supervenientes”, expresó.

“Lo de mañana es solamente un trámite de un fallo que todos esperamos a favor de Martha Erika Alonso de un tribunal sometido, abyecto a favor de los intereses del morenovallismo”.

Al mostrarse confiado de que la elección de gobernador de Puebla será finalmente anulada, Barbosa aseguró que habrá una elección extraordinaria en los próximos meses, pero que esta será en condiciones diferentes a las que hubo el 1 de julio, pues se nombraría un gobernador interino y esta designación la hará el Congreso local, donde Morena tiene mayoría.

Nombran comisión

Este día en el Senado de la República se conformó la subcomisión Especial de Justicia para investigar el caso de la elección a gobernador en Puebla, que será coordinada por la senadora Nancy de la Sierra Arámburo.

De acuerdo a un comunicado, esta subcomisión tiene como objeto atender lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral relacionado a la elección a gobernador del estado.

Entre las funciones que tendrá será analizar y elaborar opiniones de los expedientes y resoluciones del TEPJF y del TEEP, así como analizar las presuntas irregularidades que se detectaron en el nuevo escrutinio de la elección.

También formarán parte de dicha comisión los senadores Alejandro Armenta Mier, de Morena; Nadia Navarro Acevedo, del PAN; Dante Delgado Rannauro, de Movimiento Ciudadano; Mario Zamora Gastelum, del PRI; Juan Manuel Zepeda, del PRD: Gabriela Benavides Cobos, del Partido Verde y Elvia Marcela Mora Arellano, de Encuentro Social.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Martes 9 de octubre de 2018.


La novia, un compendio de escándalos y contradicciones

Dulce María Silva es un coctel desconcertante y contradictorio. De familia de empresarios y empresaria ella misma, en 2016 fue encarcelada, acusada de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita; en prisión protagonizó una huelga de hambre durante el gobierno de Antonio Gali, a quien, no obstante, hizo testigo de su boda. Además, testimonios confiables hablan de su altruismo con sus compañeras reclusas. Morenista en Puebla, hay indicios de que este año habría participado en un presunto fraude electoral contra el candidato de Morena, Luis Miguel Barbosa. Ella es la mujer con quien contrajo nupcias César Yáñez, el próximo vocero presidencial.

Puebla.- La boda de César Yáñez Centeno y Dulce María Silva Hernández, de por sí polémica, tiene además antecedentes marcados por el escándalo.

Tras su encarcelamiento en 2016 –acusada de haber obtenido ilegalmente un predio en una de las zonas de mayor plusvalía de Puebla–, en 2017 Silva Hernández pasó a ser calificada públicamente como perseguida política del exgobernador poblano Rafael Moreno Valle.

Protagonizó en prisión una huelga de hambre en la que acusó al gobierno estatal –entonces a cargo de Antonio Gali Fayad– de vejaciones, abusos y torturas; y 16 meses después la también empresaria causó sorpresa al invitar a ese mandatario poblano –considerado continuador del morenovallismo– para ser testigo de su enlace matrimonial.

Esto además en un marco político complejo: cuando el candidato a gobernador de Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa, había acusado a Gali de haber sido copartícipe del fraude electoral del 1 de julio y cuando el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, había vetado a Puebla de su gira de agradecimiento, precisamente para evitar un encuentro con el mandatario estatal previo a la definición de los comicios en los tribunales.

Antes del predicamento de aparecer junto con su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, en la portada de la revista ¡Hola!, López Obrador había tenido que sortear la situación de firmar como testigo al lado de Gali Fayad justamente el día en el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación terminaba el conteo voto por voto de la elección para gobernador de Puebla.

La presencia de Gali y la ausencia de Barbosa –quien dijo no haber sido invitado a la boda– se prestaron para las especulaciones, además de poner en evidencia la división cada vez más notoria dentro de Morena-Puebla entre quienes dan apoyo total al exsenador y quienes han tendido puentes con el morenovallismo y sí acudieron al evento.

La ahora esposa de Yáñez Centeno era ubicada como una de las víctimas y acérrima enemiga del morenovallismo, pero en la última semana el sector barbosista de Morena en Puebla filtró a los medios locales información que la cubre de sospechas.

El columnista Fermín Alejandro García publicó el viernes 5 en La Jornada de Oriente que Silva Hernández habría tratado de intervenir en los hechos del 3 de julio, en el hotel poblano MM, cuando los morenistas supuestamente detectaron un laboratorio electoral del PAN.

Según esa información, que fue confirmada por fuentes de Morena a esta reportera, les sorprendió que ese día la entonces novia de Yáñez Centeno se comunicara a los celulares del diputado local José Juan Espinosa y del senador Alejandro Armenta para pedirles que se retiraran del sitio, pues su incursión violenta no tenía el respaldo morenista y “ponía en riesgo el triunfo electoral de López Obrador por la Presidencia”.

“Queda la duda”, cuestiona el columnista, “de por qué si esta mujer estuvo presa en Puebla durante la parte final del gobierno de Moreno Valle, el pasado 3 de julio actuaba como si fuera una aliada del morenovallismo”.

Barbosa aseguró en ese entonces que se habían recibido múltiples llamadas para pedirles que se retiraran, pues en el lugar había quedado atrapada la candidata panista a gobernadora, Martha Érika Alonso Hidalgo.

También se especuló sobre la presencia de Federico González Magaña, consejero del Instituto Estatal Electoral, lo que habría puesto en evidencia la confabulación del órgano electoral a favor de la esposa de Moreno Valle.

Aparte de este supuesto intento de Silva por intervenir en los hechos del hotel MM y la participación de Gali Fayad como su padrino, según los morenistas, hay otras evidencias que se prestan a sospecha, como las facilidades que tuvo para la logística de la boda.

La colocación de vallas en las calles, la participación de la policía con trajes de gala, el transporte en trolebuses de la Secretaría de Turismo y la sede del festejo en el Centro de Convenciones Puebla, propiedad del gobierno estatal.

Los cargos

Dulce María Hernández Silva es originaria de Huamantla, Tlaxcala. En 2015 intentó ser candidata a alcaldesa por Morena en ese municipio, lo que propició su acercamiento con la causa de López Obrador y, por ende, a su entonces vocero, con quien contrajo nupcias el 29 de septiembre.

La familia de la novia es propietaria de la empresa Embutidos Silva, que maneja las marcas Carnelli, Kual y El Cerdito, entre otras, que tienen una amplia presencia en el mercado del centro-sur del país. Ella asegura ser empresaria de la construcción y tener una fundación altruista llamada Dulce Silva.
La relación sentimental entre ella y Yáñez salió a la luz en octubre de 2016, cuando El Universal publicó cuatro grabaciones que ponían en evidencia los intentos del vocero de López Obrador por negociar la libertad de su novia con el gobierno de Rafael Moreno Valle.

Las grabaciones, atribuidas a las redes de espionaje que tenía a su servicio el mandatario poblano, mostraban a un ­desesperado Yáñez dispuesto a hacer lo que fuera para ayudar a su pareja.

La conversación con Carlos Meza, el abogado de confianza del exgobernador Manuel Bartlett, revelaban la posibilidad de que la moneda de cambio para la liberación de Silva Hernández podría ser un acuerdo para que el entonces senador no atacara a Moreno Valle.

Silva Hernández había sido detenida el 10 de marzo de 2016 en Cholula, en el sexenio de Moreno Valle, que concluyó en enero de 2017. Fue trasladada al penal de San Miguel, en Puebla.

Se le acusaba de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues supuestamente había aportado 30 millones de pesos al grupo inmobiliario Verhome, S.A. de C.V., propiedad de Edmundo Tiro Moranchel, quien a su vez estaba preso desde 2010, acusado de haber defraudado a más de 7 mil ahorradores.

El 8 de marzo de 2017, cuando estaba por cumplirse un año de su encarcelamiento, Silva inició una huelga de hambre para exigir atención para su caso. Vía telefónica aseguró a los medios que su detención tenía como origen el interés del exgobernador Moreno Valle de despojarla de un terreno de 6 mil metros cuadrados en la exclusiva zona comercial de Angelópolis.

Aunque la empresaria aseguró que la cesión del terreno, cuyo valor se estimaba superior a 4 millones de dólares, partía de un acuerdo de negocios con los Moranchel para construir ahí un desarrollo inmobiliario. Desde la cárcel, el empresario negó haberle otorgado los derechos sobre la propiedad que él pretendía usar para negociar su libertad con las personas que fueron defraudadas por su empresa.

Narró que Silva le había ofrecido sus servicios para resolver su situación legal, que consistía en buscar un acuerdo con todos los ahorradores defraudados para resarcir el daño y accedieran a retirar los cargos; sin embargo, que la empresaria acabó por quedarse con el predio.

El gobierno estatal, por su parte, aseguró que el empresario había optado por ceder la propiedad del terreno a Silva como una forma de evitar que lo aseguraran dentro del juicio de fraude que se seguía en su contra.

La situación del predio nunca fue aclarada por la empresaria, quien sí denunció que Moreno Valle le envió a la cárcel a emisarios, como Juan Pablo Piña y Enrique Flota, en ese entonces funcionarios del gobierno estatal, para obligarla a ceder la propiedad a un fideicomiso y luego intentar obligarla a venderlo en un precio mucho menor al real.

La tortura

Araceli Bautista, integrante del Centro de Derechos Humanos José Luis Tehuatlie Tamayo, dice haber sido testigo de las torturas y maltratos de los que fue víctima Silva Hernández en su estancia en el penal de San Miguel.

“Había una reclusa que la perseguía, que la golpeaba, que se dedicaba a hostigarla día y noche; le hizo la vida de cuadritos”, recuerda.

Refiere que la empresaria fue detenida a los pocos días de que había salido de una operación de la tiroides y, a pesar de su condición, se le negaba el acceso a medicamentos y la atención médica. También relata que, en los separos de la Fiscalía General del Estado, el día de su detención la empresaria tlaxcalteca fue obligada a desnudarse entre expresiones agresivas y humillantes por parte de los policías.

Además, menciona que recurrentemente recibía visitas de emisarios de Moreno Valle que la hostigaban y sometían a amenazas, sobre todo que levantarían cargos contra sus padres si no accedía a entregarles los terrenos que estaban a su nombre.

“Le decían cosas despectivas, como referirse a su padre como el carnicero, porque se dedica a los embutidos; es decir que la hacían sentir que ellos podían hacer con ella y con su familia lo que quisieran”, narra la activista y militante de Morena.

Además, en el área de mujeres del penal de San Miguel los servicios sanitarios son letrinas y están infestadas de ratas y cucarachas. En el año y dos meses que estuvo presa no se le permitió ver a su hija adolescente y se le restringieron las visitas. Aunque Yáñez viajaba todos los fines de semana, sus encuentros eran siempre con la certeza de que los espiaban y grababan.

De hecho, Bautista cuenta que para ingresar a visitarla ella tenía que dar información de otra reclusa para luego buscar a Silva en el interior del penal. Agrega que una vez fue descubierta con la empresaria en la visita, lo que generó que los directivos del reclusorio la retuvieran en un área y la amenazaron con levantarle cargos.

En cambio, asegura que la novia de Yáñez se mostraba solidaria con la situación de las demás reclusas en el interior del penal, al grado de que parte de su huelga de hambre fue para visibilizar las carencias que sufrían. Además, dice que le consta que con su propio dinero compró más de 100 colchonetas para regalárselas a las internas.

“Creo que ella tiene mucho coraje por lo que le hicieron, porque sí fue un trato brutal”, manifiesta Bautista. “Creo que ella hace esta boda tan lujosa para que todos la vean; es como decirles: ‘Miren con quién se metieron; ahora ustedes van a comer de mi mano, cabrones, por lo que me hicieron’”.

Durante seis meses la activista originaria de San Bernardino Chalchihuapan visitó a la empresaria tlaxcalteca en la prisión. El 22 de mayo de 2017 Silva Hernández obtuvo su libertad mediante un amparo.
–¿Te invitó a la boda? –le pregunto.

–¡Claro que no! –responde con una sonrisa.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Martes 9 de octubre de 2018.

 
     BERLIN, 9 oct (Xinhua) -- Las ventas de la fabricante de autos alemana Volkswagen cayeron en septiembre por la introducción de nuevas reglas de emisiones, informó hoy la compañía con sede en Wolfsburg.

     Volkswagen vendió 485.000 vehículos en total a sus clientes durante septiembre, lo que marcó un descenso de 18,3 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado. En Europa y en el mercado nacional, las ventas cayeron en una tasa anual de 42,6 y 47,1 por ciento, respectivamente.

     De acuerdo con Volkswagen, el descenso se "debió principalmente" a los efectos del Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros (WLTP, por sus siglas en inglés) que se volvió obligatorio en toda la Unión Europea (UE) en septiembre.

     El lunes, el rival Grupo Daimler alemán dio a conocer de manera similar una caída de 8,2 por ciento en las ventas de septiembre, que atribuyó a las dificultades logísticas alrededor de los procesos de certificación de WLTP.

     En lo que va del año, la marca Volkswagen ha entregado más de 4.622.900 vehículos a cliente de todo el mundo. Las ventas crecieron consecuentemente 2,9 por ciento durante los primeros nueve meses en comparación con el mismo periodo del año pasado.


     MEXICO, 9 oct (Xinhua) -- El huracán Michael se aleja de las costas del sureste mexicano conforme avanza por el golfo de México rumbo a Estados Unidos, informó hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

     De acuerdo con el organismo, Michael se ubicó a las 10:00 hora local (15:00 GMT) de este martes a 390 kilómetros al noreste de Cabo Catoche, en el estado mexicano de Quintana Roo (sureste), y a 580 kilómetros al sur de Florida, Estados Unidos.

     El SMN detalló en un comunicado que el huracán se desplaza por el golfo de México con vientos de 175 kilómetros por hora y rachas de 215, luego de que en las primeras horas de este martes se intensificara de categoría 1 a 2 en la escala Saffir-Simpson (de un máximo de cinco).

     La circulación de Michael originará rachas de viento que podrían superar los 50 kilómetros por hora y oleajes de uno a dos metros en costas del estado de Yucatán, en la península del mismo nombre del sureste mexicano.

     Ante su alejamiento, el gobierno de Quintana Roo dio a conocer que se mantendría atento a posibles lluvias en las costas del norte de la entidad, además de reanudar hoy las clases escolares en localidades donde fueron suspendidas el lunes.

     Por su parte, la Coordinación de Protección Civil de Yucatán desactivó la alerta que mantenía por Michael, tras apuntar que para este martes espera que el meteoro genere lluvias de ligera a moderada intensidad en ese estado.

     De acuerdo con el SMN, se prevé que el huracán evolucione por la noche a categoría 3 conforme se desplaza por el golfo hacia las costas de Florida, donde se pronostica que impacte mañana miércoles.

     Michael se formó como depresión el pasado sábado frente a las costas del Caribe y el lunes evolucionó a huracán mientras circulaba frente al estado de Quintana Roo.

 
     MEXICO, 9 oct (Xinhua) -- La inflación en México repuntó en septiembre pasado a un 5,02 por ciento interanual, su mayor nivel en seis meses, impulsada por los precios de los combustibles y algunos productos agropecuarios, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

     El registro de septiembre constituye el mayor desde el 5,04 por ciento observado en marzo pasado y supera además el objetivo del central Banco de México (Banxico) de un 3 por ciento, con un diferencial de un punto porcentual arriba y abajo de esa cifra.

     El Inegi precisó que solamente en septiembre, el Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) creció un 0,42 por ciento, porcentaje mayor que el 0,31 por ciento observado en igual mes de 2017.

     En el noveno mes del año, los productos con los aumentos más notorios fueron el gas doméstico (5,3 por ciento), seguido por la gasolina de bajo octanaje (1,47 por ciento).

     Por lo que respecta a la inflación subyacente, el índice interanual se ubicó en un 3,67 por ciento hasta septiembre, tras mostrar un aumento del 0,32 por ciento solo en el noveno mes.

     La inflación subyacente es el parámetro de las decisiones de política monetaria de Banxico, que el pasado 4 de octubre mantuvo su tasa referencial de interés en el 7,75 por ciento.

     La entidad monetaria destacó no obstante que la inflación del país enfrenta riesgos hacia adelante, en medio de una marcada incertidumbre.

     El banco mexicano Ve por Más (BX+) explicó en una nota a sus clientes que la aceleración de los precios se debió en parte al efecto de una base de comparación distinta, ya que en septiembre del año pasado los precios de la telefonía y el transporte público cayeron debido a los sismos en el país.

     La inflación más acelerada también es consecuencia de las alzas en los energéticos y sus implicaciones en la canasta básica.

     "Prevemos que tras la aceleración observada en esta lectura, la inflación reflejará un dinamismo más moderado en octubre", indicó en el reporte el economista Javier Saldaña.

     "Con esto y en un entorno de mayor certeza comercial para México, consideramos que Banxico podría mantener la tasa de interés en el 7,75 por ciento al cierre del año", agregó.

     Indicó que el escenario está sujeto sin embargo a la evolución de los precios de los energéticos a nivel global, así como al ritmo de alza de tasas en Estados Unidos y a otros acontecimientos globales.


Los dos campos petroleros de Campeche y Tabasco generarían 180 millones de barriles de crudo

Manik, con un potencial de 80 millones de barriles, se encuentra a 102 kilómetros de Ciudad del Carmen, Campeche; mientras que Mulach, con un potencial de 100 millones de barriles, se ubica a 17 kilómetros de Paraíso, Tabasco.

México. - La empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció hoy el descubrimiento de siete yacimientos en dos campos del Golfo de México con potencial para incorporar 180 millones de barriles de crudo a las reservas del país.

Manik, con dos yacimientos y un potencial de 80 millones de barriles, se encuentra a 102 kilómetros de Ciudad del Carmen (estado de Campeche) y fue descubierto en abril con una profundidad total de 4 mil 765 metros.

Por su parte, el pozo Mulach, con cinco yacimientos y un potencial de 100 millones de barriles, se ubica a 17 kilómetros de Paraíso (estado de Tabasco) con una profundidad de 3 mil 976 metros.

De ambos campos, Pemex prevé producir en un futuro entre 30 mil y 45 mil barriles diarios de petróleo.

En rueda de prensa, el director general de Pemex, Carlos Alberto Treviño, calificó estos hallazgos de “grandes noticias” que confirman que “todavía tenemos mucho crudo que debemos buscarlo, encontrarlo y sacarlo para incorporarlo a la producción nacional”.

El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, aseveró a su vez que estos descubrimientos suponen “uno de los diez hallazgos en aguas someras más importantes del mundo en los últimos 15 años”.

Afirmó que Pemex está dejando atrás “los efectos negativos” de la caída de los precios del petróleo que provocó en 2016 una disminución de tres cuartas partes de los ingresos de la empresa estatal.

. @Pemex anunció el descubrimiento de 7 yacimientos ubicados con 2 pozos de las Cuencas del Sureste, denominados #Manik-101A y #Mulach-1, con los cuales se espera incorporar más de 180 millones de barriles de crudo equivalente (MMbpe) a las reservas 3P de ??#Manik y #Mulach pic.twitter.com/Hu2NIJwiDv

— Presidencia México (@PresidenciaMX) 9 de octubre de 2018

Pemex también anunció hoy que entre 2019 y 2020 ya podrá iniciarse la producción de los campos Xikin y Esah, descubiertos en 2015 con un potencial de 350 millones de barriles.

También se está delimitando otros los campos de Kinbe y Koban, descubiertos en 2011 y 2016, para dimensionar la cantidad de hidrocarburos de que disponen.

En total, los seis campos contienen unas reservas potenciales de 865 millones de barriles de petróleo, que permitirán producir entre 193 mil y 210 mil barriles diarios.

Treviño celebró que los yacimientos “contribuirán a cumplir las metas de producción de Pemex para los próximos años” y que brindarán al próximo Gobierno mexicano “una buena plataforma para contribuir a la riqueza de Pemex y de México”.

Precisamente, el Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, que asumirá la Presidencia el 1 de diciembre, anunció una inversión total de 304 mil millones de pesos (16 mil 300 millones de dólares) para reforzar el sector energético mexicano y aumentar la producción petrolera.

 EFE
Sin Embargo
Ciudad de México
Martes 09 de octubre 2018.


Es uno de los nueve puntos legislativos urgentes que propondrá a senadores; eliminar el fuero y extinción de dominio en corrupción, otros temas en su lista

El presidente del Senado, Martí Batres (Morena), presentó nueve prioridades legislativas que propondrá a los grupos parlamentarios como urgentes para el presente periodo ordinario, entre las que se encuentra elevar como delito grave el robo de hidrocarburos.

Batres Guadarrama recordó que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, planteó que se eleve a la categoría de delito grave la sustracción ilegal de gasolinas.

“Este es un tema muy delicado y una prioridad, porque creció en los últimos años de manera preocupante el robo de combustible, que además de ser un delito, tiene consecuencias patrimoniales para el Estado mexicano muy fuertes, porque una parte de las finanzas de Estado depende del sector energético”, dijo en conferencia de prensa.

El robo de combustible se convirtió en una forma de erosionar los ingresos del Estado y derivó en una nueva red de delincuencia organizada, dijo.

El presidente de la Mesa Directiva señaló que al elevar a delito grave el robo de hidrocarburos, la incidencia del mismo podría inhibirse, porque los presuntos criminales enfrentarían los cargos desde la cárcel.

“Por supuesto que ayudaría a inhibirlo, porque si hay robo de combustible, detienen a una persona y sale unas horas después libre, quiere decir que no existe la suficiente coacción para inhibir este delito”, dijo.

Esto, luego de que EL UNIVERSAL dio a conocer ayer que en el presente sexenio “estalló” el robo de combustible y la cifra de tomas clandestinas para sustraer el hidrocarburo podría llegar hasta las 40 mil, lo que representa pérdidas económicas de 30 mil millones de pesos.

El número de incidencias sobre la red de ductos de Pemex representa, en promedio, 18.2 tomas clandestinas por día entre el 1 de enero de 2013 y el 30 noviembre de 2018.

Otras prioridades. Entre las demás prioridades de la agenda, el presidente de la Cámara Alta incluyó la eliminación del fuero, paridad de mujeres en todos los niveles del gobierno, así como en el Legislativo, Judicial y organismos autónomos; seguridad social para parejas del mismo sexo: reconocimiento de la educación superior a nivel constitucional.

“Estamos muy cerca [de la paridad] en el caso del Poder Legislativo y el presidente electo ha anunciado un gabinete paritario, como lo tuvo cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así es que hay muy buenas condiciones para ello, y fuerzas políticas, senadoras y senadores de todas las fuerzas políticas, han coincidido aquí en el Senado sobre iniciativas que ya se han presentado”, dijo.

Señaló que otro de los temas prioritarios es la extinción de dominio en los casos de corrupción, así como la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, el cambio de la Sedesol por Secretaría del Bienestar y la creación del Instituto de Pueblos Indígenas; el tema laboral necesita, señaló, legislación secundaria en justicia.

Recordó que está pendiente la aprobación de legislaciones en esta materia, sobre un organismo para el registro de los contratos colectivos y en materia de libertad, así como de democracia sindicales.

“La idea de fortalecer la negociación colectiva y transparentar los contratos, combatir los llamados contratos de protección, tema que es conveniente tanto para trabajadores como para empresarios, que muchas veces se ven azotados por las extorsiones de quienes promueven estos convenios de protección.

“Y hay una tercera cuestión relacionada con ésta, que tiene que ver con la libre sindicalización”, explicó.

Aunado a ello, un nuevo catálogo de delitos graves, como el robo de hidrocarburos, corrupción, falsificación de facturas y fraude electoral, entre otros.

El noveno punto es la creación de la Fiscalía General, donde hay distintas concepciones y enfoques.

“No obstante, es un tema que necesariamente debe tratarse y resolverse. La Legislatura anterior no lo resolvió y es importante que se resuelva en esta Legislatura”.

En el caso de la abrogación de la reforma educativa, Batres explicó que no está en los nueve puntos, porque es un tema que requiere un proceso interno y con la sociedad. Recordó que el tema está en consulta por el equipo del futuro gobierno.

“Son puntos sobre los que considero hay urgencia de la sociedad, consenso de las fuerzas políticas, necesidad del nuevo gobierno o son imperativos derivados de reformas constitucionales previas o de los acuerdos que ha establecido México”, dijo.

Señaló que en estos nueve puntos se recogen urgencias del presidente electo, las prioridades expuestas por los grupos parlamentarios, así como exigencias de la sociedad mexicana.

Con respecto a la propuesta del presidente electo de regresar el Estado Mayor Presidencial a la Sedena, Batres aseveró que eso se puede incluir en la nueva organización de la Administración Pública Federal.

El Universal
Alberto Morales
Ciudad de México
Martes 9 de octubre de 2018.

 

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