Ciudad de México— En la historia de la guerra moderna es mucho más probable que un combatiente hiera a un enemigo, en vez de matarlo.

Pero en México es al revés.

Según las cifras del Gobierno, las Fuerzas Armadas Mexicanas matan con una eficiencia abrumadora, apilan cuerpos a gran velocidad.

Las autoridades mexicanas dicen que sus soldados están mejor entrenados que los miembros de los cárteles con los que se enfrentan. Pero los expertos que estudian el tema dicen que la tasa de muertos de las Fuerzas Armadas Mexicanas no tiene comparación y que revela algo mucho más oscuro.

Paul Chevigny, profesor jubilado de la Universidad de Nueva York y pionero del estudio de la letalidad en diferentes fuerzas armadas, dijo que “hay ejecuciones sumarias”.

Un estudio sobre las guerras desde finales de los años setenta del Comité Internacional de la Cruz Roja encontró que en la mayoría de los escenarios de combate entre grupos armados por cada persona muerta hay una media de cuatro heridos. A veces, incluso más.

En México la cuenta es a la inversa: el Ejército Mexicano mata a ocho enemigos por cada uno que hiere.

Para su fuerza de élite, la Marina, la discrepancia es aún más pronunciada: según sus propios datos, mata a 30 combatientes por cada uno que hiere.

Las cifras se desprenden del documento ‘Índice de letalidad 2008-2014: Disminuyen los enfrentamientos, misma letalidad aumenta la opacidad’ publicado en junio de 2015 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM). El trabajo tiene como fundamento una serie de estadísticas oficiales obtenidas mediante solicitudes de acceso a la información pública.

Las estadísticas, que el Gobierno dejó de publicar en 2014, ofrecen una imagen única sobre el papel que han asumido las Fuerzas Armadas Mexicanas en la guerra contra el crimen organizado. Durante la última década, a medida que los marinos y soldados mexicanos han sido enviados a la línea de combate, las violaciones a los derechos humanos se han disparado.

Aun así, las fuerzas armadas continúan siendo intocables, protegidas por un Gobierno reacio a imponerse sobre la única institución a la que puede enviar al combate. Se han tomado muy pocos pasos para investigar los miles de acusaciones de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que se han registrado desde que el entonces presidente Felipe Calderón declarara la guerra contra las drogas hace una década.

De las 4 mil denuncias por tortura revisadas por la Procuraduría General de la República (PGR) desde 2006, sólo 15 han terminado con una condena.

Juan E. Méndez, relator especial sobre la tortura de Naciones Unidas, dijo que “la tortura no sólo es generalizada, sino que está rodeada por la impunidad. Si el Gobierno sabe que es frecuente y no se presentan cargos o aquellos que llegan a juicio no van a ningún sitio, la culpa es del Estado”.

Las Fuerzas Armadas Mexicanas no respondieron a las solicitudes de entrevista. El general Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa, ha exculpado a la institución al decir que es la única que se enfrenta al crimen organizado y que, además, está ganando la batalla.

“Estamos en las calles porque la sociedad nos los pide”, dijo Cienfuegos al diario Milenio este mes.

El Ejército ha matado a alrededor de 3 mil personas entre 2007 y 2012. En ese período han muerto 158 soldados. Hay quienes creen que esa cifra de muertos es puro pragmatismo. En México, donde menos del dos por ciento de los homicidios terminan en condena, las Fuerzas Armadas matan a sus enemigos porque no se puede confiar en el sistema judicial.

El Gobierno ha recibido oleadas de presión por este tema. En marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el comportamiento de México en materia de derechos humanos, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales; la CIDH se sumó así al informe previo de Naciones Unidas que decía que la tortura se practica de manera generalizada.

Hace varias semanas, se hizo pública una grabación, que se volvió viral, en la que un soldado golpea a una mujer mientras un agente de la policía le pone una bolsa en la cabeza para asfixiarla. Hubo una petición de disculpas públicas por parte de las Fuerzas Armadas, algo nunca antes visto.

Incluso en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, el papel del Ejército y la protección con la que cuenta ha sido objeto de controversia y polarización. Según el informe de la comisión de expertos extranjeros que investigó el caso, la noche de la desaparición hubo soldados presentes. Sin embargo, el Ejército no aceptó entrevistarse con los expertos y el gobierno no se lo exigió.

El Gobierno dice que se toma en serio los derechos humanos y aprueba leyes para contrarrestar los abusos, proteger a las víctimas y permitir que se juzgue a los soldados en tribunales civiles. Afirma que hay una política de derechos humanos nueva en el Ejército y señala que, durante la administración del presidente actual, las quejas contra el Ejército han disminuido de manera importante.

“Cada informe sobre violaciones de los derechos humanos es inquietante”, dijo el Gobierno. “Pero esos casos aislados no reflejan el estado general de los derechos humanos en el país”.

Aunque las denuncias por tortura contra las Fuerzas Armadas han caído desde 2011, fecha en la que se redujo de manera importante el despliegue de tropas en el país, la letalidad de los encuentros no ha disminuido según los datos hechos públicos a principios de 2014.

La relación singular entre el Ejército y el Gobierno se remonta a más de 70 años, cuando el país salió de una guerra civil. Para mantener la estabilidad, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) llegó a un acuerdo con las Fuerzas Armadas: a cambio de una autonomía casi total, el Ejército no intervendría en política.

A diferencia de la mayoría de países de América Latina, en México nunca ha habido un golpe de Estado. Y aunque el Gobierno a menudo no ha sido generoso con el presupuesto dedicado a la defensa, siempre ha protegido al Ejército del escrutinio externo.

Y esa protección se ha mostrado de vital importancia desde 2006, cuando el Ejército salió a las calles para combatir a los carteles y como consecuencia aumentó la violencia. A medida que las denuncias alcanzaban cifras récord, el Gobierno optó por no hacer nada por limitar al Ejército en su competencia.

Y desde hace dos años, las Fuerzas Armadas dejaron de publicar las cifras de muertos. Sin esos datos, según los expertos, es muy difícil saber el nivel de violencia real que ha alcanzado la guerra contra el crimen organizado.

Algunos episodios llegan a los tribunales, como un enfrentamiento en Tlatlaya, cerca de Ciudad de México, donde el Ejército mató a 22 personas en junio de 2014. El Ejército hizo alarde de que durante el combate sólo resultó herido un soldado.

El caso se convirtió en un escándalo de inmediato. La Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que por lo menos 15 de las víctimas fueron ejecutadas y que los soldados habían alterado la escena para que pareciera que hubo un combate.

Incluso así, los tres soldados a los que se acusó por su responsabilidad en los hechos fueron absueltos por la justicia la semana pasada. El único soldado condenado, por desobediencia, ya cumplió su sentencia.

La impunidad existe pese al incremento de los vínculos con el Ejército de Estados Unidos a través de ejercicios, entrenamiento y ventas de material que tienen como objetivo incrementar la profesionalidad y, por extensión, el respeto de las Fuerzas Armadas Mexicanas a los derechos humanos.

Hace dos años, Estados Unidos aceptó vender helicópteros black hawk a México en un acuerdo que podría valorarse en más de mil millones a lo largo de 25 años, que también acercará al Ejército Mexicano a los estándares de Estados Unidos.

“No sólo les vendimos los helicópteros”, dijo Todd M. Rosenblum, quien fuera un alto funcionario en políticas sobre México para el Pentágono. “Les vendimos 15 años de colaboración estrecha que no hubiéramos podido tener de otra manera”.

La cercanía ha hecho poco para suavizar las críticas en el Congreso estadounidense.

“Ni todo el entrenamiento del mundo funcionará si no hay personas al mando que crean en la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas”, dijo el senador demócrata de Vermont, Patrick J. Leahy.

Para mayor preocupación del Gobierno de México, algunos casos de abuso han logrado llegar a las instituciones internacionales.

El 29 de diciembre de 2009, tres personas desaparecieron en el estado de Chihuahua y nunca se volvió a saber de ellas. Tras buscar un recurso legal a nivel estatal, federal y militar, los familiares llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2011.

Cinco años después, la comisión entregó su reporte confidencial, según dos personas que conocen el caso. Si la comisión halla responsable al Ejército de las desapariciones, como se espera, la resolución podría ser vinculante.

También existe otro caso ante la Corte Penal Internacional: un grupo sin fines de lucro en Baja California recolectó más de 90 ejemplos de lo que considera tortura realizada por el Ejército Mexicano desde 2006 a 2013. La Corte aún no ha respondido a la solicitud.

El expediente incluye el caso de Ramiro López, quien fue arrestado con otras tres personas y torturado por el Ejército en junio de 2009. Los hombres casi fueron asfixiados con bolsas de plástico y recibieron toques eléctricos en los genitales antes de ser presentados como secuestradores y de que fueran sentenciados por ello.

Pero en 2015, tras una investigación poco común de Naciones Unidas, se resolvió que los hombres no eran culpables. El Gobierno los absolvió, pero no buscó a los responsables de dicha confesión forzada.

“Ellos no deberían intentar justificar su trabajo con confesiones obtenidas bajo tortura”, dijo Mayra, hermana de Ramiro López. “Pero tampoco parece que esto vaya a cambiar pronto”.

The New York Times
Ciudad de México
Jueves 26 de mayo de 2016.

Tras denunciar una red de prostitución y pornografía infantil en el año 2005, Lydia Cacho fue detenida y trasladada del estado de Quintana Roo a Puebla, gobernada entonces por el priista Mario Marín y uno de los acusados de participar en dicha red de prostitución.

Ciudad de México. - La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció su facultad de atracción para revisar un amparo promovido por la periodista Lydia Cacho en contra de una orden judicial de que se tenga que carear con policías ministeriales de Puebla que la privaron de su libertad luego de que denunciara la existencia de redes de pornografía infantil que operaban en Puebla.

A propuesta del ministro José Ramón Cossío, la Primera Sala del Alto Tribunal resolvió que el caso es de interés y trascendencia por que el fondo del juicio de amparo está vinculado con las medidas de protección que se le deben otorgar a una víctima de tortura, en este caso Lydia Cacho, para prevenir una afectación emocional o psicológica durante un careo con los inculpados de cometer el delito.

El expediente del caso establece que, tras denunciar una red de prostitución y pornografía infantil en el año 2005, fue detenida y trasladada del estado de Quintana Roo a Puebla, gobernada entonces por el priista Mario Marin y uno de los acusados de participar en dicha red de prostitución.

Durante el traslado, Lydia Cacho fue torturada por los policías judiciales, por lo que presentó una denuncia penal por estos hechos, de la cual se desprendió una orden de aprehensión y de captura en contra de los presuntos responsables.

Una vez detenido uno de los inculpados, el juez de Distrito ordenó el desahogo de los careos constitucionales ofrecidos por la defensa del acusado, los cuales pretendía efectuar a través de videoconferencia entre el procesado y Cacho Ribeiro.

Sin embargo, la autora del libro “Los Demonios del Edén” promovió amparo en su calidad de víctima, el cual le fue concedido por el juez federal, para el efecto de que se establecieran medidas de protección a su favor, pero sin que se fijarán los lineamientos mínimos a la autoridad responsable para garantizar que la víctima sufriera una afectación a su salud física y emocional, incluyendo la posibilidad de prescindir totalmente de dicha diligencia.

Con este juicio de amparo, se podrían establecer criterios para que los juzgadores en procesos penales investiguen la comisión de actos de tortura y malos tratos a fin de resguardar y garantizar los derechos de las víctimas, incluyendo la temporalidad de las medidas que se deben adoptar.

Además, la Corte se deberá pronunciar sobre si basta evitar el contacto físico y visual entre los presuntos agresores y las víctimas para cumplir con la obligación de proteger a estas últimas y si derivado de los estudios médicos y psicológicos que se realicen a las víctimas, se pueden cancelar careos para evitar la afectación de las mismas.

El Universal
Ciudad de México
Miércoles 13 de abril de 2016.

“Tenemos que reconocer que la tortura existe en México. Hay que atajarla, prevenirla y corregirla” sostiene Raúl González Pérez

Ciudad de México.- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, señaló que México tiene que atender las recomendaciones del relator especial de Naciones Unidas sobre Tortura, Juan Méndez, quien concluyó que la tortura y los malos tratos “son generalizados” en el país, en un contexto donde persiste la impunidad.

“Tenemos que reconocer que la tortura existe en México. Hay que atajarla, prevenirla y corregirla. Adicionalmente hay que favorecer todo aquello que coadyuve a evitar que se cometa esta violación a derechos humanos y por esos nosotros insistimos que más allá que las cifras se puedan aclarar esos diferendos.

“Lo importante es retomar las acciones que permitan evitar que estas conductas se den en el país. Es inadmisible la tortura en México; un solo caso es indignante y desde luego que tenemos que buscar que haya una cultura de respeto a los derechos humanos y eso pasa por evitar que se cometan hechos como la tortura”.

Luego de encabezar un convenio de colaboración con el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Ricardo Bucio, el ombudsman nacional insistió que en el país se tienen que prevenir la tortura y cuando se acredite se sancione a los responsables.

Sobre si los malos tratos son generalizados, respondió: “desde las cifras que tiene la Comisión Nacional no podría estar en esa concordancia….Lo propositivo es que lo que se recomienda es para prevenir la tortura y para que se corrija cuando ésta se ha dado.

“Es atendible las recomendaciones del relator sobre la cuestión que ustedes me comentan. No nos centremos en diferendos que no ayudan a las víctimas. Lo que hay que hacer son acciones que corrijan un fenómeno que sí existe en el país. La tortura existe en el país y hay que evitarla. No se puede perseguir el delito cometiendo violaciones a derechos humanos. Lo importante también es que lo que se dijo por Naciones Unidas es atendible.

Por eso, dijo, el exhorto para que se atiendan esas recomendaciones y, que en todo caso, “la cuestión del diferendo sobre loe extendido de la tortura o lo generalizado de la tortura es algo que se puede aclarar en función de las cifras, en lo que debemos centrarnos es que ninguna tortura se debe repetir. Tortura que no es investigada y sancionada, poder ser propiciatoria de más violaciones” insistió.

De acuerdo al informe global de la ONU, que se dio a conocer el mes pasado, presenta a México entre los 30 países que más violan los derechos humanos, al lado de Siria, Irak, Nigeria y Rusia; junto con Venezuela es el que tiene la peor situación en América Latina.

Además, concluye que hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, “pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces”.

La Jornada
César Arellano García
Jueves 9 de abril de 2015.

El relator sobre torturas de la ONU señala que las instituciones mexicanas no estaban preparadas para enfrentarse al crimen

Cuando Juan Méndez (Lomas de Zamora, Argentina, 1944) entra en una cárcel o comisaría, nadie osa cerrarle el paso. Es el relator especial sobre la Tortura de la ONU. Considerado una autoridad mundial en la materia, este catedrático de Derecho ha impartido clases en las universidades de Georgetown, Johns Hopkins y Oxford. También presidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero su verdadero conocimiento le viene de los años setenta, cuando era un joven abogado que defendía a presos políticos en Argentina. En represalia, durante un año y medio, fue confinado y torturado por la dictadura militar.

México no logra extirpar la tortura

Juan Méndez presenta este lunes en Ginebra su examen de México, fruto de una visita realizada entre el 21 de abril al 2 de mayo pasado. El resultado es demoledor. “La tortura y los malos tratos en la detención son generalizados y ocurren en un contexto de impunidad”, indica el informe, adelantado por EL PAÍS. La entrevista se hizo por teléfono. Méndez, en la habitación de su hotel, estaba preparando su intervención ante Naciones Unidas. Su tono fue siempre tranquilo.

Pregunta. Su informe es muy duro.

Respuesta. El informe es duro porque la realidad es difícil, y mi obligación es describir lo que vi.

P. ¿Hay motivos para tener miedo si se es detenido en México?

R. La tortura está generalizada en México en el contexto de la lucha contra el crimen organizado. En otros niveles, puede que ocurra menos o no ocurra. Pero en la lucha contra el crimen organizado todos los cuerpos que se ocupan de ella, desde militares a policías federales, estatales o municipales, muestran un patrón de conducta muy parecido, en métodos y duración. Todos incurren en la tortura. Por eso digo que está generalizada.

P. ¿Qué fue lo que más le impresionó de la visita?

R. La repetición de patrones. Escuché lo mismo de los testigos a los que hice entrevistas largas y minuciosas, que de aquellos que escogí al azar en cárceles. Nadie había sido bien tratado. Nunca hubiera pensado antes de venir a México que la tortura estuviera tan generalizada. Pero también me encontré con funcionarios federales y estatales comprometidos con el problema, sobre todo en la Suprema Corte de Justicia. Allí tienen la intención de tomar el toro por las astas.

Nunca hubiera pensado antes de venir a México que la tortura estuviera tan generalizada

 P. En vista de su informe, los casos de torturas son miles, pero solo se han registrado cinco sentencias condenatorias entre 2005 y 2013. ¿No cree que eso indica una absoluta indiferencia?

 R. No creo que sea indiferencia. La impunidad se debe a muchos factores, el principal es no tomar la tortura con la gravedad que tiene; otro es el hecho de que se interponen todo tipo de obstáculos a la investigación, entre ellos, un espíritu de cuerpo: policías y militares no se acusan unos a otros. Y los controles que hay son de papel y no son eficaces. Las mismas comisiones de derechos humanos, aunque tienen un efecto positivo, no están a la altura de las necesidades.

P. ¿Por qué cree que la tortura está tan extendida en México?

R. En México y en otros países, las policías y los investigadores penales se han acostumbrado a tener un alto grado de manos libres en los interrogatorios. Tratan de acortar camino en vez de investigar. Una vez que se acostumbran es muy difícil acabar con esa práctica. Para ello se requiere no sólo expresar públicamente una voluntad política, sino mucha tensión y coraje para separar a los malos elementos y castigarlos, para recuperar la autoridad democrática.

P. ¿Cree que la guerra contra el narco ha sido la causante de este escenario?

R. No es la guerra contra el crimen organizado la que crea el problema, sino la falta de control interno y de cumplimiento de la ley. México se ha enfrentado al crimen organizado con instituciones no preparadas.

P. En su informe se describe una pesadilla kafkiana, con la complicidad de médicos, defensores públicos, fiscales y jueces. ¿Cómo evitarlo?

R. No es tanto complicidad, como omisión del deber. En México, se hace inversión de la carga de la prueba: es el detenido quien tiene que demostrar que fue torturado, cuando debería ser la acusación fiscal, la encargada de sostener la licitud de la confesión. No postulo un cambio en las normas procesales, sino que jueces y fiscales se tomen en serio las que tienen.

P. Usted presenta una amplia lista de recomendaciones, ¿cuál es la fundamental?

R. Hacer un esfuerzo mayor para romper el ciclo de impunidad. Es lamentable que habiendo tantos casos, sean muy pocos aquellos donde se constata la comisión de torturas, y muchos menos los que derivan en sanción penal. También se debe fortalecer el acceso de abogados en el momento oportuno, y no dos o tres días después de la detención. La Corte Suprema ha avanzado bastante en ese aspecto y está trabajando en un protocolo de actuación.

P. ¿Ha descendido la tortura con la presidencia de Enrique Peña Nieto?

R. No he hecho comparaciones de un sexenio a otro, pero según las fuentes que he consultado aparentemente hay un descenso de un 30% de los casos reportados. Puede deberse a que haya fuerzas más conscientes, o simplemente menos casos. Es un paso adelante, pero no resuelve el problema. Un solo caso de tortura es demasiado.

P. ¿Quiénes torturan más, los militares o los policías?

R. Todos igual. No hay ninguno mejor que otro.

El País
Jan Martínez Ahrens
Madrid, España / México
Lunes 9 de marzo de 2015.

 

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