Mientras a nivel mundial hay una condena generalizada a la destrucción del patrimonio cultural del Medio Oriente por parte del Estado Islámico, en México, denuncia el arqueólogo Reynaldo Lemus, “las autoridades estatales y la iniciativa privada, con la complacencia de las autoridades federales (…) destruyen el patrimonio arqueológico e histórico, no con bombas sino con maquinaria de construcción”. Es el caso de las afectaciones a la Zona Arqueológica de Cholula, por lo cual el especialista ha promovido una denuncia ante la PGR, señalando responsables.

Como un verdadero “calvario” califica el arqueólogo Reynaldo Lemus Nieto la tarea de conseguir un par de arqueólogos peritos que colaboren para un dictamen de los daños ocasionados a la Zona Arqueológica de Cholula, Puebla.

Daños por las obras realizadas durante el gobierno de Rafael Moreno Valle para la construcción del Parque de las Siete Culturas y un distribuidor vial.

De ese peritaje dependerá el que la autoridad ejerza o no una acción penal contra los responsables.

Es Lemus Nieto quien cuenta la historia completa a este semanario, que arranca con la denuncia de hechos interpuesta por él en octubre de 2015 (1373/UEIDAPLE/LE/1/2015) ante la Procuraduría General de la República (PGR), por distintas afectaciones al patrimonio arqueológico del país en proyectos como los museos del chocolate en Uxmal y Chichén Itzá, Yucatán; un museo en la pirámide de Tzintzuntzan, Michoacán; una carretera por la cual se destruyó Tlaltizapán, en Morelos; y la construcción del Parque de las Siete Culturas y una vialidad en San Andrés Cholula.

En el documento, dirigido a la entonces procuradora Arely Gómez González, destaca que las acciones fueron cometidas “por personajes insertos en los ámbitos empresariales internacionales y de la administración federal y estatal”, por lo cual el agravio puede ser catalogado como de “alto perfil”.

A diferencia de otras denuncias que con el mismo motivo han presentado investigadores y trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) contra “quien o quienes resulten responsables”, el arqueólogo –que se presenta a sí mismo como autónomo por no laborar en dicha institución, aunque ha trabajado en diversos proyectos–, señala con nombres y apellidos a los probables responsables:

Menciona a los ciudadanos de origen belga Mathieu Michel Claude Brees y Eddy Van Belle, dueños de la empresa Belcolade y promotores del Choco Story Chichen Museo; a Alfonso de Maria y Campos, director del INAH en la pasada administración; a la entonces directora María Teresa Franco; a Alma Rosa Cienfuegos Domínguez, del Centro INAH Morelos; al presidente municipal de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias; y en una ampliación de su denuncia, al exgobernador Moreno Valle.

El investigador explica que incluye a los funcionarios y exfuncionarios porque mientras a nivel mundial hay una condena generalizada a la destrucción del patrimonio cultural del Medio Oriente por parte del Estado Islámico, en México “las autoridades estatales y la iniciativa privada, con la complacencia de las autoridades federales encargadas de la guarda y custodia de dicho patrimonio, destruyen el patrimonio arqueológico e histórico, no con bombas sino con maquinaria de construcción”, y se violan las leyes en la materia.

En la entrevista Lemus Nieto explica que metió los diferentes casos en una sola denuncia, pero al ver que el asunto de Cholula se agravaba decidió concentrarse en él.

Sin embargo, a mediados del año pasado otro problema saltó: El cambio de sede del Archivo Técnico de Arqueología del INAH, en el cual se resguardan los informes de trabajo de más de un siglo de investigaciones arqueológicas (incluías fotografías y dibujos) de expertos en diversas disciplinas, entre otros Gonzalo Aguirre Beltrán, Alfonso Caso, Beatriz Barba, Franz Blom, Ignacio Bernal, Miguel Covarrubias, Manuel del Castillo, Gertrude Duby, Manuel Gamio, Marte R. Gómez, Ignacio Marquina y Pablo Martínez del Río.

Egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y coautor con Julieta Ramos Mariano del ensayo “La historia tolteca chichimeca, como base para una correlación histórica e iconológica, con los elementos arqueológicos de las piedras de Tizoc y del Arzobispado”, Lemus decidió también emprender acciones sobre el tema.

Triste historia

El arqueólogo desea “ser claro” en el sentido de que la PGR ha tenido disposición y está trabajando en la denuncia por el caso Cholula, en cambio las autoridades de la Secretaría de Cultura (SC) y del INAH no han mostrado mayor atención. Y es la falta de dos peritos lo que ha retrasado el proceso jurídico.

Explica que las autoridades de la Procuraduría rechazan la idea de que sean profesionales del INAH quienes realicen el peritaje ante el riesgo de que no sean imparciales, pues ya ocurrió durante la realización de los trabajos en 2015, cuando dos arqueólogos del instituto dictaminaron que no había destrucción del contexto arqueológico porque las obras se estaban haciendo en la superficie, y eso, recalca, “es mentira”.

A decir suyo el Ministerio Público actuó de manera muy laxa, porque si hubiera conocido bien las leyes Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y General de Bienes Nacionales, así como el decreto presidencial de 1993 que declara zona de monumentos arqueológicos a Cholula, no se habría permitido intervención alguna.

“Ahí no se permite ni salvamento ni rescate arqueológico, si uno va a entrar a trabajar en ese lugar debe ser con un proyecto arqueológico de investigación. Pero no hicieron caso y violaron todas las leyes, tanto el INAH de Puebla como aquí, no aplicaron la reglamentación.”

El 3 abril de 2015, la corresponsal de Proceso en Puebla, Gabriela Hernández, consignó en estas páginas las contradicciones del INAH, pues mientras el arquitecto Arturo Balandrano Campos, coordinador nacional de Monumentos Históricos, reconoció que no existía proyecto ejecutivo, ni solicitud de permisos para las obras por parte del gobierno poblano, el director del INAH Puebla, Francisco Ortiz Pedraza, informaba que se autorizarían las obras y calificaba a los opositores de tener posturas “puristas”, cuando “nos guste o no” cada época “deja su marca en el patrimonio edificado”.

Mediante un escrito con más de 2 mil 500 firmas, quienes se inconformaron opositores pidieron la destitución de la entonces directora del INAH, Teresa Franco, de Ortiz Pedraza, y de los coordinadores de las secciones de Monumentos, Jorge Salgado Tlahuis, y de Arqueología, Eduardo Merlo, por “incumplir su función de preservar el patrimonio cultural”.

–¿La PGR no debería conseguir los peritos para que sean neutrales?

–Hasta donde sé los debe aportar el demandante. Por ley el peritaje debería hacerlo el INAH, me imagino que el MP envía un oficio y el instituto asigna los peritos, el miedo es que mande gente ad hoc porque el arqueólogo hace lo que le ordena el jefe. No sé por qué no se niegan a llevar a cabo tonterías.

Expresa que los arqueólogos deberían estar conscientes de que en determinado momento incurren en un delito federal, y negarse simplemente por cuidarse ellos mismos, ya que ponen en riesgo su prestigio profesional, su carrera y hasta su libertad. Y añade, en un documento enviado a Sinuhé Márquez Armenta, secretario particular de la titular de la SC, que cuando los arqueólogos se niegan las autoridades responden: “por eso me gusta hablar con los jefes, no con los gatos”. Y el trabajo se hace “sin importar nuestra posición como especialistas o peritos en el tema”.

Dice que episodios así se dan no sólo en Cholula, sino en Chichén Itzá, Uxmal, Tzintzuntzan y otras zonas, “donde se nos obliga a los arqueólogos a hacer cosas antiéticas, y todo para hacer obras en las que supuestamente haya modernización y avances para la sociedad. Ellos argumentan ‘para qué queremos esas piedras viejas, no están dejando nada, es mejor promover la privatización de esos terrenos para conseguir un dinero’.

“Mi argumento en contra de ellos es que sus obras en Cholula o en cualquier otro lado no duran más de cincuenta años, en cambio puedo garantizar que en Cholula vamos a tener entradas económicas durante miles de años. Trabajando la zona arqueológica en vez de destruirla o privatizarla, tendríamos recursos garantizados por miles de años. Cholula tiene más de tres mil años y sigue generando más divisas que los hoteles que operan esas gentes.”

–¿Y por qué no lo hace el INAH?

–¡Está corrompido el INAH!

Recuerda que antes de asumir una segunda administración al frente del instituto, Teresa Franco fue colaboradora del gobierno de Moreno Valle, luego regresa al INAH y es cuando se le abre el paso a todas las obras del gobernador, “y en ese proyecto en el cual se gastaron más de mil millones de pesos, no se gastó ni uno solo en una investigación arqueológica, hace más de cincuenta años que no se hace investigación, se han hecho rescates, pero no un estudio en forma”.

Lemus considera que las cosas pueden hacerse de otra manera, pero los arqueólogos deben contar con el respaldo de las autoridades del INAH. Y menciona como prueba cuando los trabajadores e investigadores del instituto lograron detener la Línea 8 del Metro, que se construiría en el Centro Histórico:

“Si lograron parar al gobierno federal, por qué no parar a un gobierno estatal. Es porque las autoridades están corrompidas y al servicio del mejor postor.”

Así se lo expresa también mediante un escrito, fechado el 21 de diciembre de 2017, al coordinador nacional de Arqueología del INAH, Pedro Francisco Sánchez Nava.

Lamenta que en el caso de Cholula todo el mundo se haya metido a defenderla: cineastas, antropólogos, arqueólogos y la gente en general, pero cuando él pidió apoyo para entablar su denuncia, no lo respaldaron. Y hasta el momento ningún arqueólogo ha aceptado ayudarlo con el peritaje.

Despilfarro y desdén

Y mientras Lemus Nieto sigue al pendiente del curso de su denuncia por Cholula, comenzó a ocuparse también del cambio de sede del Archivo Técnico de Arqueología, que se encontraba en el Palacio del Marqués del Apartado en el Centro Histórico, a un galerón en la avenida Revolución, en San Ángel.

En una carta de fecha 23 de enero de este año, dirigida a Jorge Salvador Gutiérrez Vázquez, subsecretario de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura de la SC, el arqueólogo le expone que ha presentado a diversas autoridades escritos para advertir de las condiciones “deplorables, indignas y lesivas” del archivo, pero nunca han sido atendidas sus objeciones:

“Su oficio de respuesta viene a corroborar mi dicho; que son ustedes como autoridades superiores de cultura, las que con sus acciones ponen en peligro este archivo, al no proporcionar un repositorio que cumpla con los lineamientos técnicos mínimos.”

Él ha propuesto que dicho acervo sea trasladado a la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), en donde podría terminarse un edificio que por ahora está en obra negra y dotarlo de las medidas necesarias de climatización y seguridad para la conservación de los documentos históricos.

Se basa en que hay “por lo menos” 120 millones de pesos que el INAH se ha ahorrado de los meses de septiembre a la fecha, debido a no haber pagado renta por el edificio Aristos, que era su sede y debió dejar por los daños de los sismos, pero –dice en su carta– “ha llegado a tanto el desprecio por el Archivo Técnico” que se le habían asignado 10 mil pesos para la mudanza, cuando se gastaron 552 mil pesos en una encuesta encargada a la Fundación Este País, A. C. sobre las actividades sustantivas de difusión del instituto.

Según el arqueólogo, el Archivo Técnico se desalojó para que en el Palacio del Marqués del Apartado se habilite un “Museo de Museos de la Ciudad de los Museos”, cuya propuesta –añade– es una idea de la titular de Cultura, María Cristina García Cepeda. Y se están llevando a cabo las obras de intervención para ese propósito.

El documento describe las especificaciones técnicas que debería tener el archivo para su conservación, que además de ser uno de los más importantes en materia de arqueología –que no tienen universidades como la de Harvard o instituciones como el Peabody Museum, destaca en entrevista–, cuenta por ejemplo con los archivos personales de César Lizardi Ramos y Florencia Müller.

Expresa pesar por el estado de descomposición en el cual, considera, se encuentra el INAH. Así lo señala también en su carta al subsecretario:

“…en espera de su oportuna y rápida intervención, para detener el escalamiento de este y otros problemas que afectan al patrimonio nacional y devolver la integridad y dignidad al INAH, ya que los anteriores Directores Generales, han dejado a este instituto en la nada agradable función de ser un peón de lujo del turismo, olvidando su mandamiento de ser una institución que investigue y proteja el legado bajo su competencia.”

Proceso
Judith Amador Tello
Reportaje Especial
Ciudad de México
Domingo 1 de abril de 2018.


Cholula.- La agrupación Cholula Viva y Digna informó que solicitará una investigación a fondo sobre las obras que realizó el exgobernador Rafael Moreno Valle en la zona arqueológica de la Gran Pirámide, luego de revelarse que lo hizo sin contar con los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Tras conocer el informe de Resultados del Ejercicio Fiscal 2015, en el que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo una serie de observaciones a las obras que se hicieron en la zona arqueológica de Cholula, la agrupación ciudadana pidió que se castigue a los funcionarios responsables de violar la ley.

“Queda demostrado que Rafael Moreno Valle violó la ley al iniciar una obra sin los permisos del INAH, que en muchas ocasiones, como movimiento, hicimos ese señalamiento”, reclamó Cholula Viva y Digna en un posicionamiento sobre los resultados del informe rendido por la ASF.

Indicó que del reporte dado a conocer se confirma que la administración del ahora exgobernador se condujo con mentiras y engaños hacia los pobladores, pues el proyecto real era un centro comercial privado que incluía un hotel cinco estrellas con alberca, habitaciones con jacuzzi y locales comerciales, y siempre lo negó.

En el mismo sentido, la agrupación condenó que Moreno Valle utilizara recursos públicos para expropiar el ex hospital psiquiátrico Guadalupe, por supuesta utilidad pública y beneficio de los cholultecas, cuando realmente pretendía usar el histórico inmueble para instalar el negocio privado.

“La verdad sobre el proyecto se va destapando por la Auditoría Superior de la Federación y se confirma que la lucha cholulteca siempre ha tenido la razón”, agregó.

En el informe del órgano fiscalizador también se mencionan las obras que sí se llevaron a cabo en una parte del terreno, y refiere que no se aseguró el mejor precio y calidad de los trabajos.

“(…) Es una evidencia más del nivel de corrupción en la obra pública, siendo un ejemplo de tantos, de una obra de relumbrón, que al final no resuelven las necesidades reales de los poblanos y solo nos deja endeudados, pagando con nuestros impuestos los caprichos de Moreno Valle”, expresó Cholula Viva y Digna.

Luego de confirmar los datos, la agrupación advirtió que enviará a la ASF una solicitud para que investigue a profundidad y se castigue a los funcionarios que violaron la ley, y también que se informe a la sociedad del resultado de esa investigación.

De acuerdo con los resultados de la auditoría 15-A-21000-04-1232, el gobierno de Puebla licitó y pagó un proyecto que no coincide con el resultado final de la remodelación de la zona arqueológica de Cholula.

El proyecto original contemplaba la remodelación del antiguo Hospital Psiquiátrico de la zona arqueológica de Cholula para convertirlo en un hotel, pero finalmente sólo quedó terminado un museo de Sitio.

Entre las observaciones que hizo la Auditoría se señala que el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), encargado del proyecto, pagó 14.9 millones de pesos para el hotel, que incluía 50 habitaciones, salón de usos múltiples, fuentes y jacuzzis, entre otros, pero el inmueble no se construyó.

De igual manera, confirma que los trabajos se llevaron a cabo en la zona protegida, pese a que el gobierno de Puebla no contó con el permiso emitido por el INAH.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Sábado 18 de febrero de 2017.

Al alertar “posibles” irregularidades en la construcción del megaproyecto turístico de Cholula, el Congreso de la Unión llamó a cuentas al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, a quien solicitó un informe sobre las obras que se ejecutan en las inmediaciones de la zona arqueológica.

Además, solicitó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) un reporte sobre las medidas que ha instrumentado para garantizar la preservación del sitio histórico, pues dejó entrever una conducta omisa de parte de esa dependencia del gobierno federal.

El Congreso de la Unión explicó que decidió intervenir en el caso por las denuncias de distintos especialistas que han manifestado su inquietud y preocupación ante el avance y las implicaciones del proyecto denominado “Protección, conservación y restauración de la zona típica monumental de San Pedro y San Andrés Cholula”, así como por la falta de transparencia de la administración panista.

“Sabemos que el gobierno del estado de Puebla, a través del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, reservó por siete años los expedientes con número de folio de obra 2015336 y número de licitación pública L0-921 024994-n9-2015, lo que sin duda complica aún más el escenario y favorece el incremento de la controversia”, se señala en el dictamen aprobado por la Comisión Permanente.

En el documento, el Congreso de la Unión pide al titular del Poder Ejecutivo del estado información sobre la ejecución de recursos, licitaciones realizadas, cronograma y avance de las obras, así como la evaluación del impacto ambiental y las autorizaciones del INAH.

Legisladores del PAN también aprobaron el llamado a Moreno Valle

La alerta sobre la comisión de posibles irregularidades en la construcción del megaproyecto turístico la dio el grupo legislativo del PRI el 27 de julio pasado, al presentar la propuesta de punto de acuerdo, pero se ganó la adhesión del resto de las expresiones políticas, incluso del PAN, por las denuncias que realizaron antropólogos e investigadores sobre los excesos y abusos cometidos.

Entre las opiniones que tomó en cuenta la Comisión Permanente destacó la del investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Julio Glockner, quien reprobó la instalación de parques y canchas deportivas en una zona de vital importancia para la cultura mexicana. “Es como si vieras las pirámides de Egipto a través de canchas de tenis, ¡sería un absurdo!”.

También consideró la opinión de la antropóloga Anamaria Ashwell, autora del libro “Cholula: la ciudad sagrada en la modernidad”, quien manifestó que el proyecto “escandaliza” a los estudiosos de la materia, por la destrucción del “subsuelo arqueológico”.

Por otro lado, el punto de acuerdo refiere el informe de 300 páginas que elaboró el pasante de arqueología Arnulfo Allende, contratado por el Centro INAH-Puebla para supervisar las obras, en el que acusó que la constructora no atendió las recomendaciones de su equipo.

“Nos vimos en la necesidad de realizar sondeos arqueológicos, pues las obras civiles ya estaban en curso y había elementos y contextos arqueológicos ya expuestos”, denunció Allende en el documento que “fue rechazado por el INAH”, según el dictamen aprobado por la Comisión Permanente.

La Jornada de Oriente
Mónica Camacho
Puebla, México
Jueves 4 de agosto de 2016.


Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, las obras que lleva a cabo el gobierno de Rafael Moreno Valle en la zona arqueológica de Cholula carecen de permiso por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), informó la organización Cholula Viva y Digna.

Luego de que la semana pasada personal de una empresa contratada por el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE) introdujera una máquina retroexcavadora al costado sur del Patio de los Altares, en las faldas de la Gran Pirámide, la organización denunció este hecho ante el INAH.

Josué Xicale, vocero de la agrupación, mencionó que el secretario técnico del INAH, Diego Prieto, así como el Consejo Nacional de Arqueología, les informaron que ni el CAPCEE ni el gobierno de Puebla cuentan con permiso para realizar obras en el terreno donde específicamente iniciaron las obras, por lo que estas autoridades ofrecieron intervenir para evitar la destrucción.

Cabe señalar que el día que las máquinas se introdujeron en la zona, donde según especialistas existen probados vestigios arqueológicos e incluso otra pirámide, el personal a cargo de las faenas aseguró que contaban con autorización del Instituto.

A nombre de la organización civil, Xicale pidió al gobierno de Moreno Valle que, si cuenta con los permisos para reiniciar la construcción de parque de las Siete Culturas en esa zona, que los muestre.

Según los especialistas, la sola introducción de maquinaria pesada en esa zona, catalogada como el cinturón 1 de protección para la Gran Pirámide y para la zona arqueológica, violenta el decreto de 1993 que declara esa área como zona de monumentos, así como la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas.

Entre jueves y viernes de la semana pasada, los trabajadores trazaron con cal los supuestos trabajos que llevarían a cabo en la zona arqueológica, pero los integrantes de Cholula Viva y Digna iniciaron protestas y denunciaron a los medios este hecho, por lo que acabaron por suspender las obras y retirarse de la zona.

Desde 2014, el gobierno de Moreno Valle ha insistido en construir un parque en los alrededores de la Gran Pirámide como una supuesta forma de “dignificar” esa zona.

El supuesto atractivo turístico incluye estacionamientos, áreas para locales comerciales, restaurantes, fuentes y hasta un lago, que según los especialistas, haría estragos, por la humedad que generará, a la estructura y a los murales que se encuentran dentro de la milenaria Pirámide de Cholula.

Proceso
Gabriela Hernández
Cholula, Puebla, Mx.
Jueves 30 de junio de 2016.

Al cumplirse un año del encarcelamiento de los activistas Adán y Paul Xicale, la organización Cholula Viva y Digna advirtió que mantendrá su lucha en contra de la construcción del parque de las Siete Culturas que pretende llevar a cabo el gobierno de Rafael Moreno Valle en la zona arqueológica de esta localidad.

En el acto conmemorativo participaron representantes del PRD, PAN, PRI y Morena, de organizaciones sociales como el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra; del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP), así como del Movimiento los de Abajo, CNTE, Puebla Libre y académicos y trabajadores del INAH, entre otros.

Cholula Viva se ha mantenido más de un año en lucha contra el proyecto del mandatario estatal, que ha sido respaldado por el alcalde Leoncio Paisano, acerca de construir un parque turístico sobre terrenos con vestigios arqueológicos, en las faldas de la gran Pirámide de Cholula y el templo de la Virgen de los Remedios.

La ceremonia para recordar que la madrugada de hace un año los policías estatales y municipales llegaron para reprimir la manifestación para exigir la cancelación de ese proyecto, se realizó frente a la presidencia municipal, en el mismo lugar en que ocurrieron esos hechos.

En un mensaje grabado, que enviaron desde el penal, el abogado Adán y su hijo Paul Xicale reivindicaron su condición de “presos políticos” del gobierno estatal y municipal, al tiempo que pidieron a los cholultecas mantener la resistencia contra el proyecto que, aseguran, atenta contra las tradiciones y el patrimonio cultural e histórico de Cholula.

Adán Xicale recordó que al ser detenidos la madrugada del 7 octubre de 2014, cuando realizaban un plantón pacífico, se les imputaron cinco cargos: ataques a las vías de comunicación, daño en propiedad ajena, motín, despojo y delitos contra funcionarios públicos.

Primero se les abrió el expediente 445/2014, pero cuando lograron obtener un amparo de la justicia federal, éste sólo sirvió para que los hermanos Primo y Albino Tlachi, que fueron detenidos al mismo tiempo y bajo el mismo expediente, pudieran salir en libertad, pero se negó la salida a los Xicale.

Cuando lograron ganar la revisión del amparo, que les permitía salir del reclusorio bajo fianza, el MP les notificó una nueva orden de aprehensión por el expediente 323/2015, que se basaba en los mismos hechos y con las mismas acusaciones de funcionarios y policías municipales.

Xicale recordó que aunque hasta ahora las pruebas y los careos con sus acusadores han sido favorables para su defensa, el juez ha negado el auto de libertad de ambos por la petición que hizo el Ministerio Público de calificar a ambos activistas como personas que representan “un peligro para el orden público e implican un riesgo para la sociedad”.

“El pasado 5 de octubre, el mismo juez federal da tres días para que deje sin efecto el último auto de formal prisión y analice con las pruebas ofrecidas si hubo violencia y amenazas; si el juez penal actúa en un sentido amplio de la justicia y sin presión política del Poder Ejecutivo, debe dictar auto de libertad y estaremos absueltos de todos los delitos”, manifestó.

“Le decimos a la autoridad que nosotros seguimos firmes hasta demostrar que el 6 de octubre del año pasado actuamos en ejercicio de nuestros derechos civiles y políticos, que no somos delincuentes y saldremos absueltos, que somos presos políticos y en Puebla se violan los derechos humanos”, agregó.

En tanto que Paul, quien cumplió los 25 años encarcelado junto a su padre, dijo que siguen presos a pesar de que han demostrado legalmente que no existen los delitos de los cuales se les acusa y que si sus casos fueran analizados sin consigna política, no tendrían por qué estar en prisión.

“Hoy se cumple un año de nuestra detención, pero eso es secundario, se cumple un año la traición abierta al pueblo de Cholula, un año de cerrazón, de imposición y autoritarismo… un año de agresión de parte de los policías municipales a personas mayores la madrugada del 7 de octubre…un año de sufrimiento de las familias y amigos de los perseguidos y presos políticos”, recordó.

“Yo cumplí 25 años de edad en esta cárcel, el pasado 16 de septiembre, y he de aceptar que he sufrido las consecuencias, pero no significa que desista. A esta edad o antes normalmente iniciamos nuestra carrera laboral, pero hoy soy preso político. A un año no me he rendido ni me rendiré, porque no quiero fallarles a los que nos apoyan”, dijo Paul en su mensaje.

René Sánchez Galindo, representante estatal de Morena y quien ha participado en la defensa legal de los Xicale, dijo que presentaron una solicitud de información ante la PGJE para pedirle que precisara qué elementos tiene contra los Xicale que no tenga contra los otros acusados que ya fueron liberados.

“Nos responde la Procuraduría, nos dice que ninguno, inexistentes, no hay ningún elemento que presente razón alguna para que los Xicale sigan presos, y eso es lo que hoy queremos denunciar, que confirma lo que todos sabíamos: que son presos políticos y exigimos su libertad”, puntualizó.

Sánchez Galindo propuso hacer una propuesta de diálogo de organizaciones y partidos con el gobierno del estado para exigir la libertad de todos los presos políticos de Puebla.

Alejandro Torres, del Frente de Pueblos, advirtió que en los últimos días el gobierno de Moreno Valle reactivó órdenes de aprehensión en contra de otros activistas, incluido él mismo, que participa en la lucha contra el gasoducto Morelos.

En el acto también estuvo la esposa de Teódulo Cuaya, integrante del Movimiento Cholula Viva y Digna, quien fue detenido ayer martes cuando se dirigía hacia su trabajo.

Gloria Cuatzo dijo que este miércoles, aunque ya había sido llevado al penal a pesar de contar con amparo, su esposo fue liberado sin ninguna explicación y sin que se le levantaran cargos o tuviera que pagar fianza.

“Eso, señores, eso es intimidación, el señor Moreno Valle no nos quiere organizados, somos fuertes y lo hemos demostrado, eso es lo que él no quiere, que sigamos organizados, desde aquí mi agradecimiento a todos y les reitero que mi esposo sigue en pie de lucha, no se rinde”, declaró la mujer.

La antropóloga Anamaría Ashwell leyó un mensaje dirigido al alcalde Leoncio Paisano, en el que fustigó que permita que Cholula, que fue la gran ciudad sagrada y comercial, con un inmenso acervo arquitectónico mesoamericano y rivalizó con Teotihuacán en el clásico, sea “secuestrada para hacer negocios con y a favor de unos cuantos”.

“Me honra, como antropóloga, ser testigo de este pueblo originario, de vecinos que le resisten a usted, a Rafael Moreno Valle, en aras de salvar un patrimonio cultural que es de toda la nación y todos los pueblos del mundo, me honra haberme hecho partícipe de esta resistencia en contra de políticos traidores de su pueblo y de su historia como usted, que le dé vergüenza Leoncio Paisano”, sentenció la especialista.

Puebl@Media
Gabriela Hernández
San Andrés Cholula, Puebla
Miércoles 7 de octubre de 2015.

Gobierno del estado requiere liberar derechos de vía en al menos 35 hectáreas; inquietud por los ‘métodos persuasivos’ del gobernador panista

Puebla.- La Secretaría de Transportes de Puebla alista la construcción del Desarrollo Turístico Ferroviario Museo del Ferrocarril-Cholula con una inversión de 279 millones de pesos.

Se trata de un tren que irá del Museo Nacional del Ferrocarril, en Puebla, a la Zona Arqueológica de Cholula, en San Pedro Cholula; algunos tramos pasarán por San Andrés Cholula y Cuautlancingo.

El proyecto destaca que el desarrollo ferroviario rebasará los 17 kilómetros de longitud y requerirá liberar el derecho de vía en 35.24 hectáreas de terreno. Además de que tomará nueve meses su ejecución.

En la Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) presentado ante la Semarnat y consultado por El Economista, se indica que el proyecto contará con dos trenes preferentemente eléctricos y dos terminales, separadas por 17.24 kilómetros de vías.

Tendrá una capacidad para transportar a 300 personas por tren y por sentido, a una velocidad promedio de 35 kilómetros por hora. Dará sólo seis servicios al día en horario diurno.

El documento también establece que entre los principales objetivos del proyecto está el impulso al desarrollo socioeconómico de Puebla, conectando los principales centros urbanos, los atractivos turísticos de carácter histórico-cultural, logrando la integración regional y estatal con la dinámica económica del resto del país, promoviendo el turismo en la región y el desarrollo urbano, además de que vendrá a dar un nuevo impulso a las zonas arqueológicas y a los pueblos coloniales, creando un nuevo producto turístico para el estado.

Según la Secretaría de Transportes de Puebla las terminales serán edificaciones modernas “que rompan con el entorno” pero que, gracias a su diseño gráfico y al uso de la talavera, vincule a los sitios con la historia y cultura de Puebla.

Parte del proyecto, específicamente la terminal de Cholula, se erigirá dentro la zona arqueológica del mismo nombre, por lo cual requiere del aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), mismo que, de acuerdo con el alcalde de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias, ya fue otorgado por el organismo, siempre y cuando no se realicen obras alternas de excavación en la zona que puedan afectar vestigios arqueológicos encontrados.

Afectaciones

También se lee en el documento que hay riesgos ambientales asociados al proyecto, por lo que el gobierno del estado se compromete a elaborar planes de mitigación para aminorar la afectación a las áreas verdes en las dos estaciones.

Igualmente se menciona que la línea de tren cruzará por dos ríos: Atoyac y Rabanillo, pero que no se deberá afectar el flujo de los cuerpos de agua y en la operación se eliminará la posibilidad de descargas de cualquier tipo de residuos.

Con la construcción del tren turístico Puebla-Cholula, que involucra a Cuautlancingo, el ayuntamiento de esta última localidad realizará acercamientos con los propietarios de algunos predios para obtener el derecho de vía que se necesite.

El edil Félix Casiano Tlahque, expuso a El Economista que la intención sería pagarles las tierras no a precio de valor catastral o comercial, sino algo intermedio, lo cual deje satisfechos a los propietarios y con ello se eviten conflictos sociales que frenen la obra.

El Economista
Jesús Vázquez
Miguel Hernández
Ciudad de Puebla, Mx
Sábado 22 de noviembre de 2014.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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