Enrique Aguirre

Enrique Aguirre


Un grupo armado ingresó la madrugada de este jueves a la Pasteurizadora Maulec, ex Hacienda Tamariz, para robarse tres cajeros automáticos que se encontraban en el interior de la planta productora.

La productora de lácteos Tamariz es propiedad del diputado local por Morena y exdirectivo del Club de futbol Puebla, Emilio Maurer Espinosa, quien hasta ahora no ha dado más información sobre este atraco.

De acuerdo con versiones extraoficiales, los delincuentes amagaron con armas largas al personal que se encontraba presente en la pasteurizadora y arrancaron tres cajeros de los bancos BBVA, HSBC y Santander para después llevárselos con rumbo desconocido. No se reportan heridos durante este asalto.

Uno de los colaboradores del diputado informó que hasta ahora no se conoce el monto del robo y que personal de la Fiscalía General del Estado ya realiza las primeras investigaciones en la planta productora, ubicada a un costado de la autopista Puebla-Xalapa, en Nopalucan, muy cerca de la armadora automotriz Audi.

Proceso
Gabriela Hernández
Nopalucan, Puebla, México
Sábado 4 de julio de 2020.


Detenciones de activistas en Puebla rememoran los tiempos del morenovallismo, acusan ONG


Organizaciones no gubernamentales (ONG) denunciaron que durante la detención y encarcelamiento del activista Eloy Méndez Becerra y otros 13 integrantes de la organización “Amozoc Seguro”, el pasado 23 de junio, se cometieron una serie de violaciones a los derechos humanos y al debido proceso que rememoran los tiempos del morenovallismo.

En un escrito, las agrupaciones defensoras de derechos humanos señalaron que en la detención de Méndez Becerra y los demás activistas participaron alrededor de 15 policías ministeriales que iban encapuchados, portaban armas largas y, sin identificarse ni presentar órdenes de aprehensión o de cateo, violaron las chapas para ingresar a las casas por la fuerza.

 “…el hijo del compañero Eloy que cursa bachillerato fue golpeado y su hija que tiene un bebé fue amenazada diciéndole que diera gracias que tenía al niño cargando porque si no en ese momento la mataban”, refirieron.

Además, mencionaron que Méndez Becerra, a quien ubican como “un reconocido luchador social”, y otro de los detenidos, estaban en aislamiento domiciliario por ser sospechosos de covid-19, lo que no fue tomado en cuenta al momento de la violenta detención.

Méndez –subrayaron– es una persona que sufre de hipertensión y diabetes, y no se permitió que tuviera acceso a medicamentos. Tampoco se respetó el derecho de los detenidos de llamar a un abogado y se les obligó a tomar defensores de oficio, aunque había litigantes que se presentaron para tomar el caso.

A esto se suma la postura adoptada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que argumentó que no hay número de queja para actuar y que, si hay violaciones al procedimiento, no corresponde a su competencia.

Más de una centena de organizaciones –entre ellas la Asamblea Social del Agua, la CNTE Puebla Secciones 23 y 51, la Comisión de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y el Consejo Tiyat Tlali– exigieron al gobernador Miguel Barbosa Huerta la liberación de los activistas, quienes forman parte de los movimientos sociales “Amozoc Seguro” y “Agua para Amozoc”.

A los detenidos se les acusa de daños en propiedad ajena, motín y lesiones contra autoridad, supuestamente cometidos el pasado 23 de enero, cuando se manifestaron afuera del Palacio Municipal de Amozoc. La movilización se tornó violenta, lo que derivó en la quema de una patrulla de la policía local, una camioneta del ayuntamiento y un auto particular.

Según las organizaciones, en esa ocasión los activistas de “Amozoc Seguro” acusaron que el alcalde Mario de la Rosa, ex pastor de la iglesia Luz del Mundo, infiltró a las personas que generaron la violencia.

Incluso ubicaron a los grupos de choque con fotografías y videos tomados durante la manifestación, y existe evidencia de que los integrantes de “Amozoc Seguro” pidieron a los infiltrados que se retiraran, pues la protesta era pacífica.

A principios de junio, Méndez solicitó ante la Auditoría Superior del Estado una revisión a las finanzas del ayuntamiento de Amozoc, y el 21 del mismo mes entregó una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que señalaba que pretendían detenerlo por denunciar la creciente inseguridad que priva en esa localidad, por la operación de bandas delictivas.

El Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla también demandó la libertad de Méndez Becerra y demás detenidos de Amozoc, quienes participaban en una mesa de diálogo con el gobierno estatal para exponer sus demandas sociales.

El Comité, que documentó los casos de más de 360 presos políticos durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, acusó que a Eloy Méndez y a los 13 activistas de Amozoc se les detuvo de la misma forma que se actuó contra “perseguidos del morenovallismo”.

“Durante la detención, los familiares sufrieron desde amenazas hasta golpes, despojo de dinero y artículos personales y de trabajo, tales como celulares y computadoras, llegando a lesionar incluso a un menor de entre seis y siete años”, detalló.

Y más: “…nos encontramos preocupados por este actuar arbitrario que rememora el deleznable uso del poder y de la fuerza pública ante aquellos que considera sus ‘enemigos políticos’ por motivos de disidencia y a quienes busca aniquilar y reprimir… se esperaría que en un nuevo contexto político estos hechos dejaran de ser recurrentes como signo de control autoritario”.

En tal sentido, pidió al gobierno de Barbosa Huerta actuar en congruencia “con los principios de la Cuarta Transformación” y liberar a los integrantes de “Amozoc Seguro”.

“…hecho que reflejará un acto de rectificación y separación de viejos modelos por todos desaprobados, donde la fabricación de delitos era una constante que condujo a la existencia de cientos de presos políticos. Que la figura de los presos políticos no caracterice a este gobierno, es un sello indeleble que les perseguirá a lo largo del correr histórico”, finalizó.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Sábado 4 de julio de 2020.


El Gobierno de la Ciudad de Puebla no clausurará negocios no esenciales que abran antes de tiempo, pues la ley no lo establece como competencia del Ayuntamiento, este punto se concretó en una reunión que sostuvieron líderes de cámaras empresariales con la edil, Claudia Rivera Vivanco.

A través de un comunicado de prensa, el Gobierno Municipal informó de la anterior decisión, sin embargo, no mencionaron si esta facultad de clausurar negocios le corresponde al Gobierno del Estado.

En el comunicado dieron a conocer que la alcaldesa se reunió con los representantes de las cámaras, así como organismos empresariales y en dicha reunión, se acordaron las condiciones para la reapertura de negocios locales, en cuanto el semáforo epidemiológico lo permita.

También se acordó mantener una mesa de trabajo entre funcionarios con el sector, para persuadir sobre los efectos negativos de la pandemia; y desde la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos se propuso el acompañamiento permanente a todos los comercios en las medidas de salud preventivas para lograr su reapertura de forma totalmente segura, una vez que el semáforo Covid-19 haya cambiado a naranja.

En suma, se expuso que la apertura de calles en el Centro Histórico se realizará hasta que el semáforo epidemiológico pase a naranja para mantener la disposición del decreto estatal que determinó la suspensión de actividades no esenciales, comprobando que esta medida ha desincentivado las actividades recreativas.

Para finalizar, compartieron que la minuta de acuerdos fue firmada por los representantes de las cámaras y organismos empresariales Olga Méndez Juárez de CANIRAC; Ignacio Alarcón Rodríguez del CCE; Marco Antonio Prósperi de la CANACO; de José Miranda Solana ACECOP; César Bonilla Yunes de COE; Enrique Valdés Gutiérrez del Centro Comercial Angelópolis; y Malusa Gómez Álvarez de la Asociación de Emprendedores de los Sapos y el Centro Histórico.

El Sol de Puebla
Alba Espejel
Ciudad de Puebla
Viernes 3 de julio de 2020.


Se enfrentan José Juan Espinosa y Gabriel Biestro en redes sociales


Los diputados José Juan Espinosa y Gabriel Biestro protagonizaron una pelea en redes sociales; el primero acusó que el legislador de Morena no es poblano, que construye una mansión en la zona de Zavaleta y que está adquiriendo lujosos departamentos.

En su cuenta de Twitter, José Juan Espinosa recordó que el morenista no fue elegido en las urnas, además sentenció que la reforma electoral que propone, para desaparecer las asociaciones electorales y reducir el financiamiento para partidos políticos, es antidemocrática y un traje a la medida para imponerse como presidente municipal de Puebla en 2021.

“Yo si fui a la boleta con @PartidoMorenaMx @PTnacionalMX y me queda claro que la reforma electoral de Gabriel Biestro es antidemocrática, un traje a la medida para imponerlo como Presidente #PueblaCapital. Los verdaderos obradoristas no podemos permitirlo!!!”, escribió.

En respuesta, Gabriel Biestro reprochó que, aunque Espinosa fue en la boleta por Morena y el PT en 2018, nunca hizo nada por los partidos que lo llevaron a su actual cargo de diputado local, hecho que calificó de error histórico.

“En la boleta por un partido por el que no hiciste nunca nada, tú te sentabas (y hasta te hincabas) con Moreno Valle cuando nosotros construíamos en la calle eso que por error histórico te llevó a donde estás. Recuerda que en nuestra asamblea fuiste último lugar con CERO votos”, publicó Biestro.

Ante los señalamientos del diputado de Morena, Espinosa le recordó que no es poblano, lo acusó de haber falsificado su ciudadanía y su título universitario.

“Pobrecito, te recuerdo que no eres ni poblano, ojalá llegues a la boleta para que te ubiques en tu realidad, un sujeto que falsificó su ciudadanía, su título universitario y mucho más que seguirá apareciendo. PD En tu asamblea no saque ni un voto, en lo que acorde gane todo!”, sentenció el diputado del PT.

El también coordinador de Morena en el Congreso del Estado afirmó que en el momento en el que ve una campaña con un ejército de bots en su contra, cuando lo atacan los “mafiosos, conservadores y personajes corruptos”, más digno se siente. Incluso mencionó que no es delito haber nacido fuera de Puebla.

Finalmente, José Juan Espinosa sostuvo que los delitos que le atribuyen, como enriquecimiento ilícito cuando fue presidente municipal de San Pedro Cholula, fueron fabricados, los cuales jamás podrán demostrarse debido a que se trata de una persecución.

El Sol de Puebla
Berenice Martínez
Ciudad de Puebla, México
Viernes 3 de julio de 2020.


De los 3.000 millones de dólares que gastó el Ejecutivo en seis años, la Secretaría de Gobernación de Osorio Chong y Navarrete empleó 2.200


Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, el último del PRI, (2012-2018), las secretarías del ramo de seguridad gastaron 52.750 millones de pesos -unos 3.000 millones de dólares- de una partida secreta del presupuesto, conocida como Gastos de Seguridad Pública y Nacional. La naturaleza de la partida dificulta su fiscalización, pero los intentos realizados por diferentes instancias del Estado señalan irregularidades e incluso posibles esquemas de desvío de fondos.

La actual Fiscalía General de la República investiga la supuesta malversación de dinero esta partida en una unidad de la extinta PGR, en tiempos del procurador Jesús Murillo Karam, en 2013 y 2014, como adelantaba este miércoles EL PAÍS. El aumento de los gastos de seguridad pública y nacional durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto y la discrecionalidad y opacidad en su uso apuntan, sin embargo, a un problema mayor.

La partida presupuestaria “33701 Gastos de Seguridad Pública y Nacional” empezó a usarse durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), pero su empleo se disparó en la Administración de Peña Nieto. Si en los últimos dos años de Calderón el gasto fue de 5.500 millones de pesos, en los dos últimos de su sucesor superó los 21.500. En 2019, primer año del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, volvió a niveles de 2011.

Esta partida ampara “programas, investigaciones y actividades” en materia de “seguridad pública y nacional” cuya realización implica “riesgo, urgencia o confidencialidad”, según la nomenclatura que usa la Secretaría de Hacienda. Pero dependencias que accedieron a este dinero, caso por ejemplo de la Policía Federal o la agencia que administra las prisiones federales, lo emplearon muchas veces en asuntos distintos, que además no implicaban ninguna urgencia o confidencialidad.

Para Vidal Llerenas, que fue diputado por Morena durante la anterior legislatura y fungió de secretario de la comisión de presupuestos de la Cámara, el uso de esta partida fue siempre un misterio. “El reporte del desglose del gasto en México es muy bueno”, explica, “pero en esto todo el mundo era muy hermético”. Durante años, Llerenas pidió información al Gobierno sobre el uso de esta partida, pero nunca le hicieron caso. “Nos llamaba mucho la atención que cada año hubiera miles de millones de pesos de esta partida que no sabíamos dónde iban”, cuenta.

Alejandro García, investigador del programa de Gasto Público de la organización México Evalúa, añade que “esta partida es un reflejo de la deficiencia en el sistema presupuestario mexicano y la falta de instituciones capaces”. García argumenta que su uso responde a un mecanismo que puso en marcha el Gobierno de Calderón para evitar el bloqueo de un Congreso de signo contrario al Ejecutivo. Pero con Peña, el gasto se disparó y fue usado, explica, de forma política. “Lo que pasa al final”, matiza García, “es que el uso de esta partida y de muchas otras similares es que te da margen para hacer los gastos que necesitas, sin pasar por el Congreso y sin dar a conocer el plan de gastos del Gobierno. Eso rompe la lógica de los contrapesos institucionales”.

De 2013 a 2018, el grueso del gasto lo concentró la Secretaría de Gobernación, que dirigieron Miguel Ángel Osorio Chong de 2013 a 2017 y Alfonso Navarrete en 2018. De Gobernación dependía la Policía Federal, el centro de inteligencia federal, CISEN y la agencia que administra las prisiones, el órgano de Prevención y Readaptación Social. Entre esas tres dependencias gastaron más de 40.000 millones de pesos -2.200 millones de dólares de la época-, principalmente la Policía Federal y el órgano de Prevención y Readaptación Social.

La segunda dependencia que más gastó fue la PGR, con 6.817 millones de pesos, seguida de la Secretaría de Marina, con 5.541 millones de pesos. La Secretaría de la Defensa apenas gasto 134 millones de pesos. En la PGR, la administración de Jesús Murillo Karam elevó exponencialmente los Gastos de Seguridad Pública y Nacional. Si en 2012, antes de su llegada, la dependencia gastó 424 millones, en el primer año de Murillo, 2013, esa suma ascendió a 1.793 millones de pesos. Desde el entorno de Murillo aseguran que el dinero se gastó en compra y reparación de aeronaves, formación e investigaciones varias, como Ayotzinapa o Tlatlaya y subida de sueldos.

Auditorías

Durante el sexenio anterior y el primer año de López Obrador, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano estatal que fiscaliza las cuentas de la administración, realizó al menos seis informes sobre el uso de esta partida en años de Peña Nieto. En tres estudiaron el desempeño de Prevención y Readaptación Social, en uno el de la extinta Procuraduría General de la República, en otro al CISEN y en uno más el de la Policía Federal.

El más reciente y exhaustivo es el que examina el uso que hizo la Policía Federal de estos fondos en 2018. Los auditores examinaron cuatro contratos, un convenio y varios cheques. Todo por valor de 2.031 millones de pesos, prácticamente dos tercios del total que gastó la dependencia con cargo a la partida de seguridad pública y nacional ese año. La conclusión preliminar de los auditores es que al menos 1.532 millones de pesos de los 2.031 analizados no fueron empleados en lo que dijo la dependencia.

El caso del convenio, por ejemplo. En 2018, la división de Seguridad Regional de la Policía Federal acordó pagar 801 millones de pesos a una empresa para servicios de patrullaje en sedes e infraestructuras durante 103 días. Primero, los auditores dijeron que no tenía sentido que la corporación contratara vigilancia privada, ya que la matriz de la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación, dispone de un órgano para este tipo de servicios. Y segundo, que no había pruebas de que el servicio se había prestado porque en los archivos de la dependencia no existían “bitácoras, reportes de supervisión o programas de trabajo”.

En el caso de los contratos, en tres de los cuatro analizados los auditores identificaron un posible esquema de desvío de recursos de la partida. En los tres casos, la Policía Federal contrató con un proveedor unos servicios. El proveedor subcontrató esos servicios con un tercero. Y ese tercero subcontrató de nuevo con diferentes empresas israelíes, que eran las que en realidad vendían lo que quería la Policía Federal. Cuando los auditores visitaron primero a los proveedores y luego a los intermediarios -los que supuestamente contrataban con las empresas israelíes- descubrían, primero, que los intermediarios no habían firmado nada en realidad con los proveedores y segundo, que el dinero que la Policía Federal había pagado a los proveedores acababa en empresas distintas a las israelíes, que eran en realidad las que vendían el producto.

La ASF hizo públicos estos informes en febrero y algunos medios en México publicaron parcialmente los resultados de los auditores. Es el caso de uno de los contratos descritos en el párrafo anterior. Lo firmó la División Científica de la Policía Federal con una empresa, Dizoal, para la “adquisición de una solución integral de inteligencia”. El esquema fue el descrito arriba. Dizoal contrató a un tercero y a través del tercero a una empresa israelí, que era en realidad la que vendía el software. Dizoal aseguraba tener un acuerdo con la empresa israelí para distribuir sus productos en México. Pero los auditores probaron que el dinero que la Federal pagó a Dizoal nunca llegó a la empresa israelí, sino que fue a parar a otras empresas.

Los auditores probaron además que el software en cuestión no valía los 499 millones de pesos que se pagaron por él, sino 20. Y también porque involucraba a la titular de la División Científica de la Policía Federal, Patricia Trujillo, fundadora de la unidad, muy respetada dentro del cuerpo. Con el cambio de Gobierno y la desaparición de la Policía Federal, Trujillo se incorporó a la Guardia Nacional como comisaria. Con la divulgación de esta información, Trujillo dejó su cargo, al menos temporalmente.

Fuentes de los primeros escalones de mando de la Policía Federal consultadas por EL PAÍS indican que lo sucedido con Trujillo es injusto, porque en realidad todas las compras y contrataciones de la corporación las decidía Jorge Márquez, el oficial mayor de la Secretaría de Gobernación. Márquez llegó al puesto con el primer secretario de Gobernación de Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong. Márquez y Osorio ya habían trabajado juntos: fue coordinador de asesores de Osorio Chong cuando este fue gobernador de Hidalgo.

La Secretaría de la Función Pública, que complementa el trabajo de la ASF, también ha señalado irregularidades en el uso que hizo la Policía Federal de esta partida. En su Informe de Fiscalización de 2019, le dependencia señala que “existe “falta de transparencia y certeza de que los recursos hayan sido utilizados en actividades oficiales”.

Irregularidades

Además del esquema de desvíos, el uso de la partida de gastos de seguridad estuvo marcada por irregularidades administrativas en los años de Peña Nieto. En los informes de la ASF sobre la Policía Federal y el órgano de Prevención y Readaptación Social, los auditores señalan constantemente que la urgencia, el riesgo o la confidencialidad requerida para acceder a estos fondos no está justificada y que por tanto hay contratos, convenios y cheques que se cargaron a esta partida sin motivo.

Los analistas apuntan también que ambas dependencias no buscaron las mejores opciones a la hora de contratar y que no verificaron ante la Secretaría de la Función Pública si las empresas proveedoras estaban sancionadas o inhabilitadas. Y también -y esto ocurre sobre todo con los contratos de la Policía Federal- que los titulares de unidad o división que aparecen en la firma de los contratos carecen de facultades para tal efecto.

En los informes de la ASF sobre Prevención y Readaptación Social son constantes los pagos extraños a la naturaleza de esta partida, como medicinas y productos farmacéuticos, obras, rentas de generadores eléctricos, recibos de la luz, incluso la impresión y encuadernación de manuales “en materia de capacitación penitenciaria”.

Y también hay casos de dinero perdido. Es el caso de los manuales de capacitación penitenciaria. Los auditores explican que Prevención y Readaptación Social pagó en 2014 algo más de tres millones de pesos a la empresa como parte del contrato. Cuando analizaron los pagos, se dieron cuenta de que el órgano de Gobernación carecía del material que por contrato debía tener. Los auditores concluyeron que este contrato podría suponer un “daño o perjuicio a la Hacienda Pública” de 3,1 millones de pesos.

Informes como los mencionados tienen un recorrido largo en la administración. La ASF les da seguimiento por un tiempo, esperando que las dependencias auditadas den explicaciones convincentes a sus señalamientos. En caso de que esto no ocurra, la ASF puede presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República.

El País
Pablo Ferri
Ciudad de México
Viernes 3 de julio de 2020.


El consejero jurídico de la Presidencia informó que el gobierno federal va contra personal del juzgado que habría recibido el dinero de parte de la madre del "Mochomo"

La madre de José Ángel Casarrubias Salgado, alias “El Mochomo”, pieza clave en el caso Ayotzinapa, pagó de 2 a 3 millones de pesos a personal judicial para que el presunto criminal fuera liberado, por lo que se actuará en contra de los implicados, reveló Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia.

“Así es, se consumó la entrega del dinero, ahí está el ilícito cometido, las pruebas y ahora actuaremos contra ellos.

“Calculamos (que se pagaron) entre 2 y 3 millones de pesos“, informó Scherer Ibarra en entrevista para Aristegui en Vivo.

A pregunta expresa sobre si el pago fue en efectivo, el funcionario federal dijo estar “casi seguro que sí” fue entregado en esa forma a personal del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, encabezado por María del Socorro Castillo.

“Yo no sé en qué momento el personal de ese juzgado optó por una conducta así, viendo la relevancia que tenía este personaje en el panorama nacional”, declaró.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), detectó a través de intervenciones telefónicas autorizadas por jueces, audios en los que la madre del “Mochomo”, Francelia Salgado, habla del pago de varios millones de pesos a personal judicial para obtener la liberación del “Mochomo”.

Casarrubias Salgado es señalado como líder del Cártel Guerreros Unidos, y es considerado pieza clave, junto con sus hermanos Sidronio y Adán Zenen Casarrubias Salgado, en la desaparición en septiembre del 2014 de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero.

“(La SEIDO) tiene autorizadas por un juez competente, intervenciones que señalan el cohecho por varios millones de pesos realizado por diversos individuos cercanos al imputado, a personal del juzgado referido, para que decretara la libertad de dicha persona”, informó la FGR en un comunicado.

En un audio circulado por la FGR, la madre de Casarrubias Salgado habla con uno de los abogados de su hijo y se refiere a pagos acordados con personal del juzgado.

 “Acuérdese que quedamos que, como dicen, dando y dando… Nosotros no nos vamos a echar para atrás, ya ve que nosotros vamos a cumplir, pero queremos dando y dando… Ya como quedamos, ya ve que lo reiteramos varias veces que dando y dando, nosotros no le vamos a quedar mal. Andamos en eso”, dice Salgado en el audio.

“El Mochomo” fue recapturado después de la orden dictada para su liberación.

Sin embargo, en el comunicado del jueves, la FGR reiteró que, para decretar la liberación del Casarrubias Salgado, el juzgado le negó “valor a pruebas” que la fiscalía presentó en contra del presunto criminal.

“Y que fueron admitidas (las pruebas desestimadas) en 2014, y que eran válidas en el sistema vigente en ese momento, dejando de revisar 21 pruebas aportadas entonces, razón por la cual la FGR apeló de inmediato”, dice el comunicado.

La FGR sostuvo que interpondrá nuevos cargos en contra del “Mochomo” por el caso de los millones de pesos pagados a personal del juzgado.

En la entrevista este viernes, Scherer Ibarra dijo que el audio revelado sobre las conversaciones entre la madre del “Mochomo” y los abogados de su hijo marcan un “hito” en la persecución de delitos relacionados con la corrupción dentro del poder judicial.

“Creo que la Fiscalía valoró perfectamente bien las pruebas que tiene y estuvo dispuesta a entregar este audio a la opinión pública porque representa un hito, representa lo que es la corrupción de personas físicas y autoridades jurisdiccionales para liberar a una persona de esta relevancia.

 “Yo creo que es muy importante que la Fiscalía haya tomado esa decisión y estoy cierto que este personaje se va a quedar por ese y muchos otros delitos, y seguramente tendrá que actuarse no sólo contra la gente del juzgado sino contra abogados y la particular que proporcionó los recursos porque también son ellos responsables de la parte ilícita”

“Nosotros estamos satisfechos, contentos, con la Fiscalía y viendo que el señor fiscal hace un trabajo excepcional en estos casos”, declaró el consejero jurídico de la Presidencia.

Dijo que, aunque en algunas ocasiones las liberaciones de criminales se dan por fallas en la conformación de carpetas de investigación, en la labor de los jueces también hay fallas.

“Todos tenemos conocimiento de que a veces hay injusticia porque los juzgadores no aceptan las denuncias de los ministerios públicos, a veces porque son incorrectamente presentadas, como carpetas, pero a veces porque no hacen también su trabajo correctamente”, sostuvo Scherer Ibarra.

Tras el comunicado de la FGR, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), anunció que abrió investigaciones por posibles actos de corrupción dentro del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales.

Aristegui Noticias
Ciudad de México
Viernes 3 de julio de 2020.


El presidente se realizaría la prueba de COVID-19 si se requiere como protocolo de su visita

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que en su visita que realizará la próxima a Washington para reunirse con su homólogo Donald Trump se va con la frente en alto y reiteró que si como protocolo es necesario realizarse una prueba de Covid-19 lo hará porque no tiene nada que ocultar.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal informó que aún no sabe dónde se hospedará porque la Casa Blair, residencia oficial para los invitados del presidente de la Unión Americana está en reparación, por lo que podría quedarse en casas de amigos que tiene allá o incluso, en la sede de la Embajada de México en Estados Unidos.

"Tengo entendido de que están reparando la casa (Blair) o algo así y ofrecieron pagarnos el hospedaje en un hotel. Yo estoy pensando en donde me voy a quedar porque tengo también amigos allá".

"En el tema del Covid le habrían pedido que se realizará algunas pruebas su staff más cercano, ¿es real o la Casa Blanco no ha solicitado esta prueba?", se le preguntó.

"Creo que está en el protocolo, y vamos a cumplir todos los protocolos, si hace falta nos la vamos a hacer, no tenemos nada que ocultar. Desde luego que sí, no me niego, se está analizando, todo sin problema, no tenemos que ocultar y vamos con la frente en alto, como representante de un gran pueblo, y de un gran país", contestó el mandatario.

El Universal
Ciudad de México
Viernes 3 de julio de 2020.


“Disputa entre delincuentes”; se apresura a señalar Barbosa sin pruebas ni peritajes

Asesinan y calcinan a familia en Huauchinango; presumen “disputa entre delincuentes”

Los cuerpos de tres personas, uno de ellos presuntamente de un menor de edad, fueron hallados al interior de un vehículo calcinado en un paraje del Municipio de Huauchinango,
Puebla.

Autoridades detectaron los cuerpos de una mujer y un hombre al frente del vehículo y a un niño en el asiento trasero.

Asesinan y calcinan a familia en Huauchinango; presumen “disputa entre delincuentes”

Una familia compuesta por una pareja de adultos y un niño fue localizada macheteada y calcinada en el interior de un vehículo abandonado en la carretera interserrana, en los límites de los municipios de Huauchinango y Naupan.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta confirmó en rueda de prensa este hecho ocurrido el miércoles y señaló que existe una primera línea de investigación que apunta a que el asesinato de esta familia se deriva de una “disputa entre delincuentes”.

Aunque dijo que igual se investiga este hecho como el homicidio de personas con “procedimientos de crueldad”, el mandatario dijo que hay una primera versión de que habitantes de la localidad de Xolango, fueron los que machetearon y quemaron a las víctimas por asuntos relacionados con el robo de combustible en esa zona.

La policía encontró un auto Tsuru, Nissan, con placas MMX3796 del Estado de México, cuando aún ardía en llamas, estacionado en terrenos limítrofes de Naupan y Huauchinango.

En el asiento trasero de ese carro se encontraban los cuerpos calcinados de una mujer, un hombre y un niño, que se presume conformaban una familia, pero hasta ahora no han sido identificados.

De acuerdo con las versiones confirmadas por Barbosa, los autores de este crimen primero machetearon a la pareja y a su hijo y luego subieron los cuerpos al vehículo en el que llegaron para llevarlo a carretera interserrana donde le prendieron fuego.

Reforma
Óscar Uscanga
Ciudad de Puebla
Jueves 2 de julio de 2020.


También explicó que por estas intervenciones, “junto con otras razones legales”, se obtuvo el arraigo del Mochomo, quien fue detenido el pasado 24 de junio en el municipio de Metepec, Estado de México.


La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró tener pruebas de un presunto soborno millonario que recibió un juzgado en el Estado de México para liberar a José Ángel Casarrubias Salgado, el Mochomo, presunto líder de Guerreros Unidos y señalado por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Esto, luego de que en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales decretaron su liberación al negar el valor de pruebas que se presentaron y que fueron admitidas en 2014.

Por este motivo la FGR señaló que las pruebas “eran válidas en el sistema vigente en ese momento”, por lo que señaló que en el juzgado federal decidieron no revisar 21 pruebas contra el Mochomo, por lo que apeló la decisión.

“La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), dependiente de la FGR, tiene autorizadas por un juez competente, intervenciones que señalan el cohecho (soborno) por varios millones de pesos realizado por diversos individuos cercanos al imputado, a personal del juzgado referido, para que decretara la libertad de dicha persona”, denunció la Fiscalía en un comunicado.

También explicó que por estas intervenciones, “junto con otras razones legales”, se obtuvo el arraigo del Mochomo, quien fue detenido el pasado 24 de junio en el municipio de Metepec, Estado de México, “donde se había ubicado después de vivir por varios años, oculto en distintas zonas serranas del país”.

La FGR dijo que buscará solicitar una nueva orden de aprehensión contra el presunto líder delictivo por hechos distintos a la acusación de delincuencia organizada que se le había hecho.

Este mismo 2 de julio, el Consejo de la Judicatura Federal  (CJF) inició una investigación en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México por posibles actos de corrupción.

Animal Político
Ciudad de México
Jueves 2 de julio 2020.


Miguel Barbosa, Gobernador de Puebla, informó sobre la detención.

Barbosa informó que el ex funcionario estaría implicado en la compra irregular de uniformes y zapatos escolares durante la Administración interina de Guillermo Pacheco Pulido


Puebla.- Por abuso de autoridad e incumplimiento del deber legal, el ex Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública estatal, Oscar Chapa Palomeque, fue detenido ayer, confirmó el Gobierno de Puebla.

El Gobernador Miguel Barbosa informó este jueves que el ex funcionario estaría implicado en la compra irregular de uniformes y zapatos escolares durante la Administración interina de Guillermo Pacheco Pulido.

"Sí fue el oficial mayor de la SEP, es derivado de diversas irregularidades en la adquisición de uniformes y zapatos escolares del ciclo anterior y claro que sí hay otras personas, no me toca decir a mí quiénes, pero hay otras personas involucradas", explicó brevemente.

De acuerdo a reportes locales, Chapa Palomeque fue trasladado a la Casa de Justicia de Puebla donde se espera que este jueves se realice su audiencia de formulación de imputación.

En agosto de 2019, la anterior Administración informó de la compra de uniformes escolares tuvo un sobrecosto de aproximadamente 30 millones de pesos, según el Gobierno de Miguel Barbosa.

Se presume que además de los otros dos delitos, también se le podría iniciar una investigación al ex funcionario por uso ilícito de atribuciones y facultades.

Reforma
Óscar Uscanga
Ciudad de México
Jueves 02 de julio 2020.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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