Organizaciones civiles y académicos de México advirtieron que una iniciativa de ley para regular la presencia de las fuerzas armadas en las calles para combatir el narcotráfico podría acabar protegiendo a militares que violen los derechos humanos.


El proyecto de la Ley de Seguridad Interior, que se discute en el Congreso, busca dar un marco legal a la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado, que comenzó a finales de 2006 bajo el gobierno de Felipe Calderón.

La ola de violencia que sacude a México ha dejado en la última década al menos 177.000 muertos, según cifras oficiales que no especifican cuántos casos están relacionados con el crimen organizado.

La politóloga y escritora Denise Dresser sostuvo que el objetivo último de la iniciativa es permitir que los militares hagan uso de la fuerza inconstitucionalmente.

"Parecería que los generales quieren que les lavemos la cara, que les proveamos de leyes que protejan al mando militar, leyes para evitar que algún día la fiscalía general o la comunidad internacional los llamen a rendir cuentas", afirmó en una conferencia de prensa.

A menos de una semana de que militares abatieran al cabecilla de un cártel junto a otros siete presuntos delincuentes abriendo fuego desde un helicóptero sobre una zona residencial de la ciudad de Tepic (noroeste), activistas expresaron su preocupación por los métodos de las fuerzas armadas.

Alejandro Madrazo, coordinador del programa de política de drogas del Centro de Investigación y Docencia Económica, cuestionó la versión ofrecida por la Marina de México sobre el incidente, según la cual todos los involucrados eran sicarios.

"¿Qué autoridad independiente de la Marina realizó esa investigación y nos puede corroborar que las cosas sucedieron como dice el Secretario? (de la Marina) ¿Cómo debemos tomarle la palabra cuando dice que es proporcional el uso de helicópteros artillados en zonas residenciales de noche en contra de la población civil?", se preguntó Madrazo.

El experto consideró además que las iniciativas propuestas por legisladores locales para la Ley de Seguridad Interior son de "enorme deficiencia técnica y dudosa constitucionalidad".

Aseveró que en los últimos diez años se ha realizado una multiplicidad de estudios, de diversos órganos nacionales e internacionales, que encienden fuertes señales de alarma sobre la militarización de la lucha contra el crimen en México.

"Esta información no parece estar siendo tomada en cuenta por nuestros legisladores. Nuestra exigencia es que legislen con base en evidencia, porque evidencia hay", sentenció.
 
AFP
Ciudad de México
Miércoles 15 de febrero del 2017.

    
Denuncia que, ante la advertencia de plantón, las autoridades se previnieron llevando unidades de salud a las puertas de las Secretaría de Gobierno.


En medio de consultorios médicos, dentales, mesas con información de salud, enfermeras tomando la presión y médicos esperando pacientes, el exdiputado federal, Gerardo Fernández Noroña, inició un plantón a las puertas de Casa Aguayo.

Y es que de forma casual, la Casa Aguayo, sede de la Secretaría de Gobierno, se vio invadida no solo de una jornada de salud, sino de hasta camiones de volteo con material para la construcción.

Todo porque el ex legislador de izquierda amenazó con plantarse, luego de que esta semana fue objeto de una agresión al interior del edificio público, en la que le fue robado su teléfono celular.

El argumento, de manera irónica, proporcionado por las autoridades fue la conmemoración del Día Naranja, contra las agresiones a las mujeres, por lo que se llevaron todas las unidades de salud a la puerta de Casa Aguayo, la que prefirieron a alguna plaza pública, donde tendrían más pacientes.

Pero esto no desmotivó a el también aspirante a una candidatura independiente por la Presidencia de México.

Vio un hueco entre los consultorios móviles, y se instaló ahí, con la advertencia que lo hará cada día de 12 a 17 horas, hasta que no solo le devuelvan su celular Iphone 6S Plus de 19 mil pesos, sino también que sea cesado su agresor, Luis Arturo Cornejo, a quien además de llamarlo ladrón, lo apodó “Conejo”.

Pero si no se lo regresan, Noroña advirtió que tiene un plan B, el que será confrontar al gobernador Rafael Moreno Valle, a  todo evento al que acuda.

Además, advirtió que acudirá en primera instancia a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aunque no le tiene confianza, pero será el primer paso para ir a la Nacional (CNDH).

Explicó que si no se quedaba en plantón permanente, era por temor a que en la noche le mandaran golpeadores.

Stand up comedy

La mofa que hizo Fernández Noroña de los funcionarios públicos desde el gobernador, hasta el subsecretario de Gobierno, Cornejo, se convirtió en una especie de stand up comedy.

Y es que entre sus declaraciones a la prensa, donde explicó los motivos de su plantón, entrelazaba comentarios sarcásticos que desataban las risas de su público y hasta de la prensa.

Con la prensa alrededor, seguidores aplaudiendo y a sus espaldas los cartelones con leyendas como “regresen el celular”, Gerardo Fernández advirtió que no teme ser aprehendido.

“Exijo tres cosas, libertad de los presos políticos; la remoción de Cornejo, que ahora además en las redes pusieron que Noroña agrede a un viejito”.

“No tienen vergüenza, porque si este hombre tiene 70 años, no deberían ser tan viles como para tenerlo trabajando, ya deberían haberlo pensionado, porque además mucho daño hace ahí”.

Por lo tanto,  acusó directamente al gobernador Moreno Valle de proteger la agresión, ya que la misma debió quedar grabada en las múltiples cámaras que hay al interior del edificio.

Y ahora, por el contrario, fue denunciado el ex legislador que él fue quien agredió.

“Reto a Moreno Valle que haga públicos los vídeos”, dijo para luego señalar que si hubiera agredido al funcionario, simplemente no hubiera salido de Casa Aguayo, hubiera sido ahí detenido, o cuando fue a interponer su denuncia a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Insistió en que le dieran una audiencia para exigir la liberación de presos políticos del municipio de Felipe Ángeles.

“Veo todo lleno aquí, con equipo para atender supuestamente a los poblanos, pero no veo a nadie aquí, todo lleno de guaruras, si van a atender a los guaruras me parece bien”.

“Para darle la atención a los guaruras lo pudieron haber puesto en otro lugar para atender al pueblo, hasta hay una unidad odontológica, voy a ir porque tengo un diente que se me rompió, no mejor no voy, porque me quitan la dentadura completa y van a decir que yo agredí al dentista”, dijo al sacar las risas.

Señaló que en sus 53 años de vida no había recibido jamás en su carrera política una agresión de ese tipo y menos que un funcionario, dentro de un edificio público, le robara su celular.

“Si es cierto que yo agredí, procedan, deténganme, aquí voy a estar todos los días, no me atemorizan nada, cobardes y miserables no me atemorizan. Los emplazo por la responsabilidad pública que tienen, son unos miserables, una padilla de criminales”.

“(…) Me acusaron de agresiones, pero parece que el manicure se le estropeó (a Cornejo) cuando agredió a mi pareja”.

-¿En el celular tenía información importante?- se le preguntó.

-El celular vale porque vale 19 mil pesos, era el tercero robado en dos semanas, ya soy cliente. Primero me robaron en el metro, se entiende, pero que te robe el subsecretario de gobierno, uff.

-¿No había nada de información?

-Estaba mi directorio. O sea de lo que me pueden acusar es que me guste mucho el sexo opuesto que es un delito menor. Que me gusten a que yo me apunte y me hagan caso es otra cosa- prosiguió en la especie de stand up.

“No hay nada de información, no tengo gustos extraños, no tengo fotos raras”, dijo.

La agresión

El pasado martes, Fernández Noroña, acudió a Casa Aguayo, para tratar de entrevistarse con el secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano.

Al principio fue bien recibido, según contó, por funcionarios que incluso lo llevaron a la antesala de la oficina del encargado de la política interna de Puebla.

Fue en este lugar, ya sentado en la antesala, que se le acercó un funcionario público, para decirle que no sería recibido, que se fuera, aseguró Noroña, al señalar que lo hizo de madera prepotente.

Por el mal trato, sacó su teléfono celular para empezar a hacer una transmisión por internet mediante la aplicación de Periscope.

Cuando relataba que estaba siendo corrido por la mala de la dependencia, se aprecia en el vídeo que se le acerca el funcionario estatal, para quitárselo, sin saber que el vídeo se estaba grabando en dicha aplicación.

Gerardo Fernández, denunció además que él y su pareja fueron agredidos, por lo que presentó una denuncia y se abrió una carpeta de investigación ante la Fiscalía General del Estado.

“Lo más grave es que agredieron físicamente a mi pareja, Emma Ocampo, quien solo leía e intentó grabar la agresión”, dijo al señalar que traía lesiones leves.

El político se trasladó a la fiscalía y se abrió la carpeta de investigación, 2477/2016/ZonaCentro por lesiones y robo con violencia contra uno de los funcionarios públicos.

Intolerancia
Jorge Castillo
Ciudad de Puebla
Jueves 25 de agosto de 2016.

Moreno Valle evita comparecencia en San Lázaro; manda a subalternos y acarreados

Con burócratas acarreados, representantes del gobierno estatal comparecieron en la Cámara de Diputados para responder a los cuestionamientos sobre violaciones a los derechos humanos supuestamente cometidas por la administración de Rafael Moreno Valle.

Desde las siete de la mañana, las sillas del salón de los Cristales en la sede legislativa fueron ocupadas por más de un centenar de burócratas, quienes fueron trasladados desde Puebla en autobuses.

Para cuando el encargado de despacho de la Secretaría General del gobierno poblano, Jorge Benito Cruz Bermúdez, y el procurador Víctor Carrancá llegaron a la comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos, el lugar ya se encontraba “saturado” y los guardias impedían el acceso, incluso a la prensa.

El diputado perredista Roberto López Suárez se quejó de que la presencia de estos servidores públicos para copar el espacio retrasó el acceso a representantes de agrupaciones sociales de Puebla, que previamente habían solicitado estar presentes en ese encuentro.

“Vemos cuatro autobuses allá afuera, en los que llegaron personas que están aquí adentro del estado de Puebla, servidores públicos, que quisiéramos que se nos informara cuál fue el procedimiento para que se les dejara pasar y a otras personas no”, reclamó.

También censuró que el mandatario Moreno Valle haya mostrado un “evidente desprecio” ante la reunión de trabajo con los legisladores, pues en lugar de asistir para responder a los cuestionamientos por las supuestas violaciones a derechos humanos cometidas por su gobierno, envió a un “encargado de despacho”.

La diputada por el PRD, Roxana Luna Porquillo, reprobó la presencia de “acarreados” en el acto, mientras que representantes de organizaciones sociales de Puebla tuvieron que quedarse afuera.

Algunos integrantes de Cholula Viva y Digna y de la organización de vendedores ambulantes “28 de Octubre” lograron ingresar al salón cuando la comparecencia estaba avanzada. Trataron de colocarse atrás de los funcionarios poblanos con tres mantas, pero el secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos, Rafael Sifuentes, les impidió el paso y los replegó a un costado del salón.

“Alto a Rafael Moreno Valle y su gobierno represor disfrazado de democrático, civil y respetuoso de la ley y los derechos humanos”, se advertía en uno de los letreros que pudieron mostrar.

De la hora y 20 minutos que duró el encuentro, los funcionarios del gobierno de Puebla apenas ocuparon alrededor de 20 minutos para dar respuesta a los múltiples cuestionamientos de los legisladores.

Los diputados preguntaron sobre la insistencia por mantener vigente la llamada “ley bala”, el cumplimiento a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los casos de “presos políticos”, el descontento generado por el parque en Cholula, y la agresión contra estudiantes del Colectivo Universitario por una Educación Popular, entre otros asuntos.

El encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno sólo repitió las respuestas que ya antes ha dado la administración morenovallista sobre esos mismos temas. “Son preguntas muy generales y que se repiten mucho, así que trataré de ser lo más general posible para tratar de abundar mayor en ello”, justificó el funcionario.

Cruz Bermúdez defendió la llamada “ley bala” al asegurar que sigue lineamientos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, que fue avalada por la CNDH y que se ha sometido a comparativos con una ley similar a la vigente en el Distrito Federal.

Además, hizo referencia a que recientemente el Congreso del de Puebla pidió que los legisladores federales revisen y enriquezcan esa misma ley.

En cuanto a las recomendaciones que hizo la CNDH en torno al caso Chalchihuapan, en el que resultó muerto el niño José Luis Tehuatlie Tamayo, el funcionario estatal insistió en que están “prácticamente cumplidas”, pese a que el ombudsman Raúl González Pérez aseguró, unos días antes al comparecer ante la misma comisión, que su cumplimiento estaba incompleto.

“La única recomendación que no se ha satisfecho en su totalidad es la que se refiere a la capacitación a policías, y no se ha hecho en su totalidad porque es una recomendación de trato sucesivo, va sucediendo en el tiempo… debe ser de carácter permanente”, excusó.

Asimismo, aseguró que el proyecto que ha causado protestas públicas en Cholula no se trata de un parque de diversiones, sino “un esquema de mejoramiento urbano” que es supervisado y realizados por arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Sobre los hechos ocurridos el 8 de febrero, cuando un grupo de estudiantes del CUEP fueron desalojados, secuestrados y golpeados, cuando realizaban una huelga de hambre en el zócalo de Puebla, Cruz Bermúdez aseguró que se trató de “un conflicto estudiantil” en el que no tuvo participación ninguna fuerza policiaca y que sobre el que hay una investigación abierta.

En torno a los señalamientos de que están documentados al menos 134 “presos políticos” en la entidad, el funcionario afirmó:

“En Puebla no existen personas perseguidas por sus ideas o posturas políticas o ideológicas, lo que sí quiero señalar es que en Puebla existe un marco legal e institucional que permite procesar a presuntos responsables de delitos del fuero común, quienes quiera que sean.

“Hay libre manifestación de ideas, pero cuando la libertad de ideología y la expresión misma de ellas, lleva a la comisión de delitos como incendiar patrullas, como arrojar elementos explosivos a maquinarias diferente, por el simple hecho de defender una postura, consideramos que eso trasgrede el orden social y es menester del Estado que haya actuación en ello”, concluyó.

Las preguntas que quedaron sin respuesta fueron muchas.

La perredista Roxana Luna cuestionó sobre por qué el gobierno poblano no ha presentado los vídeos de las cámaras de la ciudad, ni de los comercios del zócalo que podrían ser clave para esclarecer las agresiones contra estudiantes del CUEP.

También la legisladora entregó una la lista de 134 perseguidos que ha documentado el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla.

Luego reclamó que el gobierno de Puebla no haya devuelto a los operarios de mototaxis sus unidades, pese a que la justicia federal les otorgó amparos en ese sentido, así como sobre la legalidad de los procesos judiciales que se siguen en contra del dirigente de la agrupación “28 de Octubre”, Rubén Sarabia Sánchez, alias “Simitrio”, y su hijo, Rubén Sarabia Reyna.

“Se ha señalado a atacantes encapuchados en casos como el de los estudiantes de la BUAP, mototaxis y la 28 de Octubre, entre otros, ¿tienen conocimiento de quiénes son estas personas? Pareciera que estamos ante un caso más de ataque de un grupo de paramilitares contra manifestantes en Puebla”, advirtió Luna Porquillo.

En tanto que la diputada del Movimiento Regeneración Nacional, Loreta Ortiz, recordó que existen dos denuncias presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que implican al gobierno de Moreno Valle y por las que el Estado mexicano podría ser señalado como trasgresor a los derechos humanos.

La legislador indicó que esas quejas se refieren a la llamada “ley bala” que, aseguró, violenta el derecho a la libertad de expresión y manifestación, y al caso de los “presos políticos”, en los que se ha documentado que fueron encarcelados sin respetar sus derechos de debido proceso y de presunción de inocencia.

“Puedo apostar que en estos casos va a resultar responsabilidad al Estado mexicano”, afirmó.

La legisladora priista Rocío García Olmedo se refirió al incremento de feminicidios que se han registrado en la entidad.

A la vez, el diputado perredista Roberto López Suárez llamó la atención sobre que el gobierno de Moreno Valle aún no ha fincado responsabilidad al secretario de Seguridad del estado, Facundo Rosas, ni al procurador Víctor Carrancá por el caso Chalchihuapan.

Y que los policías responsabilizados por disparar cartuchos de gas lacrimógeno contra los habitantes de Chalchihuapan fueron liberados la noche del 24 de diciembre. Igual, preguntó a Cruz Bermúdez, sobre si podría considerarse válida la disculpa pública a las víctimas cuando ninguna de las personas afectadas estuvo presente en el acto.

Estas posturas contrastaron con la participación del legislador del Panal, René Roberto Fujiwara, nieto de la líder magisterial Elba Esther Gordillo, considerada la madrina política de Moreno Valle, quien se dedicó a resaltar los supuestos logros de la administración morenovallista.

Al término de la comparecencia, los funcionarios poblanos salieron a toda prisa para evitar ser entrevistados.

La diputada poblana Roxana Luna consideró que los representantes del gobierno morenovallista dejaron sin respuesta la mayoría de los cuestionamientos y dieron, “una vez más”, muestra de su postura cerrada al diálogo.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Jueves 30 de abril de 2015.

La víctima conocía perfectamente a uno de sus captores, por eso resolvieron privarlo de la vida  antes de iniciar las llamadas de negociación, según la dependencia

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) informó que detuvo a un menor de edad, quien está vinculado al secuestro y homicidio de Sebastián Préstamo, joven de 18 años de edad, estudiante de bachillerato en el Tecnológico de Monterrey campus Puebla.

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de febrero, cuando Sebastián Préstamo salió de las instalaciones educativas para visitar a su madre quien se encontraba hospitalizada en la Beneficencia Española.

De camino, el joven hizo escala en un establecimiento de venta de alimentos ubicado en la entrada del Fraccionamiento Lomas de Angelópolis. Minutos más tarde su familia realizó contacto telefónico con él para saber su ubicación, y les refirió que se encontraba a unas cuadras de dicho nosocomio; de acuerdo a la PGJ, ésta la última comunicación que tuvo con su familia.

Al día siguiente, el 7 de febrero, la familia de la víctima recibió la primera llamada de los secuestradores para exigir el pago de rescate.

Los familiares de la víctima acudieron a denunciar a las autoridades, con lo que inició la averiguación previa PGJP/DGICDS/AP/02/2015, por el delito de secuestro.

La procuraduría poblana inició las labores de rastreo y análisis de la información; los secuestradores realizaron seis llamadas más de exigencias para el pago de rescate.

Sin embargo, el 7 de febrero –el día de la primera comunicación de los plagiarios- la Procuraduría de Justicia de Veracruz localizó en un paraje de la población de Yecuatla, un cuerpo sin vida el cual coincidía con las características físicas y de vestimenta del joven estudiante, secuestrado.

Tras realizar las pruebas de identificación del cuerpo, se logró confirmar la muerte de Sebastián Préstamo.

La Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto de Puebla y la Unidad Antisecuestros del Estado de Veracruz intercambiaron información que permitiera el esclarecimiento del secuestro y homicidio del joven estudiante.

Derivado de dicha colaboración, el 13 de febrero pasado, la Unidad Antisecuestro de Veracruz encontró el vehículo en que fue secuestrada la víctima en el estacionamiento de un negocio de comida rápida en las inmediaciones del municipio de Xalapa.

Como resultado de las labores de inteligencia, la PGJ Puebla logró establecer que el 6 de febrero del año en curso, la víctima salió de la institución educativa alrededor de la 16:00 horas, en compañía de otro estudiante del mismo campus, quien tiene 17 años de edad, es originario de Xalapa, y conocido de la víctima; ambos abordaron el vehículo marca Mercedes Benz, propiedad de la víctima.

Minutos más tarde, los dos jóvenes arribaron a un establecimiento de venta de alimentos ubicado en la entrada del Fraccionamiento Lomas de Angelópolis; después de que la víctima compró comida para llevar se retiraron juntos.

A las afueras del fraccionamiento Lomas de Angelópolis y a solicitud del acompañante de la víctima, abordaron el vehículo otras dos personas quienes supuestamente eran amigos de este último; ambos menores de edad y originarios también de Xalapa, solicitándole a la víctima los acercara al domicilio del primer acompañante, hecho que la víctima consintió en razón de quedar en la misma dirección que el hospital en el que se encontraba internada su mamá.

Una vez que arribaron cerca del domicilio del compañero de la víctima ubicado en el fraccionamiento El Molino, Sebastián Préstamo detuvo el auto para que descendieran, y fue entonces cuando los dos pasajeros que se encontraban en el asiento posterior, lo amagan y someten, trasladándolo hacia la parte trasera del vehículo.

Una vez que logran controlar a la víctima, uno de ellos conduce el vehículo y toda vez que quien conoce la Ciudad de Puebla era el compañero de clases de Sebastián, éste es el encargado de sacarlos hasta la autopista México-Puebla, con dirección a Veracruz, lugar en el que desciende a efecto de regresar a su domicilio e informarles lo que pasaba respecto al tema y así mantener el control de la situación.

Posterior a ello, los dos menores que llevan a la víctima privada de su libertad se dirigen hacia Veracruz, en donde privan de la vida a la víctima tras inferirle diversas lesiones con arma punzocortante, abandonando el cuerpo en  un paraje conocido como “La Curva Z” en Yecuatla, lo anterior se lo  comunican al compañero de la víctima y cómplice del ilícito, con quien sostenían una comunicación muy constante ya que éste último les informaba de lo que la familia hacía así como de lo que se enteraba respecto a la búsqueda de la víctima.

Los secuestradores decidieron privar de la vida a la víctima antes de iniciar las llamadas de negociación debido a que conocía perfectamente a uno de sus captores, pues resultaba ser compañero de la misma institución educativa.

La DGADAI informó que la investigación sigue abierta en tanto se logre la captura de los otros dos involucrados, a quienes la Unidad Antisecuestros del Estado de Veracruz ya está ubicando y localizando dado que se tiene referencia que no solo son originarios de aquella entidad, sino que también se ubican en la misma.

Además, los involucrados en el presente hecho se encuentran relacionados con otro secuestro ocurrido en Veracruz, en donde fueron reconocidos por la víctima, quien escapó de su cautiverio.

Debido a que es menor de edad el joven detenido, fue remitido a la Agencia Especializada en Justicia para Adolescentes.

UN1ÓN Puebla
Ciudad de Puebla
Domingo 22 de febrero de 2015.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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