Por unanimidad, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó iniciar de oficio un procedimiento de verificación a la Procuraduría General de la República (PGR) por la recolección y el tratamiento de datos personales, mediante el software Pegasus.

Con esa tecnología Pegasus presuntamente habrían sido espiados periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, en 2017, según reportes de The Citizen Lab.

El procedimiento de verificación deriva del presunto incumplimiento de los principios y deberes previstos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y consistirá en requerir a la PGR la documentación e información necesaria vinculada con la presunta violación a las disposiciones de la Ley.

De ser el caso, se realizarán visitas a las instalaciones de la dependencia o el lugar donde estén ubicadas las bases de datos personales respectivas, para corroborar si se cumplió con dichos principios y deberes.

Indicó que el procedimiento ya fue notificado a la PGR y tendrá una duración máxima de 50 días hábiles; en caso de que se acredite algún incumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, el pleno del INAI emitirá una resolución de verificación que será enviada al Órgano Interno de Control de la procuraduría para que determine las sanciones correspondientes, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En la sesión, el comisionado Joel Salas Suárez afirmó que las personas cuyos derechos pudieron ser vulnerados y los mexicanos en general, requieren tener certeza de que quienes resulten responsables serán llamados a rendir cuentas y serán castigados.

"El primer paso para devolver la confianza y la seguridad a los posibles afectados, así como la credibilidad al gobierno federal mexicano, es eliminar cualquier duda o suspicacia respecto a este caso", apuntó.

Salas Suárez aseguró que el INAI velará por la protección de los datos personales de las personas en el caso Pegasus, entregando los resultados del proceso de verificación que en derecho corresponda, a través de una resolución del pleno.

Notimex
Ciudad de México
Sábado 24 de noviembre de 2018.


El PAN se quiebra antes del tercer debate; denuncian a su candidato presidencial por lavado de dinero.

Ernesto Cordero, presidente del Senado por el PAN presentó una denuncia en la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de su correligionario y candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés por el delito de lavado de dinero.

“Llega evidencia nueva que es el video que todos vimos de Barreiro, en donde vemos con toda claridad que uno de los Barreiro vincula a Ricardo Anaya en esta red de lavado de dinero y tráfico de influencias”, dijo al salir de la sede de la PGR en avenida Reforma la tarde de este lunes.

El senador panista, quien ha marcado su distanciamiento del candidato presidencial de su partido desde hace meses indicó que lo que solicita en la denuncia que presentó son tres cosas; que se tome en cuenta el video en el que Juan Barreiro vincula a Anaya, que se llame a declarar a los Barreiro y a Anaya Cortés y que se pida a la autoridad financiera los estados de cuenta de la familia del candidato presidencial.

“También hay evidencia periodística de que hay una discrepancia muy importante entre los ingresos reportados y el patrimonio de Ricardo Anaya y su familia… yo le pido a la autoridad que actúe como debe de ser procurando justicia”, señaló.

La denuncia presentada se suma a la que se presentó en febrero pasado por el mismo caso la organización Consenso Ciudadano por Querétaro, indicó Cordero.

“Lamentablemente nuestro candidato no es una persona honesta, yo creo que al final del que debieran de expulsar del PAN es a Ricardo Anaya que entregó ideológicamente al partido y a parte es un deshonesto y está rodeado de gente deshonesta”, enfatizó el legislador.

Cuestionado sobre porqué presentó hasta ahora la denuncia, a unas horas del tercer y último debate presidencial, Cordero hizo énfasis en que el video donde aparece uno de los Barreiro inculpando a Anaya apareció a penas la semana pasada por lo que fue el tiempo necesario para armar la demanda, a la vez que reiteró que Anaya no representa los ideales del blanquiazul.

“Lo que creo que sin ninguna duda es que el PAN, los fundadores del PAN, los principios del PAN, no están bien servidos con la candidatura de Ricardo Anaya, si alguien fue servil al PRI fue Ricardo Anaya, si alguien le entregó el partido al PRI fue Ricardo Anaya, ahora que ya no está de acuerdo con ellos, pues ahora se puso muy digno”, acotó.

Cordero aseveró que en su vida “ha visto muchos casos de lavado de dinero y este tiene pies”, por lo que, dijo, no se necesita información confidencial en posesión de alguna autoridad para que se estructure el caso.

Anaya: “sin comentarios”; Zepeda amaga con la expulsión de disidentes en el partido

Desde la sede del tercer debate, en Mérida, Yucatán, el candidato presidencial por la coalición Por México al Frente (MC, PAN, PRD) Anaya Cortés desestimó hacer algún comentario sobre la denuncia interpuesta por el senador en su contra, no obstante, el presidente del PAN, Damián Zepeda, quien lo acompañó al ensayo del debate por la tarde de este lunes, refirió que Cordero no representa a Acción Nacional.

“Como todos ustedes saben él (Cordero) pactó con el PRI, son ellos quienes con sus votos le dieron la presidencia del Senado y se ve que le ha venido saliendo caro ese apoyo. Él tiene desde hace tiempo ya un proceso de expulsión en su partido y sin duda alguna varias de sus conductas, no nada más una, acorde con el estatuto concluirá con su expulsión del partido”, dijo.

Zepeda vinculó la denuncia de Cordero con el PRI, al tiempo que indicó que tanto el presidente de la Cámara alta como otros senadores “rebeldes” del PAN tienen procesos de expulsión en marcha.

“Todo aquel que apoye a otro partido político y a otra candidatura estará fuera del PAN, no tiene un espacio en el Partido Acción Nacional”, indicó.

El presidente panista señaló que sólo “un grupo encumbrado” de panistas son los que están en desacuerdo con la candidatura del Frente y Anaya.

“Cuando Ricardo Anaya era el dirigente y empezaban estos comentarios tenía más del 90 % de aprobación el panismo. Yo creo que hay que separar lo que es el panismo de lo que unas personas acostumbradas a conseguir algunos espacios opinen”, dijo.

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El Economista
Héctor Molina
Ciudad de México
Lunes 11 de junio de 2018.


En 2013 y 2014, Petróleos Mexicanos (Pemex) asignó un contrato por mil 436 millones de pesos a Odebrecht, al tiempo que se registró la transferencia de cinco presuntos sobornos por cinco millones de dólares de la empresa brasileña a la dirigida en ese entonces por Emilio Lozoya.

En un cotejo de documentos realizado por el reportero Raúl Olmos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sobre la carpeta de investigación que abrió la Procuraduría General de la República (PGR) -reservada hasta el año 2021-, se revela:
 
Al día siguiente de que Pemex recibió la propuesta de Odebrecht para el contrato de la modernización de la refinería de Tula, el departamento de sobornos de la constructora brasileña transfirió desde el Meinl Bank de Antigua un millón de dólares a una cuenta en el Neue Bank AG, en Liechtenstein, a nombre de la empresa offshore Zecapan SA, que según los delatores en Brasil, estaba ligada a Emilio Lozoya, lo cual él ha negado reiteradamente.

Según la investigación de MCCI, la brasileña Odebrecht presentó su propuesta a Pemex el 2 de diciembre de 2013 y la transferencia del soborno se realizó un día después.

Ocho días después, el 10 de diciembre, la dirección de Pemex refinación avaló la excepción a la licitación pública, y ese mismo día una empresa offshore de la oficina de sobornos transfirió 480 mil dólares a la misma cuenta en el Neue Bank de Liechtenstein.

El fallo a favor de Odebrecht lo emitió Pemex a los tres días.

En los meses siguientes fluyeron más sobornos, que coincidieron con la formalización del contrato, de acuerdo con los documentos checados por MCCI.

El 27 de enero de 2014, el Consejo de Administración de Pemex, que presidía Emilio Lozoya, aprobó los términos y condiciones del contrato y al día siguiente la subdirección de proyectos del área de refinación, a cargo de Jesús Lozano Peña, elaboró el dictamen de adjudicación directa para otorgar a Odebrecht el acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería de Tula.

El contrato fue firmado finalmente el sábado 15 de febrero de 2014, y en los siguientes días el operador de la oficina de sobornos, identificado como “Gigolino” (identidad de Olivio Rodriguez Júnior) ordenó tres transferencias a la cuenta de Zecapan SA en el Neue Bank de Liechtenstein:

Un depósito por un millón 350 mil dólares fue ordenado el 21 de febrero (a los seis días de la firma); otro el 11 de marzo por un millón de dólares y uno más el 17 de marzo por un millón 170 mil dólares.

Según el cotejo de documentos, en noviembre de 2014 hubo otras transferencias que coincidieron con dos ampliaciones consecutivas al contrato en Tula por 879 millones de pesos.

Pemex reservó hasta el año 2021 cualquier documento relacionado con la asignación directa del contrato de la refinería de Tula a Odebrecht, con el argumento de que forma parte de las investigaciones que realiza la PGR.

Los documentos reservados

MCCI obtuvo algunos de los documentos reservados, uno de ellos corresponde al acta de una reunión del Consejo de Administración de Pemex-Refinación, en las que se aprobaron las condiciones del contrato, con el aval de funcionarios de la petrolera y de la Secretaría de Energía.

Entre los asistentes a aquella reunión, realizada el 27 de enero de 2014 en el piso 44 de la Torre Ejecutiva de Pemex, estaban Miguel Tame, director de Refinación; Carlos Murrieta Cummings, director de operaciones; Mario Alberto Beauregard Álvarez, director de finanzas; Marco Antonio de la Peña Sánchez, director jurídico; Leonardo Cornejo Serrano, coordinador de proyectos de modernización y Jesús Lozano Peña, subdirector de proyectos, y quien firmó el contrato con Odebrecht.

También acudieron a la sesión dos cercanos colaboradores de Emilio Lozoya: Froylán Gracia Galicia, su coordinador ejecutivo, y Carlos Roa Rodríguez, su coordinador de asesores.

En la sesión del consejo se tomó el acuerdo CAPR-004/2014 para asignar sin licitación el contrato para “el acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería”.

También los consejeros aprobaron incluir en el contrato una cláusula anticorrupción, en la que el contratista se comprometía a que, durante la ejecución de la obra, ni él, ni sus subcontratistas o empleados ofrecerían o darían dinero o cualquier otra dádiva a servidores públicos.

Sin embargo, ya para entonces Odebrecht había pagado una primera tanda de sobornos, de acuerdo con los documentos obtenidos por MCCI.

Los consejeros argumentaron que la asignación directa evitaría incrementos en el costo de la obra.

“La estrategia de contratación que se propone, permitirá adjudicar los trabajos a una propuesta que asegure el cumplimiento de los requerimientos técnicos y de programación para el desarrollo de las obras, evitando con ello pérdidas o costos adicionales importantes (…) con lo que se justifica el procedimiento mediante excepción a la licitación pública”, fue el argumento que quedó por escrito.

El Consejo de Administración acordó que el monto del contrato sería por hasta 165 millones de dólares, equivalentes a 2 mil 225 millones de pesos, al tipo de cambio de entonces, con un plazo de ejecución de 540 días naturales.

No obstante, el contrato se firmó por mil 436 millones de pesos, aunque luego se elevó a dos mil 315 millones de pesos a través de dos convenios modificatorios realizados en el transcurso de la obra.

La información de MCCI da cuenta que en la reunión del 27 de enero, los consejeros acordaron que, para obtener la oferta más conveniente, Pemex-Refinación haría una investigación de mercado para identificar potenciales contratistas que contaran con atributos de trayectoria, cumplimiento, capacidad y soporte financiero.

Una vez identificadas las potenciales empresas, se acordó que Pemex les solicitaría su propuesta técnica y económica para analizarla y decidir la mejor alternativa.

Sin embargo, ese procedimiento era una simulación, pues desde un mes antes –el 13 de diciembre de 2013- Pemex había evaluado la propuesta de Odebrecht y ese mismo día había elaborado el fallo que sirvió como base para asignarle el contrato.

Es decir, el contrato ya estaba apalabrado. Prueba de ello es que al día siguiente de la sesión del consejo, el 28 de enero de 2014, la Subdirección de Proyectos de Pemex-Refinación elaboró el dictamen de adjudicación directa a Odebrecht.

“El procedimiento de adjudicación directa es el único esquema de contratación que permite el cumplimiento de las fechas clave” para las obras asociadas al proyecto de aprovechamiento de residuales en Tula, argumentó la petrolera estatal.

A la sesión del 27 de enero de 2014, tanto el director de la petrolera, Emilio Lozoya, como el subsecretario de Hidrocarburos, Enrique Ochoa Reza, no se presentaron a la reunión.

Lozoya tenía el cargo de presidente del Consejo, posición que tuvo que ser ocupada en aquella reunión por su suplente, Víctor Díaz Solís, en ese entonces director corporativo de Administración de Pemex, según consta en la lista de asistencia, obtenida por MCCI.

Ochoa Reza, por su lado, era consejero propietario del Consejo, y su lugar fue ocupado ese día por su suplente, Daniel Guerrero Rodríguez, director de transformación industrial de hidrocarburos de la Secretaría de Energía.

Tampoco se presentaron a la reunión otros dos consejeros propietarios: Leonardo Beltrán Rodríguez, subsecretario de Planeación de la Secretaría de Energía y Miguel Messmacher Linartas, subsecretario de ingresos de la Secretaría de Hacienda.

De los 23 funcionarios de Pemex y de la Secretaría de Energía que acudieron a la reunión, sólo cuatro permanecen en sus cargos.

Proceso
Ciudad de México
Viernes 18 de mayo de 2018.

  1. En el documento “Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos explica que los individuos detenidos presentaron lesiones físicas que son compatibles con tortura

  2. La ONU señaló que la investigación se basó en documentos oficiales y entrevistas.

 

En la primera etapa de la investigación del caso Ayotzinapa, elementos federales torturaron y sometieron a tratos inhumanos y degradantes a 34 personas detenidas, concluye un informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

El organismo analizó los casos y entrevistó a 33 hombres y una mujer relacionados con los hechos registrados el 26 y 27 de septiembre de 2014, y aseguró que “cuenta con fuertes elementos de convicción de que dichas personas habrían sido sometidas a tortura, así como a otras violaciones de derechos humanos, entre septiembre de 2014 y enero de 2016”.

“El propio expediente judicial provee una amplia evidencia de estas presuntas violaciones a los derechos humanos. En todos los casos analizados, los individuos presentaron numerosas lesiones físicas, certificadas por exámenes médicos, que son compatibles con lesiones resultado de tortura.

"Los hallazgos encontrados a partir del expediente corroboran las declaraciones de las 34 personas detenidas entrevistadas por la Oficina”, señala el documento “Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”.

La ONU-DH precisó que los detenidos fueron sometidos a golpes, patadas, toques eléctricos, vendaje de ojos, intentos de asfixia, agresiones sexuales y diversas formas de tortura psicológica por personal de la PGR, principalmente de la SEIDO y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como elementos de la Policía Federal y de la Secretaría de Marina.

“En varios casos habría amenazas de violación sexual a las mujeres familiares de las personas detenidas”, destacó.

Además, la Oficina del Alto Comsionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México subrayó que existe una serie de declaraciones autoinculpatorias “libres y espontáneas hechas por los detenidos al ante los elementos aprehensores.

Ante los hallazgos, la ONU-DH pidió a la PGR realizar “en un plazo razonable, las investigaciones correspondientes a identificar a los responsables de las detenciones arbitrarias, los actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos descritos en el informe”.

La ONU señaló que la investigación se basó en documentos oficiales y entrevistas.

De anularse esas 34 declaraciones, la versión oficial de la desaparición de los 43, calificada por el exprocurador Jesús Murillo Karam como “verdad histórica”, quedaría sin fundamento al estar basada, fundamentalmente, en esos testimonios.

Esa tesis sostiene que después de que los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa fueran atacados el 26 de septiembre de 2014 por policías locales en la localidad de Iguala, al sur de México, que los entregaron a un grupo del crimen organizado, el cual los quemó en un basurero y tiró sus restos a un río cercano.

Un grupo de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que trabajaron durante un año en el país ya había desmentido en 2016 esta versión, porque a su juicio carecía de pruebas científicas que la sustentaran. Ellos habían encontrado que al menos 17 de los detenidos habían sido torturados. Ahora la ONU eleva el número de casos y aporta nuevas evidencias.

Las autoridades federales no han comentado sobre el reporte de la ONU, aunque hace un par de semanas dijeron ante la Comisión Interamericana que de todas las denuncias de tortura sólo dos casos habían arrojado resultados positivos.

AP
El Universal
Emanuel Espino
Ciudad de México
Jueves 15 de marzo 2018.


Cuenta con CURP de San Martín Texmelucan y una propiedad en ese municipio.

De acuerdo con documentos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el presunto narcotraficante, Raúl Flores Hernández, alias “El Tío”, presuntamente vinculado con Rafael Márquez y Julión Álvarez, es de origen poblano, ya que cuenta con una Clave de Registro Único de Población (CURP) en el municipio de San Martín Texmelucan, además tiene una propiedad ubicada en la colonia Centro de la misma demarcación.

Al respecto, en entrevista a medios la mañana de este martes, el gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, confirmó que la PGR y el gobierno norteamericano solicitaron apoyo a la Fiscalía poblana para investigar si el capo cuenta con más propiedades a su nombre o al de terceras personas, así como relaciones con algunos gasolineros o empresarios que se dedican a los bienes inmobiliarios.

El presunto capo de la droga está registrado ante el Registro Civil en Texmelucan bajo el CURP FOHR510305HPLLRL08, fue inscrito el 21 de diciembre de 1999 y su fecha de nacimiento corresponde al 5 de marzo de 1951.

Según documentos de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), “El Tío” cuenta con una propiedad ubicada en la calle Zaragoza sur 201 de la colonia Centro en San Martín Texmelucan; el edificio de dos pisos cuenta con un local comercial en la planta baja dedicado a la reparación y venta de máquinas de costura y se ubica a tan sólo una calle del zócalo texmeluquense.

Cabe mencionar que el presunto líder del cártel de “Los Flores” también tiene otro CURP en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, con fecha de nacimiento 3 de octubre de 1952.

Investiga Puebla propiedades de 'El Tío'

A solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR), el Gobierno estatal investiga propiedades y empresas de Raúl Flores Hernández, "El Tío", en territorio poblano, anunció el Mandatario Antonio Gali Fayad.

En entrevista, refirió que recibieron una ficha informativa de parte de la dependencia federal para indagar a este personaje, después de los señalamientos hechos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

"Nos enviaron a la Fiscalía, por parte de la Procuraduría General de la República la ficha y también nos piden colaboración, en el mismo sentido, de buscar en el Registro Público de la Propiedad, si es que tuviera más propiedades, si tuviera propiedades a nombre de terceras personas", manifestó Gali.

"Si es que estuviera involucrado, como es el comentario que viene en el mismo oficio, con algunos gasolineros, con empresarios que se dedican a los bienes inmobiliarios, con algunos textileros".

El Gobernador informó que pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) que realice las acciones necesarias para dar respuesta a la petición de la PGR.

Entre los bienes detectados por la autoridad estadounidense a Flores Hernández se encuentra un inmueble en el Número 201 del Centro de San Martín Texmelucan.

La semana pasada se hizo pública la presunta vinculación entre "El Tío" y el cantante, Julión Álvarez, así como con el futbolista del Atlas y capitán de la Selección Mexicana, Rafael Márquez, a los que señalaron por lavado de dinero.

Este día el Mandatario de Puebla afirmó que llevarán la indagatoria a fondo para eliminar cualquier complicidad o acto de impunidad en el Estado.

UnoTV
Reforma
Francisco Rivas
Puebla, México
Martes 15 de agosto de 2017.


Al año Pemex pierde 20 mil millones de pesos por el robo de combustible

A pesar de contar con un sistema remoto de monitoreo de ductos que le permite bloquear el flujo de producto, Pemex no “cierra la llave” a menos que se presente una fuga de combustible.

Por ello, la mayoría de las miles de tomas clandestinas que tiene cada año, las detecta con su personal en campo.

Una de las cualidades del Sistema de Control y Adquisición de Datos (SCADA), que vigila los 30 mil kilómetros de ductos que tiene Pemex en el País, es precisamente la posibilidad de cerrar las válvulas de manera remota y seccionar los ductos cuando se detectan anomalías en la presión.

“En la mayoría de los casos yo diría que es una revisión de campo y en algunos casos hacemos el cierre”, explicó Ignacio Aguilar, director general de Pemex Logística, la cual tiene el tercer SCADA más grande del mundo, sólo después del que tienen empresas rusas.

Detalló que la mayoría de las tomas clandestinas que detectan en sus ductos son herméticas, es decir que no hay fuga, por lo que la baja de presión es moderada.

Por ejemplo, este tipo de tomas clandestinas son aquellas en las que los huachicoleros conectan una manguera al ducto y el sistema permite detectar un cambio de presión que no es grande, por lo que no hay un derrame.

“Lo que te permite detectar el sistema es un cambio de presión, lo que ves es que entre un punto y otro hay una baja de presión y eso lo que nos alerta a nosotros es que puede haber una toma clandestina”, comentó en entrevista.

Sólo si el cambio en la presión es súbito, a raíz de una fuga, es cuando aprovechan esta cualidad del SCADA.

El año pasado Pemex detectó 6 mil 873 tomas clandestinas y hasta junio de este año, ya suman 5 mil 75.

Sin detallar cuántas personas vigilan los 47 sistemas de transporte de ductos de hidrocarburos de Pemex, la empresa señaló que a diario realizan recorridos sobre los derechos de vía de los ductos para identificar tomas clandestinas, con el apoyo de personal de seguridad física.

El director general de Pemex Logística estimó que en promedio tardan entre 3 a 5 horas en detectar la toma clandestina, llegar al lugar y hacer la reparación, para que el ducto vuelva a operar de manera normal.

En caso de que hubiera una fuga, las válvulas se cierran, pero dependiendo de la zona las cuadrillas tardan entre 1 y 4 horas para llegar al sitio.

Reconoció que el sistema les permite seccionar tramos de ductos para regular el flujo mientras realizan las reparaciones.

Al año Pemex pierde 20 mil millones de pesos por el robo de combustible y aunque no hay una cifra oficial del volumen éste podría rondar en los 26 mil barriles diarios.

Reforma
Ciudad de México
Jueves 10 de agosto de 2017.


En siete días, autoridades de los tres niveles de Gobierno aseguraron 117 mil 4 litros de hidrocarburo robado en Puebla.

De esa cantidad, elementos de la Policía Federal (PF) recuperaron 30 mil 188 litros; agentes estatales, 71 mil 942 litros, y policías de distintos municipios, 14 mil 874 litros, informó la Procuraduría General de la República (PGR).

La dependencia federal detalló que las acciones se realizaron entre el 15 y el 21 de julio, periodo en el cual las diferentes autoridades detuvieron a un total de 26 personas, 16 por parte de la PF y 10 por agentes municipales.

También se aseguraron 110 vehículos y se localizaron ocho tomas clandestinas de hidrocarburo.

Por estos hechos, agregó la PGR, se abrieron 72 carpetas de investigación, de las cuales 48 fueron con aseguramiento de combustible.

"Durante esta semana se judicializaron 18 carpetas de investigación y a 25 personas", añadió la PGR.

Reforma
Ciudad de México
Domingo 30 de julio de 2017.

Víctimas de intento de espionaje afirman que hay irregularidades; legisladores federales exigen que se investigue a fondo

La compra del malware espía Pegasus a la empresa Grupo Tech Bull SA de CV representa un acto de “profunda corrupción”, lleno de irregularidades y poco clara al momento de realizar la licitación, coincidieron dos de los representantes de organizaciones civiles que habrían sido infectados con el software y quienes además exigieron a las autoridades una investigación sobre la compra.

Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), y quien con sus investigaciones apoyó al grupo de reporteros y de representantes de derechos humanos en la denuncia del alcance de Pegasus, aseguró que la operación para adquirir por 32 millones de dólares ese programa es un “indicio fuerte” de actos de corrupción.

Consideró que es necesario que se transparente la forma en que fue adquirido ese software, además de señalar a Tomas Zerón de Lucio, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), como el principal responsable de esta operación, por lo que, dijo, es urgente investigar su participación, debido a que sigue trabajando como funcionario.

Indicó que a Zerón de Lucio, ex director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, se le debe indagar de inmediato para conocer los pormenores de la compra del software con dinero público.

“Se tiene que investigar a Tomás Zerón de Lucio, es el firmante de ese contrato. Según información que se ha hecho pública y que también se documenta en la información publicada por El Universal, Zerón de Lucio ha sido central en las operaciones de adquisición de tecnología para llevar a cabo el espionaje, en concreto este software”, dijo.

El director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales declaró que en el tema de la contratación del programa “no hay ninguna garantía de que esto haya dejado de suceder”.

Aseguró que no existe ningún argumento válido para mantener en secrecía el proceso de contratación.

Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), dijo a que la compra por más de 32 millones de dólares es una operación “completamente irregular”, que incluso podría representar un caso de corrupción, por lo que debe ser auditada.

Comentó que la compra por parte de la PGR muestra la debilidad de los procesos de adquisiciones del Estado, por lo que las licitaciones deben tener procedimientos más claros y destacó que la adquisición de este malware arroja muchas dudas.

“Esto habla de la debilidad de los procesos de adquisiciones del Estado: ¿con qué criterios se puede hacer una licitación de más de 30 millones de dólares a una empresa que acaba de surgir? No me extrañaría que en el caso de Pegasus no sólo fuera el uso de herramientas de espionaje contra ciudadanos que no representan una amenaza a la seguridad nacional, sino también puede ser un caso de corrupción, por la evidencia que presenta una licitación poco clara y que arroja muchísimas dudas”, advirtió.

Resaltó que la operación debe ser auditada para determinar los criterios bajo los cuales se eligió a la empresa Grupo Tech Bull SA de CV para la compra de Pegasus; asimismo, dijo que Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, debe explicar los motivos de esta decisión, así como brindar más detalles sobre el proceso, puesto que él fue quien firmó el contrato.

“Tendría que haber una reacción, un mecanismo de auditoría, una explicación jurídica de por qué le asignan contratos tan grandes a empresas con domicilios fantasma sin ninguna trayectoria de compra pública. Sobre de él [Tomás Zerón] deberían ir las preguntas, cómo justifica venderle a una empresa de reciente creación con domicilio fantasma un contrato por ese monto”, expresó.

Para Alejandro Calvillo Unna, director de El Poder del Consumidor, la adquisición de este software representa un acto de profunda corrupción, por lo que debe ser investigado por el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), dijo.

El Universal
Astrid Rivera y
Pedro Villa y Caña
Ciudad de México
Sábado 29 de julio de 2017.


De acuerdo a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la PGR le compró en 32 millones de dólares el sistema de espionaje Pegasus a Grupo Tech Bull, perteneciente a dos jóvenes de 26 y 29 años, presuntos prestanombres.


De acuerdo con una investigación realizada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la Procuraduría General de la República (PGR) compró en 32 millones de dólares el sistema de espionaje Pegasus a una compañía llamada Grupo Tech Bull SA de CV.

Dicha empresa pertenece a dos jóvenes menores de 30 años, sin experiencia en el manejo de temas de seguridad nacional, de acuerdo con información de MCCI.

Grupo Tech Bull se constituyó en octubre del 2013 en la capital mexicana con un capital de 50,000 pesos, para un año después vender el malware Pegasus a la PGR en 32 millones de dólares.

El objeto social de Tech Bull es la compraventa de todo tipo de instrumentos y servicios de seguridad, incluido equipo táctico y de inteligencia, radares, torres de vigilancia, unidades móviles de videovigilancia y grabación, drones, vigilancia en aeronaves, sistemas para detección de armamento y explosivos; traslado y custodia de valores e instalación de blindajes.

En entrevista con MCCI, Carlos Cayetano Miguel de 26 años, quien aparece en actas como dueño y administrador único de Tech Bull al momento de realizarse la venta de Pegasus a la PGR, aseguró no saber acerca de esa transacción y que no recibió ni un peso de ganancia. Otro socio del grupo es Jorge de Jesús Sánchez, de 29 años, técnico en informática del Conalep, precisó la investigación.

Esta empresa nació el mismo día en que Carlos Cayetano Miguel se tituló como contador público en el Instituto Politécnico Nacional, con una tesis titulada Conversión de estados financieros a moneda extranjera en el sector de los alimentos, según datos a los que tuvo acceso MCCI.

Según documentos notariales inscritos en el Registro Público de Comercio de la CDMX, cada uno de los socios aportó 25,000 pesos, y no 3,000 como afirmó Cayetano en la entrevista con MCCI.

El 29 de octubre de 2014 el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón firmó un contrato a favor de dicha empresa para el servicio de 500 infecciones de equipos celulares con el malware Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group.

De acuerdo con correos electrónicos filtrados por Wikileaks, Tech Bull es una filial de Balam Seguridad Privada, creada en mayo del 2012 por Asaf Zanzuri, de origen israelí. Balam, junto con Tech Bull, acapararon contratos en casi todas las dependencias de seguridad del gobierno federal.

La empresa Balam Seguridad tenía un acuerdo con NSO Group sobre el precio que pagarían por 500 infecciones de aparatos de telefonía de personas que serían espiados. Pero NSO intentó elevarles 50% el precio cuando se enteraron de que el contrato con la PGR ya se había firmado.

El Economista
Ciudad de México
Sábado 29 de julio de 2017.


La Fiscalía General del Estado (FGE), aun no reconoce ningún posible móvil


El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade anunció que coadyuvaran en las investigaciones para esclarecer el homicidio de un bebé de dos años y la violación de su madre y hermana en la autopista México-Puebla, a la altura de San Martín Texmelucan.

Cervantes Andrade detalló que si bien se trata de un tramo carretero federal, no atraerá por completo el caso a fin de que la Fiscalía General del Estado (FGE) participe y apoye con la proximidad al lugar de los hechos.

"Lo que se tiene que hacer en este tipo de casos es hacer investigación adecuada, poder llegar a los culpables (...) sí, es federal, lo investiga la Procuraduría –General de la República–, pero lo vamos a hacer en colaboración, eso es mucho más eficiente", detalló en entrevista para el noticiero Despierta con Loret.

El funcionario reprobó este crimen y consideró que fue un exceso de violencia el que se cometió contra está familia originaria de Quecholac, Puebla, cuando ocho sujetos los interceptaron para robarles su camioneta, asesinar a un bebé y abusar de su madre y hermana.

Crimen no debe de quedar impune: Cervantes Andrade

Enfatizó en que este tipo de crímenes no debe de quedar impune ya que incrementa la percepción de inseguridad en la ciudadanía.

"El espíritu que tienen los mexicanos es de que baje el sentimiento de que hay impunidad y la impunidad es una percepción", destacó Cervantes Andrade.

La Fiscalía General del Estado (FGE), aun no reconoce ningún posible móvil

Autoridades continúan sin alguna pista para dar con los presuntos responsables del asalto a una familia en la autopista México-Puebla, en el que el grupo armado mató a un bebé de dos años y violó a su madre y hermana.

La Fiscalía General del Estado (FGE) argumentar que aún no tiene ningún móvil como la principal línea de investigación.

Por su parte, la Comisión Nacional de Seguridad, a través de la Policía Federal (PF), comenzó una investigación por el homicidio del menor y la violación de las dos mujeres, e hizo una recreación de los hechos.

A poco más de 24 horas de ocurridos los hechos, autoridades no han reportado algún indicio de los sujetos que perpetraron el asalto, así como el paradero de los vehículos en que iban y de la camioneta que robaron a la familia.

Según el diario e-consulta, que recoge reportes de la PF, detalla que tras perpetrar el asalto, asesinato y doble violación en el kilómetro 93 de la autopista México-Puebla, los responsables huyeron por un camino peatonal que fue habilitado de forma clandestina para permitir el paso de automóviles a San Martín Texmelucan, sin pasar por la caseta.

Ayer se dio a conocer que ocho sujetos, en una camioneta Nissan, color blanco, y una Pickup, roja, interceptaron a la familia para robarles su vehículo, una camioneta Ford Ranger.

Se sabe que la familia regresaba de vacaciones, cuando el padre, Hilario, se detuvo para ir al baño, momento aprovechado por los agresores para abordarlos y exigirles que les entregaran la camioneta.

Mientras que Hilario fue sometido, sin recibir ni un golpe, los responsables le dispararon a su hijo de dos años, y abusaron sexualmente de su hija y de su esposa, para después dejarlos abandonados en el arroyo vehicular a las 2:30 de la madrugada del martes.

Proceso
e-consulta
Alberto Melchor
Puebla, México
Miércoles  3 de mayo de 2017.

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