Se han contabilizado mil 479 casos en una entidad en donde las instituciones de segridad y justicia fueron anuladas por el propio gobierno.


Puebla se ubicó entre los 10 primeros lugares del país donde se han cometido la mayor cantidad de homicidios dolosos y culposos entre enero y agosto de este año, de acuerdo con un reporte publicado por la organización México Social, en el marco del Día Internacional de la Paz que se celebra hoy.

Con mil 479 casos, el estado estuvo en el noveno lugar con más homicidios cometidos en el país, donde en el periodo al que se hace referencia, se han contabilizado 33 mil 45 casos, y casi medio millón desde 1990.

“Esa cifra es terrorífica y para dimensionarla hace falta adjetivar y adjetivar, con el afán de mover la conciencia y no perder la capacidad, ya no de asombrarnos, sino de indignarnos y estremecernos ante el horror de la muerte que se esparce y siembra a lo largo y ancho de los 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio nacional”.

Con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) Guanajuato estuvo en primer lugar con 3 mil 60 casos, siguen Baja California con 2 mil 275, el Estado de México con 2 mil 188, Guerrero con 2 mil 145, Jalisco con 2 mil 79, Chihuahua con mil 813, Michoacán con mil 683, Veracruz con mil 537, Puebla y la Ciudad de México en décima posición con mil 321.

El Sol de Puebla
Maritza Mena
Ciudad de Puebla
Viernes 21 septiembre 2018.


La dependencia emite recomendaciones a Sedena y SSP de Puebla


Ciudad de México. - A 16 meses de los enfrentamientos entre presuntos huachicoleros y efectivos de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por dos ejecuciones arbitrarias; tratos crueles contra 12 personas, incluidos tres menores; la detención arbitraria de dos infantes, y la alteración de la escena del crimen, que implicó la manipulación de un cadáver.

En mayo de 2017 el país se vio impactado después de darse a conocer los videos captados por cámaras de seguridad en las calles de Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, donde se advierten enfrentamientos entre los presuntos integrantes de una banda de robo de combustible con soldados y policías estatales, así como la ejecución de al menos una persona por parte de un soldado.

Los enfrentamientos del 3 de mayo del año pasado dejaron como saldo de seis civiles y cuatro militares muertos; 14 ciudadanos y 12 soldados lesionados, y 13 personas detenidas, entre ellas cuatro menores de edad.

Pese a que la Procuraduría General de la República (PGR) negó copias de las carpetas de investigación de los hechos, el organismo pudo acreditar violaciones graves a los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia, a la verdad, a la vida, a la integridad personal, a la legalidad y seguridad jurídica, al interés superior de la niñez y a la debida procuración de justicia.

La CNDH contó con elementos para determinar que elementos de la Sedena y de la SSP de Puebla participaron en “la ejecución arbitraria de dos personas, el trato cruel contra 12, incluidos tres menores de edad, la detención arbitraria de dos infantes, la manipulación de un cadáver y la colocación de armas largas que se relacionaron con dos personas fallecidas”.

Por la negación de copias de las carpetas de investigación, señaló a la PGR de “falta de colaboración de dicha instancia con este organismo constitucional autónomo en la investigación de violaciones graves a los derechos humanos, así como en obstrucción al derecho de acceso a la justicia en agravio de las víctimas, sus familiares y la sociedad”.

El organismo presidido por Luis Raúl González Pérez también acreditó violaciones a la legalidad, seguridad jurídica, debida procuración de justicia y a la verdad, cometidas por servidores públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex), PGR, Fiscalía General de Justicia, SSP y Tribunal Superior de Justicia (TSJEP), los últimos tres del estado de Puebla.

Puntualizó: “La CNDH observa con preocupación la impunidad imperante en la sustracción ilegal de hidrocarburos, ya que las personas detenidas por ese hecho no son puestas a disposición de la autoridad competente, y cuando se inician las indagatorias respectivas no se judicializan, lo que provoca que no sean sujetas a proceso”.

De igual manera, advirtió que personal ministerial estatal y federal deben practicar las diligencias necesarias para acreditar la identidad de los responsables del robo de hidrocarburos, y ejercitar acción penal en su contra “con todos los elementos de prueba e indicios que no permitan su libertad por falta de elementos o violaciones al debido proceso”.

Tras precisar que no se puede combatir el delito cometiendo un ilícito, la CNDH recomendó al titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, y al gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, reparar integralmente a todas las víctimas, incluyendo indemnización, asistencia médica y psicológica, así como colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos contra los involucrados.

El organismo instruyó a Cienfuegos y a Gali para colaborar en las quejas por “manipulación del cuerpo de una víctima y colocación deliberada de armas largas a dos cadáveres, y que el titular de la Sedena colabore en la investigación por falta de veracidad en la información proporcionada a la CNDH”.

Al encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, le requirió “continuar la integración de las carpetas de investigación por homicidios y lesiones; dejar sin efectos el acuerdo de reserva temporal de la carpeta de investigación contra personal militar, y colaborar en la queja que se formule ante la Visitaduría General de esta Procuraduría por irregularidades en la integración de la carpeta de investigación por conductas delictivas contra dos personas, así como dar seguimiento al procedimiento administrativo contra personal responsable de falta de colaboración en la investigación de los hechos”.

La CNDH también formuló recomendaciones al director general de Pemex, Carlos Alberto Treviño Medina, para que colabore en la integración de carpetas de investigación radicadas en la Fiscalía General estatal; que las instalaciones de la empresa “no se utilicen para resguardar a personas detenidas”, y que contribuya con la queja que se presente ante el Órgano Interno de Control contra los servidores públicos “que autorizaron o consintieron que las personas detenidas permanecieran en la planta de rebombeo de Palmarito Tochapan”.

A Gali Fayad se le solicitó, además, el diseño y aplicación de políticas públicas para combatir la delincuencia en la “Franja del Huachicol”, así como coordinarse con los municipios que la comprenden para atender los problemas relacionados con desempleo, pobreza, desigualdad, prevención del delito, violaciones a derechos humanos, acceso a la justicia, educación, alimentación, salud, agua, vivienda e interés superior de la niñez.

Asimismo, “coadyuvar en la selección y evaluación de sus cuerpos policiales, profesionalizarlos y garantizar la seguridad pública”, y dar seguimiento al proceso administrativo que inicie el Consejo de Honor y Justicia de la SSP “por omisiones en dictámenes respecto de lesiones sufridas por ocho personas”.

También hizo observaciones al fiscal general poblano, Víctor Antonio Carrancá Bourget, para continuar con las carpetas de investigación iniciadas por el homicidio de tres personas, dar seguimiento a la queja que se presente a la Visitaduría General por las omisiones en la integración de dichas carpetas, así como colaborar en la investigación ministerial y el procedimiento administrativo contra el agente del Ministerio Público del fuero común involucrado en la retención ilegal de cuatro menores de edad, e instruir que las investigaciones ministeriales por robo de hidrocarburos se integren y determinen conforme a derecho.

En tanto, al presidente de TSJ del estado de Puebla, Héctor Sánchez Sánchez, la CNDH le recomendó colaborar en la queja que se presente ante la Comisión de Disciplina de dicho Tribunal “por las imprecisiones que se observaron en las necropsias que los peritos del TSJEP practicaron a nueve cadáveres, incluidos cuatro elementos del Ejército Mexicano y una persona menor de edad”.

Los hechos

En el expediente, además de confirmar lo que revelaron las imágenes, de que un soldado ejecuta a uno de los detenidos ya cuando se encuentra sometido en el piso y no presenta riesgo alguno, se menciona que otra de las personas fue ejecutada cuando se encontraba en el interior de una camioneta.

También, queda establecido que otras dos de las víctimas mortales de este enfrentamiento son personas aparentemente ajenas al enfrentamiento. Una mujer que caminaba por la calle y un hombre que se encontraba parado en un área conocida como los lavaderos, donde los agricultores de la zona acostumbran limpiar las hortalizas que cosechan.

En cuanto, a una de las víctimas de ejecución arbitraria, la CNDH identifica como Víctima 13 o V13, señala:

“V13 fue sometido en posición decúbito ventral, con la cabeza apoyada sobre ambos brazos, posteriormente AR54, se ubicó por detrás y a la derecha del detenido, colocándole su arma de fuego a una distancia no mayor a 60 centímetros en la región cefálica y accionó su arma de fuego, privándolo de la vida”.

En el expediente, se incluye el testimonio de otro de los militares que narra la forma en que ocurrieron los hechos:

“En ese momento la [persona de identidad reservada]no representaba riesgo alguno para nosotros porque se encontraba sometido, estaba boca abajo, […] cuando en ese momento escuché un disparo de arma de fuego sobre mi costado derecho, cerca de mí, y al escuchar el disparo inmediatamente volteo”.

Señala que puede ver al responsable, identificado como AR54 que estaba a una distancia de unos 50 centímetros de la persona sometida al piso y que tenía su arma sostenida con ambas manos y retrayéndola hacia su cuerpo.

“En ese momento me dirijo hacia donde estaba [AR54] para preguntarle […] porque había disparado en contra de la [persona de identidad reservada]. Pero él se volteó a verme […] y se dirigió hacia la esquina y en ese momento se fue”, relata.

Igual, sobre este caso, la CND documenta que, en el acta del levantamiento del cuerpo de esa persona, se asentó que a un costado se localizó un arma de fuego larga de color negro con empuñaduras de madera color café, calibre 7.62 x 39 milímetros.

Sin embargo, de acuerdo a las diligencias que llevan a cabo los peritos de la Comisión se advierte que hay evidencias suficientes para establecer que esa arma fue colocada junto al cuerpo de manera deliberada.

En cuanto a la otra víctima de ejecución arbitraria, la CNDH indica que según las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad privada se puede ver una camioneta de color negro, marca Lincoln, tipo Navigator, que es enfrentada a disparos por los elementos del Ejército y que en el interior de ese vehículo queda muerta una persona a la que identifican como V14.

En el expediente se indica que la posición anatómica en la que fue fijado el cuerpo de V14, no es su posición final y última al término de los hechos.

“En base a las características de la lesión mortal que presentó el cuerpo de V14 se establece que el agente causal mecánico (arma de fuego) se encontraba por delante de la víctima, ligeramente hacia la derecha y en un plano ligeramente superior”, indica.

Los peritos de la Comisión estimaron que, al no encontrarse casquillos percutidos en el interior de la camioneta, no existen indicios balísticos que permitan presumir que sus tripulantes hubiesen disparado desde su interior, lo que se contrapone con lo manifestado por personal de la Sedena.

Aunque cerca de esa víctima se encontró un arma de fuego, con cartuchos útiles calibres 7.62 X 39 y 9 milímetros, al no haber cartuchos percutidos en el interior, se estableció que no accionó el arma.

“…lo que implica que no realizó actos que pusieran en peligro la integridad física del personal militar que se encontraba en el lugar, situación que incluso permitió que un elemento del Ejército Mexicano, colocara presumiblemente su arma de fuego en una ranura ubicada en la parte superior de la ventana y disparara en contra de la víctima privándola de la vida”, concluye la CNDH.

En cuanto a esta persona ejecutada, los peritos de la Comisión también dejan asentado que encontraron evidencias de que el cadáver fue manipulado y movido de la posición original al que quedó tras su deceso.

Igual, se documenta otro caso en la víctima identificada como de “identidad reservada”, a quien también se le sembró un arma larga.

Aparte de esto, el organismo nacional encontró evidencias que acreditan violaciones a los derechos a la integridad personal, legalidad y seguridad jurídica, por el trato cruel, inhumano y/o degradante derivado de las lesiones innecesarias para su sujeción y/o sometimiento causadas a 10 detenidos, de los cuales dos eran menores.

En la narración de los hechos, los adultos y menores detenidos denuncian que fueron golpeados en cara, espalda y costillas por los militares tanto a patadas como puñetazos como con las culatas de sus armas, ya cuando estaban detenidos.

De 13 detenidos que hubo en estos hechos, cuatro de ellos menores de edad, no se acreditó la responsabilidad penal que se le atribuyó a seis de ellos, incluidos los adolescentes, pues no se dictaminó la no acción penal por falta de elementos para indiciarlos.

También se menciona que los militares tardaron entre 7 y 10 horas para poner a disposición del Ministerio Público a los detenidos, cuando la oficina de esa autoridad se ubicaba a no más de 26 minutos.

Asimismo, que tardaron más de 21 horas para turnar a los menores al área Especializada en Justicia para Adolescentes en el Estado de Puebla.

Proceso
Gloria Leticia Díaz
Gabriela Hernández
Ciudad de México / Puebla
Viernes 21 de septiembre de 2018.

 
Por los hechos violentos ocurridos en el municipio de Juan N Méndez, el alcalde Daniel López Cayetano y su sobrino, el presidente electo Javier López Velasco, ambos militantes del Partido Acción Nacional (PAN), huyeron de la localidad.

Los lugareños confirmaron que personal de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado quienes colocaron sellos en los accesos a la presidencia municipal, ante la ausencia de las autoridades.

Alrededor de 30 policías estatales, ministeriales y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) tomaron el control de la seguridad en el municipio.

Sin embargo, ninguna de las dos dependencias del gobierno estatal ha emitido información sobre el resultado de las pesquisas en la localidad.

Asimismo, se confirmó que el regidor de Grupos Vulnerables, Félix Flores Martínez, quedó lesionado de gravedad y se encuentra hospitalizado por la golpiza que le propinaron los propios vecinos.

La madrugada de este domingo, una turba enardecida quemó la casa y el vehículo particular del alcalde, así como la vivienda del edil electo, en venganza por el asesinato de Enrique Gómez Cruz, de 23 años de edad, quien habría sido asesinado en una riña por los policías municipales.

Incluso, se habla que también cinco personas fueron lesionadas por arma de fuego, entre ellos dos uniformados, quienes fueron atendidos en la localidad pues la ambulancia también fue incendiada y no había vehículo para trasladarlos a Tehuacán.

Los hechos se presentaron durante la realización de un baile popular tras la conmemoración del Grito de Independencia, donde la seguridad salió de control.

Testigos aseguraron que se escucharon al menos 30 disparos de arma de fuego, logrando entre la confusión sembrar el pánico entre los asistentes a los festejos.

A través de redes sociales, los habitantes denunciaron que a más de 24 horas de la balacera el alcalde Daniel López ni su sobrino Javier aparecen por el municipio.

Asimismo, exigieron justicia por el asesinato de Enrique Gómez Cruz y que el alcalde y su policía respondan por estos actos.

Advirtieron que estarán pendientes del regreso de las autoridades municipales en Juan N Méndez, para que les den una explicación de la balacera.

Tanto el edil y el presidente electo, junto con sus familias, huyeron después de la balacera que se registró durante el baile y es el momento que no retornan a la localidad.

Esto obligó a que se cancelara de última hora el desfile cívico que se tenía programado para el domingo, ante la tensión que priva en la demarcación.

Por esta razón, un vehículo perifoneó que la actividad había sido suspendida por los hechos violentos ocurrido horas antes.

No es la primera vez que este tipo de conflictos suceden en la localidad. El pasado 2 de agosto, un comando disparó en varias ocasiones a las instalaciones de la comandancia municipal, agresión que fue respondida por los mismos policías.

Esa ocasión no se registraron heridos ni detenidos.

En otra ocasión,  el alcalde alcoholizado atropelló a una persona y quiso evadir su responsabilidad; mientras que hace unas semanas hubo un enfrentamiento entre tianguistas hasta donde arribó Daniel López para desenfundar su pistola y advertir que él es la autoridad y es quien tiene la última palabra en los conflictos.

La Jornada de Oriente
Yadira LLaven Anzures
Ciudad de Puebla, Mex.
Lunes 17 septiembre 2018.

Informa fiscalía que los elementos ejercían como tales sin cumplir con los requisitos de ley

Tehuacán.- Un juez de control vinculó a proceso a 23 personas que usurpaban funciones como policías en el municipio poblano de Tehuacán, corporación intervenida por el estado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, explicó que se trata de 13 policías de tránsito y diez uniformados municipales que ejercían como tales sin cumplir con los requerimientos de ley.

Los vinculados a proceso son: Ignacio N., Nancy N., Daniel N., Misael N., Christian N., Gilberto N., Víctor N., Gustavo N., Nadia N., Raymundo N., Jorge Gilberto N., Hermelindo N., Jesús N., Ana Karen N., Julio César N., Odón N., Francisco N., Miguel N., Flaviano N., Juan N., y Benjamín N.

También fueron asegurados Laurentino N. y Alejandro N., mientras supuestamente realizaban actividades enfocadas al área de seguridad.

“La Fiscalía de Investigación Regional aportó datos de prueba en su contra y logró que los 10 policías municipales y 13 policías de tránsito quedaran con prisión preventiva oficiosa como medida cautelar”.

El gobierno de Puebla decidió el 23 de agosto tomar el control de la seguridad en la segunda ciudad más importante del estado, derivado a los problemas delictivos donde participaban policías cachirules.

Esta toma de control se estableció a través de un decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado, el cual tiene vigencia hasta finales de 2018.

El Universal
Edgar Ávila / Corresponsal
Tehuacán, Puebla, México.
Jueves 6 de septiembre de 2018.


Un joven originario de Veracruz, identificado como Rodolfo Iván ernández, de 24 años, fue hallado muerto en el municipio poblano de Tepeaca, luego de ser reportado como desaparecido el sábado pasado por sus familiares.

Los primeros reportes señalan que el joven se comunicó con sus familiares para notificarles que estaba en un banco de la plaza comercial Plaza Loreto, de Puebla capital.

Después de algunas horas no supieron nada de la víctima, por eso recurrieron a su domicilio para buscarlo y tampoco lo encontraron.

Ello derivó que presentaran una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar con la investigación correspondiente a través de la carpeta 13413/2018/ZC, aunque la autoridad aún no fija el móvil del asesinato.

Sin embargo, apareció su cuerpo severamente golpeado y con un disparo; horas más tarde las autoridades confirmaron que se trataba de Rodolfo Iván Hernández, de 24 años, originario de Tuxpan, Veracruz.

También se tiene conocimiento que la víctima radicaba en Puebla capital, donde laboraba en la empresa Apolo Textil, ubicada en el parque industrial de la Junta Auxiliar de La Resurrección.

El Universal
Ciudad de Puebla
Miércoles 5 de septiembre 2018.


Félix Aguilar fue interceptado en la comunidad de Ixtiyucan, ganó el puesto por el PVEM.

Este 3 de septiembre se reportó el asesinato a balazos del edil electo de Nopalucan, Félix Aguilar Caballero de 60 años, quien contendió por el cargo a elección popular por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Dos sujetos lo interceptaron Santa María Ixtiyucan y le dispararon en distintas ocasiones hasta matarlo. Se desconoce el móvil del crimen.

El excandidato a la gubernatura por el PVEM, Michel Chaín, lamentó el asesinato en su cuenta de Twitter, y exigió al actual mandatario poblano José Antonio Gali Fayad y al titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Diódoro Carrasco, esclarecimiento de los hechos.

Michel Chaín
@MichelChain
 Mi más sentido pésame a la familia de Félix Aguilar, Presidente Municipal electo de #Nopalucan quien fue postulado por el @PVEM_Puebla. Le pido a @TonyGali @DiodoroCarrasco @FiscaliaPuebla el inmediato esclarecimiento de este terrible hecho.

Ejecutan al alcalde electo de Nopalucan en Puebla

El alcalde electo por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el municipio de Nopalucan, Félix Aguilar Caballero, fue asesinado la noche de este lunes en una emboscada tras salir de una reunión con su equipo de transición.

Los primeros informes detallan que el ataque ocurrió al filo de las 19:30 horas cuando Aguilar Caballero salía de una reunión en Nopalucan con la actual administración municipal y circulaba en la carretera hacia Soltepec.

Pero al llegar al crucero de Santa María Ixtiyucan, de donde el alcalde electo es originario, sujetos a bordo de dos camionetas, una negra y otra roja, lo interceptaron y abrieron fuego en contra del vehículo de Aguilar Caballero, para después darse a la fuga.

Como saldo inicial se confirmó que Félix Aguilar Caballero, alias El Tanque, falleció en el lugar a causa de los disparos. Aunque trascendió que viajaba acompañado de más personas, fuentes policiales indicaron que iba solo al momento del mortal atentado.

Cabe señalar que en el municipio de Nopalucan se le vinculaba a Aguilar Caballero con una banda dedicada al robo de hidrocarburo y asaltos a trenes.

El Popular
e-consulta
Alberto Melchor  
Puebla, México
Lunes 3 septiembre 2018.


La CNDH alista informe sobre linchamientos; deplora “debilidad institucional” en México


La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitirá próximamente un informe completo sobre los linchamientos que se registran en el país, adelantó su titular Luis Raúl González Pérez.

“Próximamente vamos a emitir un informe, un informe completo sobre lo que está aconteciendo en el tema de los linchamientos, que no son otra cosa más que aplicar pretendida justicia, porque no es justicia por propia mano, eso no es justicia, es barbarie. Sí hay que condenar la debilidad institucional de que no haya sistemas de procuración de justicia, que no haya fiscalías autónomas”, apuntó.

También lamentó que las 13 fiscalías autónomas que existen en este momento en el país no lo sean, y que sólo cambiaron de membrete.

El ombudsman nacional reconoció que existe una debilidad institucional en México, pero dijo que no es motivo para caer en la barbarie.

“Hay que reconocer que hay debilidad institucional en la procuración de justicia, pero esto no debe sustituirse por pretender hacernos justicia por propia mano”, refirió.

En esta semana, con 24 horas de diferencia, se registraron dos casos de justicia por propia mano, donde los cuatro señalados fueron acusados falsamente de secuestrar niños; posteriormente la población les roció gasolina y prendió fuego a las víctimas.

El primero caso ocurrió el miércoles 29, en Puebla, donde dos campesinos fueron rescatados por la policía cuando los linchaban; poco después los trasladaron a los separos de la comisaría, pero la población de Acatlán de Osorio los sacó a la fuerza para enseguida quemarlos vivos.

Raúl González mencionó que, tras el hecho, ya se emitió una recomendación al gobierno de Puebla.

El segundo caso se registró la tarde del jueves 30, en el pueblo de Santa Ana Ahuehuepan, municipio de Tula, Hidalgo, a donde un hombre y una mujer habían acudido al lugar por cuestiones de trabajo, pero fueron señalados de secuestrar a un menor de 11 años. Corrieron con la misma suerte, fueron quemados; el hombre murió en el sitio, mientras que la mujer alcanzó a llegar al hospital, pero después falleció.

El ombudsman consideró que se debe castigar a quienes incitan realizar actos de justicia por propia mano, y la vez dijo que se necesitan corregir las debilidades institucionales.

Raúl González asistió este fin de semana a Guadalajara para participar en la Segunda Asamblea Ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib).

Proceso
Gloria Reza M.
Guadalajara, Jal.
Lunes 3 septiembre 2018.


También se deben corregir las debilidades institucionales en impartición de justicia

Los linchamientos que han ocurrido en los últimos días en Puebla y en Hidalgo no son actos de justicia, sino de barbarie y deben sancionarse, pero también deben de corregirse las debilidades institucionales en impartición de justicia, afirmó Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En reunión con medios tras participar en la ceremonia de inauguración de la Segunda Asamblea Plenaria de 2018 de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), el ombudsman nacional afirmó que a pesar de existir una debilidad institucional en materia de justicia no debe de haber espacio para la justicia por propia mano.

"Hemos reprochado y condenado la justicia por propia mano; no podemos perseguir conductas, presuntamente y a veces ni siquiera son conductas, ilícitas pretendiendo hacer justicia por propia mano. Hay que reconocer que hay debilidad institucional en la procuración de justicia, pero esto no debe sustituirse por pretendernos hacernos justicia por propia mano.

"Eso no es justicia, esa es barbarie y hay que sancionar a quienes incitan e impulsan este tipo de soluciones. Pero también hay que corregir las debilidades institucionales".

Adelantó que el organismo nacional emitirá un informe sobre los linchamientos, y aseguró que a pesar de la desesperación que pueda existir entre la población, "no puede llevar al extremo de hacer justicia por propia mano, porque vamos a caer en estado selvático, en donde lo que impere es quién puede más".

"Tenemos que darle a la sociedad, a esa sociedad indignada porque no hay procuración de justicia, respuesta fortaleciendo a las instituciones, pero tenemos que dar garantías a la ciudadanía de que mañana ninguno de nosotros puede ser confundido en una justicia malamente llamada justicia de propia mano".

El presidente de la CNDH afirmó que las personas acusadas de algún delito deben de enfrentar algún juicio, y que ante los últimos actos de linchamiento "nos deben de llevar a la reflexión y a la exigencia de que se fortalezcan las instituciones, que se deje de simular con las fiscalías autónomas como las hay en las entidades federativas donde se han llamado autónomas y lo digo así de categórico, hay por lo menos 13 fiscalías autónomas que lo son de nombre, no han cambiado los modelos".

Ubican a culpables de linchamiento

En Puebla, autoridades ministeriales y de seguridad informaron que tienen ubicados a todos los que participaron en el linchamiento de dos personas en el municipio de Acatlán de Osorio.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Jesús Morales Rodríguez, informó que de manera conjunta con la Fiscalía General del Estado (FGE) se analizaron los videos que circularon y tienen perfectamente ubicados a los instigadores y a quienes cometieron el asesinato.

El funcionario confirmó que cinco policías municipales de Acatlán de Osorio están detenidos para analizar su situación jurídica por omisiones ante el ataque.

Los dos varones que respondían a los nombres de Alberto Flores Morales y Ricardo Flores Rodríguez, de 53 y 22 años, se dedicaban a labores de campo y con base en la Fiscalía General del Estado, no cometieron ningún delito.

Ambas víctimas fueron veladas ayer por familiares y amigos en el poblado de Acatlán de Osorio, donde demandaron justicia.

Martha Flores, hermana de Alberto Flores y madre de Ricardo, aseguró que ninguno de los dos era criminal, pues su hermano trabajaba en el campo y el joven estudiaba Derecho en Veracruz.

El Universal
Ciudad de México
Viernes 31 de agosto de 2018.


Decenas de personas se manifestaron este jueves 30 a las afueras de la Fiscalía General del Estado (FGE), con el fin de exigir que se indague el paradero de sus familiares desaparecidos.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, los familiares de personas desaparecidas, algunos desde 2016, realizaron cierres intermitentes del bulevar Héroes del 5 de Mayo como una forma de protesta.

“Me piden 10 mil pesos para buscarme”, alertaba uno de los letreros que portaron los familiares, quienes aseguraron que el personal de la Fiscalía no lleva a cabo las investigaciones que corresponden para localizar a las personas desaparecidas.

La madre de Marco Uriel Aguilar, de 14 años, denunció que, desde el 24 de agosto pasado, su hijo salió de casa después de comunicarse con una amiga en Facebook.

También dijo que ha aportado pruebas de que a su hijo le ofrecieron trabajo en Monterrey y, a pesar de que existe información sobre su posible localización, el personal de la Fiscalía le pide 10 mil pesos para continuar la búsqueda.

No obstante que su hijo es menor de edad, señaló que la Fiscalía no emitió de inmediato la Alerta Amber, y sólo se difundió un reporte por “desaparición de persona”.

También en esta protesta participaron familiares de dos hermanos militares, Abraham y Vicente Basurto, así como de su amigo Juan de Dios Núñez, quienes desaparecieron el 28 de abril de 2017.

La última vez que se supo de ellos transitaban por el tramo carretero de Tecamachalco a Cuacnopalan, a bordo de una camioneta Durango gris, modelo 2004, con placas de circulación TXZ-1538 del estado de Puebla.

Asimismo, participaron en la protesta los familiares de Ángel de Jesús González Castillo, quien desapareció en Xicotepec de Juárez el 8 de marzo anterior, cuando viajaba a bordo de una camioneta junto con un amigo. A la fecha no se tienen informes del paradero de ambos.

Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), durante este sexenio sólo en Puebla capital se ha reportado la desaparición de mil 54 personas, lo que ubica a este municipio en el quinto lugar nacional con mayor número de casos.

Proceso
Gabvriela Hernández
Ciudad de Puebla, México
Jueves 30 de agosto de 2018.


En segundo trimestre del año se registraron 679 robos a trenes que operan en el País, 3 veces más que mismo lapso de 2017, según ARTF


En el segundo trimestre de este año se registraron 679 robos a trenes que operan en el País, 3.1 veces más que en el mismo periodo de 2017, informó la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).

De abril a junio de este año se reportaron 462 hurtos más que en el mismo lapso del año pasado, un incremento de 212.9 por ciento, de acuerdo con el Reporte de Seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicano.

De los hurtos cometidos en el segundo trimestre de este año, en 628 robaron producto o carga, 433 más que en igual periodo del año anterior. Las autopartes, granos, semillas y el cemento fueron las mercancías más robadas, según el reporte.

En la mayoría de los casos, los robos se cometieron mientras se realizaban maniobras ferroviarias, describió la Agencia. En otros casos, personas ajenas entraron a patios del ferrocarril o abordaron trenes a baja velocidad.

De acuerdo con el reporte, los robos a vías también se dispararon, al pasar de 114 reportados en el segundo trimestre de 2017 a 330 en el de este año, un incremento de 189.4 por ciento.

Se trata de su mayor nivel histórico derivado, de acuerdo con la ARTF, del preocupante aumento suscitado al robo a componentes de vía durante 2018.

Los materiales de vías o rieles, así como los componentes de fijación, que son los tornillos que sujetan los rieles, son lo más robado, detalló.

En mayo pasado, Benjamín Alemán, director general de la Agencia, comentó que las propias empresas ferroviarias reportaron que las personas se robaban materiales de vía para venderlos por kilo como chatarra.

Por entidad, Puebla se ubicó como la demarcación donde más robos a tren y vías se cometieron, con un total de 142, seguida de Guanajuato, con 87, y Jalisco, con 86.

Reforma
Ciudad de México
Jueves 30 de agosto de 2018.

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