La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) anunció la detención de ocho presuntos secuestradores y asesinos

Pachuca, Hgo.- La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) anunció la detención de ocho presuntos secuestradores y asesinos de Genaro Negrete Urbano alcalde de Naupan, estado de Puebla encontrado muerto el pasado 7 de agosto en Tulancingo, Hidalgo.

En escueto boletín la PGJ informó que mediante un operativo de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS) de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), fueron detenidas ocho personas por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro y homicidio del edil.

Siete de ellos son originarios de Morelos y uno más del Estado de México y fueron identificados como Ángel “N”, Mauricio “N”, Alfredo “N”, Nicasio “N”, Marco “N”, Marcos “N”.

De acuerdo a la esposa del alcalde, el 4 de julio pasado ella y su marido circulaban en una camioneta pick-up, doble cabina, marca Ford, tipo Raptor sobre la carretera Tulancingo-Pachuca.

En el tramo carretero que atraviesa el poblado de El Susto, del municipio de Singuilucan, Hidalgo un auto se les emparejó. Quienes iban a bordo les indicaron que supuestamente las llantas de la camioneta iban ponchadas.

El edil tras bajar de su auto para revisar los neumáticos fue sometido y secuestrado junto con su esposa quienes fueron llevados a una “casa de seguridad” del poblado de Santo Tomás del municipio hidalguense de Zempoala.

Luego liberaron a la esposa quien denunció el secuestro a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo.

Siete días después del hallazgo del cuerpo de Genaro Negrete Urbano en un paraje de Tulancingo, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo anunció la detención de los supuestos autores del crimen la tarde del martes.

La Jornada
Pachuca, Hidalgo
Martes 14 de agosto de 2018.


Ciudad de México.- En México se resuelve solo el cinco por ciento de los homicidios. De los 154.557 asesinatos cometidos en el país de 2010 a 2016, el 94,8 por ciento permanecen impunes. El promedio son cinco condenas por cada cien víctimas, muy por debajo de las estadísticas del continente americano (24 sentencias), de Asia (48 sentencias) o de Europa (80 sentencias por cada cien homicidios).

México vive una crisis de impunidad en el momento más violento de su historia registrada: en 2017, nueve meses registraron un récord insólito, más de dos mil asesinatos.

Estas cifras se deben al colapso del sistema de justicia mexicano. En Colima, el estado con el nivel más alto de homicidios sin sentencia (98,8 por ciento), cada agente tiene una carga de 148 asesinatos rezagados; en Guerrero, una de las entidades más violentas del país, cada fiscal tiene novecientos casos pendientes y en Ciudad de México, que tiene el mayor aparato de justicia a nivel nacional, cada fiscal de homicidios tiene hoy un atraso de noventa casos. A este ritmo, se necesitarían 124 años para resolver los homicidios pendientes de solo seis años.

Otro vicio de la justicia en México es que la investigación para esclarecer los crímenes no se centra en llegar a la verdad, sino en encontrar a un culpable. Después de ocho meses de investigación y de entrevistar a más de sesenta funcionarios, abogados y expertos para un reportaje publicado en Animal Político, llegamos a una conclusión intuida pero poco señalada: una de las causas de la crisis de impunidad en el país es que el sistema de justicia mide sus resultados por número de detenidos.

Se trata de un método efectista de impartición de justicia que pasa por detener a un presunto culpable, muchas veces a partir de una confesión conseguida por tortura, sin investigar el caso. Solo en 2016, el 35 por ciento de los prisioneros en México no tenía condena: personas legalmente inocentes pero encarceladas que son víctimas de un sistema enfocado en llenar prisiones, pero no en prevenir crímenes ni en crear u homologar un protocolo que diga cómo investigar un homicidio.

El ejemplo más claro de este enfoque distorsionado de la justicia es el de Ayotzinapa, la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Guerrero. El 4 de junio de 2018, a cuatro años del episodio de mayor indignación civil durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, un tribunal federal anunció su fallo unánime: la investigación oficial presenta graves deficiencias que impiden esclarecer lo que sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014.

La sentencia enumera una serie de errores que es común escuchar por todo el país: hay indicios de que los detenidos confesaron por tortura, no se analizaron todas las pruebas o se sembró evidencia. El tribunal advirtió que la investigación no se hizo para buscar la verdad, sino para confirmar la versión del gobierno y propuso la creación de una Comisión de Investigación de la Verdad y la Justicia. En respuesta, ocho órganos gubernamentales han presentado recursos para no cumplir la resolución del tribunal. Parece que el gobierno ha entablado una disputa jurídica para no investigar uno de los casos más paradigmáticos de la crisis de justicia mexicana.

Además de estar desbordado y mantener un enfoque errado, el sistema de justicia presenta un déficit de recursos materiales. Tuxtepec, la segunda ciudad más poblada de Oaxaca y con una tasa de homicidios casi dos veces mayor que el promedio nacional, no tiene una morgue equipada para autopsias ni médicos que analicen los cuerpos. El trabajo lo hacen funerarias privadas y los cadáveres son llevados directamente al panteón municipal. También los peritos, detectives y funcionarios del Ministerio Público de México ganan en promedio de dos a diez veces menos que sus contrapartes en países como Brasil, Costa Rica y Estados Unidos. Esto contrasta con el mal uso de los recursos: en un laboratorio forense en el estado de Nayarit hay un equipo forense de un millón de dólares comprado hace cinco años que nunca ha sido usado.

Al mismo tiempo hay negligencia: en 2013, México recibió de la Cruz Roja Internacional un programa informático para identificar cuerpos de personas asesinadas en fosas, pero solo tres de los 32 estados lo han usado para establecer perfiles de ADN. Las bases de balística —que permiten rastrear las armas implicadas en delitos, dentro y fuera del país— no funcionan en uno de cada tres estados.

Los problemas del sistema fallido de justicia no se deben a la falta de dinero, pues entre 2008 y 2015 el presupuesto para seguridad interna ha aumentado de 27.000 a 43.000 millones de pesos. Hay una razón de fondo. En 2010, luego de la masacre de trece personas en una fiesta en Chihuahua, el Ejército llegó a un culpable, Israel Arzate, quien, según se dijo, circulaba en un coche robado y confesó ser el autor del multihomicidio. Tres años después, la Suprema Corte lo liberó tras confirmar que fue torturado para autoincriminarse, que no había una sola prueba que lo vinculara al crimen y que el automóvil en el que viajaba no era robado. Arzate no tuvo una investigación apropiada “porque no interesa. Vivimos en una sociedad donde la justicia solo consiste en llevar a alguien a prisión”, dijo el juez que analizó el caso.

En México abundan los casos como el de Arzate. Por ejemplo, el de Martín del Campo, un empresario encarcelado durante veintitrés años, acusado de asesinar a dos personas. Solo después de que instancias internacionales exigieron al gobierno examinar su sentencia, la Suprema Corte de Justicia ordenó su libertad al advertir que la única prueba era una confesión obtenida por un policía que reconoció haber torturado a Del Campo.

Resolver la crisis de justicia en México exige crear contrapesos legales y sociales para vigilar el servicio público. A su vez, el Congreso tiene que establecer un protocolo nacional de investigación de homicidios y establecer fiscalías especializadas que investiguen estos casos —solo la mitad de los estados cuentan con ellas—. La Procuraduría General de la República (PGR), el órgano que investiga y persigue los delitos federales, debe erradicar la tortura y, si ocurre, deben sancionarla a través de una fiscalía especializada en castigar violaciones a los derechos humanos.

Y la sociedad civil también tendría que ayudar a la renovación de nuestro sistema de justicia. Hay antecedentes: en 2002, se creó un Consejo de Participación Ciudadana en la PGR para evaluar y dar seguimiento a las políticas de seguridad pública, pero desapareció en 2013. Desarrollar órganos ciudadanos que vigilen el desempeño de la policía y que puedan tener autoridad en las reuniones de los consejos estatales, regionales y nacionales de seguridad será un paso adelante.

Pero, ante todo, se debe empezar por romper el paradigma judicial actual: no debe enfocarse solo en el número de detenidos, sino en la solución de los crímenes, el hallazgo de sus móviles y el diseño de una política preventiva eficaz afincada en el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos humanos. Para ello, el gobierno mexicano debe tener la voluntad política de reformar las instituciones judiciales. Hasta ahora no la ha tenido.

Arturo Angel es periodista y reportero del portal Animal Político. Ha publicado el libro “Duarte: El priista perfecto”.

The New York Times
Arturo Angel
Ciudad de México
Viernes 13 de julio de 2018.



•    En lo que va de la campaña desde el año pasado a la fecha, la violencia política se cobró la vida de 130 personas --funcionarios electos o aspirantes-- que fueron asesinadas desde el inicio de la contienda sin distinguir partidos de uno y otro espectro político


Emigdio López, candidato a diputado local de Morena, que forma parte de la coalición “Juntos Haremos Historia”, fue asesinado este lunes en Oaxaca, al sureste de México. Cuatro hombres armados lo atacaron y pocas horas después se produjo un atentado a balazos contra Raymundo Carmona, aspirante a un liderazgo municipal por la alianza contrincante en la misma región del país.

La violencia política en México no es un fenómeno nuevo y recorre casi toda la historia republicana del país norteamericano, pero cobra aún más relevancia pública en las campañas electorales y en esta ocasión el origen de las balas suele ser diverso: narcotraficantes, crimen organizado o acción de rivales políticos locales.

“El miedo va a ser un actor en esta elección”, dijo el martes durante la presentación de un libro sobre los comicios el profesor de la Universidad Autónoma de México, Germán Álvarez Díaz de León. “Sobre todo en los lugares más apartados”.

Aquí un panorama general sobre la violencia política de cara a los comicios del 1 de julio en México.

Las cifras

En lo que va de la campaña desde el año pasado a la fecha, la violencia política se cobró la vida de 130 personas --funcionarios electos o aspirantes-- que fueron asesinadas desde el inicio de la contienda sin distinguir partidos de uno y otro espectro político, dijo un reporte del martes de la consultora Etellekt.

Hasta junio ocurrieron 543 agresiones a políticos, agregó la consultora.

Las víctimas

Los diversos ataques se produjeron en 32 entidades de la república mexicana y no distinguen partidos.

Entre los muertos, por ejemplo, hubo militantes de “Juntos Haremos Historia” del candidato favorito según los sondeos --Andrés Manuel López Obrador--, de la coalición antagonista “Por México al Frente”, liderado por Ricardo Anaya, y de parte del oficialismo, que del Partido Revolucionario Institucional (PRI) encabeza José Antonio Meade.

Los precandidatos asesinados eran básicamente de los niveles locales, algo menos de los puestos a diputados provinciales, y solo un representante federal.

Entre los hitos de una historia de violencia electoral muchos recuerdan el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el candidato del PRI en 1994.

La violencia política en el país va acompañada de un incremento también de la inseguridad ciudadana y de muertes en otros colectivos --periodistas o activistas-- pasando por ciudadanos víctimas de asaltos. Para los expertos es un fenómeno complejo y policausal, que va desde un incremento de la presencia del narcotráfico y los grupos criminales organizados hasta la desigualdad social.

AP
Ciudad de México
Miércoles 27 junio de 2018.


Datos de INEGI señalan que el 40 % de los policías ganan entre 5 mil y 10 mil pesos

Ciudad de México.- Hace años que Laura dejó de contar muertos. "Ya los dejamos pasar", según dice. Es solo otro más.

Laura es policía de investigación en la Fiscalía de Homicidios de Nuevo León, donde ingresó al salir de la academia. Su misión, se supone, es recabar las pruebas que permitan esclarecer un crimen y detener al culpable. Es una detective.

"Pero he llegado a tener cinco homicidios por día y la investigación requiere tiempo, así que se van quedando".

Ella nunca tuvo capacitación sobre cómo indagar un asesinato. Ni siquiera necesitó años de experiencia o algún estudio especial, como se pide en Estados Unidos o Canadá. "Basta con que ahí te pongan, como pasó conmigo", reconoce.

La rutina de esta detective tampoco es la misma a la de los agentes de homicidios de otros países.

Ella gasta buena parte de su semana en escribir `memos para que le compren gasolina o una refacción para su patrulla o en buscar militares para que le vendan municiones que sobren de algún decomiso. También va a Office Depot a comprar hojas, plumas o papel carbón que necesita para escribir sus informes o quizá tóner para la impresora. "No siempre hay recurso para comprarlo así que también ahí andamos mendigando tóner para poder imprimir o agitándolo a ver si sale algo".

Y en medio de todo esto, intenta atender tanto los casos que se le acumulan como los nuevos homicidios que le asignan.

"No se archivan ni se cierran (los casos), pero no hay ninguna diligencia. Solo el informe de los hechos y la identificación del muerto… y así se quedan", reconoce Laura.

No por nada esclarecer un homicidio en México es una excepción y no la regla. En Nuevo León, la tierra de Laura, como sucede en otros 26 estados, 9 de cada 10 crímenes quedan impunes.

Laura (alias para proteger su identidad) dice que no recuerda los homicidios que le han asignado y que quedaron impunes. Las estadísticas pueden ayudarle: según los datos oficiales, si contamos los 6 mil 237 homicidios pendientes de resolver en Nuevo León, ocurridos entre 2010 y 2016, y los juntamos con los 98 policías de investigación adscritos a homicidios, veríamos que a cada uno le tocarían 64 homicidios por investigar.

Nuevo León puede considerarse afortunado. En Guerrero, con el mismo ejercicio, a cada uno de los policías de homicidios le tocaría investigar más de mil homicidios que siguen impunes. El promedio nacional es de 102 crímenes sin respuesta para cada policía de investigación.

Asesinatos sin culpables

Solo de 2010 a 2016 fueron asesinadas 154 mil 557 personas en México y en el 94.8% de esos casos no hay un culpable sentenciado, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Visto a nivel estatal, en 27 de 32 estados el porcentaje de casos que no terminan con un responsable sentenciado supera el 90 por ciento.

Solo se "salvan" Jalisco con 88.9% de casos no resueltos, Querétaro con 84.4%, Tabasco con 79.5%, Ciudad de México con 76.5%, Hidalgo con 60.6% y Yucatán con 56.6%.

Esto significa que nuestro país tiene una tasa de 5 sentencias por cada 100 víctimas de homicidio, cuando en el continente americano la tasa promedio es de 24 por cada 100 víctimas. En Asia son 48 y en Europa 81, según datos de la ONU.

Y estos números no se justifican por falta de dinero. En México, el presupuesto para seguridad interna ha aumentado un promedio de 2 mil millones de pesos cada año.

De 2008 a 2015 pasó de 27 mil a 43 mil millones de pesos.

Entrevistas con más de 60 funcionarios de una decena de estados y con víctimas y abogados, además de una revisión de los equipos con que cuentan los peritos, las herramientas de la policía, diversos procesos penales, expedientes y recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desnudan las causas que dan como resultado estos niveles de impunidad.

Hay lugares, por ejemplo, donde el dinero no llega y faltan desde ambulancias forenses para trasladar cuerpos, hasta morgues y laboratorios para estudiarlos. En otros sitios el dinero llega, pero se desperdicia en comprar equipos que no se utilizan.

La capacitación de policías y agentes también es prácticamente nula. En casi el 95% de los municipios se carece de una fuerza policial capacitada, aunque sea para resguardar la escena del crimen, según la información de INEGI.

Y hay más problemas. Los fiscales y policías entrevistados revelan que no existe un protocolo homologado obligatorio que diga cómo investigar un homicidio y la mitad de los estados no tiene fiscalías especializadas que lo hagan.

Peor: hay casos que sí se investigan, pero donde no importa buscar la verdad, sino detener a quien sea, aunque no sea culpable. Lo resultados se miden por detenidos y eso lleva a que encarcelen inocentes.

 Con poco personal

En México, el proceso para investigar un homicidio involucra a los policías preventivos, de investigación, peritos y agentes del ministerio público. En esta primera parte del reportaje solo se revisaron los salarios, el número y la capacitación de cada uno de ellos.

Los preventivos -que llevan uniforme- son los primeros en llegar a la escena del crimen para preservarla. Los policías de investigación, alguna vez conocidos como judiciales, son los encargados de buscar pistas y detener a los sospechosos. Los peritos son expertos que manejan y analizan la evidencias.

Y los agentes del ministerio público (o fiscales) especializados en atender homicidios son quienes coordinan la investigación.

Cada uno de ellos enfrenta sobrecarga de trabajo.

En el caso de los fiscales, los datos oficiales dicen que, si dividiéramos los asesinatos sin respuesta de 2010 a 2016 y el número de fiscales de homicidios en el país, a cada uno le tocarían 227 casos en promedio. Y si consideramos que cada agente del ministerio público consigue resolver apenas 1.8 casos al año, como arroja el cruce de los datos de INEGI con el estado de fuerza reportado en cada entidad, se necesitarían 124 años para acabar con el rezago.

Pero ese es solo un promedio nacional.

En Guerrero, una de las entidades con mayores tasas de homicidio, cada agente tendría en promedio 906 casos pendientes.

En Colima, que es el estado con el nivel más alto de homicidios sin sentencia (98.8%), cada agente tendría una carga de 148 asesinatos pendientes. Y como aquí resuelven menos que en Guerrero, tendrían también el récord de tiempo para terminar con su rezago: 598 años para investigar solo los homicidios de 2010 a 2016.

Otro promedio nacional: cada fiscal de homicidios en México tiene menos de dos policías de investigación para ayudar a investigar.

¿Ayudaría a dichos fiscales tener más detectives para resolver con mayor rapidez los casos? Laura dice que sí, sobre todo si se toma en cuenta que, por ejemplo, en Nuevo León hay mil 600 policías de investigación pero menos de 100 dedicados a homicidio. Y eso sin contar -según Laura- los que están asignados como escoltas de mandos y funcionarios.

Samuel Castillejos, exfiscal de Oaxaca, dice que en su estado han llegado a tener 300 órdenes de aprehensión por casos de homicidio no ejecutadas porque no hay quién lo haga.

El ex subprocurador de Ciudad de México, Luis Genaro Vázquez, añade otro problema: rotaciones injustificadas del personal que de por si escasea. "Se cambian a fiscales y comandantes con muchos años de experiencia por capricho de un mando superior".

 Salarios Bajos

¿Cuánto ganan quienes tienen la responsabilidad de esclarecer homicidios? Para los agentes del MP, el salario promedio en el país es de 22 mil pesos, según el cálculo que arrojan los salarios reportados en sus sitios de transparencia. El más bajo es el de Tabasco con 13 mil pesos y el más alto el de Nuevo León con 54 mil. Todos menos impuestos.

Los policías de investigación tienen un salario promedio, en 20 estados revisados, de 13 mil 963 pesos. El más bajo es el de Tabasco, donde ganan 6 mil 700 pesos, y el más alto es en Sonora con 27 mil pesos.

Comparado con otros países tenemos detectives mal pagados. En Brasil, por ejemplo, los agentes ganan más del doble que los mexicanos (2 mil 285 dólares al mes por 979 dólares que perciben en nuestro país). En Costa Rica reciben casi el triple (2 mil 591 dólares) y en Estados Unidos ganan nueve veces más (8 mil 650 dólares).

Un dato no menor: Laura aclara que, aunque en Nuevo León el sueldo del policía -21 mil pesos- es mayor a otros estados, tienen que poner de su bolsa para compensar carencias que enfrentan como falta de balas o de gasolina para sus autos.

El fiscal mexiquense Gutiérrez González calcula que varios de sus compañeros gastan hasta la mitad de su salario en transporte o gasolina para sus autos (algunos viven hasta a 3 horas de distancia de sus oficinas) y en otras carencias materiales que tienen en sus agencias.

 Sin Sueldo Fijo

Pero si ésta es la situación de los fiscales, los policías preventivos están peor.
Ellos no investigan los homicidios, pero sí tienen una función considerada vital para la resolución de un caso, según el Código Nacional Penal: resguardar la escena de un crimen para que la evidencia no se pierda. Es la primera autoridad que interviene.

Y de esos policías nos faltan, al menos, el doble. Según el informe Modelo Óptimo de la Función Policial, México debería tener una tasa de 1.8 policías estatales por cien mil habitantes para estar al nivel de promedios internacionales, pero apenas tiene 0.8 elementos.

En promedio, México tiene 8 policías preventivos para reaccionar por cada homicidio y cuidar el lugar de la evidencia, pero hay contrastes: en Yucatán -el estado con menor impunidad- tienen un promedio de 81 policías para reaccionar por cada homicidio, mientras que en Colima o Guerrero hay dos.

Bernardo León Olea, jefe de la policía de Morelia, dice que reclutar nuevos policías no es sencillo y una de las razones es el sueldo. Datos de INEGI señalan que el 40% de los policías ganan entre 5 mil y 10 mil pesos.

Y no es lo más bajo. Uno de cada 5 policías municipales en el país ganan menos de cinco mil pesos mensuales. En Oaxaca hay municipios donde los agentes ganan 2 mil 500 pesos quincenales, dice Said Villalobos, agente del Ministerio Público de dicho estado.

Peor: hay 4 mil 900 elementos reconocidos como policías municipales que no perciben siquiera un sueldo fijo.

El bajo salario tampoco se compensa con prestaciones. El Índice de Desarrollo Policial 2017 revela que hay 13 estados del país donde no se proporciona a los policías locales las mínimas prestaciones de ley.

¿Y la capacitación? De acuerdo con la Secretaría de Gobernación todos los policías locales recibieron un taller de 40 horas para saber cómo resguardar la escena de un crimen, pero esto contrasta con los datos oficiales de INEGI, que revelan que solo 135 de los 2 mil 463 municipios del país cuentan con una policía local con las capacidades suficientes para "preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios de un hecho delictuoso".

Una jueza en Nuevo León, entrevistada para este reportaje, cuenta que de los casos que ha recibido en los últimos dos años, el 70% se caen en la fase inicial -ni siquiera llegan al juicio- por errores cometidos en la escena del crimen que deberían haber resguardado los policías.

Enrique Inzunza Cázares, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Sinaloa, confirma que el déficit en capacitación de los policías locales repercute en los casos. "No dominan conocimientos básicos y eso tiene consecuencias muy graves: que los elementos que se recogen en la escena son declarados prueba ilícita, y luego no sirven para ser invocados en un juicio. La gravedad es esa, que el primer respondiente no sepa actuar conforme a estos estándares: echa a perder todo el caso, desde el inicio".

 Tuxtepec, Oaxaca.

Los dos empleados de la funeraria El Triunfo aguardan a un lado del cordón que la policía colocó afuera de un bar cuya encargada, Avelina García, ha sido asesinada. Según los testigos, un hombre entró y sin mediar palabra le disparó varias veces y huyó en una motocicleta.

La gente se junta ante la noticia de un homicidio más, el número 10 en menos de dos semanas en la ciudad. Los empleados de la funeraria esperan. Sus rostros denotan poco interés y sorpresa por lo que ocurrió en el bar. Uno de ellos está sumergido en su teléfono celular y el otro platica con un policía sobre un partido de béisbol y el calor.

- ¿Ustedes que hacen aquí? -se le pregunta al empleado del teléfono, luego de una hora de espera sin que pase nada en el sitio.

-Esperando que lleguen los peritos a registrar el lugar para que nos podamos llevar el cuerpo -señala sin despegar la mirada del aparato.

- ¿Qué eso no lo hacen los peritos en una ambulancia? -se le insiste

El empleado separa los ojos del celular, sonríe y responde:

-N'ombre... aquí lo hacemos las funerarias. Al gobierno no le alcanza ni para levantar a los muertos…

No hay peritos suficientes

En la investigación de un homicidio el rol de los peritos es clave, explica Héctor Hawley, perito criminalista de Ciudad Juárez. "Nuestro trabajo es establecer la verdad histórica científica de un hecho. Se trata de buscar la relación que existe entre la escena del crimen, el agresor y la víctima con evidencias".

El problema es que no hay peritos suficientes.

Tuxtepec, la segunda ciudad más poblada de Oaxaca, es un ejemplo. El cuerpo de la señora Avelina García estuvo dos horas tendido en el suelo sin que se pudiera hacer nada, porque solo hay dos peritos en criminalística, uno de ellos que en realidad estudió arquitectura. Y ambos en ese momento estaban en otra emergencia en una localidad contigua.

Además, el cuerpo lo tendría que haber recogido un perito en medicina de campo, que es el experto indicado para analizar su posición y características. Pero no hay en Tuxtepec, por lo que el levantamiento del cadáver lo hacen los empleados de la funeraria Triunfo, sin trajes especiales o botas para no contraminar la escena, y sin bolsas especiales para preservar el cuerpo y protegerse también ellos.

"No tenemos nosotros de ese material. Usamos bolsas de plástico normales, pero las ponemos en lo que es el piso de la camioneta. No tanto por seguridad, sino por no ensuciarla, porque luego cuesta la lavada…", explica uno de los empleados.

El cadáver de Avelina García fue llevado al panteón municipal porque en Tuxtepec tampoco hay una morgue para la necropsia de los cuerpos.

"En la región solo hay dos peritos expertos en criminalística, dos médicos legistas y dos psicólogos. Es imposible que podamos sacar el trabajo", explica el agente de investigación Said Villalobos.

En Veracruz, tercer estado más poblado de México, el gobierno reportó a INEGI que hay 250 peritos sin dar detalles de sus especialidades. Uno de ellos, que también habló bajo condición de anonimato, asegura que hay ciudades donde no hay más de tres peritos.

"Los tres tienen que hacer todas las especialidades: levantar cuerpo, hacerle de criminalista, de fotógrafo, de chofer de ambulancia, de camillero, y si tiene que sacar huellas dactilares, también le haces de dactiloscopista... Eso merma la investigación. Estamos en un homicidio cuando ya reportaron otro", lamenta.

Animal Político
Ciudad de México
Martes 19 de junio de 2018.


Ciudad de México. - A unas calles del zócalo capitalino, la mañana del domingo se encontraron dos cuerpos desmembrados y sobre la avenida Insurgentes y Flores Magón, dejaron en un puente peatonal una manta con un mensaje intimidatorio, presuntamente atribuido a La Unión Tepito, por este hecho las corporaciones policiacas activaron un "código rojo" para prevenir más ataques.

Los cuerpos desmembrados, que según los primeros reportes de la Procuraduría Capitalina, corresponden a hombres que cuentan con antecedentes penales y según su ficha criminal, pertenecían al primer círculo del delincuente identificado como Jorge Flores Concha "El Tortas", supuesto líder criminal del grupo conocido como "Fuerza Anti-Unión Tepito".

El hallazgo fue reportado poco después de las 05:00 horas sobre la avenida Insurgentes Norte y Avenida Flores Magón, en límites de las colonias Santa María la Ribera y Tlatelolco. Los restos fueron esparcidos sobre el arroyo vehicular de ambas vialidades y sobre el carril del Metrobús, lo que provocó que el tráfico vehicular se viera afectado.

Una de las víctimas ya fue reclamada por sus familiares, tenía reporte de desaparición desde el viernes pasado y su pareja sentimental reportó que un grupo armado "lo levantó" en las inmediaciones de la colonia Guerrero.

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) dio a conocer que el occiso tenía 42 años de edad y contaba con antecedentes penales por el delito de encubrimiento en 2009.

Agencias
Ciudad de México
Martes 19 de junio de 2018.


Esclarecer un homicidio en México es una excepción y no la regla. Acabar con el rezago de justicia en los asesinatos irresueltos cometidos entre 2010 y 2016 en México podría llevar hasta 124 años.

Sólo en ese período fueron asesinadas 154,557 personas en México y en el 94.8% de esos casos no hay un culpable sentenciado, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Visto a nivel estatal, en 27 de 32 estados el porcentaje de casos que no terminan con un responsable sentenciado supera el 90%.

Sólo se "salvan" Jalisco con 88.9% de casos no resueltos, Querétaro con 84.4%, Tabasco con 79.5%, Ciudad de México con 76.5%, Hidalgo con 60.6% y Yucatán con 56.6%.

Esto significa que nuestro país tiene una tasa de 5 sentencias por cada 100 víctimas de homicidio, cuando en el Continente Americano la tasa promedio es de 24 por cada 100 víctimas. En Asia son 48 y en Europa 81, según datos de la ONU.

Y estos números no se justifican por falta de dinero. En México, el presupuesto para seguridad interna ha aumentado un promedio de 2,000 millones de pesos cada año. De 2008 a 2015 pasó de 27,000 a 43,000 millones de pesos.

Entrevistas con más de 60 funcionarios de una decena de estados y con víctimas y abogados, además de una revisión de los equipos con que cuentan los peritos, las herramientas de la policía, diversos procesos penales, expedientes y recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desnudan las causas que dan como resultado estos niveles de impunidad.

Entre las causas destaca la carga de trabajo de los fiscales o agentes del ministerio público y los policías investigadores. El promedio nacional es de 102 crímenes sin respuesta para cada policía de investigación.

Los datos oficiales indican que si se dividieran los asesinatos sin respuesta de 2010 a 2016 y el número de fiscales de homicidios en el país, a cada uno le tocarían 227 casos en promedio.

Y si se considera que cada agente del ministerio público resuelve apenas 1.8 casos al año, como arroja el cruce de los datos de Inegi con el estado de fuerza reportado en cada entidad, se necesitarían 124 años para acabar con el rezago de justicia en México.

El Universal
Animal Político
Martes 19 junio de 2018.


Es el cuarto asesinado en 2018

Villahermosa. - El periodista de radio y televisión Juan Carlos Huerta fue asesinado, con su muerte suman 43 comunicadores que han perdido la vida de esta forma, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, lamentó la muerte del locutor al que calificó de amigo.

De acuerdo con información revelada por Núñez Jiménez, el comunicador estaba saliendo de su hogar en un fraccionamiento a las afueras de la Ciudad de Villahermosa, cuando fue abordado por un vehículo negro en el que viajaban más de tres personas y posteriormente asesinado a tiros.

El gobernador señaló que se reforzará la seguridad en todo el estado.

Huerta Martínez era conductor del noticiero "Sin Reservas", de los más influyentes en el estado, de corte político. Además, conducía el noticiero de televisión en el canal Notinueve, todas las noches de lunes a viernes.

Hasta el mes de enero laboró para Grupo Acir, de donde se separó tras ganar una concesión de radio, la 6.20 de AM. El comunicador decidió entonces cambiar su noticiero a la estación que le fue concesionada.

El periodista tenía 45 años y deja a una esposa y dos hijos.

El homicidio se registra en el día en que los periodistas conmemoran el primer aniversario luctuoso del periodista Javier Valdez, asesinado hace un año en Culiacán, Sinaloa.

En México, en la actual administración han asesinado a 37 periodistas, según la organización Reporteros Sin Fronteras.

En lo que va de este año cuatro periodistas han sido asesinados en el país: Carlos Domínguez, en Nuevo Laredo; la bloguera Pamela Montenegro, conocida como Nana Pelucas, en Guerrero; Gerardo Martínez, de EL UNIVERSAL, en la CDMX, y Leobardo Vázquez, de Veracruz, en marzo.

El Siglo de Torreón
Torreón, Coahuila, Mx.
Martes 15 de mayo de 2018.


Nuevo León. - La suma de personas desaparecidas en México supera por mucho los casos registrados en las dictaduras de Chile y Argentina, aseguró José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch.

Tan sólo en el gobierno de Calderón hay una cifra de alrededor de 25 mil personas desaparecidas, más los que van del presente sexenio, aunque aclaró, en el país no se tiene certeza de cuántas desapariciones fueron por obra del Estado y cuántas por parte del crimen organizado.

“Las cifras de desapariciones en Chile son de 2 mil personas en 17 años de dictadura militar y de Argentina la cifra oficial del informe Sábato es de 10 mil personas desaparecidas.

“Ahora es importante aclarar que esas son personas desaparecidas por agentes del Estado, acá hay de todo y como no hay investigaciones, realmente no sabemos cuántos corresponden a los cárteles y cuántos al Estado; no es que uno esté atribuyendo todos esos casos utilizando el mismo parámetro”, declaró el especialista en derechos humanos.

En los últimos dos sexenios, México ha multiplicado varias veces las cifras de violaciones a derechos humanos cometidas durante las dictaduras mencionadas, dijo Vivanco, lo cual es un panorama dramático que debe conmover al país.

Porque estamos hablando de una cifra de víctimas de ejecuciones, de masacres, desapariciones, de torturas, que no han encontrado en el Estado un amparo, que no han encontrado sus familiares una respuesta y cuyos crímenes permanecen en la impunidad total.
 José Miguel Vivanco.
El panorama en materia de derechos humanos es desgarrador en México, insistió, especialmente cuando se compara con las víctimas de dictaduras militares del Cono Sur, que son ampliamente conocidas a nivel global.

Vivanco advirtió que los índices de violencia y homicidios se encuentran a un nivel muy alto, y aclaró que ha habido algunos progresos muy temporales en algunos de los estados, los casos donde se identifican esfuerzos serios por hacer justicia son prácticamente inexistentes.

El representante de Human Rights Watch agregó que si bien los esfuerzos de la sociedad civil sólidos y articulados a nivel de las comunidades, ésta no puede sola.

En el caso de Nuevo León la situación es preocupante, señaló, ya que no se han registrado cambios en la tendencia de violencia y la falta de rendición de cuentas hacia quienes han perdido a un familiar o amigo.

Asintió que hay algunas autoridades que ocasionalmente expresan preocupación e interés para investigar temas de derechos humanos y puso el ejemplo del nuevo Fiscal General, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, con quien tuvo un acercamiento y se muestra sensibilizado por el tema.

Aun así, el problema es de tal profundidad, de tal gravedad, que los recursos con que los Ministerios Públicos investigan estos hechos, yo diría, no son adecuados. Hay que reforzar y redoblar esfuerzos de una manera seria para conseguir resultados.

A los candidatos de todo el país a un puesto de elección, Vivanco pidió dar a conocer sus planes y proyectos para abordar los problemas de inseguridad, pero sin que ello signifique que haya más desapariciones, violencia e impunidad, “cuáles son los compromisos que asumen los candidatos para abordar las tremendas y enormes demandas de Justicia que tiene México”.

Entrevistado aparte, el Fiscal General de Justicia de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez aseguró que ya ha tenido contacto con Consuelo Morales, directora de Ciudadanos en Defensa a los Derechos Humanos (Cadhac), con quien aseguró que trabajará de la mano

“Vamos a seguir apoyándolos desde una fiscalía especializada en desaparecidos, también se va a continuar con esta lucha que ellos y otros grupos y colectivos tienen”, declaró el Fiscal.

Posta
José Miguel Vivanco
Monterrey, Nuevo León
Martes 1 de mayo de 2018.


El crimen organizado aparece como un factor desestabilizador en las próximas elecciones


La llegada al poder de Enrique Peña Nieto y del PRI en 2012 suponía el aterrizaje de una vigorosa juventud de tecnócratas moviéndose en el cuerpo de un veterano partido con ocho décadas de vida. El único capaz de poner orden en el crimen organizado y con operadores hábiles para pacificar la sangría que precedía la etapa de Felipe Calderón (2006-2012). La realidad es que seis años después la violencia es aún peor. Está más extendida y hay más muertos, más carteles, más armas y más droga en el mercado. Con más de 29.000 muertos, 2017 fue el año más violento de las últimas dos décadas.

Según las encuestas, la inseguridad, corrupción y economía son los tres problemas que más preocupan a los mexicanos. Pero no siempre fue así. Los veteranos recuerdan que antes, las campañas y los debates, giraban en torno a la pobreza.

Las propuestas para acabar con la violencia marcan la actual campaña, en la que uno de los candidatos, el líder en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, ha sugerido una amnistía a los implicados en crímenes relacionados con el narcotráfico y en la que el resto de los candidatos plantea, de una u otra manera, continuar con las políticas actuales que, reconocen, fallidas. Estos son algunos de los factores relacionados con la violencia que influirán en las elecciones del 1 de julio.

La lucha por el territorio. La salvaje irrupción de un nuevo actor

Siete carteles se reparten el territorio mexicano: los de Sinaloa y Jalisco Nuevo Generación (CJNG) son los más fuertes, según el estudio publicado en febrero por el centro de análisis InSight Crime. Sin embargo, en Estados como Guerrero hay has más de 70 filiales de los grandes carteles, algunos casi familiares, peleándose por la plaza.

Territorialmente hay restos del cartel de los Beltrán Leyva en Guerrero, en Sinaloa y Sonora (Norte). Fragmentos de Los Zetas y del Golfo se disputan el negocio en Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí y Los Guerreros Unidos y Los Rojos dominan Guerrero y Morelos. Sin embargo, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es el de más rápido crecimiento ante la debilidad de Sinaloa y Los Zetas. Actualmente tiene presencia en ocho Estados (Colima, Veracruz, Michoacán, Quintana Roo, Tabasco, Nayarit, Guanajuato y el Estado de México) y es el que controla más territorio, según la Fiscalía General del Estado.

Del ‘Chapo’ Guzmán a El Mencho

Tras la extradición de Joaquín El Chapo, Guzmán, varios nombres se disputan el liderazgo del narcotráfico continental. Recientemente Estados Unidos incluyó a Rafael Caro Quintero como uno de los diez hombres más buscados del FBI, por quien ofrece 20 millones de dólares. Caro Quintero, de 65 años, fue liberado por un juez mexicano en 2013 y desde un lugar oculto ha negado dirigir el cartel de Sinaloa. Pero el hombre emergente que más se equipara a El Chapo, tanto en poder de fuego como en su capacidad para imponer el terror, es Nemesio Oseguera, alias El Mencho, jefe del cartel Jalisco Nueva Generación.

Ejército y policías desplegados

A la violencia reinante hace frente un ejército que opera desde hace 12 años sin formación ni un mandato claro para encarar la guerra irregular que libra. De los 214.000 soldados con los que cuenta el Ejército mexicano hay 52.000 desplegados de Norte a Sur del país en Estados como Michoacán o ciudades como Cancún. Los estudios demuestran que allí donde toma las calles, aumenta la violencia.

Paralelamente, el Estado cuenta con casi medio millón de agentes para hacer frente al crimen organizado. En México hay otros 213.000 policías estatales, 163.00 municipales, ampliamente penetrados por el narco. Solo diez de los 32 Estados pagan más de 550 dólares mensuales a los agentes, según datos de la organización social Causa en Común. Ante la putrefacción, un viejo dicho señala que “el tamaño de la violencia de un lugar es del mismo tamaño que su policía”. La creación de un nuevo cuerpo, la Gendarmería, con 40.000 efectivos mejor preparados y pagados, que se suman a los 37.000 policías federales ya existentes, ha resultado ineficaz.

Los vínculos con las autoridades

La penetración del crimen organizado entre los agentes no es la única. En los últimos años se han podido comprobar los vínculos con las autoridades, que van desde políticos locales a jueces, fiscales o gobernadores. Uno de los casos más significativos de este sexenio ha sido el del exgobernador de Tamaulipas (1999-2004) por el PRI, Tomás Yarrington, acusado de tráfico de drogas, extorsión, lavado de dinero, fraude bancario, posesión de sustancias controladas y colaborar con el cartel del Golfo. Un testigo protegido lo acusó en 2012 de lavar dinero para Los Zetas. Además, el pasado año, fue detenido el fiscal de Nayarit, acusado de traficar drogas hacia Estados Unidos.

El dinero, un flujo que no se detiene

Expertos en seguridad calculan que cada año entran al país desde Estados Unidos entre 30.000 y 40.000 millones de dólares fruto del tráfico ilegal de narcóticos, personas o recursos naturales. El crimen organizado mueve el doble de dinero de lo que ingresa el país, 21.000 millones de dólares, en concepto de remesas, una de las tres fuentes de ingresos del país junto al turismo y el petróleo. En combatirlo, el Estado gasta anualmente 57.000 millones.

Al tráfico de drogas, los carteles añaden otros negocios como la trata de personas, el robo de hidrocarburos o la explotación de minas, madera o animales, que deja tanto dinero como la cocaína. Según Naciones Unidas, la marihuana es la droga que más dinero reparte. Cada vez se cultiva más fácil y hay más consumidores.

Menos encarcelados y condenados

Cada vez llegan menos presos a la cárcel y hay menos gente tras las rejas, unas cifras que contrastan con la realidad violenta que se vive en el país. En 2013 ingresaron en prisión 22.500 personas y en 2015 unas 13.500. Un año después, en 2016, hubo la mitad de encarcelados, unos 7.000, y al año siguiente la mitad, menos de 4.000. La caída de las condenas es de un 65%, según datos oficiales.

Según los gobernadores, es consecuencia de la entrada en vigor del nuevo Sistema Penal, pero su expresión más evidente es que a más muertos, menos encarcelados. Paralelamente la población carcelaria se ha reducido casi un 30%. En 2013 había 40.00 encarcelados y en 2017 menos de 29.000. En los últimos dos años fueron liberados unos 7.000 presos, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo código penal.

El año pasado la policía estadounidense se incautó de un 20% más de droga que 2016, lo que podría significar una mayor eficacia policial responde a un incremento en la producción de cocaína, principalmente, y marihuana. A ello se suman el aumento en la demanda de otras drogas como el fentanilo o la heroína, cuyas incautaciones aumentaron un 80%, según la oficina antinarcóticos de EE UU (DEA). Paralelamente aumentan la superficie dedicada en México al cultivo de amapola. El ejército detectó el año pasado 28.000 hectáreas frente a las 22.000 de 2016.

Armas, una cada ocho personas

Cada año más de 253.000 armas de fuego pasan de Estados Unidos a México y el 56% de ellas habrían participado en alguno de los 57.000 homicidios cometidos en México entre 2013 y 2016, según la Oficina estadounidense de Rendición de Cuentas de Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés). La académica Magda Coss, eleva la cifra y considera que diariamente pasan ilegalmente 2.000 armas a México, según la autora del libro Tráfico de armas en México (Grijalbo).

Sin embargo, ambos coinciden en que hay 15 millones de pistolas y rifles circulando por el país ilegalmente, un arma por cada ocho personas, incluyendo niños y ancianos. En el bando de enfrente, el trabajo de las autoridades por desarmar a la población deja un pobre balance. Durante el sexenio de Peña Nieto el Ejército se ha incautado de 32.000 armas -cada vez más potentes- entre las que se incluyen miles de granadas, cohetes RPG o fusiles Barret capaces de atravesar el blindaje o derribar un helicóptero militar como sucedió en 2015 en Jalisco.

El País
Jacobo García
Ciudad de México
Domingo 29 de abril de 2018.

La violencia se ceba con los políticos en México

El país se enfrenta a la elección más grande de su historia, además de presidente, el próximo 1 de julio se elegirán 500 congresistas y 3.000 cargos locales. Alcaldes, candidatos, regidores y aspirantes a diputado local han sido asesinados desde que comenzó el proceso electoral.

La campaña para las elecciones presidenciales del 1 de julio en México comenzó a finales de marzo, pero la violencia que padece México se infiltró en la campaña electoral mucho antes. Desde que comenzó el proceso en septiembre del año pasado -con la evaluación de los gastos y la presentación de aspirantes- se ha documentado un goteo de asesinatos de políticos en activo y aspirantes a cargos locales por todo el país. Hasta mediados de abril deja un balance de 64 muertos. La campaña todavía no ha terminado, pero se habla ya de la más sangrienta de su historia.

Claudio Merino Pérez, de 38 años precandidato alcalde de Jamiltepec (Oaxaca) por el Partido Movimiento Ciudadano, fue asesinado el 6 de septiembre de 2017 con 23 balazos cuando se encontraba en el centro de estética de su esposa. Unos sicarios entraron en el establecimiento y dispararon a bocajarro antes de huir. Su caso encabeza la macabra lista que recoge el Tercer Informe de Violencia Política en México, que hace visible el reguero de muertos durante estos siete meses.

“Va a un promedio de un asesinato de un candidato cada cuatro o cinco días”, ha dicho recientemente el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que ha considerado que “eso es un margen de violencia absolutamente inaceptable en un proceso electoral”. El mes más sangriento fue diciembre, con 13 muertos, en particular la última semana del año, coincidiendo con el periodo de Navidad. En octubre y febrero se registraron 10 asesinatos. Después, los meses con más víctimas políticas fueron enero (9), marzo (8), noviembre (7), septiembre (4) y abril (3).

Casi todos los Estados se han visto salpicados por la violencia contra los aspirantes, que además también han denunciado ataques en los que han resultado herido ellos, miembros de sus familias o sus equipos. Geográficamente los asesinatos de candidatos se concentran sobre todo en Guerrero (16), el estado donde operan sanguinarios cárteles de la droga enfrentados por el control del territorio. Les siguen Oaxaca y Puebla (8), Veracruz (7) y Jalisco (4). Los crímenes relacionados con la campaña también llegaron al Estado de México (3) al igual que en Hidalgo y Michoacán. En este periodo Guanajuato, Chihuahua, Colima y Durango registraron dos asesinados respectivamente y Chiapas, San Luis de Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas.

Por partidos políticos, tanto los principales como los independientes han sufrido bajas en sus filas. El gubernamental Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha perdió a 22 miembros; el Partido de la Revolución Democrática (PRD) más de una docena y nueve el Partido Acción Nacional PAN. Pero esto no acaba aquí. Los expertos prevén que a medida que se acerquen las elecciones aumenten los homicidios vinculados con la política, que en ocasiones también están relacionados con cuentas pendientes relacionadas con la corrupción o el narco.

El País
Pablo Ferri
Elvira Palomo
David Alameda
Ciudad de México
Sábado 28 de abril de 2018.

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