Con Karime al frente, el DIF-Veracruz entregó más de 415 millones a red de 33 empresas fantasma

El monto cuadriplica lo revelado oficialmente hasta ahora. El DIF fue la primera dependencia en la que comenzó el desvío con empresas fantasma que luego se extendió a ocho dependencias más.

Entre 2011 y 2016, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Veracruz –que de manera honoraria presidía Karime Macías, esposa del exgobernador Javier Duarte-- entregó más de 415 millones de pesos en contratos con 33 empresas fantasma.

Esta cifra representa un monto casi cuatro veces superior a los 112 millones de pesos de presuntos desvíos que permitieron a la Fiscalía de Veracruz obtener una orden de aprehensión contra Karime Macías Tubilla, acusada de desviar esta cantidad a seis empresas fantasma por productos y servicios que no se entregaron.

Datos obtenidos de centenares de solicitudes de acceso a la información, enviadas a diferentes dependencias del estado de Veracruz, permitieron a Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentar que el DIF-Veracruz entregó estos 415 millones 78 mil 432 pesos en contratos a 33 empresas fachada, todos durante la gestión de Macías Tubilla.

Pero, además, Animal Político y MCCI han podido documentar que, en realidad, la red de empresas fantasma está conformada por 400, sobre las que se abundará en siguientes entregas periodísticas.

A este grupo de 400 empresas pertenecen las 33 empresas fachada que sirvieron para presuntamente desviar recursos del DIF-Veracruz.

Entre esas compañías se encuentran las seis que la Fiscalía de Veracruz identificó para pedir la orden de aprehensión contra Karime Macías: Grupo Balcano SA de CV ; Prefraco SA de CV; Abastecedora Romcru SA de CV; Centro de Recursos de Negocios CERENE SA de CV; Ravsan Servicios Múltiples SA de CV; y ANZARA.

Se trata de empresas fachada o fantasma, es decir, legalmente constituidas pero que carecen de los recursos humanos y materiales para proporcionar cualquier servicio, más allá de emitir una factura. De las 33 empresas que recibieron dinero del DIF el SAT ya investigó a 19 y concluyó, en definitiva, que eran empresas inexistentes que simulaban operaciones.

Aunque el nombre de Karime Macías no aparece en ninguno de los contratos firmados, pues de hecho el puesto de presidenta del DIF es honorífico, la investigación de la Fiscalía de Veracruz consignada a un juez apunta a que ella presuntamente ordenaba y coordinaba los pagos a las empresas fachada para desviar los recursos públicos.

Los contratos

Los montos otorgados a estas empresas empezaron de mayor a menor. En el año 2011, el DIF-Veracruz otorgó a este grupo de empresas 159 millones 527 mil pesos.

Para el año 2012, el monto fue de 110 millones 737 mil pesos y en 2013 bajaron a 43 millones 633 mil pesos. Sin embargo, en 2014 los recursos repuntaron a 92 millones 918 mil pesos.

Los totales más bajos se otorgaron en los años 2015 y 2016, con 3 millones 261 mil pesos y 5 millones de pesos, respectivamente.

En total el DIF Veracruz firmó 119 contratos con este grupo de empresas fantasma. El monto mayor se otorgó a la empresa Maedason SA de CV, que había sido reportada por el SAT como inexistente desde el primero de octubre de 2016. A esta compañía le destinó más 42 millones 112 mil pesos por concepto de compra de picos, palas, triciclos de carga, chamarras, impermeables y materiales e insumos para estéticas.

Con la empresa Solución Legarc SA de CV el DIF firmó 6 contratos por más de 38 millones de pesos, entre los que destacan las compras de “juguetes para niños de escasos recursos de 211 municipios”.

La empresa Comergut, también boletinada como inexistente y simuladora de operaciones por el SAT en 2016, fue la tercera con el mayor monto en contratos. Siendo favorecida con más de 24 millones de pesos. Contratos que suponían la compra de regalos para el 10 de mayo, maquinas de coser y juguetes.

Los que aparecen como accionistas de las compañías son en realidad prestanombres, en muchos casos personas de bajos recursos y en algunos casos militantes del PRI, sin ningún perfil empresarial, como se ha confirmado en la investigación periodística de campo que han realizado estos medios y en las propias investigaciones oficiales.

Para adjudicar los pagos, el DIF-Veracruz simuló procesos legales de contratación bajo la modalidad “licitaciones simplificadas” en donde llegaba a invitar de 3 a 5 empresas, todas ellas fantasma y pertenecientes a la misma red. O en algunos casos, simplemente pactó “adjudicaciones directas” con cualquiera de las excepciones que la ley permite e incluso se hicieron pagos sin contratos.

Cabe resaltar que en las respuestas a las solicitudes de transparencia no se entregó, a pesar de haberse solicitado expresamente, ningún tipo de documento que respaldara la existencia de los servicios y/o productos contratados.

Los conceptos de los contratos abarcaban de todo: desde sillas de ruedas para personas de la tercera edad hasta juguetes para niños de bajos recursos, impermeables, chamarras, sanitarios ecológicos, botiquines, medicinas… Hoy no hay evidencia legal de algo de eso se haya entregado.

Todos estos pagos ocurrieron con Karime Macías al frente del DIF, pero con distintos funcionarios a cargo de la dirección de Finanzas de dicha dependencia, área directamente responsable del manejo de los recursos. Primero fue con Antonio Tarek Abdalá quien estuvo en el cargo desde el arranque de dicha administración hasta febrero de 2012, cuando fue promovido como tesorero de la Secretaría de Finanzas del estado.

Después fue con Astrid Elías Mansur como directora de finanzas en el resto de 2012, mientras que a partir de 2013 fue con Miguel Ángel Ortíz Romero en dicho puesto.

El DIF- Veracruz fue, además, la primera de nueve dependencias del gobierno de Javier Duarte a través de las cuales se entregaron miles de millones de pesos a la misma red de empresas fantasma, como se detallará posteriormente en este reportaje. El modus operandi fue el mismo: simulando procesos legales de contratación para transferir el dinero a dichas compañías por servicios que en la realidad no se llevaron a cabo.

Animal Político
Mexicanos contra la
Corrupción y la Impunidad
Valeria Durán y Arturo Ángel
Ciudad de México /Xalapa.
Viernes 1 de junio de 2018.


Los poblanos sacuden a los Tiburones con un categórico 5-0

Lobos BUAP dio su mejor actuación de la temporada al apalear el sábado 5-0 a Veracruz, en un duelo entre equipos que luchan por no descender al término el torneo Clausura mexicano.

El argentino Facundo Erpen adelantó a los locales con un remate de cabeza a los 39' tras aprovechar un centro por derecha del ecuatoriano Gabriel Cortez, quien agregó un tanto a los 54'.

Diego Jiménez logró la tercera anotación a los 69', Jerónimo Amione consiguió el cuarto los 85' y el peruano Irven Avila culminó la obra con otro gol a los 90'.

Con el resultado por la novena fecha, Lobos consiguió su segundo triunfo de la temporada y alcanza ocho puntos para colocarse en el décimo sexto puesto de la tabla. Pero lo más importante es que asciende al escalón número 15 en la clasificación, que define al equipo que descenderá, donde Veracruz es colista.

Los Tiburones Rojos, que venían de sumar cuatro puntos en sus últimos dos encuentros, siguen con nueve puntos, en la plaza 14 del Clausura.

En otro encuentro el sábado, Toluca encadenó victorias por primera vez en el torneo al vencer 2-0 a Querétaro, con anotaciones de los colombianos Luis Quiñones y Fernando Uribe.

Quiñones movió primero las redes a los seis minutos y Uribe agregó un tanto a los 53'.

Con el resultado, los Diablos Rojos suman 15 puntos y se colocan en el tercer puesto de la clasificación.

Querétaro lleva tres encuentros sin ganar y permanece con nueve puntos, en la décimo tercera posición.

AP
Ciudad de México
Sábado 24 de Febrero de 2018.


Toda la cúpula policial del Estado mexicano ha sido detenida por actuar como un grupo paramilitar que torturó y desapareció al menos a 15 personas


Entre 2013 y 2016 en el Estado de Veracruz —segundo más poblado de México, con ocho millones de habitantes— un escuadrón de la muerte operó incrustado en la estructura del Estado bajo el argumento de combatir al cartel de los Zetas. La fiscalía de Veracruz ha reunido pruebas que indican, al menos, 15 desapariciones forzadas entre abril y octubre de 2013, pero tienen pruebas de que esta política se extendió en el tiempo.

Una juez ordenó el 8 de febrero la detención de 31 personas —toda la cúpula policial del Estado— al conocer las pruebas, principalmente notas internas entre los policías, las declaraciones de arrepentidos y el testimonio de la única persona que escapó de la siniestra Academia.

Por primera vez en México se lograría demostrar la existencia de un grupo paramilitar incrustado en la estructura del Estado que actuó de forma metódica en la desaparición de personas —jóvenes pobres a los que acusaban de colaborar con Los Zetas— siguiendo órdenes de superiores. Lo que en otras ocasiones eran sospechas —las matanzas estudiantiles de Tlatelolco en 1968 o Ayotzinapa en 2014—, esta vez tiene nombre y apellidos.

La investigación, conducida por un valiente fiscal de 27 años, Luis Coronel, ha fundamentado el caso bajo la teoría de la “autoría mediata” por la que fue condenado Fujimori en Perú y que implica que los altos mandos son responsables de las políticas ejecutadas por sus subordinados. La historia del horror en América Latina puede escribirse en el sótano de un cuartel militar.

En el de la Escuela de Mecánica (ESMA) de Buenos Aires, en el Palacio de la Moneda de Chile o en el de los servicios de inteligencia peruanos durante la época de Fujimori. La siniestra Academia de Policía. Desde hoy, México tiene su símbolo en la Academia de Policía de Veracruz. Un tenebroso lugar al que se accede después de pasar un enorme arco gris protegido por dos desganados policías.

Cuando unos años después de pasar por aquí, Jaqueline Espejo se encontró a su torturador en la calle, solo balbuceó dos palabras. Con ayuda de psicólogos había borrado todo menos el olor a sudor y la voz aguardentosa de quien la sobó y golpeó hasta el amanecer en la Academia para que confesara que trabajaba para los Zetas. Ubicada a 12 kilómetros de la capital, Xalapa, alejada del casco urbano, en el municipio de El Lencero, la Academia de Policía ha sido durante años centro del poder policial y un buen sitio para hacer cualquier cosa.

De muros para afuera, durante muchos años, la Academia fue, como dice su web, un lugar de “amplias y funcionales instalaciones que se conjugan con la pródiga vegetación, brindando al alumno una agradable estancia, que contribuye a la preparación de una nueva generación de servidores públicos”. Había incluso un pequeño zoo con aves exóticas, un jaguar, un león y varios cocodrilos.

De muros para adentro, según la fiscalía, fue un lugar lo suficientemente discreto y seguro como para amortiguar los gritos de quienes, desnudos y encadenados, fueron torturados con bolsas de plástico, descargas eléctricas o palizas que duraban hasta la salida del sol. La fiscalía del Estado de Veracruz ha logrado la detención de toda la cúpula policial de Veracruz al demostrar cómo 15 jóvenes que habían sido dados por desaparecidos fueron, en realidad, detenidos y torturados dentro de las instalaciones, dice el auto de imputación de la fiscalía.

Todo indica que posteriormente fueron asesinados y arrojados a una fosa clandestina tras varios días de golpes. En el caso de Cecilia de la Cruz, de 17 años, fue violada por un comando entero, ocho hombres, dentro de una furgoneta que se estacionaba cada día en la Academia. “Sistemático y piramidal”. El sistema funcionaba más o menos de la siguiente forma: tres patrullas bien equipadas recorren la ciudad, ven a un joven sospechoso, lo detienen y lo interrogan. Posteriormente se lo entregan a un grupo especial que lo tortura durante varios días.

Todos ellos tenían entre 16 y 32 años y desde que se subieron a la patrulla no han vuelto a aparecer. La política de seguridad de uno de los Estados más violentos del país tenía dos patas: “Una oficial, pública y convencional, y otra ilegal y clandestina de combate a supuestos miembros de la delincuencia organizada”, según la fiscalía. Para ello se crearon dos escuadrones clandestinos dentro de la policía que trabajaban de forma piramidal y metódica en la desaparición de personas a las órdenes del temido Enrique Bermúdez, secretario de Seguridad Pública de Veracruz, controlado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El primer grupo, la Fuerza de Reacción, se encargaba de localizar a los sospechosos, detenerlos y obtener la mayor información posible mediante la tortura y el abuso sexual. Posteriormente, los entregaba a un segundo grupo llamado Fuerza Especial, formado por exmilitares conocidos como Los fieles. Un destacamento de élite nunca reconocido oficialmente y dotado con las mejores armas y vehículos. El segundo grupo recibía a las víctimas y las trasladaba a la Academia, donde continuaban las torturas hasta que finalmente desaparecían los cuerpos.

Quienes fueron elegidos para participar en este 'selecto' grupo (los fieles) tenían un sueldo diez veces superior al de un policía de base y gratificaciones en efectivo o con licencias de taxi, cuya concesión gestiona la propia secretaría de Seguridad, según fuentes judiciales cercanas al caso. La fiscalía aportó las notas internas que los policías enviaban a sus superiores, con apodos como Oso, Tigre o Black, cuyo objetivo era “informar a los mandos sobre el cumplimiento de las instrucciones”. Logró también la confesión de cuatro policías —hoy testigos protegidos— y gracias al rastreo de teléfonos de las víctimas se pudo saber que se prendían siempre por última vez en el mismo lugar: la Academia de Policía.

Las víctimas: pobres y jóvenes

Bibiana, de 17 años; Héctor, de 16; José Cruz, de 19; Jorge y Liberio, de 20… En los últimos años la policía veracruzana ha desaparecido a decenas de personas con el mismo perfil: pobres y jóvenes. Hay indicios de que en más de 200 casos participó la policía, pero hasta el momento sólo se han conseguido probar 15 casos con nombre y apellidos y durante un periodo muy concreto: de abril a octubre de 2013. Durante este tiempo ninguno de los jóvenes que entró a la Academia salió con vida, excepto una mujer:

Jaqueline Espejo, un testimonio clave para entender la trama, y semioculta desde entonces. “Iba en un taxi mirando el celular, pero cuando levanté la cabeza tenía una metralleta apuntándome la cabeza”, recuerda sentada en una cafetería sobre aquel jueves de octubre de 2013 cuando, a las diez de la noche, la policía se echó encima del vehículo. “Nos sacaron al taxista y a mí del carro, me subieron a una camioneta y me dijeron: como abras los ojos ya valiste madre. Luego me llevaron a la Academia y durante todo el trayecto fueron aplicándome descargas eléctricas”. Explica que allí recibió golpes durante cuatro días con una capucha puesta.

Parte de la tortura consistió en llevarla hasta el calabozo donde golpeaban al taxista, para que oyera sus gritos mientras se desangraba por la boca; le habían arrancado de un tirón el piercing de la lengua. Al tercer día, la sentaron en una mesa y cuando le quitaron la capucha tenía frente a ella decenas de ladrillos de marihuana para que confesara que los traía en el taxi.

“Pero no lo hice. Esa droga no era mía y yo no había hecho nada malo, ni colaboraba con los Zetas. Ahora deben estar arrepentidos de haberme dejado ir”, recuerda señalando la herida en el mentón que le dejaron. De Andrés Aguilar, el joven que la recogía cada día del trabajo en el coche, no se ha vuelto a saber nada.

Varios años después, un día que Jaqueline esperaba el autobús en una calle de Xalapa, un taxi se detuvo en el semáforo frente a ella. Cuando se fijó en el conductor descubrió que era uno de sus torturadores. Con más coraje que prudencia se acercó a la ventanilla del Nissan Tsuru y le espetó: ¿Por qué? “Estabas en el momento y el lugar equivocado. Cumplíamos órdenes”, le respondió el taxista antes de perderse en el tráfico.

El temido Bermúdez, jefe de la policía

“Está prohibido matar; por lo tanto, todos los asesinos son castigados, a menos que maten en grandes cantidades y al sonido de las trompetas”. Con esta frase de Voltaire, en alusión al Apocalipsis, comienza The Act of Killing, el premiado documental sobre Indonesia que mejor ha retratado la brutalidad de la tortura. La realidad es que la Academia de Policía es solo el símbolo de un ensordecedor coro de trompetas llamado Veracruz.

Las cifras ponen los pelos de punta. En los últimos cinco años se han denunciado 3.600 desapariciones y se han abierto más de 300 fosas clandestinas. Solo en una de ellas, Colinas de Santa Fe, se han encontrado 280 cráneos. En la investigación de la fiscalía hay un nombre que se repite una y otra vez a lo largo de 35 tomos: Arturo Bermúdez Zurita. Hasta que el gobernador Fidel Herrera (2004-2010) lo nombró director del centro de control C4, Bermúdez era sólo un prepotente empresario amigo de poderosos y dueño de hoteles y compañías de seguridad.

En 2012 su sucesor, Javier Duarte (2010-2016), hoy encarcelado por corrupción, lo ascendió a secretario de Seguridad con una única misión: frenar la violencia del cartel de los Zetas que dominaba el Estado. Entonces, el empresario empezó a vestirse con gorra de plato y traje de policía. En aquel momento —Veracruz en 2013— era —y es— un Estado penetrado hasta el tuétano por el narco y una de las zonas más peligrosas del país.

¿Es posible que un Gobierno desesperado, desbordado por el narco y escaso de recursos creara un grupo paramilitar para terminar con los narcotraficantes? “No hay que ser ingenuo”, responde el investigador, “no es casualidad que todos los desaparecidos, presuntamente, colaboraban con los Zetas. La policía no limpiaba de narcotraficantes la zona, sino que hacía el trabajo sucio para el cartel Jalisco Nueva Generación”, añade recostándose en la silla. Bermúdez dimitió en 2015 y fue encarcelado por enriquecimiento ilícito cuando se descubrió que era propietario de varias casas en EE UU. Por aquel entonces la mitad de su escolta personal estaba formado por fieles.

Actualmente hay 19 policías encarcelados y 12 huidos para un juicio que podría ser histórico. Se demostraría por primera vez en México la existencia de maquinaria criminal incrustada en la estructura del Estado, cuyos mandos habrían puesto en marcha una estrategia para realizar desapariciones de manera sistemática.

La estrategia de Bermúdez es demostrar que no estaba enterado de lo que hacían sus hombres. Este periódico ha intentado recabar la opinión de su abogado, pero declinó ser entrevistado con el argumento de que “no desea alentar la mediatización del proceso que se sigue”, explicó.

La semana pasada, decenas de madres protestaron frente a la Academia con ganas de tumbar los muros y empezar a excavar en los jardines. Las más optimistas están convencidas de que ahí están enterrados sus hijos. Las pesimistas piensan que aquel zoo con leones y cocodrilos de la Academia no era solo un exótico capricho del jefe de la policía.

El secuestro que ayudó a revelar el caso

Jacobo García

La desaparición en 2013 de Hugo Murrieta, proporcionó la primera pista. A las 4:30 de la tarde del 16 de abril, Hugo estaba a punto de verse con un amigo en la plaza de Ocotepec, a 20 minutos de Xalapa, cuando un grupo de policías detuvo el carro que conducía y se lo llevó. Tenía 22 años y nunca más se volvió a saber de él.

“Buscaban droga en el taxi que trabajaba, pero solo encontraron una patineta (monopatín)”, dice su madre Carmen Sánchez, una conocida vendedora de chiles en todo el pueblo.

Durante los últimos años Carmen ha buscado incansablemente a su hijo por todas las comisarías, morgues y fosas que se han abierto en Veracruz. “Aquella policía sembró el terror. Ni siquiera podías mirarles a la cara porque se te venían encima” recuerda. “Pero si al menos si supiera dónde está su cuerpo podría descansar tranquila”, dice al borde de las lágrimas, sentada la plaza de Ocotepec.

El País
Jacobo García
Xalapa, Veracruz
Viernes 23 febrero 2018.


Enrique Aguirre N     

•    Javidú el prófugo como el porno japonés

•    Duarte y la ruta ‘Elba Esther Gordillo’

•    Ni el debido proceso impidió el “chow”


Y llegó Javier Duarte de Ochoa a territorio chichimeca. ¿Es extradición o repatriación de un emblema tricolor? Justo sirve como cortina de humo para tapar otros socavones patrios.

Es carroña mediática para la jauría que acecha y se solaza con semejante ejemplar, sobrado de kilos, que hoy y en días subsecuentes será sacrificado y abierto en canal para sosegar la inquina local, trocada, para no hacer Justicia.

Segundos, minutos, horas de escuchar datos y detalles estúpidos mientras aparece a cuadro la mole jarocha, eso sí, siempre respetándole el “debido proceso”, faltaba más. Hábiles y sesudos periodiqueros de TV, diestros en hablar sin decir nada.

Ni por asomo mientan detalles del latrocinio del siglo y sus múltiples cómplices. Nada de aludir los miles de millones de pesos robados del erario público para cebar la maquinaria fraudulenta del Partido Revolucionario Institucional.

Cobertura desinformativa sinigual, apenas equiparable a la realizada en los funerales de Juan Gabriel o de Gabriel García Márquez. Y vaya parangón, si se toma como referencia a dos pilares de la cultura popular y literaria. Pero no se equivoquen, porque como ya lo dijo Peña Nieto, la corrupción en México es cultural, luego entonces, si la corrupción es cultural, estamos hablando de que Duarte no es un delincuente ordinario, sino el sujeto más culto de la comarca.

Una decena de camionetas, dos de ellas artilladas, un sin número de elementos policiacos armados, a bordo de motocicletas, forman el largo convoy que custodian el cuerpo incorrupto del priista caído en desgracia. Lo trasladan del Hangar de la PGR al Reclusorio Preventivo Norte en dónde le habrán de continuarle el proceso.

Nada impide el “chow”, ni las restricciones fijadas por el nuevo sistema de justicia penal, se observa el protocolo judicial para la presentación de los delincuentes. Entonces, ahí están las imágenes pixeleadas del terso rostro del Faraón del Faunito, ahí se aprecia a Duarte custodiado por elementos federales, saliendo del avión de la PGR que lo trasladó desde Guatemala al país del fraude sin fin. Cual video porno japonés, se le bloquea su obscena cara; uno deduce que se trata del mismo priista Duarte, por la panza de botarga que se aprecia debajo de la cuadrícula pixeleada.

Ya en suelo mexica, Duarte concluye 90 días de angustia y penurias carcelarias infringidas por un sistema judicial no cooptado por el PRI. La merecida abundancia de Javidú, le volverá paulatinamente, a pesar de su reclusión. Iniciará la ruta ‘Elba Esther Gordillo’. Irá con seguridad a una celda de excepción, después, por presiones de sus abogados, certificado médico de por medio, parará en la enfermería del reclusorio para reanudar su vida de excesos y en fecha no distante, impunidad mediante, volverá libre a recuperar todo lo robado. Todo si le sobrevive el PRI y Peña Nieto.

Puebl@Media
Enrique Aguirre
Puebla, México
Lunes 17 de julio de 2017.


La ex funcionaria fue denunciada por el uso indebido de recursos en supuestas empresas fantasma, por alrededor de mil millones de pesos.


Ciudad de México.- Gina Domínguez, ex vocera del ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte, fue detenida la noche de este sábado en Xalapa, cuando salía de sus oficinas.

Fuentes del Gobierno del Estado confirmaron su detención y su traslado en breve al penal de Pacho Viejo, en Coatepec, donde es requerida por un juez.

De forma extraoficial se sabe que la ex funcionaria habría sido detenida por las denuncias interpuestas en su contra por el uso indebido de recursos en supuestas empresas fantasma, por alrededor de mil millones de pesos.

Las acusaciones le serán notificadas en las próximas horas de manera formal.

A finales de abril, Gina Domínguez reveló que en agosto de 2016 -una vez que perdió el PRI la elección y el candidato ganador arreció sus denuncias por desfalcos-, el ex Mandatario viajó a Houston a su residencia de Woodlands para alistar su estadía.

En una colaboración en un periódico local de Veracruz, la ex funcionaria duartista aseguró que su ex jefe, su esposa Karime Macías, su hermana Mónica y su marido Armando Rodríguez, volaron hasta la frontera con EU y de ahí se fueron por tierra. No obstante, indicó que los agentes migratorios les impidieron el paso y les confiscaron las visas a ambos matrimonios.

REFORMA dio a conocer que Duarte y prestanombres adquirieron en Woodlands diversas residencias, entre ellos, el ex mando de la SSP Arturo Bermúdez y la cuñada de Duarte, Mónica Macías.

"En el mes de agosto del año pasado, ya con la crisis política encima, Javier Duarte y su familia, acompañados de la hermana de Karime y su esposo, decidieron ir a Houston a revisar y amueblar sus casas en Woodlands, en preparación a su salida del País al término del Gobierno; para despistar a su sucesor, volaron en avión privado a la frontera y cruzaron por carretera al vecino país.

"Cuán grande sería la sorpresa del entonces Gobernador que los agentes migratorios norteamericanos les impidieron el paso, y además les confiscaron las visas a ambas familias. Ahí supo Javier Duarte que era el principio de un final que nunca anticipó. A su retorno a Xalapa, dijo a uno de sus íntimos: 'se nos está acabando el oxígeno'.

"A partir de ahí, tomó una drástica decisión, cerró todos sus contactos con el exterior, limitó al mínimo su círculo de confianza, sólo tenían acceso a él, Karime, la familia de ella, sus abogados, Flavino Ríos, los operadores de la Secretaría de Finanzas, Alberto Silva y Erick Lagos", reveló la ex vocera en una colaboración titulada Razones de Estado.

Domínguez es investigada además por la Fiscalía de Veracruz por irregularidades en su declaración patrimonial por la venta de varias propiedades.

"Llama la atención que poco o nada se dice de los mayores operadores políticos de Javier Duarte: Erick Lagos y Jorge Carvallo.

"La aprehensión de Javier Duarte ha activado con toda fuerza las alarmas en el grupo compacto del ex Gobernador. Saben bien que las aguas se moverán y sus nombres se mencionarán de manera constante en los días por venir", advirtió la ex vocera.

Por desvío de recursos y abuso de autoridad, detienen a ex vocera de Javier Duarte

Xalapa, Ver.- María Georgina Domínguez Colio –conocida como La Vicegobernadora en el sexenio del priista Javier Duarte de Ochoa– fue ingresada la madrugada de este domingo al penal de Pacho Viejo en el municipio de Coatepec, vinculada a proceso por los presuntos delitos de coalición, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal.

Además, hay otra causa penal por la cual la Fiscalía General del Estado (FGE) la investiga por su presunta participación en el desvío de recursos del erario a través de la creación de empresas fantasma durante la primera mitad de la gestión de Duarte en la que Domínguez Colio fungió como secretaria técnica de la Oficina del Gobernador y coordinadora de la Dirección General de Comunicación Social.

La ex vocera de Duarte de Ochoa fue detenida la noche del sábado en el fraccionamiento Las Ánimas, al encontrarse en una reunión con el candidato a la alcaldía de Xalapa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Montano Guzmán.

Domínguez Colio aún ostenta el cargo de presidenta estatal de la Fundación Colosio en Veracruz.

Además, María Georgina Domínguez también era una boyante empresaria periodística dueña de las concesiones de Quadratín Veracruz, ex arrendadora de Telenews y propietaria de la radio digital Conexión Veracruz, dueña también de restaurantes en Xalapa y una hacienda-hotel en el municipio de Xico.

Además, es multipropietaria de inmuebles en Las Ánimas, Monte Magno, La Pitaya, Xico y Boca del Río.

Domínguez Colio fungió como jefa de prensa de Javier Duarte desde que éste era diputado federal en el 2009. Fue su vocera cuando el priista fue candidato a gobernador en el 2010 y durante la mitad de su sexenio su coordinadora de prensa y posteriormente secretaria técnica.

Como vocera de Duarte, Georgina Domínguez siempre trabajó con un sequito de columnistas, directores de medios y reporteros a sueldo, quienes le pusieron el sobrenombre de “Juana de Arco”, en alusión a la heroína francesa y las adversidades que libró en la guerra.

Fue cesada del gobierno en el 2014, cuando empezó a tener diferencias con la presidenta del DIF estatal, Karime Macías de Duarte, actualmente autoexiliada en Europa después de que su esposo Javier Duarte fuera detenido en el distrito de Sololá, en Panajachel, Guatemala.

Proceso
Reforma
Noé Zavaleta
Benito Jiménez
Ciudad de México
Domingo 21 de mayo de 2017.


Rosario Sáyago saca la varilla de fierro embarrada y la huele de cerca: “Ven, mira, acércate”, le dice a María de Jesús Basón. “Este huele a tierra mojada, para que te vayas acostumbrando. Cuando huele a muerto luego luego te das cuenta”, le explica.

Salvo por las conversaciones, en el lugar solo se oye el sórdido clic-clac del martillo que golpea la varilla en forma de cruz para hundirla dos o tres metros bajo tierra.

Con esta técnica, desde agosto de 2016 hasta hoy, las mujeres que forman el Colectivo Solecito han encontrado y ayudado a exhumar 263 cuerpos en la que hoy se conoce como la fosa más grande de México: un predio de praderas verdes y montículos de tierra que forman una cuneta del tamaño de dos canchas de fútbol, a unos 15 kilómetros de Xalapa, capital del estado de Veracruz.

Cada mañana, de lunes a viernes, entre cinco y diez mujeres se reúnen en un pequeño supermercado en las afueras de la ciudad y compran agua, hielos y refrescos para resistir el sol que las asedia mientras excavan la tierra para buscar los cuerpos de sus hijos y maridos desaparecidos.

Rosario Sáyago tiene 39 años y lleva más de tres buscando a su esposo, Juan Carlos Montero Parra, un policía municipal que desapareció junto con otros siete oficiales mientras realizaban un patrullaje, presuntamente a manos de la policía estatal.

Pero esta mañana de marzo es la primera de María de Jesús Basón, quien se unió al Colectivo Solecito para buscar a su hijo. “Yo no quiero encontrarlo aquí pero, Dios mío, ¿dónde está mi hijo?”, dice entre sollozos.

Su hijo Francisco tenía 23 años cuando desapareció, en julio de 2015. Era estudiante y trabajaba en una zapatería en Boca del Río, Veracruz. Había salido de su casa para ponerle crédito al celular, pero antes le dijo a su madre que quería contarle algo. “Nunca lo volví a ver”, explica María de Jesús.

Para muchas de estas mujeres, golpear y enterrar la varilla una y otra vez se ha convertido en una forma de sobrellevar la angustia y la falta de respuestas. “Escarbar, chapar, me quita un poco la desesperación porque me desquito con ella, le pego con todas las ganas de mi corazón”, dice Celia García, quien busca a su hijo Alfredo Román Arroyo, desaparecido hace seis años.

La técnica de búsqueda de personas con varillas se ha vuelto común entre los familiares de desaparecidos, tanto en Veracruz como en todo el país, por ser relativamente rápida, fácil y económica. Es un síntoma de la situación que viven.

Solo en el estado de Veracruz las cifras oficiales reconocen 2600 desaparecidos y en todo México el registro alcanza casi los 30.000 casos. Estas cifras han sido largamente cuestionadas por organizaciones civiles nacionales e internacionales, que denuncian que los números reales son mucho más elevados, ya que el país no cuenta con una base de datos a nivel nacional que contemple los casos por desaparición sin denuncia, ni un banco de datos de ADN que permita que las búsquedas y análisis en municipios y zonas rurales resulten más efectivas.

La mezcla de negligencia y falta de voluntad política, junto con una arraigada corrupción institucional y la escasez de recursos y capacidades técnicas en policías y fiscalías locales, ha empujado a miles de familias a tomar por cuenta propia la búsqueda de sus desaparecidos.

En febrero de 2017, el Colectivo Solecito acaparó las noticias cuando dio a conocer el hallazgo de los 253 cuerpos encontrados a lo largo de ocho meses en la fosa localizada en las afueras de la ciudad de Veracruz, el puerto más grande de México.

Día de las Madres

El 10 de mayo del 2016, para el Día de las Madres, un grupo de mujeres que vestían camisetas con las fotos de sus hijos desaparecidos se disponía a marchar por las calles de Veracruz para exigir respuestas sobre su paradero.

Eran las cinco de la tarde y estaban reunidas en el centro de la ciudad cuando dos hombres bajaron corriendo de una camioneta y les entregaron un montón de hojas con un mapa: “Ahí encontrarán los cuerpos de todos los desaparecidos en Veracruz, apoyados por el MP y el gobierno de Duarte”, decía la hoja, escrita a mano con tinta negra. La firmaba “El Causante Quinto del C. J. N. G. (Cartel de Jalisco Nueva Generación)”. La ubicación era precisa.

“Quizá se sintieron mal o les remordió la conciencia, porque los asesinos también tienen madre”, dice Lucía de los Ángeles Díaz, fundadora del Colectivo Solecito de Veracruz, que reúne hoy a casi cien madres de desaparecidos en ese estado.

El primer día de búsqueda en el lugar señalado, un grupo de unas 15 mujeres encontró 50 huesos y un cuerpo sin extremidades y con los ojos vendados. Lo que creían que sería un trabajo de un par de semanas se convirtió en ocho meses de hallazgos de hasta diez fosas por día. Un año después, incluso el Día de las Madres de 2017, aún seguían encontrando cuerpos.

Tres años y medio antes de tener el mapa en sus manos, a fines de junio de 2013, Lucía Díaz conoció la desesperación cuando su hijo Luis Guillermo Lagunes, de 29 años, fue secuestrado en su propia casa. Lo buscó en hospitales, morgues y cárceles. Llamó por teléfono a sus conocidos, amigos y contactos. Acudió a todas las autoridades de Veracruz, municipales y estatales. Nadie sabía explicarle cómo es que su hijo había desaparecido de su casa.

Después de meses de búsqueda, una de las innumerables veces que fue al Ministerio Público para saber el estado de la investigación, conoció a otras madres que, como ella, esperaban que la burocracia mexicana les diera alguna pista, un mínimo consuelo, cualquier información sobre el paradero de sus hijos.

“En ese momento supe que no estaba sola en ese dolor que te quema. Pero que yo tenía la posibilidad, que muchas de esas mujeres no tenían, de buscar a tiempo completo a mi hijo, sin tener que preocuparme por el sustento de mi familia: yo tenía los medios y los contactos. Yo podía ir a un psicólogo, ellas no”, cuenta ahora, una tarde de marzo, en una parroquia donde decenas de familiares se realizan pruebas de sangre.

Entonces decidió articular una red de apoyo con las únicas personas que podían entender su dolor y acompañar su lucha, y un año después fundó el Colectivo Solecito de Veracruz, que empezó como un grupo de chat de Whatsapp y hoy reúne a casi cien mujeres. Lucía contrasta notablemente con las mujeres que ha logrado organizar: tiene un iPhone, una casa en Ciudad de México y habla inglés fluidamente. Su formación y sus medios contribuyeron a su capacidad de liderazgo.

En septiembre de 2014, a meses de fundar el colectivo, otra tragedia sacudió a México: un grupo de 43 estudiantes normalistas en el estado sureño de Guerrero desaparecieron tras ser atacados por la policía local, y presuntamente entregados a miembros de un cartel de droga. Lucía vio en la televisión cómo las madres y los padres de los estudiantes de Guerrero salían a los montes a buscar a sus hijos y excavaban la tierra con palas y con sus propias manos.

“Me di cuenta de que teníamos que hacer lo mismo”, dice.

Un doble sufrimiento

Tener un hijo desaparecido significa para las madres un doble sufrimiento: el dolor de la ausencia en sí misma y la agonía de la incertidumbre. “Es una ausencia-presencia que habita todos los lugares, una ausencia que, como no se puede inscribir o representar en nada —los muertos en una tumba, los vivos andan en las calles—, está presente todo el tiempo”, explica la psicóloga Ximena Antillón, integrante de Fundar, un centro de análisis e investigación que acompaña a familiares de personas desaparecidas.

“Todo lo que haces o dejas de hacer, todo tu día es en función de tu hijo. Te conviertes en sus oídos, en su voz, sus ojos”, explica Lucía.

Lucía Díaz tuvo problemas del corazón y de presión. Celia García toma antidepresivos a diario para espantar “las ganas de morirse”. Martha González tuvo una hemorragia en el tubo digestivo por no poder comer ni dormir. María de Jesús Basón llora todos los días a la hora de la comida. Muchas de las mujeres que integran el colectivo han caído en una situación económica más precaria aún que la que tenían antes de comenzar a buscar a sus seres queridos.

Además de tomar cursos con distintos expertos para aprender a recuperar restos, recolectar evidencia y poder llevar adelante una investigación, el año pasado decidieron que necesitaban generar recursos para financiar las búsquedas. Entonces organizaron rifas y ventas de ollas, de ropa usada, de cacahuates asados, para reunir los 10.000 pesos mexicanos (casi 500 dólares) que necesitan semanalmente para poder recorrer predios, escarbar, sacar cuerpos, exigir su identificación.

Después de que iniciaran estas actividades, la comunidad se conmovió ante su iniciativa y, al poco tiempo, empezaron a recibir donaciones voluntarias, desde iPhones hasta bicicletas, para que pudieran rifar.

Las mujeres agrupadas hoy en Solecito, uno de los once colectivos que existen en el estado de Veracruz, se han convertido en un emblema de la lucha de los familiares de desaparecidos. El consuelo de la búsqueda es, para muchas de ellas, el único que queda.

En países como Argentina y Chile, las desapariciones y las exterminaciones sistemáticas tuvieron elementos de ideología política. En México, no.

Según las autoridades responsables de la procuración de justicia, la práctica sistemática de desaparición de personas en México responde a dos factores relacionados con la guerra contra el narcotráfico.

Por una parte, es una herramienta de ejercicio del terror de las bandas criminales en su afán por conquistar nuevos territorios: la desaparición se vuelve una amenaza constante. Por otra, en el enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los principales carteles de droga, las bandas criminales adoptaron la lógica de “sin cuerpo no hay delito”. Una lógica que, por supuesto, también funciona para las autoridades y agentes policiales y militares cooptados por el mismo crimen organizado.
Las madres de desaparecidos no solo han hallado restos por su propia cuenta, sino que han obligado a los funcionarios a tomar el problema de los desaparecidos como una prioridad en estados como Veracruz.

Hasta ahora, las mujeres de Solecito han encontrado 253 cuerpos y más de 20.000 restos en apenas el 30 por ciento del terreno total de Colinas de Santa Fe que han llegado a explorar. Credit Daniel Berehulak para The New York Times
‘No sé qué hacer’

Una calurosa mañana de sábado de hace algunas semanas, en la iglesia de La Merced, en un barrio pobre de la ciudad de Veracruz, cientos de personas atestaban un pequeño salón a la espera de su turno para que agentes de la policía científica les tomaran una muestra de ADN.

Eran más de 200 personas que acudían a la convocatoria. De las más de 800 muestras que Solecito ha recolectado hasta la fecha, casi 600 son casos que no tienen denuncias ante autoridades; es decir: no hay registro oficial ni investigación en curso sobre ellos.

Según la Fiscalía General del estado son 2600 los desaparecidos registrados en Veracruz, pero colectivos, activistas y organizaciones concuerdan con que la cifra es mínima e irrisoria tomando en cuenta que la mayoría de los casos no son denunciados ante las autoridades porque no confían en que vayan a hacer algo al respecto, o incluso porque sospechan que pueden ser cómplices en los hechos.

En el patio de la iglesia, ajenos a la pesadumbre que flota en el aire, grupos de niños gritan y se corretean. Adentro, una señora se acerca a Lucía Díaz y le dice con desesperación: “Mi hijo desapareció hace un año, no sé qué hacer”.

“Tienes que presentar denuncia, es la única forma,” aconseja Lucía, abrumada y dispersa, mientras contesta llamadas, preguntas, entrevistas y pedidos de orientación al mismo tiempo. En su bolsa lleva un pin con la foto de su hijo, y la muestra a cualquier periodista o autoridad que se interese en su caso.

Parte del precio de su liderazgo es que ahora gran parte de su tiempo lo dedica a coordinar el colectivo, juntar fondos, organizar actividades y articular un movimiento de familiares en el estado que incluye, entre otras cosas, elaborar una especie de base de datos con el número de desaparecidos, aunque “es casi imposible tener una cifra sólida y contundente”, dice.

La mujer que hace unos años era una ama de casa acomodada, ajena a la violencia que azota a miles de familias en México, se ha convertido en una luchadora social de convicciones firmes y una vocera —muchas veces incómoda— del dolor de cientos de familias.

“¿Cómo es posible que en México encontremos 253 cuerpos y la gente no reaccione? Si hay un ataque terrorista o un terremoto en cualquier lugar del mundo y se mueren 30, 40, 50, el mundo entero se moviliza, o por lo menos se petrifica. ¿Por qué aquí no?”, pregunta.

Además de los cuerpos, las mujeres de Solecito han encontrado más de 20.000 restos en apenas el 30 por ciento del terreno total de Colinas de Santa Fe que han llegado a explorar.

Según las cifras de la Fiscalía del estado, al menos otros 225 cuerpos fueron exhumados de fosas clandestinas alrededor de Veracruz entre 2010 y 2016, durante el gobierno de Javier Duarte.

Mario Valencia, director de Servicios Periciales de Veracruz, ha señalado que la mayoría de los cuerpos encontrados en Colinas de Santa Fe habrían sido embolsados y depositados en el terreno hace máximo seis años y mínimo un año.

Y el hallazgo que horrorizó al país fue el logro de mujeres como Lucía, quienes hacen el trabajo y la búsqueda que las autoridades locales y estatales no hacían. Del total de cuerpos que han encontrado hasta hoy en la fosa clandestina más grande del país, solo dos han sido identificados.

A pesar de que los funcionarios no siempre estén de acuerdo con la presencia de las mujeres, ni con la búsqueda que hacen en las fosas —en cada brigada hay autoridades presentes que deben encargarse de exhumar los cuerpos e identificarlos después de los hallazgos— el impacto que han generado a nivel nacional ha obligado a los gobiernos a tener que hacerse cargo de este problema.

“Son seres humanos excepcionales que mucho tiempo fueron ignoradas, violentadas, engañadas. Pero eso las unió, lejos de desalentarlas, y hoy son un referente social,” dijo el fiscal general del estado, Jorge Winkler. “Si no fuera por ellas, México y el mundo no sabrían de estos crímenes tan terribles que han pasado en Veracruz y en el resto del país”.

Fue el mismo Winkler quien declaró en febrero a medios locales que Veracruz es “un cementerio” y que aún esperaban encontrar muchas más fosas en el estado.

Durante el gobierno de Javier Duarte, quien estaba prófugo desde hacía seis meses y fue capturado recientemente, se desviaron millones de pesos de recursos públicos, entre ellos los destinados a servicios periciales, análisis e identificación de cuerpos.

Winkler y otras autoridades estatales, incluido el director de Servicios Periciales del estado, reconocen que aún hoy se tienen recursos “ínfimos” para reconocer ADN y para tener un perfil genético, así como para hacer las comparaciones con bases de datos.

El número incierto de desaparecidos en el país es una de las grandes deudas que aún faltan saldar en México, pero hacerlo implicaría que las autoridades reconozcan una complicidad con el crimen a distintos niveles, tal como familiares y organizaciones vienen denunciando hace años. Los responsables de estos crímenes siempre han contado con la la impunidad, pero no han contado con la memoria y la persistencia de las madres.

Cada noche, las mujeres del Solecito pasan lista de cada uno de los familiares desaparecidos a través de su grupo de Whatsapp. Y casi como un ritual, antes de dormir, cada una de ellas escribe: “Él vive, y todos viven”.

The New York Times
Paulina Villegas
Viernes 22 de mayo de 2017.


La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una decisión en marzo que dicta que todos los delitos contra los periodistas deben enviarse a los tribunales federales.


Veracruz. - Las llamadas son cada vez más frecuentes: hallaron otro cuerpo, desmembrado, con la ropa hecha jirones, con heridas de bala. El teléfono suena de día, a la medianoche y a la madrugada.

Los colegas se reúnen de inmediato para rendirle honores; sus fotografías y mensajes son un testimonio sombrío de otro periodista que murió aquí en el Estado de Veracruz, al este de México: el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en todo el hemisferio occidental.

"Ya tiene rato que hemos estado viviendo en este infierno", cuenta el periodista Octavio Bravo, mientras miraba fijamente el ataúd de un colega muerto a balazos el año pasado. "No te imaginas la impotencia, la frustración que sentimos".

México es uno de los peores países en el mundo para ejercer el periodismo. Hasta la fecha hay registro de 104 periodistas asesinados desde el año 2000, y otros 25 están desaparecidos y, se cree, muertos.

En la lista de los lugares más mortíferos para ser reportero, México está ubicado entre Afganistán, un país devastado por la guerra, y Somalia, categorizado como Estado fallido. El año pasado fueron asesinados 11 periodistas mexicanos, la mayor cifra durante este siglo.

Hay pocas esperanzas de que la situación cambie en 2017.

Marzo ya fue el peor mes desde que hay registros, según los datos del capítulo local de Artículo 19, grupo que monitorea la violencia contra los periodistas en todo el mundo.

Siete periodistas fueron baleados en todo el País en marzo y tres de ellos murieron. Fueron asesinados afuera de sus casas, sentados en sus autos, saliendo de un restaurante o mientras hacían un reportaje, por hombres armados que desaparecieron sin dejar rastro.

Los motivos detrás de los asesinatos varían: hay matones de cárteles del narcotráfico molestos por una cobertura audaz en su contra, hay funcionarios públicos corruptos que quieren silenciar a los críticos, así como violencia arbitraria e, incluso, casos de reporteros que cambiaron de bando y se unieron a los mundos criminales que cubrían.

De acuerdo con los datos del Gobierno, servidores públicos como alcaldes y policías han amenazado a los periodistas con más frecuencia que los cárteles; eso pone en peligro las investigaciones y despierta dudas sobre el compromiso gubernamental para hallar a los responsables.

Algunos periodistas fueron torturados o asesinados a petición de alcaldes; otros fueron golpeados en sus redacciones por hombres armados bajo órdenes de funcionarios locales y policías, que habían amenazado con matarlos por sus coberturas.

No obstante, de los más de 800 casos graves de acoso, ataques u homicidios contra comunicadores en los últimos seis años, sólo han sido emitidas dos sentencias por la Fiscalía creada especialmente para investigar delitos contra la libertad de expresión.

"No es que no puedan resolver esos casos, sino que no quieren o no los dejan", comentó un funcionario de alto nivel que pidió mantener su anonimato por miedo a represalias por parte del Gobierno.

"Es una cuestión política. Los periodistas muertos hacen quedar mal al Gobierno, pero es peor si su muerte se debe a que estaban haciendo su trabajo".

El Gobierno responde a las críticas con el argumento de que ha aprobado leyes que protegen a los periodistas y que les ha entregado botones de pánico, equipo de vigilancia e incluso les ha contratado guardias armados en casos en los que la amenaza es considerada lo suficientemente seria.

"Es un hecho indefectible que en México existe el ejercicio de la libertad de expresión", indicó en un comunicado la Procuraduría General de la República, "este constante ejercicio ha implicado riesgos y obstáculos".

"(Es)un ejemplo del esfuerzo que hace el Estado Mexicano para hacer valer (la libertad de expresión) y oponer ante cualquier amenaza que atente en contra de su libre ejercicio", añadió.

Cientos de periodistas han sido puestos bajo protección gubernamental en años recientes. Ninguno de ellos había sido asesinado, hasta julio de 2016, cuando un reportero de nota roja que había recibido varias amenazas de muerte fue baleado afuera de su domicilio y murió camino al hospital.

Los mismos funcionarios que dirigen el programa de protección reconocen que gastar millones para prevenir el asesinato de los periodistas no es suficiente para atender la situación.

"Es un problema que no se resuelve con la protección, uno por uno, de los periodistas", dijo Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. "Sin duda tenemos un enorme reto, que es el de la impunidad."

Las consecuencias para México son mucho más graves que unas cuantas muertes más en un País donde el 98 por ciento de los homicidios quedan impunes. En la opinión de muchos periodistas, la delincuencia, la corrupción y la indiferencia están acabando con la premisa básica de una prensa libre, así como con un pilar central de la democracia del País.

"La libertad de expresión en México se convierte en un mito", dijo Daniel Moreno, Director general de Animal Político, una agencia de noticias independiente.

"El Gobierno federal es incapaz de resolver casos de violencia, y que aparte ejerce esta misma, entonces el estado del periodismo nacional legítimamente se puede considerar en estado de emergencia".

Tras casi una década de violencia en aumento contra los medios, ya sea por el crimen organizado o por funcionarios, la prensa se ha adaptado al censurar buena parte de lo que informa. La autocensura no solo es común, se podría decir que es casi la norma.

En marzo, una respetada periodista recibió ocho tiros cuando salía de su casa para llevar a su hijo a la escuela. En respuesta, uno de los periódicos para los que escribía anunció su cierre de manera repentina y lanzó una advertencia sobre el paisaje mortífero en el que los periodistas se ven obligados a vivir.

"Luchamos contra corriente, recibiendo embates y castigos de particulares y gobiernos por haber evidenciado sus malas prácticas y actos de corrupción", escribió el editor en jefe del diario Norte en una carta abierta. "Todo en la vida tiene un principio y un fin, un precio que pagar. Y si esta es la vida, no estoy dispuesto a que lo pague ni uno más de mis colaboradores, tampoco con mi persona".

El Presidente Enrique Peña Nieto se ha comprometido atender la violencia contra los medios nacionales.

No obstante, el Gobierno federal ha establecido de manera reiterada que los delitos contra los periodistas no son ataques a la libertad de expresión, lo cual quiere decir que no ameritan la participación de éste.

Los investigadores federales han revisado 117 casos de asesinatos de reporteros desde el 2000, pero sólo decidieron investigar ocho. De esos, sólo ha sido resuelto uno.

En ocasiones, algunas autoridades se apresuran a decir que el asesinato de un periodista no está relacionado con su labor poco después de que se dé a conocer la muerte y mucho antes de que siquiera arranque la investigación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una decisión en marzo que dicta que todos los delitos contra los periodistas deben enviarse a los tribunales federales. Sin embargo, la decisión del máximo tribunal todavía no es vinculante y sólo aplica para delitos nuevos, lo cual quiere decir que una gran cantidad de casos se quedarán en los tribunales locales donde actualmente están. Estos cuentan con pocos recursos y son muy vulnerables a la corrupción.

Tres bolsas de basura

"En Veracruz es muy fácil matar periodistas", dijo Jorge Sánchez Cerezo, cuyo padre, Moisés, fue secuestrado y asesinado hace dos años.

Moisés Sánchez Cerezo fue editor del periódico La Unión por más de una década, aunque, a decir de su familia, el peligro llegó hasta que comenzó a escribir notas sobre el desvío de fondos por parte de un Alcalde local en una zona que se había tornado cada vez más violenta.

En enero de 2015, hombres armados irrumpieron en la casa de Sánchez y lo sacaron a rastras, ante la mirada impotente de su familia. Días más tarde su cuerpo fue encontrado destazado y los restos metidos en tres bolsas de basura negras.

Durante meses, sus familiares y periodistas de Veracruz exigieron que el Gobierno federal investigara el caso como un ataque a la libertad de prensa. La Fiscalía Especializada que se creó para proteger la libertad de prensa se resistió a hacerlo.

"No pudimos encontrar ni una sola prueba que sustentara esa afirmación", dijo Ricardo Celso Nájera Herrera, el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

La negativa dejó atónita a la familia de Sánchez, ya que los funcionarios en Veracruz habían obtenido pruebas de que el asesinato se había dado por fines políticos. Un guardaespaldas del Alcalde de la localidad veracruzana, Medellín de Bravo, admitió que su jefe le había ordenado secuestrarlo y asesinarlo.

"Por supuesto que este caso está relacionado con su periodismo", aseveró Luis Ángel Bravo Contreras, ex Procurador estatal de Veracruz, a finales del año pasado.

El Gobierno federal aceptó tomar el caso después de que la familia ejerció presión de manera constante y presentó una demanda legal. Durante los casi dos años que transcurrieron de por medio fue capturado uno de los seis principales sospechosos y el ex Edil se dio a la fuga.

Al igual que decenas de periodistas entrevistados en Veracruz, la familia de Sánchez tiene pocas esperanzas de que se vaya a hacer justicia. Para ellos, las muertes de periodistas caen en el cementerio de la impunidad que acompaña a la mayoría de los homicidios en México.

"Lo único que podemos hacer", dijo Jorge Sánchez, quien ha seguido publicando el periódico de su padre, "es escándalo".

Sin relación a su labor

Este 28 de abril, por quinta ocasión, los reporteros en la capital veracruzana, Xalapa, rindieron honor a su colega asesinada Regina Martínez.

Usualmente ponen una placa en una plaza en el centro de la ciudad, la cual renombran "Plaza Regina Martínez". Los últimos cuatro años que lo han hecho, la placa ha sido quitada por el Gobierno.

Tal vez no haya otro caso más simbólico de la lucha de los periodistas mexicanos en Veracruz que la de Martínez, corresponsal de Proceso, un baluarte del periodismo independiente y una revista que históricamente ha tenido una postura crítica hacia el Gobierno local y nacional.

Sus reporteros lo han pagado caro; se encuentran entre los más amenazados, no sólo en Veracruz, sino en todo el País.

Martínez, una reportera aguerrida con más de 20 años de experiencia, era vista como el ejemplo de una periodista seria que no tenía miedo de cubrir los problemas más críticos de su tiempo, en especial los del nexo entre la delincuencia y la política.

La periodista fue hallada en el piso de su baño, tras ser golpeada y estrangulada, la noche del 28 de abril de 2012, un día después de que se publicaran artículos suyos -uno sobre la misteriosa muerte de un político y otro sobre el arresto de nueve policías que trabajaban para narcotraficantes-.

La muerte conmocionó al País. Los periodistas aquí son al mismo tiempo investigadores, cronistas y víctimas de la violencia y la corrupción desatada por la guerra contra el narcotráfico. Algunos reporteros incluso han llegado a ser partícipes; varios de los que viven en estados donde no impera la ley admiten que han aceptado dinero de los cárteles a cambio de cambiar sus coberturas.

"No me enorgullece recibir su dinero", confesó un reportero de Veracruz que pidió mantener su anonimato por miedo a represalias de los cárteles. "Pero una vez que empiezas, ya no hay vuelta atrás".

Los colegas dicen que Martínez era intachable, una periodista aguerrida y respetada. Si pudieron matarla a ella, entonces nadie está a salvo.

La revista para la que trabajaba, Proceso, exigió una investigación minuciosa y que se le diera acceso a los archivos del caso para asegurarse de que las autoridades lo estaban tomando en serio. El Gobierno aceptó y, según periodistas y ex funcionarios, de inmediato fueron evidentes las deficiencias de la investigación.

Del lugar de los hechos había desaparecido evidencia como botellas de cerveza vacías, junto con rastros de ADN, ya sea a propósito o por una labor policial pobre. Los investigadores federales que llegaron para brindar asistencia no tenían casi nada con qué trabajar debido a ese manejo inadecuado de la escena del crimen.

Jorge Carrasco, el reportero de Proceso que cubría la investigación, comenzó a recibir amenazas de muerte, por lo que tuvo que ser puesto bajo protección las veinticuatro horas del día; ello limitó su capacidad de darle seguimiento al caso.

La versión oficial de lo sucedido decepcionó al gremio. Las autoridades dijeron que el asesinato no estaba relacionado con la profesión de Martínez, sino que uno de los hombres que la mató presuntamente tenía una relación sentimental con ella y que se trató de un robo frustrado.

El sospechoso se dio a la fuga y fue detenido su cuñado, un hombre analfabeto, acusado de ser cómplice. El hombre confesó, pero meses más tarde, durante una audiencia pública, declaró ante el tribunal que lo había hecho bajo tortura, lo que provocó que el juez anulara su sentencia. La condena fue impuesta de nuevo por el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz.

Los periodistas veracruzanos estaban devastados al sentir que nunca se sabría la verdad detrás de la muerte de Martínez. Las autoridades anunciaron que el caso estaba cerrado.

Había una última opción: denunciar el caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que tiene autoridad para iniciar investigaciones cuando se han agotado todas las instancias del sistema judicial de un país. Proceso prefirió no acudir ante la CIDH.

"Para ser honestos, no lo hicimos debido al miedo, sino la inseguridad, dadas las pruebas reales de que matan a periodistas", dijo Carrasco en entrevista. "Cuando comienzas a recibir amenazas, ¿qué haces? Sería poner en riesgo a aquellos que están en las calles, reporteando".

Señaló que Proceso esperaba en vez que el furor público resultante de la muerte de Martínez evitara que se repitiera otro caso como el de ella.

Esas esperanzas se desvanecieron poco después.

En Veracruz se sigue matando a los periodistas y no pasó mucho tiempo para que la muerte volviera a llevarse a un colaborador de Proceso.

En julio de 2015, dos meses después de huir de Veracruz tras denunciar ser víctima de acoso gubernamental -las autoridades lo seguían e intimidaban-, el fotógrafo Rubén Espinosa fue asesinado junto con cuatro mujeres en un departamento de Ciudad de México.

La mañana siguiente, los editores de Proceso y los defensores de los medios marcharon y exigieron una reunión con el Procurador de la capital.

Una de las primeras cosas que les dijo fue que el asesinato no había tenido nada que ver con el periodismo.

Vivir con precaución

Jesús Olivares escuchó la sirena de una ambulancia mientras estaba sentado en un restaurante de mariscos tomando un refresco. Giró en la silla para echar un vistazo por la ventana y alcanzó a ver el reflejo de las luces rojas y blancas mientras el vehículo pasaba a toda velocidad.

"Podría ser algo", dijo, y se levantó.

Pero, en esa ocasión, no había nota. Después de un rápido recorrido por la autopista a bordo de su motocicleta descubrió que la columna de humo en un campo no era un cuerpo, ni despojos, ni ningún final macabro como los que conocía debido a su profesión como periodista de nota roja.

En esta ocasión, se trataba de agricultores haciendo quema de suelo.

"Nada que ver aquí", dijo, dejando ver una sonrisa.

Durante casi tres años, Olivares ha sido reportero de El Dictamen, uno de los diarios de mayor tiraje en Veracruz. Su trabajo es una muestra del costo de la guerra contra el narco: cuerpos desmembrados, balaceras, secuestros.

El trabajo ha tenido su precio. En febrero, un comandante de policía lo amenazó de muerte si no dejaba de tomar fotos de una escena del crimen. Él reportó el incidente y ahora lleva consigo un botón de pánico que le entregó el Gobierno, que dijo le sirve de poco consuelo, pues llama al mismo cuerpo policial por el que se siente amenazado.

"El Gobierno es el peor", expresó. "Por lo menos las amenazas de los narcos son directas, claras".

Es así como Olivares ha decidido encargarse de su propia seguridad, al igual que la mayoría de los reporteros aquí, ha adoptado un sistema de vigilancia y seguridad en grupo.

Habla con cautela entre funcionarios públicos y escribe con eufemismos para evitar términos populares que no son del agrado de los cárteles, como "balacera", "secuestro" y "ejecución". También se hizo amigo de los bomberos, cuya estación se ha vuelto casi como su segundo hogar.

Entabló amistad con ellos tras la muerte de su madre hace dos años, ya que los vulcanos se llevaron su cadáver. Los hombres asistieron a su funeral, lo cual dejó una honda impresión en el reportero, que se sintió agradecido con la calidez del gesto.

Al principio, Olivares comenzó a pasar algunas noches con los bomberos para escapar de la tristeza de su casa. Cuando siguió apareciendo por allí, le dieron un uniforme y un lugar para dormir en la estación.

Sin embargo, una vez que las amenazas comenzaron, sus visitas fueron más útiles de lo que hubiera imaginado: el lugar se convirtió en un santuario, ya que estaba rodeado de defensores bien entrenados en todo momento.

Estos días, se pone el uniforme y acompaña a los bomberos, ayudando cuando puede mientras toma nota para sus reportajes. Le gusta la idea de vestirse con el uniforme cuando el deber llama.

Una noche reciente, Olivares se encontraba en el estacionamiento de la estación, ajustando su chaleco reflejante, mientras sus amigos intercambiaban historias. Uno de ellos relató cómo, hasta hace poco, la delincuencia organizada era quien estaba a cargo de la estación de bomberos, como una forma de extorsionar a aquellos que necesitaban sus servicios.

La situación cambió con la llegada de un nuevo comandante. La estación se abrió al público y los que pasaban hacían sonar la bocina de sus vehículos como un saludo a los hombres, reunidos en la banqueta bajo el resplandor amarillento de una farola.

Olivares parecía relajado tras haber terminado el ajetreo del día laboral. Se retiró a la trastienda de la estación de bomberos.

Obstáculos para la justicia

A finales de julio, el periodista de nota roja Pedro Tamayo Rosas estaba en la entrada de su casa, ayudando a su esposa con el puesto de hamburguesas que tiene en su modesta casa de Tierra Blanca, una ciudad de Veracruz.

Rondando las 23:00 horas, un hombre armado salió de una camioneta negra. Pidió una hamburguesa antes de vaciar el cargador de su arma contra Tamayo, y desapareció.

El hombre, quien estuvo desangrándose casi media hora en la acera y murió camino al hospital, fue el primer periodista mexicano en ser asesinado cuando estaba bajo protección del Estado, lo cual puso fin al saldo blanco de los casi 500 periodistas y defensores de los derechos humanos sujetos a un programa de resguardo gubernamental establecido hace unos cinco años.

Después de varias amenazas de muerte, funcionarios gubernamentales habían ayudado a Tamayo y a su familia a huir de Veracruz. Seis meses después, sin trabajo y nostálgico, regresó y les dijo a sus amigos que prefería morir en Veracruz que vivir en Tijuana.

Como sucede con muchos casos, no se sabe quién ordenó el asesinato. Su esposa cree que la Policía estuvo involucrada. Los oficiales estacionados en su calle no fueron tras los que dispararon.

La viuda afirma que uno de ellos le apuntó con el arma cuando trató de ayudar a su marido. Ahora está convencida de que el Estado tuvo que ver dada una serie de amenazas, de acosos y el arresto de su hijo.

Los amigos del reportero piensan que los cárteles estuvieron involucrados. De acuerdo con personas cercanas, Tamayo estaba revelando información sobre el robo de gasolina en su tierra natal y sus alrededores.

El hecho de que puedan ser responsables del homicidio el Gobierno y la delincuencia organizada -o ambos- refleja la crisis existencial a la que se enfrentan los reporteros en México.

La crisis no acabó con la muerte de Tamayo. Al menos no para su familia.

Su esposa, Alicia Blanco Beisa, informó a sus abogados y a las autoridades estatales encargadas de proteger a los periodistas que había sido amenazada en varias ocasiones por funcionarios de Tierra Blanca, incluso en el día del funeral.

Su casa fue incendiada y su hijo arrestado por el robo de un vehículo, un delito en el que ella asegura no estuvo involucrado. Blanco Beisa declaró haber recibido amenazas de un funcionario de seguridad de alto rango que, apuntándole con un arma, le ordenó guardar silencio sobre su marido.

El caso de homicidio está en un punto muerto, dicen sus abogados. En una reunión reciente en la Procuraduría estatal, los abogados de Tamayo solicitaron al Fiscal que incluyera el ataque, el incendio y el arresto de su hijo en el mismo caso.

Éste se negó, considerando que todos eran episodios inconexos y que no estaban relacionados con el homicidio de su esposo, según dijo la gente que estuvo presente en dichas reuniones.

Entonces reviró la pregunta a la señora Tamayo, preguntándole por qué no había denunciado los hechos formalmente ante las autoridades.

"Lo hice", contestó Blanco Beisa, quien aseguró que fue a las oficinas gubernamentales correspondientes a presentar las denuncias. "Se negaron a registrarlas".

Sus abogados, que trabajan para el grupo de defensa de derechos de los periodistas Artículo 19, ahora están preocupados por la seguridad de la viuda. Dicen que las denuncias de acoso contra funcionarios públicos son una maniobra mortal en Tierra Blanca, un lugar especialmente mortífero en un estado especialmente mortífero.

"Este es uno de los casos más emblemáticos", dijo Erick Monterrosas, abogado de Artículo 19.

Y como en muchos de estos casos, añadió, los homicidas de Tamayo siguen libres.

The New York Times
Ciudad de México
Domingo 30 de abril de 2017.


Luego de que EL UNIVERSAL publicó un video en el que recibe 500 mil pesos en efectivo, la diputada de Morena en Veracruz admitió que cometió un error, por lo que se pondrá a disposición de la Comisión de Honor y Justicia de Morena

Luego de que EL UNIVERSAL publicó un video en el que recibe 500 mil pesos en efectivo, con la consigna de entregárselos a Andrés Manuel López Obrador, Eva Cadena dijo que declinará a la candidatura de la presidencia municipal de Las Choapas, en Veracruz.

“Voy a declinar mi candidatura para no afectar la imagen del Partido y la del licenciado Andrés Manuel", señaló Cadena.

"Reconozco que cometí el error con esa reunión", admitió la diputada local de Morena en entrevista para MVS. Además, dijo que se pondrá a disposición "de la Comisión de Honor y Justicia (de Morena). Me tocó que me pusieran un cuatro, doy la cara y me pongo a disposición del partido. Caí en un error y lo asumo”, dijo.
 
Por su parte, Yeidkol Polevnsky, secretaria general de Morena, señaló que a Cadena la "chamaquearon".

La diputada fue captada en un video, el cual obra en poder de EL UNIVERSAL, en el que se le ve recibiendo fajos de billetes, mientras se escucha la voz de una mujer que le subraya que se trata de dinero para López Obrador. Cadena Sandoval incluso pide “una bolsita” para guardar los billetes.

En la grabación de tres minutos con 16 segundos, la mujer no identificada refiere que conocen que a la diputada local el político tabasqueño le tiene mucho cariño y que es de su absoluta confianza. Explica que la entrega de los recursos en efectivo es porque simpatizan con el proyecto de López Obrador y se deben sumar porque creen en el compromiso del líder de Morena para cambiar las cosas.

Según el diálogo que se desarrolló al parecer el 6 de abril, la candidata se compromete a entregar personalmente el dinero a López Obrador dos días después, durante su visita a Las Choapas. “Esto se lo entregaría yo el sábado”, dijo a su interlocutora.

En un video del mitin del 8 de abril en Las Choapas se ve a López Obrador realizar una firme defensa de Cadena como representante de Morena en este municipio. Al concluir el evento, alguien le pregunta si ella es corrupta, a lo que él responde: “Lo que diga mi dedito” y hace un ademán negativo.

Anoche, en entrevista con EL UNIVERSAL, Eva Cadena Sandoval negó que haya recibido dinero alguno para entregárselo a López Obrador.

También se buscó conocer la postura del tabasqueño al respecto, pero no hubo respuesta.

Al respecto, la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, aseguró que a la diputada Eva Cadena “la chamaquearon, le pusieron un cuatro” para afectar a Andrés Manuel López Obrador, por lo que le demandó salir a aclarar, e incluso a denunciar quién le dio dinero.

Acusó de esa estrategia al gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes, quien “es gente muy perversa” capaz de planear este tipo de situaciones para causar daño a López Obrador.

El dirigente de Morena en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, anunció que solicitará retirarle la candidatura a la alcaldía de Las Choapas a Eva Cadena Sandoval.

El líder partidista dijo que como medida cautelar los órganos internos deben retirarle la virtual candidatura a la diputada local con licencia.

"No protegeremos a nadie, no es nuestra cultura, en Morena tenemos una lucha de frente contra la corrupción y obviamente no soy quién para juzgar ni en Morena, pero estos hechos que son evidentemente y lamentables los órganos se tienen que pronunciar", subrayó.

Por su parte, Cuitláhuac García, ex candidato de Morena al gobierno de Veracruz, aseguró que habló personalmente con ella y le dijo que "cayó en la trampa".

Según Cuitláhuac García, la diputada identificó a los donadores del medio millón de pesos como "unos empresarios de Coatzacoalcos.

"Estos casos se investigan, yo soy el primero en pedir que se investiguen a fondo", aseguró el político, quien señaló que pidió a los candidatos de Morena en Veracruz "no recibir dinero".

El Universal
Evelyn García
Ciudad de México
Lunes 24 de abril de 2017.


La cónyuge del ahora ex gobernador se benefició de los recursos malhabidos: Janeiro Rodríguez

Desesperado porque sus cómplices no pudieron comprobar –por medio de empresas fachada– el desvío de 350 millones de pesos que le fueron entregados en 2012 por el gobierno federal para programas de salud, seguridad y desarrollo pesquero, en septiembre de 2016 el ahora ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa borró los registros contables y electrónicos que había en los sistemas financieros de la entidad.

En 2012, Duarte tuvo que solicitar un crédito bancario para pagar aguinaldos y prestaciones de los trabajadores del estado, al tiempo que inyectó 350 millones de pesos en empresas bien establecidas y les exigió que entregaran facturas, como si hubieran proporcionado servicios o bienes al gobierno estatal.

También pidió a los empresarios que posteriormente entregaran los recursos desviados del erario veracruzano a compañías fachada que estaban a nombre de sus cómplices, señala la acusación que la Procuraduría General de la República (PGR) entregó a la Fiscalía General de Guatemala.

José Juan Janeiro Rodríguez, prestanombres de Javier Duarte y encargado de coordinar las actividades de inversión y ventas que ejecutaba el grupo encabezado por el hoy ex gobernador, declaró a la PGR que Karime Macías, esposa del mandatario, se benefició personalmente de los recursos desviados.

Otro testigo de la procuraduría y ex colaborador de Duarte en la realización de operaciones ilícitas, Alfonso Ortega López, era el encargado de buscar ‘‘oportunidades de inversión’’ para aportar parte del dinero que se sustraía del gobierno de Veracruz. Él fue quien recomendó a Duarte que sería un buen negocio adquirir tierras ejidales en el estado de Campeche.

‘‘Una vez que Javier Duarte analizó los detalles de la transacción ordenó a Ortega que procediera a la adquisición de 21 parcelas, las cuales debían ser compradas de la siguiente manera: cuatro a nombre del propio Ortega, tres para José Juan Janeiro Rodríguez, cinco para Rafael Rosas Bocardo y nueve a Moisés Manzur. El costo fue de aproximadamente 20 millones de pesos.’’

Los cuatro cómplices realizaron una serie de acciones ilegales para poder comprar las parcelas del núcleo ejidal Lerma, municipio de Campeche. Para acreditar que tenían derecho a terrenos en ese ejido dijeron –falsamente– haber vivido más de un año en la comunidad y eso les daba la posibilidad de que se les reconociera como ejidatarios. Una vez que obtuvieron los derechos sobre esa fracciones de tierra, fingieron venderlas en el mes de agosto de 2013.

Ortega celebró sendos convenios con Terra Urbanizaciones y con Desarrollos Inmobiliarios, dos empresas fachada que no tienen actividades reales de comercio y carecen de estructura empresarial; sólo existen en el papel, pero sirvieron para ocultar la obtención de recursos ilícitos por parte de Javier Duarte y sus allegados.

Presuntamente, la venta de los terrenos a una tercera compañía, la que construyó el Campeche Country Club, generó al menos 90 millones de pesos a Javier Duarte de Ochoa y sus cómplices.

Según Ortega, las ganancias por la venta de los terrenos ejidales fueron transferidas al Consorcio Brades y posteriormente a la empresa Cartujano, otras compañías falsas dirigidas por Moisés Manzur.

Ortega dijo en su declaración ministerial que Duarte de Ochoa posee ‘‘varios inmuebles, los cuales están a nombre de diversas personas, es decir, testaferros o prestanombres.

Entre los bienes se encuentra una casa en la ciudad de Córdoba, Veracruz, inmueble conocido como El Faunito, que fue propiedad de José Francisco González, quien se lo vendió al hoy ex gobernador el 4 de marzo de 2014, mediante la intervfención de José Juan Janeiro Rodríguez; además, posee un departamento de lujo en el complejo Torre Pelícano, en Boca del Río, Veracruz, y otro en la calle Campos Elíseos, en la colonia Polanco, en Ciudad de México; este último está escriturado a nombre de la inmobiliaria de Moisés Manzur’’.

El testigo de la PGR declaró también que Javier Duarte ordenó en 2015 que se constituyeran otras empresas fachada, entre ellas Diseñadores Arquitectónicos Neval, Diseños Arquitectónicos Alyn y Medical Service H2O.

Estas compañías fueron utilizadas, al igual que otras empresas bien establecidas, para transferir recursos provenientes de las secretarías de Educación, Seguridad Pública y Desarrollo Agropecuario y Pesquero de Veracruz, por la cantidad de 350 millones de pesos. El dinero sería posteriormente transferido a las empresas Terra Urbanizaciones, Desarrollos Inmobiliarios y al Consorcio Brades.

En la investigación de la procuraduría, Arturo Bermúdez Zurita, quien durante el mandato de Duarte fungió como secretario de Seguridad Pública, ‘‘declaró el 13 de diciembre de 2016 que aproximadamente a mediados de 2014 recibió una llamada telefónica de Antonio Tarek Abdala Saab, ex tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz, donde le comunicó que por instrucciones del gobernador, a partir de esa fecha todos los recursos federales’’ los recibiría su institución y posteriormente tendría que entregarlos a la Tesorería del estado.

También, señala la indagatoria, Bermúdez Zurita declaró que la Secretaría de Seguridad Pública tuvo que pagar ‘‘algunas cantidades a diversos proveedores, y que dicho sistema lo estaban haciendo en las secretarías de Salud, de Educación y Desarrollo Agropecuario’’. Bermúdez declaró haberse negado a realizar lo ordenado.

Se logró obtener la declaración de José Juan Janeiro Rodríguez. ‘‘En ella refirió que el motivo de su comparencia era para declarar datos de Duarte y su esposa, Karime Macías, en la obtención de recursos del gobierno de Veracruz para su beneficio propio’’. Dijo que a principios de diciembre de 2015, Javier Duarte lo llamó para pedirle que obtuviera ‘‘un crédito bancario, ya que necesitaba dinero para afrontar diversos gastos del gobierno del estado, tales como pagos de nómina y aguinaldos’’.

Se consiguió el crédito y Duarte también le pidió a José Juan Janeiro ‘‘que le proporcionara el nombre de empresas que pudieran fungir como receptoras de fondos pertenecientes al estado de Veracruz, con el ánimo de satisfacer necesidades personales, así como de sufragar los gastos en los que había incurrido para la obtención del crédito’’.

El ahora ex gobernador pidió que todo lo relacionado con la obtención de facturas para cubrir el desvío de recursos ‘‘se tratara directamente con el entonces subsecretario de Administración y Finanzas, Juan Manuel del Castillo; sin embargo, éste no pudo cumplir con lo ordenado y las empresas se quejaron, pues no tenían forma de acreditar los recursos recibidos’’. La investigación de la PGR señala que ‘‘el gobierno de Veracruz procedió a dispersar grandes cantidades de dinero’’.

Moisés Manzur y José Juan Janeiro trataron durante meses de manera infructuosa de obtener facturaciones para cubrir las operaciones ilícitas por 350 millones de pesos, pero no lo lograron porque las compañías ‘‘no tenían ninguna justificación del origen de ese dinero’’. Janeiro le advirtió a Javier Duarte ‘‘que había un problema grave y delicado, porque no habían encontrado una manera de acreditar’’ esos recursos. El gobernador ‘‘le dijo en tono molesto que le parecía increíble que Juan Manuel del Castillo no hubiera podido resolver ese problema. Posteriormente, en una reunión en el departamento de Polanco, Duarte le comunicó a Janeiro que debido a esa ineficacia había decidido designar a Ignacio García Leyva para que él solucionara la problemática’’. En mayo del año pasado la situación no presentaba ningún arreglo.

En septiembre de 2016, un mes antes de que se librara la orden de aprehensión en contra de Javier Duarte y éste huyera, Janeiro le dijo a su jefe ‘‘que no sólo no había regularidad en la sustracción de los 350 millones de pesos, sino que era sumamente complicado, ya que ese dinero estaba vinculado a operaciones personales del mandatario y de otras personas, entre ellas Moisés Manzur, por lo que era evidente que ello acarrearía un problema gravísimo’’.

En las constancias ministeriales entregadas al gobierno de Guatemala para sustentar la solicitud de extradición de Javier Duarte a México, se menciona que ‘‘una semana después, el ex gobernador llamó a Janeiro y le dijo que él ya había solucionado el asunto.

Le comunicó que para él era asunto finiquitado, toda vez que la solución que había dado fue desaparecer los registros electrónicos y contables de la operación en el seno del gobierno del estado. Janeiro le comunicó que eso era inaceptable, porque si bien se podían cancelar los registros del estado, en el sistema bancario había evidencia de las transacciones efectuadas desde diciembre de 2012 a diversas empresas’’.

La Jornada
Gustavo Castillo García/Enviado
Ciudad de Guatemala
Sábado 22 de abril de 2017.


El exsecretario de Finanzas y Planeación, Mauricio Martín Audirac Murillo, fue detenido este miércoles en territorio poblano, confirmó la Fiscalía del vecino estado.

Audirac Murillo también fue excontralor general de Javier Duarte y auditor general del Órgano de Fiscalización, e igual tejió amistad y cercanía con varios diputados locales y alcaldes del PAN, quienes lo recomendaron con el exmandatario prófugo de la justicia.

En la Fiscalía General de Veracruz (FGE) hay un total hermetismo respecto de esta detención, donde la vocería de dicha dependencia apeló al respeto al “debido proceso” y pretextó el nuevo Código de Procedimientos Penales.

Mauricio Martín Audirac tuvo a cargo las finanzas de Veracruz durante la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, además fue el primer funcionario de la entidad en admitir la bancarrota del estado que gobernó Duarte de Ochoa.

En las diversas denuncias que el departamento jurídico de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso en contra de funcionarios del gobierno de Duarte sale a relucir el nombre de Mauricio Audirac.

Del total de tesoreros y administradores que tuvo Duarte en su sexenio, Mauricio Audirac es el primer detenido.

Además, la FGE de Veracruz presentó un juicio para pedir el desafuero del diputado federal Tarek Abdalá, pero éste contó con la protección de los compañeros de su bancada.

Los otros tesoreros que tuvo Duarte se encuentran en bajo perfil político, a excepción de los legisladores locales Vicente Benítez y Juan Manuel del Castillo.

La Fiscalía General de Puebla confirmó en un comunicado que el extesorero de Duarte fue detenido en esta capital en cumplimento a una orden de aprehensión por el delito de coalición.

Señala que en coordinación con autoridades de Veracruz, se obtuvo de la autoridad judicial la orden en contra de Audirac Murillo.

“Como resultado del trabajo coordinado entre la Fiscalía de Puebla y autoridades de aquella demarcación, en las últimas horas se logró ubicar y detener en inmediaciones del bulevar Atlixco de la capital poblana a Mauricio Martín “N”, quien de inmediato quedó a disposición de las autoridades correspondientes y se le trasladará a Veracruz para que responda por el delito que se le imputa”, refiere el comunicado.

El 9 de febrero pasado, el secretario de Salud de Veracruz, Arturo Irán Suárez Villa, presentó ante la Fiscalía de esa entidad una denuncia por abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal contra los exgobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte por la compra de medicamentos falsos para practicar quimioterapias.

Aunque Audirac Murillo renunció el 11 de marzo de 2015 a su cargo como secretario de Finanzas, la denuncia que presentó Suárez Villa fue extensiva contra miembros del gabinete que estarían involucrados en este delito.

También cabe señalar que hace apenas unos días vecinos de Lomas de Angelópolis denunciaron, a través de una carta anónima enviada a un medio local, que Eugenio Duarte de Ochoa, hermano del exgobernador, vivía en una lujosa mansión en esa exclusiva zona.

Proceso
Noé Zavaleta
Gabriela Hernández
Xalapa, Ver. / Puebla, México
Miércoles 29 de marzo de 2017.

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