Lima .– El año pasado, durante una fase preliminar del concurso de Miss Perú, una de las participantes, Alessandra Bonelli, dijo al aire que su entrenador personal la había sedado y violado en 2015.

Desde ese entonces, Bonelli ha denunciado el ataque ante las autoridades, pero en una entrevista reciente dijo que los investigadores la “hicieron sentir culpable” por lo que le había pasado, dado que aceptó voluntariamente un trago de whisky que, sin que ella lo supiera, contenía un relajante muscular.

Además de sentirse así a causa del señalamiento de los investigadores, las pruebas de muestras de ADN en su ropa íntima tardaron dos años en realizarse, de acuerdo con documentos en el archivo del caso. Cuando hubo resultados, estos mostraron que el semen en la prenda pertenecía casi sin duda alguna al entrenador. La resolución del caso aún está pendiente.

“Acá la gente ni intenta denunciar sus casos, porque saben que es una causa perdida y tiempo perdido”, dijo Bonelli, de 26 años. El estrés que sintió a causa de lo sucedido, dijo, la obligó a necesitar pastillas para dormir durante mucho tiempo y tuvo dificultades para trabajar durante un año y medio.

Bonelli es solo una entre varios ejemplos prominentes de casos de ataques sexuales en Perú cuyas resoluciones han dejado furiosas a las víctimas y a sus defensores.

“Si todavía es tan difícil que las autoridades entiendan la agresión flagrante o la violación, ¿te imaginas cuánto trabajo hay que hacer para para que se reconozcan otros tipos de agresión como el acoso?”, preguntó Indira Huilca Flores, congresista de izquierda.

La cantidad de hombres acusados de feminicidios desde 2009 se ha cuadruplicado, según estadísticas gubernamentales. En el 85 por ciento de esos casos, la víctima era una esposa, novia o pareja actual o pasada del agresor.

El 24 de abril, un hombre identificado como Carlos Hualpa siguió a una ex colega, Eyvi Ágreda, de 21 años, hacia un autobús público y la roció con gasolina que había escondido en un recipiente de yogur. Luego, según el recuento de las autoridades, le prendió fuego a la joven. Más de la mitad del cuerpo de Ágreda se quemó; ella sigue en cuidados intensivos. A decir del abogado de Hualpa, su cliente estaba interesado en Ágreda, pero “ella no le prestaba atención”.

Como en varios países de Latinoamérica, en Perú está tipificado el delito de feminicidio; el asesinato de una mujer o una niña debido a su género. Sin embargo, es algo difícil de probar. Hualpa está bajo investigación por tentativa de feminicidio.

Los activistas indican que las normas sociales aún están lejos de empatarse con los estándares legales. El año pasado la congresista Maritza García fue obligada a renunciar al cargo como presidenta de la Comisión de la Mujer y la Familia después de declarar que la mujer “da la oportunidad al varón para que cometa feminicidio”.

“Muchas veces puede haber un agresor absolutamente sano y, de repente, en un momento, la mujer lo saca de contexto diciéndole ‘Me voy’ o ‘Te estoy traicionando'”, dijo García. “Esas frases nunca deben ser usadas por una mujer”.

Uno de los casos más famosos de violencia sexual en los últimos años sucedió en 2015, cuando fueron grabadas las agresiones que sufrió Arlette Contreras a manos de su entonces novio Adriano Pozo, en un hotel después de una fiesta de cumpleaños.

“Te voy a hacer el amor”, le dijo él a Contreras, según los documentos de la corte. Cuando ella lo rechazó, Pozo le habría dicho: “Te voy a violar”.

El recuento ante la corte del caso indica que Pozo la aventó al piso; trató de asfixiarla mientras ella se resistía, según el hallazgo de un informe médico. Habría amenazado con matarla.

Contreras, una joven abogada, logró escapar del cuarto del hotel. Pozo, desnudo, la correteó hacia la recepción mientras lo grababan varias cámaras de seguridad. En cierto momento, Pozo arrastró a Contreras jalándole el cabello mientras un empleado del hotel intentaba separarlos.

El abogado de Pozo, Juan Carlos Portugal, negó la amenaza de muerte y dijo que su cliente también salió herido.

“A nuestro juicio esto es un hecho de pareja, de infidelidad de pareja, que por razones de caballerosidad no puedo detallar”, dijo Portugal. “Arrastrarla no significa que él la va a matar; meterle un puñete no significa que la va a matar”.

Cuando Pozo, hijo de un regidor de la ciudad andina de Ayacucho, donde ocurrió el ataque, fue arrestado, lo grabaron en video diciéndole a la policía: “¿Tú sabes quién es mi papá, huevón?”.

En el juicio, un pánel de tres jueces, dos de ellos hombres, concluyeron que “no se ha advertido en el acusado un odio, rencor, al género de la mujer”.

Durante la apelación, otros dos jueces, un hombre y una mujer, también exculparon a Pozo. Citaron un diagnóstico de trastorno de personalidad limítrofe y dijeron de él: “Esta persona no es capaz de violar o agredir a otras personas”.

“Si en mi caso yo no puedo encontrar justicia, Dios, ya no me quiero ni imaginar lo que sucede a cuatro paredes en una habitación cerrada y donde no hay ningún tipo de cámara de seguridad o testigos”, dijo Contreras en una entrevista. Esta semana también publicó un video exigiendo justicia.

El año pasado, Contreras recibió un premio de manos de Melania Trump, la primera dama estadounidense: fue nombrada una de las Cien Personas Más Influyentes por la revista Time. Sin embargo, en su hogar, Ayacucho, enfrentó acoso. Se mudó a Lima, aunque incluso ahora continúa tiñéndose el cabello de diferentes colores para evitar ser reconocida.

Al intentar que se condenara a Pozo por intento de feminicidio, los fiscales no lo acusaron también por haberle ocasionado “lesiones”, un delito menor que habría sido más fácil de probar. Los fiscales han defendido su decisión, pero Pozo sigue libre.

Contreras enfrenta un problema aún mayor: a petición de los abogados de Pozo, los fiscales de Ayacucho han solicitado que ella sea encarcelada durante tres años por supuestamente proporcionar un documento fraudulento sobre su estatus laboral. Dos organizaciones de defensa a la mujer señalaron que el proceso en contra de Contreras es un intento de venganza.

“Es de conocimiento público, la impunidad que impera en el Perú para los casos de violencia de género. Ella pasa de víctima a acusada”, sentencian en una misiva.

El resultado del caso de Contreras fue la chispa que llevó a miles a salir a las calles en 2016 con el lema Ni Una Menos, que se ha convertido en un grito de batalla en la región para hacer frente a la violencia contra las mujeres.

Sin embargo, muy poco ha cambiado.

Jennifer Villena trabajaba como voluntaria para levantar un censo cuando, en octubre pasado, entró a la casa de Marco Luza, quien la violó. “Estoy solo y hace tiempo que no estoy con una mujer”, recuerda Villena que Luza le dijo.

Tras su arresto, Luza les dijo a los reporteros que lo sucedido había sido consensuado. “Hubiera gritado si hubiera sido a la fuerza”, dijo el hombre. En abril, Luza fue sentenciado a seis años de cárcel por violación.

El ataque a Villena, una de cerca de 180.000 personas que trabajaban voluntariamente levantando el censo ese día, dio pie a una protesta. La ministra de la mujer de Perú visitó a Villena y lloró cuando le contó su caso. El funcionario de más alto rango para el Censo 2017 fue despedido.

Sin embargo, aunque Villena obtuvo algo de justicia, su vida dio un giro negativo. Su novio la dejó, pues la acusó de engañarlo y avergonzarlo. Los clientes en su empleo en una tienda minorista la rehuían. Dejó ese trabajo, la desalojaron y ahora vive en un departamento de una habitación con sus cuatro hijos.

“¿Cómo se supone que las mujeres se deben sentir empoderadas si nos tratan así cuando damos la cara con nuestras denuncias?”, cuestionó Villena. “A mí todavía me da vergüenza cuando salgo a la calle”.

The New York Times
Marcelo Rochabrún
Lima, Perú / Nueva York
Viernes 11 de mayo de 2018.

Cae conductor que mató a otro sujeto en Centro Histórico de Puebla

Felipe N, un instructor de la Academia de Policía Estatal de Puebla, fue detenido por presuntamente ser el conductor que mató a otro cuando éste intentaba reclamarle algo durante un alto en el Centro Histórico de la ciudad. La Fiscalía de Puebla informó que el 20 de noviembre un conductor identificado como Daniel Alejandro N. al ir en su vehículo tuvo un incidente vial con el conductor de un Jetta rojo, en inmediaciones de la 14 Sur y Juan de Palafox.

La víctima se bajó a reclamarle al conductor del vehículo delantero, y recibió un disparo en el abdomen. En ese momento el responsable se dio a la fuga y el lesionado fue trasladado a un hospital, donde murió.

La Unidad de Investigación de Homicidios y la Agencia Estatal de Investigación consultaron itinerarios y analizaron videos para que a partir de la sucesión de imágenes se determinaran posibles rutas que utilizó el presunto asesino para huir.

La Fiscalía, con la colaboración de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, cumplimentó una orden de aprehensión contra Felipe N, afuera de la Academia de Policía Estatal de la capital, donde fungía como instructor.

Felipe "N" fue aprehendido como el probable responsable de privar de la vida a una persona en calles del Centro Histórico.
 

También se le aseguró el vehículo que conducía el día de los hechos además de la pistola utilizada y que argumentó era de uso personal.

El copiloto de la víctima identificó a Felipe N. como el hombre que disparó y mató a Daniel Alejandro. Durante la audiencia realizada este día, el Juez de Control impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar en contra del probable responsable.

Milenio
Ciudad de Puebla
Miércoles 6 de diciembre de 2017.

 

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