Puebla. - Una patrulla quemada y otra más volcada, fue el saldo de un intento de linchamiento a manos de pobladores del municipio poblano de Santa Rita Tlahuapan.

Los hechos ocurrieron en la colonia Domingo Arenas, donde los ciudadanos retuvieron a un sujeto después de intentar robar en una vivienda.

Unas 100 personas se concentraron en el lugar de los hechos para empezar a golpear al sujeto señalado de cometer otros robos en meses anteriores.

Minutos más tarde arribó la policía municipal y se llevó al individuo a los separos de la comandancia de Santa Rita Tlahuapan.

La situación se tranquilizó por unas horas, pero la población se enteró que el presunto ladrón estaba en la comandancia, entonces tocaron las campanas para reunirse y exigir les entregaran al sujeto.

Aunque elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y policía municipal trataron de calmar los ánimos de la turba, ello no sucedió pues al final sacaron al individuo de los separos para tratar de lincharlo.

Segundos más tarde se oyeron detonaciones de arma de fuego, aunque se desconoce de dónde provinieron, lo que permitió salvar al presunto ladrón para llevarlo finalmente al Arco de Seguridad del municipio de Huejotzingo.

La población enardeció y decidió quemar una patrulla y otra más fue volcada, mientras que los uniformados se resguardaron en la azotea de la comandancia, en tanto se tranquilizaron los ánimos.

El Universal
Ciudad de Puebla
Sábado 10 de noviembre de 2018.


Pobladores de Chiconcuautla, Puebla, retuvieron durante más de dos horas a tres policías quienes presuntamente habrían incurrido en abusos, quemaron la patrulla en la que viajaban después de amenazar con lincharlos.

Los vecinos de Chiconcuautla argumentaron que los policías Agustín N., Diego N. y Francisco N., se encontraban en estado de ebriedad a bordo de la patrulla número PE-541, en un supuesto retén. Otra versión señala que habrían sido sorprendidos delinquiendo.

De acuerdo con reportes de la prensa local, un centenar de vecinos retuvieron a los funcionarios y, posteriormente, los llevó a la junta auxiliar de San Lorenzo Tlaxipehuala, lugar en el que amagaron con lincharlos y fueron despojados de sus uniformes, mientras que otro grupo de pobladores prendió fuego a la patrulla.

Ante estas acciones, un funcionario de gobierno se desplazó hasta dicho sitio para entablar un diálogo con los vecinos informes.

Después de las 2:00 de la tarde y luego de que los pobladores interpusieron una denuncia, los tres policías fueron rescatados y trasladados a las instalaciones del Ministerio Público de Huauchinango.

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla informó mediante un comunicado que en caso de que los tres elementos de la corporación sean hallados responsables de infringir la Ley, serán cesados de forma inmediata, independiente de las sanciones penales correspondientes.

Proceso
Ciudad de Puebla
Martes 6 noviembre 2018.


La Fiscalía General de Puebla informó sobre la detención de una banda de secuestradores que operaban en la zona de Ciudad Serdán, la cual era dirigida por el exdirector de Seguridad Pública de ese municipio.

En rueda de prensa, el encargado de despacho de la Fiscalía estatal, Gilberto Higuera Bernal, aseguró que esta banda tenía entre sus integrantes a un ex policía municipal de Aljojuca.

La forma en la que operaba este grupo delictivo, explicó, era asesinar a todas sus víctimas de secuestro, a pesar de que en cuatro casos los familiares pagaron un rescate por su liberación.

Como integrantes de la banda fueron asegurados Marco Antonio “N” "El Marco", de 40 años, originario de Ciudad Serdán y encargado de la Dirección de Seguridad Pública de esa localidad de 2011 a 2014; así como José Iván “N”, de 36 años, del mismo municipio y expolicía municipal de Aljojuca de 2014 a 2016.

También fueron capturados José Óscar N, 'El Mazorca', de 34 años, del Estado de México; Armando “N” 'El Mai' de 38 años; María Teresa “N”, de 33 años, y Jazmín Ivette N, de 24 años; los tres son de Ciudad Serdán y la última era edecán y operaba como el gancho para atrapar a las víctimas.

Higuera Bernal explicó que, de acuerdo con las investigaciones llevadas hasta ahora, las primeras cuatro víctimas de esta banda fueron comerciantes de la tercera edad. En dos de los casos los secuestradores cobraron rescates de 500 mil pesos.

Otras cuatro víctimas fueron personas de entre 24 y 47 años, empleados o comerciantes enganchados en las redes sociales por una mujer. Los secuestradores pidieron rescates hasta cinco millones de pesos, pero sólo en dos lograron cobrar 200 mil pesos.

Según el encargado de despacho de la Fiscalía, en todos los casos las víctimas de los secuestros fueron asesinadas cuando acababan de ser plagiados, pero los integrantes de la banda les mutilaron dedos para enviarlos a sus familiares y obligarlos a pagar los rescates.

Los detenidos fueron puestos a disposición de un juez de control.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Jueves 18 de octubre 2018.


Representantes de las empresas Bimbo, Pepsi y Grupo Modelo denunciaron que hay municipios de Puebla, en el llamado Triángulo Rojo, donde sus camiones repartidores ya no pueden ingresar a surtir sus productos o sus empleados ya no pueden trabajar debido a los altos índices de inseguridad que existen ahí.

En una sesión de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, en la que estuvieron presentes el secretario de Seguridad, Jesús Morales, y el encargado de despacho de la Fiscalía General, Gilberto Higuera Bernal, los representantes de empresas denunciaron la situación que enfrentan en localidades de la llamada zona del huachicol en Puebla.

 “Como empresas nos dolemos de la misma situación… lugares donde ya no podemos ingresar a surtir, donde los compañeros arriesgan su integridad física por la misma delincuencia. Son situaciones que tienen una repercusión económica al municipio y para el colaborador y esto daña al tejido social”, dijo el representante de Bimbo, Gabriel Loranca.

Al no haber condiciones para trabajar, agregó, han tenido que evitar surtir en poblaciones de esa zona, por lo que pidió a los titulares de Seguridad Pública y de la Fiscalía del Estado reforzar la vigilancia y dar una solución a esta problemática.

Andrés Jiménez, representante de Pepsi, reveló que por la situación que priva en esa región, donde abundan los robos de vehículos, mercancías y dinero, tuvieron que cerrar el centro de distribución de Ciudad Serdán y están en riesgo de que lo mismo ocurra con el de Tecamachalco.

Ante los diputados, los representantes de las firmas pidieron su intervención para que las autoridades poblanas actúen a fin de que haya condiciones para trabajar en esas localidades.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Miércoles 17 octubre 2018.


Activistas, profesionistas y estudiantes marcharon en la capital poblana contra feminicidios, la violencia de género y a favor del aborto.

Activistas, profesionistas y estudiantes marcharon por el Centro Histórico de esta Capital en contra de los feminicidios y la violencia de género y a favor del aborto.

En su recorrido demandaron con arengas para exigir que cesen los asesinatos en contra de las poblanas y realizaron actos de protesta frente a los templos y al Congreso del Estado.

"¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!" y "¡PAN, iglesia y Pro Vida, no rima, no rima, pero qué chinga nos arriman!", gritaron las participantes en la manifestación.

Un grupo de 11 mujeres marchó a la vanguardia del contingente con el torso descubierto y pintado consignas.

Al llegar al Congreso del Estado las manifestantes arremetieron contra los diputados locales, a quienes acusaron de aportar condiciones para que no cese la violencia de género, además de oponerse a despenalizar el aborto.

En el grupo marchó la madre de Paulina Camargo, joven desaparecida cuyo caso sigue en proceso y sin que las autoridades den con su paradero.

Acompañó la protesta una representación de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, que exigió justicia para Meztli Sarabia, hija del líder de la organización, Rubén Sarabia, "Simitrio".

La marcha transcurrió de manera pacífica, aunque por tratarse de domingo muchos paseantes en el Centro se detuvieron a manifestar su apoyo a las mujeres y otros simplemente observaron.

"¡Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente!", gritaron frente a visitantes en el Primer Cuadro de la ciudad.

Reforma
Puebla, México
Domingo 14 de octubre de 2018.


Matan a dos estudiantes en Puebla; uno de ellos presuntamente ultimado por compañeros


El fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, confirmó la detención de tres personas mayores de edad presuntamente implicados en la desaparición y asesinato del joven José Andrés de Larrañaga, el pasado primero de octubre.

En rueda de prensa celebrada este viernes en las instalaciones de la FGE, Higuera Bernal dio detalles sobre el avance de la investigación, sin precisar si se trató de un secuestro o de acto por venganza.

Asimismo, reveló que el joven murió estrangulado, además de que su vehículo fue hallado el día martes dos de octubre en las inmediaciones del municipio de Acatzingo, aunque no fue sino un día después que se encontró su cadáver.

Por el avance de las investigaciones, Higuera Bernal reservó detalles del caso y aseguró que han estado en constante acercamiento con la familia luego de que, tras conocerse la noticia del asesinato, revelaron que no habían sido notificados sobre lo ocurrido.

Matan a dos estudiantes en Puebla; uno de ellos presuntamente ultimado por compañeros

En las últimas 24 horas, dos estudiantes han sido asesinados en esta entidad en diferentes hechos de violencia.

El estudiante de la Universidad de Ciencia y Tecnología (UDES), José Andrés de Larrañaga Canalizo, de 20 años, fue encontrado muerto, semienterrado en terrenos de Santa María Nenetzintla, en el municipio de Acajete.

Aunque las autoridades poblanas no han proporcionado información oficial, se sabe que tres estudiantes, compañeros de Larrañaga, fueron detenidos presuntamente por ser responsables de su secuestro y asesinato y que fueron ellos, tras interrogatorios, quienes confesaron la información para dar con el cuerpo.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía informe los avances de las investigaciones de este caso.

De acuerdo a sus familiares, el joven, de origen oaxaqueño, desapareció desde la noche del 1 de octubre.

Los reportes que se tenían es que había sido levantado en las inmediaciones de la UDES y sus amigos y parientes habían iniciado una campaña en las redes sociales para buscarlo.

Otro joven estudiante del Instituto Tecnológico de Ciudad Serdán fue asesinado en el municipio de San Juan Atenco luego de ser levantado la noche del miércoles por un grupo de sujetos vestidos de policía.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven, identificado como Miguel Ángel, fue sacado de su casa ubicada en la localidad de San José Guerrero, para ser llevado por la fuerza por en un vehículo.

Minutos después la policía de esa localidad detuvo a Jaqueline S., de 20 años de edad, vecina de San Pablo Xochimehuacán, y Gerardo A., de 40 años, originario de Soltepec, quienes portaban uniformes de policías y se trasladaban en un carro.

El cuerpo del joven fue localizado por la mañana del jueves en campos de cultivo, aproximadamente a 10 metros de distancia de las vías del tren, en el municipio de San Juan Atenco.

Proceso
e-consulta
Alberto Melchor
Jean Lenin Vásquez
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla. Mx.
Viernes 5 de octubre de 2018.


Una balacera registrada en el municipio poblano de Tehuacán, que dejó como saldo dos muertos, desató pánico de padres de familia y estudiantes que salían de la escuela primaria "Josefa Ortiz de Domínguez".
Los hechos se registraron minutos después de las 13:00 horas, en la calle Independencia y 9 sur del municipio.

La policía municipal acordonó la escena del crimen, donde personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), confirmó el deceso de un hombre por varios impactos de bala.

Otro sujeto resultó herido y versiones no oficiales apuntan que murió mientras era llevado a un hospital de la zona.

Al momento de la balacera, padres de familia llegaban por sus hijos a la primaria "Josefa Ortiz de Domínguez", e inmediatamente empezaron a correr para salvarles la vida.

También hubo estudiantes que corrieron dentro de la escuela pública, pues en ese momento iniciarían sus clases.

Versiones de los hechos, sin confirmar, señalan un posible asalto a las víctimas o que el incidente se debió a un ajuste de cuentas, sin que hasta ahora haya una versión oficial de lo sucedido.

El Universal
Puebla, México
Miércoles 3 de octubre 2018.


Participaban en un operativo para detener a un sujeto que es buscado por el FBI en el municipio de Acatlán de Osorio

La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que dos Policías Federales Ministeriales fueron asesinados durante un operativo en el municipio de Acatlán de Osorio, en Puebla.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) informó que el personal de la dependencia fue agredido a balazos por un sujeto cuando intentaban detener a Orlando “O”, buscado por la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés).

Aunque los agentes estuvieron apoyados en todo momento por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, el crimen no se pudo evitar.

Mediante un comunicado, la PGR expresó su solidaridad con las familias de los policías caídos en el cumplimiento de su deber, de la misma manera informó que el culpable logró escapar.

En el lugar, agentes de la Policía Federal Ministerial desplegaron un operativo y trabajan en coordinación con peritos para realizar las diligencias correspondientes.

Reporte Indigo
Puebla, México
Miércoles 26 septiembre de 2018.


Se han contabilizado mil 479 casos en una entidad en donde las instituciones de segridad y justicia fueron anuladas por el propio gobierno.


Puebla se ubicó entre los 10 primeros lugares del país donde se han cometido la mayor cantidad de homicidios dolosos y culposos entre enero y agosto de este año, de acuerdo con un reporte publicado por la organización México Social, en el marco del Día Internacional de la Paz que se celebra hoy.

Con mil 479 casos, el estado estuvo en el noveno lugar con más homicidios cometidos en el país, donde en el periodo al que se hace referencia, se han contabilizado 33 mil 45 casos, y casi medio millón desde 1990.

“Esa cifra es terrorífica y para dimensionarla hace falta adjetivar y adjetivar, con el afán de mover la conciencia y no perder la capacidad, ya no de asombrarnos, sino de indignarnos y estremecernos ante el horror de la muerte que se esparce y siembra a lo largo y ancho de los 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio nacional”.

Con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) Guanajuato estuvo en primer lugar con 3 mil 60 casos, siguen Baja California con 2 mil 275, el Estado de México con 2 mil 188, Guerrero con 2 mil 145, Jalisco con 2 mil 79, Chihuahua con mil 813, Michoacán con mil 683, Veracruz con mil 537, Puebla y la Ciudad de México en décima posición con mil 321.

El Sol de Puebla
Maritza Mena
Ciudad de Puebla
Viernes 21 septiembre 2018.


La dependencia emite recomendaciones a Sedena y SSP de Puebla


Ciudad de México. - A 16 meses de los enfrentamientos entre presuntos huachicoleros y efectivos de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por dos ejecuciones arbitrarias; tratos crueles contra 12 personas, incluidos tres menores; la detención arbitraria de dos infantes, y la alteración de la escena del crimen, que implicó la manipulación de un cadáver.

En mayo de 2017 el país se vio impactado después de darse a conocer los videos captados por cámaras de seguridad en las calles de Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, donde se advierten enfrentamientos entre los presuntos integrantes de una banda de robo de combustible con soldados y policías estatales, así como la ejecución de al menos una persona por parte de un soldado.

Los enfrentamientos del 3 de mayo del año pasado dejaron como saldo de seis civiles y cuatro militares muertos; 14 ciudadanos y 12 soldados lesionados, y 13 personas detenidas, entre ellas cuatro menores de edad.

Pese a que la Procuraduría General de la República (PGR) negó copias de las carpetas de investigación de los hechos, el organismo pudo acreditar violaciones graves a los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia, a la verdad, a la vida, a la integridad personal, a la legalidad y seguridad jurídica, al interés superior de la niñez y a la debida procuración de justicia.

La CNDH contó con elementos para determinar que elementos de la Sedena y de la SSP de Puebla participaron en “la ejecución arbitraria de dos personas, el trato cruel contra 12, incluidos tres menores de edad, la detención arbitraria de dos infantes, la manipulación de un cadáver y la colocación de armas largas que se relacionaron con dos personas fallecidas”.

Por la negación de copias de las carpetas de investigación, señaló a la PGR de “falta de colaboración de dicha instancia con este organismo constitucional autónomo en la investigación de violaciones graves a los derechos humanos, así como en obstrucción al derecho de acceso a la justicia en agravio de las víctimas, sus familiares y la sociedad”.

El organismo presidido por Luis Raúl González Pérez también acreditó violaciones a la legalidad, seguridad jurídica, debida procuración de justicia y a la verdad, cometidas por servidores públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex), PGR, Fiscalía General de Justicia, SSP y Tribunal Superior de Justicia (TSJEP), los últimos tres del estado de Puebla.

Puntualizó: “La CNDH observa con preocupación la impunidad imperante en la sustracción ilegal de hidrocarburos, ya que las personas detenidas por ese hecho no son puestas a disposición de la autoridad competente, y cuando se inician las indagatorias respectivas no se judicializan, lo que provoca que no sean sujetas a proceso”.

De igual manera, advirtió que personal ministerial estatal y federal deben practicar las diligencias necesarias para acreditar la identidad de los responsables del robo de hidrocarburos, y ejercitar acción penal en su contra “con todos los elementos de prueba e indicios que no permitan su libertad por falta de elementos o violaciones al debido proceso”.

Tras precisar que no se puede combatir el delito cometiendo un ilícito, la CNDH recomendó al titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, y al gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, reparar integralmente a todas las víctimas, incluyendo indemnización, asistencia médica y psicológica, así como colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos contra los involucrados.

El organismo instruyó a Cienfuegos y a Gali para colaborar en las quejas por “manipulación del cuerpo de una víctima y colocación deliberada de armas largas a dos cadáveres, y que el titular de la Sedena colabore en la investigación por falta de veracidad en la información proporcionada a la CNDH”.

Al encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, le requirió “continuar la integración de las carpetas de investigación por homicidios y lesiones; dejar sin efectos el acuerdo de reserva temporal de la carpeta de investigación contra personal militar, y colaborar en la queja que se formule ante la Visitaduría General de esta Procuraduría por irregularidades en la integración de la carpeta de investigación por conductas delictivas contra dos personas, así como dar seguimiento al procedimiento administrativo contra personal responsable de falta de colaboración en la investigación de los hechos”.

La CNDH también formuló recomendaciones al director general de Pemex, Carlos Alberto Treviño Medina, para que colabore en la integración de carpetas de investigación radicadas en la Fiscalía General estatal; que las instalaciones de la empresa “no se utilicen para resguardar a personas detenidas”, y que contribuya con la queja que se presente ante el Órgano Interno de Control contra los servidores públicos “que autorizaron o consintieron que las personas detenidas permanecieran en la planta de rebombeo de Palmarito Tochapan”.

A Gali Fayad se le solicitó, además, el diseño y aplicación de políticas públicas para combatir la delincuencia en la “Franja del Huachicol”, así como coordinarse con los municipios que la comprenden para atender los problemas relacionados con desempleo, pobreza, desigualdad, prevención del delito, violaciones a derechos humanos, acceso a la justicia, educación, alimentación, salud, agua, vivienda e interés superior de la niñez.

Asimismo, “coadyuvar en la selección y evaluación de sus cuerpos policiales, profesionalizarlos y garantizar la seguridad pública”, y dar seguimiento al proceso administrativo que inicie el Consejo de Honor y Justicia de la SSP “por omisiones en dictámenes respecto de lesiones sufridas por ocho personas”.

También hizo observaciones al fiscal general poblano, Víctor Antonio Carrancá Bourget, para continuar con las carpetas de investigación iniciadas por el homicidio de tres personas, dar seguimiento a la queja que se presente a la Visitaduría General por las omisiones en la integración de dichas carpetas, así como colaborar en la investigación ministerial y el procedimiento administrativo contra el agente del Ministerio Público del fuero común involucrado en la retención ilegal de cuatro menores de edad, e instruir que las investigaciones ministeriales por robo de hidrocarburos se integren y determinen conforme a derecho.

En tanto, al presidente de TSJ del estado de Puebla, Héctor Sánchez Sánchez, la CNDH le recomendó colaborar en la queja que se presente ante la Comisión de Disciplina de dicho Tribunal “por las imprecisiones que se observaron en las necropsias que los peritos del TSJEP practicaron a nueve cadáveres, incluidos cuatro elementos del Ejército Mexicano y una persona menor de edad”.

Los hechos

En el expediente, además de confirmar lo que revelaron las imágenes, de que un soldado ejecuta a uno de los detenidos ya cuando se encuentra sometido en el piso y no presenta riesgo alguno, se menciona que otra de las personas fue ejecutada cuando se encontraba en el interior de una camioneta.

También, queda establecido que otras dos de las víctimas mortales de este enfrentamiento son personas aparentemente ajenas al enfrentamiento. Una mujer que caminaba por la calle y un hombre que se encontraba parado en un área conocida como los lavaderos, donde los agricultores de la zona acostumbran limpiar las hortalizas que cosechan.

En cuanto, a una de las víctimas de ejecución arbitraria, la CNDH identifica como Víctima 13 o V13, señala:

“V13 fue sometido en posición decúbito ventral, con la cabeza apoyada sobre ambos brazos, posteriormente AR54, se ubicó por detrás y a la derecha del detenido, colocándole su arma de fuego a una distancia no mayor a 60 centímetros en la región cefálica y accionó su arma de fuego, privándolo de la vida”.

En el expediente, se incluye el testimonio de otro de los militares que narra la forma en que ocurrieron los hechos:

“En ese momento la [persona de identidad reservada]no representaba riesgo alguno para nosotros porque se encontraba sometido, estaba boca abajo, […] cuando en ese momento escuché un disparo de arma de fuego sobre mi costado derecho, cerca de mí, y al escuchar el disparo inmediatamente volteo”.

Señala que puede ver al responsable, identificado como AR54 que estaba a una distancia de unos 50 centímetros de la persona sometida al piso y que tenía su arma sostenida con ambas manos y retrayéndola hacia su cuerpo.

“En ese momento me dirijo hacia donde estaba [AR54] para preguntarle […] porque había disparado en contra de la [persona de identidad reservada]. Pero él se volteó a verme […] y se dirigió hacia la esquina y en ese momento se fue”, relata.

Igual, sobre este caso, la CND documenta que, en el acta del levantamiento del cuerpo de esa persona, se asentó que a un costado se localizó un arma de fuego larga de color negro con empuñaduras de madera color café, calibre 7.62 x 39 milímetros.

Sin embargo, de acuerdo a las diligencias que llevan a cabo los peritos de la Comisión se advierte que hay evidencias suficientes para establecer que esa arma fue colocada junto al cuerpo de manera deliberada.

En cuanto a la otra víctima de ejecución arbitraria, la CNDH indica que según las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad privada se puede ver una camioneta de color negro, marca Lincoln, tipo Navigator, que es enfrentada a disparos por los elementos del Ejército y que en el interior de ese vehículo queda muerta una persona a la que identifican como V14.

En el expediente se indica que la posición anatómica en la que fue fijado el cuerpo de V14, no es su posición final y última al término de los hechos.

“En base a las características de la lesión mortal que presentó el cuerpo de V14 se establece que el agente causal mecánico (arma de fuego) se encontraba por delante de la víctima, ligeramente hacia la derecha y en un plano ligeramente superior”, indica.

Los peritos de la Comisión estimaron que, al no encontrarse casquillos percutidos en el interior de la camioneta, no existen indicios balísticos que permitan presumir que sus tripulantes hubiesen disparado desde su interior, lo que se contrapone con lo manifestado por personal de la Sedena.

Aunque cerca de esa víctima se encontró un arma de fuego, con cartuchos útiles calibres 7.62 X 39 y 9 milímetros, al no haber cartuchos percutidos en el interior, se estableció que no accionó el arma.

“…lo que implica que no realizó actos que pusieran en peligro la integridad física del personal militar que se encontraba en el lugar, situación que incluso permitió que un elemento del Ejército Mexicano, colocara presumiblemente su arma de fuego en una ranura ubicada en la parte superior de la ventana y disparara en contra de la víctima privándola de la vida”, concluye la CNDH.

En cuanto a esta persona ejecutada, los peritos de la Comisión también dejan asentado que encontraron evidencias de que el cadáver fue manipulado y movido de la posición original al que quedó tras su deceso.

Igual, se documenta otro caso en la víctima identificada como de “identidad reservada”, a quien también se le sembró un arma larga.

Aparte de esto, el organismo nacional encontró evidencias que acreditan violaciones a los derechos a la integridad personal, legalidad y seguridad jurídica, por el trato cruel, inhumano y/o degradante derivado de las lesiones innecesarias para su sujeción y/o sometimiento causadas a 10 detenidos, de los cuales dos eran menores.

En la narración de los hechos, los adultos y menores detenidos denuncian que fueron golpeados en cara, espalda y costillas por los militares tanto a patadas como puñetazos como con las culatas de sus armas, ya cuando estaban detenidos.

De 13 detenidos que hubo en estos hechos, cuatro de ellos menores de edad, no se acreditó la responsabilidad penal que se le atribuyó a seis de ellos, incluidos los adolescentes, pues no se dictaminó la no acción penal por falta de elementos para indiciarlos.

También se menciona que los militares tardaron entre 7 y 10 horas para poner a disposición del Ministerio Público a los detenidos, cuando la oficina de esa autoridad se ubicaba a no más de 26 minutos.

Asimismo, que tardaron más de 21 horas para turnar a los menores al área Especializada en Justicia para Adolescentes en el Estado de Puebla.

Proceso
Gloria Leticia Díaz
Gabriela Hernández
Ciudad de México / Puebla
Viernes 21 de septiembre de 2018.

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