Periodistas y representantes de grupos de rastreadoras presentaron el proyecto web "A dónde van los desaparecidos", y denunciaron que autoridades de ocho entidades no quisieron proporcionarles datos


En México hay al menos mil 978 fosas clandestinas contabilizadas de 2006 a 2016, indicaron periodistas y representantes de grupos de rastreadoras, quienes denunciaron que las autoridades de ocho entidades se negaron a dar información sobre el tema.

"Fue desastroso lo que encontramos en las respuestas de las fiscalías"

En la presentación del mapa de fosas clandestinas y el proyecto web "A dónde van los desaparecidos", la periodista Marcela Turati explicó que el proyecto es realizado por un colectivo de comunicadores e investigadores, con el objetivo de "pasar de las historias a las lógicas de la desaparición, a los patrones de las personas desaparecidas".

Con base en los datos de fiscalías estatales, indicaron que de 2006 a 2016 tienen el registro de mil 978 fosas, con dos mil 884 cuerpos, mil 381 de los cuales han sido identificados. Respecto a restos, tienen el registro de 324 cráneos y 227 osamentas.

Explicaron que la información mostrada es de 24 estados del país, y de acuerdo con los datos se detectó que en uno de cada siete municipios se excavaron fosas, cifra que difiere de la que ha mostrado la Procuraduría General de la República (PGR).

Para esta investigación, ocho estados se negaron a dar la información o dijeron que no tenían datos del registro de fosas: Puebla, Chiapas, Guanajuato, Baja California, Yucatán, Querétaro, Hidalgo y la Ciudad de México.

Destacaron que Yucatán es el único estado de la República del que ni la PGR ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tienen registro de fosas.

"Nosotros estamos exigiendo al nuevo gobierno que cambien las cosas, que esto se tome con más seriedad"

La periodista Alejandra Guillén indicó que el proyecto se basa únicamente en las respuestas de las fiscalías estatales y buscaban conocer cuántos cuerpos había en cada una de las fosas y si habían sido identificados.

Mencionó que tardaron entre año y medio y dos años en realizar la investigación y "fue desastroso lo que encontramos en las respuestas de las fiscalías", porque algunos incluso preguntaron a qué se referían o dijeron que desconocían si había cuerpos o restos óseos en las fosas.

Guillén criticó que las autoridades no están llevando un registro adecuado y no hay una homologación de criterios.

Mirna Medina, fundadora de Las Rastreadoras de El Fuerte, en Sinaloa, recordó que en muchos de los casos que hay en el país, grupos de familias que perdieron a un ser querido tuvieron que salir a buscarlos.

Aseguró que hay una doble desaparición de personas, por el crimen organizado y porque el gobierno los entierra de nuevo al no buscarlos o encontrarlos y no identificarlos.

En la etapa de transición, hizo un llamado al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

"No hay nada más perverso que dejar a una persona en una fosa clandestina, porque es negar que estuvo en esta tierra"

"Nosotros estamos exigiendo al nuevo gobierno que cambien las cosas, que esto se tome con más seriedad", enfatizó.

Lucy Díaz, fundadora del Colectivo Solecito, dijo que "México en temas forenses está en un atraso muy grave", porque el número de víctimas deja ver que no hay un Estado de Derecho.

Recordó que en Veracruz la sociedad civil ha estado trabajando para localizar fosas y cuerpos, haciendo lo que les corresponde a las autoridades.

Añadió que "no hay nada más perverso que dejar a una persona en una fosa clandestina, porque es negar que estuvo en esta tierra", por lo que exhortó a que se identifique a los cuerpos y los restos que se han hallado.

Carolina Robledo, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), comentó que las fosas clandestinas son una afrenta contra la democracia, por lo que este proyecto es más que hacer una "contabilidad de lo macabro".

Explicó que los datos muestran que hay una sistematización de las fosas y que, si se hiciera una comparación, muchos de los cuerpos que se encuentran en las fosas son de personas que en vida tenían condiciones precarias.

El Universal
Ciudad de México
Lunes 12 de noviembre de 2018.


Esta semana el presidente electo Andrés Manuel López Obrador despejará las dudas que existen sobre su plan anticrimen cuando presente su estrategia de seguridad en la que es probable que incluya la despenalización del uso de la marihuana y la regulación de otras drogas como lo exigen organizaciones de la sociedad civil

Con la controversia por la cancelación del Nuevo Aeropuerto de México aún vigente, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentará esta semana las directrices de la estrategia de seguridad que seguirá durante su sexenio.

Se trata de un momento trascendental para delinear la política de la nueva administración -que aún no entra en funciones- al ser la inseguridad la problemática que más preocupa e impacta a la población en todo el país.

Una de las grandes incógnitas es si durante el anuncio, programado en principio para este jueves, López Obrador hablará explícitamente de la política de drogas que seguirá su gobierno, sobre todo después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación integrara jurisprudencia sobre el consumo lúdico de la marihuana, lo que a juicio de muchos abre la puerta a una despenalización y regulación.

En este contexto, organizaciones de la sociedad civil y diversos actores políticos advierten que un giro radical en la política punitiva respecto a las drogas es fundamental dentro de cualquier estrategia de seguridad pública que plantee el próximo gobierno, por lo que esperan un anuncio contundente en la materia.

“La despenalización y la regulación es fundamental, para nosotros es la condición cero. Si se da eso, todo lo demás puede funcionar, si no empezamos por ahí, va a ser muy difícil que bajen los índices delictivos, sobre todo, lo que más nos preocupa que son los homicidios”

- Santiago Roel

Director de la organización Semáforo Delictivo

Si bien algunos integrantes del próximo gabinete, sobre todo la Senadora Olga Sánchez Cordero -futura titular de la Secretaría de Gobernación-, se han pronunciado abiertamente por una despenalización y regulación de algunas drogas, la postura final que tomará López Obrador al respecto continúa siendo una incógnita.

Tras la fallida estrategia de seguridad emprendida por las dos últimas administraciones federales, y con dos años consecutivos superando los récords históricos de asesinatos, el cambio de régimen es también una oportunidad de emprender nuevos enfoques, y la política de drogas está en el centro de ese debate. Por lógica, si lo que se está haciendo no genera los resultados deseados, lo más sensato sería trazar una ruta distinta para generar resultados distintos. Esa es la principal disyuntiva

López Obrador ya dio signos de que tiene la intención de romper con muchas de las inercias y las formas de hacer política de sus antecesores, como se ha podido ver en algunos cambios como la Ley de Remuneraciones, la cancelación del NAIM o la promesa de derogar la Reforma Educativa y hoy, a 3 semanas de tomar protesta tiene una oportunidad más de encabezar un cambio de paradigma, una estrategia disruptiva para enfrentar la peor crisis de seguridad en la historia contemporánea del país.

Político experimentado, López Obrador ha demostrado en esta etapa de transición su inteligencia para manejar los tiempos de la agenda política, sí se ha desgastado aún antes de tomar protesta, pero ha tomado decisiones para fortalecer su base electoral y a pesar de los vaivenes aún mantiene el bono democrático obtenido después de la elección del 1 de julio.

Sin embargo, entrar al terreno de una posible despenalización y regulación de las drogas, reviste una complejidad diferente a otras decisiones o políticas públicas que han venido anunciando el presidente electo, su equipo de transición o los legisladores de su partido.

La jurisprudencia sobre el consumo lúdico de la marihuana que integró la Suprema Corte de Justicia de la Nación la semana pasada abre la puerta a una despenalización y regularización del cannabis, a juicio de muchas personas

Una coincidencia casi generalizada en el tema a la inseguridad es que se necesita un cambio radical en las políticas para enfrentarla. Sí se necesita mejorar la capacitación y preparación de las policías; sí se necesita una mejor coordinación entre los tres niveles de gobierno; sí se requiere que el Estado mejore sus labores de inteligencia. Pero eso no será suficiente. Es necesario ir más allá. ¿Será la legalización de las drogas parte de la respuesta?

Una política que divide

La derogación de la Reforma Educativa, la reducción de sueldos en la administración pública o incluso la cancelación del NAIM, fueron promesas de campaña que se han ido materializando o en donde el presidente electo ha mantenido su postura, pero en el caso de la política de drogas fue un tópico que evadió durante el proceso electoral y cuando lo abordó siempre fue ambiguo y no ha tomado una postura clara.

Ni siquiera con la integración de jurisprudencia de la Suprema Corte respecto a la inconstitucionalidad de la prohibición del consumo recreativo de la marihuana, López Obrador ha querido fijar su posición. Cuestionado al respecto únicamente pidió respetar las decisiones de los magistrados y dejó entrever que la política de drogas estará incluida en la estrategia de seguridad que presentará.

La posible legalización de algunas drogas genera opiniones encontradas, pero con la mayoría del Congreso y a menos de un mes de asumir el poder, el presidente electo puede hacer los cambios que crea necesarios para combatir la inseguridad

Esa no es la única variable que se presenta en el debate. Como muchos otros temas en la agenda nacional, el de la posible despenalización de las drogas como la marihuana o la amapola genera opiniones encontradas, y en la coyuntura actual polariza, lleva las posturas a los extremos.

De un lado están los que defienden su despenalización y la regulación por parte del estado como punto central en el combate a la delincuencia organizada, quitándoles poder económico a los cárteles y de esta manera disminuirlos y con ello, bajar los índices de violencia. Dentro del mismo grupo que apoya la legalización hay voces que alertan de no tomar esta decisión a la ligera, sino integrarla dentro de una propuesta integral de salud pública antes que en una política de seguridad.

Precisamente uno de los impulsores más entusiastas de la regulación es el expresidente Vicente Fox Quesada, quien después de la decisión de la Suprema Corte señaló en un video que en caso de seguir adelante con la despenalización se le quitaría mucho dinero a los cárteles y esos ingresos podrían llegar a la industria legal y a las autoridades en forma de impuestos.

“Esto le trae a México, primero, una gran puerta de salida de la violencia que hemos padecido en estos últimos 10 años, brutal violencia en las calles de México, que se puede atemperar, reducir, inclusive llegar a detener.

“Se va a abrir una nueva y gigantesca industria, basta ver lo que está sucediendo en Canadá, se están generando miles de empleos, se está generando riqueza e ingresos para las empresas y personas”, apuntó el mandatario.

En el otro extremo están los grupos conservadores, quienes se oponen de manera férrea a una despenalización, advirtiendo de los supuestos riesgos de que se disparen las adicciones, sobre todo entre la población más joven. No se puede pasar por alto que una parte muy importante de la sociedad mexicana sigue siendo conservadora en este y en otros temas, incluso dentro de los votantes de AMLO, una de las razones por las que el presidente electo ha sido cauto.

Lo cierto es que aún sin la legalización, existe una gran disponibilidad de drogas ilegales en el mercado, y los consumidores en México han aumentado en los últimos años, sin que haya un control sobre la cantidad o la calidad de los narcóticos que se distribuyen, un problema que en teoría se podría resolver si el Estado regulara dicho mercado.

En la vertiente científica, también hay cierto escepticismo sobre si una regulación de los narcóticos en verdad pueda ser la panacea para mitigar la violencia que se vive en el país. El doctor Oscar Próspero, investigador de la UNAM, advierte que no se pueden pasar por alto los posibles impactos en materia de salud en caso de una legalización de las drogas, sobre todo tomando en cuenta que la investigación sobre los efectos de muchas de ellas aún está muy rezagada.

“El tema de la salud y la investigación es tan importante como el de la seguridad. El primer punto que yo reconocería es que no sé si la única manera de evitar muertes es legalizando. Se atacarían las consecuencias y se descuidarían las causas. Si invertimos en investigación todo ellos nos ayudaría a tener una mejor visión en general sobre los impactos no solo en la vida de un individuo sino en la vida pública y social”

- Oscar Próspero

Investigador de la UNAM

Precisamente el presidente Enrique Peña Nieto vivió el rechazo de una buena parte de la sociedad después de su propuesta de regulación de la marihuana en 2016. A pesar de que fue aprobada por el Congreso, a día de hoy la Cofepris no ha emitido la reglamentación de la Ley, lo que en la práctica ha impedido su implementación total y la ha dejado en la ambigüedad.

En el Congreso de la Unión ya se han presentado diversos puntos de acuerdo encaminados a una despenalización de las drogas, como el senador priista de Guerrero Manuel Añorve, quien propone legalizar los cultivos de marihuana con fines medicinales, una iniciativa que aún no ha prosperado. El legislador señala que con esta política no se resolverían los problemas de su estado en su totalidad, pero sí sumarían para la pacificación de Guerrero y de gran parte del país.

Hoy, con el control del Congreso de la Unión y a menos de un mes de asumir la Presidencia, el presidente electo y su partido tienen en sus manos hacer los cambios que crean necesarios en materia de combate a la inseguridad.

Después de que se llevaron a cabo los distintos foros de seguridad, el gobierno electo ya tiene a la mano las propuestas e inquietudes de diversos sectores de la sociedad civil. En general parece haber una coincidencia entre la clase política para avanzar en una política de regulación y despenalización de algunas drogas. Las organizaciones que estudian el tema de seguridad coinciden en que este es el primer paso de una nueva política de seguridad. La Suprema Corte ya abrió la puerta. Ahora, la decisión está en el próximo Jefe del Ejecutivo.

A favor y en contra

■ Por un lado están los que defienden su despenalización y la regulación por parte del estado como punto central en el combate a la delincuencia organizada, al quitarles poder económico a los cárteles y así disminuirlos y bajar los índices de violencia.

■ Hay quien advierte que no se pueden pasar por alto los posibles impactos en materia de salud en caso de una legalización de las drogas, sobre todo tomando en cuenta que la investigación sobre los efectos de muchas de ellas aún está muy rezagada,

■ En el otro extremo están los grupos conservadores, quienes se oponen de manera férrea a una despenalización, advirtiendo de los supuestos riesgos de que se disparen las adicciones, sobre todo entre la población más joven.

¿Cuántos muertos más?

En 2017 se rompieron todos los récords de homicidios desde que se tiene registro, según datos del Inegi. Más de 31 mil víctimas de asesinato hubo durante el año anterior y el año en curso no se perfila para mejorar, sino lo contrario.

En las proyecciones que la organización Semáforo Delictivo presentó recientemente en su informe respectivo al tercer trimestre de 2018 se observa un incremento del 18 por ciento respecto a los homicidios al mismo periodo en el año anterior. De mantenerse la tendencia, este año podría terminar con una cifra superior a las 33 mil víctimas de homicidio.

33 mil personas asesinadas podría haber este año de seguir la tendencia

Además, esta organización señala en su informe que alrededor del 80 por ciento de estos homicidios están relacionados por el control territorial del mercado de drogas. Es por ello que a juicio de Santiago Roel, Director de Semáforo Delictivo, la única manera de comenzar a resolver esta tragedia es regulando las drogas para quitarle el control de negocio a las mafias.

“No sé cuántos muertos más necesitemos. Mientras Canadá le apuesta a la vida y al negocio, parece que nosotros le estemos apostando a la pobreza y a la muerte, así de locos estamos los mexicanos”

- Santiago Roel

Director de Semáforo Delictivo

“Es fundamental, para nosotros es la condición cero. Si se da eso, todo lo demás puede funcionar, si no empezamos por ahí, va a ser muy difícil que bajen los índices delictivos, sobre todo, lo que más nos preocupa que son los homicidios”, apunta.

Santiago Roel señala que el tema esta sobrediscutido, que el siguiente paso para el gobierno electo no es volver a abrir el debate sobre la conveniencia o no de la despenalización de las drogas, sino entrar de lleno en la construcción de las políticas que permitan al Estado regular este mercado.

“Lo que sigue es regular drogas, si no regulas drogas, no le quitas el dinero a las mafias, que son las que están provocando toda esta problemática”, agrega.

El Director del Semáforo Delictivo señala que, junto a otras organizaciones como Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia, ha estado en contacto con la futura Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero para expresar la necesidad de regular el mercado de narcóticos, y aunque ha percibido buena disposición, la ambigüedad en la que se ha manejado el tema, le hace temer que insistan en la misma inercia de los últimos años, sin entrar de lleno en una estrategia diferente.

El 2017 fue el año más violento en la historia reciente de México con más de 30 mil personas asesinadas, la mayoría relacionadas con el control territorial del mercado de drogas, según un informe de la organización Semáforo Delictivo

“Siento muy bien intencionado a Alfonso Durazo y con ganas de hacer bien las cosas, lo típico de fortalecer las policías y mejorar la coordinación, y la inteligencia, pero eso no es lo que se requiere en este momento. Todo eso te va a funcionar una vez que le quites el dinero a las mafias, de otra forma, ni porque les pagues mejor, ni porque hagas mejores centros de control, inteligencia, no porque las mafias son poderosas, hay que quitarles el dinero”, concluye.

Reporte Índigo
Carlos Salazar
Ciudad de México
Lunes 5 de noviembre de 2018.


En su comparecencia, senadores reprocharon al titular de Segob el repunte histórico de la violencia y la impunidad en casos como Odebrecht.


Senadores reprocharon al Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, el repunte histórico de los homicidios dolosos durante el sexenio, las violaciones a derechos humanos y la falta de sanción en casos emblemáticos como Odebrecht.

También criticaron el recorte de recursos al Programa Nacional de Prevención, la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, el recrudecimiento de desapariciones y feminicidios, y la debilidad de las Policías a pesar de la inversión de miles de millones en ese rubro.

El senador Emilio Álvarez Icaza recriminó que en materia de derechos humanos se han presentado violaciones gravísimas como la desaparición de los 43 normalistas, la existencia de cientos de ciudadanos torturados, y el registro de más de 200 mil personas ejecutadas.

"Y su espejo de personas sin identificar que llenan los servicios forenses y las fosas comunes y el camposanto con fosas clandestinas en cada pedacito de la patria; este sexenio deja una estela de violaciones a derechos.

"Su insensibilidad ante la crisis humanitaria ha sido una fábrica de víctimas y, además, recrudecida entre los más pobres", sentenció Álvarez Icaza, quien cuestionó a Navarrete Prida sobre qué esperan para detener al ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte.

El ex Ombudsman capitalino expuso que si bien hubo expectativas al inicio, por ejemplo, con la aprobación de la Ley de Víctimas y el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno federal se traicionó a sí mismo y a la confianza depositada en él, debido a una crisis ética.

"La verdad es que este sexenio tuvo un quebranto ético en dos de los ejes icónicos más importantes de la vida pública: derechos humanos y corrupción, ahí estuvo el quiebre que llevó a una caída precipitada en la confianza y en la credibilidad en este Gobierno", comentó.

María Guadalupe Murguía, del PAN, estimó que México atraviesa por una grave crisis de violencia, con cifras históricas en ilícitos como homicidios dolosos, robo de combustible, narcotráfico y secuestro.

Subrayó que se requiere de una instancia especializada para combatir la violencia, a fin de que el Estado asuma su obligación de brindar seguridad desde un enfoque de la prevención, derechos humanos y atención prioritaria de los delitos que más lastiman a la sociedad.

La senadora Eunice Renata Romo Molina, de Encuentro Social, aseveró que la conducta que imperó en la administración federal fue aprovechar los espacios del servicio público para impulsar intereses personales.

"Aún siendo de conocimiento popular los implicados en escándalos de corrupción no enfrentaron las consecuencia políticas y legales de sus actos; el sistema (anticorrupción) de nada sirvió, pues enfrentó la resistencia de los legisladores del partido en el poder.

"Se ha entorpecido el avance de la investigación sobre uno de los casos de corrupción más grandes e importantes en la historia de América Latina, el caso Odebrecht, además de los de los ex Gobernadores de Veracruz, Chihuahua, Veracruz y Nayarit", apuntó.

Juan Zepeda, senador del PRD, sostuvo que el Gobierno federal no se ha hecho cargo de su responsabilidad de reducir el número "escalofriante" de homicidios dolosos ni de encontrar solución a los problemas de desaparición de personas, feminicidios y violencia de género.

"El gran déficit es el tema de la seguridad", opinó Zepeda, quien propuso un minuto de silencio en memoria de las víctimas de homicidios, desapariciones y feminicidios.

Alejandra del Carmen León, del PT, criticó que el Gobierno federal haya dado continuidad a una estrategia que no permitió alcanzar la paz mínima y acusó que no sólo renunció a su responsabilidad de mejorar las Policías, sino también intentó imponer a un "fiscal carnal".

Reforma
Claudia Rivero
Antonio Baranda
Ciudad de México
Martes 17 de octubre 2018.


La Fiscalía ha informado que los restos humanos fueron encontrados en un terreno de 300 metros cuadrados y tienen más de dos años de antigüedad

La Fiscalía de Veracruz ha informado este jueves del hallazgo de una fosa con 166 cráneos y otros restos humanos en un lugar no revelado por "razones de seguridad". En el área, de unos 300 metros cuadrados, los agentes también han encontrado 200 prendas de vestir, 114 identificaciones y otros artículos personales de las víctimas. Ese sería el segundo cementerio clandestino más grande que se localiza en ese Estado sacudido por la violencia. Hace dos años integrantes del Colectivo Solecito, una asociación de familiares con personas desaparecidas, dieron con un predio cercano al puerto de Veracruz llamado Colinas de Santa Fe, donde hallaron 295 cuerpos.

En un mensaje a medios de comunicación el fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, informó que el departamento de la Fiscalía encargado de recibir denuncias por desaparición de personas obtuvo un testimonio que reveló la ubicación de la fosa. Durante la investigación, que ha durado 30 días, las autoridades utilizaron geo radares, sondas de búsqueda y de drones para rastrear el terreno. "Del análisis antropológico de los hallazgos se ha podido determinar que se trata de inhumaciones clandestinas de al menos dos años de antigüedad", explicó. El funcionario dijo que no se había informado de los trabajos de búsqueda a los colectivos con familiares desaparecidos por cuestiones de seguridad, pero adelantó que pondrían a disposición un catálogo con las prendas y demás accesorios encontrados.

Lucy Díaz Henao, una de las integrantes del Colectivo Solecito, cuestionó que la Fiscalía haya ocultado los trabajos de búsqueda a las diversas organizaciones. "La Fiscalía no es de fiar y nosotros no tenemos ninguna razón para confiar en ellos. Hacen un trabajo muy chapucero (tramposo) y tememos que manipulen, pierdan indicios o escondan información", manifestó. Además, destacó, las autoridades se pasaron por alto la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que entró en vigor el año pasado y que prevé que en las búsquedas las autoridades deben permitir la participación directa de los familiares.

La Fiscalía, expuso Díaz Henao, a la par de las exhumaciones debe avanzar en la identificación de los restos. En el predio de Colinas de Santa Fe se exhumaron 295 cuerpos y sólo se han identificado 25 de ellos. En la entidad, uno de los más poblados del país con ocho millones de habitantes, los colectivos calculan que hay unos 20.000 desaparecidos. En gran parte de los casos, afirmó, hubo participación de policías o funcionarios públicos. "Las desapariciones por parte de los policías siguen. Cuando llegó Yunes (el actual gobernador) dejó en los puestos a los mandos viejos, con malas mañas", aseguró.

Veracruz, en el golfo de México, tiene más fosas que municipios: más de 300 frente a poco más de 200 localidades. En enero pasado Winckler, Ortiz notificó al Congreso de los estragos de la delincuencia organizada: en los últimos seis años las autoridades periciales habían hallado, hasta ese momento, 343 fosas clandestinas distribuidas en 102 puntos a lo largo y ancho de la entidad. En las fosas estaban enterrados 225 cuerpos, pero sólo 111 personas habían sido identificadas por sus familias.

El Estado ha sido golpeado por la violencia producto de la disputa entre grupos del crimen organizado y sus finanzas públicas han sido azotadas por los recurrentes casos de corrupción que se agudizaron durante la gestión del exgobernador Javier Duarte, actualmente preso. En 2017, el año más sangriento en la historia de México, Veracruz cerró con 1.641 homicidios dolosos, una tasa de 20,7 asesinados por cada 100.000 habitantes. En los primeros siete meses del año se han iniciado 784 carpetas de investigación por el mismo delito.

Durante la gestión del exmandatario Duarte, Arturo Bermúdez Zurita, entonces secretario de Seguridad, y Roberto González Meza, director de Fuerza Civil, una corporación que actuaba bajo el mando de Bermúdez, ordenaban y ejecutaban la detención ilegal de personas en total impunidad. Los policías, bajo su mando, capturaban y torturaban a quienes les ordenaban. Los dos funcionarios policiales actualmente están presos. En octubre del año pasado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz emitió una recomendación a diversas autoridades tras documentar la desaparición de 81 personas entre febrero de 2011 y octubre de 2016. En 22 casos se presumía desaparición forzada, es decir, hubo participación material o intelectual de servidores públicos. La CEDH denunció la simulación por parte de la Fiscalía estatal en las investigaciones de los casos.

El País
Zorayda Gallegos
Ciudad de México
Jueves 6 de septiembre de 2018.


También se deben corregir las debilidades institucionales en impartición de justicia

Los linchamientos que han ocurrido en los últimos días en Puebla y en Hidalgo no son actos de justicia, sino de barbarie y deben sancionarse, pero también deben de corregirse las debilidades institucionales en impartición de justicia, afirmó Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En reunión con medios tras participar en la ceremonia de inauguración de la Segunda Asamblea Plenaria de 2018 de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), el ombudsman nacional afirmó que a pesar de existir una debilidad institucional en materia de justicia no debe de haber espacio para la justicia por propia mano.

"Hemos reprochado y condenado la justicia por propia mano; no podemos perseguir conductas, presuntamente y a veces ni siquiera son conductas, ilícitas pretendiendo hacer justicia por propia mano. Hay que reconocer que hay debilidad institucional en la procuración de justicia, pero esto no debe sustituirse por pretendernos hacernos justicia por propia mano.

"Eso no es justicia, esa es barbarie y hay que sancionar a quienes incitan e impulsan este tipo de soluciones. Pero también hay que corregir las debilidades institucionales".

Adelantó que el organismo nacional emitirá un informe sobre los linchamientos, y aseguró que a pesar de la desesperación que pueda existir entre la población, "no puede llevar al extremo de hacer justicia por propia mano, porque vamos a caer en estado selvático, en donde lo que impere es quién puede más".

"Tenemos que darle a la sociedad, a esa sociedad indignada porque no hay procuración de justicia, respuesta fortaleciendo a las instituciones, pero tenemos que dar garantías a la ciudadanía de que mañana ninguno de nosotros puede ser confundido en una justicia malamente llamada justicia de propia mano".

El presidente de la CNDH afirmó que las personas acusadas de algún delito deben de enfrentar algún juicio, y que ante los últimos actos de linchamiento "nos deben de llevar a la reflexión y a la exigencia de que se fortalezcan las instituciones, que se deje de simular con las fiscalías autónomas como las hay en las entidades federativas donde se han llamado autónomas y lo digo así de categórico, hay por lo menos 13 fiscalías autónomas que lo son de nombre, no han cambiado los modelos".

Ubican a culpables de linchamiento

En Puebla, autoridades ministeriales y de seguridad informaron que tienen ubicados a todos los que participaron en el linchamiento de dos personas en el municipio de Acatlán de Osorio.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Jesús Morales Rodríguez, informó que de manera conjunta con la Fiscalía General del Estado (FGE) se analizaron los videos que circularon y tienen perfectamente ubicados a los instigadores y a quienes cometieron el asesinato.

El funcionario confirmó que cinco policías municipales de Acatlán de Osorio están detenidos para analizar su situación jurídica por omisiones ante el ataque.

Los dos varones que respondían a los nombres de Alberto Flores Morales y Ricardo Flores Rodríguez, de 53 y 22 años, se dedicaban a labores de campo y con base en la Fiscalía General del Estado, no cometieron ningún delito.

Ambas víctimas fueron veladas ayer por familiares y amigos en el poblado de Acatlán de Osorio, donde demandaron justicia.

Martha Flores, hermana de Alberto Flores y madre de Ricardo, aseguró que ninguno de los dos era criminal, pues su hermano trabajaba en el campo y el joven estudiaba Derecho en Veracruz.

El Universal
Ciudad de México
Viernes 31 de agosto de 2018.


La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) anunció la detención de ocho presuntos secuestradores y asesinos

Pachuca, Hgo.- La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) anunció la detención de ocho presuntos secuestradores y asesinos de Genaro Negrete Urbano alcalde de Naupan, estado de Puebla encontrado muerto el pasado 7 de agosto en Tulancingo, Hidalgo.

En escueto boletín la PGJ informó que mediante un operativo de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS) de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), fueron detenidas ocho personas por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro y homicidio del edil.

Siete de ellos son originarios de Morelos y uno más del Estado de México y fueron identificados como Ángel “N”, Mauricio “N”, Alfredo “N”, Nicasio “N”, Marco “N”, Marcos “N”.

De acuerdo a la esposa del alcalde, el 4 de julio pasado ella y su marido circulaban en una camioneta pick-up, doble cabina, marca Ford, tipo Raptor sobre la carretera Tulancingo-Pachuca.

En el tramo carretero que atraviesa el poblado de El Susto, del municipio de Singuilucan, Hidalgo un auto se les emparejó. Quienes iban a bordo les indicaron que supuestamente las llantas de la camioneta iban ponchadas.

El edil tras bajar de su auto para revisar los neumáticos fue sometido y secuestrado junto con su esposa quienes fueron llevados a una “casa de seguridad” del poblado de Santo Tomás del municipio hidalguense de Zempoala.

Luego liberaron a la esposa quien denunció el secuestro a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo.

Siete días después del hallazgo del cuerpo de Genaro Negrete Urbano en un paraje de Tulancingo, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo anunció la detención de los supuestos autores del crimen la tarde del martes.

La Jornada
Pachuca, Hidalgo
Martes 14 de agosto de 2018.


Ciudad de México.- En México se resuelve solo el cinco por ciento de los homicidios. De los 154.557 asesinatos cometidos en el país de 2010 a 2016, el 94,8 por ciento permanecen impunes. El promedio son cinco condenas por cada cien víctimas, muy por debajo de las estadísticas del continente americano (24 sentencias), de Asia (48 sentencias) o de Europa (80 sentencias por cada cien homicidios).

México vive una crisis de impunidad en el momento más violento de su historia registrada: en 2017, nueve meses registraron un récord insólito, más de dos mil asesinatos.

Estas cifras se deben al colapso del sistema de justicia mexicano. En Colima, el estado con el nivel más alto de homicidios sin sentencia (98,8 por ciento), cada agente tiene una carga de 148 asesinatos rezagados; en Guerrero, una de las entidades más violentas del país, cada fiscal tiene novecientos casos pendientes y en Ciudad de México, que tiene el mayor aparato de justicia a nivel nacional, cada fiscal de homicidios tiene hoy un atraso de noventa casos. A este ritmo, se necesitarían 124 años para resolver los homicidios pendientes de solo seis años.

Otro vicio de la justicia en México es que la investigación para esclarecer los crímenes no se centra en llegar a la verdad, sino en encontrar a un culpable. Después de ocho meses de investigación y de entrevistar a más de sesenta funcionarios, abogados y expertos para un reportaje publicado en Animal Político, llegamos a una conclusión intuida pero poco señalada: una de las causas de la crisis de impunidad en el país es que el sistema de justicia mide sus resultados por número de detenidos.

Se trata de un método efectista de impartición de justicia que pasa por detener a un presunto culpable, muchas veces a partir de una confesión conseguida por tortura, sin investigar el caso. Solo en 2016, el 35 por ciento de los prisioneros en México no tenía condena: personas legalmente inocentes pero encarceladas que son víctimas de un sistema enfocado en llenar prisiones, pero no en prevenir crímenes ni en crear u homologar un protocolo que diga cómo investigar un homicidio.

El ejemplo más claro de este enfoque distorsionado de la justicia es el de Ayotzinapa, la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Guerrero. El 4 de junio de 2018, a cuatro años del episodio de mayor indignación civil durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, un tribunal federal anunció su fallo unánime: la investigación oficial presenta graves deficiencias que impiden esclarecer lo que sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014.

La sentencia enumera una serie de errores que es común escuchar por todo el país: hay indicios de que los detenidos confesaron por tortura, no se analizaron todas las pruebas o se sembró evidencia. El tribunal advirtió que la investigación no se hizo para buscar la verdad, sino para confirmar la versión del gobierno y propuso la creación de una Comisión de Investigación de la Verdad y la Justicia. En respuesta, ocho órganos gubernamentales han presentado recursos para no cumplir la resolución del tribunal. Parece que el gobierno ha entablado una disputa jurídica para no investigar uno de los casos más paradigmáticos de la crisis de justicia mexicana.

Además de estar desbordado y mantener un enfoque errado, el sistema de justicia presenta un déficit de recursos materiales. Tuxtepec, la segunda ciudad más poblada de Oaxaca y con una tasa de homicidios casi dos veces mayor que el promedio nacional, no tiene una morgue equipada para autopsias ni médicos que analicen los cuerpos. El trabajo lo hacen funerarias privadas y los cadáveres son llevados directamente al panteón municipal. También los peritos, detectives y funcionarios del Ministerio Público de México ganan en promedio de dos a diez veces menos que sus contrapartes en países como Brasil, Costa Rica y Estados Unidos. Esto contrasta con el mal uso de los recursos: en un laboratorio forense en el estado de Nayarit hay un equipo forense de un millón de dólares comprado hace cinco años que nunca ha sido usado.

Al mismo tiempo hay negligencia: en 2013, México recibió de la Cruz Roja Internacional un programa informático para identificar cuerpos de personas asesinadas en fosas, pero solo tres de los 32 estados lo han usado para establecer perfiles de ADN. Las bases de balística —que permiten rastrear las armas implicadas en delitos, dentro y fuera del país— no funcionan en uno de cada tres estados.

Los problemas del sistema fallido de justicia no se deben a la falta de dinero, pues entre 2008 y 2015 el presupuesto para seguridad interna ha aumentado de 27.000 a 43.000 millones de pesos. Hay una razón de fondo. En 2010, luego de la masacre de trece personas en una fiesta en Chihuahua, el Ejército llegó a un culpable, Israel Arzate, quien, según se dijo, circulaba en un coche robado y confesó ser el autor del multihomicidio. Tres años después, la Suprema Corte lo liberó tras confirmar que fue torturado para autoincriminarse, que no había una sola prueba que lo vinculara al crimen y que el automóvil en el que viajaba no era robado. Arzate no tuvo una investigación apropiada “porque no interesa. Vivimos en una sociedad donde la justicia solo consiste en llevar a alguien a prisión”, dijo el juez que analizó el caso.

En México abundan los casos como el de Arzate. Por ejemplo, el de Martín del Campo, un empresario encarcelado durante veintitrés años, acusado de asesinar a dos personas. Solo después de que instancias internacionales exigieron al gobierno examinar su sentencia, la Suprema Corte de Justicia ordenó su libertad al advertir que la única prueba era una confesión obtenida por un policía que reconoció haber torturado a Del Campo.

Resolver la crisis de justicia en México exige crear contrapesos legales y sociales para vigilar el servicio público. A su vez, el Congreso tiene que establecer un protocolo nacional de investigación de homicidios y establecer fiscalías especializadas que investiguen estos casos —solo la mitad de los estados cuentan con ellas—. La Procuraduría General de la República (PGR), el órgano que investiga y persigue los delitos federales, debe erradicar la tortura y, si ocurre, deben sancionarla a través de una fiscalía especializada en castigar violaciones a los derechos humanos.

Y la sociedad civil también tendría que ayudar a la renovación de nuestro sistema de justicia. Hay antecedentes: en 2002, se creó un Consejo de Participación Ciudadana en la PGR para evaluar y dar seguimiento a las políticas de seguridad pública, pero desapareció en 2013. Desarrollar órganos ciudadanos que vigilen el desempeño de la policía y que puedan tener autoridad en las reuniones de los consejos estatales, regionales y nacionales de seguridad será un paso adelante.

Pero, ante todo, se debe empezar por romper el paradigma judicial actual: no debe enfocarse solo en el número de detenidos, sino en la solución de los crímenes, el hallazgo de sus móviles y el diseño de una política preventiva eficaz afincada en el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos humanos. Para ello, el gobierno mexicano debe tener la voluntad política de reformar las instituciones judiciales. Hasta ahora no la ha tenido.

Arturo Angel es periodista y reportero del portal Animal Político. Ha publicado el libro “Duarte: El priista perfecto”.

The New York Times
Arturo Angel
Ciudad de México
Viernes 13 de julio de 2018.



•    En lo que va de la campaña desde el año pasado a la fecha, la violencia política se cobró la vida de 130 personas --funcionarios electos o aspirantes-- que fueron asesinadas desde el inicio de la contienda sin distinguir partidos de uno y otro espectro político


Emigdio López, candidato a diputado local de Morena, que forma parte de la coalición “Juntos Haremos Historia”, fue asesinado este lunes en Oaxaca, al sureste de México. Cuatro hombres armados lo atacaron y pocas horas después se produjo un atentado a balazos contra Raymundo Carmona, aspirante a un liderazgo municipal por la alianza contrincante en la misma región del país.

La violencia política en México no es un fenómeno nuevo y recorre casi toda la historia republicana del país norteamericano, pero cobra aún más relevancia pública en las campañas electorales y en esta ocasión el origen de las balas suele ser diverso: narcotraficantes, crimen organizado o acción de rivales políticos locales.

“El miedo va a ser un actor en esta elección”, dijo el martes durante la presentación de un libro sobre los comicios el profesor de la Universidad Autónoma de México, Germán Álvarez Díaz de León. “Sobre todo en los lugares más apartados”.

Aquí un panorama general sobre la violencia política de cara a los comicios del 1 de julio en México.

Las cifras

En lo que va de la campaña desde el año pasado a la fecha, la violencia política se cobró la vida de 130 personas --funcionarios electos o aspirantes-- que fueron asesinadas desde el inicio de la contienda sin distinguir partidos de uno y otro espectro político, dijo un reporte del martes de la consultora Etellekt.

Hasta junio ocurrieron 543 agresiones a políticos, agregó la consultora.

Las víctimas

Los diversos ataques se produjeron en 32 entidades de la república mexicana y no distinguen partidos.

Entre los muertos, por ejemplo, hubo militantes de “Juntos Haremos Historia” del candidato favorito según los sondeos --Andrés Manuel López Obrador--, de la coalición antagonista “Por México al Frente”, liderado por Ricardo Anaya, y de parte del oficialismo, que del Partido Revolucionario Institucional (PRI) encabeza José Antonio Meade.

Los precandidatos asesinados eran básicamente de los niveles locales, algo menos de los puestos a diputados provinciales, y solo un representante federal.

Entre los hitos de una historia de violencia electoral muchos recuerdan el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el candidato del PRI en 1994.

La violencia política en el país va acompañada de un incremento también de la inseguridad ciudadana y de muertes en otros colectivos --periodistas o activistas-- pasando por ciudadanos víctimas de asaltos. Para los expertos es un fenómeno complejo y policausal, que va desde un incremento de la presencia del narcotráfico y los grupos criminales organizados hasta la desigualdad social.

AP
Ciudad de México
Miércoles 27 junio de 2018.


Datos de INEGI señalan que el 40 % de los policías ganan entre 5 mil y 10 mil pesos

Ciudad de México.- Hace años que Laura dejó de contar muertos. "Ya los dejamos pasar", según dice. Es solo otro más.

Laura es policía de investigación en la Fiscalía de Homicidios de Nuevo León, donde ingresó al salir de la academia. Su misión, se supone, es recabar las pruebas que permitan esclarecer un crimen y detener al culpable. Es una detective.

"Pero he llegado a tener cinco homicidios por día y la investigación requiere tiempo, así que se van quedando".

Ella nunca tuvo capacitación sobre cómo indagar un asesinato. Ni siquiera necesitó años de experiencia o algún estudio especial, como se pide en Estados Unidos o Canadá. "Basta con que ahí te pongan, como pasó conmigo", reconoce.

La rutina de esta detective tampoco es la misma a la de los agentes de homicidios de otros países.

Ella gasta buena parte de su semana en escribir `memos para que le compren gasolina o una refacción para su patrulla o en buscar militares para que le vendan municiones que sobren de algún decomiso. También va a Office Depot a comprar hojas, plumas o papel carbón que necesita para escribir sus informes o quizá tóner para la impresora. "No siempre hay recurso para comprarlo así que también ahí andamos mendigando tóner para poder imprimir o agitándolo a ver si sale algo".

Y en medio de todo esto, intenta atender tanto los casos que se le acumulan como los nuevos homicidios que le asignan.

"No se archivan ni se cierran (los casos), pero no hay ninguna diligencia. Solo el informe de los hechos y la identificación del muerto… y así se quedan", reconoce Laura.

No por nada esclarecer un homicidio en México es una excepción y no la regla. En Nuevo León, la tierra de Laura, como sucede en otros 26 estados, 9 de cada 10 crímenes quedan impunes.

Laura (alias para proteger su identidad) dice que no recuerda los homicidios que le han asignado y que quedaron impunes. Las estadísticas pueden ayudarle: según los datos oficiales, si contamos los 6 mil 237 homicidios pendientes de resolver en Nuevo León, ocurridos entre 2010 y 2016, y los juntamos con los 98 policías de investigación adscritos a homicidios, veríamos que a cada uno le tocarían 64 homicidios por investigar.

Nuevo León puede considerarse afortunado. En Guerrero, con el mismo ejercicio, a cada uno de los policías de homicidios le tocaría investigar más de mil homicidios que siguen impunes. El promedio nacional es de 102 crímenes sin respuesta para cada policía de investigación.

Asesinatos sin culpables

Solo de 2010 a 2016 fueron asesinadas 154 mil 557 personas en México y en el 94.8% de esos casos no hay un culpable sentenciado, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Visto a nivel estatal, en 27 de 32 estados el porcentaje de casos que no terminan con un responsable sentenciado supera el 90 por ciento.

Solo se "salvan" Jalisco con 88.9% de casos no resueltos, Querétaro con 84.4%, Tabasco con 79.5%, Ciudad de México con 76.5%, Hidalgo con 60.6% y Yucatán con 56.6%.

Esto significa que nuestro país tiene una tasa de 5 sentencias por cada 100 víctimas de homicidio, cuando en el continente americano la tasa promedio es de 24 por cada 100 víctimas. En Asia son 48 y en Europa 81, según datos de la ONU.

Y estos números no se justifican por falta de dinero. En México, el presupuesto para seguridad interna ha aumentado un promedio de 2 mil millones de pesos cada año.

De 2008 a 2015 pasó de 27 mil a 43 mil millones de pesos.

Entrevistas con más de 60 funcionarios de una decena de estados y con víctimas y abogados, además de una revisión de los equipos con que cuentan los peritos, las herramientas de la policía, diversos procesos penales, expedientes y recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desnudan las causas que dan como resultado estos niveles de impunidad.

Hay lugares, por ejemplo, donde el dinero no llega y faltan desde ambulancias forenses para trasladar cuerpos, hasta morgues y laboratorios para estudiarlos. En otros sitios el dinero llega, pero se desperdicia en comprar equipos que no se utilizan.

La capacitación de policías y agentes también es prácticamente nula. En casi el 95% de los municipios se carece de una fuerza policial capacitada, aunque sea para resguardar la escena del crimen, según la información de INEGI.

Y hay más problemas. Los fiscales y policías entrevistados revelan que no existe un protocolo homologado obligatorio que diga cómo investigar un homicidio y la mitad de los estados no tiene fiscalías especializadas que lo hagan.

Peor: hay casos que sí se investigan, pero donde no importa buscar la verdad, sino detener a quien sea, aunque no sea culpable. Lo resultados se miden por detenidos y eso lleva a que encarcelen inocentes.

 Con poco personal

En México, el proceso para investigar un homicidio involucra a los policías preventivos, de investigación, peritos y agentes del ministerio público. En esta primera parte del reportaje solo se revisaron los salarios, el número y la capacitación de cada uno de ellos.

Los preventivos -que llevan uniforme- son los primeros en llegar a la escena del crimen para preservarla. Los policías de investigación, alguna vez conocidos como judiciales, son los encargados de buscar pistas y detener a los sospechosos. Los peritos son expertos que manejan y analizan la evidencias.

Y los agentes del ministerio público (o fiscales) especializados en atender homicidios son quienes coordinan la investigación.

Cada uno de ellos enfrenta sobrecarga de trabajo.

En el caso de los fiscales, los datos oficiales dicen que, si dividiéramos los asesinatos sin respuesta de 2010 a 2016 y el número de fiscales de homicidios en el país, a cada uno le tocarían 227 casos en promedio. Y si consideramos que cada agente del ministerio público consigue resolver apenas 1.8 casos al año, como arroja el cruce de los datos de INEGI con el estado de fuerza reportado en cada entidad, se necesitarían 124 años para acabar con el rezago.

Pero ese es solo un promedio nacional.

En Guerrero, una de las entidades con mayores tasas de homicidio, cada agente tendría en promedio 906 casos pendientes.

En Colima, que es el estado con el nivel más alto de homicidios sin sentencia (98.8%), cada agente tendría una carga de 148 asesinatos pendientes. Y como aquí resuelven menos que en Guerrero, tendrían también el récord de tiempo para terminar con su rezago: 598 años para investigar solo los homicidios de 2010 a 2016.

Otro promedio nacional: cada fiscal de homicidios en México tiene menos de dos policías de investigación para ayudar a investigar.

¿Ayudaría a dichos fiscales tener más detectives para resolver con mayor rapidez los casos? Laura dice que sí, sobre todo si se toma en cuenta que, por ejemplo, en Nuevo León hay mil 600 policías de investigación pero menos de 100 dedicados a homicidio. Y eso sin contar -según Laura- los que están asignados como escoltas de mandos y funcionarios.

Samuel Castillejos, exfiscal de Oaxaca, dice que en su estado han llegado a tener 300 órdenes de aprehensión por casos de homicidio no ejecutadas porque no hay quién lo haga.

El ex subprocurador de Ciudad de México, Luis Genaro Vázquez, añade otro problema: rotaciones injustificadas del personal que de por si escasea. "Se cambian a fiscales y comandantes con muchos años de experiencia por capricho de un mando superior".

 Salarios Bajos

¿Cuánto ganan quienes tienen la responsabilidad de esclarecer homicidios? Para los agentes del MP, el salario promedio en el país es de 22 mil pesos, según el cálculo que arrojan los salarios reportados en sus sitios de transparencia. El más bajo es el de Tabasco con 13 mil pesos y el más alto el de Nuevo León con 54 mil. Todos menos impuestos.

Los policías de investigación tienen un salario promedio, en 20 estados revisados, de 13 mil 963 pesos. El más bajo es el de Tabasco, donde ganan 6 mil 700 pesos, y el más alto es en Sonora con 27 mil pesos.

Comparado con otros países tenemos detectives mal pagados. En Brasil, por ejemplo, los agentes ganan más del doble que los mexicanos (2 mil 285 dólares al mes por 979 dólares que perciben en nuestro país). En Costa Rica reciben casi el triple (2 mil 591 dólares) y en Estados Unidos ganan nueve veces más (8 mil 650 dólares).

Un dato no menor: Laura aclara que, aunque en Nuevo León el sueldo del policía -21 mil pesos- es mayor a otros estados, tienen que poner de su bolsa para compensar carencias que enfrentan como falta de balas o de gasolina para sus autos.

El fiscal mexiquense Gutiérrez González calcula que varios de sus compañeros gastan hasta la mitad de su salario en transporte o gasolina para sus autos (algunos viven hasta a 3 horas de distancia de sus oficinas) y en otras carencias materiales que tienen en sus agencias.

 Sin Sueldo Fijo

Pero si ésta es la situación de los fiscales, los policías preventivos están peor.
Ellos no investigan los homicidios, pero sí tienen una función considerada vital para la resolución de un caso, según el Código Nacional Penal: resguardar la escena de un crimen para que la evidencia no se pierda. Es la primera autoridad que interviene.

Y de esos policías nos faltan, al menos, el doble. Según el informe Modelo Óptimo de la Función Policial, México debería tener una tasa de 1.8 policías estatales por cien mil habitantes para estar al nivel de promedios internacionales, pero apenas tiene 0.8 elementos.

En promedio, México tiene 8 policías preventivos para reaccionar por cada homicidio y cuidar el lugar de la evidencia, pero hay contrastes: en Yucatán -el estado con menor impunidad- tienen un promedio de 81 policías para reaccionar por cada homicidio, mientras que en Colima o Guerrero hay dos.

Bernardo León Olea, jefe de la policía de Morelia, dice que reclutar nuevos policías no es sencillo y una de las razones es el sueldo. Datos de INEGI señalan que el 40% de los policías ganan entre 5 mil y 10 mil pesos.

Y no es lo más bajo. Uno de cada 5 policías municipales en el país ganan menos de cinco mil pesos mensuales. En Oaxaca hay municipios donde los agentes ganan 2 mil 500 pesos quincenales, dice Said Villalobos, agente del Ministerio Público de dicho estado.

Peor: hay 4 mil 900 elementos reconocidos como policías municipales que no perciben siquiera un sueldo fijo.

El bajo salario tampoco se compensa con prestaciones. El Índice de Desarrollo Policial 2017 revela que hay 13 estados del país donde no se proporciona a los policías locales las mínimas prestaciones de ley.

¿Y la capacitación? De acuerdo con la Secretaría de Gobernación todos los policías locales recibieron un taller de 40 horas para saber cómo resguardar la escena de un crimen, pero esto contrasta con los datos oficiales de INEGI, que revelan que solo 135 de los 2 mil 463 municipios del país cuentan con una policía local con las capacidades suficientes para "preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios de un hecho delictuoso".

Una jueza en Nuevo León, entrevistada para este reportaje, cuenta que de los casos que ha recibido en los últimos dos años, el 70% se caen en la fase inicial -ni siquiera llegan al juicio- por errores cometidos en la escena del crimen que deberían haber resguardado los policías.

Enrique Inzunza Cázares, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Sinaloa, confirma que el déficit en capacitación de los policías locales repercute en los casos. "No dominan conocimientos básicos y eso tiene consecuencias muy graves: que los elementos que se recogen en la escena son declarados prueba ilícita, y luego no sirven para ser invocados en un juicio. La gravedad es esa, que el primer respondiente no sepa actuar conforme a estos estándares: echa a perder todo el caso, desde el inicio".

 Tuxtepec, Oaxaca.

Los dos empleados de la funeraria El Triunfo aguardan a un lado del cordón que la policía colocó afuera de un bar cuya encargada, Avelina García, ha sido asesinada. Según los testigos, un hombre entró y sin mediar palabra le disparó varias veces y huyó en una motocicleta.

La gente se junta ante la noticia de un homicidio más, el número 10 en menos de dos semanas en la ciudad. Los empleados de la funeraria esperan. Sus rostros denotan poco interés y sorpresa por lo que ocurrió en el bar. Uno de ellos está sumergido en su teléfono celular y el otro platica con un policía sobre un partido de béisbol y el calor.

- ¿Ustedes que hacen aquí? -se le pregunta al empleado del teléfono, luego de una hora de espera sin que pase nada en el sitio.

-Esperando que lleguen los peritos a registrar el lugar para que nos podamos llevar el cuerpo -señala sin despegar la mirada del aparato.

- ¿Qué eso no lo hacen los peritos en una ambulancia? -se le insiste

El empleado separa los ojos del celular, sonríe y responde:

-N'ombre... aquí lo hacemos las funerarias. Al gobierno no le alcanza ni para levantar a los muertos…

No hay peritos suficientes

En la investigación de un homicidio el rol de los peritos es clave, explica Héctor Hawley, perito criminalista de Ciudad Juárez. "Nuestro trabajo es establecer la verdad histórica científica de un hecho. Se trata de buscar la relación que existe entre la escena del crimen, el agresor y la víctima con evidencias".

El problema es que no hay peritos suficientes.

Tuxtepec, la segunda ciudad más poblada de Oaxaca, es un ejemplo. El cuerpo de la señora Avelina García estuvo dos horas tendido en el suelo sin que se pudiera hacer nada, porque solo hay dos peritos en criminalística, uno de ellos que en realidad estudió arquitectura. Y ambos en ese momento estaban en otra emergencia en una localidad contigua.

Además, el cuerpo lo tendría que haber recogido un perito en medicina de campo, que es el experto indicado para analizar su posición y características. Pero no hay en Tuxtepec, por lo que el levantamiento del cadáver lo hacen los empleados de la funeraria Triunfo, sin trajes especiales o botas para no contraminar la escena, y sin bolsas especiales para preservar el cuerpo y protegerse también ellos.

"No tenemos nosotros de ese material. Usamos bolsas de plástico normales, pero las ponemos en lo que es el piso de la camioneta. No tanto por seguridad, sino por no ensuciarla, porque luego cuesta la lavada…", explica uno de los empleados.

El cadáver de Avelina García fue llevado al panteón municipal porque en Tuxtepec tampoco hay una morgue para la necropsia de los cuerpos.

"En la región solo hay dos peritos expertos en criminalística, dos médicos legistas y dos psicólogos. Es imposible que podamos sacar el trabajo", explica el agente de investigación Said Villalobos.

En Veracruz, tercer estado más poblado de México, el gobierno reportó a INEGI que hay 250 peritos sin dar detalles de sus especialidades. Uno de ellos, que también habló bajo condición de anonimato, asegura que hay ciudades donde no hay más de tres peritos.

"Los tres tienen que hacer todas las especialidades: levantar cuerpo, hacerle de criminalista, de fotógrafo, de chofer de ambulancia, de camillero, y si tiene que sacar huellas dactilares, también le haces de dactiloscopista... Eso merma la investigación. Estamos en un homicidio cuando ya reportaron otro", lamenta.

Animal Político
Ciudad de México
Martes 19 de junio de 2018.


Ciudad de México. - A unas calles del zócalo capitalino, la mañana del domingo se encontraron dos cuerpos desmembrados y sobre la avenida Insurgentes y Flores Magón, dejaron en un puente peatonal una manta con un mensaje intimidatorio, presuntamente atribuido a La Unión Tepito, por este hecho las corporaciones policiacas activaron un "código rojo" para prevenir más ataques.

Los cuerpos desmembrados, que según los primeros reportes de la Procuraduría Capitalina, corresponden a hombres que cuentan con antecedentes penales y según su ficha criminal, pertenecían al primer círculo del delincuente identificado como Jorge Flores Concha "El Tortas", supuesto líder criminal del grupo conocido como "Fuerza Anti-Unión Tepito".

El hallazgo fue reportado poco después de las 05:00 horas sobre la avenida Insurgentes Norte y Avenida Flores Magón, en límites de las colonias Santa María la Ribera y Tlatelolco. Los restos fueron esparcidos sobre el arroyo vehicular de ambas vialidades y sobre el carril del Metrobús, lo que provocó que el tráfico vehicular se viera afectado.

Una de las víctimas ya fue reclamada por sus familiares, tenía reporte de desaparición desde el viernes pasado y su pareja sentimental reportó que un grupo armado "lo levantó" en las inmediaciones de la colonia Guerrero.

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) dio a conocer que el occiso tenía 42 años de edad y contaba con antecedentes penales por el delito de encubrimiento en 2009.

Agencias
Ciudad de México
Martes 19 de junio de 2018.

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