Ciudad de México.- En México se resuelve solo el cinco por ciento de los homicidios. De los 154.557 asesinatos cometidos en el país de 2010 a 2016, el 94,8 por ciento permanecen impunes. El promedio son cinco condenas por cada cien víctimas, muy por debajo de las estadísticas del continente americano (24 sentencias), de Asia (48 sentencias) o de Europa (80 sentencias por cada cien homicidios).

México vive una crisis de impunidad en el momento más violento de su historia registrada: en 2017, nueve meses registraron un récord insólito, más de dos mil asesinatos.

Estas cifras se deben al colapso del sistema de justicia mexicano. En Colima, el estado con el nivel más alto de homicidios sin sentencia (98,8 por ciento), cada agente tiene una carga de 148 asesinatos rezagados; en Guerrero, una de las entidades más violentas del país, cada fiscal tiene novecientos casos pendientes y en Ciudad de México, que tiene el mayor aparato de justicia a nivel nacional, cada fiscal de homicidios tiene hoy un atraso de noventa casos. A este ritmo, se necesitarían 124 años para resolver los homicidios pendientes de solo seis años.

Otro vicio de la justicia en México es que la investigación para esclarecer los crímenes no se centra en llegar a la verdad, sino en encontrar a un culpable. Después de ocho meses de investigación y de entrevistar a más de sesenta funcionarios, abogados y expertos para un reportaje publicado en Animal Político, llegamos a una conclusión intuida pero poco señalada: una de las causas de la crisis de impunidad en el país es que el sistema de justicia mide sus resultados por número de detenidos.

Se trata de un método efectista de impartición de justicia que pasa por detener a un presunto culpable, muchas veces a partir de una confesión conseguida por tortura, sin investigar el caso. Solo en 2016, el 35 por ciento de los prisioneros en México no tenía condena: personas legalmente inocentes pero encarceladas que son víctimas de un sistema enfocado en llenar prisiones, pero no en prevenir crímenes ni en crear u homologar un protocolo que diga cómo investigar un homicidio.

El ejemplo más claro de este enfoque distorsionado de la justicia es el de Ayotzinapa, la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Guerrero. El 4 de junio de 2018, a cuatro años del episodio de mayor indignación civil durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, un tribunal federal anunció su fallo unánime: la investigación oficial presenta graves deficiencias que impiden esclarecer lo que sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014.

La sentencia enumera una serie de errores que es común escuchar por todo el país: hay indicios de que los detenidos confesaron por tortura, no se analizaron todas las pruebas o se sembró evidencia. El tribunal advirtió que la investigación no se hizo para buscar la verdad, sino para confirmar la versión del gobierno y propuso la creación de una Comisión de Investigación de la Verdad y la Justicia. En respuesta, ocho órganos gubernamentales han presentado recursos para no cumplir la resolución del tribunal. Parece que el gobierno ha entablado una disputa jurídica para no investigar uno de los casos más paradigmáticos de la crisis de justicia mexicana.

Además de estar desbordado y mantener un enfoque errado, el sistema de justicia presenta un déficit de recursos materiales. Tuxtepec, la segunda ciudad más poblada de Oaxaca y con una tasa de homicidios casi dos veces mayor que el promedio nacional, no tiene una morgue equipada para autopsias ni médicos que analicen los cuerpos. El trabajo lo hacen funerarias privadas y los cadáveres son llevados directamente al panteón municipal. También los peritos, detectives y funcionarios del Ministerio Público de México ganan en promedio de dos a diez veces menos que sus contrapartes en países como Brasil, Costa Rica y Estados Unidos. Esto contrasta con el mal uso de los recursos: en un laboratorio forense en el estado de Nayarit hay un equipo forense de un millón de dólares comprado hace cinco años que nunca ha sido usado.

Al mismo tiempo hay negligencia: en 2013, México recibió de la Cruz Roja Internacional un programa informático para identificar cuerpos de personas asesinadas en fosas, pero solo tres de los 32 estados lo han usado para establecer perfiles de ADN. Las bases de balística —que permiten rastrear las armas implicadas en delitos, dentro y fuera del país— no funcionan en uno de cada tres estados.

Los problemas del sistema fallido de justicia no se deben a la falta de dinero, pues entre 2008 y 2015 el presupuesto para seguridad interna ha aumentado de 27.000 a 43.000 millones de pesos. Hay una razón de fondo. En 2010, luego de la masacre de trece personas en una fiesta en Chihuahua, el Ejército llegó a un culpable, Israel Arzate, quien, según se dijo, circulaba en un coche robado y confesó ser el autor del multihomicidio. Tres años después, la Suprema Corte lo liberó tras confirmar que fue torturado para autoincriminarse, que no había una sola prueba que lo vinculara al crimen y que el automóvil en el que viajaba no era robado. Arzate no tuvo una investigación apropiada “porque no interesa. Vivimos en una sociedad donde la justicia solo consiste en llevar a alguien a prisión”, dijo el juez que analizó el caso.

En México abundan los casos como el de Arzate. Por ejemplo, el de Martín del Campo, un empresario encarcelado durante veintitrés años, acusado de asesinar a dos personas. Solo después de que instancias internacionales exigieron al gobierno examinar su sentencia, la Suprema Corte de Justicia ordenó su libertad al advertir que la única prueba era una confesión obtenida por un policía que reconoció haber torturado a Del Campo.

Resolver la crisis de justicia en México exige crear contrapesos legales y sociales para vigilar el servicio público. A su vez, el Congreso tiene que establecer un protocolo nacional de investigación de homicidios y establecer fiscalías especializadas que investiguen estos casos —solo la mitad de los estados cuentan con ellas—. La Procuraduría General de la República (PGR), el órgano que investiga y persigue los delitos federales, debe erradicar la tortura y, si ocurre, deben sancionarla a través de una fiscalía especializada en castigar violaciones a los derechos humanos.

Y la sociedad civil también tendría que ayudar a la renovación de nuestro sistema de justicia. Hay antecedentes: en 2002, se creó un Consejo de Participación Ciudadana en la PGR para evaluar y dar seguimiento a las políticas de seguridad pública, pero desapareció en 2013. Desarrollar órganos ciudadanos que vigilen el desempeño de la policía y que puedan tener autoridad en las reuniones de los consejos estatales, regionales y nacionales de seguridad será un paso adelante.

Pero, ante todo, se debe empezar por romper el paradigma judicial actual: no debe enfocarse solo en el número de detenidos, sino en la solución de los crímenes, el hallazgo de sus móviles y el diseño de una política preventiva eficaz afincada en el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos humanos. Para ello, el gobierno mexicano debe tener la voluntad política de reformar las instituciones judiciales. Hasta ahora no la ha tenido.

Arturo Angel es periodista y reportero del portal Animal Político. Ha publicado el libro “Duarte: El priista perfecto”.

The New York Times
Arturo Angel
Ciudad de México
Viernes 13 de julio de 2018.


Otra disputa fronteriza: qué voces merecen contar las historias de la migración…

Tucson. - El escritor Francisco Cantú, quien pasó años como agente de la Patrulla Fronteriza, se preparó para la furia de las personalidades que se oponen a la inmigración y a la de sus antiguos colegas cuando publicó unas memorias cautivadoras este año, que profundizan en el frecuente abuso por parte de las autoridades contra los inmigrantes en las tierras fronterizas del suroeste de Estados Unidos.

Sin embargo, cuando esas reacciones se calmaron, se desató una ola de críticas para las que Cantú no estaba preparado, provenientes del otro extremo del espectro político, incluyendo a artistas y escritores sin documentos de todo Estados Unidos que perciben a la Patrulla Fronteriza como una fuerza paramilitar que incita el miedo y destruye familias.

Algunos han llamado a Cantú, de 32 años, un mexicoestadounidense de tercera generación, “nazi” y “traidor” por haberse unido a la Patrulla Fronteriza. Otros se aparecieron en presentaciones de su libro en California y Texas y silenciaron los eventos con gritos de “Vendido” dirigidos hacia él. Algunos críticos sugirieron boicotear el libro de Cantú, The Line Becomes a River, calificándolo como un traidor que saca provecho de la sangre derramada por otros.

“No veo por qué Cantú deba ser absuelto y halagado por decir que atestiguó una tragedia que él ayudó a mantener”, dijo Jesús Valles, de 31 años, un dramaturgo y maestro en un bachillerato público en Austin, Texas, quien fue uno de los manifestantes cuando Cantú viajó recientemente a ese estado para asistir a firmas de libros.

“Es difícil siquiera explicar el miedo que la Patrulla Fronteriza provoca en gente como yo”, añadió Valles, quien fue llevado ilegalmente a Texas de niño y, muchos años después, obtuvo la autorización legal para quedarse en Estados Unidos. “Es el terror de ser cazado como animal, de ver cómo deportan a tus hermanos. Y Cantú obtiene un buen acuerdo editorial después de haber sido uno de los tipos con las armas”.

La creciente tensión acerca de Cantú y su libro está provocando un vigoroso debate sobre quién se beneficia de contar las historias de la vida a lo largo de la frontera, y destaca las peleas entre los latinos nacidos en Estados Unidos y aquellos que fueron llevados ilegalmente a ese país cuando eran niños al tiempo que el polarizante muro fronterizo del presidente Trump comienza a tomar forma en el desierto de Chihuahua.

En un giro a las disputas sobre su libro, Cantú ha tomado a algunos de sus críticos más estridentes por sorpresa al agradecerles y ponerse de su lado. En sus presentaciones públicas, ha solicitado que se permita a los manifestantes hablar con sorna respecto de él y su libro. Además, en una entrevista en Tucson, donde vive, Cantú dijo que estaba de acuerdo con algunas de las acusaciones en su contra.

“Mi objetivo era describir a la Patrulla Fronteriza desde dentro, no justificarla de algún modo”, dijo Cantú mientras comíamos en El Chivo de Oro, una gastroneta que se especializa en platillos como tacos de cabeza y birria.

Su libro relata incidentes de agentes de la Patrulla Fronteriza —con Cantú entre ellos, aunque por lo general, afirma, él solo miraba— partiendo las botellas de agua de las que dependen los migrantes para sobrevivir, decorando cactus con ropa interior de mujer y prendiendo fuego a choyas bajo el cielo nocturno.

“Te encuentras con gente completamente aterrada por tu presencia debido a que eres quien hace cumplir la ley”, dijo, mientras reflexionaba sobre la experiencia de encontrar a hombres y mujeres perdidos, deshidratados, tambaleantes a través de matorrales de mezquite.

Cantú pasó de patrullar el campo a recolectar inteligencia, sufriendo por lo que implicaba ser bueno en ese trabajo. En el libro cita el lenguaje deshumanizante que sus colegas usaban para describir a los inmigrantes, como cuando un superior dividió a quienes cruzaban la frontera en “escoria” y “simples mojados”.

Al reflexionar sobre su exposición a la cultura de la Patrulla Fronteriza, Cantú enfatizó que destruir contenedores de agua fue algo que él nunca hizo. Mencionó que sentía que no había una forma eficaz de denunciar el lenguaje racista que sigue siendo común en esa institución, aunque sí lo hacía en conversaciones más íntimas con agentes con quienes tenía una relación cercana o que eran sus subordinados.

“Sentía que mis acciones individuales quedaban eclipsadas por la abrasiva maquinaria del sistema y la cultura de la que fui parte”, dijo.

Cantú no está de ninguna manera solo en su batalla con tales dilemas en la Patrulla Fronteriza: más de la mitad de sus agentes hoy en día son latinos, pues la agencia ha surgido como una fuente de oportunidades económicas en las empobrecidas extensiones del suroeste.

Algunos agentes crecieron en ambos lados de la frontera, aún tienen familiares en México o sostienen relaciones amorosas que de alguna manera ignoran la difusa línea trazada a lo largo del río Bravo. Muchos de los reclutas compañeros de Cantú eran veteranos de las guerras en Afganistán e Irak, lo que refleja la creciente militarización de las tierras fronterizas.

En entrevista, Cantú dijo que escribir un relato sobre un latino que cazaba a otros latinos para ganarse la vida no era lo que tenía en mente cuando se unió a la Patrulla Fronteriza a los 23 años, tras graduarse de la American University. Dijo que se había imaginado que pasaría ahí unos cuantos años para adquirir experiencias de primera mano antes de ir a la escuela de leyes o al servicio exterior, con la esperanza de especializarse en asuntos de inmigración.

Javier Zamora, de 28 años, un poeta que emigró de manera ilegal desde El Salvador a los 9 años, dijo que comprendía de dónde venían algunas de las críticas contra Cantú, en especial aquellas que señalan que la perspectiva de Cantú, un ciudadano estadounidense, se alza en contra de la de millones de latinos en riesgo de ser deportados.

“El libro se parece a los escritos de veteranos y el dilema que implica: ¿preferirías leer un libro escrito por un iraquí o algo de un veterano estadounidense de la guerra contra Irak?”, preguntó Zamora, autor del aclamado poemario de 2017 Unaccompanied. “Yo elijo al escritor iraquí”.

De cualquier manera, Zamora, quien vive en California y está en riesgo de ser obligado a dejar Estados Unidos después de que el gobierno de Trump revocó las políticas que habían permitido a cerca de 200.000 salvadoreños vivir en ese país, dijo que apreció gran parte del libro de Cantú, en particular los pasajes donde escribe sobre la carga mental de su trabajo, describiendo que por las noches tenía pesadillas y rechinaba los dientes.

“Ese espacio interno de la mente que él describe es lo que considero valioso”, dijo Zamora. “Me parece difícil leer algo que no sea ficción sobre la frontera por todos los traumas que vienen a mi memoria, pero este libro no es así. Muestra cómo la frontera no es de ninguna manera algo blanco y negro, sino más bien extremadamente gris”.

Sin embargo, otros escritores, incluyendo algunos que han pasado gran parte de su vida con miedo a los agentes de migración, son menos generosos en su evaluación de Cantú y su libro.

“Cantú es un hombre que pasa por blanco y que nunca ha estado sin documentos”, dijo Sonia Guiñansaca, de 29 años, una poeta que llevaron a Nueva York cuando tenía 5 años desde Ecuador para reunirse con sus padres. Pasó más de dos décadas como no autorizada en Estados Unidos, antes de obtener los documentos que le permiten quedarse en el país.

“Me entristece que él se esté beneficiando de nuestras historias mientras yo tengo un directorio lleno de estupendos escritores y artistas migrantes que nunca tienen una oportunidad así”, dijo Guiñansaca, quien no obstante añadió que algunas partes del libro estaban “bellamente escritas para lo que son”.

Cantú, quien tiene ascendencia tanto latina como estadounidense, dijo que agradece esas críticas. Señaló que parte de los textos más atractivos sobre la frontera están escritos por poetas, y citó a Vanessa Angélica Villareal, del valle cercano al río Bravo en Texas, y a Sara Uribe, quien vive en el norte de México.

Una importante influencia para Cantú fue su propia madre, una ex guardabosques de las montañas de Guadalupe, cerca de El Paso. Trató de disuadirlo de unirse a la Patrulla Fronteriza, y cuando eso no funcionó, lo cuestionó sobre la crueldad de los agentes que permiten que mueran migrantes en el desierto.

“Le preocupaba el bienestar de mi alma”, dijo Cantú.

Valles, el dramaturgo de Texas que protestó en contra de Cantú, dijo que sería demasiado fácil disculpar al autor aduciendo una ingenuidad juvenil o el hecho de que no escuchó a su madre.

“La gente va a leer este libro y quizá llore mientras lo hace”, continuó Valles. “Y, al leerlo, sentirán como si hubieran ayudado a alguien, pero van a cerrar el libro y seguirán adelante. Nosotros no podemos cerrar el libro y olvidarnos de la pesadilla en la que se ha convertido la frontera. No podemos cerrar el libro ante nuestra vida”.

Cantú no estaría en desacuerdo con ese argumento.

Terminó, dijo, por darse cuenta de que su creencia de poder ser una fuerza para el bien dentro de la agencia era algo ingenuo, abrumado como todos por la complejidad de las políticas migratorias a lo largo de la frontera. Decidió que escribir le permitiría presentar “la belleza, la alegría y el horror simultáneos de vivir aquí y amar este lugar”.

The New York Times
Simon Romero
Tucson, Arizona, EU.
Miércoles  22 de mayo de 2018.


Cada año, 213.000 armas llegan ilegalmente a México desde Estados Unidos, según un informe

CIUDAD DE MÉXICO — José Antonio Tizapa tiene pocas certezas sobre la desaparición de su hijo. A sus 50 años lucha por continuar con su vida mientras busca respuestas, pero le cuesta creer que después de cuarenta meses de investigaciones, marchas, reuniones, lágrimas y desaliento todavía no se sepa qué pasó con Jorge Antonio Tizapa Legideño, su hijo de 20 años que desapareció en Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 junto con 42 de sus compañeros.

Sin embargo, Tizapa explica que el uso de armas estadounidenses durante ese día es uno de los hechos que suele recordar con amargura: “Las armas usadas en la desaparición de nuestros hijos, sobre todo las de los policías municipales, a través de la Sedena, son fabricadas en Estados Unidos. Y es probable que las usadas por los delincuentes también”.

Las preocupaciones de Tizapa consiguen eco en Beyond Our Borders, el más reciente informe del Center for American Progress, una organización estadounidense que se encarga de la investigación y defensa de políticas públicas. En este reporte los investigadores citan los registros de la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos que revelan que, entre 2011 y 2016, al menos 106.000 armas fabricadas en Estados Unidos estuvieron vinculadas con actividades delictivas en México.

De esa cifra, 74.200 fueron compradas legalmente en territorio estadounidense, pero el informe también señala que cada año cerca de 213.000 armas de fuego son transportadas ilegalmente hacia territorio mexicano.

“Estados Unidos tiene la obligación moral de mitigar su participación en el incremento de la violencia letal en el extranjero”, comenta Chelsea Parsons, coautora del reporte. “Aunque existen muchos factores exclusivos de cada nación que afectan las tasas de delitos violentos, Estados Unidos podría hacer más para reducir los riesgos que plantean las armas de fuego estadounidenses que cruzan la frontera y que se usan para perpetrar delitos en los países cercanos”.

En 2017, México alcanzó su nivel más alto de homicidios en los últimos veinte años, con una tasa de 20,5 homicidios por cada 100.000 personas. Los investigadores sostienen que, aunque esa cifra en parte se debe a los altos niveles de impunidad con el comportamiento delictivo, el acceso a las armas de fuego también ha sido un factor clave en el aumento de los homicidios. En 1997, el 15 por ciento de los homicidios sucedidos en México fueron cometidos con armas de fuego; sin embargo, el año pasado ese porcentaje aumentó hasta el 66 por ciento.

 “Las autoridades estadounidenses siempre denuncian el flujo de drogas provenientes de México, pero casi no se habla del flujo de armas estadounidenses que favorece la violencia y el dominio de las estructuras delictivas en México”, explica Eugenio Weigend, otro de los investigadores del estudio. “En el tema de las armas la responsabilidad recae principalmente en Estados Unidos porque de ahí vienen, ahí se producen”.

El informe también señala que solo entre 2014 y 2016, más de 33.000 armas de fuego estadounidenses fueron recuperadas en investigaciones criminales en México. Esa cifra excede el número de armas recuperadas durante el mismo periodo en la mayoría de Estados Unidos, exceptuando los estados de California, Florida y Texas. Según la investigación, el uso de armas de fuego durante los robos violentos también ha aumentado. En 2005, el 58 por ciento de los robos se cometieron con armas de fuego, pero en 2017, esa cifra aumentó a 68 por ciento.

“Una de las razones que explican el aumento de la violencia en México es el incremento de la letalidad del crimen organizado gracias a las pocas barreras institucionales, en ambos lados de la frontera, para conseguir armamento proveniente de Estados Unidos”, explica David Ramírez de Garay, investigador de México Evalúa, un centro de análisis de políticas públicas. “Por ello, esperamos que el tráfico de armas sea un tema rector de la agenda binacional y demandamos que los aspirantes a la presidencia incorporen de manera seria y responsable una política de desarme en sus propuestas de seguridad”.

Los efectos en América Central

El reporte también muestra que las armas estadounidenses atizan la violencia letal en varios países centroamericanos como El Salvador, Honduras y Guatemala. Aunque los investigadores advierten que gran parte de esa problemática es una consecuencia del tráfico de drogas relacionado con las pandillas, también sostienen que otros factores como la corrupción en las instituciones gubernamentales, la desigualdad de ingresos, la impunidad de los delincuentes y la herencia de los conflictos bélicos, han desestabilizado a toda esa región.

“Armas que originalmente se compran en Estados Unidos, luego son utilizadas en países vecinos para cometer un delito al menos cada 31 minutos. Para sacar las armas, los traficantes explotan las mismas lagunas en las leyes estadounidenses que facilitan el tráfico ilegal de armas domésticas”, afirma Parsons.

De 2014 a 2016, el 49 por ciento de las armas de fuego recuperadas en El Salvador fueron compradas originalmente en Estados Unidos, reseña el reporte. De manera similar sucedió con el 45 por ciento de las armas incautadas en Honduras y el 29 por ciento de Guatemala.

Otros países centroamericanos también sufren las consecuencias del uso de las armas de fuego estadounidenses en los delitos. El informe detalla que de 2014 a 2015, el 57 por ciento de las armas recuperadas y rastreadas en Costa Rica fueron fabricadas en Estados Unidos, de 2014 a 2016 se detectó la misma situación con el 51 por ciento del armamento conseguido en Belice y el 47 por ciento de las armas incautadas en Panamá.

De 2014 a 2016, 50.133 armas que se produjeron en los Estados Unidos fueron recuperadas como parte de investigaciones criminales en quince países de América del Norte, América Central y el Caribe. “Las personas adquieren legalmente ese armamento en Estados Unidos y luego se importa con mucha facilidad a México y otros países, lo que permite el incremento de la violencia”, explica Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano, una organización de la sociedad civil que analiza las condiciones de seguridad, justicia y legalidad del país. “Estados Unidos debería implementar medidas para prevenir que no salgan tantas armas de ese país, eso implicaría el establecimiento de una regulación sobre la exportación de armas a otros países”.

Tizapa, el padre de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, vive en Estados Unidos y dice que siempre recuerda los mensajes que todas las mañanas le mandaba a su hijo, las conversaciones telefónicas y todos los sueños compartidos que fueron truncados desde el día de la desaparición.

Con aplomo explica que se ha convertido en un observador distante de lo que pasa en su país: “México no está en guerra, pero el gobierno parece que se está preparando para eso y la mayoría de los mexicanos no lo sabemos. Hay muchas armas, tanto legales como ilegales, y ambas nos están desapareciendo”.

The New York Times
Albinson Linares
Ciudad de México
Miércoles 7 febrero 2018.


Ciudad de México. – Marbella Aguilar guarda su colección de libros usados en un estante escondido en su habitación de Casa Xochiquetzal, un hogar de estilo colonial grande y de color amarillo en el centro de esta metrópoli.

 “Me encanta leer y escribir”, dijo Aguilar, de 61 años. “Poesía, prosa, lo que sea. No puedo dormirme sin que estén mis libros aquí al lado”. Entre sus favoritos menciona Los miserables, Lolita y las obras de Pablo Neruda y de Tolstoi.

Pero ella misma podría llenar todo un libro con sus experiencias, pues su vida ha sido todo menos ordinaria. Y Casa Xochiquetzal no es cualquier hogar: es un albergue para trabajadoras sexuales retiradas o semijubiladas.

Nombrada en honor a la diosa azteca del amor sexual y de la belleza, la casa abrió sus puertas en 2006 después de que Carmen Muñoz, quien fuera trabajadora sexual, encontró a algunas de sus antiguas compañeras durmiendo en camas improvisadas hechas de cartón en la zona de La Merced, un “barrio rojo” en el centro de Ciudad de México. Las mujeres, después de una vida de trabajar en las calles, estaban solas sin tener a dónde ir.

Muñoz las acogió con apoyo de algunos aliados: un grupo de feministas mexicanas ofreció ayudar y con dinero tanto privado como público, y un edificio provisto gratis por el gobierno de Ciudad de México, fundaron Casa Xochiquetzal, un refugio para que las mujeres que dejaran las calles pudieran vivir con dignidad.

“Es un hecho recurrente que familiares, hasta los hijos, las abandonan, e incluso las lastiman, cuando descubren que son trabajadoras sexuales”, dijo Jésica Vargas González, la directora del albergue. “Todavía es una profesión muy estigmatizada”.

No es fácil encontrar la casa: está escondida entre un laberinto de puestos callejeros. Las puertas gigantes de madera de la entrada usualmente están cerradas. “Solo se permiten visitas con cita previa por correo”, dice un cartel a la entrada.

Durante una visita reciente, una de las residentes, que pidió que la llamara Sol, gritó desde el patio en el primer piso hacia el balcón de la segunda planta: “¡Ya está el desayuno!”.

En la actualidad hay dieciséis residentes, con edades que van desde los 53 a los 87 años, y cada una es responsable de cocinar su propia comida y de limpiar tanto sus habitaciones como las áreas comunes. Se atienen a un programa diario con actividades obligatorias, aunque la manera en la que cada una hace el trabajo establecido a veces las lleva a pelearse.

En la actualidad hay 16 residentes en la casa. Credit Adriana Zehbrauskas para The New York Times
“A mí me gusta todo tan limpio que brilla”, dijo Rosa Belén Calderón Velázquez, de 68 años, quien siempre parecía estar o trapeando algún piso o con plumero en mano. “Mi madre me decía: ‘O lo haces bien o no lo haces'”, dijo con una expresión de fastidio.

Las residentes también deben participar en dos talleres diarios de artes y cocina. Hay una sola televisión, en el patio, y solo la prenden después de las 18:00; hay un calendario con los turnos de a quién le toca el control remoto. No se permite ningún tipo de drogas en la casa.

En ocasiones se alberga temporalmente a mujeres que no son sexoservidoras jubiladas; usualmente se trata de mujeres sin casa que fueron víctimas de abuso. Todas las residentes reciben tratamiento médico y psicológico.

“Son mujeres que necesitan mucho amor, que se sienten muy solas”, dijo Karla Romero Téllez, la psicóloga de 29 años que es voluntaria en el albergue. “Pero son muy fuertes. Son sobrevivientes. Eso es lo que las define”.

La violencia y el abuso, los daños y las pérdidas: esos son los hilos que entrelazan todas las historias de las residentes de la casa. María Norma Ruiz Sánchez, de 65 años, fue violada a los 9 cuando iba caminando de regreso a su casa de la escuela en el estado de Jalisco. Todavía se nota la cicatriz en su pierna izquierda de cuando le quitaron a la fuerza el uniforme.

Huyó de casa a los 14 años para escapar de un hermano abusivo. Un camionero la llevó hasta San Francisco, donde pasó su cumpleaños 15 sola en una habitación rentada comiendo pollo y tomando cerveza.

Poco tiempo después regresó a México. A los 16, tuvo al primero de sus cuatro hijos. Trabajó en el campo, fue dueña de un cabaret, en algún momento fue luchadora profesional y tuvo muchos amantes pero un solo amor. Intentó suicidarse en cuatro ocasiones; la última vez fue en una habitación de hotel en el Bar Nebraska, en las afueras de Guadalajara.

A veces, Sánchez todavía va a su “oficina”, como le llama; es un parque en la estación del metro Hidalgo donde se mezclan los clientes nuevos con las memorias viejas. “Estoy muy cansada, me duele todo”, dijo. “Hago bromas sobre mi vida para llevar el día a día, pero mi tristeza no tiene fin”.

Hacia la tarde el sol invernal se asomó por las ventanas y una agradable luz amarillenta hizo resplandecer el patio. Había mucho silencio. Las paredes gruesas filtraban el sonido de los puestos de afuera. Y las residentes, tan familiarizadas con el movimiento frenético y abrumador de las calles que las rodean, ahora veían la vida de esas mismas calles a la distancia, por fuera de las ventanas altas de la casa.

Aguilar trabaja del otro lado de la calle, en una tienda de muñecas. No le gusta hablar sobre su pasado y cada vez que empieza a intentar contar su historia no puede aguantar el llanto. Mejor recitó parte de un poema que ella misma escribió:

Soy yo quien te ama.
Soy yo quien escucha cuando estás triste.
Soy yo quien te consuela en las noches de dolor.
Soy yo quien te da calor cuando tienes frío.
Y aun cuando me ignoras,
Siempre estaré ahí para ti.

The New York Times
Adriana Zehbrauskas
Ciudad de México
Miércoles 9 enero 2018.


Con su enorme presupuesto de publicidad, el gobierno mexicano controla los medios de comunicación


Ciudad de México. -  Dirigir un periódico, una estación de radio o un canal de televisión en México generalmente significa confiar en un cliente único y poderoso que gasta sumas exorbitantes en publicidad con una simple advertencia: “No te pago para criticarme”.

Ese cliente es el gobierno mexicano.

La gestión del presidente Enrique Peña Nieto ha gastado cientos de millones de dólares anuales de los fondos gubernamentales en publicidad, creando lo que muchos propietarios, ejecutivos y periodistas mexicanos definen como una gigantesca marca presidencial que puede suprimir artículos de investigación, escoger portadas e intimidar a las salas de redacción que la desafían.

A pesar de su promesa de regular la publicidad gubernamental, Peña Nieto ha gastado más dinero en publicidad que ningún otro presidente en la historia de México, casi 2000 millones de dólares en los últimos cinco años, según datos del gobierno recopilados por Fundar, un centro de análisis de transparencia. Esa organización reveló que la actual presidencia gastó más del doble del generoso presupuesto de medios que los legisladores mexicanos le aprobaron para 2016.

Y eso solo es el dinero federal.

Cada año los líderes de todos los partidos políticos recaudan cientos de millones de dólares en dinero estatal para publicidad, unos recursos que distribuyen entre sus medios de comunicación favoritos, según calcula Fundar. Según los ejecutivos y editores involucrados en las negociaciones, algunos secretarios de prensa del gobierno les exigen abiertamente una cobertura positiva antes de firmar un contrato publicitario.

El resultado es un panorama mediático en el que los funcionarios federales y estatales dictan las noticias de forma rutinaria, exigiéndole a los medios qué es lo que deberían y lo que no deberían informar, según docenas de entrevistas con ejecutivos, editores y periodistas. Los reportajes contundentes a menudo son suavizados o se posponen indefinidamente, si es que llegan a investigarse. Dos tercios de los periodistas mexicanos admiten que se censuran.

 “Si un reportero profesional quiere cubrir los elementos sucios de lo que está sucediendo en el país, ni el gobierno ni las empresas privadas le darán un centavo”, dijo Enrique Krauze, un historiador que dirige Letras Libres, una revista mexicana que, entre sus anunciantes, también recibe algo de dinero del gobierno. “Ese es uno de los mayores defectos de la democracia mexicana”.

El partido de Peña Nieto, el PRI, fue pionero en la implantación de este sistema durante sus 70 años en el poder. El expresidente José López Portillo expuso explícitamente las expectativas del gobierno hace décadas, incluso fue citado diciendo que no les pagaba a los medios para que lo atacaran, y la práctica continuó cuando la oposición ganó la presidencia en 2000, y nuevamente en 2006.

Pero la influencia del gobierno sobre los medios va más allá del aspecto publicitario y, a veces, los funcionarios recurren al soborno directo. En Chihuahua, el exgobernador gastó más de 50 millones de dólares en publicidad, según los funcionarios, dejando al estado con enormes deudas públicas. Sin embargo, esa es la cifra que se manejó oficialmente.

Los fiscales también han conseguido recibos firmados con sobornos a periodistas locales, pagos tan comunes que incluso algunos reporteros fueron incluidos como contratistas del gobierno, según los documentos. Los fiscales sostienen que, con tanta cantidad de dinero oficial circulando, surgieron sitios web de noticias con el único propósito de apoyar la agenda del exgobernador.

“La relación entre los medios y el poder es uno de los problemas más graves de México”, dijo Javier Corral, el nuevo gobernador de Chihuahua. “Existe una colusión, un acuerdo, en términos de cómo se gestionan los recursos públicos para recompensar o castigar a los medios. Es una zanahoria y el palo: ‘Compórtate bien y te daré mucho dinero y publicidad. Actúa mal y te los quitaré'”.

Dependencia de la publicidad pública

Lea un periódico, sintonice una estación de radio o encienda la televisión en México y recibirá una avalancha de publicidad oficial. En algunos diarios, casi cualquier página es usada para publicar avisos que promueven alguna secretaría gubernamental. A veces, se destina tanto tiempo al aire a alabar el trabajo del gobierno como a cubrir las noticias.

Este gasto extraordinario se produce en un momento en que el gobierno mexicano está recortando los presupuestos en general, incluidos los de salud, educación y servicios sociales. El gobierno federal gastó tanto dinero en publicidad el año pasado, alrededor de 500 millones de dólares, como lo hizo para apoyar a los estudiantes de su principal programa de becas para las universidades públicas.

Según los historiadores, la cooptación de los medios de comunicación es más importante que el gasto de cualquier otro gobierno en promoción. Refleja la ausencia del pacto básico que la prensa libre establece con sus lectores en una democracia, un compromiso en el que responsabilizar a los poderosos forma parte de su misión.

“Es un problema común en el mundo en desarrollo, pero el problema es mucho, mucho más grave en México”, dijo David Kaye, representante especial de las Naciones Unidas para la libertad de expresión. “Es notable lo que gasta el gobierno”.

El estado actual de los medios mexicanos, y su estrecha relación de dependencia con los fondos gubernamentales, no es una rareza en América Latina. Desde hace varios años, diversas organizaciones como la Unesco y la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la CIDH han alertado sobre el uso de la publicidad estatal para recompensar o castigar las líneas editoriales.

Casos como el de Venezuela, país en el que desde la llegada de Hugo Chávez al poder se han suscitado denuncias por el uso de la pauta oficial para presionar a los medios y donde solo este año, en la gestión de Nicolás Maduro, cerraron 49 medios de comunicación; Ecuador durante los mandatos de Rafael Correa, quien demandó a diversos medios de comunicación y llegó a prohibir que se otorgara publicidad estatal a los medios privados, o Evo Morales, quien gobierna Bolivia desde 2006 y aspira a la reelección. Este año, ante las repetidas denuncias de asfixia económica por parte de los medios locales que no reciben publicidad oficial, Morales escribió en su cuenta de Twitter: “Medios que no reciben publicidad del Estado son los que mienten, insultan, difaman y desprestigian autoridades”.

La mayoría de los medios mexicanos han dependido de la publicidad pública durante tanto tiempo que no sobrevivirían sin los aportes del gobierno, lo que les otorga a los funcionarios una gran influencia para presionar sobre la cobertura de ciertas noticias y dejar a un lado otras informaciones, dicen los analistas, reporteros y dueños de medios.

“Este es un problema económico”, dijo Carlos Puig, columnista del periódico Milenio, un diario que recibe fondos del gobierno sustanciales. “El modelo estadounidense clásico no existe aquí”.

El año pasado, estalló una protesta pública luego de que un alto funcionario del gobierno fue a las oficinas de Milenio para quejarse por una noticia. El artículo, que criticaba una iniciativa nacional contra el hambre, fue retirado del sitio web del periódico inmediatamente después de la visita.

La noticia volvió a ser publicada más tarde, con un titular mucho menos negativo. El periódico dijo que la razón era simple: el artículo era “deplorable”, un intento inexacto y “vulgar” de difamar a un funcionario por lo que se disculpaban con sus lectores. Pero los periodistas y defensores de la democracia, citando el poder de la publicidad del gobierno, se quejaron y el periodista renunció en señal de protesta, alegando que había sido censurado. Finalmente, el título original fue restaurado.

La interferencia gubernamental directa, a menudo es innecesaria. Un 68 por ciento de los periodistas mexicanos dijeron que se censuraban, no solo para evitar ser asesinados, sino también por la presión de los anunciantes y el impacto en los ingresos de los medios, según un estudio realizado a lo largo de tres años por académicos mexicanos y estadounidenses.

Francisco Pazos trabajó durante varios años en Excélsior, uno de los periódicos más grandes y antiguos de México. Cuenta que uno de los momentos más frustrantes de su carrera sucedió a fines de 2013, cuando el gobierno estaba en medio de una lucha para aumentar el costo del pasaje en el transporte público.

Pazos dijo que trató de explorar en detalle la ira de los pasajeros, hasta que un editor lo detuvo, diciéndole que el periódico ya no cubriría la controversia.

“Llegué a entender que había temas que simplemente no podía cubrir”, dijo Pazos. “Y, finalmente, dejé de buscar ese tipo de noticias. Finalmente, tú mismo te conviertes en parte de la censura”.

Muchos propietarios y directores de medios dicen que tienen tan pocas fuentes independientes de ingresos aparte del gobierno que se enfrentan a una dura elección: asfixiarse por la falta de recursos o sobrevivir como cómplices de su propia manipulación.

“Por supuesto, el uso del dinero público limita la libertad de expresión, pero sin ese dinero público no habría medios en México”, dijo Marco Levario, director de la revista Etcétera. “Todos somos cómplices en eso”.

El modelo significa que algunos medios de comunicación apenas pueden permitirse mantener sus propios principios. Hace veinte años, el diario La Jornada era uno de los más apreciados en el país, una voz crítica y una lectura obligada para los intelectuales y activistas que caminaban por la ciudad con el periódico bajo el brazo.

Pero los años no han sido amables con ese diario. Hace unos años, estaba muy cerca de la ruina financiera. Luego, el gobierno intervino rescatando la publicación con más de 1 millón de dólares en publicidad oficial y, según los críticos, afectando en el proceso la independencia editorial.

“Ahora se adueñaron de ellos”, dijo Levario. “El periódico ha sido como un portavoz del presidente”.

Otros vínculos comerciales unen a los medios de comunicación con el gobierno. Muchas empresas de medios forman parte de conglomerados más grandes que construyen carreteras u otros proyectos públicos. La misma persona propietaria de Grupo Imagen —una organización que tiene estaciones de radio, canales de televisión y varios medios impresos— también es propietaria de Prodemex, una importante empresa de construcción. Ha ganado más de 200 millones de dólares en los últimos cinco años con la construcción de instalaciones gubernamentales y desempeñará un papel importante en la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México.

Tanto La Jornada como Grupo Imagen, que es la empresa matriz de Excélsior, no respondieron a las repetidas solicitudes de entrevistas para este trabajo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó recientemente el tema de la publicidad oficial al dictaminar en noviembre que el gobierno debe cumplir con la promesa del presidente de regular el flujo de dineros públicos de una manera imparcial.

“La ausencia de regulación en la publicidad oficial permite el uso arbitrario de los presupuestos de comunicación, lo que indirectamente restringe la libertad de expresión”, dijo Arturo Zaldívar, un juez de la Suprema Corte.

En un comunicado, la oficina del presidente se refirió a la publicidad oficial como una forma de promoción con respaldo constitucional que le permite informar y educar al público sobre sus labores. Pero rechaza la afirmación de que ese gasto distorsiona la cobertura de los medios de asuntos importantes o asfixia la libertad de expresión de cualquier manera.

“Todos los días los periodistas de México cuestionan, con absoluta libertad, las acciones del gobierno y las de nuestros representantes, incluido el presidente”, se lee en el comunicado. “Hay una crítica permanente de los periodistas mexicanos hacia el gobierno. Con solo abrir cualquier periódico, encender la televisión e ir a las redes sociales, eso puede verificarse”.

Poco después de su elección, el equipo de Peña Nieto ideó un plan para regular el gasto de los medios, según tres personas familiarizadas con la propuesta.


Pero Aurelio Nuño, el exjefe de gabinete del presidente y exsecretario de Educación Pública, dijo que la propuesta nunca avanzó lo suficiente como para convertirse en el borrador de una ley que pudiera cambiar esa situación. El esfuerzo fue subsumido por otras promesas de campaña y se quedó atrás, dijo.

‘Calentar’ a los políticos

Ella cuenta que hace unos años entrevistó a una joven que trabajaba en un gran periódico de Ciudad de México. La mujer, que tenía una maestría en periodismo, dijo que su trabajo en el periódico consistía en crear archivos de recortes de prensa negativos sobre los gobernadores de todo el país.

Esos archivos se le entregaban al departamento de ventas del periódico que luego se acercaba a los gobernadores para venderles “planes de cobertura” para mejorar su imagen pública, explicó la joven.

Álvarez citó más ejemplos. Un candidato a editor se jactó de que sabía cómo trabajar sus relaciones con los políticos para obtener más dinero publicitario.

Lo definía como “calentarlos”, lo que implicaba mostrarles a los políticos una noticia crítica que su periódico planeaba publicar. Luego, como le explicó a Álvarez, un contrato publicitario con su periódico que le ayudaría a “apagar el fuego”.

Sin embargo, otro solicitante, un exempleado del gobierno, dijo que sabía cómo “tratar a la prensa”, recordó Álvarez. Le contó cómo había estado a cargo de distribuir sobres llenos de efectivo para los periodistas.

“Me gustaría poder decir que estos son casos aislados, o solo algunos, pero no es así”, dijo Álvarez. “Hay muchos como ellos que hablan de esas prácticas de una forma en la que te percatas de que las han normalizado”.

Daniel Moreno, director de la publicación digital Animal Político, dice que no recibe casi nada de dinero del gobierno federal, y cantidades relativamente pequeñas de los gobernadores estatales.

No es porque no quiera el dinero, dice Moreno. Es solo que el tipo de cobertura crítica que su equipo de noticias hace no es recompensado con contratos gubernamentales, sostiene.

Recientemente, Moreno dijo que recibió una llamada de funcionarios del estado de Morelos —que invierte cerca de 3000 dólares al mes en publicidad en su medio—. La esposa del gobernador estaba atravesando un momento complicado por las afirmaciones de que estaba politizando la ayuda para las víctimas del terremoto, una acusación que ella rechazó, por lo que un funcionario estatal sugirió que Animal Político debía hacer algunas noticias positivas.

Moreno rechazó cortésmente la propuesta. “Estaban bastante ofendidos”, dijo encogiéndose de hombros. “Y estoy seguro de que el dinero se ha ido”.

Aun así, les fue mejor que con la mayoría de los estados, dijo Moreno. Como política, Animal Político despliega una notificación en las piezas que se pagan por publicidad, por lo que los lectores saben que el trabajo no es periodismo independiente, dijo.

Pero funcionarios de los estados de Chiapas, Oaxaca y Sonora se han negado a pagar por el contenido a menos de que se publique sin la advertencia, dijo. Y Moreno se ha negado. “He perdido más dinero de esa manera del que he ganado”, dijo entre risas.

Este mes, las organizaciones de noticias se unieron para denunciar la violencia contra la prensa en México, donde los asesinatos de periodistas alcanzaron un récord este año. Un total de 39 grupos de medios firmaron un comunicado.

Pero algunos medios, como Animal Político, no se unieron porque insistieron en agregarle al mensaje algunas líneas adicionales sobre el daño que la publicidad oficial le hace a la libertad de expresión.

Se produjo un pequeño alboroto, dijeron. Algunos grandes periódicos que dependen en gran medida del dinero del gobierno se opusieron.

Finalmente, la carta fue enviada sin las líneas, y sin la firma de Moreno y sus colaboradores. Aparentemente, los medios noticiosos no estaban dispuestos a desafiar su sustento.

El 23 de agosto, Ricardo Anaya, presidente del opositor Partido Acción Nacional (PAN) y ahora candidato a la presidencia en las elecciones del próximo año, se despertó con la noticia de que su nombre y su familia estaban en la portada de El Universal, un importante periódico del país.

La noticia entraba en detalles sobre el imperio de bienes raíces de su suegro y, más específicamente, las formas en que la carrera política de Anaya había ayudado a impulsar esa fortuna.

El relato era familiar en México: un líder político que había utilizado su influencia para enriquecerse a sí mismo y a su familia. El Universal expuso las direcciones y los valores de las diversas propiedades, e incluso publicó fotos de su familia extendida, 14 personas en total. Los medios de comunicación de todo el país divulgaron la historia.

Lo único que le faltó al reportaje, según dictaminó un tribunal, fue precisión. Anaya logró demostrar que gran parte de la información era errada, sesgada o simplemente incorrecta. Mientras que sus suegros poseían claramente una serie de propiedades, muchas de ellas habían sido adquiridas antes de que comenzara su carrera política, según demostraron los registros públicos.

Según Anaya, lo más desconcertante eran las fotografías de su familia. Por lo que la familia sabía, nunca habían sido publicadas. De hecho, se parecían bastante a fotos de pasaporte.

Como esas fotos estaban en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que emite los pasaportes, Anaya sospechaba que sus rivales en el gobierno le habían filtrado las fotos al periódico.

“Están tratando de destruir mi carrera política con esta campaña”, afirmó. “No se puede competir con un gobierno que le paga 500 millones de dólares al año a los medios”.

Durante los siguientes dos meses, el periódico le dedicó más de 20 portadas a Anaya, acusándolo de malversar fondos públicos, beneficiarse financieramente de su posición y dividir a su partido.

Anaya presentó una demanda. En octubre, el tribunal determinó que El Universal había tergiversado la riqueza de sus suegros y acusó erróneamente a Anaya de utilizar su cargo para beneficiarlos.

El Universal afirmó que tenía derecho a publicar la noticia amparándose en la libertad de expresión, un argumento que el juez cuestionó porque el periódico “no había basado su investigación en hechos”. El diario apeló la decisión del tribunal.

Este caso plantea preguntas sobre la confianza en los medios de comunicación, en un país en el que reciben tanto dinero de la publicidad gubernamental.

El Universal recibe más publicidad gubernamental que cualquier otro periódico de la nación, alrededor de 10 millones de dólares el año pasado, reveló Fundar. Los críticos argumentan que el diario se ha convertido en algo así como un perro de ataque del gobierno para las elecciones presidenciales del próximo año.

Según el periódico, esa sugerencia es “falsa y ofensiva”. La publicidad oficial “no afecta de ninguna manera la línea editorial del periódico”, dicen los voceros del medio y agregan que “los pensadores de todos los partidos políticos” están representados en sus páginas.

No todos sus periodistas están de acuerdo. En julio, media docena de columnistas anunciaron sus renuncias en protesta por lo que calificaron como cobertura parcial, diciendo que los propietarios habían destruido la credibilidad de la institución.

Salvador Frausto, un ex editor de investigación que ganó muchos premios en el periódico, también se marchó. Sus colegas dijeron que estaba claramente incómodo con lo cerca que estaba el periódico del PRI y su nuevo candidato presidencial, José Antonio Meade.

La persona que remplazó a Frausto como el nuevo editor de investigación fue recientemente un funcionario de prensa en la Secretaría de Relaciones Exteriores, según su perfil de LinkedIn.

Y el director de noticias de El Universal tiene vínculos estrechos con el nuevo candidato: su esposa era la jefa de prensa internacional de Meade en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México.

El diario dice que no hay conflicto de intereses y que no tolera la cobertura parcial de ningún tipo.

Pero no es la primera vez que los reporteros del periódico cuestionan su independencia. Los periodistas contaron que, en 2012, cuando Peña Nieto se postulaba para su cargo actual, los editores y directores de noticias comenzaron a cambiar las columnas que eran críticas con el candidato sin advertirles, a veces en el último momento.

“La razón por la que terminé renunciando al periódico es que ya no sentía que tenía garantizado un espacio libre”, escribió Andrés Lajous, un estudiante de doctorado de la Universidad de Princeton, en un artículo que relata lo sucedido.

Los testigos lo definieron como una ejecución. En enero de 2015, Laura Castellanos, una periodista premiada, fue enviada por los editores de El Universal a cubrir un par de tiroteos en los que estaba involucrada la policía federal.

En ese momento, los grupos de autodefensa habían tomado las armas para luchar contra el crimen organizado y Castellanos, que había escrito extensamente sobre el tema, era considerada una experta.

Pasó 10 días reporteando la noticia contactando a sus viejas fuentes y entrevistando a los testigos en el estado de Michoacán, donde murieron 16 personas y docenas resultaron heridas.

El tema fue especialmente delicado porque un aliado cercano del presidente, Alfredo Castillo, que había sido designado para supervisar la situación de seguridad en Michoacán, afirmó que las muertes se produjeron en un tiroteo con asaltantes armados.

Castellanos dijo que grabó entrevistas con 39 personas —víctimas, transeúntes, trabajadores de hospitales— y llegó a una conclusión distinta. La policía federal ejecutó sumariamente a sospechosos desarmados, incluidos algunos que se rindieron de rodillas y con los brazos arriba, según lo que refleja su investigación.

Después de días de edición y verificación de datos, dijo que el reportaje estaba listo para publicarse. Pero eso no sucedió.

Castellanos y sus editores no se sorprendieron. Peña Nieto ya estaba bajo una fuerte presión pública por su manejo de la desaparición de los 43 estudiantes universitarios, así como por la compra que hizo su esposa de una casa multimillonaria a un importante contratista del gobierno.

Pero después de dos meses y medio —durante los cuales una de sus fuentes fue torturada y asesinada, según contó la reportera— Castellanos comenzó a preocuparse porque su reportaje nunca se publicará.

Al consultar con abogados dijo que descubrió una laguna en su contrato que le permitió publicar el material en otra parte.

Uno de los pocos medios dispuestos a contar esa historia fue el sitio web fundado por Carmen Aristegui, otra periodista galardonada, que perdió su trabajo en una estación de radio después de revelar el caso de la casa de la esposa del presidente.

Pero en la mañana en la que se programó la publicación del reportaje de Michoacán, con el titular “Fueron los federales”, el sitio web de Aristegui dejó de funcionar.

Eventualmente, descubrieron lo que sucedió: el sitio web fue intervenido.

Finalmente, el reportaje se publicó, pero es un caso que suscita preguntas sobre la independencia editorial en un país inundado de publicidad gubernamental.

Ni los asesinatos ni el hackeo se resolvieron por completo. El Universal dijo que no había publicado el trabajo de Castellanos porque no cumplía con los estándares del periódico.

Al año siguiente, el reportaje de Castellanos fue distinguido con el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de periodismo de investigación, uno de los galardones más prestigiosos del país.

The New York Times
Azam Ahmed
Ciudad de México
Jueves 28 diciembre 2017.


Ciudad de México – Las fuerzas detrás de la violencia en México, país que está encaminado hacia su peor año en décadas, se pusieron en marcha hace unos veinte años, a partir de dos sucesos que, en su momento, parecían ser únicamente victorias.

Primero fue la derrota de los carteles de la droga en Colombia, lo cual hizo mudar el núcleo de comercialización del tráfico de droga de ese país sudamericano a México. Luego, en el año 2000, México hizo su transición hacia una democracia multipartidista.

Eso significó que el tráfico de la droga se mudó a México al mismo tiempo en que su política y sus instituciones pasaban por un cambio, con lo que tenían una capacidad reducida para resolver un problema que, a menudo, empeoraban.

Desde entonces, se han presentado una serie de rachas de mala suerte, equivocaciones y crisis autoimpuestas que han resultado en el estallido de la violencia. El año pasado hubo 20.000 asesinatos. Este año pinta aún peor, pues se espera que supere el récord de 2011, que se había considerado el pináculo de la llamada guerra contra el narcotráfico.

“En otros países, el narcotráfico no es tan violento”, comentó Guillermo Valdés, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el servicio de inteligencia de seguridad nacional civil, en una entrevista en Ciudad de México.

“Me desespera”, dijo, mientras sacudía con la cabeza al hablar de los tropiezos de su país. “Porque la violencia está aumentando”.

Militares en patrullaje en 2009, tres años después de que fueron sacados de los cuarteles por el entonces presidente Felipe Calderón en la guerra contra el narcotráfico. Credit Adriana Zehbrauskas para The New York Times
En 2006, un nuevo presidente, Felipe Calderón, y un nuevo cartel recurrieron a medidas extremas y actualmente se siguen viendo las consecuencias.

La implosión de los carteles colombianos detonó en México una feroz competencia por el control del tráfico de drogas. Un nuevo cartel, La Familia Michoacana, se desprendió de una agrupación mayor y luego consolidó su poder mediante el despliegue de una violencia casi teatral. Aunque los objetivos de los ataques se centraban en otros carteles, lo macabro de los ataques impactó al país.

Ese mismo año, Calderón Hinojosa ganó la presidencia por un margen muy estrecho. Los organismos electorales y los monitores avalaron el resultado, pero su oponente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, lo calificó como ilegítimo. La victoria cuestionada y apretada dejó a Calderón sin un mandato sólido.

Poco después de asumir el cargo, el nuevo presidente declaró la guerra contra el narco y sacó a las fuerzas armadas de los cuarteles para pelearla.

Los críticos aseguran que Calderón Hinojosa quiso legitimar su presidencia mediante una demostración de fuerza. Sus defensores afirman que no tuvo opción.

México había sido un país unipartidista durante décadas y, al igual que muchos Estados similares, el control de los funcionarios locales se daba a través del clientelismo y la corrupción. Cuando el sistema vivió los cambios después de las elecciones del 2000, algunos carteles de la droga llenaron el vacío a nivel municipal y estatal: sobornando a presidentes municipales, policías locales y jueces. El Ejército y la Marina mexicanos eran los únicos con las armas y la percepción de autonomía como para responder a los narcotraficantes.

Así que inició la guerra contra las drogas, en la que han muerto decenas de miles de personas. Pero la situación también generó una serie de problemas que alimentan una violencia cada vez más frecuente y extensa.

Soluciones a corto plazo y problemas a largo plazo

Calderón adoptó la estrategia conocida como kingpin strategy, o de capo, en la que las tropas buscaban capturar o asesinar a los líderes de los carteles. Esta estrategia nutría los encabezados, mantenía contento a Estados Unidos y se podía consumar con muy poca intervención por parte de la débil y corrupta autoridad local.

Sin embargo, esta solución a corto plazo en la guerra contra el narco profundizó problemas a largo plazo.

Al pasar por alto a los presidentes municipales y gobernadores, debido a que las prácticas predemocráticas en México los habían llevado a una corrupción sistemática y sin rendición de cuentas, el gobierno terminó por reducir justamente esa rendición. Y al moverse por encima de la debilitada policía local y de los jueces, el gobierno permitió el deterioro de esas instituciones, con los fondos y la atención política enfocados en las fuerzas federales.

Las reformas que se necesitaban desesperadamente para corregir prácticas pasadas de moda (turnos policiales de 24 horas, estándares bajos para la recolección de evidencias y el que la mayoría de los cuerpos policiales no son los que realizan las investigaciones) se quedaron a la deriva.

Conforme la estrategia de capo fracturó a los carteles, comenzaron a surgir nuevos grupos de tráfico de drogas y delincuencia organizada.

Desde entonces, según Alejandro Hope, analista de seguridad y exdirector del Cisen, “ha habido un cambio significativo en la forma en que opera el crimen organizado en México”.

El narcotráfico requería de recursos e infraestructura de la que carecían las nuevas agrupaciones, lo cual propició que muchos comenzaran a secuestrar, robar y extorsionar. Los delitos rapaces repuntaron.

Los mexicanos comunes y corrientes, que antes eran en su mayoría solo testigos indirectos del conflicto, se convirtieron en blancos justo cuando el Estado los había dejado en una posición vulnerable por la situación con las fuerzas del orden.

“En ese proceso de fragmentación no hicimos el trabajo de estructurar a las instituciones de las fuerzas policiales”, comentó Valdés, quien dirigió el Cisen mientras se desarrollaban estos hechos. “Así que tenemos lo peor de lo peor”.

La solución del problema parece obvia: tener un cuerpo policial y procuradores de justicia sólidos, supervisados por políticos a quienes los ciudadanos exijan rendir cuentas, podría acabar con el vacío en el que florecen las bandas de delincuencia y los funcionarios corruptos.

En vez, el desorden y la violencia han aumentado.

Joy Langston, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en Ciudad de México, rastrea el origen de muchos de los problemas del país hasta una particularidad de su sistema político. Todos los candidatos políticos son seleccionados dentro del partido por este mismo (apenas se estableció la posibilidad de postularse como independiente) y, como no hay reelección, los funcionarios electos solo cumplen con un periodo antes de, usualmente, moverse a otro cargo.

Durante la era en la que el único partido en el poder era el PRI, actualmente en el gobierno, se suponía que esta práctica exigiría una rendición de cuentas; desde el líder del partido y hacia abajo. La supervisión de las instituciones, que en ese contexto quizá se pensó superflua, jamás terminó de desarrollarse.

La transición a una democracia plena, tal como se supone debe hacerlo, socavó el poder de ese partido que alguna vez lo abarcó todo. Pero el antiguo sistema, construido con base en la teoría de una autoridad central sólida, sigue vigente.

Esto ha debilitado al Estado, al tiempo que ha afianzando muchos de sus antiguos problemas, en lo que Langston llama una “situación de pesadilla” en el que “las instituciones de transparencia y rendición de cuentas son extraordinariamente endebles, incluso a 17 años de la democracia”.

Por ejemplo, sin reelección los votantes tienen pocas probabilidades de expulsar a los malos dirigentes o de recompensar a los buenos, por lo que los funcionarios raramente se sienten incentivados a apoyar reformas y cambios difíciles. Además, los grupos criminales tienen la posibilidad de llenar los bolsillos de los policías y otros funcionarios que perciben salarios evidentemente insuficientes, ofreciendo así el incentivo equivocado.

“A final, se trata de un problema de rendición de cuentas”, dice Hope. “Esa es la clave del fracaso en México”.

“No pasa nada si un policía no hace su trabajo”, agregó. “No pasa nada si un presidente municipal no reforma el sistema judicial local. No pasa nada si un gobernador no invierte en los procedimientos de la procuraduría. No pasa nada”.

Un Estado frágil se hunde

Aunque recientes reformas electorales permitirán que algunos funcionarios sí puedan buscar la reelección –los diputados federales a partir de 2021 y los senadores en 2024, por ejemplo–, se están fraguando problemas más graves.

A medida que aumenta la indignación pública a causa de la corrupción, los líderes de los partidos, al darse cuenta de que sus carreras están en riesgo, se vuelven reacios a arriesgarse a intentar un cambio.

“No puedo pensar en un solo procurador o juez que se distinga” por combatir a la corrupción, dijo Paul Lagunes, profesor en la Universidad de Columbia que estudia la corrupción en México.

“Hay gente que dedica su carrera a esto, pero no en el sistema judicial, sino en la prensa”, explicó Lagunes. Sin embargo, agregó, “México es uno de los países más peligrosos del mundo para hacer periodismo”.

“No pasa nada si un policía no hace su trabajo. No pasa nada si un presidente municipal no reforma el sistema judicial local. No pasa nada si un gobernador no invierte en los procedimientos de la procuraduría. No pasa nada”.
ALEJANDRO HOPE, ANALISTA DE SEGURIDAD
La combinación entre corrupción, escasa rendición de cuentas e instituciones débiles ha puesto al país en una situación vulnerable. En zonas rurales y de pobreza el Estado se ha prácticamente retirado. Los grupos criminales y las pandillas llenan el vacío, cooptando a funcionarios locales o simplemente haciéndolos a un lado por la fuerza.

El resultado es quizá menos drástico que las imágenes de la guerra de Calderón contra el narcotráfico, en la que los carteles en guerra exhibían públicamente cadáveres desmembrados. Pero es igual de mortal y se refleja en miles de invasiones a los hogares, asesinatos entre pandillas y asaltos a mano armada que terminan mal.

Una atomización social y del Estado

Esto ha causado que las comunidades hagan, a un nivel básico, lo mismo que hizo Calderón hace diez años: pasar por alto a las instituciones de las que desconfían, con lo que empeora el problema de fondo.

La clase media y el sector empresarial mexicanos han batido el récord de contrataciones de seguridad privada. Pero, al igual que el Ejército, los guardias contratados no pueden resolver crímenes ni encarcelar a los sospechosos.

Mark Ungar, profesor de la Universidad de Brooklyn, indicó que esta práctica que va en aumento “elimina la presión política que hay sobre el Estado de mejorar a la policía”. Las comunidades rurales, que son más vulnerables, han creado sus milicias denominadas “grupos de autodefensas” para expulsar a las bandas criminales y a los presidentes municipales por igual.

Era inevitable que esos grupos armados se volvieran más corruptos y menos confiables que la policía que sustituyeron. Casi todos extorsionan, roban y secuestran a quienes fueron sus antiguos patrocinadores. Muchos de sus miembros están involucrados en el tráfico de heroína, que se encuentra en auge pues está aumentando la demanda de este opiáceo en Estados Unidos.

En una tendencia perturbadora, las comunidades desesperadas y aterradas han comenzado a buscar al menos la ilusión de seguridad al, por ejemplo, linchar a los sospechosos de cometer un delito. Ungar afirmó que estas expresiones justicieras “representan la pérdida de poder del Estado”.

La parálisis en medio del desastre

Los mexicanos tienen presente que su gobierno responde cada vez menos a medida que las calles se vuelven más peligrosas: varias encuestas demuestran un incremento en la insatisfacción hacia las autoridades, en especial respecto a la corrupción.

“Tenemos una clase política que se olvida por completo de para qué está aquí”, afirmó Armando Torjes, activista comunitario en Guadalupe, Nuevo León, ciudad al noreste del país.

En cada proceso electoral, dijo, surge un nuevo funcionario con un proyecto de tres años. Muchos de ellos dejan su cargo visiblemente más rico, agregó.

Cuando los funcionarios sí trabajan como deberían, atienden problemas superficiales, aumentando la cantidad de patrullas o cambiando una estrategia policial, sin afrontar lo que llamó “la descomposición social”.

Valdés, exdirector del servicio de inteligencia, dijo haber vivido un problema similar en las altas esferas del gobierno.

“Queríamos mejorar las instituciones, a los jueces, las cárceles, a la policía”, comentó. “Pasamos años tratando de convencer a la clase política”.

Pero se dio cuenta de que esas instituciones –dominadas por los partidos y no por los tecnócratas o expertos y sujetas a los caprichos de los funcionarios que por ley tienen un periodo– eran indiferentes, tal como lo había descubierto Torjes.

“Lo que sucede en Guadalupe es lo mismo que sucede en todo México”, declaró Torjes. “Había una exigencia política de cambio, pero realmente no cambió nada”.

The Interpreter es una columna de Max Fisher y Amanda Taub que busca explorar el contexto y las ideas detrás de los principales eventos mundiales.

The New York Times
Max Fisher / Amanda Taub
Ciudad de México / Washington
Jueves 02 de noviembre de 2017.


San Francisco Xochiteopan, Pue. - Saúl Nicolás Pérez estaba parado frente a su casa —o lo que quedó de ella— y evaluaba el daño causado por el terremoto. Grietas diagonales y profundas marcaron la fachada de adobe. Los muros eran escombros. Un colapso parecía inminente.

Él construyó la casa para su madre con el dinero de las remesas que enviaba a México, poco a poco, cuando vivió como inmigrante no autorizado durante tres años en Nueva Jersey; trabajó arduamente en cocinas de restaurantes y en un autolavado. Ahora esperaba un veredicto de parte de los ingenieros del gobierno: ¿podría ser reparada o era necesario demolerla?

Él se preparaba para lo peor.

“Uno trabaja años allá y en tres, cuatro segundos todo se acaba”, lamentó.

El epicentro del terrible sismo de la semana pasada en México, el cual ha causado la muerte de 333 personas en todo el país, fue a unos 16 kilómetros de su pobre comunidad rural, San Francisco Xochiteopan.

En este lugar de casas construidas con bloques de concreto y ladrillos de adobe, un habitante murió. Era un hombre de edad avanzada que fue aplastado en su hogar por un muro que colapsó.

El sismo dañó gravemente o destruyó muchos, sino la mayoría, de los hogares de la comunidad, y por cantidad, San Francisco Xochiteopan fue uno de los lugares del país donde el sismo dejó la mayor devastación.

El poblado, ubicado entre la sierra del sureste del estado de Puebla, hace recordar el patrón aleatorio de un bombardeo aéreo. Algunas casas con daños visibles mínimos se alternan con sitios devastados de concreto pulverizado, adobe hecho pedazos, así como objetos de la casa doblados o rotos.

Entre sus 1300 habitantes, la cifra de muertos (uno) probablemente hubiera sido más alta si el terremoto no hubiera ocurrido durante el día, cuando los niños están en la escuela y la mayoría de los adultos trabajan en los campos de maíz, frijol, amaranto y chía que rodean al pueblo como una corona de flores.

Para las familias del lugar, sus sencillos hogares eran toda la riqueza que tenían.

“Y ahora se quedaron sin nada”, dijo José Margarito Ramírez Medel, de 55 años, presidente municipal auxiliar de la comunidad.

Él está particularmente preocupado por los habitantes que, por su edad avanzada, ya no pueden trabajar en el campo y no tienen forma de reconstruir sus viviendas.

Los pobladores han oído de una posible ayuda de parte del gobierno para reconstruir, pero nadie está seguro si sucederá o cómo ocurrirá. Como todas las personas en el país, la fe en los gobiernos estatal y federal parece tan mínima que nadie apuesta por el apoyo gubernamental.

Para muchos, es más probable que la reconstrucción de San Francisco Xochiteopan dependa en parte, como ocurre con muchas otras cosas en este lugar, de las remesas provenientes de Estados Unidos. Este pueblo, como varios en esta región de México, ha enviado al norte generaciones de jóvenes en busca de trabajo, con una gran mayoría que elige como destino el área metropolitana de Nueva York. Ahí, han encontrado trabajo en restaurantes, construcciones, limpieza en casas y jardinería.

“Casi todas las casas vienen de allá”, dijo Marcial Pérez González, de 36 años, un campesino que ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2001 y pasó tres años en Nueva York, donde vivía en Brooklyn y trabajaba en un restaurante mexicano.

Debido al combate contra el ingreso ilegal de inmigrantes a Estados Unidos, los habitantes de esta comunidad se preocupan sobre el futuro flujo de remesas. Cualquier arresto y deportación de sus familiares podría terminar un salvavidas financiero que es vital para muchos.

 “Ahora, con el presidente que tienes, él quiere enviar a todos nuestros paisanos para acá”, dijo Ramírez Medel, quien tiene a dos hijos que viven sin papeles en Nueva York e Indiana. “¿Qué vamos a hacer?”.

Por ahora, San Francisco Xochiteopan recibe ayuda. El lugar está lleno de voluntarios que colaboran para retirar los escombros, así como a distribuir el agua y las provisiones que han sido enviadas en grandes cantidades.

El viernes pasado, un autobús llegó a la comunidad lleno de comida, ropa y otros artículos. Un letrero decía: “Brooklyn ayudando a los mexicanos”.

El patio de juegos de la escuela primaria se ha convertido en un depósito y centro de distribución de víveres donde los voluntarios y los soldados clasifican agua, alimentos y productos de higiene, y los entregan a los habitantes. En un campo de juego cercano, los funcionarios han armado tiendas de campaña para brindar refugio a cerca de 200 personas cuyas casas están demasiado dañadas para ocuparlas y que no tienen ningún lugar al cual dirigirse.

Pequeños equipos de arquitectos e ingenieros, algunos de ellos todavía estudiantes universitarios, han evaluado los daños.

Muchas casas en el poblado están acordonadas con cinta amarilla de plástico para advertir sobre el peligro de un derrumbe en un triste contraste con las alegres banderas mexicanas de plástico en los marcos de las ventanas y los techos, vestigios de los festejos del Día de la Independencia que México realizó unos días antes del sismo, el 16 de septiembre.

Unos voluntarios han caminado a través del pueblo, piden a los residentes que pernocten en un albergue en vez de permanecer dentro o cerca de sus hogares dañados. Además de los hogares que colapsaron por completo en el terremoto, los funcionarios han determinado que 240 no son aptos para ser habitados y dijeron que serían demolidos.

Un voluntario con un casco amarillo llegó a la propiedad de la familia Pérez —integrada por nueve miembros—, en la ladera de un cerro que se eleva por encima de la comunidad. Solo uno de los muros del hogar familiar estaba intacto y los artículos que antes estaban dentro de la casa ahora lucían desperdigados en el patio. Seis cabras y un gallo caminaban confundidos dentro de un pequeño corral con alambre de púas.

El voluntario recomendó a los familiares que “deberían aprovechar” el albergue y la atención médica, así como los alimentos y los servicios que ahí ofrecen.

Miguel Pérez Palacios, de 52 años, y su hijo, Ronaldo Pérez García, de 19, escucharon pacientemente. Este es un pueblo en el que todos se saludan con un amistoso “Buenas tardes”, aun cuando han perdido su hogar.

 “Vamos a sobrevivir esto porque México es un país muy fuerte”, dijo el voluntario.

Cuando se fue, el padre dijo que enviaría a su familia a pasar la noche al albergue, pero que se quedaría con su hijo para proteger a los chivos de los ladrones. Tenían que aferrarse a cualquier cosa que todavía tuvieran.

“Construimos esto poco a poco con lo que sacamos del campo”, dijo el hijo de Pérez, señalando hacia los restos de su hogar. “Vamos a quedarnos sin nada”.

Ramírez Medel, el funcionario local, dijo que había dormido poco desde que ocurrió el sismo el martes. Un par de horas en un momento, unas pocas horas después.

“Intentamos ver cómo puede ayudarnos el gobierno”, dijo.

Él lleva un radio que hace ruidos con las conversaciones de hombres que hacen peticiones y dan órdenes. El sudor brilla bajo el listón de su sombrero blanco. Los dedos de sus pies que sobresalen de sus sandalias están cubiertos de tierra y los bordes de su pantalón se arrastran por la tierra.

El antes altísimo techo de la iglesia católica colapsó dentro de la nave. Los pobladores sacaron estatuas, pinturas y un crucifijo de la destrucción y construyeron un altar improvisado en un centro comunitario. Unas sillas de plástico fueron colocadas en filas, listas para la misa dominical. Un letrero escrito a mano junto al plato de las limosnas pedía aportaciones “para la reconstrucción de las manos” del santo patrono, San Francisco.

Ramírez dijo que vivió en Nueva York durante un año, a principios de los años 2000.

Con esfuerzo, recordó el barrio: Corona, Queens. Él trabajó en un restaurante chino cerca de Canal Street en Manhattan por 200 dólares a la semana, dijo; posteriormente, se unió a un grupo de pintores en Nueva Jersey para ganar 300 dólares a la semana y enviar todo lo que pudiera ahorrar para su esposa y sus hijos en Puebla.

Recordó la terrible experiencia de perderse en el metro la primera vez que intentó usarlo, lo que lo hizo sentir como “un niño de primaria”. Jugaba básquetbol los domingos con otros obreros mexicanos, en algún lugar cercano a la calle 103, y se acordó de que su jefe estadounidense en el grupo de pintores pronunciaba la palabra “Gracias” como “Grasas”, lo que los trabajadores mexicanos consideraban muy gracioso.

Ramírez sonrió. El remolino de los esfuerzos de ayuda a su alrededor pareció desaparecer. Su migración, dijo, había sido motivada por un sueño.

“Quería conocer cómo era un dólar”, recordó. “La primera semana, cuando me pagaron”, dijo mientras levantaba sus dedos que formaban una pinza, como si sostuviera un billete imaginario. “Yo dije: ‘Gracias a Dios, ahora ya conozco un dólar’”.

Repentinamente, comenzó a llorar, sobrecogido por la emoción: la migración, las dificultares en Nueva York, el terremoto, la incertidumbre del futuro de su pequeño poblado. Puso las manos sobre su rostro —no para tapar sus ojos, pero, al parecer, para aminorar el dolor—.

Ramírez dejó de llorar, limpió sus lágrimas con su chamarra de mezclilla. El radio hizo ruidos y bajó el cerro hacia el albergue, mientras sus sandalias raspaban la tierra.

The New York Times
Kirk Semple
San Francisco Xochiteopan, Puebla
Miércoles 26 de septiembre de 2017.


Albuquerque, Nuevo México. - Si entras en El Super, un supermercado en expansión en el mismo valle donde buscadores de fortuna a caballo reclamaron las tierras hace casi cuatro siglos de una de las posesiones más remotas de España, verás que el idioma que trajeron con ellos todavía perdura.

El reguetón, el género musical nacido en Puerto Rico, resuena en los altoparlantes. Los compradores, con acentos del norte de México, negocian las ofertas. Hay letreros en español que indican los departamentos de la tienda, como carnicería, panadería, salchichonería y tortillería; así, para quienes hablan el idioma de Miguel de Cervantes, encontrar los artículos es muy sencillo.

“Todo lo que necesito está en español”, dijo Vanessa Quezada, de 23 años, una inmigrante del estado mexicano de Chihuahua, haciendo gestos hacia la sucursal del First Convenience Bank, donde los cajeros saludan a la gente con una sonrisa y la frase “Buenas tardes”.

En efecto, Estados Unidos emerge como un amplio laboratorio que exhibe la extraordinaria resistencia del español, sin importar el clima político.

Con base en una enorme masa de hablantes nativos, Estados Unidos ahora tiene, según algunos cálculos, más de 50 millones de hispanohablantes; es decir, existen más personas que hablan español en Estados Unidos que en España. En una superpotencia donde se habla el inglés, la cadena de televisión en español Univisión pelea con ABC, CBS, FOX y NBC por conseguir los más altos niveles de audiencia. ¿La canción compuesta en Estados Unidos más exitosa del mundo durante el verano? “Despacito“.

Al mismo tiempo, más de 20 estados han promulgado leyes para hacer que el inglés sea el idioma oficial, el presidente Trump ganó la elección con una plataforma que incluía la promesa de construir un muro fronterizo y su propuesta para fijar nuevos límites en la migración legal requeriría que los solicitantes hablen inglés para obtener su residencia legal.

Juan Rodríguez, de 44 años, un inmigrante colombiano que es propietario de La Reina, una estación de radio en español en Des Moines, Iowa, dijo que “son días de muchísima incertidumbre” para algunos hispanohablantes, especialmente inmigrantes que no tienen papeles que tratan de ser vistos y escuchados con menos frecuencia ahora que el presidente ha convertido a la deportación en una prioridad.

“Pero ese miedo no nos impide de vivir nuestras vidas en español”, agregó Rodríguez. “Iowa puede ser estado de English-only, pero es nuestro estado también”.

Alrededor del mundo, la posición del inglés como el idioma universal parece no tener rival por el momento. Estados Unidos proyecta su influencia del inglés en sectores como las finanzas, la cultura, la ciencia y la guerra.

Pero a nivel global, el chino mandarín deja muy atrás al inglés en hablantes nativos, al colocarse en el primer lugar con 898 millones de personas, seguido del español con 437 millones, de acuerdo con Ethnologue —un compendio de los idiomas del mundo—. Después se ubica el inglés con 372 millones, seguido del árabe, el hindú, el bengalí, el portugués y el ruso.

La inmigración desde América Latina ha fortalecido el uso del español en Estados Unidos en las décadas recientes, pero los académicos dicen que otros factores también tienen relación. Por ejemplo, los que involucran historia, el alcance global del idioma y las maneras en que las personas se mueven a través del mundo hispanohablante.

Autoridades en algunas áreas de Estados Unidos han discutido varias veces sobre cómo detener la expansión del español, como el exsuperintendente de Educación Pública de Arizona que afirmó que todos los medios de comunicación en español deberían ser silenciados. Un juez rechazó esta semana otra iniciativa del mismo funcionario para prohibir el programa de Estudios Mexicanos-Estadounidenses de Arizona. El juez determinó que la prohibición estaba “motivada por una animadversión racial”.

Los lingüistas rastrean en decisiones tomadas mucho antes de que España comenzara a colonizar el Nuevo Mundo (en 1492) cómo fue que el español llegó al codiciado momento que disfruta ahora.

Como el escritor mexicano Carlos Fuentes explicó en su libro El espejo enterrado, en el siglo XIII el rey español Alfonso X formó un grupo de expertos cosmopolitas conformado por intelectuales judíos, traductores árabes y trovadores cristianos, quienes promovieron el español como un idioma del conocimiento en un momento en el cual el latín y el árabe todavía tenían prestigio en la península ibérica.

El monarca y sus sabios forjaron el español en un idioma excepcionalmente bien organizado con estándares fonéticos, convirtiéndolo relativamente accesible para algunos aprendices. Se cree que fueron orillados a seguir una política de “castellano drecho” (“drecho” es una forma antigua de escribir “derecho” y se refería al castellano derecho o correcto), dándole al idioma un propósito.

Aún en la actualidad, el español permanece entendible alrededor del mundo en un nivel notable. La prueba es que, por ejemplo, alguien de las pampas en la Patagonia en Argentina puede conversar con un visitante de la Guinea Ecuatorial, uno de los exportadores de petróleo más grandes de África.

Con base en la entropía (un concepto físico para medir el desorden), Jean-Benoît Nadeau y Julie Barlow, los autores canadienses de un libro de 2013 que traza la evolución del español, describen la medida en que el idioma se extendió geográficamente sobre un amplio rango de países.

En comparación, el chino mandarían califica bajo en la escala de entropía porque la mayoría de quienes lo hablan viven en el mismo país. El inglés hace alarde de una mayor entropía, pero el español, el lenguaje predominante en más de 20 países, se ubica en el primer lugar, seguido del árabe.

La competencia de Estados Unidos con España y partes de América Latina ejemplifica cómo el movimiento de las personas a través del mundo de habla hispana lleva al español en nuevas direcciones.

En el área metropolitana de Los Ángeles, en donde viven más de cuatro millones de hispanohablantes —más que la población total de Uruguay—, los lingüistas dicen que un nuevo dialecto se ha creado conforme diferentes tipos de español entran en contacto. Aquí, en Nuevo México, una afluencia de inmigrantes mexicanos y centroamericanos está nutriendo y modificando una variación del español que ha persistido desde el siglo XVI.

El bar Ojos Locos en Albuquerque ofrece una prueba de cómo está cambiando el español; al igual que El Super, es parte de una cadena fundada en Estados Unidos dirigida al mercado latino. “Una ‘cantina’ de deportes no es nada sin auténtica y deliciosa ‘comida’ mexicana —más tacos, más alitas y más cerveza—”, se puede leer en el sitio web de Ojos Locos. Había todos esos ingredientes en abundancia un domingo reciente cuando la Selección Mexicana jugó contra Jamaica y el español de México parecía ser el idioma dominante en el lugar.

Sin embargo, algunas mesas mezclaban sin esfuerzo el inglés y el español, especialmente aquellas en las que niños acompañaban a sus padres, mientras otros (incluidas mesas en las que había parejas de diferentes orígenes étnicos) lanzaban gritos de apoyo, conversaban y hasta decían insultos (México perdió el partido 1 a 0) casi por completo en inglés mientras bebían sus margaritas.

Las maneras en que las familias usan los idiomas en la mesa de sus hogares también demuestra cómo el español está cambiando. En la familia Nava, que se mudó a Nuevo México desde el norte de México hace más de 20 años, los abuelos discuten apasionadamente en español el desempeño de su equipo de fútbol americano, los Vaqueros de Dallas. Pero cuando sus hijos, quienes ya son adultos, hablan entre ellos, lo hacen en spanglish. ¿Y el idioma de sus nietos? Principalmente, el inglés, con palabras en español salpicadas en ciertos momentos.

 “Nuestra verdadera comunicación es en spanglish”, dijo Cindy Nava, de 29 años, una analista de políticas en el Congreso de Nuevo México, quien llegó a Estados Unidos a la edad de 7 años. “Pero todavía reconocemos la importancia de hablar español correctamente”.

Aunque irrita a algunos amantes de la gramática, el spanglish efectivamente está ganando terreno. Es evidente en la manera en la que hablan los personajes en las telenovelas, las letras de las canciones de reguetón de Daddy Yankee o comerciales como el de Wendy’s donde una pareja se conecta a través de hamburguesas con queso y tocino servidas en “pan de pretzel”.

Ilan Stavans, un profesor de Cultura Latina en Amherst College que ha traducido clásicos como “Don Quijote” de Cervantes y “El principito” de Saint-Exupéry al spanglish, argumenta que estamos presenciando “el surgimiento de algo totalmente nuevo, de ninguna manera puro, un idioma mestizo”.

Mucho antes de que el presidente Trump fuera elegido, el crecimiento y la perdurabilidad del español habían causado preocupación y llevó a las leyes de idioma oficial que en algunos casos limitan el uso de cualquier otro idioma que no sea inglés en oficinas gubernamentales y en documentos; en otros casos son prácticamente simbólicas.

Rosalie Porter, quien llegó a Estados Unidos cuando era una niña desde Italia y ahora es la presidenta de una organización que busca terminar con la educación bilingüe y declarar al inglés como el idioma oficial de Estados Unidos, dijo: “Cuando yo era una niña inmigrante, mi lengua no era políticamente correcta”.

“Ahora es diferente”, dijo Porter, cuyo grupo, ProEnglish, fue fundado por John Tanton, un médico de Michigan que inició varias organizaciones que buscan restringir la inmigración. “Los inmigrantes disfrutan mucha mayor visibilidad”, agregó ella, haciendo énfasis que en que entiende las razones económicas detrás del crecimiento de los medios de comunicación en español.

Aun sin contar los esfuerzos políticos, el crecimiento continuo del español en Estados Unidos no está asegurado. Los lingüistas han documentado cómo las nuevas generaciones de latinos en el país están cambiando de manera sostenida hacia el inglés, del mismo modo que otros inmigrantes lo han hecho.

Pero si el pasado sirve de guía, el español continuará evolucionando y perdurando.

“En muchos lugares de Estados Unidos, el inglés y el español están en la cama juntos, un contacto que es al mismo tiempo reproductivo y excitante”, dijo Junot Díaz, el escritor que de forma maestra explora la experiencia inmigrante en Estados Unidos, principalmente a través de los esfuerzos de su protagonista dominicano que habla spanglish: Yunior.

“Para muchos de nosotros el español es el camino hacia el amor y, como ha probado la historia, nadie puede legislar para quitarnos el amor”.

The New York Times
Simon Romero
Albuquerque, Nuevo México
Viernes 25 de agosto de 2017.


La valla fronteriza en Tijuana. A medida que se endurece la política migratoria en EE. UU., muchos migrantes centroamericanos han preferido solicitar asilo en México.

A medida que el gobierno de Donald Trump impulsa planes para endurecer el paso por la frontera sureste de Estados Unidos, crece la presión ante México para que acepte a más solicitantes de asilo que ingresan desde Centroamérica para huir de la violencia de las pandillas.

Sin embargo, activistas en materia migratoria advierten que el sistema de asilo mexicano y su capacidad de proteger a esos migrantes no ha podido responder a la demanda. Como resultado, se ha impedido que muchos migrantes accedan a la protección que requieren y obtengan el estatus de refugiados que les corresponde.

El gobierno de México ha implementado mejoras a su programa de asilo en los últimos años y ha otorgado protección a una tasa más alta que antes, pero el sistema sigue teniendo muchas fallas, de acuerdo con al menos siete reportes publicados en las últimas semanas por grupos mexicanos, centroamericanos, estadounidenses e internacionales enfocados en la defensa de los derechos humanos y de los migrantes.

De acuerdo con esos informes, las fallas incluyen un personal insuficiente e inadecuado en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, lo que se traduce en una espera de varios meses para responder a las solicitudes; una capacitación y supervisión inconsistente de los agentes migratorios y una adjudicación irregular en casos de asilo.

Varias personas elegibles para el asilo no han podido iniciar el proceso porque los funcionarios no han tomado los pasos necesarios para que siquiera lo soliciten, señalan estos informes. En algunos casos, de acuerdo con activistas, los agentes fronterizos han disuadido a los migrantes de solicitar refugio y los han amenazado con que estarán detenidos por mucho tiempo mientras se estudian sus solicitudes.

Los activistas señalan que tales deficiencias son particularmente preocupantes en momentos en que algunos legisladores estadounidenses estudian hacer cambios que establezcan como requisito que los migrantes soliciten asilo en México si cruzaron por ese país con el plan de llegar a Estados Unidos para pedir refugio. Una propuesta legislativa “permitiría el retorno a México de refugiados centroamericanos detenidos, donde puedan pedir protección” sin la necesidad de un acuerdo bilateral con México, según un informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso de Estados Unidos que dio el visto bueno al proyecto en julio.

Tales cambios “socavarían el liderazgo global estadounidense y violarían compromisos legales por parte de Estados Unidos, incluso en el caso de que México tuviera un sistema sólido de protección a refugiados”, dice un reporte de Human Rights First. Las propuestas, aseguran, “son todavía más peligrosas porque México no lo tiene”.

Funcionarios del Instituto Nacional de Migración de México —la agencia migratoria del país— y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) —el organismo que procesa las solicitudes de asilo– no quisieron ser entrevistados para este artículo.

Aunque la mayoría de los migrantes centroamericanos que se dirigen al norte todavía ven en México un país de tránsito a Estados Unidos, el país se ha vuelto un destino en sí mismo.

El año pasado, 8800 personas solicitaron asilo en México, casi siete veces más que quienes lo hicieron en 2013, según los datos del gobierno. Parte del aumento se debe a una aplicación más severa de la ley migratoria en el país, sobre todo en la frontera sur, con Centroamérica.

Algunos de los migrantes que son detenidos, confrontados con la posibilidad de deportación a sus países, eligen solicitar asilo.

Los funcionarios mexicanos estiman que este año la cifra de solicitantes de asilo alcanzará los 20.000, más del doble del número que solicitó en 2016.

Durante los últimos meses, las políticas migratorias del gobierno de Trump han provocado temor entre muchos migrantes potenciales de que cruzar la frontera vía México e ingresar hacia Estados Unidos sin los documentos requeridos es mucho más difícil. Así que un número considerablemente menor de centroamericanos parecen dispuestos a emprender el trayecto, en particular aquellos cuyo objetivo principal es huir de la pobreza.

Pero quienes huyen más que nada de la violencia crónica, sobre todo en Honduras y El Salvador, todavía salen de sus países, y un número en aumento de ellos ha decidido buscar refugio en México donde explica que está en riesgo de —o han sufrido— persecución en sus países.

Los funcionarios mexicanos estiman que este año la cifra de solicitantes de asilo alcanzará las 20.000 personas; más del doble del número que lo solicitó en 2016.

Es un aumento que ha puesto bajo presión al gobierno mexicano y la Comar no da abasto. La comisión fue apuntalada el año pasado después de que la ONU acordara costear las contrataciones de 29 nuevos empleados, pero siguen estando saturados.

“Mientras que el número de solicitantes de asilo se ha incrementado, el presupuesto de la Comar no lo ha hecho”, dijo Mark Manly, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. “Esto ha puesto al sistema de asilado en México bajo una presión considerable”.

El estrés del personal ha contribuido a que hagan su trabajo un poco al azar y a que las adjudicaciones sean inconsistentes, según acusan los activistas y trabajadores humanitarios.

El resultado de una solicitud de asilo “depende en buena medida de quién revisa el caso”, dijo Nancy Pérez García, directora de Sin Fronteras, un grupo con sede en Ciudad de México que promueve los derechos de migrantes y refugiados.

La organización asegura que lo peor es que una gran cantidad de personas ni siquiera son consideradas para solicitar refugio.

El primer contacto que tienen muchas de ellas con las autoridades mexicanas es cuando son detenidas por agentes migratorios. El protocolo establece que estos deberían entrevistarlos o revisar sus casos para sopesar si necesitan protección y, en tal caso, derivarlos a una agencia para refugiados.

Pero en muchos casos los agentes no los revisan de manera apropiada y los remiten en cambio al proceso de deportación. En un informe publicado recientemente, Amnistía señaló que un “número significativo de solicitantes de asilo” le dijo a los investigadores del grupo que habían sido deportados sin que se les informara sobre su derecho a solicitar asilo.

“Hay una falta de conocimiento tanto entre los extranjeros como entre las personas con las que tienen el primer contacto”, dijo Alejandra Macías Delgadillo, coordinadora de servicios legales en México de Asylum Access, un grupo con sede en California. “Seguimos enfatizando la importancia de que haya información oportuna”.

Los agentes también han sido acusados de disuadir a los migrantes de solicitar refugio, al darles a entender que tendrán que sobrellevar meses en detención hasta que sean adjudicados sus casos.

Durante años, efectivamente, la detención fue la norma para quienes pedían asilo mientras se revisaban sus solicitudes. Sin embargo, el año pasado el gobierno puso en marcha un programa piloto para probar alternativas como el que los solicitantes estén en libertad durante la adjudicación y tengan acceso a ayuda humanitaria, así como a asesoría psicológica y legal.

Los funcionarios mexicanos dicen que el programa fue expandido para incluir a todos los migrantes que pidan asilo. Pero la aplicación del programa dista de ser completa. Los activistas afirman que algunos solicitantes todavía son retenidos y tienen acceso limitado a representantes legales.

Los lineamientos del gobierno establecen que los casos de asilo deben ser decididos en un plazo de 45 días. No obstante, dado que el sistema está sobrecargado, los tiempos de espera son mucho mayores; a veces duran tres meses o más.

“Los niños centroamericanos que huyen de la violencia y de la persecución en sus países de origen siguen enfrentando fuertes barreras al acceder a la protección internacional en México”.

Un tema de particular preocupación para las ONG es la recepción y el tratamiento que se da a menores no acompañados; decenas de miles de estos han viajado desde Centroamérica durante los últimos años.

Un número muy bajo de ellos son ingresados al sistema de asilo en México. De acuerdo con estadísticas oficiales, menos de un uno por ciento de más de 40.000 niños detenidos en 2016 solicitaron refugio, una cifra “impresionantemente baja”, según el Migration Policy Institute.

Aunque algunos menores no ingresan a ese sistema porque su objetivo es llegar a Estados Unidos para reunirse con familiares allí, ese porcentaje tan pequeño de solicitantes probablemente se deba a otros factores, de acuerdo con activistas y expertos en materia migratoria. Eso incluye, dicen, el fracaso de oficiales mexicanos en identificar a niños que necesitan protección, una falta de acceso a representantes legales y las condiciones precarias en las que se encuentran después de ser detenidos.

“Los niños centroamericanos que huyen de la violencia y la persecución en sus países de origen siguen enfrentando fuertes barreras al acceder a la protección internacional en México”, indica un reporte publicado recientemente por Kids in Need of Defense, grupo con sede en Washington que le da asistencia legal a menores no acompañados, en conjunto con el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, con sede en la ciudad chiapaneca de Tapachula, en México.

Quienes sí reciben asilo tienen el derecho a poder trabajar y acceder a servicios médicos y educativos. Pero eso no pone fin a los obstáculos.

Más allá de un programa piloto a cargo de las Naciones Unidas en Saltillo, hay muy pocos otros programas para la integración de refugiados. Muchos enfrentan discriminación al buscar trabajo y, a veces, prefieren irse de México.

Los activistas alertan que, a menos que haya mejoras en el sistema de asilo y que este se vuelva más accesible, cada vez más migrantes cuyos casos sean elegibles para recibir protección decidirán que ni siquiera vale la pena el esfuerzo intentar conseguirlo en México y seguirán encaminados hacia Estados Unidos pese a la incertidumbre que enfrentarían allí.

Y se someterían a mayores peligros, como los que típicamente afectan a los migrantes camino hacia el norte: violaciones, robos, asaltos o trabajo forzado, incluida la prostitución. Algunas estimaciones establecen que sólo un uno por ciento de los delitos cometidos contra los migrantes terminan siendo juzgados.

“México ha incrementado drásticamente su capacidad para detener y deportar migrantes, pero no ha desarrollado con la misma prioridad ni urgencia los mecanismos para investigar los delitos cometidos en contra de ellos”, sentenció la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés), en un informe reciente. “La impunidad en delitos contra migrantes en México es alarmante”.

The New York Times
Kirk Semple
Ciudad de México
Miércoles 9 de agosto de 2017.


El especialista en seguridad se pronuncia al respecto de la investigación del New York Times


El especialista en seguridad, Edward Snowden, sostuvo que el espionaje a activistas y periodistas es un “crimen contra el público”, al referirse al artículo del New York Times sobre la vigilancia del gobierno mexicano a defensores de derechos humanos y comunicadores a través del programa Pegasus.

“No importa si es una sorpresa, o si nos advirtieron. Lo que importa es que se trata de un crimen contra el público”, puntualizó en su cuenta de Twitter y compartió opiniones y artículos sobre el tema que estalló ayer en México.

Usuarios de redes sociales agradecieron al estadunidense por estar al pendiente de México e indicaron que la publicación de Snowden fue en respuesta al gobierno mexicano, que exhortó a quienes presuntamente hayan sido víctimas de espionaje a presentar su denuncia ante la PGR.

El 19 de junio, The New York Times publicó el artículo ‘Somos los nuevos enemigos del Estado': el espionaje a activistas y periodistas en México en el que acusó al gobierno de México de espiar a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas a través de un programa que debería ser utilizado para investigar a posibles terroristas.

Entre los objetivos del gobierno se encuentran el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardiñas, y su esposa; los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola; Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que ayuda a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y dos abogados más de su equipo.

Eje Central
Ciudad de México
Martes 20 de junio de 2017.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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