El outsourcing, no pueden estar fuera de la ley, por tal motivo las ouotsourcing también tendrán que dar el aumento salarial, señala la agrupación.


Las empresas que tengan servicios de outsourcing laboral, no se salvarán de dar el aumento al salario mínimo de sus trabajadores, afirmó el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

El gremio de los contadores también aseguró que dicho incremento tendrá un impacto menor sobre las negociaciones contractuales, por lo que las preocupaciones del Banco de México (Banxico) por el llamado “efecto faro” que se convertirá más bien en un “efecto velita”.

En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión Fiscal, Héctor Amaya Estrella, explicó que, por ley, todo trabajador sin importar si está contratado directamente por la empresa o por una outsourcing, recibirá el aumento salarial a partir de enero del 2020.

“En cuanto al outsourcing, no pueden estar fuera de la ley, por tal motivo cualquier pago al trabajador contratado, no puede estar aislado; las ouotsourcing también tendrán que dar el aumento salarial”, manifestó.

Sobre la reforma que está pendiente de aprobación en el Congreso, dijo que es necesario encontrar un punto de equilibrio para regularlo y supervisarlo.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Análisis Económico, Ernesto O´Farrill, afirmó que el incremento del 20% en el salario mínimo, no se va a replicar en los aumentos de los salarios contractuales.

“Es muy difícil. Las circunstancias económicas que se están viendo, no lo permiten”, aseguró.

Para las negociaciones contractuales o de la masa salarial que sería el agregado total, estimó que podría ser menor al 20%, quizá sea ligeramente arriba de la expectativa de la inflación.

En su opinión, eso podría ser absorbido en parte por las empresas en el margen que tengan.

Con ello, estableció que el “efecto faro” del que habla el banco central, sí se da, pero, es muy pequeño, por lo que podríamos prever que sería más bien un “efecto velita”.

Experiencia en ciudades fronterizas

En tanto, la presidenta del IMCP, Diamantina Perales, recordó los problemas a los que se enfrentaron las maquiladoras establecidas en las ciudades fronterizas con el aumento del salario mínimo.

“Fue positivo porque el ingreso de los trabajadores comenzó a ser más competitivo respecto al de Estados Unidos, y sobre todo para la economía de las ciudades fronterizas”, detalló.

Pero, refirió que como la mayoría de las ciudades en la frontera norte depende en gran medida de la industria maquiladora y muchas de éstas cuentan con sindicatos, hubo problemas con las prestaciones.

“No se visualizó o no se identificó por parte de las empresas y sindicatos, que esos contratos vigentes, con beneficios adicionales al sueldo como bonos y prestaciones superiores a la ley, están fundamentadas con base al incremento al salario mínimo que era normalmente de entre 2% y 3%”, expuso.

Hubo una serie de negociaciones importantes, por el impacto fuerte en las empresas maquiladoras, aunado a que no se podían deducir ciertos aspectos relacionados con los salarios.

Lo anterior, provocó que algunas plantas productivas, dejaran de trabajar en lo que llegaban a un acuerdo dependiendo del número de trabajadores, comentó.

El Universal
Leonor Flores
Ciudad de México
Miércoles 18 de diciembre de 2019.


En México outsourcing ilegal, evade $500 mil millones al año


Gómez Urrutia: hay respuesta exagerada contra iniciativa que lo regula


La subcontratación ilegal provoca anualmente una evasión al fisco y a los institutos de seguridad social de 500 mil millones de pesos. Además, severos perjuicios económicos a 8 millones de trabajadores, quienes son despojados del derecho al reparto de utilidades y a una pensión digna, asegura el senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia, autor de la controvertida iniciativa en la materia, la cual quedó pendiente de discusión para el año próximo.

Resaltó que lo anterior son cálculos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), pues cientos de empresas acuden a esa práctica que les permite no pagar los impuestos que les corresponden e incumplir con las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Aunque el propio coordinador de Morena y presidente de la junta de coordinación política del Senado, Ricardo Monreal, promovió que el dictamen con las reformas a las leyes Federal del Trabajo y del Instituto Mexicano del Seguro Social, aprobado ya en comisiones, no pasara al pleno y se abriera una sesión de parlamento abierto para enero próximo, otros legisladores morenistas no están de acuerdo.

Principal problema del IMSS: Martínez Cázares

El ex director del IMSS Germán Martínez Cázares resaltó que se debe reglamentar sin demora la subcontratación, ya que el principal problema de ese instituto no es la falta de medicinas, equipo, personal o la mala administración, sino el outsourcing.

Calculó que, mediante la práctica de inscribir a trabajadores ante el IMSS con un menor salario al que realmente perciben, se evaden más de 50 mil millones de pesos al año.

En los meses que estuvo al frente del IMSS, al comienzo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pudo constatar que la principal corrupción es el outsourcing, sangría importante por la fuga de cuotas obrero-patronales.

Durante la reunión de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, en la que se aprobó el dictamen para regular la subcontratación –el martes pasado–, Martínez Cázares denunció que en su paso por el IMSS vio cómo algunas familias de este país se enriquecieron robando el fruto del trabajo de muchos obreros a través de la subcontratación, y ello es un crimen.

Los que quieran defender ese robo que vengan y lo digan en el Senado, retó.

Igualmente, el senador de Morena Martí Batres consideró que en esta nueva etapa, con un gobierno que está dispuesto a reconstruir los derechos de los trabajadores, se debe seguir adelante con esa iniciativa que no elimina el outsourcing, sino lo regula, porque en décadas recientes se ha aplicado de manera ilegal, en detrimento de la economía nacional y de los sindicalizados.

Gómez Urrutia, dirigente del sindicato minero, resaltó que desde que presentó la iniciativa hubo una respuesta exagerada de los organismos empresariales, que comenzaron primero una campaña de desprestigio con argumentos falsos, entre ellos que se eliminaba por completo ese mecanismo de subcontratación y ponía en riesgo la ratificación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá.

Al final, resaltó, presionaron a los coordinadores del Senado y consiguieron que no se aprobara en este periodo de sesiones, que concluirá el próximo día 12, pero no vamos a desistir. Se llevará a la segunda consulta en enero, pero se tiene que legislar para regular esa actividad, que ha causado un daño grave a las finanzas públicas y a los trabajadores.

Pese a la gravedad del problema, no hay estadísticas oficiales. La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, en su reciente comparecencia ante el Senado, informó que la subcontratación abusiva y el subregistro ante el IMSS son mecanismos perversos que han crecido a lo largo del último sexenio.

Se construyeron, destacó, no sólo al amparo del poder en su momento, sino también tienen relación con una defraudación a los institutos de seguridad social, Hacienda y, obviamente, los trabajadores, a quienes se ha desprotegido. No hubo una sola inspección en esa materia durante los seis años de gobierno de Enrique Peña Nieto.

No quiso precisar si se necesita una reforma legal, pero dijo que eso compete al Congreso. Lo que la STPS ha hecho es coordinarse con el IMSS, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y otras dependencias para atacar esa subcontratación abusiva mediante operativos estratégicos para acabar con esa práctica tan agresiva.

En el dictamen se precisa que la subcontratación sólo podrá realizarse sobre actividades que exijan una especialización que resulte ajena o accesoria a la actividad preponderante o principal que lleve a cabo la empresa contratante.

Gómez Urrutia comentó que es obvio que las actividades de limpieza pueden ser subcontratadas, pero no se justifica que un consorcio como Grupo México utilice a un empresa de servicios financieros para emplear a sus mineros.

Es una práctica recurrente, sostuvo, que en los hechos significa una sustitución patronal, ya que la empresa subcontrata a otra que se encarga del manejo y pago de la nómina de los trabajadores, quienes siguen desempeñando las mismas funciones pero simulada y ficticiamente dejan de laborar en la misma.

En muchas ocasiones pasan de un subcontratista a otro, por lo que no generan antigüedad, no reciben reparto de utilidades y no podrán pensionarse.

El legislador rechazó que su iniciativa ponga en riesgo la economía, como argumentan los empresarios, en referencia a la disposición de penalizar el outsourcing ilegal y la obligación de los patrones que hubieran incurrido en abusos fiscales y laborales de pagar lo evadido a Hacienda y al IMSS y las utilidades escamoteadas a los trabajadores en un plazo de seis meses. Después de ello habría sanciones.

Hay que corregir esos abusos. La economía nacional no podrá crecer mientras no se regule y acabe esa práctica.

La Jornada
Andrea Becerril
Ciudad de México
Martes 10 de diciembre de 2019.


 “Terminarán los contratos de protección patronal”, afirma Gómez Urrutia tras aprobación en Senado de Convenio 98

Tras casi tres años de estar en la “congeladora”, el Senado aprobó por 78 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención el Convenio 98 de la Conferencia Internacional del Trabajo, sobre la aplicación de los principios del derecho de sindicatos y negociación colectiva, que implicará una reforma a la Ley Federal del Trabajo y la eliminación de los “contratos de protección”, como los outsourcings.

El convenio aprobado este 20 de septiembre en el Senado provocó una posición unánime de los dirigentes sindicales como Carlos Aceves del Olmo, jerarca cetemista del PRI, y de Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero que llegó vía Morena, así como un intenso cabildeo de la bancada del PAN que pedía suspender la votación.

En la sesión no estuvieron presentes los legisladores panistas, bajo el argumento de un “acuerdo mordaza” que tomó la Mesa Directiva, pero los senadores del PRI retornaron al pleno para votar a favor este histórico Convenio.

“Hubo un cabildeo muy fuerte, en especial del PAN para que se retrasara más la aprobación del convenio”, admitió Gómez Urrutia, en conferencia de prensa. “Por fortuna, las mayorías estaban de acuerdo para que se aprobara”, sentenció.

La ratificación de este acuerdo, adoptado en Ginebra desde el 1 de julio de 1949, implicará reformas a la Ley Federal del Trabajo y “termina con los contratos de protección patronal”. “Se tiene que revisar todo el sistema de contratación laboral, revisar las condiciones de seguridad y cambiar la política de salarios bajos en el país”, abundó Gómez Urrutia.

“Esto es algo positivo para el mundo laboral y será progresivo”, sentenció el líder minero y rechazó que esto afecte la competitividad porque “la competitividad de las empresas no puede basarse en el bajo salario”.

“Estamos rompiendo con un sistema corrupto de contratos de protección laboral”, indicó Gómez Urrutia, acompañado de Daniel Gutiérrez Castorena, quien presentó junto con el líder minero la propuesta de aprobar este convenio.

Sin embargo, en la discusión en tribuna, el cetemista Carlos Aceves del Olmo consideró que la ratificación del Convenio 98 “sin consulta a sectores” podría generar incertidumbre laboral. A pesar de eso, los senadores del PRI votaron a favor.

Patricia Mercado, senadora del Movimiento Ciudadano y ex secretaria del Trabajo capitalino, afirmó que no se puede combatir la desigualdad laboral si no se dignifica el trabajo, mientras que el senador independiente Emilio Alvarez Icaza afirmó que “ha llegado el tiempo de la libertad sindical”.

La ratificación del convenio estaba pendiente desde el 30 de noviembre de 2015, cuando el Ejecutivo federal envió al senado el acuerdo. Un intenso cabildeo de organismos empresariales y sindicales, así como del propio titular de la Secretaría del Trabajo de entonces, Alfonso Navarrete Prida, provocó que acabara en la “congeladora” legislativa.

Homozapping
Jenaro Villamil
Ciudad de México
Jueves 20  septiembre 2018.


Iniciativa de ley secundaria en materia de justicia laboral prevé no abordar el tema, dice senador; atenta contra los trabajadores: expertos


El outsourcing podría quedar fuera de la discusión de la iniciativa de ley secundaria en materia de justicia laboral, debido a que es “difícil que pueda transitar” este tema en la discusión, afirmó Miguel Ángel Chico Herrera, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.

El senador dijo a EL UNIVERSAL que la subcontratación, conocida como outsourcing, podría quedar fuera del proyecto de legislación que aún se discute en la Cámara Alta; aseguró que esta iniciativa no busca perjudicar a los trabajadores, por lo que se han sostenido reuniones con sindicatos, abogados, empresarios y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para considerar a todos los sectores.

“Están muy avanzadas las negociaciones, mañana no están las condiciones para que se presente la iniciativa, se sigue platicando con los senadores miembros de la comisión y también con los sindicatos. Estamos tratando de llegar a acuerdos con empresarios, que es parte importante, con los abogados inmiscuidos en este asunto y con la Secretaría del Trabajo. Es difícil que pueda transitar el tema del outsourgcing, es difícil que transite, no veo que pudiera entrar en la iniciativa”, expresó.

El 24 de febrero de 2017 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a los artículos constitucionales 107 y 123 en materia de justicia laboral. A partir de esa fecha los legisladores tenían plazo de un año para aprobar la ley secundaria que normaría las modificaciones a la Constitución, en las que se establecen las nuevas disposiciones en materia de conciliación de problemas laborales.

Chico Herrera comentó que pese a que este tema se está discutiendo “a contrarreloj”, se analizarán los enfoques de todos los sectores de la producción en beneficio de los trabajadores y la protección de sus derechos.

“Sabemos que vamos contrarreloj, no queremos legislar al vapor, y lo haremos de una manera seria lo más pronto posible, pero sin que las prisas nos hagan cometer errores. De ninguna manera buscamos perjudicar a la clase trabajadora”, dijo.

Especialistas consultados por EL UNIVERSAL advirtieron que el proyecto deja desprotegidos a los trabajadores, al establecer un modelo laboral que facilita los salarios bajos y las condiciones precarias, por lo que representa un “retroceso” para el sector laboral e implicaría una pérdida del valor del trabajo.

El principal eje de la iniciativa es la justicia laboral, con lo que se plantea la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, las cuales pasarán al Poder Judicial como tribunales laborales, y se creará un nuevo instituto que concentrará las funciones de conciliación de conflictos y registro de sindicatos.

El proyecto, el cual aún se encuentra en análisis en las comisiones de Justicia, Estudios Legislativos. Trabajo y Previsión Social del Senado, establece la creación del Instituto de Conciliación y Registro Laborales, organismo que concentraría las tareas de solución de conflictos que hoy desempeñan las Juntas de Conciliación y Arbitraje, a fin de “modernizar” la impartición de justicia para el trabajador.

Para trasladar las funciones de las juntas al nuevo instituto se plantea que la Junta Federal y las locales de Conciliación y Arbitraje deberán presentar un plan de trabajo con un plazo máximo de duración de cuatro años para concluir los asuntos en trámite; el plan deberá presentarse en los siguientes 120 días después de la entrada en vigor del decreto.

De aprobarse la iniciativa, presentada el 7 de diciembre pasado por los senadores Isaías González, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), y Tereso Medina, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Coahuila, el nuevo instituto contaría con un órgano de vigilancia integrado por un Comisario Público, propietario y suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública.

Además de encargarse de la conciliación de conflictos laborales, el instituto registrará los contratos colectivos de trabajo, así como la formación de nuevos sindicatos y confederaciones obreras, las altas y bajas de sus miembros.

Sobre el outsourcing, el proyecto propone que la empresa contratista deberá informar de manera periódica a la contratante respecto del cumplimiento de todas las obligaciones de carácter laboral, de seguridad social, salud y medio ambiente, por lo que los involucrados deberán pactar la forma en la que se dará cumplimiento a esta obligación, debiendo constar por escrito en el contrato de servicios.

“Las operaciones bajo el régimen de subcontratación garantizarán la protección de los derechos de los trabajadores establecidos en esta ley o derivados de la relación contractual. Las empresas contratistas se entienden patrones respecto de sus trabajadores, aun cuando estos desempeñen labores para un tercero, y deberán cumplir con la responsabilidad que de esto se derive”, señala el documento.

Será “un monstruo jurídico”

Arturo Alcalde, abogado especialista en materia laboral, consideró que con la creación de un Instituto de Conciliación y Registro Laborales se concentrarán en un solo ente funciones que actualmente corresponden a los gobiernos estatales, como es el registro de los sindicatos, así como de los contratos colectivos, además de la resolución de conflictos laborales, con lo que este nuevo organismo podría convertirse en un “monstruo jurídico”.

“El nuevo instituto también será tripartito, su órgano de gobierno tendrá representantes de gobierno, patronales y del sector obrero, se regresa al mismo esquema sin ningún sentido, pierde totalmente su carácter independiente, es un organismo descentralizado y administrativo, un monstruo jurídico”, resaltó.

Dijo que los requisitos que se establecen en el proyecto de legislación para ejercer derechos colectivos como la huelga o de contratación colectiva, son muy difíciles de cumplir, como son reunir las firmas de todos los trabajadores, presentar el número de seguro social del patrón, así como de todos los trabajadores. “Es absurdo, porque en más de un tercio de los centros de trabajo los trabajadores no tienen Seguro Social”.

En el tema del outsourcing, comentó que la iniciativa plantea que se puede subcontratar sólo cumpliendo con los requisitos de pagar el salario mínimo y afiliar a los trabajadores al Seguro Social; además, se modifican las reglas para el despido masivo: de aprobarse el documento no será necesario contar con autorización previa del tribunal laboral.

“Es muy grave (...), se va a despedir y contratar barato. Estamos ante la muerte del esquema de responsabilidad patronal, se busca imponer un modelo laboral que facilita los salarios bajos y las condiciones precarias, así como la pérdida del valor del trabajo”, dijo.

Para Ricardo Martínez Rojas, abogado laborista del despacho De la Vega y Martínez, se requiere un debate amplio sobre esta legislación en el que se involucre a todos los sectores a fin de que todos salgan beneficiados. Señaló que el outsourcing debe ser muy limitado porque daña tanto a los trabajadores, al fisco y al Seguro Social. Dijo que esta figura sólo debe ser utilizada para emplear a especialistas, no para contratar a toda la plantilla laboral.

Sobre la conciliación, resaltó que el proyecto carece de “dientes” para aplicar una resolución a los conflictos, ya que la conciliación no se establece como obligatoria.

“Cuando el promovente de la conciliación no acude, de cualquier forma se le va a dar su certificado para que pueda ir a demandar, no va a ser conciliación obligatoria. Deben necesariamente agotarse los procesos de conciliación. Si el promovente, sea trabajador, empresa o sindicato no va, no tiene derecho a demandar, de lo contrario no tiene sentido, todo mundo va a faltar a la conciliación y puede demandar. Le faltan dientes a esa parte; si queremos un proceso conciliatorio real, tiene que ser obligatorio”, detalló.

El Universal
Astrid Rivera
Ciudad de México
Jueves 15 febrero de 2018.


 Número de subcontratados en industria cae 16% se complica operación de empresas


En medio de un contexto de incompetencia generado por la fiscalización antilavado de las empresas de “outsourcing” y los procesos burocráticos que enfrentan las maquilas que utilizan los servicios, la cantidad de empleados subcontratados por la industria registró una caída del 16 por ciento en la tasa anual a marzo.

El último reporte del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) mostró un decrecimiento sostenido en la subcontratación durante los primeros tres meses del 2017, una reducción que dejó en 10.3 por ciento la proporción de trabajadores subcontratados ocupados en la industria local.

Los datos anualizados al mes de marzo registraron una caída del 16 por ciento luego de pasar de un total de 33 mil 250 a 28 mil 035 trabajadores en 12 meses.

La agudización en el decrecimiento inició en noviembre, con una caída del 12 por ciento y alcanzó su punto máximo en enero de este año, con un 17 por ciento, un nivel de caídas que no se había visto desde el 2014.

Asimismo, la proporción de trabajadores subcontratados ocupados en la industria local cayó hasta el 10.3 por ciento del total de 272 mil 221 empleados, un porcentaje igual de bajo que el registrado durante el mes de febrero del 2010.

El economista y director de Sólo Negocios, Alejandro Sandoval Murillo, señaló que la vigilancia antilavado hacia las empresas de outsourcing –dispuesta en octubre del 2016– ha desincentivado la utilización del servicio, debido a que aumenta las obligaciones de quienes emplean mano de obra indirecta.

El 21 octubre de 2016 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la subcontratación se convirtió en una Actividad Vulnerable, por lo cual la maquiladoras ahora tiene que sujetarse a normas antilavado establecidas en la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Sandoval Murillo señaló que gracias a esto, ahora las firmas manufactureras tienen que contratar especialistas para hacer un reporte de la empresa que les ofrece el servicio y entregárselo a la UIF.

“Esa actitud de comprobación de documentos llega a un punto en el que la actividad termina siendo más cara de lo que realmente debía ser y por lo tanto ya no se da la viabilidad del outsourcing”, comentó.

La semana pasada empresas especializadas en dicho servicio se reunieron para pugnar por la reducción en la carga regulatoria existente, sin embargo, hasta el momento ninguna de las empresas ha declarado nada al respecto de su petición a las autoridades federales.

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El Diario
Abraham Rubio
Ciudad de México
Lunes 05 de junio de 2017.


A nivel nacional existen alrededor de 49 millones de trabajadores; de ellos, sólo el 30 por ciento recibirá aguinaldo, es decir, 19 o 20 millones de personas no tendrán esta prestación, dijo el economista Marcos Gutiérrez Barrón.


En Puebla, agregó el académico de la UPAEP, solamente 30 por ciento de los trabajadores tendrá esta prestación.

Ello, expuso, refiere a que el 70 por ciento de los trabajadores trabajan en la informalidad, como puede ser el ambulantaje o el outsourcing.

Lo anterior significa que de los 2 millones 513 mil trabajadores ,1 millón 900 mil que se desempeñan en la informalidad no tendrán derecho a la prestación.

Con ello, Puebla se coloca en el cuarto lugar nacional con el mayor número de informales, precisó Gutiérrez Barron.

Estas cifras, dijo el investigador, muestran que un número reducido de mexicanos y poblanos recibe esta prestación.

Por ello, para quienes lo reciben, es importante saberlo administrar y manejarlo adecuadamente en el pago de deudas.

Las encuestas sobre la forma en que se gasta esta prestación laboral indican que el 44 por ciento se utiliza para pagar deudas.

Asimismo, que un 30 por ciento es destinado para la compra de alimentos y gastos navideños, y el 20 por ciento se destina para gastos de salud, pago de servicios y arreglos de la casa.

Por lo mismo, agregó, no se prevé un adecuado uso de recursos porque de lo contrario, la cuesta de enero será peor.

Mencionó que hay sugerencias que se pueden aplicar y enlistó algunas de ellas: hacer un plan, pensar en que se gasta y cuánto se destina para cada cosa; salir de la casa solamente con lo necesario; y para quienes regalan se sugiere elaborar una lista.

Asimismo, recomendó hacer compras inteligentes buscando precio y calidad; ir al supermercado con una lista en la mano; antes de comprar checar precios pues se puede encontrar un producto a mejor precio de una tienda a otra.

También sugirió ahorrar parte del aguinaldo y guardarlo; y ante la inseguridad, cuando retire en un cajero o en el banco, vaya acompañado.

De igual forma recomendó hacer un uso racional de su tarjeta de crédito, y no deslumbrarse por las aparentes ofertas de meses sin intereses.

La Jornada de Oriente
Paula Carrizosa
Ciudad de Puebla, México
Jueves 8 de diciembre de 2016.

El gobierno panista de Moreno Valle avala atropellos y pillaje laboral a través del outsourcing Humanass Servicios Empresariales.

Ex trabajadores de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) cerraron por varios minutos la circulación de las unidades de la línea uno a la altura de Bosques de San Sebastián, en protesta por haber sido despedidos injustificadamente. La tarde de este lunes, cientos de pasajeros fueron afectados cuando los exempleados decidieron cerrar el paso para ser escuchados por sus directivos.

Por lo tanto, los pasajeros tenían que bajarse en dicha estación al oriente de la ciudad, para continuar su camino caminando o en taxi. Y es que más de 120 trabajadores de la RUTA fueron despedidos al cumplirse los primeros tres meses de su labor.

Desde las primeras horas de este lunes, los empleados fueron rechazados cuando intentaban ingresar a sus puestos laborales, sin ningún argumento. Además, no hubo ofrecimiento de la liquidación que por ley les corresponde.

Así, fueron dados de baja vigilantes, cajeros, vendedores y validadores, quienes desde este lunes se unieron a las estadísticas de despedidos en Puebla. A pesar de que RUTA está a cargo de la dependencia Carreteras de Cuota Puebla, todos fueron contratados por la outsourcing Humanass Servicios Empresariales.

A algunos de los ahora desempleados sólo quieren darles 2 mil pesos como liquidación, argumentando que por lo menos deberían tocarles 5 mil pesos a cada uno, afirmaron. Señalaron que en los próximos días acudirán a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para interponer una queja por su despido.

Cabe recordar que en marzo, previo al arranque de la segunda troncal del metrobús, se despidió injustificadamente a más de 50 de los 400 trabajadores que fueron contratados a inicio de año para laborar en la nueva línea.

“Me paga Humanass Servicios Empresariales, es una outsourcing que contrató a otras personas, primero se llamaba Premium, y ahora se hacen llamar BRT, S.A.”, señalaron algunos ex trabajadores.

A la segunda troncal ingresaron alrededor de 400 personas, algunas venían de la primera línea y otros eran de nuevo ingreso, a quienes les pagan en promedio de mil 750 pesos por quincena. “No me pagaron y me citaron en las oficinas para decirme que el supervisor me dio de baja por faltas, lo cual es una mentira”, comentó un joven agraviado, al retar a la empresa para que se lo demuestre.

Señaló durante los dos meses que laboró para la empresa tuvieron maltrato por parte de los directivos, quienes siempre actuaron con recelo en el manejo de la información.

Informó el afectado que su trabajo dependió directamente del gobierno del estado, aunque portaba una casaca azul eléctrico con las iniciales de BRT, S.A., y del otro lado decía RUTA.

“Yo entiendo si no hice las cosas bien, o si fallé en algo para que me despidieran, pero eso nunca pasó y ahora exijo que me liquiden”, señaló. Por lo tanto, advirtió que acudirá a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pues se le violaron sus derechos laborales sin argumento de por medio. Finalmente, recordó que desde que laboraba en la línea 1 del metrobús padecieron agresiones y humillaciones.

Intolerancia
Jorge Castillo
Ciudad de Puebla
Martes 1 de septiembre de 2015.

Persecución y despido a trabajadores, control de tribunales laborales e intensificación de la agenda neoliberal, así viven los trabajadores en Puebla.

El abogado laboralista Abelardo Cuéllar Delgado describe la situación que guardan los trabajadores en el estado de Puebla, como parte de la intensificación de la agenda neoliberal: control de los tribunales laborales, crecimiento de empresas que contratan por outsourcing y despido indiscriminado de trabajadores al servicio del Estado.

Además, la persecución y despido de trabajadores y la desaparición de sindicatos con direcciones democráticas.

Cuéllar Delgado estima que la aplicación de las recetas neoliberales en Puebla ha convertido al estado en un laboratorio de este modelo económico. “Aquí lo que pasa es que el gobernador ha mandado señales de que cualquier dirigencia sindical y él puede garantizar una dirigencia afín despidiendo a todos los que sean disidencia. Eso se vivió hace dos años y medio con la desaparición del sindicato de trabajadores al servicio del estado. Y se vivió con la desaparición del sindicato de trabajadores del Hospital del Niño Poblano; se logró con el despido de muchos aspirantes a sindicato del ISSSTEP y se logró con el control de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, para que los juicios sean largos y se desanime a los trabajadores. Esas son las condiciones que se viven en el estado de Puebla”.

El abogado Cuéllar Delgado señala que: “El modelo económico está perjudicando a los trabajadores y se busca que los trabajadores tengan mayores condiciones de gozar para su seguridad social y sus pensiones. Puede haber un cambio, yo creo que sí”.

Cuéllar considera que los trabajadores deben pasar de la protesta a la organización.

— ¿Qué se puede conmemorar este primero de mayo para los trabajadores?

—Desde mi punto de vista, creo que nos debe llevar esta fecha a la reflexión de qué es lo que podemos hacer los trabajadores frente a las reformas estructurales, somos una generación que ha crecido viendo cada primero de mayo un número de trabajadores que sale con consignas, exigiéndole al gobierno mejores condiciones de trabajo o denunciando la injusticia. Pasa el festejo y regresamos a la vida diaria de las reformas estructurales. Creo que ahora los trabajadores tienen que pasar a una etapa de acción. Si hay un trabajador indignado por lo que está viviendo él o sus compañeros de otras empresas, de su comunidad, de su estado o de otros estados tendrían que pasar a ser un ente organizador. Esto es no quedarse a que le llegue el problema encima. Se viene en el mundo laboral que estamos viendo en estos momentos reformas a la seguridad social, ya vivimos reformas al derecho a la estabilidad laboral. Se ha debilitado en gran medida la vida sindical.

— ¿Qué papel juegan los sindicatos?

—Hoy los líderes sindicales siguen actuando con mayor cinismo en una actitud de justificar las reformas a los contratos colectivos. Por ejemplo, en México, cerca del 90% tienen contratos de protección.

Esto es absurdo sostenerlo y mantenerlo. La mayor parte de los trabajadores espera saber qué hacer. La idea es que todos aquellos que están convencidos de que lo que están haciendo es injusto e ilegal deberán pasar a una etapa organizativa a través de células, formarse y compartir su información, desde la familia hasta los compañeros de trabajo. Todos somos trabajadores de una forma u otra, este primero de mayo podemos entrar al análisis que han prometido el PRI y el PAN, en las condiciones de vida de los trabajadores. Pero sus promesas han sido una mentira.

— ¿Cómo funciona el aparato de justicia laboral?

—El modelo económico está perjudicando a los trabajadores y se busca que los trabajadores tengan mayores condiciones de gozar para su seguridad social y sus pensiones. Puede haber un cambio, yo creo que sí. Los trabajadores se esperan en los tribunales laborales hasta dos o más años agotar juicios para el efecto que le seguro social les reconozca pensiones pero también los tengan que movilizar. No es justo que los trabajadores en pleno siglo XXI tengan un trato de segunda en instituciones como el IMSS, el ISSSTE o el ISSSTEP. Tenemos que exigir de manera organizada mejores servicios en esas instituciones. En el mundo laboral vemos que se multiplican las empresas outsourcing, y en esas empresas los trabajadores no tienen un sindicato que los puedan representar. Tenemos que convocar a los trabajadores del outsourcing para el efecto que se cree una coordinadora de trabajadores que rebasen a los líderes impuestos por el mismo gobierno a través de las tomas de notas como control. Los mismos trabajadores puedan alcanzar el objetivo de que se respeten sus derechos.

— ¿Qué sucede en Puebla en el terreno laboral?

—Un ejemplo masivo de trabajadores al servicio del gobierno del estado, un despido donde no se contempla ni se observa el espíritu de la ley laboral, en donde de la noche a la mañana se les deja sin empleo. Donde no se preocupan por cuidar que a los trabajadores se les pueda hacer un llamamiento previo para que en un programa de retiro voluntario muchos pudieran haber aceptado la propuesta del gobierno. Los despiden y les obligan a renunciar o los manipulan para que no presenten demanda.

El clima que yo he visto entre los trabajadores al servicio del estado. Es un clima de miedo. Están preocupados. El golpe se les dio a partir de marzo. Se puede revertir por la vía legal. Es cuestión de organizarse, formarse e informarse.

“Ningún golpe contra los trabajadores puede durar toda la vida. Todos los golpes nos deben enseñar pasar a la fase organizativa y no quedarnos nada más en la protesta, que es donde nos hemos quedado y cómo pasamos a la fase organizativa pues utilizando todos los medios que existen. Crear nuestras redes de información, creando nuestros propios círculos de lectura para analizar lo que está pasando en el país.

”Puebla es un estado donde se bloquean las direcciones sindicales democráticas. Es un estado donde se despide a los trabajadores de manera injustificada y se controla a los tribunales laborales. Porque aquí lo que pasa es que el gobernador ha mandado señales de que cualquier dirigencia sindical y él puede garantizar una dirigencia afín despidiendo a todos los que sean disidencia.

”Eso se vivió hace 2 años y medio con la desaparición del sindicato de trabajadores al servicio del Estado. Y se vivió con la desaparición del sindicato de trabajadores del Hospital del Niño Poblano, se logró con el despido de muchos aspirantes a sindicato del ISSSTEP y se logró con el control de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, para que los juicios sean largos y se desanime a los trabajadores. Esas son las condiciones que se viven en el estado de Puebla.

— ¿La creación de empleos que guarda Puebla?

—Hay estudios de distintas ONG. Si bien es cierto se han multiplicado los empleos. Las condiciones de las nuevas condiciones de trabajadores, vía empresa outsourcing, muchas veces se les contrata con un salario menor al que reciben y recibe un salario formal pero ante el Seguro Social aparece con un salario menor. En estadísticas se informa que se han multiplicado los empleos pero la estabilidad no, y estamos viendo que con las reformas estructurales se vienen importantes despidos en Pemex. Una reforma estructural en el IMSS. No se diga de aquellos garantizados sus pensiones dinámicas para que sus pensiones no sean dinámicas, es un ambiente adverso pero con posibilidades, insisto, de que les anime. De que los motive a organizarse y que comprendan que esta lucha es de largo plazo y se puede ganar.

—Pero los trabajadores de los países industrializados cuentan con seguridad social y otros derechos laborales...

—En este mundo globalizado y neoliberal que están viviendo los trabajadores se está permitiendo que ellos vean que tanto los gobiernos y los empresarios no los ven como seres humanos, sino como una mercancía, a la que hay que agregar el costo del producto terminado que en cualquier fábrica dentro del plan globalizador a Estados Unidos, mano de obra calificada y barata, y además el gobierno les tiene que garantizar a los empresarios el control de las protestas sociales para que se vea que se puede invertir sin ningún contratiempo. Los trabajadores cada vez que surge un conflicto la dinámica a la que entran es protestar en forma inmediata, después de protestar ir a tratar de hablar con algún funcionario de gobierno y después de eso viene la desesperación porque los someten a conflictos a largo plazo.

“Los compañeros trabajadores tienen que analizar el contexto económico de nuestro país y que nuestro país tiene que exigir mejoras salariales. No podemos tener tratados de libre comercio y condiciones laborales sostenidas. Pero deberíamos tener condiciones laborales iguales y programar una lucha a largo plazo para el efecto que pasan las mercancías también se pueda garantizar con tratado de libre comercio”.

Intolerancia
Mario Martell
Ciudad de Puebla
Sábado 02 de mayo de 2015.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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