Cada año, 213.000 armas llegan ilegalmente a México desde Estados Unidos, según un informe

CIUDAD DE MÉXICO — José Antonio Tizapa tiene pocas certezas sobre la desaparición de su hijo. A sus 50 años lucha por continuar con su vida mientras busca respuestas, pero le cuesta creer que después de cuarenta meses de investigaciones, marchas, reuniones, lágrimas y desaliento todavía no se sepa qué pasó con Jorge Antonio Tizapa Legideño, su hijo de 20 años que desapareció en Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 junto con 42 de sus compañeros.

Sin embargo, Tizapa explica que el uso de armas estadounidenses durante ese día es uno de los hechos que suele recordar con amargura: “Las armas usadas en la desaparición de nuestros hijos, sobre todo las de los policías municipales, a través de la Sedena, son fabricadas en Estados Unidos. Y es probable que las usadas por los delincuentes también”.

Las preocupaciones de Tizapa consiguen eco en Beyond Our Borders, el más reciente informe del Center for American Progress, una organización estadounidense que se encarga de la investigación y defensa de políticas públicas. En este reporte los investigadores citan los registros de la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos que revelan que, entre 2011 y 2016, al menos 106.000 armas fabricadas en Estados Unidos estuvieron vinculadas con actividades delictivas en México.

De esa cifra, 74.200 fueron compradas legalmente en territorio estadounidense, pero el informe también señala que cada año cerca de 213.000 armas de fuego son transportadas ilegalmente hacia territorio mexicano.

“Estados Unidos tiene la obligación moral de mitigar su participación en el incremento de la violencia letal en el extranjero”, comenta Chelsea Parsons, coautora del reporte. “Aunque existen muchos factores exclusivos de cada nación que afectan las tasas de delitos violentos, Estados Unidos podría hacer más para reducir los riesgos que plantean las armas de fuego estadounidenses que cruzan la frontera y que se usan para perpetrar delitos en los países cercanos”.

En 2017, México alcanzó su nivel más alto de homicidios en los últimos veinte años, con una tasa de 20,5 homicidios por cada 100.000 personas. Los investigadores sostienen que, aunque esa cifra en parte se debe a los altos niveles de impunidad con el comportamiento delictivo, el acceso a las armas de fuego también ha sido un factor clave en el aumento de los homicidios. En 1997, el 15 por ciento de los homicidios sucedidos en México fueron cometidos con armas de fuego; sin embargo, el año pasado ese porcentaje aumentó hasta el 66 por ciento.

 “Las autoridades estadounidenses siempre denuncian el flujo de drogas provenientes de México, pero casi no se habla del flujo de armas estadounidenses que favorece la violencia y el dominio de las estructuras delictivas en México”, explica Eugenio Weigend, otro de los investigadores del estudio. “En el tema de las armas la responsabilidad recae principalmente en Estados Unidos porque de ahí vienen, ahí se producen”.

El informe también señala que solo entre 2014 y 2016, más de 33.000 armas de fuego estadounidenses fueron recuperadas en investigaciones criminales en México. Esa cifra excede el número de armas recuperadas durante el mismo periodo en la mayoría de Estados Unidos, exceptuando los estados de California, Florida y Texas. Según la investigación, el uso de armas de fuego durante los robos violentos también ha aumentado. En 2005, el 58 por ciento de los robos se cometieron con armas de fuego, pero en 2017, esa cifra aumentó a 68 por ciento.

“Una de las razones que explican el aumento de la violencia en México es el incremento de la letalidad del crimen organizado gracias a las pocas barreras institucionales, en ambos lados de la frontera, para conseguir armamento proveniente de Estados Unidos”, explica David Ramírez de Garay, investigador de México Evalúa, un centro de análisis de políticas públicas. “Por ello, esperamos que el tráfico de armas sea un tema rector de la agenda binacional y demandamos que los aspirantes a la presidencia incorporen de manera seria y responsable una política de desarme en sus propuestas de seguridad”.

Los efectos en América Central

El reporte también muestra que las armas estadounidenses atizan la violencia letal en varios países centroamericanos como El Salvador, Honduras y Guatemala. Aunque los investigadores advierten que gran parte de esa problemática es una consecuencia del tráfico de drogas relacionado con las pandillas, también sostienen que otros factores como la corrupción en las instituciones gubernamentales, la desigualdad de ingresos, la impunidad de los delincuentes y la herencia de los conflictos bélicos, han desestabilizado a toda esa región.

“Armas que originalmente se compran en Estados Unidos, luego son utilizadas en países vecinos para cometer un delito al menos cada 31 minutos. Para sacar las armas, los traficantes explotan las mismas lagunas en las leyes estadounidenses que facilitan el tráfico ilegal de armas domésticas”, afirma Parsons.

De 2014 a 2016, el 49 por ciento de las armas de fuego recuperadas en El Salvador fueron compradas originalmente en Estados Unidos, reseña el reporte. De manera similar sucedió con el 45 por ciento de las armas incautadas en Honduras y el 29 por ciento de Guatemala.

Otros países centroamericanos también sufren las consecuencias del uso de las armas de fuego estadounidenses en los delitos. El informe detalla que de 2014 a 2015, el 57 por ciento de las armas recuperadas y rastreadas en Costa Rica fueron fabricadas en Estados Unidos, de 2014 a 2016 se detectó la misma situación con el 51 por ciento del armamento conseguido en Belice y el 47 por ciento de las armas incautadas en Panamá.

De 2014 a 2016, 50.133 armas que se produjeron en los Estados Unidos fueron recuperadas como parte de investigaciones criminales en quince países de América del Norte, América Central y el Caribe. “Las personas adquieren legalmente ese armamento en Estados Unidos y luego se importa con mucha facilidad a México y otros países, lo que permite el incremento de la violencia”, explica Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano, una organización de la sociedad civil que analiza las condiciones de seguridad, justicia y legalidad del país. “Estados Unidos debería implementar medidas para prevenir que no salgan tantas armas de ese país, eso implicaría el establecimiento de una regulación sobre la exportación de armas a otros países”.

Tizapa, el padre de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, vive en Estados Unidos y dice que siempre recuerda los mensajes que todas las mañanas le mandaba a su hijo, las conversaciones telefónicas y todos los sueños compartidos que fueron truncados desde el día de la desaparición.

Con aplomo explica que se ha convertido en un observador distante de lo que pasa en su país: “México no está en guerra, pero el gobierno parece que se está preparando para eso y la mayoría de los mexicanos no lo sabemos. Hay muchas armas, tanto legales como ilegales, y ambas nos están desapareciendo”.

The New York Times
Albinson Linares
Ciudad de México
Miércoles 7 febrero 2018.


Ciudad de México. – Marbella Aguilar guarda su colección de libros usados en un estante escondido en su habitación de Casa Xochiquetzal, un hogar de estilo colonial grande y de color amarillo en el centro de esta metrópoli.

 “Me encanta leer y escribir”, dijo Aguilar, de 61 años. “Poesía, prosa, lo que sea. No puedo dormirme sin que estén mis libros aquí al lado”. Entre sus favoritos menciona Los miserables, Lolita y las obras de Pablo Neruda y de Tolstoi.

Pero ella misma podría llenar todo un libro con sus experiencias, pues su vida ha sido todo menos ordinaria. Y Casa Xochiquetzal no es cualquier hogar: es un albergue para trabajadoras sexuales retiradas o semijubiladas.

Nombrada en honor a la diosa azteca del amor sexual y de la belleza, la casa abrió sus puertas en 2006 después de que Carmen Muñoz, quien fuera trabajadora sexual, encontró a algunas de sus antiguas compañeras durmiendo en camas improvisadas hechas de cartón en la zona de La Merced, un “barrio rojo” en el centro de Ciudad de México. Las mujeres, después de una vida de trabajar en las calles, estaban solas sin tener a dónde ir.

Muñoz las acogió con apoyo de algunos aliados: un grupo de feministas mexicanas ofreció ayudar y con dinero tanto privado como público, y un edificio provisto gratis por el gobierno de Ciudad de México, fundaron Casa Xochiquetzal, un refugio para que las mujeres que dejaran las calles pudieran vivir con dignidad.

“Es un hecho recurrente que familiares, hasta los hijos, las abandonan, e incluso las lastiman, cuando descubren que son trabajadoras sexuales”, dijo Jésica Vargas González, la directora del albergue. “Todavía es una profesión muy estigmatizada”.

No es fácil encontrar la casa: está escondida entre un laberinto de puestos callejeros. Las puertas gigantes de madera de la entrada usualmente están cerradas. “Solo se permiten visitas con cita previa por correo”, dice un cartel a la entrada.

Durante una visita reciente, una de las residentes, que pidió que la llamara Sol, gritó desde el patio en el primer piso hacia el balcón de la segunda planta: “¡Ya está el desayuno!”.

En la actualidad hay dieciséis residentes, con edades que van desde los 53 a los 87 años, y cada una es responsable de cocinar su propia comida y de limpiar tanto sus habitaciones como las áreas comunes. Se atienen a un programa diario con actividades obligatorias, aunque la manera en la que cada una hace el trabajo establecido a veces las lleva a pelearse.

En la actualidad hay 16 residentes en la casa. Credit Adriana Zehbrauskas para The New York Times
“A mí me gusta todo tan limpio que brilla”, dijo Rosa Belén Calderón Velázquez, de 68 años, quien siempre parecía estar o trapeando algún piso o con plumero en mano. “Mi madre me decía: ‘O lo haces bien o no lo haces'”, dijo con una expresión de fastidio.

Las residentes también deben participar en dos talleres diarios de artes y cocina. Hay una sola televisión, en el patio, y solo la prenden después de las 18:00; hay un calendario con los turnos de a quién le toca el control remoto. No se permite ningún tipo de drogas en la casa.

En ocasiones se alberga temporalmente a mujeres que no son sexoservidoras jubiladas; usualmente se trata de mujeres sin casa que fueron víctimas de abuso. Todas las residentes reciben tratamiento médico y psicológico.

“Son mujeres que necesitan mucho amor, que se sienten muy solas”, dijo Karla Romero Téllez, la psicóloga de 29 años que es voluntaria en el albergue. “Pero son muy fuertes. Son sobrevivientes. Eso es lo que las define”.

La violencia y el abuso, los daños y las pérdidas: esos son los hilos que entrelazan todas las historias de las residentes de la casa. María Norma Ruiz Sánchez, de 65 años, fue violada a los 9 cuando iba caminando de regreso a su casa de la escuela en el estado de Jalisco. Todavía se nota la cicatriz en su pierna izquierda de cuando le quitaron a la fuerza el uniforme.

Huyó de casa a los 14 años para escapar de un hermano abusivo. Un camionero la llevó hasta San Francisco, donde pasó su cumpleaños 15 sola en una habitación rentada comiendo pollo y tomando cerveza.

Poco tiempo después regresó a México. A los 16, tuvo al primero de sus cuatro hijos. Trabajó en el campo, fue dueña de un cabaret, en algún momento fue luchadora profesional y tuvo muchos amantes pero un solo amor. Intentó suicidarse en cuatro ocasiones; la última vez fue en una habitación de hotel en el Bar Nebraska, en las afueras de Guadalajara.

A veces, Sánchez todavía va a su “oficina”, como le llama; es un parque en la estación del metro Hidalgo donde se mezclan los clientes nuevos con las memorias viejas. “Estoy muy cansada, me duele todo”, dijo. “Hago bromas sobre mi vida para llevar el día a día, pero mi tristeza no tiene fin”.

Hacia la tarde el sol invernal se asomó por las ventanas y una agradable luz amarillenta hizo resplandecer el patio. Había mucho silencio. Las paredes gruesas filtraban el sonido de los puestos de afuera. Y las residentes, tan familiarizadas con el movimiento frenético y abrumador de las calles que las rodean, ahora veían la vida de esas mismas calles a la distancia, por fuera de las ventanas altas de la casa.

Aguilar trabaja del otro lado de la calle, en una tienda de muñecas. No le gusta hablar sobre su pasado y cada vez que empieza a intentar contar su historia no puede aguantar el llanto. Mejor recitó parte de un poema que ella misma escribió:

Soy yo quien te ama.
Soy yo quien escucha cuando estás triste.
Soy yo quien te consuela en las noches de dolor.
Soy yo quien te da calor cuando tienes frío.
Y aun cuando me ignoras,
Siempre estaré ahí para ti.

The New York Times
Adriana Zehbrauskas
Ciudad de México
Miércoles 9 enero 2018.


Con su enorme presupuesto de publicidad, el gobierno mexicano controla los medios de comunicación


Ciudad de México. -  Dirigir un periódico, una estación de radio o un canal de televisión en México generalmente significa confiar en un cliente único y poderoso que gasta sumas exorbitantes en publicidad con una simple advertencia: “No te pago para criticarme”.

Ese cliente es el gobierno mexicano.

La gestión del presidente Enrique Peña Nieto ha gastado cientos de millones de dólares anuales de los fondos gubernamentales en publicidad, creando lo que muchos propietarios, ejecutivos y periodistas mexicanos definen como una gigantesca marca presidencial que puede suprimir artículos de investigación, escoger portadas e intimidar a las salas de redacción que la desafían.

A pesar de su promesa de regular la publicidad gubernamental, Peña Nieto ha gastado más dinero en publicidad que ningún otro presidente en la historia de México, casi 2000 millones de dólares en los últimos cinco años, según datos del gobierno recopilados por Fundar, un centro de análisis de transparencia. Esa organización reveló que la actual presidencia gastó más del doble del generoso presupuesto de medios que los legisladores mexicanos le aprobaron para 2016.

Y eso solo es el dinero federal.

Cada año los líderes de todos los partidos políticos recaudan cientos de millones de dólares en dinero estatal para publicidad, unos recursos que distribuyen entre sus medios de comunicación favoritos, según calcula Fundar. Según los ejecutivos y editores involucrados en las negociaciones, algunos secretarios de prensa del gobierno les exigen abiertamente una cobertura positiva antes de firmar un contrato publicitario.

El resultado es un panorama mediático en el que los funcionarios federales y estatales dictan las noticias de forma rutinaria, exigiéndole a los medios qué es lo que deberían y lo que no deberían informar, según docenas de entrevistas con ejecutivos, editores y periodistas. Los reportajes contundentes a menudo son suavizados o se posponen indefinidamente, si es que llegan a investigarse. Dos tercios de los periodistas mexicanos admiten que se censuran.

 “Si un reportero profesional quiere cubrir los elementos sucios de lo que está sucediendo en el país, ni el gobierno ni las empresas privadas le darán un centavo”, dijo Enrique Krauze, un historiador que dirige Letras Libres, una revista mexicana que, entre sus anunciantes, también recibe algo de dinero del gobierno. “Ese es uno de los mayores defectos de la democracia mexicana”.

El partido de Peña Nieto, el PRI, fue pionero en la implantación de este sistema durante sus 70 años en el poder. El expresidente José López Portillo expuso explícitamente las expectativas del gobierno hace décadas, incluso fue citado diciendo que no les pagaba a los medios para que lo atacaran, y la práctica continuó cuando la oposición ganó la presidencia en 2000, y nuevamente en 2006.

Pero la influencia del gobierno sobre los medios va más allá del aspecto publicitario y, a veces, los funcionarios recurren al soborno directo. En Chihuahua, el exgobernador gastó más de 50 millones de dólares en publicidad, según los funcionarios, dejando al estado con enormes deudas públicas. Sin embargo, esa es la cifra que se manejó oficialmente.

Los fiscales también han conseguido recibos firmados con sobornos a periodistas locales, pagos tan comunes que incluso algunos reporteros fueron incluidos como contratistas del gobierno, según los documentos. Los fiscales sostienen que, con tanta cantidad de dinero oficial circulando, surgieron sitios web de noticias con el único propósito de apoyar la agenda del exgobernador.

“La relación entre los medios y el poder es uno de los problemas más graves de México”, dijo Javier Corral, el nuevo gobernador de Chihuahua. “Existe una colusión, un acuerdo, en términos de cómo se gestionan los recursos públicos para recompensar o castigar a los medios. Es una zanahoria y el palo: ‘Compórtate bien y te daré mucho dinero y publicidad. Actúa mal y te los quitaré'”.

Dependencia de la publicidad pública

Lea un periódico, sintonice una estación de radio o encienda la televisión en México y recibirá una avalancha de publicidad oficial. En algunos diarios, casi cualquier página es usada para publicar avisos que promueven alguna secretaría gubernamental. A veces, se destina tanto tiempo al aire a alabar el trabajo del gobierno como a cubrir las noticias.

Este gasto extraordinario se produce en un momento en que el gobierno mexicano está recortando los presupuestos en general, incluidos los de salud, educación y servicios sociales. El gobierno federal gastó tanto dinero en publicidad el año pasado, alrededor de 500 millones de dólares, como lo hizo para apoyar a los estudiantes de su principal programa de becas para las universidades públicas.

Según los historiadores, la cooptación de los medios de comunicación es más importante que el gasto de cualquier otro gobierno en promoción. Refleja la ausencia del pacto básico que la prensa libre establece con sus lectores en una democracia, un compromiso en el que responsabilizar a los poderosos forma parte de su misión.

“Es un problema común en el mundo en desarrollo, pero el problema es mucho, mucho más grave en México”, dijo David Kaye, representante especial de las Naciones Unidas para la libertad de expresión. “Es notable lo que gasta el gobierno”.

El estado actual de los medios mexicanos, y su estrecha relación de dependencia con los fondos gubernamentales, no es una rareza en América Latina. Desde hace varios años, diversas organizaciones como la Unesco y la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la CIDH han alertado sobre el uso de la publicidad estatal para recompensar o castigar las líneas editoriales.

Casos como el de Venezuela, país en el que desde la llegada de Hugo Chávez al poder se han suscitado denuncias por el uso de la pauta oficial para presionar a los medios y donde solo este año, en la gestión de Nicolás Maduro, cerraron 49 medios de comunicación; Ecuador durante los mandatos de Rafael Correa, quien demandó a diversos medios de comunicación y llegó a prohibir que se otorgara publicidad estatal a los medios privados, o Evo Morales, quien gobierna Bolivia desde 2006 y aspira a la reelección. Este año, ante las repetidas denuncias de asfixia económica por parte de los medios locales que no reciben publicidad oficial, Morales escribió en su cuenta de Twitter: “Medios que no reciben publicidad del Estado son los que mienten, insultan, difaman y desprestigian autoridades”.

La mayoría de los medios mexicanos han dependido de la publicidad pública durante tanto tiempo que no sobrevivirían sin los aportes del gobierno, lo que les otorga a los funcionarios una gran influencia para presionar sobre la cobertura de ciertas noticias y dejar a un lado otras informaciones, dicen los analistas, reporteros y dueños de medios.

“Este es un problema económico”, dijo Carlos Puig, columnista del periódico Milenio, un diario que recibe fondos del gobierno sustanciales. “El modelo estadounidense clásico no existe aquí”.

El año pasado, estalló una protesta pública luego de que un alto funcionario del gobierno fue a las oficinas de Milenio para quejarse por una noticia. El artículo, que criticaba una iniciativa nacional contra el hambre, fue retirado del sitio web del periódico inmediatamente después de la visita.

La noticia volvió a ser publicada más tarde, con un titular mucho menos negativo. El periódico dijo que la razón era simple: el artículo era “deplorable”, un intento inexacto y “vulgar” de difamar a un funcionario por lo que se disculpaban con sus lectores. Pero los periodistas y defensores de la democracia, citando el poder de la publicidad del gobierno, se quejaron y el periodista renunció en señal de protesta, alegando que había sido censurado. Finalmente, el título original fue restaurado.

La interferencia gubernamental directa, a menudo es innecesaria. Un 68 por ciento de los periodistas mexicanos dijeron que se censuraban, no solo para evitar ser asesinados, sino también por la presión de los anunciantes y el impacto en los ingresos de los medios, según un estudio realizado a lo largo de tres años por académicos mexicanos y estadounidenses.

Francisco Pazos trabajó durante varios años en Excélsior, uno de los periódicos más grandes y antiguos de México. Cuenta que uno de los momentos más frustrantes de su carrera sucedió a fines de 2013, cuando el gobierno estaba en medio de una lucha para aumentar el costo del pasaje en el transporte público.

Pazos dijo que trató de explorar en detalle la ira de los pasajeros, hasta que un editor lo detuvo, diciéndole que el periódico ya no cubriría la controversia.

“Llegué a entender que había temas que simplemente no podía cubrir”, dijo Pazos. “Y, finalmente, dejé de buscar ese tipo de noticias. Finalmente, tú mismo te conviertes en parte de la censura”.

Muchos propietarios y directores de medios dicen que tienen tan pocas fuentes independientes de ingresos aparte del gobierno que se enfrentan a una dura elección: asfixiarse por la falta de recursos o sobrevivir como cómplices de su propia manipulación.

“Por supuesto, el uso del dinero público limita la libertad de expresión, pero sin ese dinero público no habría medios en México”, dijo Marco Levario, director de la revista Etcétera. “Todos somos cómplices en eso”.

El modelo significa que algunos medios de comunicación apenas pueden permitirse mantener sus propios principios. Hace veinte años, el diario La Jornada era uno de los más apreciados en el país, una voz crítica y una lectura obligada para los intelectuales y activistas que caminaban por la ciudad con el periódico bajo el brazo.

Pero los años no han sido amables con ese diario. Hace unos años, estaba muy cerca de la ruina financiera. Luego, el gobierno intervino rescatando la publicación con más de 1 millón de dólares en publicidad oficial y, según los críticos, afectando en el proceso la independencia editorial.

“Ahora se adueñaron de ellos”, dijo Levario. “El periódico ha sido como un portavoz del presidente”.

Otros vínculos comerciales unen a los medios de comunicación con el gobierno. Muchas empresas de medios forman parte de conglomerados más grandes que construyen carreteras u otros proyectos públicos. La misma persona propietaria de Grupo Imagen —una organización que tiene estaciones de radio, canales de televisión y varios medios impresos— también es propietaria de Prodemex, una importante empresa de construcción. Ha ganado más de 200 millones de dólares en los últimos cinco años con la construcción de instalaciones gubernamentales y desempeñará un papel importante en la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México.

Tanto La Jornada como Grupo Imagen, que es la empresa matriz de Excélsior, no respondieron a las repetidas solicitudes de entrevistas para este trabajo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó recientemente el tema de la publicidad oficial al dictaminar en noviembre que el gobierno debe cumplir con la promesa del presidente de regular el flujo de dineros públicos de una manera imparcial.

“La ausencia de regulación en la publicidad oficial permite el uso arbitrario de los presupuestos de comunicación, lo que indirectamente restringe la libertad de expresión”, dijo Arturo Zaldívar, un juez de la Suprema Corte.

En un comunicado, la oficina del presidente se refirió a la publicidad oficial como una forma de promoción con respaldo constitucional que le permite informar y educar al público sobre sus labores. Pero rechaza la afirmación de que ese gasto distorsiona la cobertura de los medios de asuntos importantes o asfixia la libertad de expresión de cualquier manera.

“Todos los días los periodistas de México cuestionan, con absoluta libertad, las acciones del gobierno y las de nuestros representantes, incluido el presidente”, se lee en el comunicado. “Hay una crítica permanente de los periodistas mexicanos hacia el gobierno. Con solo abrir cualquier periódico, encender la televisión e ir a las redes sociales, eso puede verificarse”.

Poco después de su elección, el equipo de Peña Nieto ideó un plan para regular el gasto de los medios, según tres personas familiarizadas con la propuesta.


Pero Aurelio Nuño, el exjefe de gabinete del presidente y exsecretario de Educación Pública, dijo que la propuesta nunca avanzó lo suficiente como para convertirse en el borrador de una ley que pudiera cambiar esa situación. El esfuerzo fue subsumido por otras promesas de campaña y se quedó atrás, dijo.

‘Calentar’ a los políticos

Ella cuenta que hace unos años entrevistó a una joven que trabajaba en un gran periódico de Ciudad de México. La mujer, que tenía una maestría en periodismo, dijo que su trabajo en el periódico consistía en crear archivos de recortes de prensa negativos sobre los gobernadores de todo el país.

Esos archivos se le entregaban al departamento de ventas del periódico que luego se acercaba a los gobernadores para venderles “planes de cobertura” para mejorar su imagen pública, explicó la joven.

Álvarez citó más ejemplos. Un candidato a editor se jactó de que sabía cómo trabajar sus relaciones con los políticos para obtener más dinero publicitario.

Lo definía como “calentarlos”, lo que implicaba mostrarles a los políticos una noticia crítica que su periódico planeaba publicar. Luego, como le explicó a Álvarez, un contrato publicitario con su periódico que le ayudaría a “apagar el fuego”.

Sin embargo, otro solicitante, un exempleado del gobierno, dijo que sabía cómo “tratar a la prensa”, recordó Álvarez. Le contó cómo había estado a cargo de distribuir sobres llenos de efectivo para los periodistas.

“Me gustaría poder decir que estos son casos aislados, o solo algunos, pero no es así”, dijo Álvarez. “Hay muchos como ellos que hablan de esas prácticas de una forma en la que te percatas de que las han normalizado”.

Daniel Moreno, director de la publicación digital Animal Político, dice que no recibe casi nada de dinero del gobierno federal, y cantidades relativamente pequeñas de los gobernadores estatales.

No es porque no quiera el dinero, dice Moreno. Es solo que el tipo de cobertura crítica que su equipo de noticias hace no es recompensado con contratos gubernamentales, sostiene.

Recientemente, Moreno dijo que recibió una llamada de funcionarios del estado de Morelos —que invierte cerca de 3000 dólares al mes en publicidad en su medio—. La esposa del gobernador estaba atravesando un momento complicado por las afirmaciones de que estaba politizando la ayuda para las víctimas del terremoto, una acusación que ella rechazó, por lo que un funcionario estatal sugirió que Animal Político debía hacer algunas noticias positivas.

Moreno rechazó cortésmente la propuesta. “Estaban bastante ofendidos”, dijo encogiéndose de hombros. “Y estoy seguro de que el dinero se ha ido”.

Aun así, les fue mejor que con la mayoría de los estados, dijo Moreno. Como política, Animal Político despliega una notificación en las piezas que se pagan por publicidad, por lo que los lectores saben que el trabajo no es periodismo independiente, dijo.

Pero funcionarios de los estados de Chiapas, Oaxaca y Sonora se han negado a pagar por el contenido a menos de que se publique sin la advertencia, dijo. Y Moreno se ha negado. “He perdido más dinero de esa manera del que he ganado”, dijo entre risas.

Este mes, las organizaciones de noticias se unieron para denunciar la violencia contra la prensa en México, donde los asesinatos de periodistas alcanzaron un récord este año. Un total de 39 grupos de medios firmaron un comunicado.

Pero algunos medios, como Animal Político, no se unieron porque insistieron en agregarle al mensaje algunas líneas adicionales sobre el daño que la publicidad oficial le hace a la libertad de expresión.

Se produjo un pequeño alboroto, dijeron. Algunos grandes periódicos que dependen en gran medida del dinero del gobierno se opusieron.

Finalmente, la carta fue enviada sin las líneas, y sin la firma de Moreno y sus colaboradores. Aparentemente, los medios noticiosos no estaban dispuestos a desafiar su sustento.

El 23 de agosto, Ricardo Anaya, presidente del opositor Partido Acción Nacional (PAN) y ahora candidato a la presidencia en las elecciones del próximo año, se despertó con la noticia de que su nombre y su familia estaban en la portada de El Universal, un importante periódico del país.

La noticia entraba en detalles sobre el imperio de bienes raíces de su suegro y, más específicamente, las formas en que la carrera política de Anaya había ayudado a impulsar esa fortuna.

El relato era familiar en México: un líder político que había utilizado su influencia para enriquecerse a sí mismo y a su familia. El Universal expuso las direcciones y los valores de las diversas propiedades, e incluso publicó fotos de su familia extendida, 14 personas en total. Los medios de comunicación de todo el país divulgaron la historia.

Lo único que le faltó al reportaje, según dictaminó un tribunal, fue precisión. Anaya logró demostrar que gran parte de la información era errada, sesgada o simplemente incorrecta. Mientras que sus suegros poseían claramente una serie de propiedades, muchas de ellas habían sido adquiridas antes de que comenzara su carrera política, según demostraron los registros públicos.

Según Anaya, lo más desconcertante eran las fotografías de su familia. Por lo que la familia sabía, nunca habían sido publicadas. De hecho, se parecían bastante a fotos de pasaporte.

Como esas fotos estaban en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que emite los pasaportes, Anaya sospechaba que sus rivales en el gobierno le habían filtrado las fotos al periódico.

“Están tratando de destruir mi carrera política con esta campaña”, afirmó. “No se puede competir con un gobierno que le paga 500 millones de dólares al año a los medios”.

Durante los siguientes dos meses, el periódico le dedicó más de 20 portadas a Anaya, acusándolo de malversar fondos públicos, beneficiarse financieramente de su posición y dividir a su partido.

Anaya presentó una demanda. En octubre, el tribunal determinó que El Universal había tergiversado la riqueza de sus suegros y acusó erróneamente a Anaya de utilizar su cargo para beneficiarlos.

El Universal afirmó que tenía derecho a publicar la noticia amparándose en la libertad de expresión, un argumento que el juez cuestionó porque el periódico “no había basado su investigación en hechos”. El diario apeló la decisión del tribunal.

Este caso plantea preguntas sobre la confianza en los medios de comunicación, en un país en el que reciben tanto dinero de la publicidad gubernamental.

El Universal recibe más publicidad gubernamental que cualquier otro periódico de la nación, alrededor de 10 millones de dólares el año pasado, reveló Fundar. Los críticos argumentan que el diario se ha convertido en algo así como un perro de ataque del gobierno para las elecciones presidenciales del próximo año.

Según el periódico, esa sugerencia es “falsa y ofensiva”. La publicidad oficial “no afecta de ninguna manera la línea editorial del periódico”, dicen los voceros del medio y agregan que “los pensadores de todos los partidos políticos” están representados en sus páginas.

No todos sus periodistas están de acuerdo. En julio, media docena de columnistas anunciaron sus renuncias en protesta por lo que calificaron como cobertura parcial, diciendo que los propietarios habían destruido la credibilidad de la institución.

Salvador Frausto, un ex editor de investigación que ganó muchos premios en el periódico, también se marchó. Sus colegas dijeron que estaba claramente incómodo con lo cerca que estaba el periódico del PRI y su nuevo candidato presidencial, José Antonio Meade.

La persona que remplazó a Frausto como el nuevo editor de investigación fue recientemente un funcionario de prensa en la Secretaría de Relaciones Exteriores, según su perfil de LinkedIn.

Y el director de noticias de El Universal tiene vínculos estrechos con el nuevo candidato: su esposa era la jefa de prensa internacional de Meade en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México.

El diario dice que no hay conflicto de intereses y que no tolera la cobertura parcial de ningún tipo.

Pero no es la primera vez que los reporteros del periódico cuestionan su independencia. Los periodistas contaron que, en 2012, cuando Peña Nieto se postulaba para su cargo actual, los editores y directores de noticias comenzaron a cambiar las columnas que eran críticas con el candidato sin advertirles, a veces en el último momento.

“La razón por la que terminé renunciando al periódico es que ya no sentía que tenía garantizado un espacio libre”, escribió Andrés Lajous, un estudiante de doctorado de la Universidad de Princeton, en un artículo que relata lo sucedido.

Los testigos lo definieron como una ejecución. En enero de 2015, Laura Castellanos, una periodista premiada, fue enviada por los editores de El Universal a cubrir un par de tiroteos en los que estaba involucrada la policía federal.

En ese momento, los grupos de autodefensa habían tomado las armas para luchar contra el crimen organizado y Castellanos, que había escrito extensamente sobre el tema, era considerada una experta.

Pasó 10 días reporteando la noticia contactando a sus viejas fuentes y entrevistando a los testigos en el estado de Michoacán, donde murieron 16 personas y docenas resultaron heridas.

El tema fue especialmente delicado porque un aliado cercano del presidente, Alfredo Castillo, que había sido designado para supervisar la situación de seguridad en Michoacán, afirmó que las muertes se produjeron en un tiroteo con asaltantes armados.

Castellanos dijo que grabó entrevistas con 39 personas —víctimas, transeúntes, trabajadores de hospitales— y llegó a una conclusión distinta. La policía federal ejecutó sumariamente a sospechosos desarmados, incluidos algunos que se rindieron de rodillas y con los brazos arriba, según lo que refleja su investigación.

Después de días de edición y verificación de datos, dijo que el reportaje estaba listo para publicarse. Pero eso no sucedió.

Castellanos y sus editores no se sorprendieron. Peña Nieto ya estaba bajo una fuerte presión pública por su manejo de la desaparición de los 43 estudiantes universitarios, así como por la compra que hizo su esposa de una casa multimillonaria a un importante contratista del gobierno.

Pero después de dos meses y medio —durante los cuales una de sus fuentes fue torturada y asesinada, según contó la reportera— Castellanos comenzó a preocuparse porque su reportaje nunca se publicará.

Al consultar con abogados dijo que descubrió una laguna en su contrato que le permitió publicar el material en otra parte.

Uno de los pocos medios dispuestos a contar esa historia fue el sitio web fundado por Carmen Aristegui, otra periodista galardonada, que perdió su trabajo en una estación de radio después de revelar el caso de la casa de la esposa del presidente.

Pero en la mañana en la que se programó la publicación del reportaje de Michoacán, con el titular “Fueron los federales”, el sitio web de Aristegui dejó de funcionar.

Eventualmente, descubrieron lo que sucedió: el sitio web fue intervenido.

Finalmente, el reportaje se publicó, pero es un caso que suscita preguntas sobre la independencia editorial en un país inundado de publicidad gubernamental.

Ni los asesinatos ni el hackeo se resolvieron por completo. El Universal dijo que no había publicado el trabajo de Castellanos porque no cumplía con los estándares del periódico.

Al año siguiente, el reportaje de Castellanos fue distinguido con el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de periodismo de investigación, uno de los galardones más prestigiosos del país.

The New York Times
Azam Ahmed
Ciudad de México
Jueves 28 diciembre 2017.


Ciudad de México – Las fuerzas detrás de la violencia en México, país que está encaminado hacia su peor año en décadas, se pusieron en marcha hace unos veinte años, a partir de dos sucesos que, en su momento, parecían ser únicamente victorias.

Primero fue la derrota de los carteles de la droga en Colombia, lo cual hizo mudar el núcleo de comercialización del tráfico de droga de ese país sudamericano a México. Luego, en el año 2000, México hizo su transición hacia una democracia multipartidista.

Eso significó que el tráfico de la droga se mudó a México al mismo tiempo en que su política y sus instituciones pasaban por un cambio, con lo que tenían una capacidad reducida para resolver un problema que, a menudo, empeoraban.

Desde entonces, se han presentado una serie de rachas de mala suerte, equivocaciones y crisis autoimpuestas que han resultado en el estallido de la violencia. El año pasado hubo 20.000 asesinatos. Este año pinta aún peor, pues se espera que supere el récord de 2011, que se había considerado el pináculo de la llamada guerra contra el narcotráfico.

“En otros países, el narcotráfico no es tan violento”, comentó Guillermo Valdés, exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el servicio de inteligencia de seguridad nacional civil, en una entrevista en Ciudad de México.

“Me desespera”, dijo, mientras sacudía con la cabeza al hablar de los tropiezos de su país. “Porque la violencia está aumentando”.

Militares en patrullaje en 2009, tres años después de que fueron sacados de los cuarteles por el entonces presidente Felipe Calderón en la guerra contra el narcotráfico. Credit Adriana Zehbrauskas para The New York Times
En 2006, un nuevo presidente, Felipe Calderón, y un nuevo cartel recurrieron a medidas extremas y actualmente se siguen viendo las consecuencias.

La implosión de los carteles colombianos detonó en México una feroz competencia por el control del tráfico de drogas. Un nuevo cartel, La Familia Michoacana, se desprendió de una agrupación mayor y luego consolidó su poder mediante el despliegue de una violencia casi teatral. Aunque los objetivos de los ataques se centraban en otros carteles, lo macabro de los ataques impactó al país.

Ese mismo año, Calderón Hinojosa ganó la presidencia por un margen muy estrecho. Los organismos electorales y los monitores avalaron el resultado, pero su oponente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, lo calificó como ilegítimo. La victoria cuestionada y apretada dejó a Calderón sin un mandato sólido.

Poco después de asumir el cargo, el nuevo presidente declaró la guerra contra el narco y sacó a las fuerzas armadas de los cuarteles para pelearla.

Los críticos aseguran que Calderón Hinojosa quiso legitimar su presidencia mediante una demostración de fuerza. Sus defensores afirman que no tuvo opción.

México había sido un país unipartidista durante décadas y, al igual que muchos Estados similares, el control de los funcionarios locales se daba a través del clientelismo y la corrupción. Cuando el sistema vivió los cambios después de las elecciones del 2000, algunos carteles de la droga llenaron el vacío a nivel municipal y estatal: sobornando a presidentes municipales, policías locales y jueces. El Ejército y la Marina mexicanos eran los únicos con las armas y la percepción de autonomía como para responder a los narcotraficantes.

Así que inició la guerra contra las drogas, en la que han muerto decenas de miles de personas. Pero la situación también generó una serie de problemas que alimentan una violencia cada vez más frecuente y extensa.

Soluciones a corto plazo y problemas a largo plazo

Calderón adoptó la estrategia conocida como kingpin strategy, o de capo, en la que las tropas buscaban capturar o asesinar a los líderes de los carteles. Esta estrategia nutría los encabezados, mantenía contento a Estados Unidos y se podía consumar con muy poca intervención por parte de la débil y corrupta autoridad local.

Sin embargo, esta solución a corto plazo en la guerra contra el narco profundizó problemas a largo plazo.

Al pasar por alto a los presidentes municipales y gobernadores, debido a que las prácticas predemocráticas en México los habían llevado a una corrupción sistemática y sin rendición de cuentas, el gobierno terminó por reducir justamente esa rendición. Y al moverse por encima de la debilitada policía local y de los jueces, el gobierno permitió el deterioro de esas instituciones, con los fondos y la atención política enfocados en las fuerzas federales.

Las reformas que se necesitaban desesperadamente para corregir prácticas pasadas de moda (turnos policiales de 24 horas, estándares bajos para la recolección de evidencias y el que la mayoría de los cuerpos policiales no son los que realizan las investigaciones) se quedaron a la deriva.

Conforme la estrategia de capo fracturó a los carteles, comenzaron a surgir nuevos grupos de tráfico de drogas y delincuencia organizada.

Desde entonces, según Alejandro Hope, analista de seguridad y exdirector del Cisen, “ha habido un cambio significativo en la forma en que opera el crimen organizado en México”.

El narcotráfico requería de recursos e infraestructura de la que carecían las nuevas agrupaciones, lo cual propició que muchos comenzaran a secuestrar, robar y extorsionar. Los delitos rapaces repuntaron.

Los mexicanos comunes y corrientes, que antes eran en su mayoría solo testigos indirectos del conflicto, se convirtieron en blancos justo cuando el Estado los había dejado en una posición vulnerable por la situación con las fuerzas del orden.

“En ese proceso de fragmentación no hicimos el trabajo de estructurar a las instituciones de las fuerzas policiales”, comentó Valdés, quien dirigió el Cisen mientras se desarrollaban estos hechos. “Así que tenemos lo peor de lo peor”.

La solución del problema parece obvia: tener un cuerpo policial y procuradores de justicia sólidos, supervisados por políticos a quienes los ciudadanos exijan rendir cuentas, podría acabar con el vacío en el que florecen las bandas de delincuencia y los funcionarios corruptos.

En vez, el desorden y la violencia han aumentado.

Joy Langston, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en Ciudad de México, rastrea el origen de muchos de los problemas del país hasta una particularidad de su sistema político. Todos los candidatos políticos son seleccionados dentro del partido por este mismo (apenas se estableció la posibilidad de postularse como independiente) y, como no hay reelección, los funcionarios electos solo cumplen con un periodo antes de, usualmente, moverse a otro cargo.

Durante la era en la que el único partido en el poder era el PRI, actualmente en el gobierno, se suponía que esta práctica exigiría una rendición de cuentas; desde el líder del partido y hacia abajo. La supervisión de las instituciones, que en ese contexto quizá se pensó superflua, jamás terminó de desarrollarse.

La transición a una democracia plena, tal como se supone debe hacerlo, socavó el poder de ese partido que alguna vez lo abarcó todo. Pero el antiguo sistema, construido con base en la teoría de una autoridad central sólida, sigue vigente.

Esto ha debilitado al Estado, al tiempo que ha afianzando muchos de sus antiguos problemas, en lo que Langston llama una “situación de pesadilla” en el que “las instituciones de transparencia y rendición de cuentas son extraordinariamente endebles, incluso a 17 años de la democracia”.

Por ejemplo, sin reelección los votantes tienen pocas probabilidades de expulsar a los malos dirigentes o de recompensar a los buenos, por lo que los funcionarios raramente se sienten incentivados a apoyar reformas y cambios difíciles. Además, los grupos criminales tienen la posibilidad de llenar los bolsillos de los policías y otros funcionarios que perciben salarios evidentemente insuficientes, ofreciendo así el incentivo equivocado.

“A final, se trata de un problema de rendición de cuentas”, dice Hope. “Esa es la clave del fracaso en México”.

“No pasa nada si un policía no hace su trabajo”, agregó. “No pasa nada si un presidente municipal no reforma el sistema judicial local. No pasa nada si un gobernador no invierte en los procedimientos de la procuraduría. No pasa nada”.

Un Estado frágil se hunde

Aunque recientes reformas electorales permitirán que algunos funcionarios sí puedan buscar la reelección –los diputados federales a partir de 2021 y los senadores en 2024, por ejemplo–, se están fraguando problemas más graves.

A medida que aumenta la indignación pública a causa de la corrupción, los líderes de los partidos, al darse cuenta de que sus carreras están en riesgo, se vuelven reacios a arriesgarse a intentar un cambio.

“No puedo pensar en un solo procurador o juez que se distinga” por combatir a la corrupción, dijo Paul Lagunes, profesor en la Universidad de Columbia que estudia la corrupción en México.

“Hay gente que dedica su carrera a esto, pero no en el sistema judicial, sino en la prensa”, explicó Lagunes. Sin embargo, agregó, “México es uno de los países más peligrosos del mundo para hacer periodismo”.

“No pasa nada si un policía no hace su trabajo. No pasa nada si un presidente municipal no reforma el sistema judicial local. No pasa nada si un gobernador no invierte en los procedimientos de la procuraduría. No pasa nada”.
ALEJANDRO HOPE, ANALISTA DE SEGURIDAD
La combinación entre corrupción, escasa rendición de cuentas e instituciones débiles ha puesto al país en una situación vulnerable. En zonas rurales y de pobreza el Estado se ha prácticamente retirado. Los grupos criminales y las pandillas llenan el vacío, cooptando a funcionarios locales o simplemente haciéndolos a un lado por la fuerza.

El resultado es quizá menos drástico que las imágenes de la guerra de Calderón contra el narcotráfico, en la que los carteles en guerra exhibían públicamente cadáveres desmembrados. Pero es igual de mortal y se refleja en miles de invasiones a los hogares, asesinatos entre pandillas y asaltos a mano armada que terminan mal.

Una atomización social y del Estado

Esto ha causado que las comunidades hagan, a un nivel básico, lo mismo que hizo Calderón hace diez años: pasar por alto a las instituciones de las que desconfían, con lo que empeora el problema de fondo.

La clase media y el sector empresarial mexicanos han batido el récord de contrataciones de seguridad privada. Pero, al igual que el Ejército, los guardias contratados no pueden resolver crímenes ni encarcelar a los sospechosos.

Mark Ungar, profesor de la Universidad de Brooklyn, indicó que esta práctica que va en aumento “elimina la presión política que hay sobre el Estado de mejorar a la policía”. Las comunidades rurales, que son más vulnerables, han creado sus milicias denominadas “grupos de autodefensas” para expulsar a las bandas criminales y a los presidentes municipales por igual.

Era inevitable que esos grupos armados se volvieran más corruptos y menos confiables que la policía que sustituyeron. Casi todos extorsionan, roban y secuestran a quienes fueron sus antiguos patrocinadores. Muchos de sus miembros están involucrados en el tráfico de heroína, que se encuentra en auge pues está aumentando la demanda de este opiáceo en Estados Unidos.

En una tendencia perturbadora, las comunidades desesperadas y aterradas han comenzado a buscar al menos la ilusión de seguridad al, por ejemplo, linchar a los sospechosos de cometer un delito. Ungar afirmó que estas expresiones justicieras “representan la pérdida de poder del Estado”.

La parálisis en medio del desastre

Los mexicanos tienen presente que su gobierno responde cada vez menos a medida que las calles se vuelven más peligrosas: varias encuestas demuestran un incremento en la insatisfacción hacia las autoridades, en especial respecto a la corrupción.

“Tenemos una clase política que se olvida por completo de para qué está aquí”, afirmó Armando Torjes, activista comunitario en Guadalupe, Nuevo León, ciudad al noreste del país.

En cada proceso electoral, dijo, surge un nuevo funcionario con un proyecto de tres años. Muchos de ellos dejan su cargo visiblemente más rico, agregó.

Cuando los funcionarios sí trabajan como deberían, atienden problemas superficiales, aumentando la cantidad de patrullas o cambiando una estrategia policial, sin afrontar lo que llamó “la descomposición social”.

Valdés, exdirector del servicio de inteligencia, dijo haber vivido un problema similar en las altas esferas del gobierno.

“Queríamos mejorar las instituciones, a los jueces, las cárceles, a la policía”, comentó. “Pasamos años tratando de convencer a la clase política”.

Pero se dio cuenta de que esas instituciones –dominadas por los partidos y no por los tecnócratas o expertos y sujetas a los caprichos de los funcionarios que por ley tienen un periodo– eran indiferentes, tal como lo había descubierto Torjes.

“Lo que sucede en Guadalupe es lo mismo que sucede en todo México”, declaró Torjes. “Había una exigencia política de cambio, pero realmente no cambió nada”.

The Interpreter es una columna de Max Fisher y Amanda Taub que busca explorar el contexto y las ideas detrás de los principales eventos mundiales.

The New York Times
Max Fisher / Amanda Taub
Ciudad de México / Washington
Jueves 02 de noviembre de 2017.


San Francisco Xochiteopan, Pue. - Saúl Nicolás Pérez estaba parado frente a su casa —o lo que quedó de ella— y evaluaba el daño causado por el terremoto. Grietas diagonales y profundas marcaron la fachada de adobe. Los muros eran escombros. Un colapso parecía inminente.

Él construyó la casa para su madre con el dinero de las remesas que enviaba a México, poco a poco, cuando vivió como inmigrante no autorizado durante tres años en Nueva Jersey; trabajó arduamente en cocinas de restaurantes y en un autolavado. Ahora esperaba un veredicto de parte de los ingenieros del gobierno: ¿podría ser reparada o era necesario demolerla?

Él se preparaba para lo peor.

“Uno trabaja años allá y en tres, cuatro segundos todo se acaba”, lamentó.

El epicentro del terrible sismo de la semana pasada en México, el cual ha causado la muerte de 333 personas en todo el país, fue a unos 16 kilómetros de su pobre comunidad rural, San Francisco Xochiteopan.

En este lugar de casas construidas con bloques de concreto y ladrillos de adobe, un habitante murió. Era un hombre de edad avanzada que fue aplastado en su hogar por un muro que colapsó.

El sismo dañó gravemente o destruyó muchos, sino la mayoría, de los hogares de la comunidad, y por cantidad, San Francisco Xochiteopan fue uno de los lugares del país donde el sismo dejó la mayor devastación.

El poblado, ubicado entre la sierra del sureste del estado de Puebla, hace recordar el patrón aleatorio de un bombardeo aéreo. Algunas casas con daños visibles mínimos se alternan con sitios devastados de concreto pulverizado, adobe hecho pedazos, así como objetos de la casa doblados o rotos.

Entre sus 1300 habitantes, la cifra de muertos (uno) probablemente hubiera sido más alta si el terremoto no hubiera ocurrido durante el día, cuando los niños están en la escuela y la mayoría de los adultos trabajan en los campos de maíz, frijol, amaranto y chía que rodean al pueblo como una corona de flores.

Para las familias del lugar, sus sencillos hogares eran toda la riqueza que tenían.

“Y ahora se quedaron sin nada”, dijo José Margarito Ramírez Medel, de 55 años, presidente municipal auxiliar de la comunidad.

Él está particularmente preocupado por los habitantes que, por su edad avanzada, ya no pueden trabajar en el campo y no tienen forma de reconstruir sus viviendas.

Los pobladores han oído de una posible ayuda de parte del gobierno para reconstruir, pero nadie está seguro si sucederá o cómo ocurrirá. Como todas las personas en el país, la fe en los gobiernos estatal y federal parece tan mínima que nadie apuesta por el apoyo gubernamental.

Para muchos, es más probable que la reconstrucción de San Francisco Xochiteopan dependa en parte, como ocurre con muchas otras cosas en este lugar, de las remesas provenientes de Estados Unidos. Este pueblo, como varios en esta región de México, ha enviado al norte generaciones de jóvenes en busca de trabajo, con una gran mayoría que elige como destino el área metropolitana de Nueva York. Ahí, han encontrado trabajo en restaurantes, construcciones, limpieza en casas y jardinería.

“Casi todas las casas vienen de allá”, dijo Marcial Pérez González, de 36 años, un campesino que ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2001 y pasó tres años en Nueva York, donde vivía en Brooklyn y trabajaba en un restaurante mexicano.

Debido al combate contra el ingreso ilegal de inmigrantes a Estados Unidos, los habitantes de esta comunidad se preocupan sobre el futuro flujo de remesas. Cualquier arresto y deportación de sus familiares podría terminar un salvavidas financiero que es vital para muchos.

 “Ahora, con el presidente que tienes, él quiere enviar a todos nuestros paisanos para acá”, dijo Ramírez Medel, quien tiene a dos hijos que viven sin papeles en Nueva York e Indiana. “¿Qué vamos a hacer?”.

Por ahora, San Francisco Xochiteopan recibe ayuda. El lugar está lleno de voluntarios que colaboran para retirar los escombros, así como a distribuir el agua y las provisiones que han sido enviadas en grandes cantidades.

El viernes pasado, un autobús llegó a la comunidad lleno de comida, ropa y otros artículos. Un letrero decía: “Brooklyn ayudando a los mexicanos”.

El patio de juegos de la escuela primaria se ha convertido en un depósito y centro de distribución de víveres donde los voluntarios y los soldados clasifican agua, alimentos y productos de higiene, y los entregan a los habitantes. En un campo de juego cercano, los funcionarios han armado tiendas de campaña para brindar refugio a cerca de 200 personas cuyas casas están demasiado dañadas para ocuparlas y que no tienen ningún lugar al cual dirigirse.

Pequeños equipos de arquitectos e ingenieros, algunos de ellos todavía estudiantes universitarios, han evaluado los daños.

Muchas casas en el poblado están acordonadas con cinta amarilla de plástico para advertir sobre el peligro de un derrumbe en un triste contraste con las alegres banderas mexicanas de plástico en los marcos de las ventanas y los techos, vestigios de los festejos del Día de la Independencia que México realizó unos días antes del sismo, el 16 de septiembre.

Unos voluntarios han caminado a través del pueblo, piden a los residentes que pernocten en un albergue en vez de permanecer dentro o cerca de sus hogares dañados. Además de los hogares que colapsaron por completo en el terremoto, los funcionarios han determinado que 240 no son aptos para ser habitados y dijeron que serían demolidos.

Un voluntario con un casco amarillo llegó a la propiedad de la familia Pérez —integrada por nueve miembros—, en la ladera de un cerro que se eleva por encima de la comunidad. Solo uno de los muros del hogar familiar estaba intacto y los artículos que antes estaban dentro de la casa ahora lucían desperdigados en el patio. Seis cabras y un gallo caminaban confundidos dentro de un pequeño corral con alambre de púas.

El voluntario recomendó a los familiares que “deberían aprovechar” el albergue y la atención médica, así como los alimentos y los servicios que ahí ofrecen.

Miguel Pérez Palacios, de 52 años, y su hijo, Ronaldo Pérez García, de 19, escucharon pacientemente. Este es un pueblo en el que todos se saludan con un amistoso “Buenas tardes”, aun cuando han perdido su hogar.

 “Vamos a sobrevivir esto porque México es un país muy fuerte”, dijo el voluntario.

Cuando se fue, el padre dijo que enviaría a su familia a pasar la noche al albergue, pero que se quedaría con su hijo para proteger a los chivos de los ladrones. Tenían que aferrarse a cualquier cosa que todavía tuvieran.

“Construimos esto poco a poco con lo que sacamos del campo”, dijo el hijo de Pérez, señalando hacia los restos de su hogar. “Vamos a quedarnos sin nada”.

Ramírez Medel, el funcionario local, dijo que había dormido poco desde que ocurrió el sismo el martes. Un par de horas en un momento, unas pocas horas después.

“Intentamos ver cómo puede ayudarnos el gobierno”, dijo.

Él lleva un radio que hace ruidos con las conversaciones de hombres que hacen peticiones y dan órdenes. El sudor brilla bajo el listón de su sombrero blanco. Los dedos de sus pies que sobresalen de sus sandalias están cubiertos de tierra y los bordes de su pantalón se arrastran por la tierra.

El antes altísimo techo de la iglesia católica colapsó dentro de la nave. Los pobladores sacaron estatuas, pinturas y un crucifijo de la destrucción y construyeron un altar improvisado en un centro comunitario. Unas sillas de plástico fueron colocadas en filas, listas para la misa dominical. Un letrero escrito a mano junto al plato de las limosnas pedía aportaciones “para la reconstrucción de las manos” del santo patrono, San Francisco.

Ramírez dijo que vivió en Nueva York durante un año, a principios de los años 2000.

Con esfuerzo, recordó el barrio: Corona, Queens. Él trabajó en un restaurante chino cerca de Canal Street en Manhattan por 200 dólares a la semana, dijo; posteriormente, se unió a un grupo de pintores en Nueva Jersey para ganar 300 dólares a la semana y enviar todo lo que pudiera ahorrar para su esposa y sus hijos en Puebla.

Recordó la terrible experiencia de perderse en el metro la primera vez que intentó usarlo, lo que lo hizo sentir como “un niño de primaria”. Jugaba básquetbol los domingos con otros obreros mexicanos, en algún lugar cercano a la calle 103, y se acordó de que su jefe estadounidense en el grupo de pintores pronunciaba la palabra “Gracias” como “Grasas”, lo que los trabajadores mexicanos consideraban muy gracioso.

Ramírez sonrió. El remolino de los esfuerzos de ayuda a su alrededor pareció desaparecer. Su migración, dijo, había sido motivada por un sueño.

“Quería conocer cómo era un dólar”, recordó. “La primera semana, cuando me pagaron”, dijo mientras levantaba sus dedos que formaban una pinza, como si sostuviera un billete imaginario. “Yo dije: ‘Gracias a Dios, ahora ya conozco un dólar’”.

Repentinamente, comenzó a llorar, sobrecogido por la emoción: la migración, las dificultares en Nueva York, el terremoto, la incertidumbre del futuro de su pequeño poblado. Puso las manos sobre su rostro —no para tapar sus ojos, pero, al parecer, para aminorar el dolor—.

Ramírez dejó de llorar, limpió sus lágrimas con su chamarra de mezclilla. El radio hizo ruidos y bajó el cerro hacia el albergue, mientras sus sandalias raspaban la tierra.

The New York Times
Kirk Semple
San Francisco Xochiteopan, Puebla
Miércoles 26 de septiembre de 2017.


Albuquerque, Nuevo México. - Si entras en El Super, un supermercado en expansión en el mismo valle donde buscadores de fortuna a caballo reclamaron las tierras hace casi cuatro siglos de una de las posesiones más remotas de España, verás que el idioma que trajeron con ellos todavía perdura.

El reguetón, el género musical nacido en Puerto Rico, resuena en los altoparlantes. Los compradores, con acentos del norte de México, negocian las ofertas. Hay letreros en español que indican los departamentos de la tienda, como carnicería, panadería, salchichonería y tortillería; así, para quienes hablan el idioma de Miguel de Cervantes, encontrar los artículos es muy sencillo.

“Todo lo que necesito está en español”, dijo Vanessa Quezada, de 23 años, una inmigrante del estado mexicano de Chihuahua, haciendo gestos hacia la sucursal del First Convenience Bank, donde los cajeros saludan a la gente con una sonrisa y la frase “Buenas tardes”.

En efecto, Estados Unidos emerge como un amplio laboratorio que exhibe la extraordinaria resistencia del español, sin importar el clima político.

Con base en una enorme masa de hablantes nativos, Estados Unidos ahora tiene, según algunos cálculos, más de 50 millones de hispanohablantes; es decir, existen más personas que hablan español en Estados Unidos que en España. En una superpotencia donde se habla el inglés, la cadena de televisión en español Univisión pelea con ABC, CBS, FOX y NBC por conseguir los más altos niveles de audiencia. ¿La canción compuesta en Estados Unidos más exitosa del mundo durante el verano? “Despacito“.

Al mismo tiempo, más de 20 estados han promulgado leyes para hacer que el inglés sea el idioma oficial, el presidente Trump ganó la elección con una plataforma que incluía la promesa de construir un muro fronterizo y su propuesta para fijar nuevos límites en la migración legal requeriría que los solicitantes hablen inglés para obtener su residencia legal.

Juan Rodríguez, de 44 años, un inmigrante colombiano que es propietario de La Reina, una estación de radio en español en Des Moines, Iowa, dijo que “son días de muchísima incertidumbre” para algunos hispanohablantes, especialmente inmigrantes que no tienen papeles que tratan de ser vistos y escuchados con menos frecuencia ahora que el presidente ha convertido a la deportación en una prioridad.

“Pero ese miedo no nos impide de vivir nuestras vidas en español”, agregó Rodríguez. “Iowa puede ser estado de English-only, pero es nuestro estado también”.

Alrededor del mundo, la posición del inglés como el idioma universal parece no tener rival por el momento. Estados Unidos proyecta su influencia del inglés en sectores como las finanzas, la cultura, la ciencia y la guerra.

Pero a nivel global, el chino mandarín deja muy atrás al inglés en hablantes nativos, al colocarse en el primer lugar con 898 millones de personas, seguido del español con 437 millones, de acuerdo con Ethnologue —un compendio de los idiomas del mundo—. Después se ubica el inglés con 372 millones, seguido del árabe, el hindú, el bengalí, el portugués y el ruso.

La inmigración desde América Latina ha fortalecido el uso del español en Estados Unidos en las décadas recientes, pero los académicos dicen que otros factores también tienen relación. Por ejemplo, los que involucran historia, el alcance global del idioma y las maneras en que las personas se mueven a través del mundo hispanohablante.

Autoridades en algunas áreas de Estados Unidos han discutido varias veces sobre cómo detener la expansión del español, como el exsuperintendente de Educación Pública de Arizona que afirmó que todos los medios de comunicación en español deberían ser silenciados. Un juez rechazó esta semana otra iniciativa del mismo funcionario para prohibir el programa de Estudios Mexicanos-Estadounidenses de Arizona. El juez determinó que la prohibición estaba “motivada por una animadversión racial”.

Los lingüistas rastrean en decisiones tomadas mucho antes de que España comenzara a colonizar el Nuevo Mundo (en 1492) cómo fue que el español llegó al codiciado momento que disfruta ahora.

Como el escritor mexicano Carlos Fuentes explicó en su libro El espejo enterrado, en el siglo XIII el rey español Alfonso X formó un grupo de expertos cosmopolitas conformado por intelectuales judíos, traductores árabes y trovadores cristianos, quienes promovieron el español como un idioma del conocimiento en un momento en el cual el latín y el árabe todavía tenían prestigio en la península ibérica.

El monarca y sus sabios forjaron el español en un idioma excepcionalmente bien organizado con estándares fonéticos, convirtiéndolo relativamente accesible para algunos aprendices. Se cree que fueron orillados a seguir una política de “castellano drecho” (“drecho” es una forma antigua de escribir “derecho” y se refería al castellano derecho o correcto), dándole al idioma un propósito.

Aún en la actualidad, el español permanece entendible alrededor del mundo en un nivel notable. La prueba es que, por ejemplo, alguien de las pampas en la Patagonia en Argentina puede conversar con un visitante de la Guinea Ecuatorial, uno de los exportadores de petróleo más grandes de África.

Con base en la entropía (un concepto físico para medir el desorden), Jean-Benoît Nadeau y Julie Barlow, los autores canadienses de un libro de 2013 que traza la evolución del español, describen la medida en que el idioma se extendió geográficamente sobre un amplio rango de países.

En comparación, el chino mandarían califica bajo en la escala de entropía porque la mayoría de quienes lo hablan viven en el mismo país. El inglés hace alarde de una mayor entropía, pero el español, el lenguaje predominante en más de 20 países, se ubica en el primer lugar, seguido del árabe.

La competencia de Estados Unidos con España y partes de América Latina ejemplifica cómo el movimiento de las personas a través del mundo de habla hispana lleva al español en nuevas direcciones.

En el área metropolitana de Los Ángeles, en donde viven más de cuatro millones de hispanohablantes —más que la población total de Uruguay—, los lingüistas dicen que un nuevo dialecto se ha creado conforme diferentes tipos de español entran en contacto. Aquí, en Nuevo México, una afluencia de inmigrantes mexicanos y centroamericanos está nutriendo y modificando una variación del español que ha persistido desde el siglo XVI.

El bar Ojos Locos en Albuquerque ofrece una prueba de cómo está cambiando el español; al igual que El Super, es parte de una cadena fundada en Estados Unidos dirigida al mercado latino. “Una ‘cantina’ de deportes no es nada sin auténtica y deliciosa ‘comida’ mexicana —más tacos, más alitas y más cerveza—”, se puede leer en el sitio web de Ojos Locos. Había todos esos ingredientes en abundancia un domingo reciente cuando la Selección Mexicana jugó contra Jamaica y el español de México parecía ser el idioma dominante en el lugar.

Sin embargo, algunas mesas mezclaban sin esfuerzo el inglés y el español, especialmente aquellas en las que niños acompañaban a sus padres, mientras otros (incluidas mesas en las que había parejas de diferentes orígenes étnicos) lanzaban gritos de apoyo, conversaban y hasta decían insultos (México perdió el partido 1 a 0) casi por completo en inglés mientras bebían sus margaritas.

Las maneras en que las familias usan los idiomas en la mesa de sus hogares también demuestra cómo el español está cambiando. En la familia Nava, que se mudó a Nuevo México desde el norte de México hace más de 20 años, los abuelos discuten apasionadamente en español el desempeño de su equipo de fútbol americano, los Vaqueros de Dallas. Pero cuando sus hijos, quienes ya son adultos, hablan entre ellos, lo hacen en spanglish. ¿Y el idioma de sus nietos? Principalmente, el inglés, con palabras en español salpicadas en ciertos momentos.

 “Nuestra verdadera comunicación es en spanglish”, dijo Cindy Nava, de 29 años, una analista de políticas en el Congreso de Nuevo México, quien llegó a Estados Unidos a la edad de 7 años. “Pero todavía reconocemos la importancia de hablar español correctamente”.

Aunque irrita a algunos amantes de la gramática, el spanglish efectivamente está ganando terreno. Es evidente en la manera en la que hablan los personajes en las telenovelas, las letras de las canciones de reguetón de Daddy Yankee o comerciales como el de Wendy’s donde una pareja se conecta a través de hamburguesas con queso y tocino servidas en “pan de pretzel”.

Ilan Stavans, un profesor de Cultura Latina en Amherst College que ha traducido clásicos como “Don Quijote” de Cervantes y “El principito” de Saint-Exupéry al spanglish, argumenta que estamos presenciando “el surgimiento de algo totalmente nuevo, de ninguna manera puro, un idioma mestizo”.

Mucho antes de que el presidente Trump fuera elegido, el crecimiento y la perdurabilidad del español habían causado preocupación y llevó a las leyes de idioma oficial que en algunos casos limitan el uso de cualquier otro idioma que no sea inglés en oficinas gubernamentales y en documentos; en otros casos son prácticamente simbólicas.

Rosalie Porter, quien llegó a Estados Unidos cuando era una niña desde Italia y ahora es la presidenta de una organización que busca terminar con la educación bilingüe y declarar al inglés como el idioma oficial de Estados Unidos, dijo: “Cuando yo era una niña inmigrante, mi lengua no era políticamente correcta”.

“Ahora es diferente”, dijo Porter, cuyo grupo, ProEnglish, fue fundado por John Tanton, un médico de Michigan que inició varias organizaciones que buscan restringir la inmigración. “Los inmigrantes disfrutan mucha mayor visibilidad”, agregó ella, haciendo énfasis que en que entiende las razones económicas detrás del crecimiento de los medios de comunicación en español.

Aun sin contar los esfuerzos políticos, el crecimiento continuo del español en Estados Unidos no está asegurado. Los lingüistas han documentado cómo las nuevas generaciones de latinos en el país están cambiando de manera sostenida hacia el inglés, del mismo modo que otros inmigrantes lo han hecho.

Pero si el pasado sirve de guía, el español continuará evolucionando y perdurando.

“En muchos lugares de Estados Unidos, el inglés y el español están en la cama juntos, un contacto que es al mismo tiempo reproductivo y excitante”, dijo Junot Díaz, el escritor que de forma maestra explora la experiencia inmigrante en Estados Unidos, principalmente a través de los esfuerzos de su protagonista dominicano que habla spanglish: Yunior.

“Para muchos de nosotros el español es el camino hacia el amor y, como ha probado la historia, nadie puede legislar para quitarnos el amor”.

The New York Times
Simon Romero
Albuquerque, Nuevo México
Viernes 25 de agosto de 2017.


La valla fronteriza en Tijuana. A medida que se endurece la política migratoria en EE. UU., muchos migrantes centroamericanos han preferido solicitar asilo en México.

A medida que el gobierno de Donald Trump impulsa planes para endurecer el paso por la frontera sureste de Estados Unidos, crece la presión ante México para que acepte a más solicitantes de asilo que ingresan desde Centroamérica para huir de la violencia de las pandillas.

Sin embargo, activistas en materia migratoria advierten que el sistema de asilo mexicano y su capacidad de proteger a esos migrantes no ha podido responder a la demanda. Como resultado, se ha impedido que muchos migrantes accedan a la protección que requieren y obtengan el estatus de refugiados que les corresponde.

El gobierno de México ha implementado mejoras a su programa de asilo en los últimos años y ha otorgado protección a una tasa más alta que antes, pero el sistema sigue teniendo muchas fallas, de acuerdo con al menos siete reportes publicados en las últimas semanas por grupos mexicanos, centroamericanos, estadounidenses e internacionales enfocados en la defensa de los derechos humanos y de los migrantes.

De acuerdo con esos informes, las fallas incluyen un personal insuficiente e inadecuado en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, lo que se traduce en una espera de varios meses para responder a las solicitudes; una capacitación y supervisión inconsistente de los agentes migratorios y una adjudicación irregular en casos de asilo.

Varias personas elegibles para el asilo no han podido iniciar el proceso porque los funcionarios no han tomado los pasos necesarios para que siquiera lo soliciten, señalan estos informes. En algunos casos, de acuerdo con activistas, los agentes fronterizos han disuadido a los migrantes de solicitar refugio y los han amenazado con que estarán detenidos por mucho tiempo mientras se estudian sus solicitudes.

Los activistas señalan que tales deficiencias son particularmente preocupantes en momentos en que algunos legisladores estadounidenses estudian hacer cambios que establezcan como requisito que los migrantes soliciten asilo en México si cruzaron por ese país con el plan de llegar a Estados Unidos para pedir refugio. Una propuesta legislativa “permitiría el retorno a México de refugiados centroamericanos detenidos, donde puedan pedir protección” sin la necesidad de un acuerdo bilateral con México, según un informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso de Estados Unidos que dio el visto bueno al proyecto en julio.

Tales cambios “socavarían el liderazgo global estadounidense y violarían compromisos legales por parte de Estados Unidos, incluso en el caso de que México tuviera un sistema sólido de protección a refugiados”, dice un reporte de Human Rights First. Las propuestas, aseguran, “son todavía más peligrosas porque México no lo tiene”.

Funcionarios del Instituto Nacional de Migración de México —la agencia migratoria del país— y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) —el organismo que procesa las solicitudes de asilo– no quisieron ser entrevistados para este artículo.

Aunque la mayoría de los migrantes centroamericanos que se dirigen al norte todavía ven en México un país de tránsito a Estados Unidos, el país se ha vuelto un destino en sí mismo.

El año pasado, 8800 personas solicitaron asilo en México, casi siete veces más que quienes lo hicieron en 2013, según los datos del gobierno. Parte del aumento se debe a una aplicación más severa de la ley migratoria en el país, sobre todo en la frontera sur, con Centroamérica.

Algunos de los migrantes que son detenidos, confrontados con la posibilidad de deportación a sus países, eligen solicitar asilo.

Los funcionarios mexicanos estiman que este año la cifra de solicitantes de asilo alcanzará los 20.000, más del doble del número que solicitó en 2016.

Durante los últimos meses, las políticas migratorias del gobierno de Trump han provocado temor entre muchos migrantes potenciales de que cruzar la frontera vía México e ingresar hacia Estados Unidos sin los documentos requeridos es mucho más difícil. Así que un número considerablemente menor de centroamericanos parecen dispuestos a emprender el trayecto, en particular aquellos cuyo objetivo principal es huir de la pobreza.

Pero quienes huyen más que nada de la violencia crónica, sobre todo en Honduras y El Salvador, todavía salen de sus países, y un número en aumento de ellos ha decidido buscar refugio en México donde explica que está en riesgo de —o han sufrido— persecución en sus países.

Los funcionarios mexicanos estiman que este año la cifra de solicitantes de asilo alcanzará las 20.000 personas; más del doble del número que lo solicitó en 2016.

Es un aumento que ha puesto bajo presión al gobierno mexicano y la Comar no da abasto. La comisión fue apuntalada el año pasado después de que la ONU acordara costear las contrataciones de 29 nuevos empleados, pero siguen estando saturados.

“Mientras que el número de solicitantes de asilo se ha incrementado, el presupuesto de la Comar no lo ha hecho”, dijo Mark Manly, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. “Esto ha puesto al sistema de asilado en México bajo una presión considerable”.

El estrés del personal ha contribuido a que hagan su trabajo un poco al azar y a que las adjudicaciones sean inconsistentes, según acusan los activistas y trabajadores humanitarios.

El resultado de una solicitud de asilo “depende en buena medida de quién revisa el caso”, dijo Nancy Pérez García, directora de Sin Fronteras, un grupo con sede en Ciudad de México que promueve los derechos de migrantes y refugiados.

La organización asegura que lo peor es que una gran cantidad de personas ni siquiera son consideradas para solicitar refugio.

El primer contacto que tienen muchas de ellas con las autoridades mexicanas es cuando son detenidas por agentes migratorios. El protocolo establece que estos deberían entrevistarlos o revisar sus casos para sopesar si necesitan protección y, en tal caso, derivarlos a una agencia para refugiados.

Pero en muchos casos los agentes no los revisan de manera apropiada y los remiten en cambio al proceso de deportación. En un informe publicado recientemente, Amnistía señaló que un “número significativo de solicitantes de asilo” le dijo a los investigadores del grupo que habían sido deportados sin que se les informara sobre su derecho a solicitar asilo.

“Hay una falta de conocimiento tanto entre los extranjeros como entre las personas con las que tienen el primer contacto”, dijo Alejandra Macías Delgadillo, coordinadora de servicios legales en México de Asylum Access, un grupo con sede en California. “Seguimos enfatizando la importancia de que haya información oportuna”.

Los agentes también han sido acusados de disuadir a los migrantes de solicitar refugio, al darles a entender que tendrán que sobrellevar meses en detención hasta que sean adjudicados sus casos.

Durante años, efectivamente, la detención fue la norma para quienes pedían asilo mientras se revisaban sus solicitudes. Sin embargo, el año pasado el gobierno puso en marcha un programa piloto para probar alternativas como el que los solicitantes estén en libertad durante la adjudicación y tengan acceso a ayuda humanitaria, así como a asesoría psicológica y legal.

Los funcionarios mexicanos dicen que el programa fue expandido para incluir a todos los migrantes que pidan asilo. Pero la aplicación del programa dista de ser completa. Los activistas afirman que algunos solicitantes todavía son retenidos y tienen acceso limitado a representantes legales.

Los lineamientos del gobierno establecen que los casos de asilo deben ser decididos en un plazo de 45 días. No obstante, dado que el sistema está sobrecargado, los tiempos de espera son mucho mayores; a veces duran tres meses o más.

“Los niños centroamericanos que huyen de la violencia y de la persecución en sus países de origen siguen enfrentando fuertes barreras al acceder a la protección internacional en México”.

Un tema de particular preocupación para las ONG es la recepción y el tratamiento que se da a menores no acompañados; decenas de miles de estos han viajado desde Centroamérica durante los últimos años.

Un número muy bajo de ellos son ingresados al sistema de asilo en México. De acuerdo con estadísticas oficiales, menos de un uno por ciento de más de 40.000 niños detenidos en 2016 solicitaron refugio, una cifra “impresionantemente baja”, según el Migration Policy Institute.

Aunque algunos menores no ingresan a ese sistema porque su objetivo es llegar a Estados Unidos para reunirse con familiares allí, ese porcentaje tan pequeño de solicitantes probablemente se deba a otros factores, de acuerdo con activistas y expertos en materia migratoria. Eso incluye, dicen, el fracaso de oficiales mexicanos en identificar a niños que necesitan protección, una falta de acceso a representantes legales y las condiciones precarias en las que se encuentran después de ser detenidos.

“Los niños centroamericanos que huyen de la violencia y la persecución en sus países de origen siguen enfrentando fuertes barreras al acceder a la protección internacional en México”, indica un reporte publicado recientemente por Kids in Need of Defense, grupo con sede en Washington que le da asistencia legal a menores no acompañados, en conjunto con el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, con sede en la ciudad chiapaneca de Tapachula, en México.

Quienes sí reciben asilo tienen el derecho a poder trabajar y acceder a servicios médicos y educativos. Pero eso no pone fin a los obstáculos.

Más allá de un programa piloto a cargo de las Naciones Unidas en Saltillo, hay muy pocos otros programas para la integración de refugiados. Muchos enfrentan discriminación al buscar trabajo y, a veces, prefieren irse de México.

Los activistas alertan que, a menos que haya mejoras en el sistema de asilo y que este se vuelva más accesible, cada vez más migrantes cuyos casos sean elegibles para recibir protección decidirán que ni siquiera vale la pena el esfuerzo intentar conseguirlo en México y seguirán encaminados hacia Estados Unidos pese a la incertidumbre que enfrentarían allí.

Y se someterían a mayores peligros, como los que típicamente afectan a los migrantes camino hacia el norte: violaciones, robos, asaltos o trabajo forzado, incluida la prostitución. Algunas estimaciones establecen que sólo un uno por ciento de los delitos cometidos contra los migrantes terminan siendo juzgados.

“México ha incrementado drásticamente su capacidad para detener y deportar migrantes, pero no ha desarrollado con la misma prioridad ni urgencia los mecanismos para investigar los delitos cometidos en contra de ellos”, sentenció la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés), en un informe reciente. “La impunidad en delitos contra migrantes en México es alarmante”.

The New York Times
Kirk Semple
Ciudad de México
Miércoles 9 de agosto de 2017.


El especialista en seguridad se pronuncia al respecto de la investigación del New York Times


El especialista en seguridad, Edward Snowden, sostuvo que el espionaje a activistas y periodistas es un “crimen contra el público”, al referirse al artículo del New York Times sobre la vigilancia del gobierno mexicano a defensores de derechos humanos y comunicadores a través del programa Pegasus.

“No importa si es una sorpresa, o si nos advirtieron. Lo que importa es que se trata de un crimen contra el público”, puntualizó en su cuenta de Twitter y compartió opiniones y artículos sobre el tema que estalló ayer en México.

Usuarios de redes sociales agradecieron al estadunidense por estar al pendiente de México e indicaron que la publicación de Snowden fue en respuesta al gobierno mexicano, que exhortó a quienes presuntamente hayan sido víctimas de espionaje a presentar su denuncia ante la PGR.

El 19 de junio, The New York Times publicó el artículo ‘Somos los nuevos enemigos del Estado': el espionaje a activistas y periodistas en México en el que acusó al gobierno de México de espiar a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas a través de un programa que debería ser utilizado para investigar a posibles terroristas.

Entre los objetivos del gobierno se encuentran el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardiñas, y su esposa; los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola; Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que ayuda a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y dos abogados más de su equipo.

Eje Central
Ciudad de México
Martes 20 de junio de 2017.


Entre los blancos del programa se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.


Destacados defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido por el Gobierno mexicano que, en teoría, solo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas.

Entre los blancos del programa se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía. Los intentos de espionaje incluso han alcanzado a los familiares de los activistas y periodistas, incluido un adolescente.

Desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí.

El software conocido como Pegasus se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto.

La empresa que fabrica el software, NSO Group, afirma que vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y cárteles de drogas como los que han violentado a los mexicanos desde hace mucho tiempo.

Sin embargo, según decenas de mensajes examinados por The New York Times y analistas forenses independientes, el software ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del Gobierno, así como a sus familiares, lo que muchos ven como un intento sin precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana.

"Somos los nuevos enemigos del Estado", señaló Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien redactó e impulsó la legislación anticorrupción apodada Ley 3de3. Su iPhone y el de su esposa fueron blanco en varias ocasiones del programa espía, según un análisis forense independiente. "La nuestra es una sociedad en la que la democracia se ha deteriorado", afirmó Pardinas.

Los ciberataques sofisticados en contra de ciudadanos son indicativos de las luchas internas que se libran en México y despiertan cuestionamientos legales y éticos sobre un Gobierno que enfrenta fuertes críticas por sus antecedentes en temas de derechos humanos.

Según la ley mexicana, un juez federal es el único que puede autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas y solo cuando los funcionarios demuestran que tienen un caso bien armado para realizar esa solicitud. Es muy poco probable que el Gobierno haya recibido esa aprobación judicial para hackear los teléfonos de los activistas y periodistas, comentaron varios exfuncionarios de los servicios mexicanos de inteligencia.

"Las agencias mexicanas de seguridad no le pedirían una orden a la corte porque saben que no la obtendrían", dijo Eduardo Guerrero, un ex miembro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México, una de las agencias gubernamentales que utilizan el programa espía Pegasus. "¿Cómo sería posible que un juez autorizara vigilar a alguien que se dedica a la protección de los derechos humanos?".

"Por supuesto que no se puede justificar esa intervención", agregó Guerrero. "Pero eso es irrelevante. En México nadie pide permiso para hacerlo".

Los intentos para realizar hackeos fueron muy personalizados: llegaron a los objetivos por medio de mensajes diseñados para inspirar pánico y conseguir un acceso rápido a los teléfonos celulares. En el caso de Carmen Aristegui, una de las periodistas más famosas de México, un operador se hizo pasar por la Embajada de Estados Unidos en México y le imploró darle clic en un enlace para resolver un supuesto problema con su visa. La esposa de Pardinas, el activista anticorrupción, recibió un mensaje en el que le ofrecían pruebas de que su marido tenía un amorío.

El Gobierno mexicano reconoce haber recabado información de sospechosos legítimos de un modo apegado a derecho. "Como en cualquier régimen democrático, a fin de combatir al crimen organizado y las amenazas contra la seguridad nacional, el Gobierno mexicano realiza actividades de inteligencia", señaló un funcionario. No obstante, el Gobierno "rechaza categóricamente que alguna de sus dependencias realice acciones de vigilancia o intervención de comunicaciones de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas anticorrupción o de cualquier otra persona sin previa autorización judicial".

Ya se sospechaba del uso de programas espías por parte del Gobierno mexicano, incluidos los intentos de hackeo a opositores políticos y activistas cuyo trabajo ha afectado intereses corporativos en México.

Sin embargo, no hay pruebas definitivas de que el gobierno sea responsable. El software Pegasus no deja rastros del hacker que lo utilizó. Incluso el fabricante, NSO Group, señala que no se puede determinar exactamente quién está detrás de los intentos específicos de hackeo.

Pero los ciberexpertos pueden verificar en qué momento se ha utilizado el software en el teléfono de un objetivo, lo cual les deja pocas dudas de que el Gobierno mexicano o algún grupo corrupto interno están involucrados.

"Básicamente, es lo mejor que hay", dijo sobre el análisis Bill Marczak, el investigador en Citizen Lab que confirmó que los teléfonos de activistas y periodistas mexicanos tenían rastros del software.

Además, NSO Group asegura que es muy poco probable que los cibercriminales hayan obtenido acceso a Pegasus de algún modo, porque el programa solo puede ser utilizado por las agencias gubernamentales en las que se ha instalado la tecnología.

NSO Group afirma que investiga el historial de los gobiernos en temas de derechos humanos antes de venderles el software. No obstante, una vez que otorgan la licencia e instalan el hardware dentro de las agencias de inteligencia y los cuerpos de seguridad, la empresa dice que no hay manera de saber cómo se utilizan las herramientas espías o contra quién están siendo usadas.

La compañía simplemente les cobra a sus clientes gubernamentales según el número total de objetivos a vigilar. Para espiar a diez usuarios de iPhone, por ejemplo, el fabricante cobra 650 mil dólares, además de la cuota de instalación de 500 mil dólares, según las propuestas de comercialización de NSO Group que revisó The New York Times.

Aunque NSO Group supiera que se está haciendo un mal uso de su software, la empresa dice que no podría hacer mucho al respecto: no puede entrar en las agencias de inteligencia, quitar el software y llevarse el hardware. Más bien, NSO Group confía en que sus clientes cooperarán con una inspección interna que realizaría la empresa, la cual entregaría los resultados a la autoridad legal competente por lo que los gobiernos terminan siendo los responsables de vigilarse a ellos mismos.

Normalmente, el único recurso de la empresa es ir reduciendo poco a poco el acceso del Gobierno a las herramientas en el transcurso de varios meses, o incluso años, al dejar de proporcionar nuevos parches o actualizaciones del software.

Sin embargo, en el caso de México, NSO Group no ha condenado ni ha reconocido que haya abuso de su software, a pesar de que se han presentado evidencias en repetidas ocasiones que demuestran que sus herramientas se han utilizado en contra de ciudadanos comunes y sus familias.

El paso de la esperanza a la intimidación

Desde hace mucho tiempo, los periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas anticorrupción en México han enfrentado peligros enormes. Durante décadas los han seguido, acosado, amenazado e, incluso, asesinado por realizar su trabajo; riesgos laborales más comunes en Estados autoritarios que en los que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, como es el caso de México.

El Presidente Enrique Peña Nieto comenzó su mandato en 2012 con la promesa de dejar atrás la historia atribulada del país y poner a México en el lugar que se merece dentro del escenario mundial por medio de reformas a la educación, a las telecomunicaciones o al sector energético.

No obstante, para 2014 se habían desvanecido gran parte de esas promesas tempranas por escándalos y crisis, entre ellos la desaparición de 43 estudiantes normalistas después de un enfrentamiento con la policía y las acusaciones de que el mandatario y su esposa adquirieron una casa lujosa de un constructor que después recibió varios contratos públicos.

Son escándalos que han derrumbado la imagen perfectamente cuidada que Peña Nieto tuvo como candidato -un político enérgico dispuesto a trabajar en conjunto con otros partidos para modernizar y mover a México- y lo han pintado como un funcionario corrupto que desconoce la realidad que viven los mexicanos. Ese cambio es el resultado, en buena medida, del trabajo de los periodistas mexicanos que develaron los casos y de los activistas y defensores que no han permitido que sean olvidados.

"Este era un Gobierno que pasó de establecer la agenda a ser reactivo", dijo Carlos Loret de Mola, un popular conductor de televisión que recibió ocho mensajes de texto que contenían código para infectar su teléfono con el programa Pegasus. "Entonces vieron a los periodistas y pensaron: 'Estos están sacando estas cosas y nos hacen quedar mal, mejor los espiamos'".

México todavía está muy lejos de ser como Turquía, la nación que encarcela a más periodistas en todo el mundo. No es como China, un Estado autoritario en donde se silencian las críticas y el gobierno considera que la prensa libre es un peligro político. Pero, de igual manera, México vive una crisis con respecto a esos temas.

El año pasado, fueron asesinados más periodistas que durante cualquier otro año de este siglo; el 2017 ya va encaminado a romper ese récord.

"El hecho de que el Gobierno esté usando vigilancia de alta tecnología en contra de defensores de derechos humanos y periodistas que exponen la corrupción, en lugar de contra los responsables de estos abusos, dice mucho de para quién trabaja el gobierno", dijo Luis Fernando García, director de R3D, un grupo de derechos digitales en México que ha ayudado a identificar varios casos de abuso del programa Pegasus. "Definitivamente no es a favor del pueblo".

Un caso cercano al Presidente

Quizá ningún otro periodista en México ha dañado más la reputación del Presidente Peña Nieto que Carmen Aristegui. Y pocos han pagado tan caro por haberlo hecho.

Ella y su equipo sacaron a la luz en 2014 el escándalo de la "Casa blanca", una historia de intrigas de bienes raíces que involucraba un arreglo especial para la primera dama por parte de un contratista del Gobierno que tiene una relación de vieja data con el Mandatario.

La historia alcanzó una audiencia mundial y obligó a la esposa del presidente a entregar la casa, lo cual representó una especie de dilema ético para el Gobierno mexicano; en otro país quizá habría resultado en el nombramiento de un fiscal independiente o en una pesquisa legislativa. Al final el Presidente fue exculpado por la Secretaría de la Función Pública, mientras que Aristegui perdió su trabajo. Su despido marcó el inicio de una campaña prolongada de acoso y difamación en su contra: demandas, allanamientos de sus oficinas, amenazas a su seguridad personal y el monitoreo de todos sus movimientos.

"Se trata de un acto de venganza por el reportaje", dijo Aristegui en una entrevista reciente. "No se puede ver de otra manera".

Así que le pareció sospechoso cuando en 2015 empezó a recibir mensajes de texto de números desconocidos, en los cuales le urgían a que diera clic a un enlace. Uno contenía un llamado de ayuda para encontrar a un menor desaparecido; otro tenía una alerta por supuestos cargos desconocidos a su tarjeta de crédito, y otro tenía la presunta nota de la embajada estadounidense sobre su visa.

Cuando estos mensajes no fueron suficiente para que le diera clic al hipervínculo y descargara el software de manera inadvertida, los siguientes fueron más estridentes; incluso recibió uno que decía que la iban a arrestar. Varios de los mensajes llegaron del mismo número telefónico, dando muestra de los descuidos del operador.

Y siguieron intentándolo. En marzo, los mensajes de texto también comenzaron a llegar al teléfono del hijo de 16 años de Aristegui, Emilio. "La única razón por la que irían tras mi hijo es para intentar encontrar algo en contra de mí, para causarme daño", dijo Aristegui.

Después de su despido, por supuestos desacuerdos dentro de la radiodifusora MVS Noticias, mantuvo su carrera publicando noticias en su sitio web. Pero la situación le ha cobrado factura, en especial las demandas. En una querella presentada por el presidente de MVS, un juez dijo que Aristegui "excedió su libertad de expresión y de información" por la publicación de un libro de su equipo de reporteros sobre el caso de la Casa Blanca.

En varias ocasiones han hackeado su sitio web y en noviembre irrumpieron en sus oficinas. Los agresores fueron tan descarados que ni siquiera se molestaron en usar máscaras y no han sido detenidos. Ella ha decidido canalizar las amenazas, el acoso e incluso el espionaje en su trabajo.

"He optado por creer que mi trabajo público es lo que me protegerá", dijo Aristegui. "El gran reto para los periodistas y los ciudadanos es que el miedo nos sirva y no nos conquiste".

Amenazas vía mensajes de texto

Era el 21 de diciembre de 2015 y Pardinas estaba en la playa con su familia, pero su teléfono no dejaba de sonar: al principio eran llamadas de abogados con los que coordinaba la redacción de una propuesta legislativa y después un extraño mensaje de texto.

Habían pasado largos meses de una campaña para que se aprobara una ley sin precedentes que obligaría a los servidores públicos de México a divulgar sus declaraciones patrimoniales por posibles conflictos de intereses financieros.

En noviembre, Pardinas también había presentado un estudio sobre los costos políticos y económicos de la corrupción en México, que confirmaba con hechos y cifras lo que casi todos los mexicanos saben: que la corrupción está incapacitando al país. Después le dio seguimiento con entrevistas en medios en los que llegó a burlarse de que el Gobierno gastaba más en comprar café que en el presupuesto de la oficina para combatir la corrupción.

El estudio, las entrevistas y un sinnúmero de reuniones con políticos abrieron el camino para la llamada Ley 3de3, que Pardinas -director general del Instituto Mexicano para la Competitividad- ayudó a redactar.

Entonces, en sus vacaciones navideñas, recibió el mensaje: "En la madrugada falleció mi padre, estamos devastados, te envío los datos del velatorio, espero puedas venir". Venía con un enlace adjunto. Pardinas pensó que era raro que quien le envió un mensaje tan personal no estuviera entre los contactos de su teléfono. Se lo mostró a su esposa y decidió hacer caso omiso.

Hacia mayo de 2016, el proyecto de 3de3 había conseguido más de 630 mil firmas ciudadanas a favor, con lo que el congreso tuvo que discutirla. Y entonces llegó otro mensaje. Este parecía venir del medio informativo Uno TV, el cual envía boletines diarios a los usuarios de teléfono celular de todo el país. Pero lo que le llamó la atención fue el titular: "La historia de corrupción dentro del Instituto Mexicano para la Competitividad". Se alarmó porque era su organización, pero decidió no darle clic porque sospechó que era un acto delictivo. Al día siguiente le llegaron más mensajes.

Lo que sucedió fue que, después de no tener éxito con él, los responsables lo intentaron con su esposa. El mensaje, que también parecía ser de Uno TV, decía que se habían filtrado videos que mostraban a Pardinas mientras tenía relaciones sexuales con una colega. Pardinas llamó a su esposa y le explicó que era un intento de acoso. "Esta gente otra vez", respondió ella.

Al final la propuesta de ley fue aprobada, relativamente intacta, por el congreso mexicano, excepto que el senado agregó una provisión para que no solo los funcionarios sino ciudadanos que trabajaran en empresas con contratos públicos -en total se verían afectados alrededor de 30 millones de mexicanos- tuvieran que divulgar sus declaraciones patrimoniales. El Presidente Peña Nieto vetó la 3de3 con el argumento de que necesitaba ser discutida con mayor profundidad.

Pardinas siguió con sus denuncias en las entrevistas, donde nombraba a los legisladores que obstruían la ley y las empresas bien conectadas que se beneficiaban con el dinero del Gobierno. La iniciativa estaba atorada, pero aun así llegó otro mensaje el 1 de agosto. Este tenía una amenaza: "Oiga afuera de tu casa anda una camioneta con dos vatos armados, le tome fotos véalos y cuídese (sic)".

Pardinas, quien estaba en su oficina cuando llegó el mensaje, se negó a caer una vez más. Pero llamó a su esposa para pedirle que se asomara por la ventana para ver si afuera había una camioneta estacionada. No había nada.

"Al final, mi esposa ya tenía un entrenamiento casi olímpico en este asunto del hackeo", bromeó Pardinas.

Gajes del oficio

A fines de abril de 2016, Mario Patrón estaba inquieto. La mesa de la conferencia estaba llena de compañeros defensores de derechos humanos, entre ellos el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Todos fueron a discutir la bomba que estaba por caer el día siguiente: un panel internacional que fue a México para investigar la desaparición de los 43 estudiantes normalistas divulgaría su informe final. Patrón sabía que los hallazgos iban a ser brutales para las autoridades.

Se acusaría al gobierno de negligencia e incompetencia, incluso de actividades ilícitas en el manejo del caso. Como el resto de las personas en el lugar, Patrón, cuya organización representa a los padres de los estudiantes desaparecidos, se preguntaba cómo respondería el Gobierno.

Sonó su teléfono y vio la pantalla. La noticia que había estado esperando: "El Gobierno de México sale al frente del GIEI", decía el texto, con el acrónimo del grupo interdisciplinario que publicaría el informe. Parecía ser la noticia que estaba esperando.

Le mostró el mensaje a su colega y dio clic al enlace. Pero en vez de un artículo o un comunicado de prensa, el vínculo simplemente lo redirigió a una página en blanco. Confundido, dejó la reunión y se fue de prisa a su oficina para hacer llamadas e informarse de lo que estaba planeando el gobierno. Y eso bastó para que cayera en la trampa.

Patrón es el director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, o Centro Prodh, posiblemente el grupo de defensa de derechos humanos más respetado en todo México. Está involucrado en varios de los casos más graves de abusos a los derechos humanos del país y ha sido un gran crítico del Gobierno.

Además de Patrón, otros dos abogados del grupo fueron atacados con el software: Santiago Aguirre, el abogado principal de las familias de los estudiantes desaparecidos, y Stephanie Brewer, una abogada estadounidense que ha trabajado con el grupo desde 2007.

"Siempre hemos sospechado que nos espían y nos escuchan", dijo Patrón, quien se percató de que la situación había empeorado considerablemente desde que desaparecieron los normalistas. "Pero tener evidencia de que somos víctimas de verdadera vigilancia confirma que nos están amenazando y que el gobierno está dispuesto a utilizar medidas ilegales para intentar detenernos".

Además de los estudiantes desaparecidos, el Centro Prodh representa a una de las sobrevivientes de un ataque militar en el municipio de Tlatlaya en 2014, donde el ejército arrasó con un supuesto escondite de un cártel y asesinó a 22 personas; el Centro Prodh ha encontrado evidencias de que los sucesos de aquella noche no se desarrollaron como una balacera, como argumenta el Ejército, sino que fueron ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados.

Entre los clientes de la organización también se encuentran las mujeres de Atenco, un grupo de once estudiantes universitarias, activistas y vendedoras de mercado que la policía arrestó hace casi diez años, durante las protestas sucedidas en el pueblo de San Salvador Atenco, y que fueron sometidas a brutales abusos sexuales mientras las trasladaban a la cárcel.

Además del grave abuso de poder y la violación de las mujeres, el caso es especialmente sensible porque el gobernador que ordenó la represión en contra de los manifestantes fue Enrique Peña Nieto, el actual Presidente.

Brewer y otros abogados llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esperaron casi siete años. La comisión envío el caso ante la Corte Interamericana y en septiembre de 2016 falló a favor de las mujeres; ordenó al gobierno que les diera reparaciones y que investigara con la debida diligencia las responsabilidades de las autoridades hasta lo más alto de la cadena de mando, una directriz que podía incluir a Peña Nieto.

Fue entonces, poco después del décimo aniversario de los ataques contra las mujeres, que Brewer recibió un mensaje de texto sospechoso que cuestionaba por qué el Centro Prodh no defendía también a los soldados y policías víctimas de abusos. La abogada, intrigada, abrió el enlace y este la dirigió a una página web corrupta, un indicio del software Pegasus.

"Es parte de defender los derechos humanos en México", aseguró Brewer. "Son los gajes del oficio".

Reforma
NYT News
Azam Ahmed y
Nicole Perlroth
Ciudad de México
Lunes 19 de junio de 2017.


Rosario Sáyago saca la varilla de fierro embarrada y la huele de cerca: “Ven, mira, acércate”, le dice a María de Jesús Basón. “Este huele a tierra mojada, para que te vayas acostumbrando. Cuando huele a muerto luego luego te das cuenta”, le explica.

Salvo por las conversaciones, en el lugar solo se oye el sórdido clic-clac del martillo que golpea la varilla en forma de cruz para hundirla dos o tres metros bajo tierra.

Con esta técnica, desde agosto de 2016 hasta hoy, las mujeres que forman el Colectivo Solecito han encontrado y ayudado a exhumar 263 cuerpos en la que hoy se conoce como la fosa más grande de México: un predio de praderas verdes y montículos de tierra que forman una cuneta del tamaño de dos canchas de fútbol, a unos 15 kilómetros de Xalapa, capital del estado de Veracruz.

Cada mañana, de lunes a viernes, entre cinco y diez mujeres se reúnen en un pequeño supermercado en las afueras de la ciudad y compran agua, hielos y refrescos para resistir el sol que las asedia mientras excavan la tierra para buscar los cuerpos de sus hijos y maridos desaparecidos.

Rosario Sáyago tiene 39 años y lleva más de tres buscando a su esposo, Juan Carlos Montero Parra, un policía municipal que desapareció junto con otros siete oficiales mientras realizaban un patrullaje, presuntamente a manos de la policía estatal.

Pero esta mañana de marzo es la primera de María de Jesús Basón, quien se unió al Colectivo Solecito para buscar a su hijo. “Yo no quiero encontrarlo aquí pero, Dios mío, ¿dónde está mi hijo?”, dice entre sollozos.

Su hijo Francisco tenía 23 años cuando desapareció, en julio de 2015. Era estudiante y trabajaba en una zapatería en Boca del Río, Veracruz. Había salido de su casa para ponerle crédito al celular, pero antes le dijo a su madre que quería contarle algo. “Nunca lo volví a ver”, explica María de Jesús.

Para muchas de estas mujeres, golpear y enterrar la varilla una y otra vez se ha convertido en una forma de sobrellevar la angustia y la falta de respuestas. “Escarbar, chapar, me quita un poco la desesperación porque me desquito con ella, le pego con todas las ganas de mi corazón”, dice Celia García, quien busca a su hijo Alfredo Román Arroyo, desaparecido hace seis años.

La técnica de búsqueda de personas con varillas se ha vuelto común entre los familiares de desaparecidos, tanto en Veracruz como en todo el país, por ser relativamente rápida, fácil y económica. Es un síntoma de la situación que viven.

Solo en el estado de Veracruz las cifras oficiales reconocen 2600 desaparecidos y en todo México el registro alcanza casi los 30.000 casos. Estas cifras han sido largamente cuestionadas por organizaciones civiles nacionales e internacionales, que denuncian que los números reales son mucho más elevados, ya que el país no cuenta con una base de datos a nivel nacional que contemple los casos por desaparición sin denuncia, ni un banco de datos de ADN que permita que las búsquedas y análisis en municipios y zonas rurales resulten más efectivas.

La mezcla de negligencia y falta de voluntad política, junto con una arraigada corrupción institucional y la escasez de recursos y capacidades técnicas en policías y fiscalías locales, ha empujado a miles de familias a tomar por cuenta propia la búsqueda de sus desaparecidos.

En febrero de 2017, el Colectivo Solecito acaparó las noticias cuando dio a conocer el hallazgo de los 253 cuerpos encontrados a lo largo de ocho meses en la fosa localizada en las afueras de la ciudad de Veracruz, el puerto más grande de México.

Día de las Madres

El 10 de mayo del 2016, para el Día de las Madres, un grupo de mujeres que vestían camisetas con las fotos de sus hijos desaparecidos se disponía a marchar por las calles de Veracruz para exigir respuestas sobre su paradero.

Eran las cinco de la tarde y estaban reunidas en el centro de la ciudad cuando dos hombres bajaron corriendo de una camioneta y les entregaron un montón de hojas con un mapa: “Ahí encontrarán los cuerpos de todos los desaparecidos en Veracruz, apoyados por el MP y el gobierno de Duarte”, decía la hoja, escrita a mano con tinta negra. La firmaba “El Causante Quinto del C. J. N. G. (Cartel de Jalisco Nueva Generación)”. La ubicación era precisa.

“Quizá se sintieron mal o les remordió la conciencia, porque los asesinos también tienen madre”, dice Lucía de los Ángeles Díaz, fundadora del Colectivo Solecito de Veracruz, que reúne hoy a casi cien madres de desaparecidos en ese estado.

El primer día de búsqueda en el lugar señalado, un grupo de unas 15 mujeres encontró 50 huesos y un cuerpo sin extremidades y con los ojos vendados. Lo que creían que sería un trabajo de un par de semanas se convirtió en ocho meses de hallazgos de hasta diez fosas por día. Un año después, incluso el Día de las Madres de 2017, aún seguían encontrando cuerpos.

Tres años y medio antes de tener el mapa en sus manos, a fines de junio de 2013, Lucía Díaz conoció la desesperación cuando su hijo Luis Guillermo Lagunes, de 29 años, fue secuestrado en su propia casa. Lo buscó en hospitales, morgues y cárceles. Llamó por teléfono a sus conocidos, amigos y contactos. Acudió a todas las autoridades de Veracruz, municipales y estatales. Nadie sabía explicarle cómo es que su hijo había desaparecido de su casa.

Después de meses de búsqueda, una de las innumerables veces que fue al Ministerio Público para saber el estado de la investigación, conoció a otras madres que, como ella, esperaban que la burocracia mexicana les diera alguna pista, un mínimo consuelo, cualquier información sobre el paradero de sus hijos.

“En ese momento supe que no estaba sola en ese dolor que te quema. Pero que yo tenía la posibilidad, que muchas de esas mujeres no tenían, de buscar a tiempo completo a mi hijo, sin tener que preocuparme por el sustento de mi familia: yo tenía los medios y los contactos. Yo podía ir a un psicólogo, ellas no”, cuenta ahora, una tarde de marzo, en una parroquia donde decenas de familiares se realizan pruebas de sangre.

Entonces decidió articular una red de apoyo con las únicas personas que podían entender su dolor y acompañar su lucha, y un año después fundó el Colectivo Solecito de Veracruz, que empezó como un grupo de chat de Whatsapp y hoy reúne a casi cien mujeres. Lucía contrasta notablemente con las mujeres que ha logrado organizar: tiene un iPhone, una casa en Ciudad de México y habla inglés fluidamente. Su formación y sus medios contribuyeron a su capacidad de liderazgo.

En septiembre de 2014, a meses de fundar el colectivo, otra tragedia sacudió a México: un grupo de 43 estudiantes normalistas en el estado sureño de Guerrero desaparecieron tras ser atacados por la policía local, y presuntamente entregados a miembros de un cartel de droga. Lucía vio en la televisión cómo las madres y los padres de los estudiantes de Guerrero salían a los montes a buscar a sus hijos y excavaban la tierra con palas y con sus propias manos.

“Me di cuenta de que teníamos que hacer lo mismo”, dice.

Un doble sufrimiento

Tener un hijo desaparecido significa para las madres un doble sufrimiento: el dolor de la ausencia en sí misma y la agonía de la incertidumbre. “Es una ausencia-presencia que habita todos los lugares, una ausencia que, como no se puede inscribir o representar en nada —los muertos en una tumba, los vivos andan en las calles—, está presente todo el tiempo”, explica la psicóloga Ximena Antillón, integrante de Fundar, un centro de análisis e investigación que acompaña a familiares de personas desaparecidas.

“Todo lo que haces o dejas de hacer, todo tu día es en función de tu hijo. Te conviertes en sus oídos, en su voz, sus ojos”, explica Lucía.

Lucía Díaz tuvo problemas del corazón y de presión. Celia García toma antidepresivos a diario para espantar “las ganas de morirse”. Martha González tuvo una hemorragia en el tubo digestivo por no poder comer ni dormir. María de Jesús Basón llora todos los días a la hora de la comida. Muchas de las mujeres que integran el colectivo han caído en una situación económica más precaria aún que la que tenían antes de comenzar a buscar a sus seres queridos.

Además de tomar cursos con distintos expertos para aprender a recuperar restos, recolectar evidencia y poder llevar adelante una investigación, el año pasado decidieron que necesitaban generar recursos para financiar las búsquedas. Entonces organizaron rifas y ventas de ollas, de ropa usada, de cacahuates asados, para reunir los 10.000 pesos mexicanos (casi 500 dólares) que necesitan semanalmente para poder recorrer predios, escarbar, sacar cuerpos, exigir su identificación.

Después de que iniciaran estas actividades, la comunidad se conmovió ante su iniciativa y, al poco tiempo, empezaron a recibir donaciones voluntarias, desde iPhones hasta bicicletas, para que pudieran rifar.

Las mujeres agrupadas hoy en Solecito, uno de los once colectivos que existen en el estado de Veracruz, se han convertido en un emblema de la lucha de los familiares de desaparecidos. El consuelo de la búsqueda es, para muchas de ellas, el único que queda.

En países como Argentina y Chile, las desapariciones y las exterminaciones sistemáticas tuvieron elementos de ideología política. En México, no.

Según las autoridades responsables de la procuración de justicia, la práctica sistemática de desaparición de personas en México responde a dos factores relacionados con la guerra contra el narcotráfico.

Por una parte, es una herramienta de ejercicio del terror de las bandas criminales en su afán por conquistar nuevos territorios: la desaparición se vuelve una amenaza constante. Por otra, en el enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los principales carteles de droga, las bandas criminales adoptaron la lógica de “sin cuerpo no hay delito”. Una lógica que, por supuesto, también funciona para las autoridades y agentes policiales y militares cooptados por el mismo crimen organizado.
Las madres de desaparecidos no solo han hallado restos por su propia cuenta, sino que han obligado a los funcionarios a tomar el problema de los desaparecidos como una prioridad en estados como Veracruz.

Hasta ahora, las mujeres de Solecito han encontrado 253 cuerpos y más de 20.000 restos en apenas el 30 por ciento del terreno total de Colinas de Santa Fe que han llegado a explorar. Credit Daniel Berehulak para The New York Times
‘No sé qué hacer’

Una calurosa mañana de sábado de hace algunas semanas, en la iglesia de La Merced, en un barrio pobre de la ciudad de Veracruz, cientos de personas atestaban un pequeño salón a la espera de su turno para que agentes de la policía científica les tomaran una muestra de ADN.

Eran más de 200 personas que acudían a la convocatoria. De las más de 800 muestras que Solecito ha recolectado hasta la fecha, casi 600 son casos que no tienen denuncias ante autoridades; es decir: no hay registro oficial ni investigación en curso sobre ellos.

Según la Fiscalía General del estado son 2600 los desaparecidos registrados en Veracruz, pero colectivos, activistas y organizaciones concuerdan con que la cifra es mínima e irrisoria tomando en cuenta que la mayoría de los casos no son denunciados ante las autoridades porque no confían en que vayan a hacer algo al respecto, o incluso porque sospechan que pueden ser cómplices en los hechos.

En el patio de la iglesia, ajenos a la pesadumbre que flota en el aire, grupos de niños gritan y se corretean. Adentro, una señora se acerca a Lucía Díaz y le dice con desesperación: “Mi hijo desapareció hace un año, no sé qué hacer”.

“Tienes que presentar denuncia, es la única forma,” aconseja Lucía, abrumada y dispersa, mientras contesta llamadas, preguntas, entrevistas y pedidos de orientación al mismo tiempo. En su bolsa lleva un pin con la foto de su hijo, y la muestra a cualquier periodista o autoridad que se interese en su caso.

Parte del precio de su liderazgo es que ahora gran parte de su tiempo lo dedica a coordinar el colectivo, juntar fondos, organizar actividades y articular un movimiento de familiares en el estado que incluye, entre otras cosas, elaborar una especie de base de datos con el número de desaparecidos, aunque “es casi imposible tener una cifra sólida y contundente”, dice.

La mujer que hace unos años era una ama de casa acomodada, ajena a la violencia que azota a miles de familias en México, se ha convertido en una luchadora social de convicciones firmes y una vocera —muchas veces incómoda— del dolor de cientos de familias.

“¿Cómo es posible que en México encontremos 253 cuerpos y la gente no reaccione? Si hay un ataque terrorista o un terremoto en cualquier lugar del mundo y se mueren 30, 40, 50, el mundo entero se moviliza, o por lo menos se petrifica. ¿Por qué aquí no?”, pregunta.

Además de los cuerpos, las mujeres de Solecito han encontrado más de 20.000 restos en apenas el 30 por ciento del terreno total de Colinas de Santa Fe que han llegado a explorar.

Según las cifras de la Fiscalía del estado, al menos otros 225 cuerpos fueron exhumados de fosas clandestinas alrededor de Veracruz entre 2010 y 2016, durante el gobierno de Javier Duarte.

Mario Valencia, director de Servicios Periciales de Veracruz, ha señalado que la mayoría de los cuerpos encontrados en Colinas de Santa Fe habrían sido embolsados y depositados en el terreno hace máximo seis años y mínimo un año.

Y el hallazgo que horrorizó al país fue el logro de mujeres como Lucía, quienes hacen el trabajo y la búsqueda que las autoridades locales y estatales no hacían. Del total de cuerpos que han encontrado hasta hoy en la fosa clandestina más grande del país, solo dos han sido identificados.

A pesar de que los funcionarios no siempre estén de acuerdo con la presencia de las mujeres, ni con la búsqueda que hacen en las fosas —en cada brigada hay autoridades presentes que deben encargarse de exhumar los cuerpos e identificarlos después de los hallazgos— el impacto que han generado a nivel nacional ha obligado a los gobiernos a tener que hacerse cargo de este problema.

“Son seres humanos excepcionales que mucho tiempo fueron ignoradas, violentadas, engañadas. Pero eso las unió, lejos de desalentarlas, y hoy son un referente social,” dijo el fiscal general del estado, Jorge Winkler. “Si no fuera por ellas, México y el mundo no sabrían de estos crímenes tan terribles que han pasado en Veracruz y en el resto del país”.

Fue el mismo Winkler quien declaró en febrero a medios locales que Veracruz es “un cementerio” y que aún esperaban encontrar muchas más fosas en el estado.

Durante el gobierno de Javier Duarte, quien estaba prófugo desde hacía seis meses y fue capturado recientemente, se desviaron millones de pesos de recursos públicos, entre ellos los destinados a servicios periciales, análisis e identificación de cuerpos.

Winkler y otras autoridades estatales, incluido el director de Servicios Periciales del estado, reconocen que aún hoy se tienen recursos “ínfimos” para reconocer ADN y para tener un perfil genético, así como para hacer las comparaciones con bases de datos.

El número incierto de desaparecidos en el país es una de las grandes deudas que aún faltan saldar en México, pero hacerlo implicaría que las autoridades reconozcan una complicidad con el crimen a distintos niveles, tal como familiares y organizaciones vienen denunciando hace años. Los responsables de estos crímenes siempre han contado con la la impunidad, pero no han contado con la memoria y la persistencia de las madres.

Cada noche, las mujeres del Solecito pasan lista de cada uno de los familiares desaparecidos a través de su grupo de Whatsapp. Y casi como un ritual, antes de dormir, cada una de ellas escribe: “Él vive, y todos viven”.

The New York Times
Paulina Villegas
Viernes 22 de mayo de 2017.

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