Ciudad de México – Las fuerzas detrás de la violencia en México, país que está encaminado hacia su peor año en décadas, se pusieron en marcha hace unos veinte años, a partir de dos sucesos que, en su momento, parecían ser únicamente victorias.

Primero fue la derrota de los carteles de la droga en Colombia, lo cual hizo mudar el núcleo de comercialización del tráfico de droga de ese país sudamericano a México. Luego, en el año 2000, México hizo su transición hacia una democracia multipartidista.

Eso significó que el tráfico de la droga se mudó a México al mismo tiempo en que su política y sus instituciones pasaban por un cambio, con lo que tenían una capacidad reducida para resolver un problema que, a menudo, empeoraban.

Desde entonces, se han presentado una serie de rachas de mala suerte, equivocaciones y crisis autoimpuestas que han resultado en el estallido de la violencia. El año pasado hubo 20.000 asesinatos. Este año pinta aún peor, pues se espera que supere el récord de 2011, que se había considerado el pináculo de la llamada guerra contra el narcotráfico.

“En otros países, el narcotráfico no es tan violento”, comentó Guillermo Valdés, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el servicio de inteligencia de seguridad nacional civil, en una entrevista en Ciudad de México.

“Me desespera”, dijo, mientras sacudía con la cabeza al hablar de los tropiezos de su país. “Porque la violencia está aumentando”.

Militares en patrullaje en 2009, tres años después de que fueron sacados de los cuarteles por el entonces presidente Felipe Calderón en la guerra contra el narcotráfico. Credit Adriana Zehbrauskas para The New York Times
En 2006, un nuevo presidente, Felipe Calderón, y un nuevo cartel recurrieron a medidas extremas y actualmente se siguen viendo las consecuencias.

La implosión de los carteles colombianos detonó en México una feroz competencia por el control del tráfico de drogas. Un nuevo cartel, La Familia Michoacana, se desprendió de una agrupación mayor y luego consolidó su poder mediante el despliegue de una violencia casi teatral. Aunque los objetivos de los ataques se centraban en otros carteles, lo macabro de los ataques impactó al país.

Ese mismo año, Calderón Hinojosa ganó la presidencia por un margen muy estrecho. Los organismos electorales y los monitores avalaron el resultado, pero su oponente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, lo calificó como ilegítimo. La victoria cuestionada y apretada dejó a Calderón sin un mandato sólido.

Poco después de asumir el cargo, el nuevo presidente declaró la guerra contra el narco y sacó a las fuerzas armadas de los cuarteles para pelearla.

Los críticos aseguran que Calderón Hinojosa quiso legitimar su presidencia mediante una demostración de fuerza. Sus defensores afirman que no tuvo opción.

México había sido un país unipartidista durante décadas y, al igual que muchos Estados similares, el control de los funcionarios locales se daba a través del clientelismo y la corrupción. Cuando el sistema vivió los cambios después de las elecciones del 2000, algunos carteles de la droga llenaron el vacío a nivel municipal y estatal: sobornando a presidentes municipales, policías locales y jueces. El Ejército y la Marina mexicanos eran los únicos con las armas y la percepción de autonomía como para responder a los narcotraficantes.

Así que inició la guerra contra las drogas, en la que han muerto decenas de miles de personas. Pero la situación también generó una serie de problemas que alimentan una violencia cada vez más frecuente y extensa.

Soluciones a corto plazo y problemas a largo plazo

Calderón adoptó la estrategia conocida como kingpin strategy, o de capo, en la que las tropas buscaban capturar o asesinar a los líderes de los carteles. Esta estrategia nutría los encabezados, mantenía contento a Estados Unidos y se podía consumar con muy poca intervención por parte de la débil y corrupta autoridad local.

Sin embargo, esta solución a corto plazo en la guerra contra el narco profundizó problemas a largo plazo.

Al pasar por alto a los presidentes municipales y gobernadores, debido a que las prácticas predemocráticas en México los habían llevado a una corrupción sistemática y sin rendición de cuentas, el gobierno terminó por reducir justamente esa rendición. Y al moverse por encima de la debilitada policía local y de los jueces, el gobierno permitió el deterioro de esas instituciones, con los fondos y la atención política enfocados en las fuerzas federales.

Las reformas que se necesitaban desesperadamente para corregir prácticas pasadas de moda (turnos policiales de 24 horas, estándares bajos para la recolección de evidencias y el que la mayoría de los cuerpos policiales no son los que realizan las investigaciones) se quedaron a la deriva.

Conforme la estrategia de capo fracturó a los carteles, comenzaron a surgir nuevos grupos de tráfico de drogas y delincuencia organizada.

Desde entonces, según Alejandro Hope, analista de seguridad y exdirector del Cisen, “ha habido un cambio significativo en la forma en que opera el crimen organizado en México”.

El narcotráfico requería de recursos e infraestructura de la que carecían las nuevas agrupaciones, lo cual propició que muchos comenzaran a secuestrar, robar y extorsionar. Los delitos rapaces repuntaron.

Los mexicanos comunes y corrientes, que antes eran en su mayoría solo testigos indirectos del conflicto, se convirtieron en blancos justo cuando el Estado los había dejado en una posición vulnerable por la situación con las fuerzas del orden.

“En ese proceso de fragmentación no hicimos el trabajo de estructurar a las instituciones de las fuerzas policiales”, comentó Valdés, quien dirigió el Cisen mientras se desarrollaban estos hechos. “Así que tenemos lo peor de lo peor”.

La solución del problema parece obvia: tener un cuerpo policial y procuradores de justicia sólidos, supervisados por políticos a quienes los ciudadanos exijan rendir cuentas, podría acabar con el vacío en el que florecen las bandas de delincuencia y los funcionarios corruptos.

En vez, el desorden y la violencia han aumentado.

Joy Langston, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en Ciudad de México, rastrea el origen de muchos de los problemas del país hasta una particularidad de su sistema político. Todos los candidatos políticos son seleccionados dentro del partido por este mismo (apenas se estableció la posibilidad de postularse como independiente) y, como no hay reelección, los funcionarios electos solo cumplen con un periodo antes de, usualmente, moverse a otro cargo.

Durante la era en la que el único partido en el poder era el PRI, actualmente en el gobierno, se suponía que esta práctica exigiría una rendición de cuentas; desde el líder del partido y hacia abajo. La supervisión de las instituciones, que en ese contexto quizá se pensó superflua, jamás terminó de desarrollarse.

La transición a una democracia plena, tal como se supone debe hacerlo, socavó el poder de ese partido que alguna vez lo abarcó todo. Pero el antiguo sistema, construido con base en la teoría de una autoridad central sólida, sigue vigente.

Esto ha debilitado al Estado, al tiempo que ha afianzando muchos de sus antiguos problemas, en lo que Langston llama una “situación de pesadilla” en el que “las instituciones de transparencia y rendición de cuentas son extraordinariamente endebles, incluso a 17 años de la democracia”.

Por ejemplo, sin reelección los votantes tienen pocas probabilidades de expulsar a los malos dirigentes o de recompensar a los buenos, por lo que los funcionarios raramente se sienten incentivados a apoyar reformas y cambios difíciles. Además, los grupos criminales tienen la posibilidad de llenar los bolsillos de los policías y otros funcionarios que perciben salarios evidentemente insuficientes, ofreciendo así el incentivo equivocado.

“A final, se trata de un problema de rendición de cuentas”, dice Hope. “Esa es la clave del fracaso en México”.

“No pasa nada si un policía no hace su trabajo”, agregó. “No pasa nada si un presidente municipal no reforma el sistema judicial local. No pasa nada si un gobernador no invierte en los procedimientos de la procuraduría. No pasa nada”.

Un Estado frágil se hunde

Aunque recientes reformas electorales permitirán que algunos funcionarios sí puedan buscar la reelección –los diputados federales a partir de 2021 y los senadores en 2024, por ejemplo–, se están fraguando problemas más graves.

A medida que aumenta la indignación pública a causa de la corrupción, los líderes de los partidos, al darse cuenta de que sus carreras están en riesgo, se vuelven reacios a arriesgarse a intentar un cambio.

“No puedo pensar en un solo procurador o juez que se distinga” por combatir a la corrupción, dijo Paul Lagunes, profesor en la Universidad de Columbia que estudia la corrupción en México.

“Hay gente que dedica su carrera a esto, pero no en el sistema judicial, sino en la prensa”, explicó Lagunes. Sin embargo, agregó, “México es uno de los países más peligrosos del mundo para hacer periodismo”.

“No pasa nada si un policía no hace su trabajo. No pasa nada si un presidente municipal no reforma el sistema judicial local. No pasa nada si un gobernador no invierte en los procedimientos de la procuraduría. No pasa nada”.
ALEJANDRO HOPE, ANALISTA DE SEGURIDAD
La combinación entre corrupción, escasa rendición de cuentas e instituciones débiles ha puesto al país en una situación vulnerable. En zonas rurales y de pobreza el Estado se ha prácticamente retirado. Los grupos criminales y las pandillas llenan el vacío, cooptando a funcionarios locales o simplemente haciéndolos a un lado por la fuerza.

El resultado es quizá menos drástico que las imágenes de la guerra de Calderón contra el narcotráfico, en la que los carteles en guerra exhibían públicamente cadáveres desmembrados. Pero es igual de mortal y se refleja en miles de invasiones a los hogares, asesinatos entre pandillas y asaltos a mano armada que terminan mal.

Una atomización social y del Estado

Esto ha causado que las comunidades hagan, a un nivel básico, lo mismo que hizo Calderón hace diez años: pasar por alto a las instituciones de las que desconfían, con lo que empeora el problema de fondo.

La clase media y el sector empresarial mexicanos han batido el récord de contrataciones de seguridad privada. Pero, al igual que el Ejército, los guardias contratados no pueden resolver crímenes ni encarcelar a los sospechosos.

Mark Ungar, profesor de la Universidad de Brooklyn, indicó que esta práctica que va en aumento “elimina la presión política que hay sobre el Estado de mejorar a la policía”. Las comunidades rurales, que son más vulnerables, han creado sus milicias denominadas “grupos de autodefensas” para expulsar a las bandas criminales y a los presidentes municipales por igual.

Era inevitable que esos grupos armados se volvieran más corruptos y menos confiables que la policía que sustituyeron. Casi todos extorsionan, roban y secuestran a quienes fueron sus antiguos patrocinadores. Muchos de sus miembros están involucrados en el tráfico de heroína, que se encuentra en auge pues está aumentando la demanda de este opiáceo en Estados Unidos.

En una tendencia perturbadora, las comunidades desesperadas y aterradas han comenzado a buscar al menos la ilusión de seguridad al, por ejemplo, linchar a los sospechosos de cometer un delito. Ungar afirmó que estas expresiones justicieras “representan la pérdida de poder del Estado”.

La parálisis en medio del desastre

Los mexicanos tienen presente que su gobierno responde cada vez menos a medida que las calles se vuelven más peligrosas: varias encuestas demuestran un incremento en la insatisfacción hacia las autoridades, en especial respecto a la corrupción.

“Tenemos una clase política que se olvida por completo de para qué está aquí”, afirmó Armando Torjes, activista comunitario en Guadalupe, Nuevo León, ciudad al noreste del país.

En cada proceso electoral, dijo, surge un nuevo funcionario con un proyecto de tres años. Muchos de ellos dejan su cargo visiblemente más rico, agregó.

Cuando los funcionarios sí trabajan como deberían, atienden problemas superficiales, aumentando la cantidad de patrullas o cambiando una estrategia policial, sin afrontar lo que llamó “la descomposición social”.

Valdés, exdirector del servicio de inteligencia, dijo haber vivido un problema similar en las altas esferas del gobierno.

“Queríamos mejorar las instituciones, a los jueces, las cárceles, a la policía”, comentó. “Pasamos años tratando de convencer a la clase política”.

Pero se dio cuenta de que esas instituciones –dominadas por los partidos y no por los tecnócratas o expertos y sujetas a los caprichos de los funcionarios que por ley tienen un periodo– eran indiferentes, tal como lo había descubierto Torjes.

“Lo que sucede en Guadalupe es lo mismo que sucede en todo México”, declaró Torjes. “Había una exigencia política de cambio, pero realmente no cambió nada”.

The Interpreter es una columna de Max Fisher y Amanda Taub que busca explorar el contexto y las ideas detrás de los principales eventos mundiales.

The New York Times
Max Fisher / Amanda Taub
Ciudad de México / Washington
Jueves 02 de noviembre de 2017.


San Francisco Xochiteopan, Pue. - Saúl Nicolás Pérez estaba parado frente a su casa —o lo que quedó de ella— y evaluaba el daño causado por el terremoto. Grietas diagonales y profundas marcaron la fachada de adobe. Los muros eran escombros. Un colapso parecía inminente.

Él construyó la casa para su madre con el dinero de las remesas que enviaba a México, poco a poco, cuando vivió como inmigrante no autorizado durante tres años en Nueva Jersey; trabajó arduamente en cocinas de restaurantes y en un autolavado. Ahora esperaba un veredicto de parte de los ingenieros del gobierno: ¿podría ser reparada o era necesario demolerla?

Él se preparaba para lo peor.

“Uno trabaja años allá y en tres, cuatro segundos todo se acaba”, lamentó.

El epicentro del terrible sismo de la semana pasada en México, el cual ha causado la muerte de 333 personas en todo el país, fue a unos 16 kilómetros de su pobre comunidad rural, San Francisco Xochiteopan.

En este lugar de casas construidas con bloques de concreto y ladrillos de adobe, un habitante murió. Era un hombre de edad avanzada que fue aplastado en su hogar por un muro que colapsó.

El sismo dañó gravemente o destruyó muchos, sino la mayoría, de los hogares de la comunidad, y por cantidad, San Francisco Xochiteopan fue uno de los lugares del país donde el sismo dejó la mayor devastación.

El poblado, ubicado entre la sierra del sureste del estado de Puebla, hace recordar el patrón aleatorio de un bombardeo aéreo. Algunas casas con daños visibles mínimos se alternan con sitios devastados de concreto pulverizado, adobe hecho pedazos, así como objetos de la casa doblados o rotos.

Entre sus 1300 habitantes, la cifra de muertos (uno) probablemente hubiera sido más alta si el terremoto no hubiera ocurrido durante el día, cuando los niños están en la escuela y la mayoría de los adultos trabajan en los campos de maíz, frijol, amaranto y chía que rodean al pueblo como una corona de flores.

Para las familias del lugar, sus sencillos hogares eran toda la riqueza que tenían.

“Y ahora se quedaron sin nada”, dijo José Margarito Ramírez Medel, de 55 años, presidente municipal auxiliar de la comunidad.

Él está particularmente preocupado por los habitantes que, por su edad avanzada, ya no pueden trabajar en el campo y no tienen forma de reconstruir sus viviendas.

Los pobladores han oído de una posible ayuda de parte del gobierno para reconstruir, pero nadie está seguro si sucederá o cómo ocurrirá. Como todas las personas en el país, la fe en los gobiernos estatal y federal parece tan mínima que nadie apuesta por el apoyo gubernamental.

Para muchos, es más probable que la reconstrucción de San Francisco Xochiteopan dependa en parte, como ocurre con muchas otras cosas en este lugar, de las remesas provenientes de Estados Unidos. Este pueblo, como varios en esta región de México, ha enviado al norte generaciones de jóvenes en busca de trabajo, con una gran mayoría que elige como destino el área metropolitana de Nueva York. Ahí, han encontrado trabajo en restaurantes, construcciones, limpieza en casas y jardinería.

“Casi todas las casas vienen de allá”, dijo Marcial Pérez González, de 36 años, un campesino que ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2001 y pasó tres años en Nueva York, donde vivía en Brooklyn y trabajaba en un restaurante mexicano.

Debido al combate contra el ingreso ilegal de inmigrantes a Estados Unidos, los habitantes de esta comunidad se preocupan sobre el futuro flujo de remesas. Cualquier arresto y deportación de sus familiares podría terminar un salvavidas financiero que es vital para muchos.

 “Ahora, con el presidente que tienes, él quiere enviar a todos nuestros paisanos para acá”, dijo Ramírez Medel, quien tiene a dos hijos que viven sin papeles en Nueva York e Indiana. “¿Qué vamos a hacer?”.

Por ahora, San Francisco Xochiteopan recibe ayuda. El lugar está lleno de voluntarios que colaboran para retirar los escombros, así como a distribuir el agua y las provisiones que han sido enviadas en grandes cantidades.

El viernes pasado, un autobús llegó a la comunidad lleno de comida, ropa y otros artículos. Un letrero decía: “Brooklyn ayudando a los mexicanos”.

El patio de juegos de la escuela primaria se ha convertido en un depósito y centro de distribución de víveres donde los voluntarios y los soldados clasifican agua, alimentos y productos de higiene, y los entregan a los habitantes. En un campo de juego cercano, los funcionarios han armado tiendas de campaña para brindar refugio a cerca de 200 personas cuyas casas están demasiado dañadas para ocuparlas y que no tienen ningún lugar al cual dirigirse.

Pequeños equipos de arquitectos e ingenieros, algunos de ellos todavía estudiantes universitarios, han evaluado los daños.

Muchas casas en el poblado están acordonadas con cinta amarilla de plástico para advertir sobre el peligro de un derrumbe en un triste contraste con las alegres banderas mexicanas de plástico en los marcos de las ventanas y los techos, vestigios de los festejos del Día de la Independencia que México realizó unos días antes del sismo, el 16 de septiembre.

Unos voluntarios han caminado a través del pueblo, piden a los residentes que pernocten en un albergue en vez de permanecer dentro o cerca de sus hogares dañados. Además de los hogares que colapsaron por completo en el terremoto, los funcionarios han determinado que 240 no son aptos para ser habitados y dijeron que serían demolidos.

Un voluntario con un casco amarillo llegó a la propiedad de la familia Pérez —integrada por nueve miembros—, en la ladera de un cerro que se eleva por encima de la comunidad. Solo uno de los muros del hogar familiar estaba intacto y los artículos que antes estaban dentro de la casa ahora lucían desperdigados en el patio. Seis cabras y un gallo caminaban confundidos dentro de un pequeño corral con alambre de púas.

El voluntario recomendó a los familiares que “deberían aprovechar” el albergue y la atención médica, así como los alimentos y los servicios que ahí ofrecen.

Miguel Pérez Palacios, de 52 años, y su hijo, Ronaldo Pérez García, de 19, escucharon pacientemente. Este es un pueblo en el que todos se saludan con un amistoso “Buenas tardes”, aun cuando han perdido su hogar.

 “Vamos a sobrevivir esto porque México es un país muy fuerte”, dijo el voluntario.

Cuando se fue, el padre dijo que enviaría a su familia a pasar la noche al albergue, pero que se quedaría con su hijo para proteger a los chivos de los ladrones. Tenían que aferrarse a cualquier cosa que todavía tuvieran.

“Construimos esto poco a poco con lo que sacamos del campo”, dijo el hijo de Pérez, señalando hacia los restos de su hogar. “Vamos a quedarnos sin nada”.

Ramírez Medel, el funcionario local, dijo que había dormido poco desde que ocurrió el sismo el martes. Un par de horas en un momento, unas pocas horas después.

“Intentamos ver cómo puede ayudarnos el gobierno”, dijo.

Él lleva un radio que hace ruidos con las conversaciones de hombres que hacen peticiones y dan órdenes. El sudor brilla bajo el listón de su sombrero blanco. Los dedos de sus pies que sobresalen de sus sandalias están cubiertos de tierra y los bordes de su pantalón se arrastran por la tierra.

El antes altísimo techo de la iglesia católica colapsó dentro de la nave. Los pobladores sacaron estatuas, pinturas y un crucifijo de la destrucción y construyeron un altar improvisado en un centro comunitario. Unas sillas de plástico fueron colocadas en filas, listas para la misa dominical. Un letrero escrito a mano junto al plato de las limosnas pedía aportaciones “para la reconstrucción de las manos” del santo patrono, San Francisco.

Ramírez dijo que vivió en Nueva York durante un año, a principios de los años 2000.

Con esfuerzo, recordó el barrio: Corona, Queens. Él trabajó en un restaurante chino cerca de Canal Street en Manhattan por 200 dólares a la semana, dijo; posteriormente, se unió a un grupo de pintores en Nueva Jersey para ganar 300 dólares a la semana y enviar todo lo que pudiera ahorrar para su esposa y sus hijos en Puebla.

Recordó la terrible experiencia de perderse en el metro la primera vez que intentó usarlo, lo que lo hizo sentir como “un niño de primaria”. Jugaba básquetbol los domingos con otros obreros mexicanos, en algún lugar cercano a la calle 103, y se acordó de que su jefe estadounidense en el grupo de pintores pronunciaba la palabra “Gracias” como “Grasas”, lo que los trabajadores mexicanos consideraban muy gracioso.

Ramírez sonrió. El remolino de los esfuerzos de ayuda a su alrededor pareció desaparecer. Su migración, dijo, había sido motivada por un sueño.

“Quería conocer cómo era un dólar”, recordó. “La primera semana, cuando me pagaron”, dijo mientras levantaba sus dedos que formaban una pinza, como si sostuviera un billete imaginario. “Yo dije: ‘Gracias a Dios, ahora ya conozco un dólar’”.

Repentinamente, comenzó a llorar, sobrecogido por la emoción: la migración, las dificultares en Nueva York, el terremoto, la incertidumbre del futuro de su pequeño poblado. Puso las manos sobre su rostro —no para tapar sus ojos, pero, al parecer, para aminorar el dolor—.

Ramírez dejó de llorar, limpió sus lágrimas con su chamarra de mezclilla. El radio hizo ruidos y bajó el cerro hacia el albergue, mientras sus sandalias raspaban la tierra.

The New York Times
Kirk Semple
San Francisco Xochiteopan, Puebla
Miércoles 26 de septiembre de 2017.


Albuquerque, Nuevo México. - Si entras en El Super, un supermercado en expansión en el mismo valle donde buscadores de fortuna a caballo reclamaron las tierras hace casi cuatro siglos de una de las posesiones más remotas de España, verás que el idioma que trajeron con ellos todavía perdura.

El reguetón, el género musical nacido en Puerto Rico, resuena en los altoparlantes. Los compradores, con acentos del norte de México, negocian las ofertas. Hay letreros en español que indican los departamentos de la tienda, como carnicería, panadería, salchichonería y tortillería; así, para quienes hablan el idioma de Miguel de Cervantes, encontrar los artículos es muy sencillo.

“Todo lo que necesito está en español”, dijo Vanessa Quezada, de 23 años, una inmigrante del estado mexicano de Chihuahua, haciendo gestos hacia la sucursal del First Convenience Bank, donde los cajeros saludan a la gente con una sonrisa y la frase “Buenas tardes”.

En efecto, Estados Unidos emerge como un amplio laboratorio que exhibe la extraordinaria resistencia del español, sin importar el clima político.

Con base en una enorme masa de hablantes nativos, Estados Unidos ahora tiene, según algunos cálculos, más de 50 millones de hispanohablantes; es decir, existen más personas que hablan español en Estados Unidos que en España. En una superpotencia donde se habla el inglés, la cadena de televisión en español Univisión pelea con ABC, CBS, FOX y NBC por conseguir los más altos niveles de audiencia. ¿La canción compuesta en Estados Unidos más exitosa del mundo durante el verano? “Despacito“.

Al mismo tiempo, más de 20 estados han promulgado leyes para hacer que el inglés sea el idioma oficial, el presidente Trump ganó la elección con una plataforma que incluía la promesa de construir un muro fronterizo y su propuesta para fijar nuevos límites en la migración legal requeriría que los solicitantes hablen inglés para obtener su residencia legal.

Juan Rodríguez, de 44 años, un inmigrante colombiano que es propietario de La Reina, una estación de radio en español en Des Moines, Iowa, dijo que “son días de muchísima incertidumbre” para algunos hispanohablantes, especialmente inmigrantes que no tienen papeles que tratan de ser vistos y escuchados con menos frecuencia ahora que el presidente ha convertido a la deportación en una prioridad.

“Pero ese miedo no nos impide de vivir nuestras vidas en español”, agregó Rodríguez. “Iowa puede ser estado de English-only, pero es nuestro estado también”.

Alrededor del mundo, la posición del inglés como el idioma universal parece no tener rival por el momento. Estados Unidos proyecta su influencia del inglés en sectores como las finanzas, la cultura, la ciencia y la guerra.

Pero a nivel global, el chino mandarín deja muy atrás al inglés en hablantes nativos, al colocarse en el primer lugar con 898 millones de personas, seguido del español con 437 millones, de acuerdo con Ethnologue —un compendio de los idiomas del mundo—. Después se ubica el inglés con 372 millones, seguido del árabe, el hindú, el bengalí, el portugués y el ruso.

La inmigración desde América Latina ha fortalecido el uso del español en Estados Unidos en las décadas recientes, pero los académicos dicen que otros factores también tienen relación. Por ejemplo, los que involucran historia, el alcance global del idioma y las maneras en que las personas se mueven a través del mundo hispanohablante.

Autoridades en algunas áreas de Estados Unidos han discutido varias veces sobre cómo detener la expansión del español, como el exsuperintendente de Educación Pública de Arizona que afirmó que todos los medios de comunicación en español deberían ser silenciados. Un juez rechazó esta semana otra iniciativa del mismo funcionario para prohibir el programa de Estudios Mexicanos-Estadounidenses de Arizona. El juez determinó que la prohibición estaba “motivada por una animadversión racial”.

Los lingüistas rastrean en decisiones tomadas mucho antes de que España comenzara a colonizar el Nuevo Mundo (en 1492) cómo fue que el español llegó al codiciado momento que disfruta ahora.

Como el escritor mexicano Carlos Fuentes explicó en su libro El espejo enterrado, en el siglo XIII el rey español Alfonso X formó un grupo de expertos cosmopolitas conformado por intelectuales judíos, traductores árabes y trovadores cristianos, quienes promovieron el español como un idioma del conocimiento en un momento en el cual el latín y el árabe todavía tenían prestigio en la península ibérica.

El monarca y sus sabios forjaron el español en un idioma excepcionalmente bien organizado con estándares fonéticos, convirtiéndolo relativamente accesible para algunos aprendices. Se cree que fueron orillados a seguir una política de “castellano drecho” (“drecho” es una forma antigua de escribir “derecho” y se refería al castellano derecho o correcto), dándole al idioma un propósito.

Aún en la actualidad, el español permanece entendible alrededor del mundo en un nivel notable. La prueba es que, por ejemplo, alguien de las pampas en la Patagonia en Argentina puede conversar con un visitante de la Guinea Ecuatorial, uno de los exportadores de petróleo más grandes de África.

Con base en la entropía (un concepto físico para medir el desorden), Jean-Benoît Nadeau y Julie Barlow, los autores canadienses de un libro de 2013 que traza la evolución del español, describen la medida en que el idioma se extendió geográficamente sobre un amplio rango de países.

En comparación, el chino mandarían califica bajo en la escala de entropía porque la mayoría de quienes lo hablan viven en el mismo país. El inglés hace alarde de una mayor entropía, pero el español, el lenguaje predominante en más de 20 países, se ubica en el primer lugar, seguido del árabe.

La competencia de Estados Unidos con España y partes de América Latina ejemplifica cómo el movimiento de las personas a través del mundo de habla hispana lleva al español en nuevas direcciones.

En el área metropolitana de Los Ángeles, en donde viven más de cuatro millones de hispanohablantes —más que la población total de Uruguay—, los lingüistas dicen que un nuevo dialecto se ha creado conforme diferentes tipos de español entran en contacto. Aquí, en Nuevo México, una afluencia de inmigrantes mexicanos y centroamericanos está nutriendo y modificando una variación del español que ha persistido desde el siglo XVI.

El bar Ojos Locos en Albuquerque ofrece una prueba de cómo está cambiando el español; al igual que El Super, es parte de una cadena fundada en Estados Unidos dirigida al mercado latino. “Una ‘cantina’ de deportes no es nada sin auténtica y deliciosa ‘comida’ mexicana —más tacos, más alitas y más cerveza—”, se puede leer en el sitio web de Ojos Locos. Había todos esos ingredientes en abundancia un domingo reciente cuando la Selección Mexicana jugó contra Jamaica y el español de México parecía ser el idioma dominante en el lugar.

Sin embargo, algunas mesas mezclaban sin esfuerzo el inglés y el español, especialmente aquellas en las que niños acompañaban a sus padres, mientras otros (incluidas mesas en las que había parejas de diferentes orígenes étnicos) lanzaban gritos de apoyo, conversaban y hasta decían insultos (México perdió el partido 1 a 0) casi por completo en inglés mientras bebían sus margaritas.

Las maneras en que las familias usan los idiomas en la mesa de sus hogares también demuestra cómo el español está cambiando. En la familia Nava, que se mudó a Nuevo México desde el norte de México hace más de 20 años, los abuelos discuten apasionadamente en español el desempeño de su equipo de fútbol americano, los Vaqueros de Dallas. Pero cuando sus hijos, quienes ya son adultos, hablan entre ellos, lo hacen en spanglish. ¿Y el idioma de sus nietos? Principalmente, el inglés, con palabras en español salpicadas en ciertos momentos.

 “Nuestra verdadera comunicación es en spanglish”, dijo Cindy Nava, de 29 años, una analista de políticas en el Congreso de Nuevo México, quien llegó a Estados Unidos a la edad de 7 años. “Pero todavía reconocemos la importancia de hablar español correctamente”.

Aunque irrita a algunos amantes de la gramática, el spanglish efectivamente está ganando terreno. Es evidente en la manera en la que hablan los personajes en las telenovelas, las letras de las canciones de reguetón de Daddy Yankee o comerciales como el de Wendy’s donde una pareja se conecta a través de hamburguesas con queso y tocino servidas en “pan de pretzel”.

Ilan Stavans, un profesor de Cultura Latina en Amherst College que ha traducido clásicos como “Don Quijote” de Cervantes y “El principito” de Saint-Exupéry al spanglish, argumenta que estamos presenciando “el surgimiento de algo totalmente nuevo, de ninguna manera puro, un idioma mestizo”.

Mucho antes de que el presidente Trump fuera elegido, el crecimiento y la perdurabilidad del español habían causado preocupación y llevó a las leyes de idioma oficial que en algunos casos limitan el uso de cualquier otro idioma que no sea inglés en oficinas gubernamentales y en documentos; en otros casos son prácticamente simbólicas.

Rosalie Porter, quien llegó a Estados Unidos cuando era una niña desde Italia y ahora es la presidenta de una organización que busca terminar con la educación bilingüe y declarar al inglés como el idioma oficial de Estados Unidos, dijo: “Cuando yo era una niña inmigrante, mi lengua no era políticamente correcta”.

“Ahora es diferente”, dijo Porter, cuyo grupo, ProEnglish, fue fundado por John Tanton, un médico de Michigan que inició varias organizaciones que buscan restringir la inmigración. “Los inmigrantes disfrutan mucha mayor visibilidad”, agregó ella, haciendo énfasis que en que entiende las razones económicas detrás del crecimiento de los medios de comunicación en español.

Aun sin contar los esfuerzos políticos, el crecimiento continuo del español en Estados Unidos no está asegurado. Los lingüistas han documentado cómo las nuevas generaciones de latinos en el país están cambiando de manera sostenida hacia el inglés, del mismo modo que otros inmigrantes lo han hecho.

Pero si el pasado sirve de guía, el español continuará evolucionando y perdurando.

“En muchos lugares de Estados Unidos, el inglés y el español están en la cama juntos, un contacto que es al mismo tiempo reproductivo y excitante”, dijo Junot Díaz, el escritor que de forma maestra explora la experiencia inmigrante en Estados Unidos, principalmente a través de los esfuerzos de su protagonista dominicano que habla spanglish: Yunior.

“Para muchos de nosotros el español es el camino hacia el amor y, como ha probado la historia, nadie puede legislar para quitarnos el amor”.

The New York Times
Simon Romero
Albuquerque, Nuevo México
Viernes 25 de agosto de 2017.


La valla fronteriza en Tijuana. A medida que se endurece la política migratoria en EE. UU., muchos migrantes centroamericanos han preferido solicitar asilo en México.

A medida que el gobierno de Donald Trump impulsa planes para endurecer el paso por la frontera sureste de Estados Unidos, crece la presión ante México para que acepte a más solicitantes de asilo que ingresan desde Centroamérica para huir de la violencia de las pandillas.

Sin embargo, activistas en materia migratoria advierten que el sistema de asilo mexicano y su capacidad de proteger a esos migrantes no ha podido responder a la demanda. Como resultado, se ha impedido que muchos migrantes accedan a la protección que requieren y obtengan el estatus de refugiados que les corresponde.

El gobierno de México ha implementado mejoras a su programa de asilo en los últimos años y ha otorgado protección a una tasa más alta que antes, pero el sistema sigue teniendo muchas fallas, de acuerdo con al menos siete reportes publicados en las últimas semanas por grupos mexicanos, centroamericanos, estadounidenses e internacionales enfocados en la defensa de los derechos humanos y de los migrantes.

De acuerdo con esos informes, las fallas incluyen un personal insuficiente e inadecuado en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, lo que se traduce en una espera de varios meses para responder a las solicitudes; una capacitación y supervisión inconsistente de los agentes migratorios y una adjudicación irregular en casos de asilo.

Varias personas elegibles para el asilo no han podido iniciar el proceso porque los funcionarios no han tomado los pasos necesarios para que siquiera lo soliciten, señalan estos informes. En algunos casos, de acuerdo con activistas, los agentes fronterizos han disuadido a los migrantes de solicitar refugio y los han amenazado con que estarán detenidos por mucho tiempo mientras se estudian sus solicitudes.

Los activistas señalan que tales deficiencias son particularmente preocupantes en momentos en que algunos legisladores estadounidenses estudian hacer cambios que establezcan como requisito que los migrantes soliciten asilo en México si cruzaron por ese país con el plan de llegar a Estados Unidos para pedir refugio. Una propuesta legislativa “permitiría el retorno a México de refugiados centroamericanos detenidos, donde puedan pedir protección” sin la necesidad de un acuerdo bilateral con México, según un informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso de Estados Unidos que dio el visto bueno al proyecto en julio.

Tales cambios “socavarían el liderazgo global estadounidense y violarían compromisos legales por parte de Estados Unidos, incluso en el caso de que México tuviera un sistema sólido de protección a refugiados”, dice un reporte de Human Rights First. Las propuestas, aseguran, “son todavía más peligrosas porque México no lo tiene”.

Funcionarios del Instituto Nacional de Migración de México —la agencia migratoria del país— y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) —el organismo que procesa las solicitudes de asilo– no quisieron ser entrevistados para este artículo.

Aunque la mayoría de los migrantes centroamericanos que se dirigen al norte todavía ven en México un país de tránsito a Estados Unidos, el país se ha vuelto un destino en sí mismo.

El año pasado, 8800 personas solicitaron asilo en México, casi siete veces más que quienes lo hicieron en 2013, según los datos del gobierno. Parte del aumento se debe a una aplicación más severa de la ley migratoria en el país, sobre todo en la frontera sur, con Centroamérica.

Algunos de los migrantes que son detenidos, confrontados con la posibilidad de deportación a sus países, eligen solicitar asilo.

Los funcionarios mexicanos estiman que este año la cifra de solicitantes de asilo alcanzará los 20.000, más del doble del número que solicitó en 2016.

Durante los últimos meses, las políticas migratorias del gobierno de Trump han provocado temor entre muchos migrantes potenciales de que cruzar la frontera vía México e ingresar hacia Estados Unidos sin los documentos requeridos es mucho más difícil. Así que un número considerablemente menor de centroamericanos parecen dispuestos a emprender el trayecto, en particular aquellos cuyo objetivo principal es huir de la pobreza.

Pero quienes huyen más que nada de la violencia crónica, sobre todo en Honduras y El Salvador, todavía salen de sus países, y un número en aumento de ellos ha decidido buscar refugio en México donde explica que está en riesgo de —o han sufrido— persecución en sus países.

Los funcionarios mexicanos estiman que este año la cifra de solicitantes de asilo alcanzará las 20.000 personas; más del doble del número que lo solicitó en 2016.

Es un aumento que ha puesto bajo presión al gobierno mexicano y la Comar no da abasto. La comisión fue apuntalada el año pasado después de que la ONU acordara costear las contrataciones de 29 nuevos empleados, pero siguen estando saturados.

“Mientras que el número de solicitantes de asilo se ha incrementado, el presupuesto de la Comar no lo ha hecho”, dijo Mark Manly, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. “Esto ha puesto al sistema de asilado en México bajo una presión considerable”.

El estrés del personal ha contribuido a que hagan su trabajo un poco al azar y a que las adjudicaciones sean inconsistentes, según acusan los activistas y trabajadores humanitarios.

El resultado de una solicitud de asilo “depende en buena medida de quién revisa el caso”, dijo Nancy Pérez García, directora de Sin Fronteras, un grupo con sede en Ciudad de México que promueve los derechos de migrantes y refugiados.

La organización asegura que lo peor es que una gran cantidad de personas ni siquiera son consideradas para solicitar refugio.

El primer contacto que tienen muchas de ellas con las autoridades mexicanas es cuando son detenidas por agentes migratorios. El protocolo establece que estos deberían entrevistarlos o revisar sus casos para sopesar si necesitan protección y, en tal caso, derivarlos a una agencia para refugiados.

Pero en muchos casos los agentes no los revisan de manera apropiada y los remiten en cambio al proceso de deportación. En un informe publicado recientemente, Amnistía señaló que un “número significativo de solicitantes de asilo” le dijo a los investigadores del grupo que habían sido deportados sin que se les informara sobre su derecho a solicitar asilo.

“Hay una falta de conocimiento tanto entre los extranjeros como entre las personas con las que tienen el primer contacto”, dijo Alejandra Macías Delgadillo, coordinadora de servicios legales en México de Asylum Access, un grupo con sede en California. “Seguimos enfatizando la importancia de que haya información oportuna”.

Los agentes también han sido acusados de disuadir a los migrantes de solicitar refugio, al darles a entender que tendrán que sobrellevar meses en detención hasta que sean adjudicados sus casos.

Durante años, efectivamente, la detención fue la norma para quienes pedían asilo mientras se revisaban sus solicitudes. Sin embargo, el año pasado el gobierno puso en marcha un programa piloto para probar alternativas como el que los solicitantes estén en libertad durante la adjudicación y tengan acceso a ayuda humanitaria, así como a asesoría psicológica y legal.

Los funcionarios mexicanos dicen que el programa fue expandido para incluir a todos los migrantes que pidan asilo. Pero la aplicación del programa dista de ser completa. Los activistas afirman que algunos solicitantes todavía son retenidos y tienen acceso limitado a representantes legales.

Los lineamientos del gobierno establecen que los casos de asilo deben ser decididos en un plazo de 45 días. No obstante, dado que el sistema está sobrecargado, los tiempos de espera son mucho mayores; a veces duran tres meses o más.

“Los niños centroamericanos que huyen de la violencia y de la persecución en sus países de origen siguen enfrentando fuertes barreras al acceder a la protección internacional en México”.

Un tema de particular preocupación para las ONG es la recepción y el tratamiento que se da a menores no acompañados; decenas de miles de estos han viajado desde Centroamérica durante los últimos años.

Un número muy bajo de ellos son ingresados al sistema de asilo en México. De acuerdo con estadísticas oficiales, menos de un uno por ciento de más de 40.000 niños detenidos en 2016 solicitaron refugio, una cifra “impresionantemente baja”, según el Migration Policy Institute.

Aunque algunos menores no ingresan a ese sistema porque su objetivo es llegar a Estados Unidos para reunirse con familiares allí, ese porcentaje tan pequeño de solicitantes probablemente se deba a otros factores, de acuerdo con activistas y expertos en materia migratoria. Eso incluye, dicen, el fracaso de oficiales mexicanos en identificar a niños que necesitan protección, una falta de acceso a representantes legales y las condiciones precarias en las que se encuentran después de ser detenidos.

“Los niños centroamericanos que huyen de la violencia y la persecución en sus países de origen siguen enfrentando fuertes barreras al acceder a la protección internacional en México”, indica un reporte publicado recientemente por Kids in Need of Defense, grupo con sede en Washington que le da asistencia legal a menores no acompañados, en conjunto con el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, con sede en la ciudad chiapaneca de Tapachula, en México.

Quienes sí reciben asilo tienen el derecho a poder trabajar y acceder a servicios médicos y educativos. Pero eso no pone fin a los obstáculos.

Más allá de un programa piloto a cargo de las Naciones Unidas en Saltillo, hay muy pocos otros programas para la integración de refugiados. Muchos enfrentan discriminación al buscar trabajo y, a veces, prefieren irse de México.

Los activistas alertan que, a menos que haya mejoras en el sistema de asilo y que este se vuelva más accesible, cada vez más migrantes cuyos casos sean elegibles para recibir protección decidirán que ni siquiera vale la pena el esfuerzo intentar conseguirlo en México y seguirán encaminados hacia Estados Unidos pese a la incertidumbre que enfrentarían allí.

Y se someterían a mayores peligros, como los que típicamente afectan a los migrantes camino hacia el norte: violaciones, robos, asaltos o trabajo forzado, incluida la prostitución. Algunas estimaciones establecen que sólo un uno por ciento de los delitos cometidos contra los migrantes terminan siendo juzgados.

“México ha incrementado drásticamente su capacidad para detener y deportar migrantes, pero no ha desarrollado con la misma prioridad ni urgencia los mecanismos para investigar los delitos cometidos en contra de ellos”, sentenció la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés), en un informe reciente. “La impunidad en delitos contra migrantes en México es alarmante”.

The New York Times
Kirk Semple
Ciudad de México
Miércoles 9 de agosto de 2017.


El especialista en seguridad se pronuncia al respecto de la investigación del New York Times


El especialista en seguridad, Edward Snowden, sostuvo que el espionaje a activistas y periodistas es un “crimen contra el público”, al referirse al artículo del New York Times sobre la vigilancia del gobierno mexicano a defensores de derechos humanos y comunicadores a través del programa Pegasus.

“No importa si es una sorpresa, o si nos advirtieron. Lo que importa es que se trata de un crimen contra el público”, puntualizó en su cuenta de Twitter y compartió opiniones y artículos sobre el tema que estalló ayer en México.

Usuarios de redes sociales agradecieron al estadunidense por estar al pendiente de México e indicaron que la publicación de Snowden fue en respuesta al gobierno mexicano, que exhortó a quienes presuntamente hayan sido víctimas de espionaje a presentar su denuncia ante la PGR.

El 19 de junio, The New York Times publicó el artículo ‘Somos los nuevos enemigos del Estado': el espionaje a activistas y periodistas en México en el que acusó al gobierno de México de espiar a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas a través de un programa que debería ser utilizado para investigar a posibles terroristas.

Entre los objetivos del gobierno se encuentran el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardiñas, y su esposa; los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola; Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que ayuda a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y dos abogados más de su equipo.

Eje Central
Ciudad de México
Martes 20 de junio de 2017.


Entre los blancos del programa se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.


Destacados defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido por el Gobierno mexicano que, en teoría, solo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas.

Entre los blancos del programa se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía. Los intentos de espionaje incluso han alcanzado a los familiares de los activistas y periodistas, incluido un adolescente.

Desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí.

El software conocido como Pegasus se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto.

La empresa que fabrica el software, NSO Group, afirma que vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y cárteles de drogas como los que han violentado a los mexicanos desde hace mucho tiempo.

Sin embargo, según decenas de mensajes examinados por The New York Times y analistas forenses independientes, el software ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del Gobierno, así como a sus familiares, lo que muchos ven como un intento sin precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana.

"Somos los nuevos enemigos del Estado", señaló Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien redactó e impulsó la legislación anticorrupción apodada Ley 3de3. Su iPhone y el de su esposa fueron blanco en varias ocasiones del programa espía, según un análisis forense independiente. "La nuestra es una sociedad en la que la democracia se ha deteriorado", afirmó Pardinas.

Los ciberataques sofisticados en contra de ciudadanos son indicativos de las luchas internas que se libran en México y despiertan cuestionamientos legales y éticos sobre un Gobierno que enfrenta fuertes críticas por sus antecedentes en temas de derechos humanos.

Según la ley mexicana, un juez federal es el único que puede autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas y solo cuando los funcionarios demuestran que tienen un caso bien armado para realizar esa solicitud. Es muy poco probable que el Gobierno haya recibido esa aprobación judicial para hackear los teléfonos de los activistas y periodistas, comentaron varios exfuncionarios de los servicios mexicanos de inteligencia.

"Las agencias mexicanas de seguridad no le pedirían una orden a la corte porque saben que no la obtendrían", dijo Eduardo Guerrero, un ex miembro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México, una de las agencias gubernamentales que utilizan el programa espía Pegasus. "¿Cómo sería posible que un juez autorizara vigilar a alguien que se dedica a la protección de los derechos humanos?".

"Por supuesto que no se puede justificar esa intervención", agregó Guerrero. "Pero eso es irrelevante. En México nadie pide permiso para hacerlo".

Los intentos para realizar hackeos fueron muy personalizados: llegaron a los objetivos por medio de mensajes diseñados para inspirar pánico y conseguir un acceso rápido a los teléfonos celulares. En el caso de Carmen Aristegui, una de las periodistas más famosas de México, un operador se hizo pasar por la Embajada de Estados Unidos en México y le imploró darle clic en un enlace para resolver un supuesto problema con su visa. La esposa de Pardinas, el activista anticorrupción, recibió un mensaje en el que le ofrecían pruebas de que su marido tenía un amorío.

El Gobierno mexicano reconoce haber recabado información de sospechosos legítimos de un modo apegado a derecho. "Como en cualquier régimen democrático, a fin de combatir al crimen organizado y las amenazas contra la seguridad nacional, el Gobierno mexicano realiza actividades de inteligencia", señaló un funcionario. No obstante, el Gobierno "rechaza categóricamente que alguna de sus dependencias realice acciones de vigilancia o intervención de comunicaciones de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas anticorrupción o de cualquier otra persona sin previa autorización judicial".

Ya se sospechaba del uso de programas espías por parte del Gobierno mexicano, incluidos los intentos de hackeo a opositores políticos y activistas cuyo trabajo ha afectado intereses corporativos en México.

Sin embargo, no hay pruebas definitivas de que el gobierno sea responsable. El software Pegasus no deja rastros del hacker que lo utilizó. Incluso el fabricante, NSO Group, señala que no se puede determinar exactamente quién está detrás de los intentos específicos de hackeo.

Pero los ciberexpertos pueden verificar en qué momento se ha utilizado el software en el teléfono de un objetivo, lo cual les deja pocas dudas de que el Gobierno mexicano o algún grupo corrupto interno están involucrados.

"Básicamente, es lo mejor que hay", dijo sobre el análisis Bill Marczak, el investigador en Citizen Lab que confirmó que los teléfonos de activistas y periodistas mexicanos tenían rastros del software.

Además, NSO Group asegura que es muy poco probable que los cibercriminales hayan obtenido acceso a Pegasus de algún modo, porque el programa solo puede ser utilizado por las agencias gubernamentales en las que se ha instalado la tecnología.

NSO Group afirma que investiga el historial de los gobiernos en temas de derechos humanos antes de venderles el software. No obstante, una vez que otorgan la licencia e instalan el hardware dentro de las agencias de inteligencia y los cuerpos de seguridad, la empresa dice que no hay manera de saber cómo se utilizan las herramientas espías o contra quién están siendo usadas.

La compañía simplemente les cobra a sus clientes gubernamentales según el número total de objetivos a vigilar. Para espiar a diez usuarios de iPhone, por ejemplo, el fabricante cobra 650 mil dólares, además de la cuota de instalación de 500 mil dólares, según las propuestas de comercialización de NSO Group que revisó The New York Times.

Aunque NSO Group supiera que se está haciendo un mal uso de su software, la empresa dice que no podría hacer mucho al respecto: no puede entrar en las agencias de inteligencia, quitar el software y llevarse el hardware. Más bien, NSO Group confía en que sus clientes cooperarán con una inspección interna que realizaría la empresa, la cual entregaría los resultados a la autoridad legal competente por lo que los gobiernos terminan siendo los responsables de vigilarse a ellos mismos.

Normalmente, el único recurso de la empresa es ir reduciendo poco a poco el acceso del Gobierno a las herramientas en el transcurso de varios meses, o incluso años, al dejar de proporcionar nuevos parches o actualizaciones del software.

Sin embargo, en el caso de México, NSO Group no ha condenado ni ha reconocido que haya abuso de su software, a pesar de que se han presentado evidencias en repetidas ocasiones que demuestran que sus herramientas se han utilizado en contra de ciudadanos comunes y sus familias.

El paso de la esperanza a la intimidación

Desde hace mucho tiempo, los periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas anticorrupción en México han enfrentado peligros enormes. Durante décadas los han seguido, acosado, amenazado e, incluso, asesinado por realizar su trabajo; riesgos laborales más comunes en Estados autoritarios que en los que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, como es el caso de México.

El Presidente Enrique Peña Nieto comenzó su mandato en 2012 con la promesa de dejar atrás la historia atribulada del país y poner a México en el lugar que se merece dentro del escenario mundial por medio de reformas a la educación, a las telecomunicaciones o al sector energético.

No obstante, para 2014 se habían desvanecido gran parte de esas promesas tempranas por escándalos y crisis, entre ellos la desaparición de 43 estudiantes normalistas después de un enfrentamiento con la policía y las acusaciones de que el mandatario y su esposa adquirieron una casa lujosa de un constructor que después recibió varios contratos públicos.

Son escándalos que han derrumbado la imagen perfectamente cuidada que Peña Nieto tuvo como candidato -un político enérgico dispuesto a trabajar en conjunto con otros partidos para modernizar y mover a México- y lo han pintado como un funcionario corrupto que desconoce la realidad que viven los mexicanos. Ese cambio es el resultado, en buena medida, del trabajo de los periodistas mexicanos que develaron los casos y de los activistas y defensores que no han permitido que sean olvidados.

"Este era un Gobierno que pasó de establecer la agenda a ser reactivo", dijo Carlos Loret de Mola, un popular conductor de televisión que recibió ocho mensajes de texto que contenían código para infectar su teléfono con el programa Pegasus. "Entonces vieron a los periodistas y pensaron: 'Estos están sacando estas cosas y nos hacen quedar mal, mejor los espiamos'".

México todavía está muy lejos de ser como Turquía, la nación que encarcela a más periodistas en todo el mundo. No es como China, un Estado autoritario en donde se silencian las críticas y el gobierno considera que la prensa libre es un peligro político. Pero, de igual manera, México vive una crisis con respecto a esos temas.

El año pasado, fueron asesinados más periodistas que durante cualquier otro año de este siglo; el 2017 ya va encaminado a romper ese récord.

"El hecho de que el Gobierno esté usando vigilancia de alta tecnología en contra de defensores de derechos humanos y periodistas que exponen la corrupción, en lugar de contra los responsables de estos abusos, dice mucho de para quién trabaja el gobierno", dijo Luis Fernando García, director de R3D, un grupo de derechos digitales en México que ha ayudado a identificar varios casos de abuso del programa Pegasus. "Definitivamente no es a favor del pueblo".

Un caso cercano al Presidente

Quizá ningún otro periodista en México ha dañado más la reputación del Presidente Peña Nieto que Carmen Aristegui. Y pocos han pagado tan caro por haberlo hecho.

Ella y su equipo sacaron a la luz en 2014 el escándalo de la "Casa blanca", una historia de intrigas de bienes raíces que involucraba un arreglo especial para la primera dama por parte de un contratista del Gobierno que tiene una relación de vieja data con el Mandatario.

La historia alcanzó una audiencia mundial y obligó a la esposa del presidente a entregar la casa, lo cual representó una especie de dilema ético para el Gobierno mexicano; en otro país quizá habría resultado en el nombramiento de un fiscal independiente o en una pesquisa legislativa. Al final el Presidente fue exculpado por la Secretaría de la Función Pública, mientras que Aristegui perdió su trabajo. Su despido marcó el inicio de una campaña prolongada de acoso y difamación en su contra: demandas, allanamientos de sus oficinas, amenazas a su seguridad personal y el monitoreo de todos sus movimientos.

"Se trata de un acto de venganza por el reportaje", dijo Aristegui en una entrevista reciente. "No se puede ver de otra manera".

Así que le pareció sospechoso cuando en 2015 empezó a recibir mensajes de texto de números desconocidos, en los cuales le urgían a que diera clic a un enlace. Uno contenía un llamado de ayuda para encontrar a un menor desaparecido; otro tenía una alerta por supuestos cargos desconocidos a su tarjeta de crédito, y otro tenía la presunta nota de la embajada estadounidense sobre su visa.

Cuando estos mensajes no fueron suficiente para que le diera clic al hipervínculo y descargara el software de manera inadvertida, los siguientes fueron más estridentes; incluso recibió uno que decía que la iban a arrestar. Varios de los mensajes llegaron del mismo número telefónico, dando muestra de los descuidos del operador.

Y siguieron intentándolo. En marzo, los mensajes de texto también comenzaron a llegar al teléfono del hijo de 16 años de Aristegui, Emilio. "La única razón por la que irían tras mi hijo es para intentar encontrar algo en contra de mí, para causarme daño", dijo Aristegui.

Después de su despido, por supuestos desacuerdos dentro de la radiodifusora MVS Noticias, mantuvo su carrera publicando noticias en su sitio web. Pero la situación le ha cobrado factura, en especial las demandas. En una querella presentada por el presidente de MVS, un juez dijo que Aristegui "excedió su libertad de expresión y de información" por la publicación de un libro de su equipo de reporteros sobre el caso de la Casa Blanca.

En varias ocasiones han hackeado su sitio web y en noviembre irrumpieron en sus oficinas. Los agresores fueron tan descarados que ni siquiera se molestaron en usar máscaras y no han sido detenidos. Ella ha decidido canalizar las amenazas, el acoso e incluso el espionaje en su trabajo.

"He optado por creer que mi trabajo público es lo que me protegerá", dijo Aristegui. "El gran reto para los periodistas y los ciudadanos es que el miedo nos sirva y no nos conquiste".

Amenazas vía mensajes de texto

Era el 21 de diciembre de 2015 y Pardinas estaba en la playa con su familia, pero su teléfono no dejaba de sonar: al principio eran llamadas de abogados con los que coordinaba la redacción de una propuesta legislativa y después un extraño mensaje de texto.

Habían pasado largos meses de una campaña para que se aprobara una ley sin precedentes que obligaría a los servidores públicos de México a divulgar sus declaraciones patrimoniales por posibles conflictos de intereses financieros.

En noviembre, Pardinas también había presentado un estudio sobre los costos políticos y económicos de la corrupción en México, que confirmaba con hechos y cifras lo que casi todos los mexicanos saben: que la corrupción está incapacitando al país. Después le dio seguimiento con entrevistas en medios en los que llegó a burlarse de que el Gobierno gastaba más en comprar café que en el presupuesto de la oficina para combatir la corrupción.

El estudio, las entrevistas y un sinnúmero de reuniones con políticos abrieron el camino para la llamada Ley 3de3, que Pardinas -director general del Instituto Mexicano para la Competitividad- ayudó a redactar.

Entonces, en sus vacaciones navideñas, recibió el mensaje: "En la madrugada falleció mi padre, estamos devastados, te envío los datos del velatorio, espero puedas venir". Venía con un enlace adjunto. Pardinas pensó que era raro que quien le envió un mensaje tan personal no estuviera entre los contactos de su teléfono. Se lo mostró a su esposa y decidió hacer caso omiso.

Hacia mayo de 2016, el proyecto de 3de3 había conseguido más de 630 mil firmas ciudadanas a favor, con lo que el congreso tuvo que discutirla. Y entonces llegó otro mensaje. Este parecía venir del medio informativo Uno TV, el cual envía boletines diarios a los usuarios de teléfono celular de todo el país. Pero lo que le llamó la atención fue el titular: "La historia de corrupción dentro del Instituto Mexicano para la Competitividad". Se alarmó porque era su organización, pero decidió no darle clic porque sospechó que era un acto delictivo. Al día siguiente le llegaron más mensajes.

Lo que sucedió fue que, después de no tener éxito con él, los responsables lo intentaron con su esposa. El mensaje, que también parecía ser de Uno TV, decía que se habían filtrado videos que mostraban a Pardinas mientras tenía relaciones sexuales con una colega. Pardinas llamó a su esposa y le explicó que era un intento de acoso. "Esta gente otra vez", respondió ella.

Al final la propuesta de ley fue aprobada, relativamente intacta, por el congreso mexicano, excepto que el senado agregó una provisión para que no solo los funcionarios sino ciudadanos que trabajaran en empresas con contratos públicos -en total se verían afectados alrededor de 30 millones de mexicanos- tuvieran que divulgar sus declaraciones patrimoniales. El Presidente Peña Nieto vetó la 3de3 con el argumento de que necesitaba ser discutida con mayor profundidad.

Pardinas siguió con sus denuncias en las entrevistas, donde nombraba a los legisladores que obstruían la ley y las empresas bien conectadas que se beneficiaban con el dinero del Gobierno. La iniciativa estaba atorada, pero aun así llegó otro mensaje el 1 de agosto. Este tenía una amenaza: "Oiga afuera de tu casa anda una camioneta con dos vatos armados, le tome fotos véalos y cuídese (sic)".

Pardinas, quien estaba en su oficina cuando llegó el mensaje, se negó a caer una vez más. Pero llamó a su esposa para pedirle que se asomara por la ventana para ver si afuera había una camioneta estacionada. No había nada.

"Al final, mi esposa ya tenía un entrenamiento casi olímpico en este asunto del hackeo", bromeó Pardinas.

Gajes del oficio

A fines de abril de 2016, Mario Patrón estaba inquieto. La mesa de la conferencia estaba llena de compañeros defensores de derechos humanos, entre ellos el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Todos fueron a discutir la bomba que estaba por caer el día siguiente: un panel internacional que fue a México para investigar la desaparición de los 43 estudiantes normalistas divulgaría su informe final. Patrón sabía que los hallazgos iban a ser brutales para las autoridades.

Se acusaría al gobierno de negligencia e incompetencia, incluso de actividades ilícitas en el manejo del caso. Como el resto de las personas en el lugar, Patrón, cuya organización representa a los padres de los estudiantes desaparecidos, se preguntaba cómo respondería el Gobierno.

Sonó su teléfono y vio la pantalla. La noticia que había estado esperando: "El Gobierno de México sale al frente del GIEI", decía el texto, con el acrónimo del grupo interdisciplinario que publicaría el informe. Parecía ser la noticia que estaba esperando.

Le mostró el mensaje a su colega y dio clic al enlace. Pero en vez de un artículo o un comunicado de prensa, el vínculo simplemente lo redirigió a una página en blanco. Confundido, dejó la reunión y se fue de prisa a su oficina para hacer llamadas e informarse de lo que estaba planeando el gobierno. Y eso bastó para que cayera en la trampa.

Patrón es el director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, o Centro Prodh, posiblemente el grupo de defensa de derechos humanos más respetado en todo México. Está involucrado en varios de los casos más graves de abusos a los derechos humanos del país y ha sido un gran crítico del Gobierno.

Además de Patrón, otros dos abogados del grupo fueron atacados con el software: Santiago Aguirre, el abogado principal de las familias de los estudiantes desaparecidos, y Stephanie Brewer, una abogada estadounidense que ha trabajado con el grupo desde 2007.

"Siempre hemos sospechado que nos espían y nos escuchan", dijo Patrón, quien se percató de que la situación había empeorado considerablemente desde que desaparecieron los normalistas. "Pero tener evidencia de que somos víctimas de verdadera vigilancia confirma que nos están amenazando y que el gobierno está dispuesto a utilizar medidas ilegales para intentar detenernos".

Además de los estudiantes desaparecidos, el Centro Prodh representa a una de las sobrevivientes de un ataque militar en el municipio de Tlatlaya en 2014, donde el ejército arrasó con un supuesto escondite de un cártel y asesinó a 22 personas; el Centro Prodh ha encontrado evidencias de que los sucesos de aquella noche no se desarrollaron como una balacera, como argumenta el Ejército, sino que fueron ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados.

Entre los clientes de la organización también se encuentran las mujeres de Atenco, un grupo de once estudiantes universitarias, activistas y vendedoras de mercado que la policía arrestó hace casi diez años, durante las protestas sucedidas en el pueblo de San Salvador Atenco, y que fueron sometidas a brutales abusos sexuales mientras las trasladaban a la cárcel.

Además del grave abuso de poder y la violación de las mujeres, el caso es especialmente sensible porque el gobernador que ordenó la represión en contra de los manifestantes fue Enrique Peña Nieto, el actual Presidente.

Brewer y otros abogados llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esperaron casi siete años. La comisión envío el caso ante la Corte Interamericana y en septiembre de 2016 falló a favor de las mujeres; ordenó al gobierno que les diera reparaciones y que investigara con la debida diligencia las responsabilidades de las autoridades hasta lo más alto de la cadena de mando, una directriz que podía incluir a Peña Nieto.

Fue entonces, poco después del décimo aniversario de los ataques contra las mujeres, que Brewer recibió un mensaje de texto sospechoso que cuestionaba por qué el Centro Prodh no defendía también a los soldados y policías víctimas de abusos. La abogada, intrigada, abrió el enlace y este la dirigió a una página web corrupta, un indicio del software Pegasus.

"Es parte de defender los derechos humanos en México", aseguró Brewer. "Son los gajes del oficio".

Reforma
NYT News
Azam Ahmed y
Nicole Perlroth
Ciudad de México
Lunes 19 de junio de 2017.


Rosario Sáyago saca la varilla de fierro embarrada y la huele de cerca: “Ven, mira, acércate”, le dice a María de Jesús Basón. “Este huele a tierra mojada, para que te vayas acostumbrando. Cuando huele a muerto luego luego te das cuenta”, le explica.

Salvo por las conversaciones, en el lugar solo se oye el sórdido clic-clac del martillo que golpea la varilla en forma de cruz para hundirla dos o tres metros bajo tierra.

Con esta técnica, desde agosto de 2016 hasta hoy, las mujeres que forman el Colectivo Solecito han encontrado y ayudado a exhumar 263 cuerpos en la que hoy se conoce como la fosa más grande de México: un predio de praderas verdes y montículos de tierra que forman una cuneta del tamaño de dos canchas de fútbol, a unos 15 kilómetros de Xalapa, capital del estado de Veracruz.

Cada mañana, de lunes a viernes, entre cinco y diez mujeres se reúnen en un pequeño supermercado en las afueras de la ciudad y compran agua, hielos y refrescos para resistir el sol que las asedia mientras excavan la tierra para buscar los cuerpos de sus hijos y maridos desaparecidos.

Rosario Sáyago tiene 39 años y lleva más de tres buscando a su esposo, Juan Carlos Montero Parra, un policía municipal que desapareció junto con otros siete oficiales mientras realizaban un patrullaje, presuntamente a manos de la policía estatal.

Pero esta mañana de marzo es la primera de María de Jesús Basón, quien se unió al Colectivo Solecito para buscar a su hijo. “Yo no quiero encontrarlo aquí pero, Dios mío, ¿dónde está mi hijo?”, dice entre sollozos.

Su hijo Francisco tenía 23 años cuando desapareció, en julio de 2015. Era estudiante y trabajaba en una zapatería en Boca del Río, Veracruz. Había salido de su casa para ponerle crédito al celular, pero antes le dijo a su madre que quería contarle algo. “Nunca lo volví a ver”, explica María de Jesús.

Para muchas de estas mujeres, golpear y enterrar la varilla una y otra vez se ha convertido en una forma de sobrellevar la angustia y la falta de respuestas. “Escarbar, chapar, me quita un poco la desesperación porque me desquito con ella, le pego con todas las ganas de mi corazón”, dice Celia García, quien busca a su hijo Alfredo Román Arroyo, desaparecido hace seis años.

La técnica de búsqueda de personas con varillas se ha vuelto común entre los familiares de desaparecidos, tanto en Veracruz como en todo el país, por ser relativamente rápida, fácil y económica. Es un síntoma de la situación que viven.

Solo en el estado de Veracruz las cifras oficiales reconocen 2600 desaparecidos y en todo México el registro alcanza casi los 30.000 casos. Estas cifras han sido largamente cuestionadas por organizaciones civiles nacionales e internacionales, que denuncian que los números reales son mucho más elevados, ya que el país no cuenta con una base de datos a nivel nacional que contemple los casos por desaparición sin denuncia, ni un banco de datos de ADN que permita que las búsquedas y análisis en municipios y zonas rurales resulten más efectivas.

La mezcla de negligencia y falta de voluntad política, junto con una arraigada corrupción institucional y la escasez de recursos y capacidades técnicas en policías y fiscalías locales, ha empujado a miles de familias a tomar por cuenta propia la búsqueda de sus desaparecidos.

En febrero de 2017, el Colectivo Solecito acaparó las noticias cuando dio a conocer el hallazgo de los 253 cuerpos encontrados a lo largo de ocho meses en la fosa localizada en las afueras de la ciudad de Veracruz, el puerto más grande de México.

Día de las Madres

El 10 de mayo del 2016, para el Día de las Madres, un grupo de mujeres que vestían camisetas con las fotos de sus hijos desaparecidos se disponía a marchar por las calles de Veracruz para exigir respuestas sobre su paradero.

Eran las cinco de la tarde y estaban reunidas en el centro de la ciudad cuando dos hombres bajaron corriendo de una camioneta y les entregaron un montón de hojas con un mapa: “Ahí encontrarán los cuerpos de todos los desaparecidos en Veracruz, apoyados por el MP y el gobierno de Duarte”, decía la hoja, escrita a mano con tinta negra. La firmaba “El Causante Quinto del C. J. N. G. (Cartel de Jalisco Nueva Generación)”. La ubicación era precisa.

“Quizá se sintieron mal o les remordió la conciencia, porque los asesinos también tienen madre”, dice Lucía de los Ángeles Díaz, fundadora del Colectivo Solecito de Veracruz, que reúne hoy a casi cien madres de desaparecidos en ese estado.

El primer día de búsqueda en el lugar señalado, un grupo de unas 15 mujeres encontró 50 huesos y un cuerpo sin extremidades y con los ojos vendados. Lo que creían que sería un trabajo de un par de semanas se convirtió en ocho meses de hallazgos de hasta diez fosas por día. Un año después, incluso el Día de las Madres de 2017, aún seguían encontrando cuerpos.

Tres años y medio antes de tener el mapa en sus manos, a fines de junio de 2013, Lucía Díaz conoció la desesperación cuando su hijo Luis Guillermo Lagunes, de 29 años, fue secuestrado en su propia casa. Lo buscó en hospitales, morgues y cárceles. Llamó por teléfono a sus conocidos, amigos y contactos. Acudió a todas las autoridades de Veracruz, municipales y estatales. Nadie sabía explicarle cómo es que su hijo había desaparecido de su casa.

Después de meses de búsqueda, una de las innumerables veces que fue al Ministerio Público para saber el estado de la investigación, conoció a otras madres que, como ella, esperaban que la burocracia mexicana les diera alguna pista, un mínimo consuelo, cualquier información sobre el paradero de sus hijos.

“En ese momento supe que no estaba sola en ese dolor que te quema. Pero que yo tenía la posibilidad, que muchas de esas mujeres no tenían, de buscar a tiempo completo a mi hijo, sin tener que preocuparme por el sustento de mi familia: yo tenía los medios y los contactos. Yo podía ir a un psicólogo, ellas no”, cuenta ahora, una tarde de marzo, en una parroquia donde decenas de familiares se realizan pruebas de sangre.

Entonces decidió articular una red de apoyo con las únicas personas que podían entender su dolor y acompañar su lucha, y un año después fundó el Colectivo Solecito de Veracruz, que empezó como un grupo de chat de Whatsapp y hoy reúne a casi cien mujeres. Lucía contrasta notablemente con las mujeres que ha logrado organizar: tiene un iPhone, una casa en Ciudad de México y habla inglés fluidamente. Su formación y sus medios contribuyeron a su capacidad de liderazgo.

En septiembre de 2014, a meses de fundar el colectivo, otra tragedia sacudió a México: un grupo de 43 estudiantes normalistas en el estado sureño de Guerrero desaparecieron tras ser atacados por la policía local, y presuntamente entregados a miembros de un cartel de droga. Lucía vio en la televisión cómo las madres y los padres de los estudiantes de Guerrero salían a los montes a buscar a sus hijos y excavaban la tierra con palas y con sus propias manos.

“Me di cuenta de que teníamos que hacer lo mismo”, dice.

Un doble sufrimiento

Tener un hijo desaparecido significa para las madres un doble sufrimiento: el dolor de la ausencia en sí misma y la agonía de la incertidumbre. “Es una ausencia-presencia que habita todos los lugares, una ausencia que, como no se puede inscribir o representar en nada —los muertos en una tumba, los vivos andan en las calles—, está presente todo el tiempo”, explica la psicóloga Ximena Antillón, integrante de Fundar, un centro de análisis e investigación que acompaña a familiares de personas desaparecidas.

“Todo lo que haces o dejas de hacer, todo tu día es en función de tu hijo. Te conviertes en sus oídos, en su voz, sus ojos”, explica Lucía.

Lucía Díaz tuvo problemas del corazón y de presión. Celia García toma antidepresivos a diario para espantar “las ganas de morirse”. Martha González tuvo una hemorragia en el tubo digestivo por no poder comer ni dormir. María de Jesús Basón llora todos los días a la hora de la comida. Muchas de las mujeres que integran el colectivo han caído en una situación económica más precaria aún que la que tenían antes de comenzar a buscar a sus seres queridos.

Además de tomar cursos con distintos expertos para aprender a recuperar restos, recolectar evidencia y poder llevar adelante una investigación, el año pasado decidieron que necesitaban generar recursos para financiar las búsquedas. Entonces organizaron rifas y ventas de ollas, de ropa usada, de cacahuates asados, para reunir los 10.000 pesos mexicanos (casi 500 dólares) que necesitan semanalmente para poder recorrer predios, escarbar, sacar cuerpos, exigir su identificación.

Después de que iniciaran estas actividades, la comunidad se conmovió ante su iniciativa y, al poco tiempo, empezaron a recibir donaciones voluntarias, desde iPhones hasta bicicletas, para que pudieran rifar.

Las mujeres agrupadas hoy en Solecito, uno de los once colectivos que existen en el estado de Veracruz, se han convertido en un emblema de la lucha de los familiares de desaparecidos. El consuelo de la búsqueda es, para muchas de ellas, el único que queda.

En países como Argentina y Chile, las desapariciones y las exterminaciones sistemáticas tuvieron elementos de ideología política. En México, no.

Según las autoridades responsables de la procuración de justicia, la práctica sistemática de desaparición de personas en México responde a dos factores relacionados con la guerra contra el narcotráfico.

Por una parte, es una herramienta de ejercicio del terror de las bandas criminales en su afán por conquistar nuevos territorios: la desaparición se vuelve una amenaza constante. Por otra, en el enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los principales carteles de droga, las bandas criminales adoptaron la lógica de “sin cuerpo no hay delito”. Una lógica que, por supuesto, también funciona para las autoridades y agentes policiales y militares cooptados por el mismo crimen organizado.
Las madres de desaparecidos no solo han hallado restos por su propia cuenta, sino que han obligado a los funcionarios a tomar el problema de los desaparecidos como una prioridad en estados como Veracruz.

Hasta ahora, las mujeres de Solecito han encontrado 253 cuerpos y más de 20.000 restos en apenas el 30 por ciento del terreno total de Colinas de Santa Fe que han llegado a explorar. Credit Daniel Berehulak para The New York Times
‘No sé qué hacer’

Una calurosa mañana de sábado de hace algunas semanas, en la iglesia de La Merced, en un barrio pobre de la ciudad de Veracruz, cientos de personas atestaban un pequeño salón a la espera de su turno para que agentes de la policía científica les tomaran una muestra de ADN.

Eran más de 200 personas que acudían a la convocatoria. De las más de 800 muestras que Solecito ha recolectado hasta la fecha, casi 600 son casos que no tienen denuncias ante autoridades; es decir: no hay registro oficial ni investigación en curso sobre ellos.

Según la Fiscalía General del estado son 2600 los desaparecidos registrados en Veracruz, pero colectivos, activistas y organizaciones concuerdan con que la cifra es mínima e irrisoria tomando en cuenta que la mayoría de los casos no son denunciados ante las autoridades porque no confían en que vayan a hacer algo al respecto, o incluso porque sospechan que pueden ser cómplices en los hechos.

En el patio de la iglesia, ajenos a la pesadumbre que flota en el aire, grupos de niños gritan y se corretean. Adentro, una señora se acerca a Lucía Díaz y le dice con desesperación: “Mi hijo desapareció hace un año, no sé qué hacer”.

“Tienes que presentar denuncia, es la única forma,” aconseja Lucía, abrumada y dispersa, mientras contesta llamadas, preguntas, entrevistas y pedidos de orientación al mismo tiempo. En su bolsa lleva un pin con la foto de su hijo, y la muestra a cualquier periodista o autoridad que se interese en su caso.

Parte del precio de su liderazgo es que ahora gran parte de su tiempo lo dedica a coordinar el colectivo, juntar fondos, organizar actividades y articular un movimiento de familiares en el estado que incluye, entre otras cosas, elaborar una especie de base de datos con el número de desaparecidos, aunque “es casi imposible tener una cifra sólida y contundente”, dice.

La mujer que hace unos años era una ama de casa acomodada, ajena a la violencia que azota a miles de familias en México, se ha convertido en una luchadora social de convicciones firmes y una vocera —muchas veces incómoda— del dolor de cientos de familias.

“¿Cómo es posible que en México encontremos 253 cuerpos y la gente no reaccione? Si hay un ataque terrorista o un terremoto en cualquier lugar del mundo y se mueren 30, 40, 50, el mundo entero se moviliza, o por lo menos se petrifica. ¿Por qué aquí no?”, pregunta.

Además de los cuerpos, las mujeres de Solecito han encontrado más de 20.000 restos en apenas el 30 por ciento del terreno total de Colinas de Santa Fe que han llegado a explorar.

Según las cifras de la Fiscalía del estado, al menos otros 225 cuerpos fueron exhumados de fosas clandestinas alrededor de Veracruz entre 2010 y 2016, durante el gobierno de Javier Duarte.

Mario Valencia, director de Servicios Periciales de Veracruz, ha señalado que la mayoría de los cuerpos encontrados en Colinas de Santa Fe habrían sido embolsados y depositados en el terreno hace máximo seis años y mínimo un año.

Y el hallazgo que horrorizó al país fue el logro de mujeres como Lucía, quienes hacen el trabajo y la búsqueda que las autoridades locales y estatales no hacían. Del total de cuerpos que han encontrado hasta hoy en la fosa clandestina más grande del país, solo dos han sido identificados.

A pesar de que los funcionarios no siempre estén de acuerdo con la presencia de las mujeres, ni con la búsqueda que hacen en las fosas —en cada brigada hay autoridades presentes que deben encargarse de exhumar los cuerpos e identificarlos después de los hallazgos— el impacto que han generado a nivel nacional ha obligado a los gobiernos a tener que hacerse cargo de este problema.

“Son seres humanos excepcionales que mucho tiempo fueron ignoradas, violentadas, engañadas. Pero eso las unió, lejos de desalentarlas, y hoy son un referente social,” dijo el fiscal general del estado, Jorge Winkler. “Si no fuera por ellas, México y el mundo no sabrían de estos crímenes tan terribles que han pasado en Veracruz y en el resto del país”.

Fue el mismo Winkler quien declaró en febrero a medios locales que Veracruz es “un cementerio” y que aún esperaban encontrar muchas más fosas en el estado.

Durante el gobierno de Javier Duarte, quien estaba prófugo desde hacía seis meses y fue capturado recientemente, se desviaron millones de pesos de recursos públicos, entre ellos los destinados a servicios periciales, análisis e identificación de cuerpos.

Winkler y otras autoridades estatales, incluido el director de Servicios Periciales del estado, reconocen que aún hoy se tienen recursos “ínfimos” para reconocer ADN y para tener un perfil genético, así como para hacer las comparaciones con bases de datos.

El número incierto de desaparecidos en el país es una de las grandes deudas que aún faltan saldar en México, pero hacerlo implicaría que las autoridades reconozcan una complicidad con el crimen a distintos niveles, tal como familiares y organizaciones vienen denunciando hace años. Los responsables de estos crímenes siempre han contado con la la impunidad, pero no han contado con la memoria y la persistencia de las madres.

Cada noche, las mujeres del Solecito pasan lista de cada uno de los familiares desaparecidos a través de su grupo de Whatsapp. Y casi como un ritual, antes de dormir, cada una de ellas escribe: “Él vive, y todos viven”.

The New York Times
Paulina Villegas
Viernes 22 de mayo de 2017.


La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una decisión en marzo que dicta que todos los delitos contra los periodistas deben enviarse a los tribunales federales.


Veracruz. - Las llamadas son cada vez más frecuentes: hallaron otro cuerpo, desmembrado, con la ropa hecha jirones, con heridas de bala. El teléfono suena de día, a la medianoche y a la madrugada.

Los colegas se reúnen de inmediato para rendirle honores; sus fotografías y mensajes son un testimonio sombrío de otro periodista que murió aquí en el Estado de Veracruz, al este de México: el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en todo el hemisferio occidental.

"Ya tiene rato que hemos estado viviendo en este infierno", cuenta el periodista Octavio Bravo, mientras miraba fijamente el ataúd de un colega muerto a balazos el año pasado. "No te imaginas la impotencia, la frustración que sentimos".

México es uno de los peores países en el mundo para ejercer el periodismo. Hasta la fecha hay registro de 104 periodistas asesinados desde el año 2000, y otros 25 están desaparecidos y, se cree, muertos.

En la lista de los lugares más mortíferos para ser reportero, México está ubicado entre Afganistán, un país devastado por la guerra, y Somalia, categorizado como Estado fallido. El año pasado fueron asesinados 11 periodistas mexicanos, la mayor cifra durante este siglo.

Hay pocas esperanzas de que la situación cambie en 2017.

Marzo ya fue el peor mes desde que hay registros, según los datos del capítulo local de Artículo 19, grupo que monitorea la violencia contra los periodistas en todo el mundo.

Siete periodistas fueron baleados en todo el País en marzo y tres de ellos murieron. Fueron asesinados afuera de sus casas, sentados en sus autos, saliendo de un restaurante o mientras hacían un reportaje, por hombres armados que desaparecieron sin dejar rastro.

Los motivos detrás de los asesinatos varían: hay matones de cárteles del narcotráfico molestos por una cobertura audaz en su contra, hay funcionarios públicos corruptos que quieren silenciar a los críticos, así como violencia arbitraria e, incluso, casos de reporteros que cambiaron de bando y se unieron a los mundos criminales que cubrían.

De acuerdo con los datos del Gobierno, servidores públicos como alcaldes y policías han amenazado a los periodistas con más frecuencia que los cárteles; eso pone en peligro las investigaciones y despierta dudas sobre el compromiso gubernamental para hallar a los responsables.

Algunos periodistas fueron torturados o asesinados a petición de alcaldes; otros fueron golpeados en sus redacciones por hombres armados bajo órdenes de funcionarios locales y policías, que habían amenazado con matarlos por sus coberturas.

No obstante, de los más de 800 casos graves de acoso, ataques u homicidios contra comunicadores en los últimos seis años, sólo han sido emitidas dos sentencias por la Fiscalía creada especialmente para investigar delitos contra la libertad de expresión.

"No es que no puedan resolver esos casos, sino que no quieren o no los dejan", comentó un funcionario de alto nivel que pidió mantener su anonimato por miedo a represalias por parte del Gobierno.

"Es una cuestión política. Los periodistas muertos hacen quedar mal al Gobierno, pero es peor si su muerte se debe a que estaban haciendo su trabajo".

El Gobierno responde a las críticas con el argumento de que ha aprobado leyes que protegen a los periodistas y que les ha entregado botones de pánico, equipo de vigilancia e incluso les ha contratado guardias armados en casos en los que la amenaza es considerada lo suficientemente seria.

"Es un hecho indefectible que en México existe el ejercicio de la libertad de expresión", indicó en un comunicado la Procuraduría General de la República, "este constante ejercicio ha implicado riesgos y obstáculos".

"(Es)un ejemplo del esfuerzo que hace el Estado Mexicano para hacer valer (la libertad de expresión) y oponer ante cualquier amenaza que atente en contra de su libre ejercicio", añadió.

Cientos de periodistas han sido puestos bajo protección gubernamental en años recientes. Ninguno de ellos había sido asesinado, hasta julio de 2016, cuando un reportero de nota roja que había recibido varias amenazas de muerte fue baleado afuera de su domicilio y murió camino al hospital.

Los mismos funcionarios que dirigen el programa de protección reconocen que gastar millones para prevenir el asesinato de los periodistas no es suficiente para atender la situación.

"Es un problema que no se resuelve con la protección, uno por uno, de los periodistas", dijo Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. "Sin duda tenemos un enorme reto, que es el de la impunidad."

Las consecuencias para México son mucho más graves que unas cuantas muertes más en un País donde el 98 por ciento de los homicidios quedan impunes. En la opinión de muchos periodistas, la delincuencia, la corrupción y la indiferencia están acabando con la premisa básica de una prensa libre, así como con un pilar central de la democracia del País.

"La libertad de expresión en México se convierte en un mito", dijo Daniel Moreno, Director general de Animal Político, una agencia de noticias independiente.

"El Gobierno federal es incapaz de resolver casos de violencia, y que aparte ejerce esta misma, entonces el estado del periodismo nacional legítimamente se puede considerar en estado de emergencia".

Tras casi una década de violencia en aumento contra los medios, ya sea por el crimen organizado o por funcionarios, la prensa se ha adaptado al censurar buena parte de lo que informa. La autocensura no solo es común, se podría decir que es casi la norma.

En marzo, una respetada periodista recibió ocho tiros cuando salía de su casa para llevar a su hijo a la escuela. En respuesta, uno de los periódicos para los que escribía anunció su cierre de manera repentina y lanzó una advertencia sobre el paisaje mortífero en el que los periodistas se ven obligados a vivir.

"Luchamos contra corriente, recibiendo embates y castigos de particulares y gobiernos por haber evidenciado sus malas prácticas y actos de corrupción", escribió el editor en jefe del diario Norte en una carta abierta. "Todo en la vida tiene un principio y un fin, un precio que pagar. Y si esta es la vida, no estoy dispuesto a que lo pague ni uno más de mis colaboradores, tampoco con mi persona".

El Presidente Enrique Peña Nieto se ha comprometido atender la violencia contra los medios nacionales.

No obstante, el Gobierno federal ha establecido de manera reiterada que los delitos contra los periodistas no son ataques a la libertad de expresión, lo cual quiere decir que no ameritan la participación de éste.

Los investigadores federales han revisado 117 casos de asesinatos de reporteros desde el 2000, pero sólo decidieron investigar ocho. De esos, sólo ha sido resuelto uno.

En ocasiones, algunas autoridades se apresuran a decir que el asesinato de un periodista no está relacionado con su labor poco después de que se dé a conocer la muerte y mucho antes de que siquiera arranque la investigación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una decisión en marzo que dicta que todos los delitos contra los periodistas deben enviarse a los tribunales federales. Sin embargo, la decisión del máximo tribunal todavía no es vinculante y sólo aplica para delitos nuevos, lo cual quiere decir que una gran cantidad de casos se quedarán en los tribunales locales donde actualmente están. Estos cuentan con pocos recursos y son muy vulnerables a la corrupción.

Tres bolsas de basura

"En Veracruz es muy fácil matar periodistas", dijo Jorge Sánchez Cerezo, cuyo padre, Moisés, fue secuestrado y asesinado hace dos años.

Moisés Sánchez Cerezo fue editor del periódico La Unión por más de una década, aunque, a decir de su familia, el peligro llegó hasta que comenzó a escribir notas sobre el desvío de fondos por parte de un Alcalde local en una zona que se había tornado cada vez más violenta.

En enero de 2015, hombres armados irrumpieron en la casa de Sánchez y lo sacaron a rastras, ante la mirada impotente de su familia. Días más tarde su cuerpo fue encontrado destazado y los restos metidos en tres bolsas de basura negras.

Durante meses, sus familiares y periodistas de Veracruz exigieron que el Gobierno federal investigara el caso como un ataque a la libertad de prensa. La Fiscalía Especializada que se creó para proteger la libertad de prensa se resistió a hacerlo.

"No pudimos encontrar ni una sola prueba que sustentara esa afirmación", dijo Ricardo Celso Nájera Herrera, el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

La negativa dejó atónita a la familia de Sánchez, ya que los funcionarios en Veracruz habían obtenido pruebas de que el asesinato se había dado por fines políticos. Un guardaespaldas del Alcalde de la localidad veracruzana, Medellín de Bravo, admitió que su jefe le había ordenado secuestrarlo y asesinarlo.

"Por supuesto que este caso está relacionado con su periodismo", aseveró Luis Ángel Bravo Contreras, ex Procurador estatal de Veracruz, a finales del año pasado.

El Gobierno federal aceptó tomar el caso después de que la familia ejerció presión de manera constante y presentó una demanda legal. Durante los casi dos años que transcurrieron de por medio fue capturado uno de los seis principales sospechosos y el ex Edil se dio a la fuga.

Al igual que decenas de periodistas entrevistados en Veracruz, la familia de Sánchez tiene pocas esperanzas de que se vaya a hacer justicia. Para ellos, las muertes de periodistas caen en el cementerio de la impunidad que acompaña a la mayoría de los homicidios en México.

"Lo único que podemos hacer", dijo Jorge Sánchez, quien ha seguido publicando el periódico de su padre, "es escándalo".

Sin relación a su labor

Este 28 de abril, por quinta ocasión, los reporteros en la capital veracruzana, Xalapa, rindieron honor a su colega asesinada Regina Martínez.

Usualmente ponen una placa en una plaza en el centro de la ciudad, la cual renombran "Plaza Regina Martínez". Los últimos cuatro años que lo han hecho, la placa ha sido quitada por el Gobierno.

Tal vez no haya otro caso más simbólico de la lucha de los periodistas mexicanos en Veracruz que la de Martínez, corresponsal de Proceso, un baluarte del periodismo independiente y una revista que históricamente ha tenido una postura crítica hacia el Gobierno local y nacional.

Sus reporteros lo han pagado caro; se encuentran entre los más amenazados, no sólo en Veracruz, sino en todo el País.

Martínez, una reportera aguerrida con más de 20 años de experiencia, era vista como el ejemplo de una periodista seria que no tenía miedo de cubrir los problemas más críticos de su tiempo, en especial los del nexo entre la delincuencia y la política.

La periodista fue hallada en el piso de su baño, tras ser golpeada y estrangulada, la noche del 28 de abril de 2012, un día después de que se publicaran artículos suyos -uno sobre la misteriosa muerte de un político y otro sobre el arresto de nueve policías que trabajaban para narcotraficantes-.

La muerte conmocionó al País. Los periodistas aquí son al mismo tiempo investigadores, cronistas y víctimas de la violencia y la corrupción desatada por la guerra contra el narcotráfico. Algunos reporteros incluso han llegado a ser partícipes; varios de los que viven en estados donde no impera la ley admiten que han aceptado dinero de los cárteles a cambio de cambiar sus coberturas.

"No me enorgullece recibir su dinero", confesó un reportero de Veracruz que pidió mantener su anonimato por miedo a represalias de los cárteles. "Pero una vez que empiezas, ya no hay vuelta atrás".

Los colegas dicen que Martínez era intachable, una periodista aguerrida y respetada. Si pudieron matarla a ella, entonces nadie está a salvo.

La revista para la que trabajaba, Proceso, exigió una investigación minuciosa y que se le diera acceso a los archivos del caso para asegurarse de que las autoridades lo estaban tomando en serio. El Gobierno aceptó y, según periodistas y ex funcionarios, de inmediato fueron evidentes las deficiencias de la investigación.

Del lugar de los hechos había desaparecido evidencia como botellas de cerveza vacías, junto con rastros de ADN, ya sea a propósito o por una labor policial pobre. Los investigadores federales que llegaron para brindar asistencia no tenían casi nada con qué trabajar debido a ese manejo inadecuado de la escena del crimen.

Jorge Carrasco, el reportero de Proceso que cubría la investigación, comenzó a recibir amenazas de muerte, por lo que tuvo que ser puesto bajo protección las veinticuatro horas del día; ello limitó su capacidad de darle seguimiento al caso.

La versión oficial de lo sucedido decepcionó al gremio. Las autoridades dijeron que el asesinato no estaba relacionado con la profesión de Martínez, sino que uno de los hombres que la mató presuntamente tenía una relación sentimental con ella y que se trató de un robo frustrado.

El sospechoso se dio a la fuga y fue detenido su cuñado, un hombre analfabeto, acusado de ser cómplice. El hombre confesó, pero meses más tarde, durante una audiencia pública, declaró ante el tribunal que lo había hecho bajo tortura, lo que provocó que el juez anulara su sentencia. La condena fue impuesta de nuevo por el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz.

Los periodistas veracruzanos estaban devastados al sentir que nunca se sabría la verdad detrás de la muerte de Martínez. Las autoridades anunciaron que el caso estaba cerrado.

Había una última opción: denunciar el caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que tiene autoridad para iniciar investigaciones cuando se han agotado todas las instancias del sistema judicial de un país. Proceso prefirió no acudir ante la CIDH.

"Para ser honestos, no lo hicimos debido al miedo, sino la inseguridad, dadas las pruebas reales de que matan a periodistas", dijo Carrasco en entrevista. "Cuando comienzas a recibir amenazas, ¿qué haces? Sería poner en riesgo a aquellos que están en las calles, reporteando".

Señaló que Proceso esperaba en vez que el furor público resultante de la muerte de Martínez evitara que se repitiera otro caso como el de ella.

Esas esperanzas se desvanecieron poco después.

En Veracruz se sigue matando a los periodistas y no pasó mucho tiempo para que la muerte volviera a llevarse a un colaborador de Proceso.

En julio de 2015, dos meses después de huir de Veracruz tras denunciar ser víctima de acoso gubernamental -las autoridades lo seguían e intimidaban-, el fotógrafo Rubén Espinosa fue asesinado junto con cuatro mujeres en un departamento de Ciudad de México.

La mañana siguiente, los editores de Proceso y los defensores de los medios marcharon y exigieron una reunión con el Procurador de la capital.

Una de las primeras cosas que les dijo fue que el asesinato no había tenido nada que ver con el periodismo.

Vivir con precaución

Jesús Olivares escuchó la sirena de una ambulancia mientras estaba sentado en un restaurante de mariscos tomando un refresco. Giró en la silla para echar un vistazo por la ventana y alcanzó a ver el reflejo de las luces rojas y blancas mientras el vehículo pasaba a toda velocidad.

"Podría ser algo", dijo, y se levantó.

Pero, en esa ocasión, no había nota. Después de un rápido recorrido por la autopista a bordo de su motocicleta descubrió que la columna de humo en un campo no era un cuerpo, ni despojos, ni ningún final macabro como los que conocía debido a su profesión como periodista de nota roja.

En esta ocasión, se trataba de agricultores haciendo quema de suelo.

"Nada que ver aquí", dijo, dejando ver una sonrisa.

Durante casi tres años, Olivares ha sido reportero de El Dictamen, uno de los diarios de mayor tiraje en Veracruz. Su trabajo es una muestra del costo de la guerra contra el narco: cuerpos desmembrados, balaceras, secuestros.

El trabajo ha tenido su precio. En febrero, un comandante de policía lo amenazó de muerte si no dejaba de tomar fotos de una escena del crimen. Él reportó el incidente y ahora lleva consigo un botón de pánico que le entregó el Gobierno, que dijo le sirve de poco consuelo, pues llama al mismo cuerpo policial por el que se siente amenazado.

"El Gobierno es el peor", expresó. "Por lo menos las amenazas de los narcos son directas, claras".

Es así como Olivares ha decidido encargarse de su propia seguridad, al igual que la mayoría de los reporteros aquí, ha adoptado un sistema de vigilancia y seguridad en grupo.

Habla con cautela entre funcionarios públicos y escribe con eufemismos para evitar términos populares que no son del agrado de los cárteles, como "balacera", "secuestro" y "ejecución". También se hizo amigo de los bomberos, cuya estación se ha vuelto casi como su segundo hogar.

Entabló amistad con ellos tras la muerte de su madre hace dos años, ya que los vulcanos se llevaron su cadáver. Los hombres asistieron a su funeral, lo cual dejó una honda impresión en el reportero, que se sintió agradecido con la calidez del gesto.

Al principio, Olivares comenzó a pasar algunas noches con los bomberos para escapar de la tristeza de su casa. Cuando siguió apareciendo por allí, le dieron un uniforme y un lugar para dormir en la estación.

Sin embargo, una vez que las amenazas comenzaron, sus visitas fueron más útiles de lo que hubiera imaginado: el lugar se convirtió en un santuario, ya que estaba rodeado de defensores bien entrenados en todo momento.

Estos días, se pone el uniforme y acompaña a los bomberos, ayudando cuando puede mientras toma nota para sus reportajes. Le gusta la idea de vestirse con el uniforme cuando el deber llama.

Una noche reciente, Olivares se encontraba en el estacionamiento de la estación, ajustando su chaleco reflejante, mientras sus amigos intercambiaban historias. Uno de ellos relató cómo, hasta hace poco, la delincuencia organizada era quien estaba a cargo de la estación de bomberos, como una forma de extorsionar a aquellos que necesitaban sus servicios.

La situación cambió con la llegada de un nuevo comandante. La estación se abrió al público y los que pasaban hacían sonar la bocina de sus vehículos como un saludo a los hombres, reunidos en la banqueta bajo el resplandor amarillento de una farola.

Olivares parecía relajado tras haber terminado el ajetreo del día laboral. Se retiró a la trastienda de la estación de bomberos.

Obstáculos para la justicia

A finales de julio, el periodista de nota roja Pedro Tamayo Rosas estaba en la entrada de su casa, ayudando a su esposa con el puesto de hamburguesas que tiene en su modesta casa de Tierra Blanca, una ciudad de Veracruz.

Rondando las 23:00 horas, un hombre armado salió de una camioneta negra. Pidió una hamburguesa antes de vaciar el cargador de su arma contra Tamayo, y desapareció.

El hombre, quien estuvo desangrándose casi media hora en la acera y murió camino al hospital, fue el primer periodista mexicano en ser asesinado cuando estaba bajo protección del Estado, lo cual puso fin al saldo blanco de los casi 500 periodistas y defensores de los derechos humanos sujetos a un programa de resguardo gubernamental establecido hace unos cinco años.

Después de varias amenazas de muerte, funcionarios gubernamentales habían ayudado a Tamayo y a su familia a huir de Veracruz. Seis meses después, sin trabajo y nostálgico, regresó y les dijo a sus amigos que prefería morir en Veracruz que vivir en Tijuana.

Como sucede con muchos casos, no se sabe quién ordenó el asesinato. Su esposa cree que la Policía estuvo involucrada. Los oficiales estacionados en su calle no fueron tras los que dispararon.

La viuda afirma que uno de ellos le apuntó con el arma cuando trató de ayudar a su marido. Ahora está convencida de que el Estado tuvo que ver dada una serie de amenazas, de acosos y el arresto de su hijo.

Los amigos del reportero piensan que los cárteles estuvieron involucrados. De acuerdo con personas cercanas, Tamayo estaba revelando información sobre el robo de gasolina en su tierra natal y sus alrededores.

El hecho de que puedan ser responsables del homicidio el Gobierno y la delincuencia organizada -o ambos- refleja la crisis existencial a la que se enfrentan los reporteros en México.

La crisis no acabó con la muerte de Tamayo. Al menos no para su familia.

Su esposa, Alicia Blanco Beisa, informó a sus abogados y a las autoridades estatales encargadas de proteger a los periodistas que había sido amenazada en varias ocasiones por funcionarios de Tierra Blanca, incluso en el día del funeral.

Su casa fue incendiada y su hijo arrestado por el robo de un vehículo, un delito en el que ella asegura no estuvo involucrado. Blanco Beisa declaró haber recibido amenazas de un funcionario de seguridad de alto rango que, apuntándole con un arma, le ordenó guardar silencio sobre su marido.

El caso de homicidio está en un punto muerto, dicen sus abogados. En una reunión reciente en la Procuraduría estatal, los abogados de Tamayo solicitaron al Fiscal que incluyera el ataque, el incendio y el arresto de su hijo en el mismo caso.

Éste se negó, considerando que todos eran episodios inconexos y que no estaban relacionados con el homicidio de su esposo, según dijo la gente que estuvo presente en dichas reuniones.

Entonces reviró la pregunta a la señora Tamayo, preguntándole por qué no había denunciado los hechos formalmente ante las autoridades.

"Lo hice", contestó Blanco Beisa, quien aseguró que fue a las oficinas gubernamentales correspondientes a presentar las denuncias. "Se negaron a registrarlas".

Sus abogados, que trabajan para el grupo de defensa de derechos de los periodistas Artículo 19, ahora están preocupados por la seguridad de la viuda. Dicen que las denuncias de acoso contra funcionarios públicos son una maniobra mortal en Tierra Blanca, un lugar especialmente mortífero en un estado especialmente mortífero.

"Este es uno de los casos más emblemáticos", dijo Erick Monterrosas, abogado de Artículo 19.

Y como en muchos de estos casos, añadió, los homicidas de Tamayo siguen libres.

The New York Times
Ciudad de México
Domingo 30 de abril de 2017.

The New York Times

La camiseta de Tom Brady que se perdió en el Super Bowl 2017 fue localizada en México; al parecer la tenía el editor del diario La Prensa, un periódico que estaba acreditado para cubrir el evento. Según las autoridades, también encontraron más prendas de Brady y un casco de otro jugador de anteriores ediciones del Super Bowl.

Para poder encontrar la codiciada camiseta fue necesario desplegar una investigación del FBI y la policía de Houston, la ciudad donde se jugó el partido, así como de las autoridades mexicanas y la liga. Brady, el mariscal de campo de los New England Patriots, dijo que la camiseta no estaba en su bolso cuando regresó al vestidor después de celebrar la histórica victoria de su equipo contra los Atlanta Falcons.

Las pistas, con la ayuda de videos grabados por cámaras ubicadas cerca del vestidor, condujeron la investigación hasta Mauricio Ortega, editor de La Prensa en Ciudad de México, según los funcionarios de la liga.

Las autoridades confrontaron a Ortega, quien según dijeron no solo entregó esa camiseta de Brady sino otra del jugador utilizada en el Super Bowl XLIX en Glendale, Arizona, así como un casco que al parecer pertenece a Von Miller, el apoyador de los Broncos de Denver que fue el jugador más valioso del Super Bowl en 2016.

Los tres objetos se enviaron a Estados Unidos para estudiar su autenticidad. Los artículos podrían ser utilizados como prueba si Ortega enfrenta acusaciones judiciales.

Resolver el enigma de la camiseta de Brady —o las camisetas— planteó preguntas sobre la seguridad y el control de los miles de periodistas que cubren el evento, incluyendo 5700 tan solo este año, varios cientos de ellos provenientes de México, donde la NFL está tomando iniciativas para atraer nuevos fanáticos.

Los Raiders de Oakland jugarán contra los Patriots en Ciudad de México durante la próxima temporada; en noviembre los Raiders y los Houston Texans jugaron el segundo partido de temporada regular de la NFL en el Estadio Azteca. Ortega cubrió ese partido.

En los últimos años, algunas personas que han recibido credenciales solo han ido al Super Bowl a pasar el rato o ser parte del espectáculo, sobre todo el lunes antes del partido, cuando a los medios de comunicación pueden entrevistar a los jugadores de ambos equipos. Algunas personas acreditadas se visten con ropa extravagante y les hacen preguntas bochornosas a los jugadores.

En el sitio web de La Prensa no hay notas firmadas por Ortega sobre el último Super Bowl u otros, aunque sí redactó un artículo sobre el juego de temporada regular celebrado en noviembre.

Fox Sports, cuyo reportero Jay Glazer reveló la noticia de la camiseta del Super Bowl LI, transmitió un video que mostraba a Ortega mientras caminaba al vestuario y al parecer salía con algo bajo su camisa.

OEM, la empresa matriz de La Prensa, una de las corporaciones de medios más grandes de México, emitió un comunicado en el que señala que Ortega renunció el 14 de marzo. Según funcionarios de la empresa, la decisión estuvo relacionada con problemas de salud que, según él, estaban sufriendo sus familiares cercanos.

La declaración menciona que “con total sorpresa y decepción”, la empresa se enteró de la investigación y “reprueba enérgicamente” ese tipo de comportamiento. Señaló que los funcionarios de la empresa no sabían de la participación de Ortega en el robo de los artículos. Una persona que contestó el teléfono de las oficinas de La Prensa dijo que no había comentarios adicionales y colgó cuando le pedimos más información. No hubo respuesta por parte de las oficinas de OEM.

En una entrevista telefónica, Brian McCarthy, un portavoz de la liga, no dijo dónde se habían encontrado las camisetas o si Ortega las había llevado a la policía después de que lo confrontaron. También dijo que el FBI continúa sus investigaciones.

El sargento Scott Waite, un portavoz del Departamento de Policía de Glendale, Arizona, dijo que ninguno de los miembros de los Patriots o de la NFL se había puesto en contacto con la policía después de que la camiseta de Brady desapareciera hace dos años porque “no creyeron que se tratara de un robo”.

Patrick Smyth, un portavoz de los Broncos, dijo que el equipo había estado en contacto con el equipo de seguridad de la NFL para determinar si el casco recuperado en México le pertenecía a Miller.

Aunque la desaparición de la camiseta de Brady ocurrida hace dos años y el casco de Miller del año pasado no atrajeron mucha atención, el robo de febrero fue distinto.

Poco después de la victoria de los Patriots, Brady estaba frente a las cámaras quejándose de que su camiseta había desaparecido.

Durante una celebración después del partido, se pudo escuchar a Brady que decía: “Estaba aquí; sé exactamente dónde la puse”.

Al día siguiente, el vicegobernador de Texas, Dan Patrick le pidió a la policía estatal que ayudara a encontrar la camiseta de Brady. En ese momento, no estaba claro si se había extraviado o la habían robado.

Algunos subastadores calcularon que la prenda podría obtener decenas de miles de dólares en una subasta. Un informe de la policía de Houston estableció que su valor era de 500.000 dólares. En una entrevista en Fox Business Network el mes pasado, el propietario de los Patriots, Robert K. Kraft, comparó el robo de la camiseta de Brady con “tomar un gran Chagall o Picasso o algo así”.

The New York Times
Ken Belson
Miércoles 21 de marzo de 2017.


Paul Krugman
 
Betsy DeVos, a quien Donald Trump nombró secretaria de Educación, no conoce términos básicos de educación, ignora los estatutos federales que regulan la educación especial, pero piensa que en las escuelas debería haber armas para defender al alumnado de los osos grizzli.

Monica Crowley, seleccionada como asesora del Consejo de Seguridad Nacional, se retiró después de que se dio a conocer que plagió buena parte de sus publicaciones. Hay aún muchos nombramientos pendientes en el área de seguridad nacional y no hay claridad sobre qué tanto se ha leído, de haberlo hecho, de los materiales informativos elaborados por la administración saliente.

Por su parte, Rex Tillerson, seleccionado como secretario de Estado, declaró informalmente que Estados Unidos bloqueará el acceso de China a las bases en el mar del sur de este país, aparentemente sin darse cuenta de que con ello estaba amenazando con iniciar una guerra si China lo retaba a cumplir su dicho.

¿Acaso vemos un patrón aquí?

Era evidente para cualquiera que estuviera poniendo atención que la corrupción del gobierno entrante sería descarada. Sin embargo, ¿sería al menos eficiente en su corrupción?

Muchos de los que votaron por Trump sin duda creyeron que estaban eligiendo a un empresario inteligente que haría que las cosas se hicieran. Incluso aquellos que tenían una mejor idea de quién es podrían haber esperado que el presidente electo, una vez satisfecho su ego, sentaría cabeza para dirigir al país, o al menos para dejar la aburrida tarea de gobernar Estados Unidos en manos de personas que realmente tuvieran capacidad de hacerlo.

Eso no es lo que ha sucedido. Trump no ha dado un giro ni madurado, o como prefieran llamarle. Sigue siendo el ególatra inseguro con déficit de atención que siempre ha sido. Peor, se está rodeando de gente que comparte muchos de sus defectos, tal vez porque son el tipo de gente con la que se siente cómodo.

Así que las personas que comúnmente designa, ya se trate de un puesto relacionado con la economía, la diplomacia o la seguridad nacional, son puestas en entredicho por su ética, su falta de conocimiento del área de la política que se supone deben administrar y su falta de interés. Algunos, como Michael Flynn, seleccionado por Trump para convertirse en consejero de seguridad nacional, incluso son tan adictos como su jefe a las teorías cibernéticas de conspiración. Este no es un equipo que compensará la debilidad del comandante en jefe; por el contrario, es un equipo que la amplificará.

¿Por qué nos debería importar? Para darnos una idea de cómo podría funcionar (o no) la administración de Trump y Putin, resulta útil recordar lo que ocurrió durante los años de Bush y Cheney.

Las personas tienden a olvidar hasta qué punto el último gobierno republicano se caracterizó por su nepotismo, el nombramiento de gente incapaz pero bien conectada en posiciones clave. No fue tan extremo como lo que vemos hoy, pero fue sorprendente en esa época. ¿Recuerdan aquello de “Muy buen trabajo, Brownie”? En verdad causó un enorme daño.

En específico, si quieren darse una idea de cómo será el gobierno de Trump, tengan en cuenta el adefesio de la invasión de Irak. Todos aquellos que sí sabían cómo construir una nación no fueron bienvenidos; su lugar fue ocupado por los leales al partido y los especuladores corporativos. Incluso hay un vínculo poco conocido: el hermano de Betsy DeVos, Erik Prince, fundó Blackwater, la pandilla de mercenarios que, entre otras cosas, ayudó a desestabilizar a Irak al disparar contra una multitud de civiles.

Ahora las condiciones que prevalecieron en Irak —la ideología ciega, el desprecio por la experiencia, la total inobservancia de las normas éticas— han llegado a Estados Unidos, pero de una forma mucho más pronunciada.

¿Qué pasará cuando enfrentemos una crisis? Recordemos: Katrina fue el acontecimiento que acabó por revelarnos a todos el costo del nepotismo de la era de Bush.

Todo presidente enfrenta algún tipo de crisis. Es probable que surjan, especialmente teniendo en cuenta al equipo entrante y sus aliados en el congreso: dadas las prioridades que la gente que está a punto de asumir esos puestos ha declarado tener, es muy probable que veamos el colapso de la seguridad social, una guerra de comercio y un distanciamiento con China tan solo en el año siguiente.

Incluso si de algún modo esquivamos esos peligros, siempre pasan cosas. Tal vez habrá una nueva crisis económica, alimentada por la prisa de echar por tierra la normatividad financiera. Quizá haya una crisis diplomática provocada, digamos, por la temeridad política en el Báltico del buen amigo de Trump, Vladimir. Quizá sea algo que no nos imaginamos. ¿Y después qué?

Las crisis reales necesitan soluciones reales. No se pueden resolver con un tuit genial ni por tener amigos en el FBI ni con las historias sembradas en los medios por el Kremlin que ponen nuestros problemas en un segundo plano. Lo que la situación exige es gente sensata y conocedora en posiciones de autoridad.

Pero hasta donde sabemos, casi nadie que se apegue a esa descripción formará parte de la nueva administración, con excepción, probablemente, del designado a la Secretaría de Defensa, cuyo apodo resulta ser Mad Dog (el Perro Loco).

Así que con esto nos quedamos: una administración sin precedentes por su corrupción, pero también con una ineptitud absoluta para gobernar. Déjenme decirles, va a ser fantástico… como diría Trump.

The New York Times
Paul Krugman
Viernes 20 de enero de 2017.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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