El Supremo Tribunal Federal decidió el jueves que es inconstitucional la prisión de una persona en segunda instancia, lo que puede liberar al expresidente y a otros miles de reclusos.

La jueza Carolina Lebbos ordenó la salida de prisión del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, según un documento del tribunal, después de que sus abogados pidiesen su libertad formalmente el viernes tras un fallo adoptado por el Tribunal Supremo.

"La decisión del STF le ha dado [a Lula] una luz de esperanza de que pueda haber justicia. Nuestra batalla jurídica continúa y nuestro foco es la anulación de todo el proceso que llevó a su condena", comentó el abogado del petista Cristiano Zanin.

Se espera que Lula ofrezca un discurso antes sus simpatizantes, que se encuentran frente a la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, en el estado de Paraná, en el sur de Brasil, donde ha estado preso desde abril de 2018.

Después está previsto que viaje a su residencia en Sao Bernardo do Campo, en Sao Paulo, en un avión fletado por el Partido de los Trabajadores (PT). Según el diario la Folha de S. Paulo, la idea es que descanse hasta el domingo, cuando realizará un acto en el Sindicato de Metalúrgicos de ABC, donde habló por última vez antes de entrar en prisión.

El expresidente (2003-2010), de 74 años, cumplía desde abril de 2018 una pena de 8 años y 10 meses de prisión por lavado de dinero y corrupción pasiva en el caso de un departamento triplex, en el marco de la 'Lava Jato'.

El jueves por seis votos a cinco, en un cambio de la jurisprudencia de 2016, los jueces del STF decidieron que una persona no puede ser considerada culpable hasta que se haya dictado una sentencia final, es decir, cuando no hay más recursos judiciales en proceso. Al antiguo líder sindical le quedan todavía recursos pendientes, por lo que ha quedado en libertad.

"Creo que habrá justicia en este país siempre y cuando las personas se den cuenta de que la mentira no puede prevalecer", dijo Lula en una reciente entrevista en exclusiva con RT. "Y que el Tribunal Supremo de Brasil, como institución garante de nuestra Constitución, permita que las cosas vuelvan a funcionar normalmente y no dejará que la mentira prevalezca sobre la verdad", vaticinó.

La decisión del STF ha supuesto un duro golpe para el ministro de Justicia, Sergio Moro, que estuvo al frente como exjuez en la mayoría de los juicios de la operación anticorrupción de Lava Jato, entre ellos el de Lula.

El viernes, en una nota enviada a la prensa, el ministro defendió las condenas en segunda instancia. "Continuaré defendiéndola. La decisión de la mayoría del STF debe ser respetada. El Congreso puede, en cualquier caso, alterar la Constitución o la ley para permitir la ejecución nuevamente en segunda instancia", afirmó.

Denuncia ser víctima de una conspiración

Lula fue condenado también a 12 años y 11 meses de cárcel por corrupción y lavado de dinero en la reforma de una casa en Atibaia, Sao Paulo, pero la condena no está confirmada en segunda instancia. Además, tiene por lo menos otros seis procesos abiertos ante la Justicia.

El líder del PT siempre ha negado las acusaciones y alega que ha sido víctima de una conspiración para impedir que se presentara a las elecciones presidenciales de octubre de 2018.

Guerra judicial en Brasil: ¿cómo afectan a Lula las revelaciones sobre 'Lava Jato'?
Esta tesis cobró fuerza cuando el pasado verano, el portal The Intercept Brasil filtró unas conversaciones entre Moro y los fiscales del caso Lava Jato que ponen en duda su imparcialidad.

La medida también afecta a unos 4.900 presos, entre los que se encuentran decenas de condenados en la Operación anticorrupción Lava Jato, según el Consejo Nacional de Justicia (CNJ). Los considerados peligrosos o que fueron presos de manera preventiva no accederán a la libertad. La Justicia analizará caso por caso después de que el abogado de cada preso pida la correspondiente revisión.

Según datos del Ministerio Público Federal (MPF), recogidos por la prensa local, hay 74 presos de la Lava Jato en Paraná con condenas en segunda instancia y 38 de ellos podrían tener algún beneficio por la decisión del STF.

RT
Sao Paulo, Brasil
Viernes 8 de noviembre de 2019.


•    Consejeros dicen al mandatario que presentar su renuncia es el camino menos traumático

•    Partidos de la alianza gubernamental amenazan con no aprobar reformas que exige la banca

La semana termina con Brasil a las puertas del colapso absoluto. El jueves pasado la fiscalía general de la unión solicitó al Supremo Tribunal Federal, por conducto del procurador general, Rodrigo Janot, que se abran investigaciones contra el presidente Michel Temer. Edson Fachin, ministro de la Corte Suprema encargado de deliberar, lo autorizó.

El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, acusó formalmente ayer a Temer de corrupción y obstrucción de la justicia, de acuerdo con una investigación difundida el viernes por el Supremo Tribunal Federal. En un acuerdo con la fiscalía dado a conocer como parte de varios documentos que dicho tribunal dio a conocer, un importante empresario ofreció pruebas grabadas de una conversación con Temer, en la que se constata que el gobernante recibió sobornos por 1.5 millones de dólares.

Con eso Brasil es, desde ayer, gobernado por un presidente surgido a raíz de un golpe institucional, que llegó al poder atropellando los 54 millones 500 mil votos de la destituida presidenta Dilma Rousseff. Ahora es investigado por la instancia máxima de justicia del país.

Pesan contra Temer acusaciones de intentar obstruir la justicia, corrupción pasiva e integrar una organización criminal. Además, filtrar información confidencial y otras pesadísimas cositas más.

Empieza a terminar de esa manera lo que quizá no debió haber iniciado jamás: su gobierno. Hasta aliados cercanos, quienes participaron activa y decisivamente para derrocar al gobierno electo y la consecuente asunción de Temer, comenzaron a abandonar un barco que está a la deriva y da muestras de un naufragio inminente.

Todo empezó de la manera menos esperada, a través de una voluntaria y ultrasigilosa propuesta de delación premiada, iniciativa que permite, acorde con la legislación brasileña, que un investigado negocie reducciones o hasta anulación de sentencia a cambio de confesiones. Esta acción partió de los hermanos Batista, del grupo JBS.

Los dos tienen nombres raros: Joesley Batista y Wesley Batista. Controlan JBS, empresa que nació en 1953 como un pequeño frigorífico de carne de res y creció de manera sólida y bajo el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) y su política de fomentar las gigantes nacionales. Recibió gordísimas inyecciones de recursos públicos, lo que le permitió transformarse en la segunda mayor productora y la más grande exportadora de carnes del planeta, además de extender sus tentáculos a sectores que no tenían nada que ver con su objetivo inicial, como ingresar en el mercado de energía eléctrica.

Informado de que estaban bajo investigación de la Policía Federal y de la fiscalía, Joesley Batista, hermano mayor y controlador del grupo, decidió tomar la iniciativa. Grabó conversaciones con altísimas personalidades del gobierno de Temer, pidió apoyo a la Policía Federal para pinchar teléfonos de elevadas autoridades y grabar imágenes de entrega de robustísimas cantidades de dinero, lo que incluyó a emisarios de Temer, con chips en las valijas y números de serie de billetes anotados y controlados. Además, grabó conversaciones telefónicas con el principal cabecilla del golpe, ejecutado por el ex presidente de la Cámara de Diputados y actual prisionero Eduardo Cunha, el senador Aécio Neves, del mismo Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, y un número todavía desconocido de políticos que controlan el gobierno surgido con el golpe.

El resultado fue positivo para los hermanos Batista, quienes obtuvieron garantía de inmunidad –lo cual significa que no serán recluidos, pero están en espera de grandes multas, que ahora son negociadas– y permiso para salir de Brasil y residir en cualquier parte del mundo.

Al mismo tiempo, ese resultado ha sido irremediablemente devastador no sólo para Michel Temer, sino para el grueso de sus aliados.

Neves, por ejemplo, fue alejado de su escaño. No perdió, por ahora, el mandato, lo que le asegura un foro jurídico privilegiado. Pero no puede salir del país ni reunirse con ningún otro investigado (lo que, en su caso, significa un aislamiento casi total), vio liquidada su carrera política y, peor, cómo su hermana Andrea, verdadero cerebro detrás de cada uno de sus pasos, era conducida a una celda.

La devastación del terreno habitado por Temer recién empezó. Para que se tenga una muestra de lo que Joesley Batista entregó a la Policía Federal y, al mismo tiempo, a la justicia, vale mencionar que un emisario de Temer, debidamente autorizado por el presidente, negoció una semanada, que es como en Brasil se llama al pago que los padres suelen dar a sus hijos adolescentes, de 500 mil reales –unos 160 mil dólares– por semana a lo largo de 20 años (eso: unos 160 millones de dólares, que seguramente serían compartidos con aliados de diversos partidos), a cambio de irregularidades que favorecerían al grupo JBS.

El jueves, día siguiente a la noticia bomba, un Michel Temer visiblemente furioso hizo una breve declaración –cuatro minutos, 54 segundos– a la prensa y a los brasileños y brasileñas. Aseguró que no presentaría su renuncia, que estaba indignado, e instó a los responsables de la fiscalía general y de la Corte Suprema a que aceleren las investigaciones para que pueda comprobar su inocencia.

Al día siguiente apareció un artículo del columnista Bernardo Mello Franco, del diario Folha de Sao Paulo, voz disonante en un periódico que respaldó enfáticamente el golpe contra Dilma Rousseff, trazando un paralelo concreto entre sus indignadas palabras y las de un igualmente indignado Richard Nixon meses antes de verse forzado a renunciar a la presidencia de Estados Unidos. Y pasó el día viendo cómo se acumulaban golpes y más golpes, casi cada dos horas, ahora con la divulgación del contenido de la delación premiada del más joven de los hermanos: Wesley Batista.

Basada en las grabaciones telefónicas realizadas por la Policía Federal, la fiscalía general de la unión denunció indicios estridentes de que Neves y Temer maniobraban para retrasar avances de la operación Lavado rápido que afectaran a sus respectivos partidos.

Pero hay más elementos, muchos más, para complicar no sólo a Temer. También el mismo proceso parlamentario que destituyó a Dilma Rousseff: en su delación, los hermanos Batista dicen haber distribuido unos 5 millones de dólares a diputados para que votaran en contra de la mandataria.

La semana termina con un país envuelto en nubes de profunda incógnita. Al menos dos partidos de la alianza gubernamental han saltado del barco, dejando dudas concretas sobre la posibilidad de aprobar, en el Congreso, las tan mencionadas reformas exigidas por la banca y el empresariado, que son, en última instancia, el único sostén de Temer.

Al mismo tiempo, aliados y consejeros tratan de convencer a Temer de que la renuncia sería el camino menos traumático. Dos de los sostenes básicos de su gobierno, la revista semanal Veja y, principalmente, las organizaciones Globo (revistas, emisoras de radio, televisión por cable y especialmente Tv Globo) piden su dimisión.

Sondeos de opinión pública, cuyos resultados fueron divulgados este viernes, revelan que 98 por ciento de entrevistados piden elecciones inmediatas.

Michel Temer no está en la más absoluta soledad, porque lo acompaña un nutrido batallón de denunciados.

La Jornada
Eric Nepomuceno /Especial
Río de Janeiro, Brasil
Sábado 20 de mayo de 2017.

 

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