Enrique Aguirre

Enrique Aguirre

 

En el país 17 mandatarios ganan más de 108 mil 248 pesos que AMLO propone como salario para el Presidente

 

Un total de 17 gobernadores y al menos ocho alcaldes del país tienen un salario mensual superior a los 108 mil 248 pesos que Andrés Manuel López Obrador propone que sea el salario máximo del Presidente y que ningún funcionario gane por arriba. De aprobarse su iniciativa, la austeridad también deberá llegar a los estados y municipios en donde varios mandatarios deberán ajustar su salario.

Encabeza la lista de los mandatarios estatales que más dinero reciben mes con mes: Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes, con un sueldo bruto de 245 mil 742 pesos, de acuerdo con la ley de egresos del gobierno del estado. El panista fue alcalde de Aguascalientes capital (2005-2007) y también estaba entre los ediles mejor pagados, pues cobraba 102 mil 763 pesos al mes.

En segundo lugar, está otro militante del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Márquez, de Guanajuato, con un sueldo bruto de 222 mil 025.07 pesos.

El perredista Arturo Núñez, de Tabasco, quien este año termina su gobierno, tiene un sueldo bruto de 179 mil 428 pesos 56 centavos. Muy cerca se ubica su similar del Estado de México, el priísta Alfredo del Mazo con 174 mil 409.65 pesos.

Dos mandatarios priístas más que están en la lista con salarios arriba de los 108 mil 248 pesos son Alejandro Moreno Cárdenas, de Campeche, quien hasta diciembre de 2017 reportaba percepciones brutas por la cantidad de 167 mil 661 pesos, y Aristóteles Sandoval, de Jalisco, con 166 mil 195 pesos.

Javier Corral, gobernador de Chihuahua (PAN), tiene sueldo bruto de 163 mil 381 mensuales y el aliancista (PAN-PRD), Carlos Joaquín González, de Quintana Roo, de 160 mil 676.

Ayer, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, quien aparece en esta lista, advirtió que no ajustará su sueldo.

“Yo gano mucho menos que el señor presidente, no lo voy a ajustar, así me lo dejaron en la administración pasada y así quedó en mi administración, 90 mil pesos mensuales”, comentó en Torreón.

Sin embargo, una revisión al tabulador de percepciones del gobierno de Coahuila da cuenta de que recibe 158 mil 835.98 pesos de manera bruta. Tiene, entre sus beneficios, mil pesos mensuales de monedero (despensa) y mil 296.15 de “recreación, cultura y deporte”. Además, recibe un aguinaldo anual de 173 mil 494.08 pesos.

Dadivoso

El sueldo del panista Antonio Echevarría, gobernador de Nayarit, es de 155 mil 301 pesos; sin embargo, desde que hizo campaña se comprometió a donar su salario para crear un fideicomiso con el que se entreguen becas para niños de escasos recursos. El empresario tomó posesión del cargo el 19 de septiembre de 2017 y fue hasta principios de junio pasado cuando comenzó la entrega de las llamadas Becas D10, que en una primera etapa beneficiará a 100 alumnos con 2 mil pesos mensuales.

Con salarios altos le sigue el priísta Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero (2015-2021), que gana 146 mil 916 pesos mensuales; José Rosas Aispuro Torres (PAN), de Durango, 141 mil 697 pesos, según el portal de Transparencia del gobierno estatal; Rolando Zapata Bello (PRI), de Yucatán, 141 mil 152 pesos en total y Juan Manuel Carreras (PRI), de San Luis Potosí, 137 mil 746.26.

El panista Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur, gana 118 mil 972.72 pesos al mes, según la Secretaría de Finanzas estatal; el priísta Alejandro Tello Cristerna, de Zacatecas, 113 mil 526. 16 y Francisco Domínguez Servién (PAN) de Querétaro, 109 mil 504 pesos.

Los “austeros”

El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, y el de Baja California, Francisco Vega Lamadrid, tienen en común su militancia en Acción Nacional; sin embargo, el primero gana 179 mil pesos más que el segundo.

Orozco Sandoval es quien más gana de los gobernadores y Vega Lamadrid tiene el menor sueldo, al mes recibe 66 mil 667.0 5 pesos, de acuerdo con el portal de Transparencia de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Con el menor sueldo le siguen: Miguel Ángel Yunes Linares, de Veracruz, con un salario mensual de 74 mil 938 pesos; Marco Antonio Mena Rodríguez, de Tlaxcala, con 76 mil 648.68, y Claudia Pavlovich, de Sonora (PRI), 78 mil 880 pesos.

Manuel Velasco Coello (PVEM), de Chiapas, 80 mil 77.20; Antonio Gali (PAN), de Puebla, con 94 mil 924 pesos; José Ignacio Peralta (PRI), de Colima, con 96 mil 374 pesos y Alejandro Murat Hinojosa (PRI), de Oaxaca, con 97 mil 828.

Perciben salarios mayores a 100 mil, aunque menores a 108 mil: Omar Fayad (PRI), de Hidalgo; Silvano Aureoles (PRD), de Michoacán, y Francisco García Cabeza de Vaca (PAN), de Tamaulipas. Además, el jefe de Gobierno de la CDMX, José Ramón Amieva; Alejandro Tello Cristerna (PRI), de Zacatecas, y el independiente de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco. Con información de los corresponsales.

El Universal
Esther Sánchez
Ciudad de México
Jueves 19 julio de 2018.


Pablo Gómez

Existe un debate informal y deshilachado en varios periódicos sobre quiénes ganaron las elecciones desde un punto de vista politológico o, más ampliamente, sociológico. Se insiste en eso de los populistas sobre lo cual no existe una definición, se habla de una izquierda sospechosa por indefinida y, por último, se insiste en un inusitado y asombroso movimiento popular democrático, al que se refiere el mismo candidato triunfante.

Unos días después de las elecciones del 1 de julio, me encontré a Roger Bartra en el supermercado y de inmediato me dijo que había ganado "un nuevo PRI". Rebatí de botepronto su aseveración, posible conclusión de un análisis sociológico viniendo de un reputado investigador, con el argumento de que Morena no se basa en aparatos corporativos ni es parte de la forma de gobernar asentada en la corrupción. Bartra replicó con una evidencia: "no veo en el nuevo gobierno a ningún revolucionario". Le aclaré que revolucionarios no hay porque no se están produciendo revoluciones; vivimos en un mundo diferente al del siglo XX, aquel "siglo de los extremos", según Eric Hobsbawm. Las revoluciones están en receso. Me pareció que él aceptaba estas afirmaciones mías pero volvió a la carga y dijo que López Obrador no iba a combatir la corrupción. Al final, le reiteré uno de los principales compromisos de campaña, el de acabar con el Estado corrupto mexicano. En lugar de decirme adiós, Bartra se despidió con un "veremos" de incredulidad.

Tanto en el terreno de la forma de gobernar, en el que destaca el tema de la corrupción, como en lo tocante a la política social, el ingreso y el impulso del crecimiento de la economía, existen muchas dudas. No es sólo la prensa sino también la intelectualidad e, incluso, señaladamente, mucha gente de la ciudadanía que salió a votar por el cambio y en la noche de ese día difícil se encontró con el hecho político de que era mayoría absoluta de su país.

Existe desconfianza en los programas políticos porque hasta ahora casi todo ha sido mentira. Ni la corrupción bajó, ni la economía creció, mucho menos se redujo la pobreza o mejoró la distribución del ingreso. En los últimos seis años tampoco se dio la prometida respuesta a la crisis de violencia delincuencial.

Un nuevo PRI es imposible porque sería algo del todo artificial y, por tanto, grotesco. Durante casi 40 años se ha producido un largo y desesperante proceso de cambios políticos, gracias al cual, finalmente, gozamos de aquellas libertades que el PRI le había arrebatado al país. Nuestra democracia, del todo formalista, aún no ha incluido a la escuela ni al sindicato, pero se expresa en otros ámbitos. Esa es la palanca para alcanzar un sistema político participativo y, con ello, construir una nueva ciudadanía. Tal es el nuevo propósito.

Ese movimiento popular, el que rebasó por completo al PRIAN como articulación de poder, se encuentra obligado a cambiar el estilo político. No es sólo minimizar la parafernalia oficial sino la completa cancelación del reparto de prebendas, favores, influencias, contratos, moches, en el que se sostiene actualmente la capacidad gubernativa. No habrá otra oportunidad, es ahora.

La política social debe dejar de ser un instrumento de organización territorial y sectorial de grupos a cargo de agentes del gobierno, con beneficiarios siempre amenazados y sometidos al despotismo burocrático. La forma de hacerlo es implantar derechos sociales de carácter general. Esa es la nueva pauta.

El derroche presupuestal debe dejar su lugar a una razonable austeridad de la función pública en vías de la elevación del gasto social y de inversión. Poco a poco, año tras año, esa nueva política dará sorprendentes resultados.

Por lo pronto, entre esperanzas y escepticismos, al fin la transición está dando inicio. Sí es una proeza histórica haber logrado el resultado electoral que se tiene, por más que algunos francotiradores de izquierda, es decir, personas sin compromiso político orgánico, hayan dejado de confiar en sí mismos o, dicho de otra manera, ya no crean en lo que fue su propio discurso. Todo es real aunque parezca un sueño, tenemos una nueva fuerza gobernante popular y democrática con un duro mandato popular. Nadie es perfecto o sin defecto alguno pero esta es la verdad disponible, sobre la cual es preciso trabajar sin buscar refugio en el amargo rincón donde ya no se cree ni se piensa en nada nuevo.

Puebl@Media
Pablo Gómez
Ciudad de México
Jueves 19 julio 2018.


Las campañas que culminaron con los comicios del domingo 1, que cambiaron el mapa político del país, estuvieron marcadas por hechos violentos e irregularidades. Sin embargo, las elecciones correspondientes a la gubernatura de Puebla fueron las únicas impugnadas legalmente, dada la diferencia menor a 5% de los votos entre Martha Erika Alonso y Miguel Barbosa, así como los múltiples indicios de que pueden configurarse delitos electorales y causales de nulidad de la elección.


En el proceso electoral más violento del país, con 31 homicidios y 113 agresiones contra servidores públicos y candidatos entre el 8 de septiembre y la jornada del domingo 1, únicamente los comicios estatales en Puebla podrían ser anulados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Esta posibilidad se basa en tres razones: el rebase de topes de gastos de campaña de la aspirante de Por Puebla al Frente, Martha Erika Alonso Hidalgo; por inequidad en la cobertura de los medios de comunicación, y por una larga lista de irregularidades y agresiones antes y durante la votación, que incluyen homicidios, robo de urnas, al menos 10 balaceras en las casillas, compra de sufragios y golpes a funcionarios de casillas de la coalición Juntos Haremos Historia.

En el recurso de inconformidad presentado por el candidato de esta última coalición, Miguel Barbosa Huerta, ante los magistrados del tribunal electoral de Puebla, uno de los principales elementos para solicitar la anulación electoral de los comicios a gobernador es la existencia “de un laboratorio de la coalición Por Puebla al Frente para manipular y falsificar material electoral”.

En el alegato de 169 cuartillas, cuya copia obtuvo Proceso, se presenta como prueba el acta notarial número 53,069 de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) sobre los hechos ocurridos el 3 de julio en el hotel MM de Puebla, en donde se descubrió el presunto “laboratorio que operaba desde antes del día de la jornada electoral”.

La impugnación ante el tribunal electoral relata: “En el lugar se encontraron sábanas con resultados marcados. De lo narrado en los videos se asegura que esas actas llegaron al Instituto Electoral del Estado para ser contabilizadas. En el interior del hotel se encontraban cerca de 50 personas llenando actas.

“Asimismo, en el lugar se encontró papelería electoral, como actas, boletas, listas de secciones y computadoras con registros de contabilización de votos. Por ello, ciudadanos y ciudadanas reunidos afuera del hotel solicitaron la presencia de la FEPADE; en el lugar ya se encontraba personal de la Fiscalía Estatal, Policía Estatal y Policía Municipal.”

Se agregan como pruebas documentales 18 videos que muestran “los hechos del laboratorio de manipulación de los resultados electorales de la jornada electoral con relación a la elección de gobernador”.

El alegato de Barbosa incluye también una copia del comunicado del presidente municipal de Cuetzalan del Progreso, Óscar Paula Chávez, en el que admite haber otorgado apoyo al Partido Acción Nacional para el traslado de documentación.

Los abogados del aspirante a gobernador de Morena le solicitan al tribunal electoral que el alcalde Paula Chávez “informe a esa autoridad jurisdiccional cuál es la disposición legal a la que hace referencia en el escrito que se exhibe como prueba, los recursos materiales y humanos que empleó en el apoyo que se refiere”.

La lista de más de 20 actos de violencia documentados en la impugnación de Barbosa Huerta incluye varias notas periodísticas, videos y de portales informativos donde se denunciaron descargas de despensas en la colonia el Refugio, homicidios, robo de urnas y 10 balaceras en la jornada electoral, las agresiones en la Junta Auxiliar de Acolihuia, Chignahuapan, en la Sierra Norte de Puebla y en San Andrés Cholula, así como la volcadura de una camioneta del Ministerio Público estatal con boletas.

Entre los lugares donde se registraron al menos 10 balaceras y el robo de urnas –mismos que se transmitieron en vivo en las redes sociales, especialmente en ­Facebook– está un colegio particular en San Sebastián Aparicio, de donde se sustrajeron nueve. Sucedió lo mismo en la casa de campaña de Guillermo Aréchiga, candidato de Juntos Haremos Historia, en otra casilla de Loma Bella, en Bosque de San Sebastián y en la colonia Amor.

Múltiples anomalías

La primera parte de la impugnación relata las irregularidades en el conteo distrital, que violan el “principio de certeza”, considerado como “el eje rector de los procesos electorales, cuyo cumplimiento es imprescindible para que una elección se considere producto del ejercicio popular de la soberanía”.

En la sesión del cómputo distrital “se observó un comportamiento atípico en los votos que originalmente se habían asignado en las actas de escrutinio y cómputo y los que se obtuvieron como resultado de las diligencias de recuento en casillas específicas, pues, conforme a las cantidades que se asentaron originalmente, y que fueron capturadas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), se observó una variación sustancial de votos, después de haber realizado un nuevo escrutinio y cómputo en casillas”.

Esta “variación sustancial” fue resultado de la apertura de casillas específicas y representa “un hecho atípico que rompió con la certeza del contenido del resto de actas”.

El número de votos nulos que arrojaron los cómputos distritales fueron superiores a la diferencia que existe entre la candidata Martha Erika Alonso Hidalgo, del PAN-PRD-MC, y Miguel Barbosa, de Morena-PT-PES. La esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle registró una ventaja de 120 mil 641 votos frente a Barbosa (4.1 puntos de diferencia) para sumar un total de 1 millón 152 mil 978 sufragios frente a 1 millón 30 mil 924 sufragios del morenista. Sin embargo, los votos nulos ascendieron a 128 mil 535.

“Es decir, que el número de votos nulos es mayor a la diferencia entre los que ocupan primero y segundo lugares. Por consiguiente, existen motivos suficientes para realizar un nuevo cómputo de la elección a gobernador”, afirma la impugnación de Barbosa.

El otro alegato es el presunto rebase de topes de gastos de campaña, que se convierte en una de las causales de nulidad de la elección, ya que el artículo 41 constitucional establece esta posibilidad si la diferencia entre el primero y segundo lugar es menor a 5% y si se exceden los gastos en 5% del tope autorizado, además de si se recibieron o usaron recursos de procedencia ilícita o públicos en las campañas.

Hasta el martes 17 de junio, el equipo de campaña de Martha Erika Alonso reportó un gasto de sólo 18 millones 43 mil pesos, “lo que hace presumir y genera el indicio de que, al día de la presentación de esta queja, la candidata denunciada había rebasado el tope de gastos de campaña aprobado por el Instituto Electoral Estatal”.

El equipo jurídico de Barbosa, encabezado por el extitular de la FEPADE, Santiago Nieto, argumenta que en la campaña de Alonso existen “grandes cantidades de recursos no reportados”, que ascienden a más de 54 millones de pesos, “sin contabilizar los gastos de campaña anticipada realizados de manera conjunta con el candidato a presidente de la República Ricardo Anaya los días del 6 al 8 de abril de 2018, así como la adquisición de tiempo en radio y televisión, administrada por el INE”.

La cifra de 54.3 millones de pesos gastados por Alonso derivó de recopilar “evidencia audiovisual”, donde se estima que el costo de 140 eventos realizados por la candidata de Por Puebla al Frente, así como lo invertido en la plataforma de Facebook, suponen un total equivalente a esa cantidad.

“Es evidente que el tope de gastos de campaña asignado a la candidata y a la coalición supera por una cantidad exorbitante de dinero lo que fue reportado por ella”; es decir, sólo 18 millones de pesos.

En el caso de los medios de comunicación, también se alega que existió un “uso indebido de la pauta de radio y televisión” porque la esposa de Moreno Valle fue favorecida con la mayoría de los espots, cuando éstos debían destinarse a 26 elecciones a diputados locales y todos los municipios del estado.

Además, “es un hecho evidente, y acreditado con el monitoreo oficial de medios de comunicación elaborado por el Instituto Electoral del Estado de Puebla, que los medios difundieron de manera excesiva y sesgada información y notas a favor de la coalición Por Puebla al Frente” y en contra de Barbosa.

La información oficial del Instituto Electoral del Estado de Puebla es bastante pobre en materia de monitoreo. Su último “informe parcial” –que abarcó del 31 de mayo al 3 de junio– sólo refirió de manera escueta que se registraron 6 mil 127 menciones a los candidatos de las coaliciones en 101 medios estatales monitoreados, pero no señala ningún porcentaje de cobertura para los candidatos a gobernador.

Demanda ante la PGR

De forma simultánea al recurso de inconformidad para pedir la anulación de las elecciones a gobernador, el dirigente local de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, presentó una denuncia de hechos por la sustracción de las boletas y las urnas que se encontraron en el hotel de Puebla, pero también en la camioneta con placas P12-AJX, que presumiblemente fueron sustraídas de una o más casillas.

Las características de la camioneta corresponden a las que en algún momento fueron utilizadas por la Fiscalía General del Estado, “con la finalidad de que dichas urnas, así como las boletas que se encontraban en su interior, sufrieran una afectación en cuanto al cauce legal para el que fueron diseñadas”.

La denuncia acusa a dos personas que presumiblemente actuaron para “interferir en las votaciones, además de obstaculizar el ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales, puesto que se llevaron consigo las urnas que eran utilizadas para recibir los votos de los ciudadanos poblanos”.

Biestro Medinilla solicitó a través de esta denuncia, presentada el lunes 2, que se abra una investigación por violaciones a la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Proceso
Jenaro Villamil
Reportaje Especial
Ciudad de México
Miércoles 18 de julio de 2018.


Antonio Gali Fayad fue partícipe del presunto fraude electoral cometido en los comicios locales asegura Gabriel Biestro, dirigente estatal de Morena


El dirigente estatal de Morena, Gabriel Biestro, dijo que el partido ha pedido a alcaldes y legisladores locales y federales electos evitar sostener reuniones con el gobernador panista Antonio Gali Fayad, a quien consideran partícipe del presunto fraude electoral cometido en los comicios locales.

En rueda de prensa, el también diputado local electo estuvo acompañado de los 14 legisladores federales que resultaron ganadores en la contienda del 1 de julio, quienes manifestaron su respaldo al excandidato a gobernador por la coalición Juntos Haremos, Historia, Miguel Barbosa Huerta.

Los legisladores electos reiteraron que desconocen a Martha Erika Alonso como gobernadora electa de Puebla, ya que el proceso comicial todavía no termina.

Biestro Medinilla indicó que se hizo la petición a los candidatos que ganaron la elección para que mantengan “una línea de congruencia” y eviten sostener algún acercamiento con las autoridades poblanas hasta que exista una definición del Tribunal Electoral sobre el proceso de impugnación.

Cuestionado sobre el encuentro que acordó la presidenta municipal electa de Puebla capital, Claudia Rivera Vivanco, y el gobernador Gali, dijo que es una decisión personal y que no sería motivo de ruptura, aunque lo consideró una falta de congruencia.

“No sería congruente llevar a cabo un acercamiento con una autoridad que participó directamente en el fraude electoral como Antonio Gali, por tal motivo no se puede llevar a cabo una reunión institucional debido a que se está luchando para que se respete la voluntad ciudadana”, expresó.

En la rueda de prensa estuvieron los diputados federales electos Héctor Jiménez y Meneses, Nayeli Salvatori, Edgar Guzmán, Fernando Manzanilla, Claudia Báez, Guillermo Aréchiga Santamaría, Lizeth Sánchez, Julieta Vences, Saúl Huerta, Alejandro Barroso y Alejandro Carvajal.

Pese a este llamado que hizo Morena, la alcaldesa electa de Puebla postulada por este partido se reunió esta tarde con el gobernador Gali Fayad en Casa Puebla para hablar sobre asuntos de seguridad del municipio y pedir su participación en la integración del presupuesto municipal para 2019.

Al salir del encuentro, Rivera Vivanco rechazó que con esta reunión valide la elección de Martha Erika Alonso como gobernadora, e insistió en que aún es solidaria con la impugnación que hizo el candidato a gobernador Barbosa Huerta del resultado electoral.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Miércoles 18 julio 2018.


Sergio Aguayo

Puebla ya era la capital del huachicol, ahora quiere convertirse en la catedral del fraude electoral. ¿Se saldrán con la suya?

Las dos semanas que han transcurrido desde la elección han estado llenas de anuncios que confirman, que esta vez, sí va en serio el asalto al viejo régimen. Me ha llamado la atención la mesura en las reacciones de los afectados. Protagonistas de todos los niveles, sectores y colores alzan la voz para declarar su disposición a trabajar con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tan auténtica es su disposición a sumarse en serio a las transformaciones? Puebla es un barómetro.

Sugeyry Gándara elaboró un reportaje para el portal Sin Embargo. Concluyó que el proceso electoral poblano "se distinguió por su opacidad, endeudamiento, múltiples denuncias por presuntas irregularidades [...] altos índices de violencia" y por las "violaciones a derechos humanos cometidas contra manifestantes, activistas y reporteros". Es una descripción dura que se confirma cuando se revisa la abundante evidencia generada por observadores independientes. Ante el hecho se han conformado tres grandes bandos.

En el primero están los que sostenemos la hipótesis del fraude y exigimos que se investigue y, en su caso, se anule la elección para gobernador. En esta postura coincidimos ciudadanos y observadores independientes preocupados por la limpieza electoral y los perdedores de la elección para gobernador. Es el caso del candidato por MORENA, Miguel Barbosa, quien ya logró que su líder, Andrés Manuel López Obrador declarara que para ellos el "gobernador electo de Puebla es Miguel Barbosa".

En la esquina contraria están los que defienden la victoria de Martha Érika Alonso (esposa de Rafael Moreno Valle) y se amparan en el fallo de un árbitro electoral local de dudosa imparcialidad. Llama la atención la tibieza mostrada por las dirigencias nacionales del PAN y el PRD. El perredista Manuel Granados Covarrubias pintó una sutil raya cuando aclaró que en Puebla "quien propuso a la candidata fue el albiazul", que el PRD sólo acompañó la candidatura, que "quien lleva mano es el PAN". El panista Damián Zepeda se refugió en generalidades tipo "con Martha Erika, Puebla sigue por el camino del desarrollo y progreso". Es como si la elección solo importara al Morenovallismo.

La tibieza de los dirigentes me recuerda los titubeos de los adictos empedernidos. Son conscientes de que su rehabilitación como fuerza política depende de correcciones a su conducta pero les cuesta un trabajo enorme renunciar a los cargos, incluso los mal habidos. El resultado es que ellos mismos boicotean sus propósitos de enmienda cuando toleran y medran con cacicazgos como el de Mauricio Toledo en Coyoacán o el de los Moreno Valle en Puebla.

La tercera actitud es la evasión y la ejemplifica el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, cuyos empeños se orientan a difundir una doble tesis: el 1o. de julio fue un fiesta cívica y el "fraude está erradicado de nuestro sistema electoral". Como Puebla lo contradice reconoce que "puede manchar el proceso nacional" para luego desentenderse al decir que "no es una responsabilidad del INE".

Decidirá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación inmerso en una situación por demás peculiar. Cuatro de los siete magistrados del Tribunal han defendido en varias ocasiones al PRI. Dada la situación que enfrenta ese partido, ¿buscará su nueva dirigencia negociar con Miguel Barbosa y Morena o iniciarán su renovación aseando los comicios poblanos? Lo mejor sería que los magistrados vivieran una metamorfosis que los convierta en cruzados de las elecciones limpias y confiables.

Puebla es importante porque nos recuerda que México sigue teniendo tres elecciones simultáneamente: la de la verbena de civilidad donde la pulcritud de la urna es la norma; la de los pobres donde se compran, venden y coaccionan los votos; y la del crimen organizado, donde los violentos determinan quién es el que compite y gobierna. Lo sucedido en Puebla es un tumor que puede extirparse. De hacerlo, se daría un paso importante en la puesta al día de unos procesos electorales percudidos y costosos, indignos de un México que busca renovarse.

Twitter: @sergioaguayo

Reforma
Sergio Aguayo
Ciudad de México
Miércoles 18 julio 2018.


La voz de Enrique Doger no es la nuestra; “hay gente que juega en dos bandos”, y todo indica que ese es el papel que jugea Doger Guerrero.


La Unidad Revolucionaria (UR) del PRI calificó de “adelantada” la acción del ex candidato a la gubernatura de Puebla por dicho partido, Enrique Doger Guerrero, de “levantarle la mano” a la virtual gobernadora del PAN, Martha Érika Alonso Hidalgo, sobre todo sabiendo que el proceso electoral no ha terminado y “se esta litigando”.

Mayra Angélica Sánchez García, presidente de UR, una filial estatutaria del PRI a nivel nacional, dijo que Enrique Doger “pudo haber esperado” los tiempos políticos adecuados para reunirse con Alonso Hidalgo.

No obstante, consideró que su declaración la hizo a título personal “obedeciendo a intereses particulares” que solo él conoce, y por tanto sus actos no representan a una mayoría priista.

“La voz de Enrique Doger no es la nuestra. Somos muchos en las bases estatutarias y en los sectores, que es donde está la verdadera voz del militante priista”, afirmó durante una rueda de prensa.

La dirigente de UR señaló que en todos los partidos políticos “hay gente que juega en dos bandos”, y que incluso en el PRI se ha comentado el papel que ha jugado Doger Guerrero.

Sánchez García acotó que más que la expulsión de simpatizantes, lo que debe hacer el PRI es hacer “un filtro” y una evaluación, porque siempre habrá “quienes tengan intereses personales y los que se quieran sumar a proyectos equivocados”.

La Jornada de Oriente
Paula Carrizosa
Ciudad de México
Miércoles 18 julio 2018.


Administración peñista hizo de todo “por obstaculizar” la creación de una comisión sobre los 43: AI

Ciudad de México.- Amnistía Internacional (AI) se sumó al repudio por la resolución del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito en contra de la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad, que esclarecería la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En un breve comunicado, Ericka Guevara Rosas, directora para las Américas de la organización internacional, responsabilizó al gobierno de Enrique Peña Nieto de la resolución donde se considera “fundado el incidente de imposibilidad jurídica promovido por la Procuraduría General de la República” (PGR), lo que –subrayó– demuestra que existe “una decisión política de ocultar la verdad” sobre el caso.

De acuerdo con la defensora, el gobierno federal hizo “todo lo posible por obstaculizar” la creación del mecanismo especial de investigación que había sido ordenada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.

Y sostuvo que haber impugnado la sentencia del Tribunal Colegiado “muestra que hay una decisión política de ocultar la verdad sobre la suerte de los 43 estudiantes”.

Gobierno de Peña atora en tribunales la Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa

Para Guevara Rosas, la creación de esa comisión “era la única forma de salvar una investigación plagada de irregularidades y evidencia fabricada”, como lo demostró el propio Tribunal Colegiado en su sentencia que se suponía inatacable.

De igual manera, recordó que el gobierno federal “tomó más de cien acciones legales distintas ante los tribunales para impedir que se cumpliera esta resolución judicial”.

Finalmente, emplazó al gobierno federal “a dejar de oponerse a la comisión de investigación especial y dedicar sus recursos y esfuerzos para cumplir adecuadamente con esa medida”.

Gobierno de Peña atora en tribunales la Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa

La Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa se mantiene en un limbo jurídico, luego de que el gobierno de Enrique Peña Nieto logró que un tribunal unitario resolviera que existe imposibilidad jurídica y material para la creación de este ente ordenada por un tribunal colegiado.

El magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, emitió un fallo a favor de la Procuraduría General de la República (PGR) en un recurso en el que el Ministerio Público Federal reclamó como exclusiva la facultad constitucional de investigación de los delitos federales.

“Fue un incidente excepcional” el promovido por la PGR para tratar de que el caso llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró a Apro el académico y litigante constitucional Sergio Charbel Herrera.

La SCJN podría atraer el caso, pero no para revisar el fondo de la sentencia del tribunal colegiado que ordena la creación de la Comisión de la Verdad, sino para ver si en efecto se puede o no cumplir ese fallo, añadió.

La PGR alega que, por mandato constitucional, a ella le corresponde la investigación de los delitos federales, por lo que no pueden ser delegados a una Comisión de la Verdad integrada por los familiares de los normalistas desaparecidos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Además de la PGR, ese fallo fue combatido como imposible de cumplir por las secretarías de Gobernación, Hacienda, Defensa Nacional y Marina, así como por la Policía Federal, la Cámara de Diputados y la Comisión de Atención a Víctimas.

El martes 17, la SCJN pidió al tribunal unitario que le enviara las solicitudes de revisión extraordinaria promovidos por la PGR.

Antes, el lunes 9, el máximo tribunal de justicia del país informó a la PGR que en ese momento carecía de competencia para conocer las quejas que interpuso en contra de la sentencia del Tercer Tribunal Colegiado que ordenó la creación de la Comisión.

Si ese fallo no se cumple, la SCJN podría intervenir para revisar si en efecto hay imposibilidad constitucional para su incumplimiento.

Proceso
Gloria Leticia Díaz
Jorge Carrasco Araizaga
Ciudad de México
Miércoles 18 julio de 2018.


Los patrones que contraten personas con discapacidad y adultos mayores, "podrán deducir de sus ingresos 100% del Impuesto Sobre la Renta de estos trabajadores", se expone en la iniciativa


El Presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reformas en materia de personas con discapacidad, en la que se obliga a las dependencias de los tres órdenes de gobierno a destinar una proporción no inferior al 3% de la totalidad de su personal, a contrataciones de este grupo de población.

Los patrones que contraten personas con discapacidad y adultos mayores, "podrán deducir de sus ingresos 100% del Impuesto Sobre la Renta de estos trabajadores", se expone en la iniciativa que recibe el pleno de la Comisión Permanente en su sesión de este miércoles, a mes y medio de que inicie la próxima Legislatura.

Enrique Peña Nieto tendrá los tres meses de septiembre a noviembre para impulsar la aprobación de esta reforma para beneficio de las personas con discapacidad, y será uno de los temas que promueva ya con minoría en las cámaras, por lo que necesita el respaldo de Morena, PAN, PRD, PVEM, al menos, para lograr su aprobación.


El proyecto comprende reformas, adiciones y también deroga artículos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Ley General de Población, Ley General de Protección Civil, Ley de Asistencia Social, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Código Penal Federal, Código Nacional de Procedimientos Penales y Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.

En los cambios al Código Penal Federal, el Ejecutivo propone sanciones de uno a tres años de cárcel, o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, y hasta 200 días multa, a quien atente contra la dignidad o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas con discapacidad.

"A quien abandone a una niña o niño, persona enferma o persona con discapacidad, incapaces de cuidarse por sí mismos, se le aplicarán de un mes a cuatro años de prisión, si no resultare daño alguno, privándolo, además de la Patria Potestad o de la Tutela, si el delincuente fuese ascendiente o tutor del ofendido", propone el proyecto.

Habría sanción de 10 a 60 jornadas de trabajo en favor de la comunidad, como sanción a quien avise de inmediato a la autoridad u omitiera prestar auxilio a una niña o niño abandonados, a persona herida o persona con discapacidad, incapaces de cuidarse a sí mismos o amenazadas de algún peligro.

Respecto de las contrataciones de personas con discapacidad obligatorias, por parte de las dependencias públicas, la iniciativa de Peña Nieto expone:

"Las dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno y de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a contratar personas con discapacidad permanente que reúnan condiciones de idoneidad para la ocupación de las plazas vacantes, en una proporción no inferior a 3% de la totalidad de su personal".

Dispone que las dependencias "deberán realizar estudios de compatibilidad de sus puestos de trabajo y plazas, incluyendo los niveles de dirección y de confianza, con las diversas discapacidades y determinar si el puesto o plaza es susceptible de ser ocupada por una persona con discapacidad".

Estas disposiciones, delimita la iniciativa, no serán aplicables en las secretarías de la Defensa Nacional y Marina.

El Universal
Ciudad de México
Miércoles 18 julio de 2018.


El fideicomiso para damnificados fue utilizado como mecanismo de financiamiento paralelo para miembros de Morena


Por operar el Fideicomiso "Por los demás" creado presuntamente en beneficio de los damnificados del 19 de septiembre pero que sirvió de mecanismo de financiamiento paralelo en beneficio de dirigentes, candidatos y operadores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó a ese partido con 197 millones 46 mil pesos.

El asunto detonó en un choque entre el consejero José Roberto Ruiz Saldaña –quien votó en contra- y el representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte, con el resto de los consejeros, que avalaron la sanción y quienes fueron acusados de actuar con "dolo" y con la intención de "perjudicar" a Morena y a su entonces líder nacional Andrés Manuel López Obrador.

En respuesta, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, recordó que en junio, antes de las elecciones, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusó a los consejeros de jugar con los tiempos políticamente para no afectar a Morena y proteger a López Obrador y ahora es Morena el que acusa al Instituto de actuar políticamente en su contra.

"Ser acusado por denunciante y denunciado de esa intencionalidad es prueba, de que estamos actuando sin filias ni fobias con respecto a los actores", aseveró Córdova.

Los consejeros Marco Antonio Baños y Ruiz Saldaña, se acusaron de flojos, parciales y de servir y ser empleados de intereses ajenos al INE, uno, del PRI y otro, de Morena.

Ruiz Saldaña aseguró que la "filtración" del caso previo a que llegara al Consejo General bastaría para declarar infundado el caso, por "violación al debido proceso" y vio dolo del resto de sus compañeros del INE e intención de perfilar una conclusión.

"Ha habido interés en perjudicar a los sujetos denunciados", por lo que pidió fincar responsabilidades "si la filtración vino del área de fiscalización o de algún consejero".

"Morena dijo que iba a donar sus prerrogativas y ni un solo peso de prerrogativas ha sido donado"

El representante de Morena, Horacio Duarte, se quejó de la "filtración" del caso antes de la elección y con la intención de que "explotara antes de 1 de julio… pero se enfrentaron con 30 millones de votos".

"Tuvieron –aseguró- que pactar entre ustedes aguantar unos días" y además no investigaron el destino de los recursos, pero "no lo hicieron porque querían sacar el golpe y se les sebó con 30 millones de votos se demostró que estaba equivocados".

En la discusión, el representante del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Aguilar, recordó que su partido tampoco le gustó apoyar a los damnificados por la vía de entregar el dinero al gobierno federal, pero sí lo hizo.

En cambio López Obrador anunció la creación del Fideicomiso, "Morena dijo que iba a donar sus prerrogativas y ni un solo peso de prerrogativas ha sido donado" a los damnificados, dijo.

El caso detonó tras una queja del PRI para indagar el supuesto desvío del financiamiento público de Morena para fines ajenos, lo que no se acreditó, pero en cambio se comprobó que incurrió en al menos siete irregularidades en materia de fiscalización, entre ellas financiamiento paralelo por 78.8 millones de pesos.

Además, se confirmó que Morena incurrió en la omisión de informar al INE los fideicomisos en los que participa; omisión en el reporte de ingresos, el rebase del límite de aportaciones en efectivo, recibir aportaciones de personas desconocidas, recibir aportaciones de ente prohibido y omisión de reportar egresos.

Según el INE el Fideicomiso creado por Morena y anunciado por su entonces líder nacional Andrés Manuel López Obrador, se constituyó por decisión del Consejo Nacional de ese partido el 23 de septiembre de 2017 y sirvió de mecanismo de financiamiento paralelo en beneficio de dirigentes, candidatos y operadores de ese partido.

Con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNByV), del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y de Banca Afirme, se concluyó que el Fideicomiso recibió de forma irregular 44 millones 407 mil pesos en efectivo.

Esto porque el contrato de ese Fideicomiso prohibía depósitos en efectivo y las normas financieras establecen que la movilización de ese tipo de sumas debe reportarse ante la presunción de delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada.

Las aportaciones fueron realizadas del 26 al 29 de diciembre y del 23 al 28 de marzo, por grupos de 4 a 6 personas "en carrusel" es decir, se formaban una y otra vez, para hacer entregas de 25 mil y hasta 200 mil pesos en 16 sucursales distintas de la Ciudad de México y Estado de México.

Consejeros del INE dispuestos a bajarse el sueldo, si lo dice la ley

Tras el llamado de López Obrador, Lorenzo Córdova asegura que su institución planteará un presupuesto de acuerdo con las decisiones y facultades legales que tengan

En cuanto al "modus operandi, se destaca la existencia de una mínima diferencia de segundos entre cada depósito" por lo que fue una operación sistemática. Por ejemplo, el 27 y 28 de diciembre 6 personas hicieron carrusel en la Sucursal Plaza de la República para con varios depósitos de 50 mil pesos cada uno sumar 2.3 millones de pesos.

Pese a que se trataba de recursos no rastreables, pues no fueron depositados de forma electrónica, se adjudicó a fideicomitentes y fideicomitentes adherentes haber hecho estas aportaciones que en realidad eran "de fuentes desconocidas".

Así, aparecieron como donantes de más de un millón de pesos dirigentes que vía cheque o transferencia electrónica entregaron cantidades menores, entre ellos la misma esposa de Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez –quien vía cheque depositó ocho mil 500 pesos pero le aparecieron donaciones por 673 mil -a candidatos y legisladores-.

Respecto al destino de los recursos según el INE salieron del Fideicomiso 64 millones 481 mil pesos en cheques de caja y quienes los cobraron y convirtieron en efectivo fueron al menos 70 personas en nómina de Morena, dirigentes u operadores, lo que acredita "otro fuerte lazo de las acciones y operación del fideicomiso con dicho instituto político".

Respecto al destino final de recursos, de acuerdo al proyecto de resolución "existe un vacío respecto a la certeza de cómo y quiénes serían los sujetos de apoyo, destinatarios finales del recurso".

Empero, 21 millones, es decir "el 33.85% de los mencionados recursos fueron controlados por quince personas vinculadas con Morena" y ninguno en el padrón de damnificados del sismo.

Andres Manuel Lopez Obrador

La multa impuesta por INE a Morena por 197 mdp es una vil venganza. No existe ningún acto inmoral con el fideicomiso a damnificados por el sismo. Nosotros no somos corruptos ni cometimos ilegalidad. Por el contrario, buscan enlodar una acción humanitaria. Acudiremos a tribunales.

El Universal
Ciudad de México
Miércoles 18 julio 2018.


El rector Alfonso Esparza Ortiz realizó una visita a la comunidad de Santa Cruz Cuautomatitla, en el municipio de Tochimilco, para supervisar las labores que llevan a cabo las Brigadas Multidisciplinarias de Trabajo Comunitario.

          En el centro de operaciones de estas brigadas Esparza Ortiz escuchó de cerca sus experiencias y participó en algunas de las actividades didácticas que imparten a niños y adolescentes de la comunidad.

         Con entusiasmo, estudiantes de preparatorias y diferentes licenciaturas de la BUAP mostraron las acciones que durante casi un mes llevarán a cabo con los habitantes de dicha comunidad.

          Cada día, los brigadistas universitarios trabajan con cerca de 40 personas, entre niños, jóvenes y adultos, y a pesar de estar lejos de sus familias, realizan cada actividad con mucha alegría, satisfacción y sobre todo con el compromiso de incidir de forma positiva en esta comunidad, al igual que aprenden las costumbres y prácticas del lugar.   

          “Ver la sonrisa de satisfacción de los niños y de las personas cuando aprenden algo nuevo es algo que me llena de alegría y me impulsa a seguir con esta labor y pienso que este es un proyecto muy importante mediante el cual se puede ayudar a mucha gente”, expresó Geraldine Aguilar Romero, estudiante de la Preparatoria 2 de Octubre de 1968.  

          En el recorrido, el rector Esparza Ortiz pudo constatar que se han realizado talleres sobre creación de cuentos y poemas, recopilación de historias y leyendas, en fomento del gusto por la lectura entre la población; con respecto a la divulgación científica se hacen experimentos y cursos sobre diferentes temáticas como el de astronomía, en el que mediante el uso de un telescopio se fomenta el interés por conocer y estudiar las estrellas.

          En lo que respecta al acompañamiento educativo, los brigadistas imparten cursos de regularización a niños y adolescentes cuyas escuelas fueron afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre; en elaboración de ecotecnias se les enseña a crear jabones y shampoos a base de las plantas tradicionales, técnicas de deshidratación solar, entre otros.

         En la preparación de alimentos se instruye a la población para que puedan hacer postres como donas, palanquetas, alegrías, platillos de soya, entre otros; finalmente en el área de arte y cultura se busca que los niños y jóvenes desarrollen su creatividad a través de la fotografía o la pintura y que participen en programas de radio comunitaria.

          Un total de 90 universitarios son los que participan en las Brigadas Multidisciplinarias de Trabajo Comunitario, con el fin de llevar a cabo proyectos de beneficio social en 21 comunidades al interior del estado.

         Además de la visita al centro de operaciones del CUPS el rector realizó un recorrido por las casas reconstruidas después del sismo del 19 de septiembre como parte del programa Tamakepalis, en el cual participa el Centro Universitario Para la Prevención de Desastres Regionales de la BUAP y otras organizaciones civiles.

Puebl@Media
Ciudad de Puebla
Miércoles 18 de julio 2018.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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