Mayo pasado fue el mes más violento de que se tenga registro.

Estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que en mayo se iniciaron 2 mil 186 carpetas de investigación por homicidio doloso.

Es la cifra mensual más alta por lo menos desde 1997, cuando el SESNSP comenzó a sistematizar las estadísticas delictivas a nivel nacional.

Ni siquiera durante el pico más alto de violencia de la llamada guerra contra el narcotráfico, México llegó a una cifra similar.

Hasta antes de mayo de 2017, el récord de violencia lo tenía mayo de 2011, durante el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón, con 2 mil 131 homicidios.

El tercer mes con más casos de que se tenga registro en el País es junio de 2011, con 2 mil 38, seguido de marzo de este año, con 2 mil 21.

Con los casos de mayo reportados por las Procuradurías y Fiscalías estatales, el País llegó a 9 mil 916 asesinatos en los primeros cinco meses del año.

Esta cifra es 29.4 por ciento mayor a la registrada en el mismo periodo del año pasado, que sumó 7 mil 658, y la más alta para un periodo idéntico de que se tenga registro.

De mantenerse los niveles de violencia registrados en los primeros cinco meses, 2017 se podría convertir en el año con más asesinatos de las últimas dos décadas.
Sube homicidio en 17 estados
Durante mayo, el homicidio doloso subió en 17 entidades federativas en comparación con el mes previo.

Entre los estados donde incrementó ese delito están Chihuahua, que pasó de 100 en abril a 140 en mayo; Colima, que pasó de 33 a 52; y Ciudad de México, de 91 a 103 casos.

También Guerrero, de 189 a 216; Nuevo León, de 54 a 75; San Luis Potosí, de 24 a 44; Tamaulipas, de 45 a 72; y Veracruz, de 116 a 137 asesinatos.

La ola de violencia arreció en julio del año pasado y no ha parado, pese al despliegue de fuerzas federales en distintos estados y la implementación de varias estrategias.

El 30 de agosto de 2016, ante el incremento de ese delito en los meses previos, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció una estrategia especial para acotar la violencia.

En el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública, instruyó la puesta en marcha de un plan en los 50 municipios del País que concentran el 42 por ciento de los homicidios.

Sin que se detallara su contenido, se puso en marcha una estrategia con dos componentes generales: prevención del delito y contención criminal con fuerzas de seguridad.

A principios de 2017, la Secretaría de Gobernación lanzó otra estrategia en los 50 "Municipios de Atención Prioritaria con Perspectiva de Prevención" (MAPPP).

A diferencia de la primera lista de 50 municipios, que sólo contempló las localidades con más homicidios, este plan tomó en cuenta dos criterios adicionales: rezago social y desigualdad económica.

También sube el secuestro

El secuestro en México también va al alza.

Los datos del SESNSP indican que durante mayo se iniciaron 100 carpetas de investigación por ese delito, en el fuero común, cifra 8 por ciento mayor a la de abril, que sumó 92.

Durante los primeros cinco meses de 2017, en el País se iniciaron 484 indagatorias por secuestro en las Procuradurías y Fiscalías estatales.

Sin tomar en cuenta las carpetas de investigación abiertas por la PGR, esta cifra es 12.8 por ciento mayor a la reportada por el SESNSP en el mismo periodo de 2016.

Reforma
Antonio Baranda
Ciudad de México
Miércoles 21 de junio de 2017.


Tras el asesinato de Javier Valdez, el presidente de México Enrique Peña Nieto celebró una reunión pública con gobernadores para acordar acciones que garanticen la seguridad de los comunicadores.

Este jueves, un reportero interrumpió un evento público del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto para exhibir una pancarta en la que le reclama por los asesinatos de periodistas, al cumplirse un mes de que el comunicador Javier Valdez fue ultimado a balazos.

"Basta de sangre. Rectifique presidente. #Niunomás", se leía en una pequeña manta exhibida por el reportero Álvaro Delgado, del semanario Proceso y quien desde la zona de periodistas se puso de pie interrumpiendo por momentos un discurso de Peña Nieto.

"Déjenlo señores (...) del estado mayor (guardias presidenciales) que exponga su manta. Estamos hablando de espacios plurales y de libertad de expresión", dijo Peña Nieto cuando, al menos cuatro oficiales vestidos de civil se acercaron a Delgado y con su cuerpo intentaban tapar la manta.

Delgado se puso de pie para protagonizar esta inédita protesta cuando Peña Nieto hablaba ante empresarios de medios de comunicación sobre el compromiso de su gobierno con la libertad de expresión.

"Mi protesta, ante el presidente Peña Nieto, fue respetuosa, en ejercicio de la libertad de expresión que él mismo dice garantizar", escribió Delgado en Twitter.

El gremio periodístico mexicano recuerda este jueves con protestas y manifestaciones a Javier Valdez, un periodista especializado en asuntos de narcotráfico reconocido internacionalmente y que fue asesinado a balazos hace un mes en su natal Culiacán, en el estado de Sinaloa, en el noroeste de México.

Valdez escribía y era fundador del semanario Ríodoce de Culiacán, corresponsal del diario Proceso y colaboraba con la AFP desde hacía una década.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de avance alguno para dar con los responsables de este crimen que ha impactado al gremio periodístico mexicano como no se había visto en tres décadas, pese a que desde 2000 cuentan a más de un centenar de colegas asesinados.

Tras el asesinato de Valdez, Peña Nieto celebró una reunión pública con gobernadores para acordar acciones que garanticen la seguridad de los comunicadores.

En ese evento, cuando se guardó un minuto de silencio en memoria de Valdez, desde la zona de prensa se escucharon algunos gritos para reclamar justicia.

México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

AFP
El Espectador
Ciudad de México
Viernes 16 de junio de 2017.


La guerra que detonó suicidios de militares

Informe de la Sedena revela que 110 elementos del Ejército se quitaron la vida en la última década y 305 padecen depresión o ansiedad. Contacto con la violencia les genera estrés postraumático, señalan expertos

Sus compañeros corrieron hacia la camioneta cuando escucharon el disparo... Al llegar, vieron su cuerpo desvanecido sobre el asiento e intentaron brindarle los primeros auxilios. Fue inútil. El soldado de infantería se había quitado la vida con su arma de cargo la tarde de ese miércoles, en un puesto de control en Matamoros, Coahuila.

Aurelio Arcos López tenía pocas semanas de haber llegado para apoyar el Operativo Laguna para combatir a los cárteles de Sinaloa y Los Zetas. Apenas si rondaba los 26 años ese 16 de octubre de 2013. Las causas que lo llevaron a quitarse la vida se desconocen.

A más de 10 años de que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se integraron a las labores de seguridad y lucha contra el narcotráfico en México, se ha documentado que esas actividades les han sumado experiencias de mucha presión al ser actores y testigos de infinidad de hechos violentos que les genera estrés postraumático.

Las funciones que se les han encargado desde entonces son policiales y no militares.

Son funciones que no les competen ni son de su atribución, señala Martín Gabriel Barrón Cruz, especialista en temas de seguridad e investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

Aunado a esto, señala Barrón Cruz, enfrentan “una serie de problemas que incluye los ritmos de trabajo con horarios inadecuados de 24 por 24 por 24… O sea: no hay descanso”.

También el ámbito familiar de los elementos se ha visto deteriorado. Gloria López Santiago, sicóloga criminal y forense, destaca que estos horarios les ocasionan un estrés laboral y el distanciamiento de sus familias, “muchos tienen problemas de separaciones, divorcios o no hay contacto con los hijos”.

A esto hay que agregarle la situación de estar en combate constante y la sensación de desamparo, señala Gustavo Fondevila, especialista en seguridad y académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

A decir de los expertos, estos factores, entre otros, los han afectado de manera emocional y pueden derivar en padecimientos como depresión y ansiedad.

Un daño colateral de la guerra contra el narco puede observarse en los 110 militares de la Sedena que se suicidaron [5 del sexo femenino y 105 masculino] del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2016, en donde la Ciudad de México, Estado de México y Guerrero están a la cabeza, con 46 suicidios, de acuerdo con varias solicitudes de información obtenidas vía Transparencia en poder de EL UNIVERSAL.

En 2006 ningún soldado se quitó la vida, y, tras anunciarse el inicio de la guerra contra los cárteles de la droga, se mantiene un ritmo promedio de 11 suicidios al año, salvo en 2012, cuando 19 castrenses se suicidaron: 2006 con 0; 2007 con 15; 2008 con 10; 2009 con 14; 2010 con 15; 2011 con 17; 2012 con 19; 2013 con 15; 2014 con 2; 2015 con 1; 2016 con 2.

Si bien no se puede afirmar que todos los suicidios tengan que ver con las tareas de lucha contra el crimen organizado, la información de la dependencia a cargo del general Salvador Cienfuegos Zepeda, muestra los grados militares de quienes se privaron de la vida.

Soldados: mayoría

En primer lugar: soldado, con 40, le sigue, cabo, con 24; sargento 2º, con 11; teniente, con 8; subteniente, con 7; rural y mayor, con 5 cada uno; teniente coronel, capitán 1º, general de brigada y sargento 1º, con 2 cada uno; capitán 2º, con 1, y uno más se desconoce.

En días recientes, la Sedena dio a conocer una lista de 505 militares muertos, a través del informe “Relación de personal fallecido en la aplicación de la campaña permanente contra el narcotráfico y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos del 1 de diciembre de 2006 al 16 de mayo de 2017”. En este documento, “el tipo de evento” muestra que las muertes de militares son en primer lugar por agresiones de arma de fuego, luego, accidentes automovilísticos, accidentes aéreos y con armas de fuego.

Es decir, si se toma en cuenta esta lista, los suicidios —en un periodo menor—, representan 21.78% de las bajas del Ejército.

Aunque un recuento de la dependencia muestra que 38 se suicidaron “encontrándose en actos del servicio”. Mientras que 72 de ellos lo hicieron “en actos fuera del servicio”, de acuerdo con los datos obtenidos por EL UNIVERSAL.

La respuesta al hecho de que se den más suicidios en “actos fuera del servicio”, es decir, fuera de su horario laboral, responde a que “evidentemente en condiciones de cierto reposo, los recuerdos y las experiencias traumáticas de los elementos del Ejército son más comunes que cuando están en labores de despliegue”, señala Javier Oliva, profesor de la UNAM y especialista en temas de seguridad nacional.

Los signos de alerta

A la altura del corazón, una bala le perforó el pecho mientras se encontraba en un retén militar, sobre la carretera federal en la comunidad de El Tomatal, en Iguala, Guerrero.

La tarde de ese lunes cuando sus compañeros escucharon una detonación de arma de fuego y lo vieron desvanecerse, creyeron que era un ataque, pero no fue así.

Horas más tarde en el Hospital General Dr. Jorge Soberón Acevedo, de Iguala, adonde fue trasladado y murió, supieron que el cabo de infantería de la Policía Militar se disparó para privarse de la vida ese junio de 2016, de acuerdo con versiones del diario El Sur de Acapulco.

Para que se dé un suicidio, en términos sicológicos hay diferentes niveles, explica López Santiago, integrante del Colegio Mexicano de Psicología Criminal y Forense.

Primero son los pensamientos de muerte asociados a un familiar. Después llegan los pensamientos suicidas, que sólo quedan en ideas.

Después, vienen los intentos de suicidio y el último paso, es despojarse de la vida.

Puede que el deseo de morir se le manifieste de alguna forma a un familiar o persona cercana. Pero no siempre es así y se refleja a través de las conductas.

En el caso de los militares, “vamos a tener a personas que son mucho más arriesgadas, más aventuradas, con conductas más impulsivas dentro del mismo servicio. Eso ya es un factor. Un punto rojo”, dice la sicóloga.

De las 32 entidades de México, en 27 hubo suicidios de elementos de la Sedena.

En los primeros tres lugares se posicionan la Ciudad de México, con 21; Edomex, con 17 y Guerrero, con ocho.

Le siguen Chihuahua, con siete; Chiapas y Jalisco, con seis cada una; Coahuila, Tabasco y Yucatán, con cuatro cada una; Oaxaca, Quintana Roo y Sonora, con tres cada una; Durango, Aguascalientes, Baja California, Campeche, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Tamaulipas y Tlaxcala, con dos cada una y Colima, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sinaloa, con una cada entidad.
Depresión y ansiedad

Puede que algunos de los militares no lo sepan, pero los síntomas de la depresión son cansancio más de lo normal, además de tener sentimientos de tristeza, agobio. Rastros de irritabilidad por cualquier causa, sus horas de sueño se ven alteradas, lo mismo que su apetito: aumenta o disminuye. Se presentan constantes dolores de cabeza y apatía por sus labores.

Si éstos van acompañados con desespero y miedo de perder el control, sensaciones extrañas de una muerte inminente, taquicardia y la dificultad para respirar así como músculos tensos, no poder relajarse o quizá evacuaciones diarreicas, también padecen ansiedad.

Estas dos enfermedades mentales, a la larga, pueden producir cambios en el sistema inmunológico. Serán más propensos a infecciones así como a enfermarse.

El sistema digestivo se les alterará y tendrán colitis, gastritis, mala absorción. Al igual, en el sistema cardiaco, habrá un aumento de la presión arterial. Incluso podrán tener un infarto.

Los que sí saben que padecen estos síntomas y enfermedades son 214 militares [95, del sexo femenino, 109 del masculino y 10 se desconoce] con depresión y 91 con ansiedad [28 del sexo femenino, 56 del masculino y 7 se desconoce], que se registraron del 1 de diciembre de 2006 al 7 de agosto de 2016, de acuerdo con datos de la Sedena obtenidos vía Infomex, en poder de este diario.

Los especialistas de la UNAM, Inacipe, CIDE y el Colegio de Psicología, coinciden en señalar que parte de los factores que provocan estos padecimientos son: el distanciamiento de la familia, el cansancio, la falta de sueño, pesadillas recurrentes sobre alguna situación con la que se enfrentaron y el estrés.

También la sobreexposición y cantidad de servicios a los que son sometidos para labores de contención contra el crimen organizado.

De acuerdo con informes de la dependencia, se realiza una evaluación constante del estado mental de las tropas para brindar apoyo en estos padecimientos. En cuanto a la depresión, el total de militares recibieron atención sicológica, tratamiento médico y antidepresivos como sertralina, fluoxetina y venlafaxina. En cuanto a la ansiedad, se desconoce.

Aunque los hayan atendido, a final de cuentas no les vas a cambiar el escenario de lo que viven cotidianamente, destaca Martín Barrón.

Seguirán ahí, trabajando en ese contexto. No van a salir de la rutina establecida. “Entonces, eso es lo que creo puede afectarles más”, agrega.

La tarde que Aurelio Arcos decidió quitarse la vida, fue con su arma de cargo, un rifle de asalto G3 calibre 7.62X51. La bala le perforó la barbilla y salió a la altura de la nuca. Ese día acabó todo para él. Ya no habría horarios extenuantes, estrés laboral. Finalmente regresó a su estado natal. Era originario de Tabasco.

El Universal
Andrés M. Estrada
Ciudad de México
Sábado 27 de mayo de 2017.


La organización Amnistía Internacional (AI) revisó de manera independiente el video del operativo militar del 3 de mayo en Palmarito, Puebla, tras lo cual consideró que se cometió un crimen internacional.

"Este video muestra algo que los y las activistas de derechos humanos llevan decenios denunciando: las fuerzas armadas mexicanas están fuera de control y nunca se les deberían encomendar operaciones de seguridad pública", afirmó Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Mediante un pronunciamiento emitido desde Londres, AI aseguró además que las imágenes en las que se observa a un militar dispararle a un civil sometido boca abajo, es muestra del fracaso de la estrategia de seguridad.

Y en el contexto de una discusión de una ley de seguridad interior, advirtió que lo ocurrido en Puebla evidencia que no se le pueden dejan a los militares labores de seguridad pública.

"Todos los indicios señalan que miembros del ejército mexicano han cometido una ejecución extrajudicial, que es un crimen de derecho internacional. Las autoridades mexicanas no deben perder más tiempo y abrir una investigación civil urgente de este incidente", agregó Guevara.

"La mera idea de permitir que el personal militar detenga a personas e investigue delitos es indignante a la vista del trágico historial de derechos humanos de las fuerzas armadas mexicanas. Esta es una estrategia mal planteada que ya ha demostrado su total ineficacia".

Amnistía Internacional resaltó que tras verificar por su cuenta diversos videos difundidos en redes social, no encontró indicios de que estuvieran editados.

Por ello pidió una investigación civil imparcial, independiente y efectiva del personal militar implicado en el caso, incluidas las personas con mando o responsabilidad superior.

Reforma
César Martínez
Ciudad de México
Jueves 25de mayo de 2017.


El también corresponsal de La Jornada y cofundador del Semanario Río Doce recibió varios disparos en Culiacán


Javier Valdez Cárdenas, corresponsal del periódico La Jornada en Sinaloa, fue asesinado a tiros en esta ciudad, en la colonia Jorge Almada, cuando se dirigía a las oficinas del Semanario RíoDoce, del cual es cofundador.

Valdéz Cárdenas, autor de varias novelas entre ellas “Miss Narco” y “Los Morros del Narco”, fue privado de la vida sobre la calle Mariano Riva Palacio casi esquina con Epitacio Osuna.

El fundador del Semanario RíoDoce, que se inició en el periodismo en 1988 en las páginas del Noroeste, recibió varios disparos sin que se tenga información sobre sus agresores.

Sinaloa es actualmente escenario de luchas internas dentro del homónimo cártel que dirigía el capo Joaquín "El Chapo" Guzmán, así como con otros cárteles rivales.

El periódico digital RíoDoce, del cual fue fundador Valdez, dijo en su página de internet que el periodista conducía por una avenida de la capital del estado, Culiacán, cuando fue interceptado por unos sujetos que le dispararon. La fiscalía estatal dijo no tener información por el momento.

México es considerado uno de los países más letales para los periodistas por organizaciones como Reporteros sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).

Con Valdez, son al menos cinco los periodistas asesinados en México en lo que va del año, en medio de una escalada de la violencia asociada a los cárteles del narcotráfico, de los más poderosos del mundo que luchan por las rutas de la droga hacia Estados Unidos y han infiltrado a las autoridades.

Valdez era un periodista muy prestigioso y premiado que escribía sobre todo del narcotráfico en Sinaloa.

Recientemente había publicado un libro, "Narcoperiodismo", donde narraba el drama de los periodistas que no se callaban ante el narco y de cómo éste había infiltrado a los medios.

De acuerdo con Artículo 19, otra organización de defensa de los periodistas, casi todos los ataques a reporteros en México han quedado impunes, y el 53 por ciento fueron presuntamente cometidos por funcionarios públicos.

En casi 17 años, los asesinatos de comunicadores sumaron 103. El año pasado fue el más violento con 11 homicidios.

Línea de investigación

Las líneas de investigación abiertas en el asesinato del cofundador del Semanario RíoDoce y corresponsal en Sinaloa de la Jornada, Javier Valdez Cárdenas, establecen que se trató de un ataque directo, al momento que este caminaba rumbo a las oficinas del medio de comunicación, en la colonia Jorge Almada de esta ciudad.

Juan José Ríos Estavillo, Fiscal General del Estado, dijo que, por las evidencias encontradas por los peritos en criminalística, sobre la calle Riva Palacio, en el segundo cuadro de la ciudad, se descartó que se trate de un intento de despojo violento de su vehículo Corolla.

Dio a conocer que la familia del periodista y sus compañeros de labores se les brinda protección, ante los hechos que se presentaron esta mañana en la ciudad.

Valdez Cárdenas, quien estudió la carrera de Sociología en la Universidad Autónoma de Sinaloa, de 50 años de edad, se inició en el periodismo en un noticiero televisivo de esta ciudad, para posteriormente, ingresar a las páginas del periódico Noroeste y convertirse en el corresponsal de la Jornada en la entidad.

El finado periodista, quien escribió varias novelas, la mayoría de ellas, relacionadas con el tema del narcotráfico, entre ellas “Miss Narco” y “Levantones”, en las que describió el mundo de la delincuencia en Sinaloa.

En febrero del 2003, Junto con un grupo de periodistas, entre ellos, Ismael Bojorquez Perea y Alejandro Sicairos, fundó el Semanario Río Dice, el cual, con el paso del tiempo, se convirtió en un medio, con una amplia cobertura en temas relacionados al narcotráfico.

La mañana del 11 de septiembre del 2009, el semanario RíoDoce fue blanco de un ataque, por desconocidos, los cuales detonaron una granada en la planta baja, del inmueble, donde se imprime el rotativo, en la colonia Jorge Almada

El Universal
Javier Cabrera Martínez / Corresponsal
Culiacán, Sinaloa, México
Lunes 15 de mayo de 2017.


La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una decisión en marzo que dicta que todos los delitos contra los periodistas deben enviarse a los tribunales federales.


Veracruz. - Las llamadas son cada vez más frecuentes: hallaron otro cuerpo, desmembrado, con la ropa hecha jirones, con heridas de bala. El teléfono suena de día, a la medianoche y a la madrugada.

Los colegas se reúnen de inmediato para rendirle honores; sus fotografías y mensajes son un testimonio sombrío de otro periodista que murió aquí en el Estado de Veracruz, al este de México: el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en todo el hemisferio occidental.

"Ya tiene rato que hemos estado viviendo en este infierno", cuenta el periodista Octavio Bravo, mientras miraba fijamente el ataúd de un colega muerto a balazos el año pasado. "No te imaginas la impotencia, la frustración que sentimos".

México es uno de los peores países en el mundo para ejercer el periodismo. Hasta la fecha hay registro de 104 periodistas asesinados desde el año 2000, y otros 25 están desaparecidos y, se cree, muertos.

En la lista de los lugares más mortíferos para ser reportero, México está ubicado entre Afganistán, un país devastado por la guerra, y Somalia, categorizado como Estado fallido. El año pasado fueron asesinados 11 periodistas mexicanos, la mayor cifra durante este siglo.

Hay pocas esperanzas de que la situación cambie en 2017.

Marzo ya fue el peor mes desde que hay registros, según los datos del capítulo local de Artículo 19, grupo que monitorea la violencia contra los periodistas en todo el mundo.

Siete periodistas fueron baleados en todo el País en marzo y tres de ellos murieron. Fueron asesinados afuera de sus casas, sentados en sus autos, saliendo de un restaurante o mientras hacían un reportaje, por hombres armados que desaparecieron sin dejar rastro.

Los motivos detrás de los asesinatos varían: hay matones de cárteles del narcotráfico molestos por una cobertura audaz en su contra, hay funcionarios públicos corruptos que quieren silenciar a los críticos, así como violencia arbitraria e, incluso, casos de reporteros que cambiaron de bando y se unieron a los mundos criminales que cubrían.

De acuerdo con los datos del Gobierno, servidores públicos como alcaldes y policías han amenazado a los periodistas con más frecuencia que los cárteles; eso pone en peligro las investigaciones y despierta dudas sobre el compromiso gubernamental para hallar a los responsables.

Algunos periodistas fueron torturados o asesinados a petición de alcaldes; otros fueron golpeados en sus redacciones por hombres armados bajo órdenes de funcionarios locales y policías, que habían amenazado con matarlos por sus coberturas.

No obstante, de los más de 800 casos graves de acoso, ataques u homicidios contra comunicadores en los últimos seis años, sólo han sido emitidas dos sentencias por la Fiscalía creada especialmente para investigar delitos contra la libertad de expresión.

"No es que no puedan resolver esos casos, sino que no quieren o no los dejan", comentó un funcionario de alto nivel que pidió mantener su anonimato por miedo a represalias por parte del Gobierno.

"Es una cuestión política. Los periodistas muertos hacen quedar mal al Gobierno, pero es peor si su muerte se debe a que estaban haciendo su trabajo".

El Gobierno responde a las críticas con el argumento de que ha aprobado leyes que protegen a los periodistas y que les ha entregado botones de pánico, equipo de vigilancia e incluso les ha contratado guardias armados en casos en los que la amenaza es considerada lo suficientemente seria.

"Es un hecho indefectible que en México existe el ejercicio de la libertad de expresión", indicó en un comunicado la Procuraduría General de la República, "este constante ejercicio ha implicado riesgos y obstáculos".

"(Es)un ejemplo del esfuerzo que hace el Estado Mexicano para hacer valer (la libertad de expresión) y oponer ante cualquier amenaza que atente en contra de su libre ejercicio", añadió.

Cientos de periodistas han sido puestos bajo protección gubernamental en años recientes. Ninguno de ellos había sido asesinado, hasta julio de 2016, cuando un reportero de nota roja que había recibido varias amenazas de muerte fue baleado afuera de su domicilio y murió camino al hospital.

Los mismos funcionarios que dirigen el programa de protección reconocen que gastar millones para prevenir el asesinato de los periodistas no es suficiente para atender la situación.

"Es un problema que no se resuelve con la protección, uno por uno, de los periodistas", dijo Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. "Sin duda tenemos un enorme reto, que es el de la impunidad."

Las consecuencias para México son mucho más graves que unas cuantas muertes más en un País donde el 98 por ciento de los homicidios quedan impunes. En la opinión de muchos periodistas, la delincuencia, la corrupción y la indiferencia están acabando con la premisa básica de una prensa libre, así como con un pilar central de la democracia del País.

"La libertad de expresión en México se convierte en un mito", dijo Daniel Moreno, Director general de Animal Político, una agencia de noticias independiente.

"El Gobierno federal es incapaz de resolver casos de violencia, y que aparte ejerce esta misma, entonces el estado del periodismo nacional legítimamente se puede considerar en estado de emergencia".

Tras casi una década de violencia en aumento contra los medios, ya sea por el crimen organizado o por funcionarios, la prensa se ha adaptado al censurar buena parte de lo que informa. La autocensura no solo es común, se podría decir que es casi la norma.

En marzo, una respetada periodista recibió ocho tiros cuando salía de su casa para llevar a su hijo a la escuela. En respuesta, uno de los periódicos para los que escribía anunció su cierre de manera repentina y lanzó una advertencia sobre el paisaje mortífero en el que los periodistas se ven obligados a vivir.

"Luchamos contra corriente, recibiendo embates y castigos de particulares y gobiernos por haber evidenciado sus malas prácticas y actos de corrupción", escribió el editor en jefe del diario Norte en una carta abierta. "Todo en la vida tiene un principio y un fin, un precio que pagar. Y si esta es la vida, no estoy dispuesto a que lo pague ni uno más de mis colaboradores, tampoco con mi persona".

El Presidente Enrique Peña Nieto se ha comprometido atender la violencia contra los medios nacionales.

No obstante, el Gobierno federal ha establecido de manera reiterada que los delitos contra los periodistas no son ataques a la libertad de expresión, lo cual quiere decir que no ameritan la participación de éste.

Los investigadores federales han revisado 117 casos de asesinatos de reporteros desde el 2000, pero sólo decidieron investigar ocho. De esos, sólo ha sido resuelto uno.

En ocasiones, algunas autoridades se apresuran a decir que el asesinato de un periodista no está relacionado con su labor poco después de que se dé a conocer la muerte y mucho antes de que siquiera arranque la investigación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una decisión en marzo que dicta que todos los delitos contra los periodistas deben enviarse a los tribunales federales. Sin embargo, la decisión del máximo tribunal todavía no es vinculante y sólo aplica para delitos nuevos, lo cual quiere decir que una gran cantidad de casos se quedarán en los tribunales locales donde actualmente están. Estos cuentan con pocos recursos y son muy vulnerables a la corrupción.

Tres bolsas de basura

"En Veracruz es muy fácil matar periodistas", dijo Jorge Sánchez Cerezo, cuyo padre, Moisés, fue secuestrado y asesinado hace dos años.

Moisés Sánchez Cerezo fue editor del periódico La Unión por más de una década, aunque, a decir de su familia, el peligro llegó hasta que comenzó a escribir notas sobre el desvío de fondos por parte de un Alcalde local en una zona que se había tornado cada vez más violenta.

En enero de 2015, hombres armados irrumpieron en la casa de Sánchez y lo sacaron a rastras, ante la mirada impotente de su familia. Días más tarde su cuerpo fue encontrado destazado y los restos metidos en tres bolsas de basura negras.

Durante meses, sus familiares y periodistas de Veracruz exigieron que el Gobierno federal investigara el caso como un ataque a la libertad de prensa. La Fiscalía Especializada que se creó para proteger la libertad de prensa se resistió a hacerlo.

"No pudimos encontrar ni una sola prueba que sustentara esa afirmación", dijo Ricardo Celso Nájera Herrera, el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

La negativa dejó atónita a la familia de Sánchez, ya que los funcionarios en Veracruz habían obtenido pruebas de que el asesinato se había dado por fines políticos. Un guardaespaldas del Alcalde de la localidad veracruzana, Medellín de Bravo, admitió que su jefe le había ordenado secuestrarlo y asesinarlo.

"Por supuesto que este caso está relacionado con su periodismo", aseveró Luis Ángel Bravo Contreras, ex Procurador estatal de Veracruz, a finales del año pasado.

El Gobierno federal aceptó tomar el caso después de que la familia ejerció presión de manera constante y presentó una demanda legal. Durante los casi dos años que transcurrieron de por medio fue capturado uno de los seis principales sospechosos y el ex Edil se dio a la fuga.

Al igual que decenas de periodistas entrevistados en Veracruz, la familia de Sánchez tiene pocas esperanzas de que se vaya a hacer justicia. Para ellos, las muertes de periodistas caen en el cementerio de la impunidad que acompaña a la mayoría de los homicidios en México.

"Lo único que podemos hacer", dijo Jorge Sánchez, quien ha seguido publicando el periódico de su padre, "es escándalo".

Sin relación a su labor

Este 28 de abril, por quinta ocasión, los reporteros en la capital veracruzana, Xalapa, rindieron honor a su colega asesinada Regina Martínez.

Usualmente ponen una placa en una plaza en el centro de la ciudad, la cual renombran "Plaza Regina Martínez". Los últimos cuatro años que lo han hecho, la placa ha sido quitada por el Gobierno.

Tal vez no haya otro caso más simbólico de la lucha de los periodistas mexicanos en Veracruz que la de Martínez, corresponsal de Proceso, un baluarte del periodismo independiente y una revista que históricamente ha tenido una postura crítica hacia el Gobierno local y nacional.

Sus reporteros lo han pagado caro; se encuentran entre los más amenazados, no sólo en Veracruz, sino en todo el País.

Martínez, una reportera aguerrida con más de 20 años de experiencia, era vista como el ejemplo de una periodista seria que no tenía miedo de cubrir los problemas más críticos de su tiempo, en especial los del nexo entre la delincuencia y la política.

La periodista fue hallada en el piso de su baño, tras ser golpeada y estrangulada, la noche del 28 de abril de 2012, un día después de que se publicaran artículos suyos -uno sobre la misteriosa muerte de un político y otro sobre el arresto de nueve policías que trabajaban para narcotraficantes-.

La muerte conmocionó al País. Los periodistas aquí son al mismo tiempo investigadores, cronistas y víctimas de la violencia y la corrupción desatada por la guerra contra el narcotráfico. Algunos reporteros incluso han llegado a ser partícipes; varios de los que viven en estados donde no impera la ley admiten que han aceptado dinero de los cárteles a cambio de cambiar sus coberturas.

"No me enorgullece recibir su dinero", confesó un reportero de Veracruz que pidió mantener su anonimato por miedo a represalias de los cárteles. "Pero una vez que empiezas, ya no hay vuelta atrás".

Los colegas dicen que Martínez era intachable, una periodista aguerrida y respetada. Si pudieron matarla a ella, entonces nadie está a salvo.

La revista para la que trabajaba, Proceso, exigió una investigación minuciosa y que se le diera acceso a los archivos del caso para asegurarse de que las autoridades lo estaban tomando en serio. El Gobierno aceptó y, según periodistas y ex funcionarios, de inmediato fueron evidentes las deficiencias de la investigación.

Del lugar de los hechos había desaparecido evidencia como botellas de cerveza vacías, junto con rastros de ADN, ya sea a propósito o por una labor policial pobre. Los investigadores federales que llegaron para brindar asistencia no tenían casi nada con qué trabajar debido a ese manejo inadecuado de la escena del crimen.

Jorge Carrasco, el reportero de Proceso que cubría la investigación, comenzó a recibir amenazas de muerte, por lo que tuvo que ser puesto bajo protección las veinticuatro horas del día; ello limitó su capacidad de darle seguimiento al caso.

La versión oficial de lo sucedido decepcionó al gremio. Las autoridades dijeron que el asesinato no estaba relacionado con la profesión de Martínez, sino que uno de los hombres que la mató presuntamente tenía una relación sentimental con ella y que se trató de un robo frustrado.

El sospechoso se dio a la fuga y fue detenido su cuñado, un hombre analfabeto, acusado de ser cómplice. El hombre confesó, pero meses más tarde, durante una audiencia pública, declaró ante el tribunal que lo había hecho bajo tortura, lo que provocó que el juez anulara su sentencia. La condena fue impuesta de nuevo por el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz.

Los periodistas veracruzanos estaban devastados al sentir que nunca se sabría la verdad detrás de la muerte de Martínez. Las autoridades anunciaron que el caso estaba cerrado.

Había una última opción: denunciar el caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que tiene autoridad para iniciar investigaciones cuando se han agotado todas las instancias del sistema judicial de un país. Proceso prefirió no acudir ante la CIDH.

"Para ser honestos, no lo hicimos debido al miedo, sino la inseguridad, dadas las pruebas reales de que matan a periodistas", dijo Carrasco en entrevista. "Cuando comienzas a recibir amenazas, ¿qué haces? Sería poner en riesgo a aquellos que están en las calles, reporteando".

Señaló que Proceso esperaba en vez que el furor público resultante de la muerte de Martínez evitara que se repitiera otro caso como el de ella.

Esas esperanzas se desvanecieron poco después.

En Veracruz se sigue matando a los periodistas y no pasó mucho tiempo para que la muerte volviera a llevarse a un colaborador de Proceso.

En julio de 2015, dos meses después de huir de Veracruz tras denunciar ser víctima de acoso gubernamental -las autoridades lo seguían e intimidaban-, el fotógrafo Rubén Espinosa fue asesinado junto con cuatro mujeres en un departamento de Ciudad de México.

La mañana siguiente, los editores de Proceso y los defensores de los medios marcharon y exigieron una reunión con el Procurador de la capital.

Una de las primeras cosas que les dijo fue que el asesinato no había tenido nada que ver con el periodismo.

Vivir con precaución

Jesús Olivares escuchó la sirena de una ambulancia mientras estaba sentado en un restaurante de mariscos tomando un refresco. Giró en la silla para echar un vistazo por la ventana y alcanzó a ver el reflejo de las luces rojas y blancas mientras el vehículo pasaba a toda velocidad.

"Podría ser algo", dijo, y se levantó.

Pero, en esa ocasión, no había nota. Después de un rápido recorrido por la autopista a bordo de su motocicleta descubrió que la columna de humo en un campo no era un cuerpo, ni despojos, ni ningún final macabro como los que conocía debido a su profesión como periodista de nota roja.

En esta ocasión, se trataba de agricultores haciendo quema de suelo.

"Nada que ver aquí", dijo, dejando ver una sonrisa.

Durante casi tres años, Olivares ha sido reportero de El Dictamen, uno de los diarios de mayor tiraje en Veracruz. Su trabajo es una muestra del costo de la guerra contra el narco: cuerpos desmembrados, balaceras, secuestros.

El trabajo ha tenido su precio. En febrero, un comandante de policía lo amenazó de muerte si no dejaba de tomar fotos de una escena del crimen. Él reportó el incidente y ahora lleva consigo un botón de pánico que le entregó el Gobierno, que dijo le sirve de poco consuelo, pues llama al mismo cuerpo policial por el que se siente amenazado.

"El Gobierno es el peor", expresó. "Por lo menos las amenazas de los narcos son directas, claras".

Es así como Olivares ha decidido encargarse de su propia seguridad, al igual que la mayoría de los reporteros aquí, ha adoptado un sistema de vigilancia y seguridad en grupo.

Habla con cautela entre funcionarios públicos y escribe con eufemismos para evitar términos populares que no son del agrado de los cárteles, como "balacera", "secuestro" y "ejecución". También se hizo amigo de los bomberos, cuya estación se ha vuelto casi como su segundo hogar.

Entabló amistad con ellos tras la muerte de su madre hace dos años, ya que los vulcanos se llevaron su cadáver. Los hombres asistieron a su funeral, lo cual dejó una honda impresión en el reportero, que se sintió agradecido con la calidez del gesto.

Al principio, Olivares comenzó a pasar algunas noches con los bomberos para escapar de la tristeza de su casa. Cuando siguió apareciendo por allí, le dieron un uniforme y un lugar para dormir en la estación.

Sin embargo, una vez que las amenazas comenzaron, sus visitas fueron más útiles de lo que hubiera imaginado: el lugar se convirtió en un santuario, ya que estaba rodeado de defensores bien entrenados en todo momento.

Estos días, se pone el uniforme y acompaña a los bomberos, ayudando cuando puede mientras toma nota para sus reportajes. Le gusta la idea de vestirse con el uniforme cuando el deber llama.

Una noche reciente, Olivares se encontraba en el estacionamiento de la estación, ajustando su chaleco reflejante, mientras sus amigos intercambiaban historias. Uno de ellos relató cómo, hasta hace poco, la delincuencia organizada era quien estaba a cargo de la estación de bomberos, como una forma de extorsionar a aquellos que necesitaban sus servicios.

La situación cambió con la llegada de un nuevo comandante. La estación se abrió al público y los que pasaban hacían sonar la bocina de sus vehículos como un saludo a los hombres, reunidos en la banqueta bajo el resplandor amarillento de una farola.

Olivares parecía relajado tras haber terminado el ajetreo del día laboral. Se retiró a la trastienda de la estación de bomberos.

Obstáculos para la justicia

A finales de julio, el periodista de nota roja Pedro Tamayo Rosas estaba en la entrada de su casa, ayudando a su esposa con el puesto de hamburguesas que tiene en su modesta casa de Tierra Blanca, una ciudad de Veracruz.

Rondando las 23:00 horas, un hombre armado salió de una camioneta negra. Pidió una hamburguesa antes de vaciar el cargador de su arma contra Tamayo, y desapareció.

El hombre, quien estuvo desangrándose casi media hora en la acera y murió camino al hospital, fue el primer periodista mexicano en ser asesinado cuando estaba bajo protección del Estado, lo cual puso fin al saldo blanco de los casi 500 periodistas y defensores de los derechos humanos sujetos a un programa de resguardo gubernamental establecido hace unos cinco años.

Después de varias amenazas de muerte, funcionarios gubernamentales habían ayudado a Tamayo y a su familia a huir de Veracruz. Seis meses después, sin trabajo y nostálgico, regresó y les dijo a sus amigos que prefería morir en Veracruz que vivir en Tijuana.

Como sucede con muchos casos, no se sabe quién ordenó el asesinato. Su esposa cree que la Policía estuvo involucrada. Los oficiales estacionados en su calle no fueron tras los que dispararon.

La viuda afirma que uno de ellos le apuntó con el arma cuando trató de ayudar a su marido. Ahora está convencida de que el Estado tuvo que ver dada una serie de amenazas, de acosos y el arresto de su hijo.

Los amigos del reportero piensan que los cárteles estuvieron involucrados. De acuerdo con personas cercanas, Tamayo estaba revelando información sobre el robo de gasolina en su tierra natal y sus alrededores.

El hecho de que puedan ser responsables del homicidio el Gobierno y la delincuencia organizada -o ambos- refleja la crisis existencial a la que se enfrentan los reporteros en México.

La crisis no acabó con la muerte de Tamayo. Al menos no para su familia.

Su esposa, Alicia Blanco Beisa, informó a sus abogados y a las autoridades estatales encargadas de proteger a los periodistas que había sido amenazada en varias ocasiones por funcionarios de Tierra Blanca, incluso en el día del funeral.

Su casa fue incendiada y su hijo arrestado por el robo de un vehículo, un delito en el que ella asegura no estuvo involucrado. Blanco Beisa declaró haber recibido amenazas de un funcionario de seguridad de alto rango que, apuntándole con un arma, le ordenó guardar silencio sobre su marido.

El caso de homicidio está en un punto muerto, dicen sus abogados. En una reunión reciente en la Procuraduría estatal, los abogados de Tamayo solicitaron al Fiscal que incluyera el ataque, el incendio y el arresto de su hijo en el mismo caso.

Éste se negó, considerando que todos eran episodios inconexos y que no estaban relacionados con el homicidio de su esposo, según dijo la gente que estuvo presente en dichas reuniones.

Entonces reviró la pregunta a la señora Tamayo, preguntándole por qué no había denunciado los hechos formalmente ante las autoridades.

"Lo hice", contestó Blanco Beisa, quien aseguró que fue a las oficinas gubernamentales correspondientes a presentar las denuncias. "Se negaron a registrarlas".

Sus abogados, que trabajan para el grupo de defensa de derechos de los periodistas Artículo 19, ahora están preocupados por la seguridad de la viuda. Dicen que las denuncias de acoso contra funcionarios públicos son una maniobra mortal en Tierra Blanca, un lugar especialmente mortífero en un estado especialmente mortífero.

"Este es uno de los casos más emblemáticos", dijo Erick Monterrosas, abogado de Artículo 19.

Y como en muchos de estos casos, añadió, los homicidas de Tamayo siguen libres.

The New York Times
Ciudad de México
Domingo 30 de abril de 2017.


En un año, al menos 21 mil 31 mexicanos fueron desplazados forzosamente de sus hogares debido a la violencia, de acuerdo con un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Otras 2 mil 138 personas fueron desplazadas por conflictos religiosos, territoriales o políticos en Chiapas, Hidalgo, Zacatecas, Jalisco y Oaxaca.

"Se han generado enfrentamientos prolongados entre las Fuerzas Armadas y de seguridad contra grupos del crimen organizado", precisó el informe.

"Las desapariciones, secuestros, reclutamientos forzados, asaltos, robos de bienes materiales, extorsiones, amenazas, desalojos arbitrarios (...) han sentado las bases para una nueva ola de desplazamiento interno forzado en el país".

El documentó detalló que el mayor desplazamiento ocurrió en Michoacán donde, en un solo evento causado por la violencia, 10 mil personas huyeron a otras entidades.

Hasta el 96 por ciento de la población de Huixiopa en Badiraguato, Sinaloa, fue desplazada tres veces en un solo año, informó.

Destacó también el cambio de residencia forzoso de 850 habitantes de Nochixtlán, Oaxaca, a consecuencia del operativo llevado a cabo en junio por policías estatales y federales.

Para salvaguardar sus vidas, 4 mil 747 personas huyeron en Chihuahua; 4 mil 208 en Sinaloa y mil 650 en Guerrero, indicó.

"Durante el período de 2009 a enero de 2017, en México, 310 mil 527 personas tuvieron que desplazarse de manera interna debido a la violencia o por conflictos territoriales, religiosos o políticos", añadió el informe.

Reforma
Ciudad de México
Martes 04  de abril de 2017.


Hallazgo de grandes fosas comunes

El dolor es el mismo en los lugares en donde una serie de excavaciones han desnudado una macabra realidad: cientos de cuerpos, huesos y restos que confirman miles de desapariciones forzadas durante guerras, enfrentamientos o ajustes de cuentas.

Amnistía Internacional había alertado en 2015 de que el hallazgo frecuente de fosas comunes en México era muestra de la crisis que enfrentaba el país por cuenta de la guerra contra el narcotráfico. Tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las autoridades encontraron una serie de cementerios clandestinos que eran usados tanto por narcotraficantes como por las autoridades. Cientos de cuerpos yacían olvidados allí. Según datos de la Procuraduría General de la República (PGR), desde octubre del 2014 se encontraron 60 fosas comunes con los restos de unas 129 personas en Guerrero.

Sin embargo, según dicen las autoridades mexicanas, lo que se encontró en Veracruz no tiene igual. Después de excavar durante más de siete meses, hallaron los restos de al menos 250 personas.

Todo comenzó cuando un desconocido repartió copias de un mapa de la ciudad en el cual había muchas cruces marcadas a mano. Siguiendo esas pistas, se llegó a uno de los descubrimientos más macabros de los últimos años en el país, en donde, según cifras oficiales, más de 25.700 personas han desaparecido por las disputas entre los carteles de la droga.

El fiscal del estado, Jorge Winckler, dijo que “Veracruz es una gran fosa, quizá una de las más grandes del mundo”. Y explicó después que hasta el momento sólo han explorado el 30 % de la zona, un área boscosa a las afueras del Puerto de Veracruz. “El número de personas enterradas allí podría ascender considerablemente”, concluyó.

Veracruz ha sido escenario de gravísimas disputas entre los Zetas y el cartel Jalisco Nueva Generación. En diciembre, la fiscalía del estado y la policía federal mexicana hallaron dos osamentas en un cementerio clandestino cerca del Puerto de Veracruz y hoy los niveles de violencia se han disparado.

Los integrantes del Solecito, un colectivo de familiares de personas desaparecidas, están detrás de los hallazgos. Fueron ellos los que pidieron la ayuda de las autoridades y empezaron la búsqueda. Hasta la fecha han ubicado 105 fosas, con 111 cráneos y más de 6.000 trozos de hueso. Y faltan todavía por rastrear 11 de las 15 hectáreas.

Irak y el Estado Islámico

A miles de kilómetros, en otra guerra que hoy se cobra más de 300.000 víctimas, las autoridades anunciaron un hallazgo parecido: una fosa común en la cárcel de Badush, cerca de Mosul, con los cuerpos de cientos de personas ejecutadas por los yihadistas del grupo Estado Islámico (EI).

Según las fuerzas iraquíes, durante sus operaciones encaminadas a arrebatarle terreno al EI han encontrado decenas de fosas comunes. En un informe de 2015, la ONU afirmó que unos 600 hombres murieron ejecutados por el EI cuando el grupo yihadista se apoderó de la cárcel en junio de 2014. Los están buscando, al igual que a más de 500 mujeres de la minoría yazidí, de las que tampoco hay huella.

Miembros del Hashd al Shaabi encontraron “en la cárcel (de Badush) una gran fosa común que contiene los restos de unos 600 civiles presos que fueron ejecutados por el EI cuando los yihadistas se apoderaron de la prisión durante la ocupación de Mosul”, afirma un comunicado.

El ejército iraquí ya había hallado una fosa común en la zona de Hamam Al Alil, al sur de Mosul, en noviembre, según indicó un responsable, que dio cuenta de al menos 25 cuerpos visibles. Luego aparecieron las de Khafsa, al norte de Mosul. Los hallazgos apenas comienzan.

El Espectador
Bogotá, Colombia
Sábado 18 de marzo de 2017.


La extradición del narcotraficante ha provocado que en los dos primeros meses del año hayan ocurrido 235 homicidios en el Estado

El cuerpo de Zenén Santiago Ojeda quedó tendido debajo de una camioneta negra donde intentó protegerse de las balas. La tarde del martes 7 de febrero se dirigía con un amigo a una tienda de refacciones y ambos quedaron en medio de una refriega. En una gasolinera ubicada en un crucero de Villa Juárez —un poblado de Sinaloa donde residen los trabajadores agrícolas de la región— dos grupos armados emprendieron un tiroteo que acabó con la vida de los dos jornaleros y de otra mujer que también pasaba por el lugar abordo de una motocicleta con su esposo.

En la casa de Zenén, una modesta vivienda construida a retazos tras varios años de trabajo en el campo, hay un altar con flores rojas y una imagen de la virgen de Guadalupe. En los últimos días de angustia, la fe ha sido el mejor refugio para Eva González, que sigue hablando de su esposo en presente porque no se acostumbra a su inesperada ausencia. “Él quería superarse, acababa de terminar la primaria abierta porque le deba pena que nuestro hijo le preguntara cosas de la escuela y él no se las pudiera contestar”, dice la mujer de cabello canoso.

Zenén, de 41 años, trabajaba en el campo desde hace más de 30 años, en un principio como jornalero y después como conductor de un autobús que transportaba a la gente que labora en esa zona, una de las regiones agrícolas más importantes de Sinaloa. “Ese día, después de llegar del campo, él llevó a un amigo a comprar unas refacciones y allá los agarró la balacera. Él estaba en el momento equivocado y le tocó”, cuenta Eva, mientras se frota el vientre abultado producto de varios meses de embarazo.

Villa Juárez —perteneciente al municipio de Navolato, contiguo a Culiacán— es una de las localidades del Estado donde ha habido un aumento de hechos delictivos desde principios de año. Los homicidios en la cuna del cártel de Sinaloa tuvieron un repunte del 30% en comparación con el 2016. En enero y febrero de este año se han registrado 235 asesinatos, mientras que en los mismos meses de 2016, ocurrieron 180, según datos proporcionados por el subsecretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda. El funcionario explica que la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán Loera avivó la violencia en la entidad, ya que ocasionó una reestructuración del cártel que ha provocado pugnas internas.

La entidad vive una de sus peores crisis de seguridad y el actual mandatario Quirino Ordaz Coppel --quien asumió el cargo el primero de enero-- no ha podido contenerla. Los policías locales no pudieron poner orden y se tuvo que recurrir a la última carta del Gobierno en materia de seguridad: el Ejército y la Marina, que tampoco han logrado aminorar la violencia, dice Alejandro Sicairos, especialista en temas de seguridad.

Culiacán, la capital de Sinaloa, es uno de los tres municipios que concentró la mayor cantidad de homicidios el primer bimestre del año. La racha continuó los primeros cinco días de marzo: unos promedios de tres personas fueron asesinadas en la ciudad. En las balaceras —ocurridas también en zonas residenciales— han muerto menores de edad, civiles, presuntos delincuentes y militares. El 24 de febrero un hombre disparó indiscriminadamente su fusil de asalto AK-47 en contra de los asistentes a un bar: tres personas murieron y cinco resultaron heridas. “En Culiacán y en el valle agrícola la gente está muy temerosa, no mandan a los niños a la escuela o no van a sus actividades productivas porque hay una guerra intestina que no sabemos cuándo va a acabar”, expone Sicairos.

El municipio de Navolato (154.300 habitantes) ha sido otra de las zonas más afectadas por la disputa que se ha desatado entre dos facciones del cártel de Sinaloa: un grupo liderado por Dámaso López, antiguo socio de Joaquín Guzmán, y el otro grupo comandado por Aureliano Guzmán, hermano del capo, y los hijos de este, conocidos como Los Chapitos. El 21 de febrero un grupo armado amagó al conductor de un autobús que transportaba jornaleros y le quitó la unidad. Tras realizar varios disparos al aire y quemar el camión, los empistolados huyeron por las brechas de la localidad.

En unos de los enfrentamientos entre bandas antagónicas ocurrido en Villa Juárez, Norberto Salazar —otro jornalero— perdió la vida, pero las autoridades lo identificaron ante su familia como un sicario. Su madre Blandina Ponce asegura que su hijo trabajaba en los campos agrícolas y tenía vida de campesino: “No traía ropa de marca, teléfonos de lujo, carros del año”. Según testimonios que la familia ha recogido, el joven fue baleado por los policías al no querer detener su auto cuando intentaba resguardarse de una balacera. “A su papá le enseñaron una foto donde aparece él muerto con un arma, pero es mentira, esa pistola se la pusieron los mismos policías”, afirma la señora que también trabaja en el campo. “Por qué mancharlo de esa forma, si toda la gente lo conoce y sabe que él trabajaba de forma honrada”, cuestiona anegada por el dolor.

Una cacería de policías

Reyes Yosimar García se casaría en mayo y pensaba abandonar la policía municipal después de cinco años de servicio. El 26 de enero hombres armados llegaron a su domicilio y se lo llevaron a punta de pistola frente a su novia y su hermano. Su familia cuenta que cerca de las 7.00 de la tarde había llegado del trabajo cuando tocaron a la puerta de la vivienda y comenzaron a preguntar por él. Yosimar se asomó por la ventana y uno de los hombres apuntó hacia su rostro y gritó: “Ese es, el de los lentes”.

Al abrir la puerta le pegaron en las costillas y lo subieron a una camioneta. Desde entonces nadie lo ha vuelto a ver. “Nos hemos reunido con el procurador, subprocurador, pero hasta ahora nada. Ellos lo buscan muerto y nosotros queremos que lo busquen vivo, que me lo devuelvan sano”, exclama María Isabel, la madre del joven de 28 años.

Él es uno de los cinco agentes locales que desde el 21 de enero han sido presa de la delincuencia organizada. A la fecha tres policías continúan desaparecidos y dos han sido asesinados. Tres de ellos prestaron ayuda a un convoy de militares que en octubre pasado fue brutalmente atacado a balazos por miembros del cartel de Sinaloa. Esa teoría del rescate es una hipótesis que las autoridades han contado a los familiares para explicar las desapariciones. Según fuentes de seguridad del Estado, citadas por medios locales, hombres armados intentaron secuestrar a dos agentes más, pero estos lograron escapar.

Para Alejandro Sicairos este ataque a policías por parte del crimen organizado busca amedrentar a las corporaciones y mandar un mensaje al Gobierno estatal para que cedan el control de los mandos policiacos al crimen, como ocurría en el sexenio anterior. La actual administración colocó a militares al frente de los mandos policiales, lo que ha ocasionado la molestia de la delincuencia organizada. “Intentan recuperar el control de las policías que ya no tienen y tratan de decir al Gobierno que, si no ceden, ellos van a continuar atacando a los agentes”, afirma Sicairos.

El País
Zorayda Gallegos
Culiacán, Sinaloa, México
Miércoles 8 de marzo de 2017.


El descubrimiento sucede unas horas después de que el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reuniera con el gabinete de seguridad de la entidad

Tan sólo unas horas después de que el Gobierno Federal de México anunciara este martes un operativo de seguridad para frenar al crimen organizado en Veracruz, la Policía encontró 11 cadáveres abandonados en una camioneta en Boca del Río. Los cuerpos tenían huellas de tortura y fueron encontrados con un mensaje que advertía: "Guerra quieren, guerra tendrán". El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó antes del hallazgo que tienen identificados a las bandas criminales responsables de la violencia en la zona. El gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes, ha señalado que el hallazgo no representaba un desafío para su administración debido a que fueron víctimas una guerra entre grupos del crimen organizado.

Veracruz, en el Golfo de México, ha sido uno de los Estados más azotados por la violencia desatada por la guerra contra el narcotráfico. Una economía bendecida por el petróleo y su condición de ruta de paso para el envío de droga a la costa este de EE UU lo convirtieron en un jugoso pastel para las mafias. Descabezada la organización que operaba en el territorio, los Zetas, los episodios de horror espectacular han menguado. Pero Veracruz sigue siendo uno de los estados más violentos de México.

Ocho de los cadáveres hallados estaban en el interior de una camioneta color blanco y tres cuerpos en la puerta de la misma unidad automotriz. El vehículo fue dejado a un costado de una escuela, por lo que vecinos del lugar se percataron rápidamente de los hechos y dieron aviso a las autoridades estatales y federales. Como parte del operativo para frenar la violencia en Veracruz, Osorio Chong ha informado de que serán elementos de la Gendarmería Nacional y del Ejército Mexicano quienes operarán en nueve municipios donde viven casi medio millón de habitantes, aunque no especificó el número de personas estarán involucradas. 'Tenemos claros los objetivos, quiénes son ellos, e iremos por ellos, por todo lo que representan con sus integrantes', sentenció Osorio Chong.

El País
Boca del Río, Ver. Mx.
Miércoles 1 de marzo de 2017.

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