Enrique Aguirre

Enrique Aguirre


Morena ante el INE, acusó que esa institución está sometida a los intereses del ex Gobernador Rafael Moreno Valle.

Ciudad de México.- Luego de que el Instituto Electoral de Puebla ordenó abrir apenas el 26 por ciento de las urnas de la elección de Gobernador, Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE, acusó que esa institución está sometida a los intereses del ex Gobernador Rafael Moreno Valle.

"El Ople de Puebla no sólo está subordinado, recibe instrucciones de Moreno Valle. Recordemos que Moreno Valle en Puebla tiene un control caciquil muy grave, y en ese sentido los resultados tienen que ver con esa inacción de las autoridades electorales", dijo Duarte en entrevista.

El virtual diputado federal electo de Morena indicó que la decisión del Ople de ordenar un recuento mínimo de casillas forma parte de la impugnación que el partido presentó ante el Tribunal estatal.

Detalló que, en promedio, el monto mínimo de casillas que se ha recontado en las entidades  federativas en elecciones locales es de entre 50 y 60 por ciento de casillas, por lo que, expuso, el caso de Puebla llama la atención.

"Desde que se estableció el recuento en la ley, en las 32 entidades está en el 60 por ciento (el promedio). Sólo en dos casos en la historia que estén abajo del 30 por ciento es el Estado de México en el 2017 y ahora Puebla.

"Son los dos estados donde menos recuento de casillas ha habido y eso evidentemente retrata de cuerpo entero la actuación de los Oples", declaró.

Duarte confió en que la impugnación presentada por las irregularidades en la elección en que la resultó electa Martha Érika Alonso, esposa de Moreno Valle, será resuelta favorablemente por el Tribunal local.

De lo contrario, advirtió, llevarán el caso a la Sala Regional y, luego, a la Sala Superior del Tribunal Federal.

"Nosotros tenemos confianza en que los tribunales van a fallar a nuestro favor, que no se va a dejar pasar este grado de impunidad que se tiene en el caso de Puebla, y tenemos mucha confianza en que vamos a hacer valer la ley en este caso", expuso Duarte.

Reforma
Zedryk Raziel
e Iris Velázquez
Ciudad de México
Sábado 14 de julio de 2018.


El legendario boxeador filipino Manny Pacquiao derribó tres veces y noqueó en siete rounds al argentino Lucas Matthysse y a sus 39 años de edad, se consagró como el nuevo campeón Welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en el evento estelar en la Axiata Arena de Kuala Lumpur, Malasia.

Pacquiao, quien no noqueaba desde 2009, salió triunfante en la primera gran cartelera en Malasia desde que Muhammad Ali venció a Joe Bugner en 1975 por los títulos de peso Pesado de la AMB y Consejo Mundial de Boxeo.

Matthysse cayó en los rounds tres, cinco y siete antes de no poder continuar en ese fatídico capítulo.

Al finalizar la batalla, Pacquiao (60-7-2, 39 KOs) no confirmó su regreso al ring en lo que resta del año y se dijo sorprendido por el nocaut.

Pacquiao tomó la iniciativa desde el comienzo en el centro del ring y controló las acciones ante un Matthysse expectante.

Pacquiao es zurdo, mientras que Matthysse derecho. El boxeador de Filipinas salió hacia el frente, mientras que el argentino dio pasos circulares evitando la izquierda del asiático.

En el segundo round, Pacquiao continuó con el protagonismo y la derecha en punta llegando a la cara del patagónico, quien todavía no conectó una buena mano.

A los 28 segundos del tercer round, con una combinación que terminó en una derecha no muy espectacular pero efectiva, Pacquiao mandó a la lona a un Matthysse que no encontraba la pelea.

En el cuarto round, Matthysse salió de su apatía y comenzó a tirar manos, sin mucha contundencia, pero fue un buen augurio ante un Pacquiao que se vio muy sólido y volvió a ganar el round.

La pelea se le empezó a ir de las manos a Matthysse en el quinto round, donde trató de meterse en el cuerpo a cuerpo, pero recibió una descarga que lo dejó con la rodilla en la lona.

El sexto round complicó al argentino, ya que desde el rincón le empezaron a pedir que reaccionara, pero no lograba volver en sí. Pacquiao siguió lastimándolo con derecha.

Todas las manos de Pacquiao llegaron a destino, conectando con poder, tanto que lo volvió a tirar a Matthysse en el séptimo round para convertirse en el nuevo campeón mundial welter de la AMB por nocaut técnico cuando el árbitro paró la pelea.

EFE
Kuala Lumpur, Malasia.
Sábado 14 de julio de 2018.


René Delgado

¡Qué interesante, difícil, prometedora y compleja situación!

Los actores principales y secundarios de la contienda electoral reconocieron y aceptaron sin chistar el resultado, pero la consecuencia está costando digerirla, incluso al propio Andrés Manuel López Obrador. El cambio de reglas en el ejercicio, el reparto y el sentido del poder se están tomando con júbilo y recelo. No tanto en el campo de la economía -donde las señales son de continuidad con ajustes en el equilibrio- como sí en el campo de la seguridad, la sociedad, la política y la administración.

Una cosa es el resultado electoral, otra la consecuencia política. No es lo mismo un tiempo de cambio, que un cambio de tiempo.

***

Ante la circunstancia, marcada por el pasmo de la oposición política, la ausencia del gobierno, el entusiasmo de los simpatizantes, la suspicacia de los adversarios económicos, la aversión de algunos comentaristas y el miedo de algunos medios, el candidato triunfante no pierde un minuto.

Andrés Manuel López Obrador reconoce la coyuntura y fiel a su sentido político, actúa con velocidad y un dejo de precipitación. Gana tiempo y espacio a la resistencia que, naturalmente, encontrará el cambio radical -de raíz, dice él- que pretende realizar. Entonces, trabaja sin descanso. Atiende a sus interlocutores, al tiempo que integra equipo; gira instrucciones; fija agenda y postura ejecutiva, administrativa y legislativa; encarga planes y delega tareas relativas a la inminente actuación de su gobierno.

Quiere llegar haciendo, no viendo cómo le hace.

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En esa tesitura, el candidato triunfante anuncia medidas menores y mayores.

Desea con vehemencia asegurar resultados menores inmediatos -pensiones presidenciales, devolución del avión oficial, conversión de Los Pinos en sitio público, etcétera-, a fin de acrecentar y acreditar fuerza, respaldo y tino para generar resultados mayores posteriores -austeridad, seguridad, anticorrupción, justicia social. El título de la alianza que lo empoderó -Juntos Haremos Historia- no fue mera puntada. Quiere hacer de la alternancia, alternativa; no simple turno.

Le gusta y conoce la Historia y sólo tiene seis años para ser protagonista de ella, encabezando la cuarta transformación. Ahora no quiere escribir un libro, pretende aparecer en él.

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El resultado marca el triunfo electoral de un candidato, la consecuencia reclama cumplir el mandato recibido que, en este caso, no sólo recayó directamente sobre el abanderado principal sino también sobre su movimiento. Como hacía años no ocurría, el electorado -fuente del poder- decidió privilegiar a una fuerza tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, así como en la mayoría de las gubernaturas estatales y las legislaturas que estuvieron en juego. Otorgó un poder enorme.

Ante al resultado no hubo resistencia, pero frente a la consecuencia hay algunas dudas y cuestionamientos. Y, ante ello, el candidato triunfante lanza un anuncio tras otro que, en su constante novedad, impide calibrar cómo cayó y se entendió el anterior. Quizá sea parte de una estrategia para conservar ventaja, pero si no es así, se están incrementando las expectativas y las dudas.

Ese vértigo está provocando mareos. Algunos actores se doblegan, otros dudan y algunos más resisten apoyarlo a secas. A la vez, el candidato triunfante está generando la impresión de cierta falta de articulación en los planes de mayor hondura: seguridad, descentralización, delegado único en los estados, etcétera.

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Es prematuro tomar posturas inamovibles, es momento de ubicarse ante la consecuencia del resultado y no perder la oportunidad.

EL SOCAVÓN GERARDO RUIZ

Justo a un año del emblemático suceso, esta es la cuarta y última parte de la carta del secretario Gerardo Ruiz:

"Señor Delgado, estoy consciente de que la función pública se encuentra permanentemente sometida al escrutinio y a la crítica de la opinión pública, que normalmente poco considera el esfuerzo y la entrega de miles de servidores públicos para cumplir con los resultados comprometidos que normalmente revisten complejidades técnicas, sociales y financieras de gran dimensión, aun así considero que son más los logros y resultados que la problemática afrontada.

"Entendiendo que estas dificultades son parte del oficio público que uno afronta en vocación de servicio, aun así considero que lo más importante y trascendente es cumplir con las principales metas comprometidas que son básicas para el desarrollo del país.

"Por último, quisiera comentar que la SCT ha realizado una política de transparencia y rendición de cuentas a través de la publicidad de los procesos de contratación, la apertura de expedientes, inclusión de testigos sociales; testimonios de Notarios Públicos, así como la publicación de informes de resultados semestrales y anuales de cada sector, la publicación en redes sociales, además de ser pionera en asumir el compromiso del estándar de contrataciones abiertas en tres proyectos emblemáticos: Nuevo Aeropuerto Internacional de México, Red Compartida y Nuevo Puerto de Veracruz. El propósito siempre ha sido que la Secretaría sea un libro abierto para la ciudadanía.

"Le agradezco se haya tomado el tiempo para leer estos comentarios y en caso de alguna duda con gusto le será aclarada, aprovecho la oportunidad para enviarle el último Informe de Acciones Relevantes de la SCT y el 5to. Libro de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes, en donde se refleja con detalle en buena medida el trabajo que se ha realizado en esta Secretaría durante el último año, así como un USB con los libros de los años anteriores.

“Atentamente,
Gerardo Ruiz Esparza”.

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Reforma
Sobreaviso
René Delgado
Ciudad de México
Sábado 15 de julio de 2018.


El perredista vaticinó que el lugar se convertiría en un sitio emblemático en el sur de la ciudad.

Ciudad de México.- El pasado 8 de marzo, el ex jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, acudió a la inauguración de la plaza comercial Artz y dijo que la construcción estuvo estrictamente apegada a la normatividad de la Ciudad.

En la tarde de aquel jueves, Mancera Espinosa fue parte de la comitiva para celebrar la apertura de la plaza Artz. Estuvo acompañado del arquitecto Javier Sordo Madaleno, con quien realizó un recorrido por el recinto. Ambos caminaron por el patio del lugar y visitaron la zona de tiendas y locales.

En su discurso, el ex jefe de Gobierno reconoció que la obra enfrentó diversas dificultades y repercusiones económicas, debido a que se tenían que hacer mitigaciones y mejoras para beneficiar a vecinos y automovilistas.

"No fue un tema sencillo el desarrollo de esta obra, porque implicó varios retos, algunos desde el punto de vista de la ingeniería, otros de las adecuaciones de los propios arquitectos. Aquí hemos sido testigos de la modernidad, de procesos rigurosos en materia de construcción. Quiero decirles que no ha sido fácil, la verdad es que lo que estableció la Ciudad de México como requisitos para poder llegar a la conclusión de esta obra ha sido estrictamente apegado a ello, a la normatividad y a las leyes de la Ciudad", sostuvo.

Mancera Espinosa afirmó que la plaza era una combinación interesante, donde convergen el comercio, el arte y la convivencia. Vaticinó que el lugar se convertiría en un sitio emblemático en el sur de la ciudad.

"Así que, por todo esto quiero felicitar a Javier Sordo Madaleno, a todo su equipo, al grupo de arquitectos, de ingenieros e inversionistas que apuesta por nuestra ciudad, ojalá tengamos muchas de éstas en el futuro, que sean buenas noticias, que generen empleo, se necesita activación económica. Hoy el Gobierno de la Ciudad de México felicita a este grupo de mexicanos que apuestan por su país y por su ciudad y seguramente todo esto será un gran acontecimiento.

"Te felicito otra vez, Javier, y seguiremos trabajando de la mano, porque estoy seguro que esto va seguir, esto que es como una inquietud que tienes, seguir desarrollando cosas", comentó Miguel Ángel Mancera.

El Universal
Ciudad de México
Viernes 13 de julio de 2018.


Ciudad de México.- En México se resuelve solo el cinco por ciento de los homicidios. De los 154.557 asesinatos cometidos en el país de 2010 a 2016, el 94,8 por ciento permanecen impunes. El promedio son cinco condenas por cada cien víctimas, muy por debajo de las estadísticas del continente americano (24 sentencias), de Asia (48 sentencias) o de Europa (80 sentencias por cada cien homicidios).

México vive una crisis de impunidad en el momento más violento de su historia registrada: en 2017, nueve meses registraron un récord insólito, más de dos mil asesinatos.

Estas cifras se deben al colapso del sistema de justicia mexicano. En Colima, el estado con el nivel más alto de homicidios sin sentencia (98,8 por ciento), cada agente tiene una carga de 148 asesinatos rezagados; en Guerrero, una de las entidades más violentas del país, cada fiscal tiene novecientos casos pendientes y en Ciudad de México, que tiene el mayor aparato de justicia a nivel nacional, cada fiscal de homicidios tiene hoy un atraso de noventa casos. A este ritmo, se necesitarían 124 años para resolver los homicidios pendientes de solo seis años.

Otro vicio de la justicia en México es que la investigación para esclarecer los crímenes no se centra en llegar a la verdad, sino en encontrar a un culpable. Después de ocho meses de investigación y de entrevistar a más de sesenta funcionarios, abogados y expertos para un reportaje publicado en Animal Político, llegamos a una conclusión intuida pero poco señalada: una de las causas de la crisis de impunidad en el país es que el sistema de justicia mide sus resultados por número de detenidos.

Se trata de un método efectista de impartición de justicia que pasa por detener a un presunto culpable, muchas veces a partir de una confesión conseguida por tortura, sin investigar el caso. Solo en 2016, el 35 por ciento de los prisioneros en México no tenía condena: personas legalmente inocentes pero encarceladas que son víctimas de un sistema enfocado en llenar prisiones, pero no en prevenir crímenes ni en crear u homologar un protocolo que diga cómo investigar un homicidio.

El ejemplo más claro de este enfoque distorsionado de la justicia es el de Ayotzinapa, la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Guerrero. El 4 de junio de 2018, a cuatro años del episodio de mayor indignación civil durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, un tribunal federal anunció su fallo unánime: la investigación oficial presenta graves deficiencias que impiden esclarecer lo que sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014.

La sentencia enumera una serie de errores que es común escuchar por todo el país: hay indicios de que los detenidos confesaron por tortura, no se analizaron todas las pruebas o se sembró evidencia. El tribunal advirtió que la investigación no se hizo para buscar la verdad, sino para confirmar la versión del gobierno y propuso la creación de una Comisión de Investigación de la Verdad y la Justicia. En respuesta, ocho órganos gubernamentales han presentado recursos para no cumplir la resolución del tribunal. Parece que el gobierno ha entablado una disputa jurídica para no investigar uno de los casos más paradigmáticos de la crisis de justicia mexicana.

Además de estar desbordado y mantener un enfoque errado, el sistema de justicia presenta un déficit de recursos materiales. Tuxtepec, la segunda ciudad más poblada de Oaxaca y con una tasa de homicidios casi dos veces mayor que el promedio nacional, no tiene una morgue equipada para autopsias ni médicos que analicen los cuerpos. El trabajo lo hacen funerarias privadas y los cadáveres son llevados directamente al panteón municipal. También los peritos, detectives y funcionarios del Ministerio Público de México ganan en promedio de dos a diez veces menos que sus contrapartes en países como Brasil, Costa Rica y Estados Unidos. Esto contrasta con el mal uso de los recursos: en un laboratorio forense en el estado de Nayarit hay un equipo forense de un millón de dólares comprado hace cinco años que nunca ha sido usado.

Al mismo tiempo hay negligencia: en 2013, México recibió de la Cruz Roja Internacional un programa informático para identificar cuerpos de personas asesinadas en fosas, pero solo tres de los 32 estados lo han usado para establecer perfiles de ADN. Las bases de balística —que permiten rastrear las armas implicadas en delitos, dentro y fuera del país— no funcionan en uno de cada tres estados.

Los problemas del sistema fallido de justicia no se deben a la falta de dinero, pues entre 2008 y 2015 el presupuesto para seguridad interna ha aumentado de 27.000 a 43.000 millones de pesos. Hay una razón de fondo. En 2010, luego de la masacre de trece personas en una fiesta en Chihuahua, el Ejército llegó a un culpable, Israel Arzate, quien, según se dijo, circulaba en un coche robado y confesó ser el autor del multihomicidio. Tres años después, la Suprema Corte lo liberó tras confirmar que fue torturado para autoincriminarse, que no había una sola prueba que lo vinculara al crimen y que el automóvil en el que viajaba no era robado. Arzate no tuvo una investigación apropiada “porque no interesa. Vivimos en una sociedad donde la justicia solo consiste en llevar a alguien a prisión”, dijo el juez que analizó el caso.

En México abundan los casos como el de Arzate. Por ejemplo, el de Martín del Campo, un empresario encarcelado durante veintitrés años, acusado de asesinar a dos personas. Solo después de que instancias internacionales exigieron al gobierno examinar su sentencia, la Suprema Corte de Justicia ordenó su libertad al advertir que la única prueba era una confesión obtenida por un policía que reconoció haber torturado a Del Campo.

Resolver la crisis de justicia en México exige crear contrapesos legales y sociales para vigilar el servicio público. A su vez, el Congreso tiene que establecer un protocolo nacional de investigación de homicidios y establecer fiscalías especializadas que investiguen estos casos —solo la mitad de los estados cuentan con ellas—. La Procuraduría General de la República (PGR), el órgano que investiga y persigue los delitos federales, debe erradicar la tortura y, si ocurre, deben sancionarla a través de una fiscalía especializada en castigar violaciones a los derechos humanos.

Y la sociedad civil también tendría que ayudar a la renovación de nuestro sistema de justicia. Hay antecedentes: en 2002, se creó un Consejo de Participación Ciudadana en la PGR para evaluar y dar seguimiento a las políticas de seguridad pública, pero desapareció en 2013. Desarrollar órganos ciudadanos que vigilen el desempeño de la policía y que puedan tener autoridad en las reuniones de los consejos estatales, regionales y nacionales de seguridad será un paso adelante.

Pero, ante todo, se debe empezar por romper el paradigma judicial actual: no debe enfocarse solo en el número de detenidos, sino en la solución de los crímenes, el hallazgo de sus móviles y el diseño de una política preventiva eficaz afincada en el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos humanos. Para ello, el gobierno mexicano debe tener la voluntad política de reformar las instituciones judiciales. Hasta ahora no la ha tenido.

Arturo Angel es periodista y reportero del portal Animal Político. Ha publicado el libro “Duarte: El priista perfecto”.

The New York Times
Arturo Angel
Ciudad de México
Viernes 13 de julio de 2018.


El legislador mexicano pretende reformar el Congreso y apunta a la redacción de una nueva Constitución

El 23 de julio, Porfirio Muñoz Ledo (Ciudad de México, 1933) cumplirá 85 años. Su currículum político es también un testimonio vivo del poder en México. Fue presidente del PRI, ministro de Estado en dos Gobiernos y embajador de México ante Naciones Unidas durante seis años. Todo eso únicamente hasta 1985. Un par de años después, el 15 de diciembre de 1987, renunció al partido hegemónico y reinventó su vida en la oposición. Esa trayectoria lo llevará al Congreso por cuarta ocasión el 1 de septiembre. Esta vez como legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido creado por Andrés Manuel López Obrador que ocasionó un tsunami electoral a inicios de este mes.

López Obrador aún no revela quién coordinará la agenda legislativa de Morena en la Cámara de Diputados. En un congreso reciente del partido, el ganador de las elecciones contó que Muñoz Ledo le había pedido ponerle la banda presidencial en la ceremonia del 1 de diciembre. Para ello, el veterano político debe convertirse en presidente de la Cámara baja. El gesto estaría cargado de un fuerte contenido simbólico. Se trata de un guiño al Frente Democrático Nacional (FDN), un movimiento formado por políticos que abandonaron el PRI para construir una alternativa de izquierdas en 1988.

 “Desafiamos desde el PRI la autoridad del PRI. El país comenzó a cambiar”, cuenta un lúcido Muñoz Ledo en su casa de Las Lomas de Chapultepec. Mientras da la entrevista bebe un whisky y enciende varios cigarrillos en cadena. A sus espaldas, tiene fotografías con Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y otra donde abraza efusivamente a Fidel Castro. “Yo no niego mis afectos”, sentencia.

Treinta años después, el legislador engrosa nuevamente las filas de un partido mayoritario. Morena controlará desde septiembre a 307 de los 500 diputados en la Cámara de Diputados y a 68 de los 128 senadores. “Decir que un Gobierno con mayoría es antidemocrático es simplemente absurdo”, responde a las voces que han mostrado su temor por el amplio dominio de la formación de López Obrador. “En México sí nos hace falta una mayoría gobernante. La hubo, pero fue terriblemente autoritaria”.

El recién elegido presidente del país definió este miércoles sus prioridades legislativas para el inicio de la legislatura. Estas incluyen una rebaja a los sueldos de los altos funcionarios, reorganizar las secretarías de la Administración Pública, acabar con la inmunidad parlamentaria y privilegios para los funcionarios públicos, revertir la reforma educativa, crear la revocación de mandato y subir los salarios mínimos en la frontera norte.

“No se trata de imponer una mayoría, sino de hablar con los demás”, afirma Muñoz Ledo. “Andrés Manuel quiere un consenso nacional. Eso es muy difícil de lograr, pero el tipo de transformación que quiere lo obliga a tener un amplio espectro de apoyos”.

Aquel primer bloque de reformas estaría destinado a cumplir las promesas de campaña y afianzar políticamente al presidente López Obrador. El futuro legislador de Morena reconoce que la tarea no será sencilla. Las iniciativas deben sacarse adelante con cambios presupuestales que no contemplan nuevos impuestos.

Muñoz Ledo augura que el éxito de esa primera etapa abriría un segundo periodo de transformaciones más profundas del Estado mexicano, entre ellas la creación de una nueva Constitución. “La nueva República depende de un nuevo diseño constitucional, Andrés está convencido de eso. Pero tiene que crear las condiciones hacia mediados de su sexenio. Todavía falta hacer una revisión integral de la Constitución o la convocatoria de una Constituyente. Ahora no se dan las condiciones”.

Antes de llegar a ese punto, Muñoz Ledo trabaja en la redacción de una nueva ley orgánica para el Congreso. “La lucha contra la corrupción comienza en el Legislativo”, asegura. El veterano político pretende reducir el número de comisiones en las cámaras y de institutos que trabajan para los diputados y senadores. Estos organismos engrosan la máquina burocrática del poder legislativo y abonan a la opacidad en el uso de recursos públicos. “Hay que reformar el Congreso: depurarlo, republicanizarlo, modernizarlo”, considera.

La relación con Estados Unidos

En sus memorias Mi historia en la oposición (Debate, 2017), Muñoz Ledo cuenta que el candidato Luis Echeverría llegó al poder con la confianza de que tendría una buena relación con Estados Unidos. La realidad lo desmintió poco después, en 1970. La tensión con Washington marcó su crispado sexenio.

Andrés Manuel López Obrador también ha apostado por el optimismo en su relación con Donald Trump, quien ha mostrado una sincera hostilidad hacia los mexicanos. El presidente electo recibe este viernes en su casa de transición a los emisarios del republicano, encabezados por el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. En la agenda figura la renegociación del tratado de libre comercio, seguridad y migración.

“Los acuerdos integrales con Estados Unidos siempre han fracasado porque ellos tienen más que imponernos que nosotros. Yo prefiero que se discuta tema por tema. Nada de eso de que ellos dan migración y nosotros les damos petróleo, porque nos metemos en una cadena muy complicada”, asegura.

“Lo que reduce la migración es el salario, no el empleo. Hay que probar a los americanos que la migración es el fruto natural de la relación económica”, dice el exministro del Trabajo entre 1972 y 1975. Desde ese entonces, el ingreso mínimo ha perdido 82% de su valor. “Han expropiado el salario. Ese es el verdadero drama del país”, apunta Muñoz Ledo. El veterano legislador tendrá en septiembre una última oportunidad para mejorar las condiciones de los mexicanos en lo que ha sido una prolongada vida dedicada a la política.

El País
Luis Pablo Beauregard
Ciudad de México
Viernes 13 de julio de 2018.


 En los últimos tres días se han cometido cuatro feminicidios, con lo que ya suman 57 los asesinatos violentos ocurrido este año contra mujeres en la entidad.

Esta mañana se encontró el cuerpo de una mujer que fue calcinado y abandonado entre la maleza de un predio de Amozoc de Mota, municipio conurbado con Puebla capital.

También en Atlixco este día fue localizado el cadáver de una mujer no identificada, de aproximadamente 30 años y quien se presume fue ultimada a balazos la noche del miércoles 11 en un paraje de la Junta Auxiliar de Santo Domingo.

La mañana del miércoles, una joven estudiante de enfermería fue encontrada muerta en una milpa de la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio, en esta capital.

De acuerdo con los primeros informes la joven, identificada como Celdi Guadalupe N., de 20 años, presentaba huellas de haber sido violada y degollada.

Unos días antes, la tarde del martes 10, una mujer de 43 años fue encontrada sin vida en terrenos de cultivo de la junta auxiliar de San Baltazar Temaxcalac.

Según sus familiares, la víctima salió a correr, como acostumbraba hacerlo todas las mañanas, pero ya no regresó. Su cuerpo tenía señales de haber sido golpeado y abusado sexualmente.

A estos hechos recientes tendría que sumarse el asesinato violento ocurrido el 7 de julio, cuando sujetos armados ingresaron a una pizzería en esta ciudad y asesinaron a una empleada de nombre Nasheli Régules.

También cabe recordar que durante los comicios que recién concluyen, fueron asesinadas a balazos la candidata a la diputación por el PVEM en Huauchinango, Juany Maldonado, y una regidora del municipio de Juan Galindo, Erika Cázares.

Según el conteo llevado por el periódico digital Central, en lo que va de este año se han cometido 57 feminicidios en Puebla.

El 20 de junio, organizaciones feministas emitieron un pronunciamiento para reclamar a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y a la Secretaría de Gobernación, la dilación en la que han incurrido para dictaminar las solicitudes de declarar la Alerta por Violencia de Género en Puebla.

Las ONG recordaron que el 23 de noviembre pasado, la Conavim emitió un acuerdo por el cual se admitió la solicitud de AVGM presentada por Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, la cual se acumula a las realizadas por la CNDH y las organizaciones Protección Popular Nacional y Sumando por Guerrero.

Estas solicitudes son relativas a feminicidio, violencia sexual y desaparición de mujeres en Puebla.

“Resulta ser inconsistente, un retardo injustificado y violatorio al debido proceso que la Secretaría de Gobernación, a través de Conavim, tarde más de seis meses en emitir recomendaciones al gobierno del estado, contraviniendo del carácter de emergencia de una declaratoria de alerta de género”, indicaron.

Las organizaciones manifestaron su preocupación por que este retraso “injustificado” tenga como propósito demorar la implementación de las medidas por parte del gobierno estatal, “lo que impacta en la vida e integridad de las mujeres y niñas de la entidad, pues no se están tomando medidas urgentes e inmediatas para atender la situación de emergencia”.

Por ello, hicieron un llamado a Conavim y a la Segob para que emitan un informe donde se detallen las conclusiones que deberán ser adoptadas por el gobierno de Puebla y que se especifique la institución responsable del seguimiento, estatus y evidencia del cumplimiento de las recomendaciones hechas, así como garantizar la transparencia de las acciones puestas en marcha.

El pronunciamiento contó con el respaldo de Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, Justicia Pro Persona, Red Retoño para la Prevención Social de la Delincuencia Organizada y las organizaciones que integran la Mesa de Seguimiento de la Solicitud de Alerta de Género contra las Mujeres Puebla.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Jueves 12 de julio 2018.


El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, presentó ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) la solicitud de nulidad de la elección a gobernador, así como la invalidez de la constancia de mayoría emitida por el Consejo General del IEE a Martha Erika Alonso.

En un comunicado señaló que el documento dirigido al consejero presidente del IEE, Jacinto Herrera Serrallonga, lo entregó en términos de ley en la oficialía de partes de la institución, en donde fue recibido y sellado para el trámite legal y consignación ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

Mencionó que en las demandas solicitó, en primer término, que se lleve a cabo un recuento total de la votación recibida durante la jornada electoral, ya que el principio de certeza se ve afectado al existir discrepancias en las actas de los cómputos distritales, la diferencia tan corta entre los contendientes.

También, por la existencia de más votos nulos que la diferencia entre primero y segundo lugar; de igual manera, solicitó la nulidad de la elección al estar demostrado que, durante el proceso electoral, se cometieron ilegalidades.

En el documento señaló el rebase de gastos de tope de campaña, uso inequitativo de los medios de comunicación social y violación a los principios constitucionales rectores de la elección.

Barbosa Huerta agregó que sobre la última causal de nulidad hace referencia a los múltiples actos de violencia durante la jornada electoral que impactaron de manera determinante al resultado de la elección de gobernador.

Dentro de esos actos destacó el uso indebido de recursos públicos por parte del ejecutivo estatal, situación acreditada en al menos dos hechos específicos como es la detención ilegal y arbitraria de brigadistas de Morena y el robo de material electoral.

En los recursos, Barbosa Huerta hizo referencia a la omisión del gobierno local de investigar las irregularidades suscitadas de manera previa y durante la jornada electoral, tales como compra de votos y violencia generalizada al interior de las casillas.

Otra violación a los principios constitucionales consiste en la existencia de un laboratorio de la coalición Por Puebla al Frente, para manipular y falsificar material electoral.

Lo anterior, fueron acompañados de diversos medios de prueba que demuestran plenamente las afirmaciones expresadas en los recursos.

El candidato al gobierno del estado señaló que la solicitud y trámite de este recurso de inconformidad se encuentra sustentado en el artículo 352 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales en el estado de Puebla.

Barbosa Huerta hizo un llamado para que la autoridad actúe con estricto apego a derecho y de forma imparcial para el beneficio de la sociedad poblana.

Notimex
Puebla, México
Jueves 12 julio de 2018.


Las víctimas fueron encontradas sin vida en diferentes puntos del estado

Puebla.- En menos de 24 horas, tres mujeres de aproximadamente 30 años de edad fueron asesinadas en distintos puntos de Puebla.

Cerca de las 19:32 horas de ayer, vecinos de la Junta Auxiliar Santo Domingo Atoyatempan del Municipio de Atlixco escucharon balazos sobre el camino que conduce a San Isidro Huilotepec.
 
Posteriormente, vieron salir con rapidez una camioneta roja, por lo que le dieron aviso al número de emergencias del 911.
 
Paramédicos de la unidad 193 del SUMA se movilizaron y hallaron el cadáver de una mujer con tres balazos en la cabeza.
 
Indicaron que la víctima, de unos 30 años de edad, vestía pants y chamarra negra, así como unos tenis blancos.

La segunda mujer muerta fue hallada en la Colonia San Mateo Mendizabal del Municipio de Amozoc al fondo de una barranca ubicada atrás del Motel Las Ánimas, cerca de las 11:00 horas.
 
Paramédicos de la unidad 037 de la Cruz Roja Mexicana indicaron que la víctima, de unos 30 años, tenía quemaduras en el cuerpo y que estaba amordazada con una playera blanca y con un brasier rojo.
 
Elementos de la Policía Municipal y Estatal acordonaron el perímetro de la barranca, localizada a unos 500 metros de la carretera federal Puebla-Tehuacán, para evitar el paso de los curiosos.
 
El tercer caso ocurrió en el canal de la Presa de Valsequilllo, en el Municipio de Tecamachalco, cerca de las 15:00 horas.
 
Los vecinos de la Junta Auxiliar Xochimilco se percataron que el cadáver de una mujer flotaba en las aguas negras, por lo que le dieron aviso al número de emergencias del 911.
 
Un grupo de buzos y paramédicos se encargó de rescatar el cuerpo de la víctima, de unos 30 años de edad, y se la entregaron a los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
 
El cadáver de la mujer fue llevado al anfiteatro local para determinar si tenía lesiones de algún tipo de arma.
 
Los tres asesinatos se suman al de una estudiante de enfermería, quien fue hallada degollada y ultrajada ayer por la mañana en la Junta Auxiliar San Sebastián de Aparicio ubicada en la Capital poblana.

Reforma
Andrés Sánchez Pastén
Ciudad de Puebla, México
Jueves 12 de julio de 2018.


Tras la firma de la carta de adhesión al Acuerdo Nacional de Intercambio de Prestación de Servicios, así como el convenio entre el Hospital Universitario de Puebla (HUP) y la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la BUAP es la primera universidad del país en adherirse a este acuerdo para la universalización de los servicios de salud; es decir, garantizar atención médica sin importar afiliación.

          Con estos acuerdos, el rector Alfonso Esparza Ortiz señaló que se fortalece el trabajo colaborativo y se muestra la pertinencia de la Institución de brindar servicios de salud a quien los requiera, en este caso a los derechohabientes del IMSS. Para la BUAP –dijo- resulta gratificante ser partícipe de este esfuerzo compartido que tendrá un alto impacto en el bienestar de la población.

          De esta manera, el HUP prestará servicios a los derechohabientes del IMSS por lo cual se pondrán a su disposición los servicios subrogados de este nosocomio, su equipo, material y personal médico, con el objetivo de ofrecer la misma atención que recibe la comunidad universitaria.

          En la sala de juntas del HUP, donde se dieron cita funcionarios de ambas instituciones, Esparza Ortiz expuso que parte de la responsabilidad de la Máxima Casa de Estudios en la entidad es trasladar el conocimiento a la sociedad, mediante acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo; además de formar egresados competentes, éticos y eficientes. Por consiguiente, la adhesión al Acuerdo Nacional de Intercambio de Prestación de Servicios permite cumplir con tales propósitos.

          En este sentido, el Rector refirió: “Agradecemos la confianza que el Seguro Social otorga a la Institución para atender a sus derechohabientes y nos sentimos orgullosos por comprobar que el sistema de salud nacional reconoce a la BUAP como una institución que puede sumar sus capacidades a la atención de las necesidades sociales, en un ámbito tan sensible como la salud”.

          Eulalio Morales Palacios, director del HUP, afirmó que brindar servicios médicos a los derechohabientes del IMSS es posible gracias a la Acreditación en Capacitación, Calidad y Seguridad para la Atención Médica en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, otorgado por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, de la Secretaría de Salud federal, el cual avala el cumplimiento de condiciones que garantizan la funcionalidad y eficiencia de las unidades médicas de la Universidad.

          Asimismo, mencionó que el HUP está en proceso de certificación de sus procesos y resultados, para garantizar la seguridad en la atención del paciente. Esta evaluación es realizada por el Consejo de Salubridad General y se basa en estándares internacionales.

          En entrevista, Morales Palacios informó que el pasado 15 de junio las autoridades del IMSS realizaron una visita al HUP para verificar sus instalaciones, sobre todo quirófanos, áreas críticas y de terapia, así como de urgencias, consideradas como zonas de riesgo para la atención hospitalaria. “Se fueron muy satisfechos porque todo lo que se ha remodelado cumple con las normas oficiales mexicanas”.

          A partir del lunes 25 de junio, el HUP recibe a derechohabientes del IMSS. A la fecha se han atendido 29 pacientes, quienes quedaron muy satisfechos con la prestación de los servicios médicos.

          En su intervención Aarón Yamil Melgar Bravo, delegado en Puebla del IMSS, notificó que desde hace más de mes y medio se recorren diferentes hospitales para hacer un mapeo en el estado, con la finalidad de atender la saturación de pacientes por la contingencia suscitada el pasado mes de septiembre.

           Acompañado de Jorge Martínez Torres, jefe de prestaciones médicas, Melgar Bravo reconoció el apoyo del HUP. “Estamos gratamente sorprendidos y agradecidos por la oportunidad, espacio y disponibilidad que en todo momento nos brindaron en la BUAP”. De esta forma, este trabajo conjunto beneficiará a más de 100 mil derechohabientes.

Puebl@Media
Ciudad de Puebla
Jueves 12 de julio de 2018.

 

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