Tres integrantes de una familia fallecieron en el fuego cruzado entre militares y delincuentes el pasado marzo

La Marina reconoció este viernes su responsabilidad en la muerte de tres integrantes de una familia que circulaba por una carretera de Tamaulipas al momento de un encarnizado enfrentamiento entre militares y delincuentes.

"Se llevarán a cabo todas las acciones correspondientes para proporcionar tanto la ayuda como la reparación integral a los afectados en cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Víctimas", dijo el ministerio de Marina en un comunicado.

La institución agregó que "lamenta profundamente los hechos en los que civiles perdieron la vida y reitera su más sentido pésame a sus familiares".

El incidente ocurrió durante la noche del 24 al 25 de marzo en una autopista de Nuevo Laredo, cuando los seis integrantes de una familia, dos adultos y cuatro niños, atravesaron en medio de un enfrentamiento entre delincuentes.

El automóvil de la familia habría recibido impactos de bala desde un helicóptero militar, resultando muertas la madre y dos niños, mientras que el padre y otro infante quedaron lesionados. Otra niña que viajaba en el vehículo resultó ilesa, detalló, por su parte, un funcionario de la fiscalía general en una conferencia de prensa.

"En un contexto de enfrentamiento se localizaron más de tres mil elementos balísticos provenientes de armas de diferentes calibres, desde armas cortas, armas largas y armas de alto poder de uso exclusivo de las fuerzas armadas", precisó Anselmo Apodaca, jefe de peritos de la fiscalía mexicana.

Tamaulipas, en el noreste del país, es una de las regiones más afectadas por la violencia ligada al narcotráfico, en donde los bloqueos de vías, así como los enfrentamientos armados en avenidas y centros comerciales a plena luz del día, son comunes.
México es sacudido por una creciente ola de violencia que se inició a finales de 2006, cuando el gobierno lanzó una polémica ofensiva militar para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

Desde entonces, más de 200 mil personas han muerto, según cifras oficiales que no precisan cuántas de esas víctimas están vinculadas al combate a la criminalidad.

AFP
Ciudad de México
Sábado 7 de abril de 2018.


El fiscal de Tamaulipas anuncia la aprehensión de seis hombres por la ejecución de Carlos Domínguez en enero

La fiscalía mexicana anunció ayer la detención de seis hombres por el asesinato del periodista Carlos Domínguez el 13 de enero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el norte del país. Tres de los seis son o han sido periodistas. Ningún caso ilustra mejor la podredumbre de las relaciones entre el poder y la prensa en México. Periodistas asesinos y periodistas víctimas.

Irving Barrios, fiscal del Estado de Tamaulipas, informó de las detenciones en la sede de la Procuraduría General de la República, en Ciudad de México. Lo hizo acompañado del titular de la Fiscalía Especial en Atención a los Delitos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez. Ambas dependencias colaboran en la investigación. Barrios dijo que dos de los seis, presentados como Adrián y David, fueron los autores materiales del asesinato. Los otros cuatro, entre ellos los tres periodistas, se encargaron de planearlo.

Una fuente de la investigación consultada por EL PAÍS explica que el sexto detenido es Rodolfo Alfredo Cantú García, sobrino del exalcalde de Nuevo Laredo, Carlos Canturosas Villarreal. Canturosas estuvo a cargo del ayuntamiento de 2013 a 2016 bajo las siglas del Partido de Acción Nacional, PAN, de derecha. El político dejó recientemente el PAN y se incorporó a Morena, la formación de izquierda del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Canturosas es la apuesta de Morena a la alcaldía de la ciudad.

El fiscal Barrios ha indicado que los investigadores revisaron el último año de trabajo de Domínguez, 120 textos donde aparecen numerosas críticas al exalcalde Canturosas. Sin mencionarlo directamente, el jefe de los investigadores ha sugerido que la revisión del trabajo de Domínguez ha sido esencial en las pesquisas.

De los periodistas involucrados, la fuente consultada por este diario ha explicado que todos habían trabajado en medios locales. Actualmente, dos laboran juntos en su propia página. El tercero "realiza labores de asesoría en materia de periodismo, relación con medios".

Las autoridades detuvieron a los sospechosos entre Tamaulipas y el Estado de Zacatecas, en el centro del país. La investigación sigue abierta.

Carlos Domínguez fue el primer periodista asesinado en México en 2018. Tenía 69 años. El sábado 13 de enero, a eso de las tres de la tarde, el reportero conducía su carro por Nuevo Laredo en compañía de su hija. Llegó a la avenida Morelos y en un stop, un alto, se detuvo. Fue entonces cuando dos o más personas se le acercaron, abrieron la puerta del vehículo y le acuchillaron hasta en 24 ocasiones. Domínguez murió poco después.

Al saber de su muerte, la organización Artículo 19, que denuncia y documenta ataques a la libertad de expresión, recordó en un comunicado que Domínguez había desarrollado su carrera en el Diario de Nuevo Laredo y más tarde en El Horizonte de Matamoros. "Ahí abordó durante los meses recientes la pugna política en Tamaulipas de cara a las elecciones de las 43 cabeceras municipales", reza el comunicado.

Artículo insistía en que Tamaulipas es una zona silenciada, una región en que el ejercicio del periodismo supone un riesgo muy alto. De 2000 a la fecha, 14 periodistas han sido asesinados en el estado, sólo por debajo de Veracruz, con 25 casos.

Solo este año, tres periodistas han sido asesinados en México. El año pasado fueron 12 y el anterior 11.

Condena por el asesinato de Moisés Sánchez

La fiscalía de Veracruz informó ayer también de la condena a 25 años de dos de los asesinos del periodista Moisés Sánchez en Medellín, Veracruz, en enero de 2015. Sánchez fue uno de los reporteros asesinados durante el mandato de Javier Duarte, gobernador priista, actualmente en prisión acusado de delincuencia organizada.

El 2 de enero de 2015, sujetos armados irrumpieron en el domicilio de Sánchez y se lo llevaron a la fuerza. Dos semanas después, el 25 de enero, las autoridades encontraron el cuerpo a unos kilómetros de allí, muy lastimado, degollado.

Desde el principio se señaló a la policía municipal y al alcalde del municipio, Omar Cruz, del PAN. Los dos condenados ahora eran justamente policías municipales.

Sánchez era un periodista artesanal. Editaba su propio medio, La Unión, muy crítico con el alcalde Cruz. Su hijo, que estos años ha ejercido de portavoz de la familia, siempre apuntó la venganza del alcalde como móvil de la desaparición de su padre y posterior asesinato.

El País
Pablo Ferri
Ciudad de México
Sábado 31 marzo 2018.


Ciudad de México.- Habitantes de Villalta, en Tepetitla, intentaron linchar a cuatro hombres que asaltaron una tienda de conveniencia en Texmelucan, Puebla, y quienes, tras una persecución con policías, se resguardaron en una vivienda de esa comunidad tlaxcalteca.

Luego de que los supuestos delincuentes fueron detenidos por policías municipales y estatales, lugareños lograron retenerlos y golpearlos.

Después, la turba entró a la vivienda con el número 15 de la Calle Vicente Guerrero, donde hallaron 20 paquetes de mariguana, así como vehículos presuntamente utilizados para delinquir, a los que les prendieron fuego.

De acuerdo con reportes policiales, el 911 recibió la alerta del asalto en Texmelucan y de la persecución con dirección a Tlaxcala, por la zona limítrofe.

Los supuestos ladrones se ocultaron en la vivienda, donde estaba una mujer, y ahí fueron capturados por los agentes.

Los vecinos se concentraron en el sitio, mientras que policías inspeccionaron el domicilio, de donde sacaron armas y mochilas presuntamente con dinero.

Al acusar a los policías de intentar encubrir a los detenidos, los pobladores quisieron evitar que se los llevaran.

“Quémenlos, quémenlos, ya no queremos más delincuentes”, arengaban los vecinos.

Molestos, golpearon a los detenidos, lanzaron piedras a la patrulla en la que fueron trasladados, y quemaron los cuatro automóviles y los 20 paquetes de mariguana, cada uno de 15 kilogramos aproximadamente, asegurados.

“Esto es una advertencia para la delincuencia, que no vengan más por aquí porque no va a haber perdón para ellos”, apuntó una mujer.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) reportó la captura de cuatro hombres identificados como Eduardo N., Jorge Luis N., Marcos N., y Néstor N., de 18, 19, 18 y 24 años, quienes supuestamente se dedican a la venta de ropa americana.

Tras el intento de linchamiento, de la quema de droga y vehículos, los habitantes cerraron la carretera libre Tepetitla-Texmelucan para exigir más seguridad.

Los inconformes aseguraron que en el municipio son frecuentes los asaltos y robos a viviendas.

Acusaron a los policías estatales, dirigidos por la delegada de Ixtacuixtla, Rosario Xochicale, de ser cómplices de las bandas delictivas que operan en la zona, dedicadas al asalto, venta de droga y robo de combustible.

“Ya estamos hartos y si no ponemos un alto ahorita van a seguir pisándonos, no vamos a permitir que los estatales y los municipales vengan a hacer lo que quieran, principalmente la delegada de Ixtacuixtla, que dé la cara, que se venga a parar acá sino tiene nada que ver”, soltó un hombre ante policías federales que intentaron mediar el conflicto.

El control de la zona lo tomaron elementos del Ejército Mexicano, adscritos a la 23 Zona Militar, debido a que la población se opone a la operación de agentes estatales y municipales por presuntos vínculos con el crimen.

Reforma
Ciudad de México
Domingo 25 marzo de 2018.


Después de haber sido secuestrado por 11 días, Juan Ojeda González fue asesinado con el tiro de gracia


Después de haber sido secuestrado por 11 días, el ex alcalde del municipio poblano de Zihuateutla, Juan Ojeda González, fue asesinado con el tiro de gracia.

El 4 de marzo fue secuestrando al momento de salir de su ferretería ubicada en el municipio de Espinal, Veracruz y sus captores demandaron 10 millones de pesos como rescate.

Pese a las negociaciones para salvarlo, este jueves el ex munícipe fue hallado con signos de torturara y atado de pies y manos en terrenos baldíos del rancho "El Matadero".

Tras el hallazgo, agentes del Ministerio Público hicieron el levantamiento de cadáver y horas más tarde, se constató que era el ex alcalde de Zihuateutla.

Ojeda González se desempeñó como edil de 2011 a 2014; su hijo, Abimael Ojeda Iglesias, es actual candidato del PAN a la presidencia municipal.

En sus redes sociales, la Fiscalía General del Estado de Puebla reiteró que el secuestro ocurrió en Veracruz, pero se trabaja coordinadamente con esas autoridades para esclarecer el secuestro y asesinato.

El Universal
Puebla/Veracruz
Viernes 16 marzo 2018.

  1. En el documento “Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos explica que los individuos detenidos presentaron lesiones físicas que son compatibles con tortura

  2. La ONU señaló que la investigación se basó en documentos oficiales y entrevistas.

 

En la primera etapa de la investigación del caso Ayotzinapa, elementos federales torturaron y sometieron a tratos inhumanos y degradantes a 34 personas detenidas, concluye un informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

El organismo analizó los casos y entrevistó a 33 hombres y una mujer relacionados con los hechos registrados el 26 y 27 de septiembre de 2014, y aseguró que “cuenta con fuertes elementos de convicción de que dichas personas habrían sido sometidas a tortura, así como a otras violaciones de derechos humanos, entre septiembre de 2014 y enero de 2016”.

“El propio expediente judicial provee una amplia evidencia de estas presuntas violaciones a los derechos humanos. En todos los casos analizados, los individuos presentaron numerosas lesiones físicas, certificadas por exámenes médicos, que son compatibles con lesiones resultado de tortura.

"Los hallazgos encontrados a partir del expediente corroboran las declaraciones de las 34 personas detenidas entrevistadas por la Oficina”, señala el documento “Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”.

La ONU-DH precisó que los detenidos fueron sometidos a golpes, patadas, toques eléctricos, vendaje de ojos, intentos de asfixia, agresiones sexuales y diversas formas de tortura psicológica por personal de la PGR, principalmente de la SEIDO y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como elementos de la Policía Federal y de la Secretaría de Marina.

“En varios casos habría amenazas de violación sexual a las mujeres familiares de las personas detenidas”, destacó.

Además, la Oficina del Alto Comsionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México subrayó que existe una serie de declaraciones autoinculpatorias “libres y espontáneas hechas por los detenidos al ante los elementos aprehensores.

Ante los hallazgos, la ONU-DH pidió a la PGR realizar “en un plazo razonable, las investigaciones correspondientes a identificar a los responsables de las detenciones arbitrarias, los actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos descritos en el informe”.

La ONU señaló que la investigación se basó en documentos oficiales y entrevistas.

De anularse esas 34 declaraciones, la versión oficial de la desaparición de los 43, calificada por el exprocurador Jesús Murillo Karam como “verdad histórica”, quedaría sin fundamento al estar basada, fundamentalmente, en esos testimonios.

Esa tesis sostiene que después de que los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa fueran atacados el 26 de septiembre de 2014 por policías locales en la localidad de Iguala, al sur de México, que los entregaron a un grupo del crimen organizado, el cual los quemó en un basurero y tiró sus restos a un río cercano.

Un grupo de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que trabajaron durante un año en el país ya había desmentido en 2016 esta versión, porque a su juicio carecía de pruebas científicas que la sustentaran. Ellos habían encontrado que al menos 17 de los detenidos habían sido torturados. Ahora la ONU eleva el número de casos y aporta nuevas evidencias.

Las autoridades federales no han comentado sobre el reporte de la ONU, aunque hace un par de semanas dijeron ante la Comisión Interamericana que de todas las denuncias de tortura sólo dos casos habían arrojado resultados positivos.

AP
El Universal
Emanuel Espino
Ciudad de México
Jueves 15 de marzo 2018.


Hubo 25.339 homicidios, cifra inédita en dos décadas que supone aumento del 18,91 % respecto a 2016.

La violencia desplegada por los carteles del narcotráfico y materializada en hechos cada vez más espeluznantes contra sus propios rivales, civiles y periodistas debería ser el tema que delinee, muy por encima del resto, la actual campaña presidencial de México. Porque hasta ahora no se ha visto.

Al hacer un barrido por varios diarios del país, tras la publicación del más reciente informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que asegura que México cerró el 2017 con 25.339 homicidios dolosos, la cifra más alta registrada en los últimos 20 años (18,91 por ciento de aumento respecto al 2016), las portadas les siguen dando mayor despliegue a las discusiones entre los precandidatos sobre si pagar o no el muro que pide Donald Trump o las nuevas propuestas para activar la economía, sin mencionar una agenda específica de seguridad pública que detenga esa desenfrenada ola de violencia.

Pero ¿a qué se debe este incremento súbito en el número de homicidios en el país? “Por un lado, la estrategia contra las bandas criminales ha tenido sus límites en el sentido de que esta desarticulación se enfoca en los liderazgos, pero no en los subgrupos que resultan de las dislocaciones de estos carteles. En este sentido, tienes más grupos contendiendo por las rutas del tráfico de drogas, y junto con esta lógica de dislocación de los grupos, que se vuelven más violentos y generan mayor nivel de daño social, tienes una ola de robos, secuestros e incluso feminicidios. Hay una descomposición en términos tanto del Estado de derecho como en la fragilidad de las instituciones para hacer frente a los grandes retos del país”, explicó para EL TIEMPO Yadira Gálvez Salvador, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Para la organización no gubernamental Semáforo Delictivo, el 75 por ciento de esos homicidios fueron ejecuciones del crimen organizado, relacionados con la lucha de ‘plata y plomo’ por el control de territorios. 2017 cerró con 18.989 ejecuciones del crimen organizado, un alza de 55 por ciento con respecto al año anterior.

Pero además de los homicidios, aumentaron todas las modalidades de crímenes incluidas en el informe del SESNSP: los secuestros, cifrados en 1.148, crecieron un 1,48 por ciento respecto a 2016; las extorsiones (5.649), un 6,76; los robos de vehículos con violencia (63.179), un 28,53 por ciento y los robos de vehículos sin violencia (123.717), un 5,73.

Según Erubiel Tirado, académico de la Universidad Iberoamericana, “existe un fracaso en la perspectiva de la estrategia de seguridad, por un modelo que no ha variado un ápice en los últimos 15 años”.

En el país aún sigue vivo el debate por la reciente Ley de Seguridad Interior promovida por Enrique Peña Nieto, la cual despierta inquietudes en organizaciones civiles porque perpetúa la presencia de los militares en las calles. Lejos de proponer una “solución real en materia de inseguridad, la norma actual implica una agenda que permite perpetuar las estrategias punitivas y, además, abre otras cuestiones relacionadas con la privacidad y la transparencia”, remarca Tirado.

En comparación con los gobiernos anteriores, “el de Peña Nieto ofreció un cambio en la forma en que se venía enfrentando a la delincuencia. Ofreció mayor inteligencia, menor visibilidad de las operaciones, en el sentido de menor presencia en las calles, en sí, una lógica de más inteligencia y operaciones precisas y quirúrgicas, pero ¿qué pasó en el camino? En realidad, la lógica se siguió yendo por lo que ya se hacía. Al mismo tiempo, los programas de prevención de la violencia en las áreas más desprotegidas se quedaron sin recursos, pero sobre todo porque el enfoque siguió siendo el mismo que venía heredado de la administración de Felipe Calderón”, agregó Gálvez.

Las cifras se dan a conocer cuando el país está volcado en un proceso electoral de cara a los comicios del primero de julio, en los que se elegirá al nuevo presidente, además de diputados, senadores, gobernadores y el jefe del gobierno de Ciudad de México. Analistas consideran que las miradas van a estar centradas en otros frentes, menos en el de la seguridad.

“Las campañas presidenciales no parecen evidenciar el importante crecimiento de la violencia porque dos de los partidos han sido autoridad y ninguno ha logrado detener dicho crecimiento. Los candidatos buscarán minimizar ese factor, aunque sea un tema central para los ciudadanos. Sin embargo, a nivel estatal y local es posible que veamos hechos de violencia en lugares donde el crimen organizado tratará de influir electoralmente”, explicó Khemvirg Puente Martínez, coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.

Para este politólogo, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), gobernantes en los últimos 18 años, no han logrado detener el aumento del crimen, mientras que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y algunos personajes cercanos a la izquierda mexicana fueron cooptados por el crimen y, como en el caso de Iguala y los jóvenes de Ayotzinapa (desaparecidos), se asocia a algunas figuras del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que fueron apoyados por el ahora candidato de Morena y líder en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador.

“El narcotráfico es un lastre para todos los partidos porque no hay una organización que esté blindada y, por ello, no les conviene hacerlo un tema central de las campañas”, concluye Puente Martínez.

Por la misma vía se encuentra Juan Cruz Olmeda, director del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, quien opinó que “aunque todos (los precandidatos) han sido parcos al respecto, López Obrador es el único que ha planteado ideas nuevas para atacar los carteles de la droga. Pero sin duda, el tema de la seguridad pública tendrá que tocarse en campaña”, dijo.

El Tiempo
Andrés Ruiz
@ruizandress
Ciudad de México
Domingo 28 enero 2018.


     MEXICO, 27 ene (Xinhua) -- Al menos dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas en un ataque a tiros a empleados y clientes de un bar localizado en el estado oriental mexicano de Veracruz, informaron hoy fuentes policiales.

     De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió a las primeras horas de este sábado en el centro nocturno "La Bartola", en la ciudad de Xalapa, capital de Veracruz.

     Las víctimas fueron identificadas como José Ignacio "N", de 28 años, quien se desempeñaba como músico del lugar, y José Antonio "N", de 36 años, agente de seguridad del centro nocturno.

     Entre los heridos se encuentran Estefany "N", de 32 años, la cual se encuentra grave debido a que recibió una decena de impactos de bala.

     También resultaron lesionados los músicos José Angel "N", de 28 años, Isaac Orlando "N", de 33 años, así como Edgar "N", de 28 años y vigilante del lugar.

     De acuerdo con la Policía mexicana, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, y el cártel del Golfo se disputan el control territorial en Veracruz, lo que ha ocasionado diversos enfrentamientos armados.

     La pugna del crimen organizado es por el control para el paso de drogas y migrantes, la extorsión y el secuestro en una entidad con alta producción agropecuaria y petrolera, debido a que cuenta con uno de los puertos de carga más importantes del país.


El fronterizo estado de Chihuahua es el epicentro de una 'narcodisputa' que ha dejado al menos 32 asesinatos

La violencia no cesa en México. Una ola de enfrentamientos entre células del crimen organizado ha dejado más de 50 muertos en varios estados del país norteamericano, según afirman múltiples reportes de la prensa nacional. La lucha de facciones criminales por el control de Chihuahua (norte, Estado fronterizo con Estados Unidos) se ha cobrado la vida de al menos 32 personas entre la noche del jueves y la noche del viernes.

Chihuahua es el epicentro de una disputa por el control de puntos de venta de drogas al menudeo entre el Cartel de Juárez y el Cartel de Sinaloa, liderado anteriormente por Joaquín El Chapo Guzmán, hoy preso en EE UU. La fronteriza Ciudad Juárez, que ha estado asolada por años por la violencia y una crisis de feminicidios que se ha extendido por casi tres décadas, ha contabilizado 23 homicidios. En la capital del Estado norteño, Chihuahua, se han registrado otros siete, mientras que en Ciudad Cuauhtémoc y Bocoyna se produjo una muerte, de acuerdo con el periódico La Jornada. Cinco de las víctimas eran mujeres y la mayoría pertenecía al grupo de los Mexicles, leal al cártel de Sinaloa, o al de los Aztecas, fiel al cartel de Juárez, han desvelado las autoridades estatales.

En el Estado de Veracruz, que bordea el golfo de México, hubo seis asesinatos, entre ellos cinco cuerpos desmembrados que fueron hallados en la madrugada del viernes. Los cadáveres fueron abandonados en un taxi dentro de bolsas negras. Las cabezas de las víctimas aparecieron sobre el maletero del coche junto a un mensaje del Cártel Jalisco Nueva Generación, en el que se adjudicaba el asesinato múltiple.

En Coahuila, en el norte del país, se encontraron tres personas asesinadas en un tramo carretero que une las ciudades fronterizas de Piedras Negras y Nuevo Laredo. Hubo cinco asesinatos más en los estados de Guerrero y Oaxaca, al sur del país, y otros cinco más en Guanajuato e Hidalgo, en la zona centro. San Luis Potosí registró otra muerte violenta más. De consolidarse la cifra de incidentes entre grupos criminales, este sería el segundo día más violento de los últimos 12 meses, solo superado por el pasado 23 de junio, cuando hubo 58 asesinatos, refiere el periódico Milenio.

México cerró 2017 como el año más violento del que se tiene registro. El país registró 26.573 asesinatos entre enero y noviembre del año pasado, según datos oficiales. Los especialistas esperaban que se rompiera con facilidad el techo de muertes violentas marcado en 2011. En ese año hubo 27.199 homicidios, mientras el país libraba uno de los episodios más violentos de la guerra contra el narco impulsada por el entonces presidente Felipe Calderón.

El País
Ciudad de México
Sábado 6 de enero de 2018.


Activista y dirigente local de partido Movimiento Ciudadano es asesinado en oeste de México

México, 26 dic (Xinhua) -- Un activista y dirigente local del partido Movimiento Ciudadano (izquierda) fue asesinado en un camino de la costera municipalidad de La Huerta, estado de Jalisco (oeste), informó este martes el instituto político.

El cuerpo de Salvador Magaña fue hallado el 24 de diciembre pasado en la carretera 80 en las inmediaciones del poblado de El Totole, en la municipalidad localizada en la costa del Pacífico de Jalisco.

Magaña, un defensor de las playas de la región y coordinador de Movimiento Ciudadano en La Huerta desde 2015, aparentemente falleció a consecuencia de heridas por arma blanca.

En un comunicado, el partido político expresó su indignación por la muerte de Magaña y llamó a las autoridades a esclarecer el crimen.

El ayuntamiento de La Huerta lamentó el fallecimiento del dirigente local y recordó que fungió dos veces como regidor de la municipalidad, primero en el periodo 1997 a 2000 y posteriormente de 2012 a 2015.

Por su parte, el diputado federal con licencia por Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, señaló que Magaña fue víctima de un asesinato "a sangre fría” después de que se reportó que había sido privado de la libertad desde el 23 de diciembre.

"Salvador fue un líder social y un defensor de derechos muy importante”, destacó Castañeda, ex coordinador de la bancada de su partido en la Cámara de Diputados, a través de un video que difundió en sus redes sociales.

Xinhua
Ciudad de México
Martes 26 noviembre 2017.

   
Ciudad de México.- De enero a noviembre, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contabilizó 23 mil 101 carpetas de investigación por homicidio doloso.

Esta cifra supera el récord de 2011, cuando se registraron 20 mil 707 incidencias en ese mismo periodo y 22 mil 409 en todo ese año.

Con respecto al mismo periodo de 2016, los homicidios dolosos también reportaron un incremento del 23.38 por ciento.

Los estados que reportaron un incremento crítico de homicidios con respecto al año pasado son Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

En cuanto a tasas de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes, Colima continúa en la cima con 83.31, seguido de Baja California Sur que pasó de tercer al segundo lugar en la lista nacional con una tasa de 61.62.

En tercer lugar se ubica Guerrero con 58.60, en cuarto Baja California con 53.42 y en quinto Sinaloa con 40.96.
   
En cuanto a los homicidios por mes, noviembre reportó 2 mil 212 denuncias en todo el País, 168 menos que octubre cuando reportó la cifra mensual más alta en homicidios desde 1997.

En cuanto a los secuestros, las Procuradurías o Fiscalías estatales iniciaron mil 054 averiguaciones previas o carpetas de investigación, 30 casos más que en el mismo periodo de 2016.

En lo que se refiere a las tasas de secuestro por cada 100 mil habitantes, Zacatecas está a la cabeza con 4.0, Tamaulipas con 3.51, Tabasco con 2.96 y Veracruz se colocó en el cuarto lugar con 1.97.

En quinto figura Morelos con 1.88 y en sexto Guerrero con 1.72 casos por cada 100 mil habitantes.

El robo con violencia también se desató en el país con un incremento del 37 por ciento al pasar de los 154 mil 588 casos a los 212 mil 850 entre enero y noviembre de 2016 y 2017, respectivamente.

En lo que se refiere el robo de autos con violencia, este delito escaló en un 41 por ciento a nivel nacional.

Sólo entre enero y noviembre de 2017 se reportaron 57 mil 787 denuncias en ese rubro, de los cuales 24 mil 051; es decir, el 41 por ciento, se registraron en el Estado de México.

En cuanto a las tasas por el delito de robo de vehículo con violencia por cada 100 mil habitantes la encabeza por mucho el estado de México, encabezado por Alfredo del Mazo, con 138.52 robos por cada 100 mil habitantes.

Le siguen Sinaloa con 109.29; Guerrero con 67.42; Jalisco con 61.19 y Morelos con 54.08 de tasa.

Reforma
Benito Jiménez
Ciudad de México
Domingo 24 diciembre 2017.

Página 1 de 5

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

Síguenos en Twitter