La Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre pidió al gobierno de José Antonio Gali Fayad que no criminalice a Meztli Sarabia Reyna, luego de que el gabinete de Seguridad afirmó el pasado lunes que la hija de Rubén Sarabia Sánchez Simitrio fue ultimada porque la organización se negó a hacer el cobro de piso para la venta de drogas y ropa de origen estadounidense en el Mercado Hidalgo a favor de un grupo delictivo.

A pesar de que el fiscal para Secuestros y Delitos de Acto Impacto, Fernando Rosales, aseguró que el homicidio de la activista ya estaba resuelto, el padre de ésta afirmó que las pesquisas siguen en curso, ya que no todas las líneas de investigación pueden haber sido agotadas.

Los abogados Samuel Porras Rugerio y Tonatiuh Sarabia advirtieron que en estos momentos los familiares de Meztli Sarabia y sus asesores legales no pueden fijar un posicionamiento hasta conocer por completo el contenido la carpeta de investigación, la cual les sería entregada ayer, según un compromiso que hizo con ellos el fiscal.

En la rueda de medios ofrecida al mediodía de ayer también estuvieron Rita Amador López y María de la Luz Gálvez Javier, conocida como Julia. Todos los dirigentes de la UPVA coincidieron en que no se puede dar por hecho que el móvil del crimen fue el cobro de piso –como supuestamente lo han declarado los dos detenidos– porque no hay antecedentes de que grupos delictivos hubieran amenazado a la 28 de Octubre o de que la víctima hubiera recibido amagos.

“Nosotros no rechazamos ninguna línea de investigación, lo que estamos rechazando es la imputación respecto al probable ajuste de cuentas, porque eso implica desde el primer momento la intención de criminalizar a la víctima. No hay antecedentes porque no se cobra bajo ninguna circunstancia el derecho de piso y en nuestro caso no hay ninguna circunstancia de esa naturaleza de ninguna fuerza externa ni oficial ni extraoficial, lo que ha habido ha sido el uso de parte del gobierno anterior de grupos de lo que llamamos gobiernistas en relación a provocaciones y agresiones, pero más allá de ello no hay”, aseveró Rubén Sarabia Sánchez.

Añadieron que el homicidio se cometió en un clima de absoluta represión y espionaje a la organización por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle, que incluyó procesos judiciales contra sus líderes –Rubén Sarabia– la apertura de 127 expedientes de investigación contra otros miembros de la UPVA, la intervención del teléfono de Meztli Sarabia, amén de la privación ilegal de ella y su pareja, quienes fueron amenazados.

“Existe el antecedente de la privación ilegal de la libertad y existe la denuncia esta cuestión. (Meztli) fue encañonada y la dejaron a unas calles de su casa, ese es el único antecedente que tenemos y que está documentado, pero también tenemos que saber también si es parte de este contexto”, apuntó Tonatiuh Sarabia.

Recordó que diversos organismos internacionales, incluida la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han considerado que el crimen contra Meztli Sarabia se debió a su actividad como defensora del derecho al trabajo.

“No hay esclarecimiento, hay una presentación de presuntos responsables; además, las investigaciones están todavía en curso. No vamos a caer en un debate con ellos y sus hipótesis, nosotros somos los principales interesados en que esto se esclarezca y si ellos determinan que se tienen que agotar todas las líneas de investigación, estamos de acuerdo, pero estamos claros que no había un antecedente de esto. Al momento estamos siendo respetuosos y lo seguiremos siendo de la investigación y en los juicios se va a tener que sustentar todo lo que están diciendo”, indicó.

“No vamos a caer en un debate con ellos y sus hipótesis, nosotros somos los principales interesados en que esto se esclarezca, estamos siendo respetuosos de la investigación y así lo seremos, pero todo esto que están diciendo en los juicios se tendrá que sustentar y probar, porque quien afirma está obligado a probarlo”, insistió.

En ese sentido, los líderes de la 28 de Octubre advirtieron que la criminalización de Meztli Sarabia supone también la criminalización del resto de la organización.

Los abogados resaltaron que habrán de revisar la carpeta de investigación y esperar a que el juez de control los convoque para hacer patente las violaciones podrían haberse cometido al debido proceso, pues no se les notificó de una audiencia de vinculación a los dos detenidos presentados ante los medios ayer por el gabinete de Seguridad que encabeza el secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano.

“Las autoridades tendrán que demostrar que estas personas detenidas son los culpables a través de los juicios. Nosotros no tenemos conocimiento de manera oficial y tengo entendido que ayer se desarrolló una audiencia de vinculación a proceso pero no fuimos invitados”, indicó Tonatiuh Sarabia.

La Jornada de Oriente
Martín Hernández Alcántara
Ciudad de Puebla, México
Martes 3 de abril de 2018.

Analizará junto con otras organizaciones internacionales si se lleva el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Marcel Chalreo, asesor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sostuvo que la detención del líder de la 28 de Octubre, Rubén Sarabia Sánchez, alías Simitrio, fue "arbitraria, inconstitucional e ilegal", por lo cual analizará junto con otras organizaciones internacionales si se lleva el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Simitrio fue arrestado el pasado 19 de diciembre cuando iba a sostener una reunión con el entonces secretario de Gobernación municipal, Guillermo Aréchiga Santamaría. El argumento fue que violó su acuerdo preliberatorio, aunque luego se le imputaron otros cargos por narcomenudeo y venta de espacios.

Poco antes de entrar al penal de San Miguel, en la ciudad de Puebla, el abogado de origen brasileño apuntó que la visita al dirigente de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA 28 de Octubre) tiene el objetivo de entender mejor su proceso penal, así como de manifestar su apoyo y solidaridad.

Señaló que si bien no conoce muchos de los casos de presos políticos en Puebla, sí ha notado que el Estado Mexicano y sus entidades incumplen el Pacto de San José de Costa Rica, también conocido como Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En los cuatro años de la administración de Rafael Moreno Valle Rosas, 136 opositores al gobierno o sus obras han sido arrestados y 16 de ellos siguen en prisión.

Recurrirá a organismos internacionales

El también presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Río de Janeiro dijo que como una forma de presión, para que los gobiernos federal y poblano cambien su postura ante las violaciones a derechos humanos, llevará el caso de Simitrio a instancias internacionales.

La acción, que podría ser respaldada por la Asociación Americana de Juristas, consiste en solicitar la intervención a favor del luchador social en los Foros Internacionales de Justicia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, finalmente, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"Creo que la primera iniciativa será una iniciativa junto a la Comisión Interamericana para un juicio administrativo previo y si es necesario se lleva a la Corte después", apuntó el asesor de la ONU en una entrevista.

Asimismo sostuvo que analizará si se interpone un amparo internacional a favor de Sarabia Sánchez, esto dependiendo de la aceptación del país de ciertos acuerdos, además de que brindará apoyo social.

Hubo presencia militar en Cereso

Acompañando a Marcel Chalreo acudió la esposa de Simitrio, Rita Amador López, su hijo y representante legal, Tonatiuh Sarabia Amador, así como el integrante del Consejo Democrático Magisterial de Puebla, Miguel Guerra, y una decena de comerciantes.

Cabe destacar que frente al Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel se encontraba una camioneta Hummer del Ejército Mexicano, con al menos diez soldados.

e-consulta
Samantha Páez
Martes 17 de febrero de 2015.

 

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