La Operación Gedeón fracasó tras un año de choques entre exmilitares, políticos y contratistas que conspiraron desde Colombia. EL PAÍS reconstruye los pasos del último plan contra Maduro

Alrededor de cincuenta hombres, dos lanchas rápidas, diez fusiles y un plan suicida. El enésimo intento de derrocar a Nicolás Maduro se quedó en un rocambolesco desembarco en dos playas próximas a Caracas, Chuao y Macuto, y fue desactivado en cuestión de horas el pasado 3 de mayo. La llamada Operación Gedeón dejó al menos siete muertos y decenas de detenidos, entre los que se encuentran ex oficiales venezolanos y dos mercenarios estadounidenses. Pero ese episodio, que se enmarca en el clima belicista alentado por el sector más radical de la oposición al régimen chavista, solo es el epílogo de una larga historia. Transcurre entre Colombia —cuyos servicios de inteligencia y Gobierno quedan cuestionados—, Estados Unidos y Venezuela, y en ella intervienen políticos, militares, empresarios, contratistas, asesores de seguridad. El resultado es una muestra de la capacidad de penetración de la inteligencia del aparato bolivariano.

La incursión en la costa caraqueña de hace dos semanas es, hasta el momento, el capítulo más disparatado para intentar desestabilizar al Gobierno de Maduro. Pero no ha sido el único. El relato de lo sucedido, reconstruido por EL PAÍS gracias a los testimonios de una decena de fuentes conocedoras de los hechos, refleja el descontrol de una estrategia consecuencia de una guerra de egos que, en definitiva, se ha convertido en un bumerán que ha asestado un golpe a Juan Guaidó. El líder de la oposición rechaza, sin matices, estar involucrado e incluso haber estado al tanto de la Operación Gedeón, mientras el malestar internacional e interno, dentro de la oposición, no ha hecho sino crecer y una pregunta se repite desde hace dos semanas: ¿cuál va a ser la siguiente sorpresa?

“La caída de Nicolás Maduro se ha vuelto un negocio, es cuestión de tiempo”. La euforia con la que una persona muy cercana a Guaidó pronunciaba esta frase en febrero del año pasado, en un restaurante de Caracas, cobra más sentido con el paso del tiempo. El dirigente opositor, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, acababa de regresar entonces de una gira por Sudamérica después de cruzar la frontera para asistir al intento de entrada de ayuda humanitaria por Colombia en uno de los momentos políticos más tensos vividos en Venezuela. Desde entonces, se han producido varios acercamientos, al menos cuatro, de personas o empresas que se presentan bajo el eufemismo de compañías de seguridad, ofreciendo sus servicios para de una u otra manera propiciar la caída de Maduro o fortalecer lo que surgiese de ella.

El hervidero de Cúcuta

Para entender las premisas de las últimas conspiraciones hay que viajar a la ciudad fronteriza de Cúcuta (Colombia) en los días previos al 23 de febrero del año pasado. La localidad era un hervidero de operadores políticos, uniformados, representantes de agencias de inteligencia de distintos países, inversores con intereses en una transición en el país vecino, cooperantes y miles, decenas de miles de personas vinculadas a la oposición. En vísperas de esa jornada, cuando fracasó la operación promovida por Bogotá, Washington y la oposición al chavismo para introducir en Venezuela camiones con ayuda humanitaria, se celebró un concierto organizado por el magnate británico Richard Branson. Entra en escena entonces una figura clave en el último plan contra Maduro. Se trata de Jordan Goudreau, exmiembro de las fuerzas especiales de Estados Unidos, veterano de Irak y Afganistán y hoy representante de la firma de seguridad privada Silvercorp, con sede en Florida. Durante esos días Goudreau se encargó de la protección de los artistas, pero también encontró un terreno fértil para intentar hacer negocios.

En ese momento Venezuela vivía días de turbulencias políticas después de que en enero Guaidó se proclamara presidente del país y en las filas opositoras varios cargos vislumbraron la posibilidad de formar una especie de ejército particular para intentar una incursión. Cúcuta era el epicentro de esos movimientos. “De los 1.700 hombres que Venezuela tuvo en los refugios encargados por el Gobierno colombiano y manejados por ACNUR [para recibir a venezolanos que querían salir del país], solamente 163 fueron los que en verdad pasaron de Venezuela hacia Colombia el 23 y los días siguientes”, relata una fuente al tanto de los movimientos de los militares desertores. “El resto era personal militar, policial, bomberos que estaban dispersos en América e inclusive algunos en Europa. Fueron llegando sencillamente porque pensaban que se iba a organizar una operación”.

Un ex general con ínfulas cercano a Chávez

Pero las expectativas de estos opositores que vieron la posibilidad de lanzar una operación contra Maduro quedaron frustradas. Sin liderazgo ni referentes, no tuvieron más alternativas que encerrarse en esos centros de acogida. El único nombre que aún resonaba entre ellos era el de Clíver Alcalá. Este ex general fiel a Hugo Chávez rompió con Maduro en 2016 y se fue a Colombia. Al menos dos fuentes que trabajaron a su lado en las fuerzas armadas venezolanas, y otras tantas que lo han seguido de cerca desde el ámbito político, lo describen como “una persona carismática, con mucha voluntad, mucho empuje: desde sus tiempos de servicio activo tenía fama de abusador, desviaba el poder, no respetaba, actuaba con mucha furia y apoyó al régimen en la mayoría de los desmanes que había cometido”.

Hace un mes y medio, a finales de marzo, Alcalá fue acusado formalmente por Washington de tráfico internacional de drogas. Fue incluido en una lista en la que aparece junto a la cúpula del chavismo. El ex general, que residía en Barranquilla, en el Caribe colombiano, decidió entonces entregarse a la DEA, pero antes habló públicamente de un complot para derrocar a Maduro que se estaba organizando en Colombia e hizo referencia a la incautación de un arsenal de armas.

Fue precisamente Alcalá el primero en hablar de un contrato estipulado el pasado mes de octubre por el equipo de Guaidó con Jordan Goudreau y su empresa, Silvercorp, que estaría detrás del desembarco en la costa caraqueña de hace 15 días. Juan José Rendón, conocido como JJ, un controvertido asesor del líder opositor que ha participado en campañas de muchos políticos latinoamericanos y al que siempre se han atribuido operaciones oscuras, admitió hace unos días haberlo firmado. “Era una exploración para ver la posibilidad de captura y entrega a la justicia de miembros del régimen”, reconoció el consultor en la CNN, que exculpó a Guaidó ante la aparición de su supuesta firma en los mismos documentos. Rendón, que llegó de la mano de Leopoldo López, dimitió de su cargo, pero la tibieza del líder opositor, que aceptó la renuncia, aunque en un principio evitó despedirlo pese a las presiones internas, ha suscitado un enorme malestar en la oposición ante lo que consideran la imposibilidad de romper con su jefe.

El hecho de que Colombia —país que comparte con Venezuela más de 2.200 kilómetros de frontera y destino de cerca de 1,5 millones de venezolanos que en los últimos años migraron en busca de oportunidades— fuera la base de operaciones hace un año para fraguar un intento de golpe pone de por sí la lupa sobre sus autoridades. Por complicidad o por omisión. Alguien de la cadena de mando militar debió de estar al tanto, al menos hasta cierto momento. Aunque todos, empezando por el presidente, Iván Duque, se desvincularon rotundamente de lo sucedido y formalmente el Gobierno instó a los dirigentes opositores en el exilio a informarles de cada paso. Las dudas sobre si un sector de la inteligencia colombiana próximo al expresidente Álvaro Uribe actuó con el beneplácito de este, pero no del de Duque, cobran fuerza con el paso de las semanas y por la versión de diferentes fuentes, tanto venezolanas como colombianas.

Esos planes, en cualquier caso, se pusieron en marcha justo después del 23 de febrero de 2019. Alcalá, con fondos procedentes de la oposición, comenzó a organizar unos campos de entrenamiento cerca del municipio colombiano de Riohacha, en el departamento caribeño de La Guajira. Se trata de un territorio poco poblado en el que se mezclan desierto, selva y montaña que linda con Venezuela y que él conoce debido a vínculos familiares y a su pasado como comandante en esa región, en la que estrechó lazos con guerrilleros de las FARC. Los ordenadores incautados en 2008 al entonces número dos de la guerrilla, Raúl Reyes, revelaban la cercanía entre Alcalá e Iván Márquez, jefe negociador de la guerrilla en La Habana, hoy un líder disidente que rompió con los acuerdos de paz.

Operadores políticos

Mientras tanto, en Caracas se intensificaba el pulso entre Guaidó y Maduro. El país sufría una crisis eléctrica sin precedentes y tomó vuelo otra opción, que se manejaba en paralelo. Todas las fuentes consultadas coinciden en que en todo momento ha habido múltiples planes sobre la mesa; pocos se explican cómo el más disparatado de todos fue el que terminó por desarrollarse. Fue la asonada del 30 de abril de 2019. Tenía el objetivo de provocar una ruptura de las fuerzas armadas y facilitar una etapa de transición con la participación de algunos altos cargos chavistas. Como los demás intentos, fracasó y terminó con un incremento de la tensión y la liberación de Leopoldo López después de pasar tres años encarcelado y casi dos en arresto domiciliario. El dirigente opositor y líder del partido Voluntad Popular encontró resguardo horas después en la residencia de la Embajada de España en Caracas, donde todavía permanece.

Esa operación se precipitó, según al menos dos fuentes, debido a la insistencia del mayor del Ejército venezolano Javier Nieto Quintero, que fue precisamente quien junto a Goudreau reivindicó el intento de incursión marítima de hace dos semanas. El fracaso del plan de abril de 2019 provocó una desbandada. El exjefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) Cristopher Figuera, que participó en esos hechos, huyó a Estados Unidos tras pasar unas semanas en Colombia. “El personal militar se quedó sin padre ni madre. Los que estaban en Cúcuta se quedaron definitivamente aislados en sus refugios y los que estaban con Clíver Alcalá también quedaron aislados en el campamento de Riohacha. Y los que estaban en Venezuela, por supuesto, temerosos de la acción del Gobierno debido al control público que se hacía”, resume un oficial.

¿Qué pasó entre abril de 2019 y mayo de 2020? Para empezar, entran en escena dos operadores políticos próximos a Leopoldo López. Ya a mediados de mayo del año pasado, Lester Toledo, que había sido uno de los coordinadores de la ayuda humanitaria, y Jorge Betancourt, organizan reuniones en Bogotá para explorar posibles acciones. Lo hicieron, durante esas semanas, en al menos tres ocasiones. Sobre la mesa estaba el plan que estaba diseñando Goudreau. El exmilitar norteamericano proponía en un primer momento entrar por las líneas fronterizas, ir destruyendo a los grupos de las FARC y del ELN, y posteriormente insistía en entrar con 300 hombres por la costa a través de La Guaira.

Pero otros sectores de la oposición al tanto de estos planes los consideraron disparatados desde el comienzo. “Para conquistar una cabeza de playa hay que tener un volumen de fuego y una cobertura aérea suficiente, más cuando te estás metiendo en el centro del poder militar venezolano. En La Guaira solamente está el cuerpo de infantería de la Marina, pero tienes a Caracas cerca y dos batallones de infantería muy poderosos que pueden decidir cualquier operación militar”, asegura una de las fuentes consultadas. El tenor de las apreciaciones de Goudreau, según algunos de quienes lo conocieron, daba la idea de su desapego de la realidad: “Cada uno de mis hombres equivale a 500 combatientes venezolanos”.

Este ex boina verde participó en otro encuentro en junio de 2019. Fue acompañado por un puertorriqueño llamado Lorenzo que actuó como intérprete y se reunió con Clíver Alcalá, que también fue con traductor, el teniente venezolano en el exilio Arturo Gómez Morantes. Los asistentes evaluaron el coste de la operación, que al principio rondaba los 700.000 dólares y posteriormente ascendió hasta 1,8 e incluso 3 millones.

El entorno de Leopoldo López quería tener la última palabra sobre el dinero recaudado, lo que generó tensiones entre los presentes. Tanto es así que Toledo y Betancourt informaron al día siguiente de la necesidad de apartar a Alcalá, puesto que ya entonces el ex general estaba sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos. Lanzaron una propuesta al teniente Gómez Morantes para que él dirigiera la incursión. Este, según las fuentes consultadas, grabó la conversación y se la envió a Alcalá. Y fue así como se produjo la primera fractura entre el sector militar y político. Contactado por EL PAÍS, Toledo asegura que nunca tuvo nada que ver con Alcalá y que lo denunció desde que fue elegido diputado por el Estado de Zulia. Además, se desvincula de forma rotunda del desarrollo final de la Operación Gedeón en las costas venezolanas.

El ex general contaba en ese momento con no más de 70 hombres repartidos en algunas casas de campo de La Guajira, pese a que él presumiera en público de 300 soldados. La falta de ingresos profundizó su malestar. Esos hombres no tenían una dieta sana y algunos enfermaron por no tener acceso al agua potable, de acuerdo con al menos tres personas al tanto de la situación en los campamentos. Solo más tarde recibió unos fondos y la situación mejoró. Alcalá hasta llegó a comprar camisetas y zapatillas deportivas para los entrenamientos.

Por entonces, en el verano de 2019, Jordan Goudreau ya estaba instalado en una vivienda del acomodado norte de Bogotá con al menos cuatro personas: un estadounidense, un puertorriqueño, un hondureño y un mexicano.

El papel de la inteligencia colombiana

Una de las incógnitas es el papel de la inteligencia colombiana. Según las fuentes consultadas, el abandono de los campos y el diseño del plan contribuyeron a que los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Colombia relajaran la vigilancia. Sin embargo, al menos Clíver Alcalá estuvo en contacto con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) colombiana desde su llegada al país. En la recta final del último mandato de Juan Manuel Santos (2010-2018), le recibió el general Juan Carlos Buitrago, entonces subdirector de la agencia, y en mayo del año pasado fue captado en medio de la celebración de una cumbre por Carlos Narváez, subdirector de operaciones, con quien mantuvo relación durante meses.

En todo momento, según varias versiones, Toledo y Betancourt presumían de contactos en el Gobierno colombiano, con el expresidente Álvaro Uribe o el entonces embajador colombiano en Estados Unidos, Francisco Santos. El actual jefe de la DNI fue el jefe de la Casa Militar durante el mandato de Uribe. El sector más radical de la oposición recela de Iván Duque, a quien atribuye demasiada prudencia el 23 de febrero, y se considera más afín al ala más dura del Centro Democrático, el partido fundado por Uribe. Sin embargo, no se han aportado evidencias de que esos contactos se produjeran con frecuencia o fueran fluidos.

Quedan las dudas sobre si alguien en el Gobierno estaba informado y dejó que los hombres de Alcalá y Goudreau siguieran actuando. En cualquier caso, al margen de la intensidad de la vigilancia de Colombia, los agentes se encontraron con un abanico de personalidades que comprometían, de entrada, cualquier tipo de conspiración. “En Venezuela todas las conspiraciones han fracasado por cinco razones: porque hay un poco de mitómanos, gente que te dice que tiene 50 batallones dispuestos a intervenir y no es verdad; porque hay un montón de ilusos, gente que piensa que si ellos dan un paso muchos los van a seguir; porque hay estafadores, gente que ha hecho de la necesidad de restituir la democracia en Venezuela un negocio; la cuarta son los ignorantes, gente que no sabe de artes y ciencia militares; y la última son los locos, con componentes de vanidad y de ego”. Estas palabras, de un antiguo alto mando militar, son de alguna manera el punto de unión entre las premisas y lo que vino después.

La organización del operativo en Colombia se complicó. Entran en escena otros dos oficiales venezolanos, los tenientes coroneles Illich Sánchez y Rafael Pablo Soto Manzanares, que desempeñaron un papel determinante en la asonada del 30 de abril, al mismo tiempo que el mayor Nieto Quintero y Rodney Pacheco, al que se le consideraba uno de los responsables de seguridad de Juan Guaidó. Fueron ellos los que, entre finales del pasado verano y el inicio del otoño, comienzan a conversar con un grupo de militares en el exilio encabezado por los hermanos Sequea, sobre todo con Juvenal y Antonio Sequea, quien fue detenido por las autoridades venezolanas el en el intento de desembarco del pasado 3 de mayo. “Illich Sánchez y Soto Manzanares le recomiendan a Leopoldo López retomar otra vez contacto con esta gente, ya que los hermanos Sequea eran los que se iban a hacer cargo de la operación”, asegura una de las fuentes al tanto de los movimientos.

Poco después, entre finales de noviembre y principios de diciembre, Antonio Sequea es detenido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá mientras trataba de volar a España con pasaporte falso. Los motivos de ese viaje se desconocen, aunque la sospecha de operadores al tanto del plan es que tuviera que ver con búsqueda de financiación. El ex general Hugo Carvajal, apodado El Pollo, hoy prófugo de la justicia española, había sido jefe de Sequea y en 2019 apoyó públicamente la causa de Guaidó.

Hay un vacío en el tiempo que no ha terminado por aclararse y que está cubierto por un manto de especulaciones más que de certezas. Tras saltar por los aires la Operación Gedeón hace dos semanas, se supo que esta había sido planeada en un principio por asesores de Guaidó, siendo el líder visible J. J. Rendón. El estratega venezolano ha insistido en que, entre octubre y noviembre, ante las exigencias de Goudreau, rompió con él. Sin embargo, el ex boina verde siguió adelante con sus propósitos. Quién le dio el beneplácito es un interrogante, mientras muchos dudan que los servicios de inteligencia de Colombia no supieran de sus movimientos en la capital colombiana y por todo el país. Al menos tres fuentes al tanto aseguran que están tratando de seguir el hilo del dinero que pudo haber recibido, pues no dudan que, a través de testaferros, le siguió llegando financiación para la operación fallida. Ver si ese dinero llegaba desde dentro de la oposición, como piensan muchos pues hay un sector convencido de que una intervención militar es la única solución, o desde el Gobierno de Maduro, que se entera de los planes, es algo que de momento no está esclarecido.

Operación de contrainteligencia

De lo que hoy, en cambio, pocos dudan es de que la operación estaba infiltrada o penetrada por informadores del régimen de Maduro. Ya a finales del año pasado cundían las sospechas en sectores de la oposición. El mandatario venezolano se refirió en algunas apariciones públicas a supuestos “rambos” que conspiraban desde Colombia, una descripción que encaja con la figura de Goudreau. En segundo lugar, según la información filtrada desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en enero el chavismo realizó una operación, cerca de las playas donde se intentó la incursión marítima. Las fuerzas de seguridad allanaron hoteles, albergues y posadas en busca de Clíver Alcalá, cuyo hermano es embajador de Venezuela en Irán, y ciudadanos puertorriqueños, hondureños y estadounidenses. Un rastreo que coincide con las nacionalidades de los hombres que compartían vivienda con Goudreau en Bogotá. Además, los uniformados realizaron un ejercicio de defensa del puerto, bautizado como Punto de Resistencia Bravo.

También hubo un simulacro de cierre de la ciudad de Caracas, ubicada a unos 30 kilómetros de la costa. En la grabación del interrogatorio de Luke Denman, uno de los mercenarios estadounidenses detenidos, este afirma que su misión era hacerse con el control del aeropuerto para permitir el aterrizaje de aviones estadounidenses y sacar a Maduro del país. Aunque en sus primeras declaraciones no lo menciona abiertamente, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía se encuentra junto al puerto de La Guaira.

El 11 de marzo, además, el Ejército venezolano capturó en una zona fronteriza de La Guajira conocida como Trocha número 30 a un teniente llamado Figueroa Fernández. La detención se produjo en uno de esos cientos de caminos informales que conectan Colombia y Venezuela y fue fortuita, según el relato de una fuente militar, porque el oficial conducía a alta velocidad en una trocha. Este, según información de la FANB, bajó del vehículo y se dijo dispuesto a colaborar. Apenas dos semanas después, las autoridades colombianas incautan un arsenal de armas, pero no hacen público el operativo durante unos días. Sin embargo, Nicolás Maduro tarda siete horas en mencionar el decomiso, mientras el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, al día siguiente, da los detalles del plan de Goudreau y Clíver Alcalá. Cuando este se entrega a Estados Unidos, muchos en las filas opositoras pensaron que era inviable continuar con el plan. Sin embargo, la operación siguió adelante.

Malestar generado

Las consecuencias que ha tenido la Operación Gedeón aún son imprevisibles, pero no cabe duda de que ha supuesto una sacudida a las aspiraciones de Guaidó y al mayor tesoro que este tiene: el apoyo internacional. Las fuentes consultadas, dentro y fuera de Venezuela, en diversos países, admiten que el malestar generado en Estados Unidos por la chapuza de hace dos semanas ha sido mayúsculo. Lo mismo ocurre en Colombia y en algunos países de Europa. Si no ha saltado por los aires el apoyo a Guaidó ha sido porque todos los actores son conscientes de que es la única figura que aún articula una unidad frente a Maduro, al menos a nivel nacional.

En Venezuela ocurre algo parecido. Las desavenencias crónicas de la oposición no tardaron en manifestarse, sobre todo en privado. En público, el partido Primero Justicia, de Henrique Capriles, que permanece en Venezuela y de Julio Borges, exiliado en Colombia, ha sido el único que ha criticado lo ocurrido y exigió a Guaidó romper con J. J. Rendón. “Parece que nos hemos subido a la máquina de Marty Mcfly y hemos retrocedido a 2018”, resume una de las fuentes, ante el reto que tiene por delante la oposición.

En el chavismo tampoco hay una postura clara sobre qué hacer ante un nuevo intento de derrocar a Maduro. Celebran que la oposición les haya brindado, sin costo alguno, una unidad en el seno de las fuerzas armadas que tapa, al menos por el momento, las grietas internas. Un sector, que encabezaría el propio Maduro y cuya figura más visible es Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, se muestra partidarios de no actuar contra Guaidó, esto es, descarta la posibilidad de detenerlo, pese a que se han intensificado los ataques contra él y el asedio a su círculo más próximo. Rodríguez siempre ha sido partidario de la idea de que el líder opositor termina por errar, y eso les beneficia. Hay otro bando, no obstante, encabezado por Diosdado Cabello, número dos del chavismo, que siente que la autoridad del Gobierno sufre un golpe, por leve que sea, cada vez que se evidencia un intento de fractura de las fuerzas armadas.

La Operación Gedeón, un nuevo plan disparatado, ha sacudido a Venezuela en medio de la pandemia de la covid-19. Antes de la llegada del coronavirus, la oposición y el chavismo ultimaban un acuerdo para la recomposición del CNE, con vistas a las elecciones parlamentarias previstas para finales de este año. La pandemia lo trastocó todo. No solo en el ámbito político. La crisis para los venezolanos se ha agudizado; la hiperinflación se ha vuelto a disparar, la escasez de combustible es total. Hasta hace unas semanas, miembros de la oposición mantenían canales abiertos con el Gobierno para tratar de que el ingreso de ayuda humanitaria fuese mayor. Una parte de los críticos con Maduro, dentro y fuera de Venezuela y en buena parte de la comunidad internacional, cunde la necesidad de que lograr un acuerdo humanitario abriría la posibilidad de iniciar una negociación política. “Que haya voluntad política, no es necesariamente lo mismo a que haya un acuerdo político”, señala una fuente. No obstante, aún hay líderes con peso que creen que la caída de Maduro es solo cuestión de tiempo y siguen azuzando el fuego de una intervención. De ahí que no pocos se pregunten: ¿Cuál será el siguiente plan disparatado?

El País
Javier Lafuente
Francesco Manetto
Ciudad de México / Madrid
Lunes 18 de mayo de 2020.


Como “el más gigantesco caso de corrupción que haya conocido la historia de Venezuela”, catalogó el ministro de Comunicación e Información venezolano, Jorge Rodríguez,  las maniobras del diputado opositor Juan Guaidó, durante una rueda de prensa ofrecida a medios de comunicación desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, Caracas.

De acuerdo con Rodríguez, Guaidó encabeza una red que controla parte de los activos venezolanos sancionados por EE.UU., que ascienden a un total de 116 000 millones de dólares, “dinero con el que se construirían 11 millones de viviendas”.

“Estamos demandando a la administración de Trump por la contabilización del robo de nuestros activos y depósitos en banco extranjeros de empresas que se encuentran en nuestras fronteras, cifra que asciende a 116 000 millones de dólares, lo que se considera como una acción brutal de los gobiernos satélites y sus lacayos hacia Venezuela”, afirmó el ministro.

    Juan Guaidó no está luchando por el poder, “sino por el dinero, para robarse el dinero de la República o para que algunas migajas le sean entregadas”, denunció Rodríguez.

“Con todo lo que se han robado y siguen robando, a manera de ejemplo, con 116.000 millones de dólares, el Gobierno podría adquirir cajas CLAP para todas las familias de Venezuela, una vez al mes, durante 152 años”, ha añadido el ministro este 15 de febrero, en declaraciones que se transmitieron en directo por  Venezolana de Televisión.

Rodríguez también ha acusado al líder de la oposición venezolana de cobrar dinero de empresarios corruptos de manera directa, así como “a personas que tienen cuentas con la justicia en EE.UU., Europa o Venezuela, para hacerse la vista gorda, o para protegerlos de manera flagrante”.

“De esos 116 000 millones de dólares Trump le lanza a su lacayo, Juan Guaidó y su círculo cercano migajas y no hay ningún tipo de control”, dijo.

“Los activos de Citgo (la mayor filial de la estatal venezolana PDVSA fuera del territorio venezolano) se los robaron ¿Quién controla eso? ¡Nadie!”, concluyó el ministro.

CubaDebate
Carácas, Venezuela
Domingo 16 de febrero de 2020.


Activistas del movimiento “Hands off Venezuela” protestaron contra la presencia este martes en Londres del autoproclamado presidente de ese país suramericano, Juan Guaidó, quien tenía previsto reunirse con autoridades del Gobierno británico.

Los manifestantes se congregaron frente a la residencia oficial del primer ministro Boris Johnson, en el número 10 de Downing Street, para repudiar la visita del político venezolano.

“Guaidó golpista, you are not welcome here” (no eres bienvenido aquí), gritaron los activistas, quienes también denunciaron el apoyo que brindan las autoridades del Reino Unido al autoproclamado mandatario interino.

Jorge Martín, miembro de la campaña “Hands off Venezuela”, aseguró que Guaidó no tiene ningún derecho a atribuirse la presidencia de ese país, y lo calificó de títere del gobierno de Estados Unidos.

Se proclamó presidente en una plaza pública, sin ningún respaldo legal, además de que ha llamado a la intervención militar extranjera contra su propio país, recordó.

En opinión de Martín, español residente en el Reino Unido, “en lugar de andar por el mundo, Guaidó debía estar preso en su país por instigar a un golpe de Estado contra el gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro”.

Según confirmó un vocero del Gobierno británico, el autoproclamado mandatario venezolano, quien es reconocido como tal por alrededor de 50 países, incluido el Reino Unido, será recibido este martes por el canciller Dominic Raab.

En el encuentro participaría también Johnson, agregó el portavoz, aunque no se prevé que haya declaraciones posteriores a la prensa.

Guaidó, quien se reunió este lunes en Bogotá con el presidente de Colombia, Iván Duque, y el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, tiene previsto viajar también a Bélgica, e intervenir en el Foro Económico de Davos, Suiza.

Prensa Latina
Londres, Reino Unido
Miércoles 22 de enero de 2020.


Tras acto de chavistas, los diputados opositores realizan votación fuera de la sede legislativa


El líder opositor Juan Guaidó fue reelegido este domingo como presidente del Parlamento de Venezuela durante una sesión paralela e improvisada de la Cámara, celebrada en la sede de un periódico, en la que solo participaron los diputados contrarios a Nicolás Maduro y de la cual no formó parte la bancada chavista.

Por Guaidó, a quien casi 60 países reconocen como presidente interino, votaron 100 legisladores de oposición, incluidos los miembros de la fracción 16 de Julio, contrarios al presidente Nicolás Maduro, pero también críticos habitualmente con el líder de la oposición.

Esta sesión se desarrolló en un salón del diario El Nacional, en el este de Caracas, en vista de que la totalidad de opositores no pudieron asistir al pleno durante otra sesión la mañana de este domingo, al ser impedida su entrada por las fuerzas de seguridad del Estado.

El chavismo elige a presidente del Parlamento venezolano sin Guaidó

"Agradezco la honra que me confieren", dijo Guaidó minutos antes de ser reelegido y apoyar con su propio voto la propuesta que le otorga otro año al frente del Parlamento.

"Juro ante Dios y ante el pueblo de Venezuela hacer cumplir esta Constitución y los deberes inherentes al cargo de presidente del Parlamento y presidente encargado de Venezuela, para hacer valer los derechos de nuestros hermanos venezolanos", dijo luego de hacerse oficial su ratificación en el cargo.

Guanipa y Berrizbeitia, los vicepresidentes

Juan Pablo Guanipa, del partido Primero Justicia y a quien el Supremo le levantó el fuero, y Carlos Eduardo Berrizbeitia, de la agrupación Proyecto Venezuela, resultaron elegidos primer y segundo vicepresidente, respectivamente.

Por otra parte, Angelo Palmeri y José Luis Cartaya fueron designados de manera unánime como secretario y subsecretario de la Cámara.

Guaidó, fuera de la primera sesión

Al comienzo de la jornada, Guaidó y un nutrido grupo de parlamentarios se quedaron fuera del Palacio Federal Legislativo, donde el chavismo y antiguos aliados de la oposición eligieron en una bronca sesión a Luis Parra como nuevo jefe del Parlamento.

EU tilda de farsa la elección en Parlamento venezolano

Guaidó y varias decenas de diputados estuvieron durante horas retenidos en los cordones que instalaron la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) en los alrededores del Parlamento.

Efe constató como efectivos de la GNB impidieron el paso de Guaidó, que incluso intentó ingresar al Parlamento saltando una verja.

El chavismo dijo entonces que la sesión se llevó a cabo con 140 diputados, y que Guaidó no ingresó al Palacio Legislativo porque "no tenía los votos" para ser reelegido, pese a que el quorum lo forman 84 diputados, el número necesario para hacerse con el control de la Cámara.

El Parlamento venezolano lo conforman 165 diputados, tres de ellos representantes de los pueblos indígenas y cuyas elecciones fueron impugnadas por el chavismo en 2015, sin que hasta ahora se haya resuelto este tema.

EFE
Caracas, Venezuela
Lunes 5 de enero de 2020.


Unas fotos con narcos en la frontera disparan las acusaciones contra Guaidó y Duque


El portavoz del jefe del legislativo venezolano asegura que estas personas, identificadas como miembros del clan de los Rastrojos, "le pidieron un selfi, no sabía quiénes eran"

El pasado 22 de febrero, Juan Guaidó cruzó la frontera entre Venezuela y Colombia y apareció por sorpresa en el megaconcierto organizado en Cúcuta en vísperas de la operación para introducir contenedores con medicinas y alimentos en el país vecino con el apoyo logístico de Estados Unidos y del Gobierno de Iván Duque. El intento fracasó y supuso el primer gran revés para el jefe de la Asamblea Nacional, que un mes antes había lanzado su desafío a Nicolás Maduro tratando de forzar su renuncia y abrir un proceso de transición. Guaidó viajó de Caracas al fronterizo Estado de Táchira en medio de la incertidumbre y de la máxima reserva. Durante el camino sorteó controles policiales y recabó el apoyo de miembros de las fuerzas armadas. Una vez llegado al municipio de San Antonio, se dispuso a pasar al otro lado. ¿Cómo? Los vídeos y las imágenes de ese día muestran que cruzó a través de trochas, caminos secundarios e informales sin vigilancia.

Pero unas fotografías difundidas este jueves en las redes sociales desataron duras acusaciones tanto a Guaidó como a Duque y amenazan con alimentar una nueva tormenta política en los dos países. En ellas, el político venezolano posa junto a dos hombres identificados como miembros de los Rastrojos, una banda de narcoparamilitares que opera en ese limbo legal que a menudo es la frontera. En las imágenes salen dos cabecillas de esa organización criminal: John Jairo Durán Contreras, apodado Menor, y Albeiro Lobo Quintero, alias Brother. Ambos fueron detenidos en Cúcuta el pasado mes de junio. Alberto Ravell, portavoz de Guaidó, aseguró en la W Radio que "a todas las personas públicas le piden fotos". "Esas personas le pidieron un selfi, no sabía quiénes eran. El presidente Guaidó no le pide la cédula a la gente para tomarse una foto con ellos. ¿Crees que si el presidente Guaidó sabe que son unos paracos se hace una foto con ellos para que las difundan después?”, se preguntó.

La divugación de las instantáneas, que fueron dadas a conocer primero por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, en su programa de televisión, tiene un evidente propósito político. Por sí solas, no son suficientes para demostrar una vinculación definitiva con este grupo irregular. Aun así, bastan para levantar suspicacias y sembrar graves sospechas. Esto ocurre, además, en dos países en los que es frecuente recurrir a documentos gráficos, a menudo descontextualizados, por intereses políticos. Una costumbre, de la que no se salva casi nadie, que va de la ultraderecha colombiana al régimen chavista. Ravell negó, en cualquier caso, que Guaidó recibiera ayuda de grupos irregulares para cruzar. “Esas personas estaban en una alcabala, de las muchas que hay en las trochas con guardias venezolanos o gente armada, y le pidieron una foto y él no se negó. Ahí nadie le pregunta a nadie quién es, la gente que usa las trochas que quiere es pasar lo más rápido posible”. Sin embargo, uno de los criminales iba armado, al menos aparentemente.

Wilfredo Cañizares, responsable de la Fundación Progresar en el departamento de Norte de Santander, aseguró que había alertado de esa circunstancia desde el primer día. "La entrada a Colombia el 23 de febrero del señor Juan Guaidó fue coordinada con los Rastrojos. Aquí están alias el Brother armado, y el segundo al mando de este grupo paramilitar, alias el Menor", afirmó al publicar las fotos en Twitter. A partir de esa denuncia, el senador Gustavo Petro, uno de los líderes de la oposición al Gobierno de Duque, fue quien más criticó ese supuesto vínculo con la banda narcoparamilitar, dándolo por hecho a raíz de que Guaidó lleva la misma ropa en esas imágenes y en los vídeos que documentan su llegada al Colombia.

"Para quienes dudan: Duque y Guaidó se aliaron con el narcotrafico para su acto en [la] frontera. Señor Guaidó, ¿es usted consciente de quienes eran sus aliados en la frontera colombo/venezolana? Señor Duque, ¿usted va a ligar su política exterior con el narcotráfico?", cargó en las redes sociales. Petro -que en el pasado respaldó a Hugo Chávez pero recientemente calificó de "dictadura insostenible" al régimen de Maduro- llega a afirmar, sin aportar evidencias, que "Duque visitó puestos de botellas incendiarias y explosivos que manejaban los grupos pagados por los narcos".

El mandatario colombiano está duramente enfrentado al régimen de Maduro y desde el principio apoyó, al igual que la Administración de Donald Trump y otro medio centenar de países, a Guaidó como presidente interino. Pese a eso, el pasado 23 de enero se negó a prolongar el intento de introducir ayudas a través de los puentes de Cúcuta debido a la resistencia de las fuerzas de choque del chavismo y a los episodios de violencia.

La tensión entre los dos países escaló en los últimos días por las acusaciones, dirigidas a Caracas, de dar amparo en territorio venezolano a células disidentes de las FARC, como la encabezada por Iván Márquez y Jesús Santrich, y a la cúpula del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tienen en el narcotráfico su sustento como los Rastrojos y otras mafias locales. El Gobierno respondió con unos ejercicios militares en la frontera, por donde cruzan a diario miles de venezolanos que huyen en busca de oportunidades e incluso parlamentarios opositores.

Desde que alcanzaron la mayoría en la Asamblea Nacional, diputados críticos con el chavismo no tienen la posibilidad de comprar vuelos comerciales internos para trasladarse al interior del país para realizar su labor parlamentaria y a un número importante les han anulado sus pasaportes. Como parte de la política de persecución del régimen de Nicolás Maduro, el Gobierno ha coaccionado a las aerolíneas con sanciones si les venden billetes. Ravell señaló que Guaidó tenía previsto responder y explicar él mismo las polémicas fotografías, pero para el momento del contacto con la radio colombiana se encontraba incomunicado por el apagón que este jueves vuelve a afectar varias zonas de Caracas y el país.

El País
Bogotá, Carácas
Jueves 12 de septiembre 2019.

 

La Asamblea Constituyente de Venezuela (ANC), integrada sólo por chavistas, aprobó este martes la continuación del enjuiciamiento al jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de cincuenta países y al que el Supremo solicitó retirar la inmunidad.
 
Entre vítores y aplausos, la Asamblea Constituyente aprobó por unanimidad de sus miembros en un "decreto constituyente" la "continuación del juicio" a Guaidó, refiriéndose al artículo de la Constitución relativo a la inmunidad parlamentaria.
 
La decisión fue tomada después de que ayer el presidente Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, solicitara a la ANC "el allanamiento a la inmunidad parlamentaria" de Guaidó tras declararlo en desacato.
 
EFE
CARACAS, VENEZUELA
Martes 02 de abril 2019.


Mientras Venezuela se encuentra en crisis económica y política, la  Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desplegó la víspera una batería de misiles antiaéreos S-300, el escudo defensivo más avanzado de América Latina, en torno a la ciudad de Caracas.

El sistema antiaéreo ruso S-300 desplegado por el régimen del presidente Nicolás Maduro alrededor de Caracas, fue desarrollado en tiempos de la Unión Soviética.

El escudo antimisiles fue instalado mientras se discute en todo el mundo una posible intervención militar de tropas extranjeras, presuntamente lideradas por Estados Unidos, en el país sudamericano.

Normalmente una batería de S-300 cuenta con un número variable de lanzadores de misiles, un sistema de radar y un centro de comando automatizado.

Se suele desplegar para proteger bases militares e infraestructura estratégica.

Aunque existen sistemas más capaces y modernos en los arsenales ruso y estadounidense, el S-300 se ha mantenido actualizado y en la región no tiene comparación alguna.

Venezuela compró las baterías de S-300, en su versión VM, en 2009 y las recibió en julio de 2013. Hasta el momento el S-300VM es utilizado sólo por Rusia y Egipto, además de Venezuela, aunque otras versiones se encuentran operativas en otros países del mundo, como Siria, donde han servido como elemento disuasivo para los ataques israelíes.

El pasado domingo dos aeronaves de transporte de la Fuerza Aérea de Rusia aterrizaron en Caracas con 100 militares rusos y 35 toneladas de equipo, aunque no se conoce en detalle su misión. No se había reportado el despliegue operacional de estas armas en Venezuela.

El sistema antimisiles de fabricación rusa S-300VM llegó a Venezuela en 2013, aunque no se había reportado su uso operativo hasta ahora, informó este lunes el portal de noticias Infobae.

En el arsenal venezolano, el S-300 funciona junto a los cañones Zu-23, los misiles Buk-2M y Pechora-2M, en un sistema escalonado de defensa antiaérea. Todo el equipo es de origen ruso, dado que Moscú se ha convertido en los últimos años en el principal proveedor de material bélico de Venezuela y uno de sus aliados más leales.

¿Qué es un S-300 VM?

Los misiles disparados por el S-300 VM tienen un alcance máximo de 200 kilómetros para aeronaves y 40 kilómetros para misiles balísticos. La altitud máxima a la que pueden dar con estos blancos es 30 mil y 25 mil metros, respectivamente. En tanto una batería puede rastrear hasta 100 objetivos distintos y disparar contra un máximo de 24 al mismo tiempo.

Aunque ha sido superado por otros sistemas de armas, el S-300 es el escudo antimisiles más avanzado en América Latina.

Emplazado en la base Capitán Manuel Ríos, unos 100 kilómetros al sur de Caracas, el sistema puede proteger el espacio aéreo de la capital y el centro norte del país, donde existen numerosas bases aéreas de la FANB.

Fabricante: Fue desarrollado en la Unión Soviética.

Diseño: Su primera versión entró en servicio en 1978 y fue desarrollada en tiempos de la Unión Soviética, aunque Moscú continuó actualizándola desde entonces.

Prueba: Las primeras versiones entraron en servicio en 1978. Son un sistema de defensa contra aeronaves, misiles balísticos y misiles de crucero que pueden funcionar en cualquier clima.

Notimex
Caracas, Venezuela
Martes 26 de marzo de 2019.


Estados Unidos "está violando la Carta de la ONU"; ello constituye una "injerencia no disimulada" en los asuntos internos de un Estado soberano denunció la cancillería rusa sobre la injerencia de Trump en Venezuela


El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Geng Shuang, ha declarado este martes que las naciones latinoamericanas son países soberanos, capaces de decidir por su propia cuenta con qué Estados colaborar.

"América Latina no pertenece a ningún país y no es el patio trasero de nadie", recalcó Geng.

A continuación el portavoz de la Cancillería china subrayó que su nación "siempre apoya el desarrollo de las relacionas amistosas con los países" de la región, entre ellos Venezuela.

En el contexto de la situación actual en ese país latinoamericano, Geng hizo hincapié en que sólo el pueblo venezolano puede encontrar una salida a la crisis política que vive su nación estos días. "La cuestión venezolana puede ser resuelta solo por el pueblo venezolano, la estabilidad en Venezuela redunda en interés del país, así como de la región", reiteró.

Anteriormente, el asesor de Seguridad Nacional del presidente de EE.UU., John Bolton, afirmó a través de su cuenta personal de Twitter que Washington no tolerará "potencias militares extranjeras hostiles" que impiden alcanzar "objetivos de democracia, seguridad y el Estado de derecho, compartidos en el hemisferio occidental".

"El Ejército venezolano debe estar con el pueblo de Venezuela", precisó.

A su vez, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, afirmó este lunes en Twitter que Washington trata de "interferir en los programas de cooperación técnica-militar entre Rusia y Venezuela", al mismo tiempo que el país norteamericano tiene un gran número de bases militares en todo el mundo —"buena parte" de las cuales se ubica en América Latina— y "un presupuesto militar creciente de más de $700 millardos". Arreaza calificó este comportamiento de las autoridades estadounidenses de "cinismo".

Por otra parte, este 25 de marzo, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, mantuvieron una conversación telefónica donde se discutieron temas relacionados con la situación de Venezuela.

En este diálogo, Lavrov destacó que los intentos de Washington de organizar un "golpe de Estado" en Venezuela y las amenazas contra su Gobierno legítimo "están violando la Carta de la ONU", y agregó que ello constituye una "injerencia no disimulada" en los asuntos internos de un Estado soberano.

Por su parte, según cita el Departamento de Estado estadounidense, Pompeo hizo saber a su homólogo ruso que EE.UU. y sus aliados regionales "no se quedarán de brazos cruzados" mientras Rusia "exacerba las tensiones en Venezuela" con sus actividades de cooperación con ese país sudamericano. El diplomático calificó estas acciones como un "comportamiento no constructivo" pese a que se realizan de acuerdo a contratos bilaterales amparados por el derecho internacional.

RT
Beijing, China
Martes 26 de marzo de 2019.


Los aviones que aterrizaron fueron dos bombarderos estratégicos Tu-160, los cuales pueden, incluso, transportar armas nucleares

La mañana de este domingo, dos aeronaves militares con una bandera rusa aterrizaron en el aeropuerto internacional de Maiquetía, el principal de Venezuela, de acuerdo con la prensa de ese país y un legislador de la oposición.

De acuerdo con el periódico El Nacional, fueron un poco más de cien militares rusos quienes arribaron al país liderado por Nicolás Maduro, quienes trajeron 35 toneladas de un material no especificado y bajo el mando del mayor general Vasilly Tonkoshkurov.

Por su parte, el diputado Williams Dávila señaló el hecho a través de su cuenta de Twitter, en la que alertó sobre la situación e indicó que el aterrizaje viola la Constitución de Venezuela.

    “Después no protesten si vienen misiones de otros países, porque esta misión rusa que está llegando viola la Constitución”, escribió Dávila en su cuenta de Twitter.

Hasta el momento, se desconoce el motivo de la visita, no obstante, tanto Venezuela como el gobierno de Rusia, encabezado por Vladimir Putin, informaron que integrarían mesas de trabajo para reforzar la defensa del país liderado por Maduro por posibles ataques.

Los aviones que aterrizaron fueron dos bombarderos estratégicos Tu-160, los cuales pueden, incluso, transportar armas nucleares y que previamente participaron en ejercicios militares conjuntos con Venezuela.

Finalmente, Rusia es uno de los mayores aliados del presidente Nicolás Maduro, quien ha expresado su agradecimiento al presidente Putin.

El Nacional
Reporte Índigo
Ciudad de México
Domingo 24 de marzo de 2019.



Más de un millar de militares venezolanos que desertaron hace un mes aguardan en casas, hoteles y albergues transitorios sin ocultar su malestar por las condiciones en las que viven


Fueron recibidos por tres presidentes extranjeros como héroes de la patria que habían logrado romper el cerco chavista el 23 de febrero al huir a Colombia. Ante ellos se cuadraron y, todavía con el traje verde olivo puesto, se sumaron a los más de 50 países que reconocen a Juan Guaidó como mandatario interino de Venezuela y juraron lealtad al Gobierno que encarna. Fue la imagen más poderosa de una tensa jornada que terminó con camiones con comida y suplementos médicos quemados. Poco se volvió a saber de ellos hasta que hace una semana aparecieron tras la reja de uno de los albergues donde están confinados para denunciar el olvido en el que se encontraban. No habían podido hablar con sus familiares, no tenían dinero y se sentían abandonados a su suerte. El Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) los trató como a los otros solicitantes de asilo de entre los más de 1,2 millones de venezolanos que han cruzado a Colombia y les dio alojamiento y después tres días para dejar el albergue con cien dólares, una colchoneta y un mapa con el que buscarse la vida. El halo de heroicidad que acompañaba su valiente decisión pronto se convirtió en un desesperado mensaje.

Lograr la deserción del mayor número de militares de un ejército con más generales que la OTAN ha sido el objetivo principal de Guaidó desde el 23 de enero, cuando se juramentó como presidente encargado. En el alto mando reside el pilar fundamental sobre el que se sostiene el Gobierno de Nicolás Maduro. En cada mitin, en cada entrevista o en cada intervención, Guaidó insiste en pedir que abandonen a Maduro como forma de lograr el quiebre necesario para lograr la salida del mandatario. Las lacónicas declaraciones de los soldados, convenientemente aireadas por el chavismo, fueron un jarro de agua fría para su estrategia.

En el hotel Villa Antigua, en Villa del Rosario, están cerca de 300 que tramitan su estatus de refugiados. Un robusto dispositivo policial los resguarda. Allí, con estrictos horarios, un empleado del hotel anota las entradas y salidas. Nadie más puede traspasar la reja. Desde atrás de esa barrera, el sargento Luis González denunció el pasado sábado que se sentían abandonados, pues ACNUR les había dado un plazo de tres días para desalojar. “Nos iban a entregar una colchoneta, una sábana, 350 mil pesos (110 dólares) y un mapa”, alegó. Un día después, la Cancillería colombiana informó que seguirá proporcionando comida y alojamiento hasta que se concreten soluciones a mediano plazo.

Los representantes de Guaidó han trabajado contrarreloj para desactivar el malestar, y de momento han conseguido extender los plazos hasta finales de mes, aunque reconocen que el volumen los ha desbordado. “Estamos trabajando en un programa de formación y adiestramiento en actividades de naturaleza civil”, explica Humberto Calderón Verti, el embajador en Colombia designado por Guaidó. “Andamos buscando una solución permanente”. El presidente de Colombia, Iván Duque y el de Chile, Sebastián Piñera, anunciaron este fin de semana un acuerdo para hacerse cargo de los cientos de militares. “Colombia ha sido extremadamente generoso teniendo en cuenta el problema que es tener tantos militares en la frontera. Están tomando las cautelas necesarias en lo que a contrainteligencia se refiere para cuidar su seguridad nacional. Maduro podría estar pensando en enviar topos y espías sobre los que Colombia debe tomar medidas”, explica la analista venezolana Rocío San Miguel. Para la especialista en las Fuerzas Armadas, el vídeo fue una “señal de alerta importante” para el hombre que intenta gobernar Venezuela haciendo las cosas de otra manera.

Hijo y nieto de militares, la vocación marcial corre por las venas de Iván Martínez, de 42 años, hasta hace poco sargento primero de la Milicia Bolivariana de Venezuela, en la que ingresó en 2009 tras pertenecer a la infantería de Marina. Así lo atestiguaba el anillo de promoción de su abuelo, que tuvo que entregar como moneda de cambio para que lo liberaran después de ser víctima de un secuestro exprés recién llegado a Cúcuta, la principal ciudad fronteriza de Colombia, donde espera por un salvoconducto, el anhelado documento que necesita para asentarse. Su infortunio es un reflejo de la precariedad que ha tenido que enfrentar una buena parte de los más de 1.000 uniformados venezolanos –entre militares, policías y demás cuerpos de seguridad- que, según la Cancillería de Colombia, atendieron el llamado del presidente de la Asamblea Nacional.

Parece lejano aquel día en que los disidentes fueron recibidos como héroes, entre gritos de júbilo. Desde que la prometida “marea humana” fue repelida por las armas y los gases lacrimógenos de los militares y los colectivos chavistas que respaldan a Maduro, se ha producido un permanente goteo de deserciones. Como Martínez, unos 1.100 miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han cruzado la frontera, junto a cerca de 500 familiares. La inmensa mayoría ha llegado a Cúcuta, la ciudad con la segunda mayor tasa de desempleo de Colombia, por la infinidad de pasos ilegales conocidos como trochas. Algunos llegan con uniforme y armamento, otros lo hacen de civil. Agentes antidrogas han pasado con sus perros, y hasta ahora el oficial de más alto rango ha sido un mayor.

En el cuerpo de combatientes de la milicia los instaban a convertirse en una fuerza irregular para apoyar al régimen chavista así tuvieran que combatir contra el mismo Ejército y la Guardia Nacional Bolivariana, recuerda Martínez. Ellos debían ser la “resistencia activa de la revolución bolivariana”, relata junto a sus tres hijos, frente a la habitación que alquila por 220.000 pesos mensuales (70 dólares) en una casa de una humilde barriada popular. Ya había sido testigo de irregularidades como el desvío de comida, y la idea de “irse al monte” lo terminó de desencantar. Mientras él estaba destacado en Yaracuy, a su familia la había instalado hacía meses en la fronteriza Ureña. Siguiendo los pasos de su esposa y sus hijos, Martínez entró el mismo 23 por una trocha cercana al puente Francisco de Paula Santander, el paso donde ardieron un par de camiones.

“Yo lo que esperaba era entrar a Venezuela con esa ayuda y que ese mismo día las cosas iban a cambiar. Me equivoqué”, repasa. Esperó unos días por su cuñado, un policía, y se entregaron a las autoridades colombianas el pasado 28 de febrero. Los interrogaron en el puente de Tienditas. Cuando se presentaron, los refugios estaban atiborrados. “Yo fui para ACNUR a hacer preguntas, y no me dieron soluciones”, resume sin amarguras. Así que optó por alquilar el cuarto. Apremiado por las circunstancias, salió a vender un celular de su hijo. Fue entonces cuando lo obligaron a montarse a un taxi a punta de pistola y lo retuvieron en una bodega. Lo amenazaban con hacerlo pasar el río para entregarlo en Venezuela a menos que les diera algo de valor. Solo atinó a pensar en el anillo de oro del abuelo, que perteneció a la infantería de marina.

Su cuñado, Jesús Ramos, era oficial jefe de la policía de la zona metropolitana que conforman Lechería, Puerto La Cruz y Barcelona, en el Estado Anzoátegui. Ya había tenido problemas por rehusarse a reprimir manifestaciones, de modo que decidió desprenderse de su uniforme y dejar su arma antes de iniciar una travesía que le tomó diez días. “Es un cambio drástico, pero aquí estoy tranquilo. Allá uno no podía dormir. Bajo el mando de ese señor [Maduro] era reprimir, reprimir y reprimir. Y eso no es vida. No es la ética de un profesional. Yo me formé para cuidar, proteger”, apunta mientras se toma una pausa en una jornada de lavar carros en una estación de servicio. Admite que se siente desatendido, pero mantiene el optimismo: “Si tomamos decisiones es porque en Guaidó vimos una esperanza, y aún la mantengo”. Todavía se siente un miembro activo de la policía. “Desertor no, pero sí me desprendo de un régimen”.

La deserción masiva, no obstante, nunca llegó pese a los esfuerzos de Guaidó. O no la de la cúpula militar. La estrategia se encontró con un muro de miedo al interior de la FAB: espionaje, presiones, castigos y represalias contra las familias de los soldados que abandonan son un recurso habitual para mantener prietas las filas. Las imágenes de los militares quejándose del trato recibido esta semana han hecho el resto, corrieron de teléfono en teléfono entre la soldadesca para tratar de demostrar que al otro lado de la frontera no estaba el paraíso prometido.

El Ejército venezolano cuenta con entre 136.000 y 140.000 efectivos, una cifra relativamente baja en comparación con los más de 330.000 de Colombia. Sin embargo, desde el año 2012 se ha producido un lento y silencioso abandono de la tropa hacia la vida civil en contraste con el aumento de generales, alrededor de 1.100, más que en Estados Unidos, lo que ha alterado la pirámide castrense, señala San Miguel. Esa cúpula, controlada por el general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, controla como un cártel los más variados negocios: desde medicamentos a maquinillas de afeitar.

Según la analista, en la actualidad, habría unos 500 militares desertores en Colombia –sin contar miembros de otros cuerpos de seguridad- y calcula que otros 4.000 no habrían salido de Venezuela. El perfil del desertor es un soldado joven, con un salario de ocho dólares al mes, sin familia y que estaba destinado a zonas fronterizas. “Aunque todas las cifras son aproximadas porque todo lo que hace referencia al ejército es una caja negra que Chávez guardó con un candado y del que Maduro tiró la llave”, señala.

Pero más allá del volumen de las deserciones, la estrategia de minar el ejército tiene relevancia en la medida en que cada alto mando que abandona se convierte en una fuente inacabable de revelaciones sobre la putrefacción al interior de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, el cuerpo más oscuro de cuanto rodean al madurismo.

La semana pasada el general Carlos Rotondaro, exministro de Sanidad, se fugó a Colombia desde donde ha revelado cómo el Gobierno guardaba los medicamentos para las elecciones o el corrupto sistema de compraventa de insumos. Aunque él es parte importante del desfalco del sistema de salud son muchos los que prefieren taparse la nariz y escuchar las atrocidades reveladas. Otro nombre importante es el de Hugo Carvajal, uno de los hombres más cercanos a Hugo Chávez y exjefe de inteligencia militar de Nicolás Maduro, que desde hace un mes ha ahondado en las acusaciones sobre las redes de corrupción, narcotráfico y triangulación de activos en el país petrolero.

“La pregunta es cómo Rotondaro no está preso”, señala San Miguel para explicar las dificultades de Colombia para procesar la llegada de efectivos militares. “Hay grandes dilemas que Colombia está manejando con extrema generosidad dentro de la complejidad que supone tener un número tan importante de efectivos militares en su país del que las tres cuartas partes son tropas y apenas unos pocos oficiales de comando”. Según la analista es muy complicado manejar las expectativas de la tropa, mucho más que las de un general que suele tener recursos propios para sostenerse.

Cleberth Delgado, detective jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), también atravesó Venezuela, desde el Estado Delta Amacuro, en el extremo noreste del país, para cruzar por una trocha con su pistola en mano y entregarse en el puente Simón Bolívar el pasado 5 de marzo. Como otros, antes grabó un video de redes en el que desconocía al heredero de Hugo Chávez. En el puente entregó su dotación y armamento, aunque conserva el carné que lo acredita como miembro del CICPC. De ahí lo llevaron a Tienditas para interrogarlo, y luego lo instalaron junto a su familia en uno de los hoteles del centro junto a otra veintena de militares. Les entregaron 400.000 pesos (130 dólares), pero a los cinco días decidió mudarse por seguridad, pues temía a los espías e infiltrados.

“Tienen más poder los delincuentes que los cuerpos de seguridad”, se lamenta en un café de Cúcuta, al que llega acompañado de su esposa y su hijo de 5 años. Cuenta que en el CICPC se siembran evidencias falsas, y que cualquier investigación que involucre a los colectivos o a la temida Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) queda en suspenso por órdenes superiores. Hay tantas historias como desertores, pero como regla general los que dejaron familiares del otro lado son los más reacios a hablar, pues temen represalias. Los testimonios coinciden en que las condiciones en los cuarteles son tan difíciles como en el resto de Venezuela, y el salario no alcanza. Pero lo que debía ser un poderoso ejemplo para seguir los pasos de los disidentes, ha dado paso a la sensación de que muchos de ellos están a la deriva.

El País
Jacobo García
Santiago Torrado
Madrid/Cúcuta / Caracas
Domingo 24 de marzo de 2019.

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