Es el cuarto asesinado en 2018

Villahermosa. - El periodista de radio y televisión Juan Carlos Huerta fue asesinado, con su muerte suman 43 comunicadores que han perdido la vida de esta forma, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, lamentó la muerte del locutor al que calificó de amigo.

De acuerdo con información revelada por Núñez Jiménez, el comunicador estaba saliendo de su hogar en un fraccionamiento a las afueras de la Ciudad de Villahermosa, cuando fue abordado por un vehículo negro en el que viajaban más de tres personas y posteriormente asesinado a tiros.

El gobernador señaló que se reforzará la seguridad en todo el estado.

Huerta Martínez era conductor del noticiero "Sin Reservas", de los más influyentes en el estado, de corte político. Además, conducía el noticiero de televisión en el canal Notinueve, todas las noches de lunes a viernes.

Hasta el mes de enero laboró para Grupo Acir, de donde se separó tras ganar una concesión de radio, la 6.20 de AM. El comunicador decidió entonces cambiar su noticiero a la estación que le fue concesionada.

El periodista tenía 45 años y deja a una esposa y dos hijos.

El homicidio se registra en el día en que los periodistas conmemoran el primer aniversario luctuoso del periodista Javier Valdez, asesinado hace un año en Culiacán, Sinaloa.

En México, en la actual administración han asesinado a 37 periodistas, según la organización Reporteros Sin Fronteras.

En lo que va de este año cuatro periodistas han sido asesinados en el país: Carlos Domínguez, en Nuevo Laredo; la bloguera Pamela Montenegro, conocida como Nana Pelucas, en Guerrero; Gerardo Martínez, de EL UNIVERSAL, en la CDMX, y Leobardo Vázquez, de Veracruz, en marzo.

El Siglo de Torreón
Torreón, Coahuila, Mx.
Martes 15 de mayo de 2018.


Nuevo León. - La suma de personas desaparecidas en México supera por mucho los casos registrados en las dictaduras de Chile y Argentina, aseguró José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch.

Tan sólo en el gobierno de Calderón hay una cifra de alrededor de 25 mil personas desaparecidas, más los que van del presente sexenio, aunque aclaró, en el país no se tiene certeza de cuántas desapariciones fueron por obra del Estado y cuántas por parte del crimen organizado.

“Las cifras de desapariciones en Chile son de 2 mil personas en 17 años de dictadura militar y de Argentina la cifra oficial del informe Sábato es de 10 mil personas desaparecidas.

“Ahora es importante aclarar que esas son personas desaparecidas por agentes del Estado, acá hay de todo y como no hay investigaciones, realmente no sabemos cuántos corresponden a los cárteles y cuántos al Estado; no es que uno esté atribuyendo todos esos casos utilizando el mismo parámetro”, declaró el especialista en derechos humanos.

En los últimos dos sexenios, México ha multiplicado varias veces las cifras de violaciones a derechos humanos cometidas durante las dictaduras mencionadas, dijo Vivanco, lo cual es un panorama dramático que debe conmover al país.

Porque estamos hablando de una cifra de víctimas de ejecuciones, de masacres, desapariciones, de torturas, que no han encontrado en el Estado un amparo, que no han encontrado sus familiares una respuesta y cuyos crímenes permanecen en la impunidad total.
 José Miguel Vivanco.
El panorama en materia de derechos humanos es desgarrador en México, insistió, especialmente cuando se compara con las víctimas de dictaduras militares del Cono Sur, que son ampliamente conocidas a nivel global.

Vivanco advirtió que los índices de violencia y homicidios se encuentran a un nivel muy alto, y aclaró que ha habido algunos progresos muy temporales en algunos de los estados, los casos donde se identifican esfuerzos serios por hacer justicia son prácticamente inexistentes.

El representante de Human Rights Watch agregó que si bien los esfuerzos de la sociedad civil sólidos y articulados a nivel de las comunidades, ésta no puede sola.

En el caso de Nuevo León la situación es preocupante, señaló, ya que no se han registrado cambios en la tendencia de violencia y la falta de rendición de cuentas hacia quienes han perdido a un familiar o amigo.

Asintió que hay algunas autoridades que ocasionalmente expresan preocupación e interés para investigar temas de derechos humanos y puso el ejemplo del nuevo Fiscal General, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, con quien tuvo un acercamiento y se muestra sensibilizado por el tema.

Aun así, el problema es de tal profundidad, de tal gravedad, que los recursos con que los Ministerios Públicos investigan estos hechos, yo diría, no son adecuados. Hay que reforzar y redoblar esfuerzos de una manera seria para conseguir resultados.

A los candidatos de todo el país a un puesto de elección, Vivanco pidió dar a conocer sus planes y proyectos para abordar los problemas de inseguridad, pero sin que ello signifique que haya más desapariciones, violencia e impunidad, “cuáles son los compromisos que asumen los candidatos para abordar las tremendas y enormes demandas de Justicia que tiene México”.

Entrevistado aparte, el Fiscal General de Justicia de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez aseguró que ya ha tenido contacto con Consuelo Morales, directora de Ciudadanos en Defensa a los Derechos Humanos (Cadhac), con quien aseguró que trabajará de la mano

“Vamos a seguir apoyándolos desde una fiscalía especializada en desaparecidos, también se va a continuar con esta lucha que ellos y otros grupos y colectivos tienen”, declaró el Fiscal.

Posta
José Miguel Vivanco
Monterrey, Nuevo León
Martes 1 de mayo de 2018.


El crimen organizado aparece como un factor desestabilizador en las próximas elecciones


La llegada al poder de Enrique Peña Nieto y del PRI en 2012 suponía el aterrizaje de una vigorosa juventud de tecnócratas moviéndose en el cuerpo de un veterano partido con ocho décadas de vida. El único capaz de poner orden en el crimen organizado y con operadores hábiles para pacificar la sangría que precedía la etapa de Felipe Calderón (2006-2012). La realidad es que seis años después la violencia es aún peor. Está más extendida y hay más muertos, más carteles, más armas y más droga en el mercado. Con más de 29.000 muertos, 2017 fue el año más violento de las últimas dos décadas.

Según las encuestas, la inseguridad, corrupción y economía son los tres problemas que más preocupan a los mexicanos. Pero no siempre fue así. Los veteranos recuerdan que antes, las campañas y los debates, giraban en torno a la pobreza.

Las propuestas para acabar con la violencia marcan la actual campaña, en la que uno de los candidatos, el líder en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, ha sugerido una amnistía a los implicados en crímenes relacionados con el narcotráfico y en la que el resto de los candidatos plantea, de una u otra manera, continuar con las políticas actuales que, reconocen, fallidas. Estos son algunos de los factores relacionados con la violencia que influirán en las elecciones del 1 de julio.

La lucha por el territorio. La salvaje irrupción de un nuevo actor

Siete carteles se reparten el territorio mexicano: los de Sinaloa y Jalisco Nuevo Generación (CJNG) son los más fuertes, según el estudio publicado en febrero por el centro de análisis InSight Crime. Sin embargo, en Estados como Guerrero hay has más de 70 filiales de los grandes carteles, algunos casi familiares, peleándose por la plaza.

Territorialmente hay restos del cartel de los Beltrán Leyva en Guerrero, en Sinaloa y Sonora (Norte). Fragmentos de Los Zetas y del Golfo se disputan el negocio en Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí y Los Guerreros Unidos y Los Rojos dominan Guerrero y Morelos. Sin embargo, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es el de más rápido crecimiento ante la debilidad de Sinaloa y Los Zetas. Actualmente tiene presencia en ocho Estados (Colima, Veracruz, Michoacán, Quintana Roo, Tabasco, Nayarit, Guanajuato y el Estado de México) y es el que controla más territorio, según la Fiscalía General del Estado.

Del ‘Chapo’ Guzmán a El Mencho

Tras la extradición de Joaquín El Chapo, Guzmán, varios nombres se disputan el liderazgo del narcotráfico continental. Recientemente Estados Unidos incluyó a Rafael Caro Quintero como uno de los diez hombres más buscados del FBI, por quien ofrece 20 millones de dólares. Caro Quintero, de 65 años, fue liberado por un juez mexicano en 2013 y desde un lugar oculto ha negado dirigir el cartel de Sinaloa. Pero el hombre emergente que más se equipara a El Chapo, tanto en poder de fuego como en su capacidad para imponer el terror, es Nemesio Oseguera, alias El Mencho, jefe del cartel Jalisco Nueva Generación.

Ejército y policías desplegados

A la violencia reinante hace frente un ejército que opera desde hace 12 años sin formación ni un mandato claro para encarar la guerra irregular que libra. De los 214.000 soldados con los que cuenta el Ejército mexicano hay 52.000 desplegados de Norte a Sur del país en Estados como Michoacán o ciudades como Cancún. Los estudios demuestran que allí donde toma las calles, aumenta la violencia.

Paralelamente, el Estado cuenta con casi medio millón de agentes para hacer frente al crimen organizado. En México hay otros 213.000 policías estatales, 163.00 municipales, ampliamente penetrados por el narco. Solo diez de los 32 Estados pagan más de 550 dólares mensuales a los agentes, según datos de la organización social Causa en Común. Ante la putrefacción, un viejo dicho señala que “el tamaño de la violencia de un lugar es del mismo tamaño que su policía”. La creación de un nuevo cuerpo, la Gendarmería, con 40.000 efectivos mejor preparados y pagados, que se suman a los 37.000 policías federales ya existentes, ha resultado ineficaz.

Los vínculos con las autoridades

La penetración del crimen organizado entre los agentes no es la única. En los últimos años se han podido comprobar los vínculos con las autoridades, que van desde políticos locales a jueces, fiscales o gobernadores. Uno de los casos más significativos de este sexenio ha sido el del exgobernador de Tamaulipas (1999-2004) por el PRI, Tomás Yarrington, acusado de tráfico de drogas, extorsión, lavado de dinero, fraude bancario, posesión de sustancias controladas y colaborar con el cartel del Golfo. Un testigo protegido lo acusó en 2012 de lavar dinero para Los Zetas. Además, el pasado año, fue detenido el fiscal de Nayarit, acusado de traficar drogas hacia Estados Unidos.

El dinero, un flujo que no se detiene

Expertos en seguridad calculan que cada año entran al país desde Estados Unidos entre 30.000 y 40.000 millones de dólares fruto del tráfico ilegal de narcóticos, personas o recursos naturales. El crimen organizado mueve el doble de dinero de lo que ingresa el país, 21.000 millones de dólares, en concepto de remesas, una de las tres fuentes de ingresos del país junto al turismo y el petróleo. En combatirlo, el Estado gasta anualmente 57.000 millones.

Al tráfico de drogas, los carteles añaden otros negocios como la trata de personas, el robo de hidrocarburos o la explotación de minas, madera o animales, que deja tanto dinero como la cocaína. Según Naciones Unidas, la marihuana es la droga que más dinero reparte. Cada vez se cultiva más fácil y hay más consumidores.

Menos encarcelados y condenados

Cada vez llegan menos presos a la cárcel y hay menos gente tras las rejas, unas cifras que contrastan con la realidad violenta que se vive en el país. En 2013 ingresaron en prisión 22.500 personas y en 2015 unas 13.500. Un año después, en 2016, hubo la mitad de encarcelados, unos 7.000, y al año siguiente la mitad, menos de 4.000. La caída de las condenas es de un 65%, según datos oficiales.

Según los gobernadores, es consecuencia de la entrada en vigor del nuevo Sistema Penal, pero su expresión más evidente es que a más muertos, menos encarcelados. Paralelamente la población carcelaria se ha reducido casi un 30%. En 2013 había 40.00 encarcelados y en 2017 menos de 29.000. En los últimos dos años fueron liberados unos 7.000 presos, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo código penal.

El año pasado la policía estadounidense se incautó de un 20% más de droga que 2016, lo que podría significar una mayor eficacia policial responde a un incremento en la producción de cocaína, principalmente, y marihuana. A ello se suman el aumento en la demanda de otras drogas como el fentanilo o la heroína, cuyas incautaciones aumentaron un 80%, según la oficina antinarcóticos de EE UU (DEA). Paralelamente aumentan la superficie dedicada en México al cultivo de amapola. El ejército detectó el año pasado 28.000 hectáreas frente a las 22.000 de 2016.

Armas, una cada ocho personas

Cada año más de 253.000 armas de fuego pasan de Estados Unidos a México y el 56% de ellas habrían participado en alguno de los 57.000 homicidios cometidos en México entre 2013 y 2016, según la Oficina estadounidense de Rendición de Cuentas de Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés). La académica Magda Coss, eleva la cifra y considera que diariamente pasan ilegalmente 2.000 armas a México, según la autora del libro Tráfico de armas en México (Grijalbo).

Sin embargo, ambos coinciden en que hay 15 millones de pistolas y rifles circulando por el país ilegalmente, un arma por cada ocho personas, incluyendo niños y ancianos. En el bando de enfrente, el trabajo de las autoridades por desarmar a la población deja un pobre balance. Durante el sexenio de Peña Nieto el Ejército se ha incautado de 32.000 armas -cada vez más potentes- entre las que se incluyen miles de granadas, cohetes RPG o fusiles Barret capaces de atravesar el blindaje o derribar un helicóptero militar como sucedió en 2015 en Jalisco.

El País
Jacobo García
Ciudad de México
Domingo 29 de abril de 2018.

La violencia se ceba con los políticos en México

El país se enfrenta a la elección más grande de su historia, además de presidente, el próximo 1 de julio se elegirán 500 congresistas y 3.000 cargos locales. Alcaldes, candidatos, regidores y aspirantes a diputado local han sido asesinados desde que comenzó el proceso electoral.

La campaña para las elecciones presidenciales del 1 de julio en México comenzó a finales de marzo, pero la violencia que padece México se infiltró en la campaña electoral mucho antes. Desde que comenzó el proceso en septiembre del año pasado -con la evaluación de los gastos y la presentación de aspirantes- se ha documentado un goteo de asesinatos de políticos en activo y aspirantes a cargos locales por todo el país. Hasta mediados de abril deja un balance de 64 muertos. La campaña todavía no ha terminado, pero se habla ya de la más sangrienta de su historia.

Claudio Merino Pérez, de 38 años precandidato alcalde de Jamiltepec (Oaxaca) por el Partido Movimiento Ciudadano, fue asesinado el 6 de septiembre de 2017 con 23 balazos cuando se encontraba en el centro de estética de su esposa. Unos sicarios entraron en el establecimiento y dispararon a bocajarro antes de huir. Su caso encabeza la macabra lista que recoge el Tercer Informe de Violencia Política en México, que hace visible el reguero de muertos durante estos siete meses.

“Va a un promedio de un asesinato de un candidato cada cuatro o cinco días”, ha dicho recientemente el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que ha considerado que “eso es un margen de violencia absolutamente inaceptable en un proceso electoral”. El mes más sangriento fue diciembre, con 13 muertos, en particular la última semana del año, coincidiendo con el periodo de Navidad. En octubre y febrero se registraron 10 asesinatos. Después, los meses con más víctimas políticas fueron enero (9), marzo (8), noviembre (7), septiembre (4) y abril (3).

Casi todos los Estados se han visto salpicados por la violencia contra los aspirantes, que además también han denunciado ataques en los que han resultado herido ellos, miembros de sus familias o sus equipos. Geográficamente los asesinatos de candidatos se concentran sobre todo en Guerrero (16), el estado donde operan sanguinarios cárteles de la droga enfrentados por el control del territorio. Les siguen Oaxaca y Puebla (8), Veracruz (7) y Jalisco (4). Los crímenes relacionados con la campaña también llegaron al Estado de México (3) al igual que en Hidalgo y Michoacán. En este periodo Guanajuato, Chihuahua, Colima y Durango registraron dos asesinados respectivamente y Chiapas, San Luis de Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas.

Por partidos políticos, tanto los principales como los independientes han sufrido bajas en sus filas. El gubernamental Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha perdió a 22 miembros; el Partido de la Revolución Democrática (PRD) más de una docena y nueve el Partido Acción Nacional PAN. Pero esto no acaba aquí. Los expertos prevén que a medida que se acerquen las elecciones aumenten los homicidios vinculados con la política, que en ocasiones también están relacionados con cuentas pendientes relacionadas con la corrupción o el narco.

El País
Pablo Ferri
Elvira Palomo
David Alameda
Ciudad de México
Sábado 28 de abril de 2018.


Tres integrantes de una familia fallecieron en el fuego cruzado entre militares y delincuentes el pasado marzo

La Marina reconoció este viernes su responsabilidad en la muerte de tres integrantes de una familia que circulaba por una carretera de Tamaulipas al momento de un encarnizado enfrentamiento entre militares y delincuentes.

"Se llevarán a cabo todas las acciones correspondientes para proporcionar tanto la ayuda como la reparación integral a los afectados en cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Víctimas", dijo el ministerio de Marina en un comunicado.

La institución agregó que "lamenta profundamente los hechos en los que civiles perdieron la vida y reitera su más sentido pésame a sus familiares".

El incidente ocurrió durante la noche del 24 al 25 de marzo en una autopista de Nuevo Laredo, cuando los seis integrantes de una familia, dos adultos y cuatro niños, atravesaron en medio de un enfrentamiento entre delincuentes.

El automóvil de la familia habría recibido impactos de bala desde un helicóptero militar, resultando muertas la madre y dos niños, mientras que el padre y otro infante quedaron lesionados. Otra niña que viajaba en el vehículo resultó ilesa, detalló, por su parte, un funcionario de la fiscalía general en una conferencia de prensa.

"En un contexto de enfrentamiento se localizaron más de tres mil elementos balísticos provenientes de armas de diferentes calibres, desde armas cortas, armas largas y armas de alto poder de uso exclusivo de las fuerzas armadas", precisó Anselmo Apodaca, jefe de peritos de la fiscalía mexicana.

Tamaulipas, en el noreste del país, es una de las regiones más afectadas por la violencia ligada al narcotráfico, en donde los bloqueos de vías, así como los enfrentamientos armados en avenidas y centros comerciales a plena luz del día, son comunes.
México es sacudido por una creciente ola de violencia que se inició a finales de 2006, cuando el gobierno lanzó una polémica ofensiva militar para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

Desde entonces, más de 200 mil personas han muerto, según cifras oficiales que no precisan cuántas de esas víctimas están vinculadas al combate a la criminalidad.

AFP
Ciudad de México
Sábado 7 de abril de 2018.


El fiscal de Tamaulipas anuncia la aprehensión de seis hombres por la ejecución de Carlos Domínguez en enero

La fiscalía mexicana anunció ayer la detención de seis hombres por el asesinato del periodista Carlos Domínguez el 13 de enero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el norte del país. Tres de los seis son o han sido periodistas. Ningún caso ilustra mejor la podredumbre de las relaciones entre el poder y la prensa en México. Periodistas asesinos y periodistas víctimas.

Irving Barrios, fiscal del Estado de Tamaulipas, informó de las detenciones en la sede de la Procuraduría General de la República, en Ciudad de México. Lo hizo acompañado del titular de la Fiscalía Especial en Atención a los Delitos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez. Ambas dependencias colaboran en la investigación. Barrios dijo que dos de los seis, presentados como Adrián y David, fueron los autores materiales del asesinato. Los otros cuatro, entre ellos los tres periodistas, se encargaron de planearlo.

Una fuente de la investigación consultada por EL PAÍS explica que el sexto detenido es Rodolfo Alfredo Cantú García, sobrino del exalcalde de Nuevo Laredo, Carlos Canturosas Villarreal. Canturosas estuvo a cargo del ayuntamiento de 2013 a 2016 bajo las siglas del Partido de Acción Nacional, PAN, de derecha. El político dejó recientemente el PAN y se incorporó a Morena, la formación de izquierda del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Canturosas es la apuesta de Morena a la alcaldía de la ciudad.

El fiscal Barrios ha indicado que los investigadores revisaron el último año de trabajo de Domínguez, 120 textos donde aparecen numerosas críticas al exalcalde Canturosas. Sin mencionarlo directamente, el jefe de los investigadores ha sugerido que la revisión del trabajo de Domínguez ha sido esencial en las pesquisas.

De los periodistas involucrados, la fuente consultada por este diario ha explicado que todos habían trabajado en medios locales. Actualmente, dos laboran juntos en su propia página. El tercero "realiza labores de asesoría en materia de periodismo, relación con medios".

Las autoridades detuvieron a los sospechosos entre Tamaulipas y el Estado de Zacatecas, en el centro del país. La investigación sigue abierta.

Carlos Domínguez fue el primer periodista asesinado en México en 2018. Tenía 69 años. El sábado 13 de enero, a eso de las tres de la tarde, el reportero conducía su carro por Nuevo Laredo en compañía de su hija. Llegó a la avenida Morelos y en un stop, un alto, se detuvo. Fue entonces cuando dos o más personas se le acercaron, abrieron la puerta del vehículo y le acuchillaron hasta en 24 ocasiones. Domínguez murió poco después.

Al saber de su muerte, la organización Artículo 19, que denuncia y documenta ataques a la libertad de expresión, recordó en un comunicado que Domínguez había desarrollado su carrera en el Diario de Nuevo Laredo y más tarde en El Horizonte de Matamoros. "Ahí abordó durante los meses recientes la pugna política en Tamaulipas de cara a las elecciones de las 43 cabeceras municipales", reza el comunicado.

Artículo insistía en que Tamaulipas es una zona silenciada, una región en que el ejercicio del periodismo supone un riesgo muy alto. De 2000 a la fecha, 14 periodistas han sido asesinados en el estado, sólo por debajo de Veracruz, con 25 casos.

Solo este año, tres periodistas han sido asesinados en México. El año pasado fueron 12 y el anterior 11.

Condena por el asesinato de Moisés Sánchez

La fiscalía de Veracruz informó ayer también de la condena a 25 años de dos de los asesinos del periodista Moisés Sánchez en Medellín, Veracruz, en enero de 2015. Sánchez fue uno de los reporteros asesinados durante el mandato de Javier Duarte, gobernador priista, actualmente en prisión acusado de delincuencia organizada.

El 2 de enero de 2015, sujetos armados irrumpieron en el domicilio de Sánchez y se lo llevaron a la fuerza. Dos semanas después, el 25 de enero, las autoridades encontraron el cuerpo a unos kilómetros de allí, muy lastimado, degollado.

Desde el principio se señaló a la policía municipal y al alcalde del municipio, Omar Cruz, del PAN. Los dos condenados ahora eran justamente policías municipales.

Sánchez era un periodista artesanal. Editaba su propio medio, La Unión, muy crítico con el alcalde Cruz. Su hijo, que estos años ha ejercido de portavoz de la familia, siempre apuntó la venganza del alcalde como móvil de la desaparición de su padre y posterior asesinato.

El País
Pablo Ferri
Ciudad de México
Sábado 31 marzo 2018.


Ciudad de México.- Habitantes de Villalta, en Tepetitla, intentaron linchar a cuatro hombres que asaltaron una tienda de conveniencia en Texmelucan, Puebla, y quienes, tras una persecución con policías, se resguardaron en una vivienda de esa comunidad tlaxcalteca.

Luego de que los supuestos delincuentes fueron detenidos por policías municipales y estatales, lugareños lograron retenerlos y golpearlos.

Después, la turba entró a la vivienda con el número 15 de la Calle Vicente Guerrero, donde hallaron 20 paquetes de mariguana, así como vehículos presuntamente utilizados para delinquir, a los que les prendieron fuego.

De acuerdo con reportes policiales, el 911 recibió la alerta del asalto en Texmelucan y de la persecución con dirección a Tlaxcala, por la zona limítrofe.

Los supuestos ladrones se ocultaron en la vivienda, donde estaba una mujer, y ahí fueron capturados por los agentes.

Los vecinos se concentraron en el sitio, mientras que policías inspeccionaron el domicilio, de donde sacaron armas y mochilas presuntamente con dinero.

Al acusar a los policías de intentar encubrir a los detenidos, los pobladores quisieron evitar que se los llevaran.

“Quémenlos, quémenlos, ya no queremos más delincuentes”, arengaban los vecinos.

Molestos, golpearon a los detenidos, lanzaron piedras a la patrulla en la que fueron trasladados, y quemaron los cuatro automóviles y los 20 paquetes de mariguana, cada uno de 15 kilogramos aproximadamente, asegurados.

“Esto es una advertencia para la delincuencia, que no vengan más por aquí porque no va a haber perdón para ellos”, apuntó una mujer.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) reportó la captura de cuatro hombres identificados como Eduardo N., Jorge Luis N., Marcos N., y Néstor N., de 18, 19, 18 y 24 años, quienes supuestamente se dedican a la venta de ropa americana.

Tras el intento de linchamiento, de la quema de droga y vehículos, los habitantes cerraron la carretera libre Tepetitla-Texmelucan para exigir más seguridad.

Los inconformes aseguraron que en el municipio son frecuentes los asaltos y robos a viviendas.

Acusaron a los policías estatales, dirigidos por la delegada de Ixtacuixtla, Rosario Xochicale, de ser cómplices de las bandas delictivas que operan en la zona, dedicadas al asalto, venta de droga y robo de combustible.

“Ya estamos hartos y si no ponemos un alto ahorita van a seguir pisándonos, no vamos a permitir que los estatales y los municipales vengan a hacer lo que quieran, principalmente la delegada de Ixtacuixtla, que dé la cara, que se venga a parar acá sino tiene nada que ver”, soltó un hombre ante policías federales que intentaron mediar el conflicto.

El control de la zona lo tomaron elementos del Ejército Mexicano, adscritos a la 23 Zona Militar, debido a que la población se opone a la operación de agentes estatales y municipales por presuntos vínculos con el crimen.

Reforma
Ciudad de México
Domingo 25 marzo de 2018.


Después de haber sido secuestrado por 11 días, Juan Ojeda González fue asesinado con el tiro de gracia


Después de haber sido secuestrado por 11 días, el ex alcalde del municipio poblano de Zihuateutla, Juan Ojeda González, fue asesinado con el tiro de gracia.

El 4 de marzo fue secuestrando al momento de salir de su ferretería ubicada en el municipio de Espinal, Veracruz y sus captores demandaron 10 millones de pesos como rescate.

Pese a las negociaciones para salvarlo, este jueves el ex munícipe fue hallado con signos de torturara y atado de pies y manos en terrenos baldíos del rancho "El Matadero".

Tras el hallazgo, agentes del Ministerio Público hicieron el levantamiento de cadáver y horas más tarde, se constató que era el ex alcalde de Zihuateutla.

Ojeda González se desempeñó como edil de 2011 a 2014; su hijo, Abimael Ojeda Iglesias, es actual candidato del PAN a la presidencia municipal.

En sus redes sociales, la Fiscalía General del Estado de Puebla reiteró que el secuestro ocurrió en Veracruz, pero se trabaja coordinadamente con esas autoridades para esclarecer el secuestro y asesinato.

El Universal
Puebla/Veracruz
Viernes 16 marzo 2018.

  1. En el documento “Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos explica que los individuos detenidos presentaron lesiones físicas que son compatibles con tortura

  2. La ONU señaló que la investigación se basó en documentos oficiales y entrevistas.

 

En la primera etapa de la investigación del caso Ayotzinapa, elementos federales torturaron y sometieron a tratos inhumanos y degradantes a 34 personas detenidas, concluye un informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

El organismo analizó los casos y entrevistó a 33 hombres y una mujer relacionados con los hechos registrados el 26 y 27 de septiembre de 2014, y aseguró que “cuenta con fuertes elementos de convicción de que dichas personas habrían sido sometidas a tortura, así como a otras violaciones de derechos humanos, entre septiembre de 2014 y enero de 2016”.

“El propio expediente judicial provee una amplia evidencia de estas presuntas violaciones a los derechos humanos. En todos los casos analizados, los individuos presentaron numerosas lesiones físicas, certificadas por exámenes médicos, que son compatibles con lesiones resultado de tortura.

"Los hallazgos encontrados a partir del expediente corroboran las declaraciones de las 34 personas detenidas entrevistadas por la Oficina”, señala el documento “Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”.

La ONU-DH precisó que los detenidos fueron sometidos a golpes, patadas, toques eléctricos, vendaje de ojos, intentos de asfixia, agresiones sexuales y diversas formas de tortura psicológica por personal de la PGR, principalmente de la SEIDO y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como elementos de la Policía Federal y de la Secretaría de Marina.

“En varios casos habría amenazas de violación sexual a las mujeres familiares de las personas detenidas”, destacó.

Además, la Oficina del Alto Comsionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México subrayó que existe una serie de declaraciones autoinculpatorias “libres y espontáneas hechas por los detenidos al ante los elementos aprehensores.

Ante los hallazgos, la ONU-DH pidió a la PGR realizar “en un plazo razonable, las investigaciones correspondientes a identificar a los responsables de las detenciones arbitrarias, los actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos descritos en el informe”.

La ONU señaló que la investigación se basó en documentos oficiales y entrevistas.

De anularse esas 34 declaraciones, la versión oficial de la desaparición de los 43, calificada por el exprocurador Jesús Murillo Karam como “verdad histórica”, quedaría sin fundamento al estar basada, fundamentalmente, en esos testimonios.

Esa tesis sostiene que después de que los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa fueran atacados el 26 de septiembre de 2014 por policías locales en la localidad de Iguala, al sur de México, que los entregaron a un grupo del crimen organizado, el cual los quemó en un basurero y tiró sus restos a un río cercano.

Un grupo de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que trabajaron durante un año en el país ya había desmentido en 2016 esta versión, porque a su juicio carecía de pruebas científicas que la sustentaran. Ellos habían encontrado que al menos 17 de los detenidos habían sido torturados. Ahora la ONU eleva el número de casos y aporta nuevas evidencias.

Las autoridades federales no han comentado sobre el reporte de la ONU, aunque hace un par de semanas dijeron ante la Comisión Interamericana que de todas las denuncias de tortura sólo dos casos habían arrojado resultados positivos.

AP
El Universal
Emanuel Espino
Ciudad de México
Jueves 15 de marzo 2018.


Hubo 25.339 homicidios, cifra inédita en dos décadas que supone aumento del 18,91 % respecto a 2016.

La violencia desplegada por los carteles del narcotráfico y materializada en hechos cada vez más espeluznantes contra sus propios rivales, civiles y periodistas debería ser el tema que delinee, muy por encima del resto, la actual campaña presidencial de México. Porque hasta ahora no se ha visto.

Al hacer un barrido por varios diarios del país, tras la publicación del más reciente informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que asegura que México cerró el 2017 con 25.339 homicidios dolosos, la cifra más alta registrada en los últimos 20 años (18,91 por ciento de aumento respecto al 2016), las portadas les siguen dando mayor despliegue a las discusiones entre los precandidatos sobre si pagar o no el muro que pide Donald Trump o las nuevas propuestas para activar la economía, sin mencionar una agenda específica de seguridad pública que detenga esa desenfrenada ola de violencia.

Pero ¿a qué se debe este incremento súbito en el número de homicidios en el país? “Por un lado, la estrategia contra las bandas criminales ha tenido sus límites en el sentido de que esta desarticulación se enfoca en los liderazgos, pero no en los subgrupos que resultan de las dislocaciones de estos carteles. En este sentido, tienes más grupos contendiendo por las rutas del tráfico de drogas, y junto con esta lógica de dislocación de los grupos, que se vuelven más violentos y generan mayor nivel de daño social, tienes una ola de robos, secuestros e incluso feminicidios. Hay una descomposición en términos tanto del Estado de derecho como en la fragilidad de las instituciones para hacer frente a los grandes retos del país”, explicó para EL TIEMPO Yadira Gálvez Salvador, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Para la organización no gubernamental Semáforo Delictivo, el 75 por ciento de esos homicidios fueron ejecuciones del crimen organizado, relacionados con la lucha de ‘plata y plomo’ por el control de territorios. 2017 cerró con 18.989 ejecuciones del crimen organizado, un alza de 55 por ciento con respecto al año anterior.

Pero además de los homicidios, aumentaron todas las modalidades de crímenes incluidas en el informe del SESNSP: los secuestros, cifrados en 1.148, crecieron un 1,48 por ciento respecto a 2016; las extorsiones (5.649), un 6,76; los robos de vehículos con violencia (63.179), un 28,53 por ciento y los robos de vehículos sin violencia (123.717), un 5,73.

Según Erubiel Tirado, académico de la Universidad Iberoamericana, “existe un fracaso en la perspectiva de la estrategia de seguridad, por un modelo que no ha variado un ápice en los últimos 15 años”.

En el país aún sigue vivo el debate por la reciente Ley de Seguridad Interior promovida por Enrique Peña Nieto, la cual despierta inquietudes en organizaciones civiles porque perpetúa la presencia de los militares en las calles. Lejos de proponer una “solución real en materia de inseguridad, la norma actual implica una agenda que permite perpetuar las estrategias punitivas y, además, abre otras cuestiones relacionadas con la privacidad y la transparencia”, remarca Tirado.

En comparación con los gobiernos anteriores, “el de Peña Nieto ofreció un cambio en la forma en que se venía enfrentando a la delincuencia. Ofreció mayor inteligencia, menor visibilidad de las operaciones, en el sentido de menor presencia en las calles, en sí, una lógica de más inteligencia y operaciones precisas y quirúrgicas, pero ¿qué pasó en el camino? En realidad, la lógica se siguió yendo por lo que ya se hacía. Al mismo tiempo, los programas de prevención de la violencia en las áreas más desprotegidas se quedaron sin recursos, pero sobre todo porque el enfoque siguió siendo el mismo que venía heredado de la administración de Felipe Calderón”, agregó Gálvez.

Las cifras se dan a conocer cuando el país está volcado en un proceso electoral de cara a los comicios del primero de julio, en los que se elegirá al nuevo presidente, además de diputados, senadores, gobernadores y el jefe del gobierno de Ciudad de México. Analistas consideran que las miradas van a estar centradas en otros frentes, menos en el de la seguridad.

“Las campañas presidenciales no parecen evidenciar el importante crecimiento de la violencia porque dos de los partidos han sido autoridad y ninguno ha logrado detener dicho crecimiento. Los candidatos buscarán minimizar ese factor, aunque sea un tema central para los ciudadanos. Sin embargo, a nivel estatal y local es posible que veamos hechos de violencia en lugares donde el crimen organizado tratará de influir electoralmente”, explicó Khemvirg Puente Martínez, coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.

Para este politólogo, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), gobernantes en los últimos 18 años, no han logrado detener el aumento del crimen, mientras que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y algunos personajes cercanos a la izquierda mexicana fueron cooptados por el crimen y, como en el caso de Iguala y los jóvenes de Ayotzinapa (desaparecidos), se asocia a algunas figuras del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que fueron apoyados por el ahora candidato de Morena y líder en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador.

“El narcotráfico es un lastre para todos los partidos porque no hay una organización que esté blindada y, por ello, no les conviene hacerlo un tema central de las campañas”, concluye Puente Martínez.

Por la misma vía se encuentra Juan Cruz Olmeda, director del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, quien opinó que “aunque todos (los precandidatos) han sido parcos al respecto, López Obrador es el único que ha planteado ideas nuevas para atacar los carteles de la droga. Pero sin duda, el tema de la seguridad pública tendrá que tocarse en campaña”, dijo.

El Tiempo
Andrés Ruiz
@ruizandress
Ciudad de México
Domingo 28 enero 2018.

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