El fronterizo estado de Chihuahua es el epicentro de una 'narcodisputa' que ha dejado al menos 32 asesinatos

La violencia no cesa en México. Una ola de enfrentamientos entre células del crimen organizado ha dejado más de 50 muertos en varios estados del país norteamericano, según afirman múltiples reportes de la prensa nacional. La lucha de facciones criminales por el control de Chihuahua (norte, Estado fronterizo con Estados Unidos) se ha cobrado la vida de al menos 32 personas entre la noche del jueves y la noche del viernes.

Chihuahua es el epicentro de una disputa por el control de puntos de venta de drogas al menudeo entre el Cartel de Juárez y el Cartel de Sinaloa, liderado anteriormente por Joaquín El Chapo Guzmán, hoy preso en EE UU. La fronteriza Ciudad Juárez, que ha estado asolada por años por la violencia y una crisis de feminicidios que se ha extendido por casi tres décadas, ha contabilizado 23 homicidios. En la capital del Estado norteño, Chihuahua, se han registrado otros siete, mientras que en Ciudad Cuauhtémoc y Bocoyna se produjo una muerte, de acuerdo con el periódico La Jornada. Cinco de las víctimas eran mujeres y la mayoría pertenecía al grupo de los Mexicles, leal al cártel de Sinaloa, o al de los Aztecas, fiel al cartel de Juárez, han desvelado las autoridades estatales.

En el Estado de Veracruz, que bordea el golfo de México, hubo seis asesinatos, entre ellos cinco cuerpos desmembrados que fueron hallados en la madrugada del viernes. Los cadáveres fueron abandonados en un taxi dentro de bolsas negras. Las cabezas de las víctimas aparecieron sobre el maletero del coche junto a un mensaje del Cártel Jalisco Nueva Generación, en el que se adjudicaba el asesinato múltiple.

En Coahuila, en el norte del país, se encontraron tres personas asesinadas en un tramo carretero que une las ciudades fronterizas de Piedras Negras y Nuevo Laredo. Hubo cinco asesinatos más en los estados de Guerrero y Oaxaca, al sur del país, y otros cinco más en Guanajuato e Hidalgo, en la zona centro. San Luis Potosí registró otra muerte violenta más. De consolidarse la cifra de incidentes entre grupos criminales, este sería el segundo día más violento de los últimos 12 meses, solo superado por el pasado 23 de junio, cuando hubo 58 asesinatos, refiere el periódico Milenio.

México cerró 2017 como el año más violento del que se tiene registro. El país registró 26.573 asesinatos entre enero y noviembre del año pasado, según datos oficiales. Los especialistas esperaban que se rompiera con facilidad el techo de muertes violentas marcado en 2011. En ese año hubo 27.199 homicidios, mientras el país libraba uno de los episodios más violentos de la guerra contra el narco impulsada por el entonces presidente Felipe Calderón.

El País
Ciudad de México
Sábado 6 de enero de 2018.


Activista y dirigente local de partido Movimiento Ciudadano es asesinado en oeste de México

México, 26 dic (Xinhua) -- Un activista y dirigente local del partido Movimiento Ciudadano (izquierda) fue asesinado en un camino de la costera municipalidad de La Huerta, estado de Jalisco (oeste), informó este martes el instituto político.

El cuerpo de Salvador Magaña fue hallado el 24 de diciembre pasado en la carretera 80 en las inmediaciones del poblado de El Totole, en la municipalidad localizada en la costa del Pacífico de Jalisco.

Magaña, un defensor de las playas de la región y coordinador de Movimiento Ciudadano en La Huerta desde 2015, aparentemente falleció a consecuencia de heridas por arma blanca.

En un comunicado, el partido político expresó su indignación por la muerte de Magaña y llamó a las autoridades a esclarecer el crimen.

El ayuntamiento de La Huerta lamentó el fallecimiento del dirigente local y recordó que fungió dos veces como regidor de la municipalidad, primero en el periodo 1997 a 2000 y posteriormente de 2012 a 2015.

Por su parte, el diputado federal con licencia por Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, señaló que Magaña fue víctima de un asesinato "a sangre fría” después de que se reportó que había sido privado de la libertad desde el 23 de diciembre.

"Salvador fue un líder social y un defensor de derechos muy importante”, destacó Castañeda, ex coordinador de la bancada de su partido en la Cámara de Diputados, a través de un video que difundió en sus redes sociales.

Xinhua
Ciudad de México
Martes 26 noviembre 2017.

   
Ciudad de México.- De enero a noviembre, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contabilizó 23 mil 101 carpetas de investigación por homicidio doloso.

Esta cifra supera el récord de 2011, cuando se registraron 20 mil 707 incidencias en ese mismo periodo y 22 mil 409 en todo ese año.

Con respecto al mismo periodo de 2016, los homicidios dolosos también reportaron un incremento del 23.38 por ciento.

Los estados que reportaron un incremento crítico de homicidios con respecto al año pasado son Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

En cuanto a tasas de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes, Colima continúa en la cima con 83.31, seguido de Baja California Sur que pasó de tercer al segundo lugar en la lista nacional con una tasa de 61.62.

En tercer lugar se ubica Guerrero con 58.60, en cuarto Baja California con 53.42 y en quinto Sinaloa con 40.96.
   
En cuanto a los homicidios por mes, noviembre reportó 2 mil 212 denuncias en todo el País, 168 menos que octubre cuando reportó la cifra mensual más alta en homicidios desde 1997.

En cuanto a los secuestros, las Procuradurías o Fiscalías estatales iniciaron mil 054 averiguaciones previas o carpetas de investigación, 30 casos más que en el mismo periodo de 2016.

En lo que se refiere a las tasas de secuestro por cada 100 mil habitantes, Zacatecas está a la cabeza con 4.0, Tamaulipas con 3.51, Tabasco con 2.96 y Veracruz se colocó en el cuarto lugar con 1.97.

En quinto figura Morelos con 1.88 y en sexto Guerrero con 1.72 casos por cada 100 mil habitantes.

El robo con violencia también se desató en el país con un incremento del 37 por ciento al pasar de los 154 mil 588 casos a los 212 mil 850 entre enero y noviembre de 2016 y 2017, respectivamente.

En lo que se refiere el robo de autos con violencia, este delito escaló en un 41 por ciento a nivel nacional.

Sólo entre enero y noviembre de 2017 se reportaron 57 mil 787 denuncias en ese rubro, de los cuales 24 mil 051; es decir, el 41 por ciento, se registraron en el Estado de México.

En cuanto a las tasas por el delito de robo de vehículo con violencia por cada 100 mil habitantes la encabeza por mucho el estado de México, encabezado por Alfredo del Mazo, con 138.52 robos por cada 100 mil habitantes.

Le siguen Sinaloa con 109.29; Guerrero con 67.42; Jalisco con 61.19 y Morelos con 54.08 de tasa.

Reforma
Benito Jiménez
Ciudad de México
Domingo 24 diciembre 2017.

 

Dedicó 90% de sus recursos a sueldos y 7% a investigación; su fin era indagar violaciones a derechos humanos en 2006

 

Oaxaca. - La Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO), que fue creada para indagar las posibles violaciones a derechos humanos acontecidas en 2006, durante el conflicto de la Asociación Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), dedicó sólo el 7% de su presupuesto para labores de investigación.

En cambio, 90% de los recursos públicos que recibieron del gobierno estatal se usaron en el pago de salarios o en gastos de personal; lo anterior, de acuerdo a su informe de Actividades y de Gastos, que reportó el empleo de más de 9 millones de pesos.

Esta comisión fue creada por los diputados de la 60 Legislatura del Congreso local para investigar los hechos ocurridos en 2006, durante el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz, cuando se registró un conflicto político-social que alcanzó dimensiones violentas, derivado de un conflicto laboral con la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Durante ese año se cometieron violaciones a derechos humanos y, de acuerdo con la comisión, crímenes de lesa humanidad que hasta la fecha no han sido esclarecidos, y por los cuales ninguna persona, ni servidor público, se encuentra vinculada a proceso penal.

Para la operación de esta comisión, los diputados locales asignaron un presupuesto de 18 millones 173 mil pesos, el cual se ejecutó durante el periodo de septiembre de 2014 a febrero de 2016.

La nueva institución pública estuvo encabezada por el sacerdote Alejandro Solalinde e integrada por el periodista Diego Enrique Osorno González y la ciudadana Marina Jiménez Ramírez, quienes fungieron como comisionados, así como María Eugenia Mata García, que tuvo el cargo de secretaria Ejecutiva de la comisión.

Los cuatro responsables de la Comisión de la Verdad de Oaxaca tuvieron sueldos similares a un secretario de estado con la clave 22A, de acuerdo con el tabulador de salarios mensuales para mandos medios y superiores del gobierno del estado. Los tres comisionados y la secretaria ejecutiva percibieron durante 11 meses un sueldo mensual de 42 mil 102 pesos, conformada por “compensación fija garantizada”, “previsión social múltiple” y “remuneración al desempeño laboral”.

El informe de gastos únicamente refiere dos periodos: del primero de septiembre a diciembre de 2014 y de enero a julio de 2015. En los cuatro primeros meses de operación, la Comisión de la Verdad gastó 2 millones 935 mil 460 pesos en salarios, 10 mil 363 en gastos administrativos, 250 mil 405 en programas de investigación, 13 mil 920 pesos en seguridad y 22 mil 253 en pago de impuestos.

Mientras que en el segundo periodo gastaron 5 millones 235 mil 41 pesos en salarios y prestaciones al personal, 108 mil 714   en gastos administrativos, 436 mil 376 en programas de investigación, 69 mil 600 en seguridad y 40 mil 496   en el pago de impuestos. En ambos periodos el monto pagado en sueldos y gastos administrativos sumó más de 8 millones 289 mil pesos, mientras que el destinado a investigación fue de 686 mil 781.

Trabas a la investigación. En su informe final, la comisión argumentó que enfrentó dificultades que iniciaron con el alcance reducido de las facultades establecidas por la legislatura.

“La CVO careció de cualquier medida jurídica que le ayudara a horadar la muralla de complicidades e iluminar la trama coercitiva”, dice el documento.

Además, los integrantes argumentaron que instancias municipales, estatales y federales, así como órganos autónomos, no dieron respuesta a las solicitudes de información presentadas por la Secretaría Ejecutiva.

“Sólo se tuvo una respuesta del 29%; de ellas, el 14% fueron afirmativas y el 15% negativas por no contar con información o no poder entregarla”, explican.

La investigación realizada por el organismo basó sus labores únicamente en entrevistas y   recolectó 263 testimonios, 59% de hombres y 41% de mujeres. De los testimonios, 38.4% fue de víctimas directas, 60.8% de testigos o informantes y 0.7% de presuntos perpetradores. Y casi la mitad, 49%, de las víctimas directas fueron indígenas. De ese total, 25% fueron zapotecas y 14%, mixtecos.

El periodo de toma de testimonios abarcó siete meses, tiempo “sustantivo para la realización del informe, ya que a partir de la transcripción y codificación se organizó y gestionó el material para su sistematización y, de esa manera, agilizar la redacción de los documentos”, detalla dicho informe.

Sin  transparentar gastos.

Aunque actualmente la página electrónica de la Comisión de la Verdad de Oaxaca sigue  activa, la información sobre sus obligaciones de transparencia fue deshabilitada y por tanto no es posible conocer a detalle el gasto total  que realizó  la comisión.

A través del sistema de transparencia, EL UNIVERSAL solicitó información a la Comisión de la Verdad de Oaxaca, pero al estar disuelta no se señala qué   instancia es la responsable de proporcionar dicha información.

Este 17 de septiembre, el Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca (Iaip) se declaró incompetente para resolver el recurso de revisión interpuesto ante la falta de respuesta a la solicitud de información sobre la Comisión de la Verdad, según el Recurso de Revisión R.R./331/2017.7.

El Universal
Ciudad de Oaxaca
Juan Carlos Zavala/Corresponsal
Viernes 22 de diciembre de 2017.


Ciudad de México – Las fuerzas detrás de la violencia en México, país que está encaminado hacia su peor año en décadas, se pusieron en marcha hace unos veinte años, a partir de dos sucesos que, en su momento, parecían ser únicamente victorias.

Primero fue la derrota de los carteles de la droga en Colombia, lo cual hizo mudar el núcleo de comercialización del tráfico de droga de ese país sudamericano a México. Luego, en el año 2000, México hizo su transición hacia una democracia multipartidista.

Eso significó que el tráfico de la droga se mudó a México al mismo tiempo en que su política y sus instituciones pasaban por un cambio, con lo que tenían una capacidad reducida para resolver un problema que, a menudo, empeoraban.

Desde entonces, se han presentado una serie de rachas de mala suerte, equivocaciones y crisis autoimpuestas que han resultado en el estallido de la violencia. El año pasado hubo 20.000 asesinatos. Este año pinta aún peor, pues se espera que supere el récord de 2011, que se había considerado el pináculo de la llamada guerra contra el narcotráfico.

“En otros países, el narcotráfico no es tan violento”, comentó Guillermo Valdés, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el servicio de inteligencia de seguridad nacional civil, en una entrevista en Ciudad de México.

“Me desespera”, dijo, mientras sacudía con la cabeza al hablar de los tropiezos de su país. “Porque la violencia está aumentando”.

Militares en patrullaje en 2009, tres años después de que fueron sacados de los cuarteles por el entonces presidente Felipe Calderón en la guerra contra el narcotráfico. Credit Adriana Zehbrauskas para The New York Times
En 2006, un nuevo presidente, Felipe Calderón, y un nuevo cartel recurrieron a medidas extremas y actualmente se siguen viendo las consecuencias.

La implosión de los carteles colombianos detonó en México una feroz competencia por el control del tráfico de drogas. Un nuevo cartel, La Familia Michoacana, se desprendió de una agrupación mayor y luego consolidó su poder mediante el despliegue de una violencia casi teatral. Aunque los objetivos de los ataques se centraban en otros carteles, lo macabro de los ataques impactó al país.

Ese mismo año, Calderón Hinojosa ganó la presidencia por un margen muy estrecho. Los organismos electorales y los monitores avalaron el resultado, pero su oponente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, lo calificó como ilegítimo. La victoria cuestionada y apretada dejó a Calderón sin un mandato sólido.

Poco después de asumir el cargo, el nuevo presidente declaró la guerra contra el narco y sacó a las fuerzas armadas de los cuarteles para pelearla.

Los críticos aseguran que Calderón Hinojosa quiso legitimar su presidencia mediante una demostración de fuerza. Sus defensores afirman que no tuvo opción.

México había sido un país unipartidista durante décadas y, al igual que muchos Estados similares, el control de los funcionarios locales se daba a través del clientelismo y la corrupción. Cuando el sistema vivió los cambios después de las elecciones del 2000, algunos carteles de la droga llenaron el vacío a nivel municipal y estatal: sobornando a presidentes municipales, policías locales y jueces. El Ejército y la Marina mexicanos eran los únicos con las armas y la percepción de autonomía como para responder a los narcotraficantes.

Así que inició la guerra contra las drogas, en la que han muerto decenas de miles de personas. Pero la situación también generó una serie de problemas que alimentan una violencia cada vez más frecuente y extensa.

Soluciones a corto plazo y problemas a largo plazo

Calderón adoptó la estrategia conocida como kingpin strategy, o de capo, en la que las tropas buscaban capturar o asesinar a los líderes de los carteles. Esta estrategia nutría los encabezados, mantenía contento a Estados Unidos y se podía consumar con muy poca intervención por parte de la débil y corrupta autoridad local.

Sin embargo, esta solución a corto plazo en la guerra contra el narco profundizó problemas a largo plazo.

Al pasar por alto a los presidentes municipales y gobernadores, debido a que las prácticas predemocráticas en México los habían llevado a una corrupción sistemática y sin rendición de cuentas, el gobierno terminó por reducir justamente esa rendición. Y al moverse por encima de la debilitada policía local y de los jueces, el gobierno permitió el deterioro de esas instituciones, con los fondos y la atención política enfocados en las fuerzas federales.

Las reformas que se necesitaban desesperadamente para corregir prácticas pasadas de moda (turnos policiales de 24 horas, estándares bajos para la recolección de evidencias y el que la mayoría de los cuerpos policiales no son los que realizan las investigaciones) se quedaron a la deriva.

Conforme la estrategia de capo fracturó a los carteles, comenzaron a surgir nuevos grupos de tráfico de drogas y delincuencia organizada.

Desde entonces, según Alejandro Hope, analista de seguridad y exdirector del Cisen, “ha habido un cambio significativo en la forma en que opera el crimen organizado en México”.

El narcotráfico requería de recursos e infraestructura de la que carecían las nuevas agrupaciones, lo cual propició que muchos comenzaran a secuestrar, robar y extorsionar. Los delitos rapaces repuntaron.

Los mexicanos comunes y corrientes, que antes eran en su mayoría solo testigos indirectos del conflicto, se convirtieron en blancos justo cuando el Estado los había dejado en una posición vulnerable por la situación con las fuerzas del orden.

“En ese proceso de fragmentación no hicimos el trabajo de estructurar a las instituciones de las fuerzas policiales”, comentó Valdés, quien dirigió el Cisen mientras se desarrollaban estos hechos. “Así que tenemos lo peor de lo peor”.

La solución del problema parece obvia: tener un cuerpo policial y procuradores de justicia sólidos, supervisados por políticos a quienes los ciudadanos exijan rendir cuentas, podría acabar con el vacío en el que florecen las bandas de delincuencia y los funcionarios corruptos.

En vez, el desorden y la violencia han aumentado.

Joy Langston, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en Ciudad de México, rastrea el origen de muchos de los problemas del país hasta una particularidad de su sistema político. Todos los candidatos políticos son seleccionados dentro del partido por este mismo (apenas se estableció la posibilidad de postularse como independiente) y, como no hay reelección, los funcionarios electos solo cumplen con un periodo antes de, usualmente, moverse a otro cargo.

Durante la era en la que el único partido en el poder era el PRI, actualmente en el gobierno, se suponía que esta práctica exigiría una rendición de cuentas; desde el líder del partido y hacia abajo. La supervisión de las instituciones, que en ese contexto quizá se pensó superflua, jamás terminó de desarrollarse.

La transición a una democracia plena, tal como se supone debe hacerlo, socavó el poder de ese partido que alguna vez lo abarcó todo. Pero el antiguo sistema, construido con base en la teoría de una autoridad central sólida, sigue vigente.

Esto ha debilitado al Estado, al tiempo que ha afianzando muchos de sus antiguos problemas, en lo que Langston llama una “situación de pesadilla” en el que “las instituciones de transparencia y rendición de cuentas son extraordinariamente endebles, incluso a 17 años de la democracia”.

Por ejemplo, sin reelección los votantes tienen pocas probabilidades de expulsar a los malos dirigentes o de recompensar a los buenos, por lo que los funcionarios raramente se sienten incentivados a apoyar reformas y cambios difíciles. Además, los grupos criminales tienen la posibilidad de llenar los bolsillos de los policías y otros funcionarios que perciben salarios evidentemente insuficientes, ofreciendo así el incentivo equivocado.

“A final, se trata de un problema de rendición de cuentas”, dice Hope. “Esa es la clave del fracaso en México”.

“No pasa nada si un policía no hace su trabajo”, agregó. “No pasa nada si un presidente municipal no reforma el sistema judicial local. No pasa nada si un gobernador no invierte en los procedimientos de la procuraduría. No pasa nada”.

Un Estado frágil se hunde

Aunque recientes reformas electorales permitirán que algunos funcionarios sí puedan buscar la reelección –los diputados federales a partir de 2021 y los senadores en 2024, por ejemplo–, se están fraguando problemas más graves.

A medida que aumenta la indignación pública a causa de la corrupción, los líderes de los partidos, al darse cuenta de que sus carreras están en riesgo, se vuelven reacios a arriesgarse a intentar un cambio.

“No puedo pensar en un solo procurador o juez que se distinga” por combatir a la corrupción, dijo Paul Lagunes, profesor en la Universidad de Columbia que estudia la corrupción en México.

“Hay gente que dedica su carrera a esto, pero no en el sistema judicial, sino en la prensa”, explicó Lagunes. Sin embargo, agregó, “México es uno de los países más peligrosos del mundo para hacer periodismo”.

“No pasa nada si un policía no hace su trabajo. No pasa nada si un presidente municipal no reforma el sistema judicial local. No pasa nada si un gobernador no invierte en los procedimientos de la procuraduría. No pasa nada”.
ALEJANDRO HOPE, ANALISTA DE SEGURIDAD
La combinación entre corrupción, escasa rendición de cuentas e instituciones débiles ha puesto al país en una situación vulnerable. En zonas rurales y de pobreza el Estado se ha prácticamente retirado. Los grupos criminales y las pandillas llenan el vacío, cooptando a funcionarios locales o simplemente haciéndolos a un lado por la fuerza.

El resultado es quizá menos drástico que las imágenes de la guerra de Calderón contra el narcotráfico, en la que los carteles en guerra exhibían públicamente cadáveres desmembrados. Pero es igual de mortal y se refleja en miles de invasiones a los hogares, asesinatos entre pandillas y asaltos a mano armada que terminan mal.

Una atomización social y del Estado

Esto ha causado que las comunidades hagan, a un nivel básico, lo mismo que hizo Calderón hace diez años: pasar por alto a las instituciones de las que desconfían, con lo que empeora el problema de fondo.

La clase media y el sector empresarial mexicanos han batido el récord de contrataciones de seguridad privada. Pero, al igual que el Ejército, los guardias contratados no pueden resolver crímenes ni encarcelar a los sospechosos.

Mark Ungar, profesor de la Universidad de Brooklyn, indicó que esta práctica que va en aumento “elimina la presión política que hay sobre el Estado de mejorar a la policía”. Las comunidades rurales, que son más vulnerables, han creado sus milicias denominadas “grupos de autodefensas” para expulsar a las bandas criminales y a los presidentes municipales por igual.

Era inevitable que esos grupos armados se volvieran más corruptos y menos confiables que la policía que sustituyeron. Casi todos extorsionan, roban y secuestran a quienes fueron sus antiguos patrocinadores. Muchos de sus miembros están involucrados en el tráfico de heroína, que se encuentra en auge pues está aumentando la demanda de este opiáceo en Estados Unidos.

En una tendencia perturbadora, las comunidades desesperadas y aterradas han comenzado a buscar al menos la ilusión de seguridad al, por ejemplo, linchar a los sospechosos de cometer un delito. Ungar afirmó que estas expresiones justicieras “representan la pérdida de poder del Estado”.

La parálisis en medio del desastre

Los mexicanos tienen presente que su gobierno responde cada vez menos a medida que las calles se vuelven más peligrosas: varias encuestas demuestran un incremento en la insatisfacción hacia las autoridades, en especial respecto a la corrupción.

“Tenemos una clase política que se olvida por completo de para qué está aquí”, afirmó Armando Torjes, activista comunitario en Guadalupe, Nuevo León, ciudad al noreste del país.

En cada proceso electoral, dijo, surge un nuevo funcionario con un proyecto de tres años. Muchos de ellos dejan su cargo visiblemente más rico, agregó.

Cuando los funcionarios sí trabajan como deberían, atienden problemas superficiales, aumentando la cantidad de patrullas o cambiando una estrategia policial, sin afrontar lo que llamó “la descomposición social”.

Valdés, exdirector del servicio de inteligencia, dijo haber vivido un problema similar en las altas esferas del gobierno.

“Queríamos mejorar las instituciones, a los jueces, las cárceles, a la policía”, comentó. “Pasamos años tratando de convencer a la clase política”.

Pero se dio cuenta de que esas instituciones –dominadas por los partidos y no por los tecnócratas o expertos y sujetas a los caprichos de los funcionarios que por ley tienen un periodo– eran indiferentes, tal como lo había descubierto Torjes.

“Lo que sucede en Guadalupe es lo mismo que sucede en todo México”, declaró Torjes. “Había una exigencia política de cambio, pero realmente no cambió nada”.

The Interpreter es una columna de Max Fisher y Amanda Taub que busca explorar el contexto y las ideas detrás de los principales eventos mundiales.

The New York Times
Max Fisher / Amanda Taub
Ciudad de México / Washington
Jueves 02 de noviembre de 2017.


La violencia y la inseguridad en México “son resultado de la mezcla de la acción criminal con mecanismos de control a la misma introducidos por el Estado”, afirmó el rector de la Universidad Iberoamericana (UIA), David Fernández Dávalos.

Al participar en la conferencia internacional “Seguridad, democracia y derechos humanos: la vía civil”, organizada por dicha institución, agregó que “la estrategia de combate al crimen ha tenido un enfoque reactivo-represivo, en el que al fenómeno delictivo se le enfrenta de manera casi exclusiva con el uso de la fuerza”, puesto que dicha estrategia carece de mecanismos claros e integrales.

Incluso, el rector de la UIA comentó que en el país “se ha propiciado la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y provocado una mayor violencia de delincuencia organizada en contra de la población civil”. Por ello, agregó que es urgente cambiar la estrategia y el concepto de seguridad que maneja la élite gobernante.

De acuerdo con un comunicado de la UIA, los participantes de la conferencia coincidieron en que la política de seguridad para combatir al crimen organizado en México no ha dado resultados en los últimos 10 años. Por ello, la universidad, la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y organizaciones civiles urgieron al gobierno mexicano a buscar un modelo alternativo.

Y es que, según datos de la UIA, el enfoque represivo del gobierno mexicano ha sumado 170 mil muertos y más de 30 mil desaparecidos.

Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, destacó que hay que tener conciencia de que este año podría terminar como el más violento de los últimos 10.

Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, aseguró que las políticas de seguridad implementadas en los últimos años no han funcionado. Por ello, consideró importante abrir de nuevo el debate para que surjan nuevos consensos.

“La esencia de legitimidad y el paradigma de éxito es una fuerza policial, como militar, eficiente en las tareas encomendadas que respeta a los derechos humanos. Modelos donde se entiende la seguridad como ausencia o escasa incidencia de delitos pueden existir, pero es la seguridad del miedo”, dijo.

El diplomático se dijo preocupado por quienes apuestan por reforzar la actual estrategia de seguridad, sin contemplar la prioridad que tienen los derechos humanos en las políticas de seguridad.

“Estamos convencidos de que las situaciones milagrosas o mágicas no existen. Lo que sí existe es un modelo alternativo, basado en el respeto a los derechos humanos construido colectivamente”, enfatizó.

También se dijo inquieto por la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior, respaldada por el presidente Enrique Peña Nieto y las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la cual presuntamente buscaba reglamentar las operaciones del Ejército en las calles.

Según su opinión, esta iniciativa podría haber “petrificado el estatus quo”, y su oficina pretende que “el estatus quo sea cuestionado”. En ese sentido, destacó, es importante analizar el rol de las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales del país.

“Qué mecanismos existen para la rendición de cuentas y cómo se garantiza su eficacia? ¿Cuál es la responsabilidad de los superiores jerárquicos, de los que sí intervienen tanto por la acción, como por la omisión?”, cuestionó.

Jarab se dijo consciente de que hay autoridades que perciben a los derechos humanos como un obstáculo para la inseguridad, sin embargo, ambos temas se necesitan mutuamente.

“Cuando las autoridades cometen violaciones de derechos humanos utilizando la seguridad como excusa están contribuyendo a la desaparición de las reglas de conducta civilizada entre particulares”, condenó.

Y recordó que el exsecretario general de la ONU, Koffi Annan, expresaba que “la humanidad no podrá tener seguridad sin desarrollo, no podrá tener desarrollo sin seguridad, y no podrá tener ninguna de las cosas sin los derechos humanos”.

Proceso
Ciudad de México
Jueves 26 octubre 2017.


En México se asesina a una mujer cada 24 horas y vemos la desidia y omisión del gobierno mexicano para activar la Alerta de Género todo el país, dice la conductora y periodista.


Luego de la lamentable tragedia en que se vio inmerso México tras los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre, la periodista Fernanda Tapia, aseguró que el gobierno mexicano aprovechó estratégicamente la oportunidad para ocultar la cruda realidad del país; como el incremento de feminicidios a lo largo del territorio nacional.

Entre 2013 y 2015, se abrieron mil 390 averiguaciones previas por feminicidios en los ministerios públicos de procuradurías y fiscalías de 25 entidades. Es un asesinato de niñas, jóvenes o mujeres adultas en el país cada 24 horas.

Por su parte, la periodista destaca que cada uno de esos crímenes van acompañados de la colusión con los gobernantes, ante lo cual, dijo, la única forma de protegerse “es estar conscientes de que, en cualquier momento o circunstancia, alguien nos puede agredir”.

“Mi mamá que leía la nota roja igual que yo, sabía que no me iba a poner en una burbuja, pero que tenía que saber qué hacer en estas circunstancias, en este mundo que estamos viviendo, pero pues ni modo, si no nos cuida el gobierno, pues a cuidarnos solas”, enfatizó.

Cabe mencionar que el gobierno ha omitido presentar información sobre el número de carpetas de investigación sobre estos crímenes al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), por muchos años, dificultando dimensionar la escalofriante cifra de los decesos.

“Yo caí en la vulneración total, porque hace mucho tiempo que no tengo miedo de morir, ni miedo al dolor (…), era como tratar de buscar el Bunker más pesado para protegerme, nunca lo voy a encontrar, entonces sólo le pido al sentido común que no me abandone en un momento duro, porque no nos van a cuidar, a los que les toca, no nos van a cuidar”, concluyó.

El miedo con que vive la población de México es más grande de lo que se piensa. Hasta septiembre de este año, se han registrado oficialmente más de mil 297 feminicidios, de los cuales más de la mitad siguen en la impunidad, por lo que el mismo Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), ha arremetido en contra de las autoridades declarando que esta situación no se detiene debido a “la omisión, dilación y colusión” de las mismas.

Regeneración
Ana Duarte
Ciudad de México
Miércoles 11 de octubre de 2017.

Van 71 reos muertos en tres motines en penales de Nuevo León en apenas dos años de gobierno derechista de Manuel González Flores

El director del Centro de Información para la Seguridad del Estado, Aldo Fasci Zuazua, informó en conferencia de prensa sobre los disturbios en el penal

Los disturbios que se registraron en el penal de Cadereyta, entre las 23:30 horas del lunes y las 17 horas de este martes, dejaron un saldo de al menos 13 reos muertos, pero la cifra podría aumentar ya que hay ocho internos gravemente heridos, y un sinnúmero con golpes y lesiones menores, informó el vocero de Seguridad del Gobierno de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua.

La información dada a conocer por Fasci Zuazua, a las ocho de la noche de este día, se difundió apenas tres horas después de que el Secretario General de Gobierno, Manuel González Flores, había señalado en rueda de prensa en el mismo reclusorio, que el saldo había sido “casi blanco”, al reportar sólo un muerto “no localizado hasta ese momento y ocho lesionados, sólo uno de gravedad.

Con este nuevo motín en el penal de Cadereyta, en apenas dos años y seis días del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, las matanzas que se han registrado en los tres penales de la entidad, agregando los de Apodaca y Topo Chico, elevan a 71 la cifra de muertos, y sobrepasan el centenar de heridos.

El diez-once de febrero de 2016, ocurrió la que hasta hoy es la peor masacre en la historia de los reclusorios del país, en el penal del Topo Chico, cuando murieron 49 internos y 34 resultaron heridos.

A las cinco de la tarde, el secretario general de Gobierno había planteado una situación totalmente distinta a la que detallaría a las ocho de la noche, el vocero de seguridad Aldo Fasci, sobre los disturbios iniciaron alrededor de las 23.30 horas del lunes, y luego de una aparente calma, continuaron en la madrugada y se recrudecieron la mañana de este martes.

Según González Flores, el saldo había sido de sólo un interno muerto, aunque todavía no estaba confirmado; había otros seis lesionados; y también heridos dos policías de Fuerza Civil, uno de ellos de gravedad.

Aseguró que el cuerpo del reo que murió durante el amotinamiento, y cuya identidad se desconocía hasta esa hora, no había sido localizado, aunque se estaba buscando en “todos los rincones”.

El funcionario aseveró que los problemas ocurrieron porque los internos secuestraron a tres custodios del centro penitenciario, en reclamo a mejores condiciones en el penal, como mejor comida. Sin embargo, familiares de los reos señalaron que la protesta era porque las autoridades penitenciarias pretenden llevar gente de la banda de los Zetas, para controlar el reclusorio.

Desde la parte exterior del penal podía observarse sobre la pared de uno de los ambulatorios, una manta blanca donde destacaba en letras rojas la leyenda: “No queremos al director Z”.

González Flores agregó que durante todo el día los internos mantuvieron a los celadores secuestrados sobre azotea de uno de los edificios carcelarios; “pero gracias a Dios reflexionaron en base a las negociaciones que las autoridades de Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones mantuvieron con ellos y se logró la liberación” de los custodios, con apenas lesiones menores.

Cuestionado, si este nuevo amotinamiento no pone en cuestionamiento el supuesto control que deben ejercer las autoridades sobre los reclusorios de la entidad, González Flores, señaló que “un penal no es una plaza pública, es donde está recluida la gente que comete delitos”, pero aseguró que, para ese momento, más de 14 horas después de que iniciaron los problemas, se tenía totalmente otra vez el control del penal de Cadereyta “y no lo vamos a dejar”.

Ante la pregunta sobre dónde había estado el gobernador mientras ocurrían los disturbios en el penal, señaló que estuvo trabajando, pues tenía una cita en la Secretaría de Gobernación, sobre el apoyo que deben recibir los maestros del estado como bono anual en el mes de noviembre. “Afortunadamente estuve en comunicación con él durante todo el día, para informarle en detalle de lo que sucedió aquí”, expuso el Secretario General de Gobierno.

Asimismo, ante los constantes disparos que se escucharon en forma intermitente a partir del mediodía, pero principalmente entre las 15:25 y las 15:45, declaró que fueron disparos disuasivos al aire, que no dejaron personas lesionadas, por lo que consideró que el saldo de este amotinamiento fue “casi blanco”: un interno muerto no localizado, además de seis reos heridos, y dos elementos de Fuerza Civil también lesionados, uno de gravedad.

Decenas de familiares de internos, incluyendo madres de familia con bebés en brazos o que traían a sus niños de la mano, además de mujeres de la tercera edad, acudieron desde las siete de la mañana, a tratar de conocer la suerte de sus esposos o hijos, sin que autoridad alguna saliera a darles información.

Esto provocó que después del mediodía, presas de la desesperación al ver que cada vez llegaban más elementos policiacos de Fuerza Civil, Policía Federal y Policía Militar, al escuchar detonaciones en el interior y observar las columnas de humo negro que salían de diversos ambulatorios, empezaran a protestar, impidiendo el paso de vehículos oficiales, para exigir información.

Así, durante una hora mantuvieron varado un autobús de transportación de reos, donde sólo iba el chofer, pero accedieron a dejar salir una ambulancia de Protección Civil, lo cual fue aprovechado por unos 30 preventivos de Fuerza Civil, para empujar a los manifestantes para dejar la vía libre al autobús.

A una camioneta que transportaba hacia el interior del penal extintores para el fuego, y varias maletas con equipo táctico como escudos, chalecos y cascos, le bajaron tres maletas, y posteriormente les prendieron fuego con todo su contenido.

Ni el procurador General de Justicia del estado, Bernardo González Garza, se salvó de la ira de los familiares de los internos, quienes a empujones trataron de impedirle el acceso.

El Universal
Davis Carrizales
Monterrey Nuevo León
Martes 10 de octubre de 2017.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el reciente asesinato del fotoperiodista mexicano Édgar Daniel Esqueda Castro y adelantó que la violencia contra periodistas será uno de los temas de discusión de mayor relevancia durante su Asamblea General a efectuarse del 27 al 30 de octubre en Salt Lake City, en el estado de Utah.

La mañana del jueves 5 de octubre sujetos vestidos con uniformes de policía ingresaron al domicilio de Esqueda Castro en San Luis Potosí y se lo llevaron. Apareció muerto al día siguiente con huellas de tortura, semidesnudo y con las manos atadas a la espalda.

El comunicado de la SIP afirma que el fotoperiodista de 23 años, quien daba cobertura a temas policiales para los medios Vox Populi y Metrópoli San Luis, denunció hace unos meses ante el organismo estatal de derechos humanos y la Procuraduría del Estado que había sido amenazado.

Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP expresó que la cifra de 18 periodistas asesinados este año en las Américas (10 en México, tres en Honduras, dos en Perú, dos en República Dominicana y uno en Guatemala), "es un serio grito de alarma que como medios de comunicación estamos obligados a analizar de manera profunda".

"Aprovecharemos el marco de nuestra asamblea general, que agrupa editores, periodistas y directores, para reforzar las exigencias a los Estados de su deber de garantizar la seguridad de los informadores y de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de actos de violencia contra la prensa", agregó Rock.

La reunión semestral de la SIP tiene como propósito principal la revisión del comportamiento de la libertad de prensa país por país. La programación de Salt Lake City incluye también la celebración de seminarios sobre temas relacionados a la tecnología en la industria periodística, conferencias temáticas con la participación de especialistas, se reconoce a los ganadores del concurso de la SIP a la excelencia periodística y se entregará el Gran Premio Libertad de Prensa al secretario general de la OEA, Luis Almagro, entre otras actividades prevista durante los cuatro días de la asamblea.

El Universal
Ciudad de México
Lunes 9 de octubre de 2017.


De acuerdo con la organización Artículo 19, hasta mediados de mayo de 2017 se habían asesinado 105 comunicadores desde el año 2000

De acuerdo con la organización Artículo 19, hasta mediados de mayo de 2017 se habían asesinado 105 comunicadores desde el año 2000. 48 de ellos durante el gobierno de Felipe Calderón, y 32 en el mandato de Enrique Peña Nieto, sin embargo, casi el 20% de esos asesinatos sucedió en menos de seis meses.

El Comité de Protección a Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) señala que México es el país en donde más muertes a periodistas hay en el mundo, superando a naciones como Siria, Filipinas, Irak, Paquistán y Bangladesh.

Tras el asesinato de Javier Valdez, medios de comunicación mexicanos han alzado la voz contra la impunidad, contra la injusticia y contra la ola de violencia que no deja de crecer y aplastar a la libertad de prensa en este país.

Para mantener un registro y visibilizar estos constantes golpes a la libertad de prensa y de expresión en México, enlistamos a los periodistas asesinados en México en 2017.

Cecilio Pineda Brito fue asesinado el 2 de marzo en Ciudad Altamirano, Guerrero. Era director del diario La Voz de la Tierra Caliente y colaborador del periódico El Universal. Cubría la fuente policiaca del diario y según Proceso, unos días antes de ser asesinado el periodista publicó un video en su cuenta personal de Facebook en el que hablaba de la relación del gobierno de Héctor Astudillo Flores con el grupo delictivo "Los Tequileros", liderado por Raybel Jacobo de Almonte.

Hasta la fecha no hay acusados.

Ricardo Monlui Cabrera fue asesinado el 19 de marzo en el municipio de Yanga, en Veracruz. Era director del impreso El Político; y dueño del portal digital elpolitico.com.mx, además presidente de la Asociación de Periodistas y Reporteros Gráficos de Córdoba y la Región y fue también jefe de prensa de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar CNC. Escribía la columna "Crisol" que aparecía en El Sol de Córdoba y El diario de Zalapa, en la que trataba temas cañeros. CPJ publicó que el tema en torno a la industria azucarera y los intereses económicos en la zona han llevado a varios enfrentamientos violentos.

Hasta la fecha no hay acusados.

Miroslava Breach Velducea fue asesinada el 23 de marzo en Chihuahua. Era corresponsal del diario La Jornada, colaboraba con el periódico El Norte de Chihuahua y fue directora editorial de El Norte de Ciudad Juárez. La BBC la definió como "periodista incómoda" porque sus publicaciones continuamente hablaban sobre corrupción política, violación a derechos humanos, agresiones a comunidades indígenas y la narcoguerra.

Ya fueron identificados los presuntos asesinos, pero no han sido capturados.

Maximino Rodríguez Palacios fue asesinado el 14 de abril en La Paz, Baja California Sur. Llevaba dos años trabajando para un portal de denuncia ciudadana, noticias sobre corrupción, discriminación y abusos llamado Colectivo Pericú. Escribía la sección policial y tenía una columna titulada "Es mi opinión".

Hasta la fecha no hay acusados.

Filiberto Álvarez Landeros fue asesinado el 29 de abril en el municipio de Tlaquiltenango, Morelos. Trabajaba para la estación de radio "La Señal", en donde fue interceptado después de su programa que comenzaba a las ocho de la noche.

Hasta la fecha no hay acusados.

Javier Valdez Cárdenas fue asesinado el 15 de mayo en Culiacán, Sinaloa. Trabajaba como reportero del semanario local RíoDoce –del que fue fundador– y era corresponsal del periódico La Joranda. En septiembre del 2016 Valdez publicó el libro Narcoperiodismo, en el que narra historias de periodistas que han sido víctimas de la delincuencia. En una entrevista con La Jornada dijo: "No hablamos solo de narcotráfico, una de nuestras acechanzas más feroces. Hablamos también de cómo nos acecha el gobierno."

Hasta la fecha no hay acusados.

Jonathan Rodríguez fue asesinado el 15 de mayo en Jalisco. Rodríguez era reportero del diario El Costeño, del municipio de Autlán, Jalisco. El auto en el que viajaba con su madre, Sonia Córdova –directora de información del diario– fue emboscado por cinco sujetos armados. El vehículo recibió 25 impactos de bala. Jonathan Rodríguez falleció en el lugar y su madre sobrevivió. El Costeño había recibido amenazas en días anteriores. El reportero era hijo de Héctor Rodríguez, director del medio informativo.

Salvador Adame desapareció el 18 de mayo en Michoacán. El periodista era director de Canal 6tv, en Nueva Italia, Michoacán. Su familia y colaboradores denunciaron la desaparición el 19 de mayo. El 26 de junio, la Procuraduría de Michoacán anunció el hallazgo de los restos de Adame en estado de calcinación, en Barranca del Diablo, en el municipio Gabriel Zamora, en Michoacán.

Luciano Rivera fue asesinado la madrugada del lunes 31 de julio en un bar en Playas de Rosarito, en Baja California. Rivera dirigía la revista Dictamen y era accionista del canal CNR, donde era conductor de noticieros. Rivera fue asesinado con disparos de arma de fuego.

Cándido Ríos fue el primer periodista asesinado bajo la protección del gobierno federal a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Ríos fue asesinado el 22 de agosto en el municipio Hueyapan de Ocampo, en Veracruz; el periodista entró en 2013 al programa de protección pues se sentía amenazado por el ex alcalde de dicho municipio, Gaspar Gómez Jiménez.

Edgar Esqueda fue un fotoperiodista que colaboró de forma recurrente de los portales digitales Metrópoli SLP y VoxPópuliSLP. Su desaparición fue reportada por la organización Artículo 19 el 5 de octubre. CPJ reporta que el periodista, quien cubría la nota roja local, fue "levantado" en su domicilio, por hombres armados vestidos de policías. El viernes 6 de octubre se dio a conocer que su cuerpo fue encontrado cerca del aeropuerto de San Luis Potosí.

El escritor Francisco Goldman dijo durante la FIL del 2016: "La impunidad es la libertad de expresión de los asesinos", y eso es lo que se está viviendo en México, al tener una tasa del 98% según el reporte realizado por la ONU a principios de este año.

La Silla Rota
Ciudad de México
Sábado 7 de octubre de 2017.

Página 1 de 4

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

Síguenos en Twitter