El 30 de julio, un grupo de regidores de Tehuacán impugnó el acuerdo de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado de Puebla


La Sala Regional Ciudad de México del TEPJF determinó que no es competente para conocer y resolver la impugnación presentada por los regidores del Ayuntamiento de Tehuacán en contra del inicio del procedimiento de desaparición del Cabildo.

Este jueves en sesión pública no presencial, los magistrados resolvieron el juicio ciudadano SCM-JDC-113/2020 promovido por un grupo de regidores, entre ellos el de Gobernación, Israel Nasta de la Torre, y de Hacienda, Víctor Manuel Canaán Barquet, en contra del acuerdo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Puebla, que el 6 de julio indicó el inicio del procedimiento de desaparición del Ayuntamiento.

Señalaron que existe la controversia constitucional –promovida por el presidente municipal suplente de Tehuacán, Andrés Caballero López–, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), expediente en el que se concedió la suspensión provisional solicitada.

De esta forma, la Sala Regional Ciudad de México del tribunal electoral federal determinó que no tiene competencia para analizar la impugnación, pues la declaratoria de inicio de procedimiento y la revocación de mandato del Cabildo es un acto derivado de un proceso de responsabilidad política, por lo que no corresponde a la materia electoral y en consecuencia no puede ser revisado a través del sistema de medios de impugnación.

“Esta Sala no puede estudiarla pues no es competente para conocer la controversia, por lo anterior el proyecto propone declarar la incompetencia para resolver el juicio”, se resolvió.

El 30 de julio, un grupo de regidores de Tehuacán impugnó el acuerdo de la Comisión de Gobernación, ya que a su parecer, el procedimiento de desaparición afecta su derecho a ser votado “en la vertiente de ejercicio del cargo para el que fueron electos” .

Se debe mencionar que algunas de las irregularidades detectadas por el órgano legislativo son que los concejales integrantes de la Comisión Especial Transitoria de Tehuacán, creado cuando el edil Felipe Patjane aún estaba en funciones, incurrieron en uso indebido de facultades, aprobaron más de 700 movimientos, se aumentaron el sueldo, dieron de baja y contrataron a personal, y aprobaron viajes a Texas con cargo al erario público.

El Sol de Puebla
Berenice Martínez
Ciudad de Puebla, México
Jueves 17 de septiembre de 2020.


La Corte ordenó al Congreso de Puebla no emitir ningún fallo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenó la desaparición del Cabildo de Tehuacán que el Congreso de Puebla pretendía ejecutar por presuntas ilegalidades.

El máximo tribunal del país suspendió el procedimiento de disolución iniciado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales el pasado 6 de julio.

En un incidente de suspensión del juicio 118/2020 se ordenó al poder Legislativo no emitir un fallo en tanto no se resuelva la controversia constitucional que interpuso el ayuntamiento ante la Corte.

La suspensión fue concedida el pasado 1 de septiembre, pero apenas este miércoles se formalizó la notificación.

“Se concede la suspensión solicitada por el ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, para el efecto de que el Poder Legislativo de la entidad se abstengan (sic) de ejecutar las resoluciones que, en su caso, hayan dictado o pudieran dictar en relación con la desaparición del ayuntamiento, hasta en tanto se resuelva de fondo la presente controversia constitucional; en los términos precisados en el presente acuerdo”, puntualiza la notificación.

La misma enfatiza que la medida “surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superviniente”.

Favorece la Corte al Cabildo

La controversia constitucional fue presentada en la SCJN el 13 de agosto por el alcalde suplente, Artemio Caballero López, así que la suspensión llegó casi tres semanas después.

Los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia afines al gobernador Miguel Barbosa Huerta promueven la desaparición del Cabildo por presuntas ilegalidades cometidas durante el mandato del alcalde constitucional, Felipe Patjane Martínez, y después de que fue encarcelado en noviembre de 2019.

La Comisión de Gobernación, encabezada por la diputada Rafaela Vianey García Romero (de Morena), imputa supuestos actos de corrupción; usurpación de funciones; formación ilegal de una Comisión Especial Transitoria; adjudicación irregular de contratos; cambio injustificado de personal y el presunto abuso de facultades y atribuciones.

Las principales anomalías recaen sobre Patjane Martínez y los regidores que integraron la comisión transitoria: Israel Nasta de la Torre, Víctor Canaán Barquet y Yessenia Hernández Asunción.

Por estos y otros hechos supuestamente ilícitos el 19 de agosto fueron detenidos Canaán Barquet; el extesorero municipal, Andrés Escobedo Calderón; la ex contralora, Zamira Canaán Cerón, y la ex coordinadora de licitaciones, Ana Lucia Sánchez Reyes, todos cercanos a Patjane Martínez.

Sobrevive Cabildo de Tehuacán

La suspensión de la SCJN no tiene una vigencia, así que puede extenderse por varios meses, sin embargo, al gobierno municipal de Tehuacán solo le resta un año y un mes de gestión.

Esto significa que los regidores y el alcalde suplente podrán continuar en funciones por el tiempo que tarde en llegar la resolución definitiva de la Corte.

Cabe señalar que los diputados locales estimaban disolver el Cabildo en este mes de septiembre.

Desde el inicio del procedimiento los diputados y partidos de oposición han denunciado que la pretensión de extinguir el Cabildo de Tehuacán se trata de una venganza política por parte de Barbosa Huerta.

e-consulta
Héctor Llorame
Puebla, México
Miércoles 9 de septiembre 2020.


La familia pide que la investigación hacía Ignacio Salvador sea llevada por la vía legal


Este sábado a las dos de la tarde, elementos de seguridad de distintas corporaciones realizaron tres cateos simultáneos en distintas propiedades del edil de Ajalpan, además aprehendieron a su hija Nayeli Rosalba Salvador Montalvo de 23 años de edad y a ocho empleados de los cuales, hasta el momento, se desconoce la ubicación.

La hija del edil, Angela Salvador, en entrevista dijo que “policías ministeriales ingresaron al hotel donde se encontraban mi mamá y mi hermana, registraron cuarto por cuarto sin saber que es lo que estaban buscando, no mostraron ninguna orden de aprehensión, ninguna orden de cateo y fue ahí donde los policías se llevaron a mi hermana con lujo de violencia”.

“A mi hermana la sacaron de los cabellos, les preguntamos hacia donde se la llevaban, pero no nos dieron ninguna información, no nos dijeron nada, a ella le quitaron su celular y hasta el día de hoy no tenemos datos, los abogados no tienen acceso a la información, nos mandan a la fiscalía de Puebla y de ahí nos remiten a Tehuacán, entonces no saben que decirnos, ni a nosotras ni a los familiares de los ocho trabajadores que se llevaron”, agregó.

“Este es un llamado tanto al gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, como al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, porque esto ya rebasó todos los límites, si se está haciendo una investigación hacía mi papá pues que se haga bajo las vías legales y si no encuentran nada ¿Por qué se abrió una segunda carpeta de investigación?”.

“No sabemos porque se llevaron a mi hermana. No tenemos la orden de aprehensión, precisamente por eso nosotros nunca anduvimos escondidos, no escondemos nada, no le debemos nada a nadie y queremos saber de qué se le acusa”.

Cuando se le preguntó a la joven por la postura de su papá, el edil Ignacio Salvador, comentó que por el momento no mantienen comunicación con él y añadió “Todo lo que tenemos es a base de esfuerzo, lo único que nosotras hacemos es trabajar dentro de las empresas de mi papá pero legalmente, por eso es que nos es extraño que ahora nos persigan a nosotras cuando ya existe una orden de aprehensión en contra de mi papá y mis hermanos, qué es lo que pretende el gobernador con todo esto”.

También desmintió el hecho de que en Coxolico los pobladores hayan retenido a Agentes Estatales de Investigación y aseguró que fueron los policías municipales y estatales quienes llegaron con violencia a romper los vidrios de la alcaldía auxiliar, por lo que los habitantes se reunieron para pedir una explicación por la violencia.

“Ahí también catearon varios inmuebles de personas que no tienen nada que ver con mi familia, en algunas casas de hecho se llevaron dinero, computadoras y cosas que ni quiera tenían relación con nosotros”.

“Mi papá solo tiene una propiedad en Coxolico y aun así catearon varias viviendas y robaron dinero, se trajeron dos vehículos y detuvieron a dos personas, además saquearon las tienditas de la junta auxiliar, eso es un abuso, entraron a casas ajenas”.

Angela Salvador comentó que también fueron cateadas las viviendas de los ediles auxiliares de Alcomunga y de Coxolico.

Respecto a su hermana dijo hasta el momento no han tenido comunicación con ella y no les han permitido entregarle comida ni abrigo “no sabemos absolutamente nada, nadie nos da información”.

“Solo le pido al gobernador que se siga la línea de investigación legal y que no se meta con nosotros, a él nadie lo persigue por las cosas en las que está involucrado y además a él no le gustaría que detuvieran a sus hijos de manera injustificada, debe tener la moral suficiente para que se nos señale cuando se le compruebe algo a mi papá”.

Admiten controversia constitucional a cabildo de Tehuacán

La resolución de la controversia se dará a conocer luego de que la síndico pruebe que no se incumplieron las funciones del cabildo

Este jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, admitió la controversia constitucional tramitada por el edil suplente de Tehuacán, Andrés Artemio Caballero López para impedir la disolución del Cabildo.

El siguiente paso a seguir es la presentación de pruebas para demostrar que el cabildo de Tehuacán no incumplió sus funciones pese a la falta de presidente municipal durante seis meses, tarea que según la SCJN le corresponde al síndico municipal, Laura Virginia Gallegos.

Posteriormente se dará a conocer la resolución de la controversia, toda vez que la Suprema Corte avale las pruebas presentadas por el ayuntamiento.

e-consulta
Puebla, México
Elizabeth Román
Domingo 16 de agosto de 2020.


La CNDH impugnó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) varias disposiciones de la Ley de Educación del gobernador Miguel Barbosa Huerta, por considerar que violentan u obstaculizan los derechos humanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad para demandar que se invaliden nueve artículos de la polémica ley aprobada el 15 de mayo.

El recurso fue presentado por Rosario Piedra Ibarra, presidenta del organismo nacional, y tiene el número de expediente 186/2020.

Los porciones controvertidas son los capítulos VI y VIII de la norma, denominados “de la Educación Indígena” y “de la Educación Inclusiva”.

Sobre la educación en comunidades indígenas se impugnaron los artículos 46 al 48, así como del 51 al 56 de la educación para personas con discapacidad.

En los primeros se establece la obligación del estado de garantizar los derechos educativos, culturales y lingüísticos a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas.

También se advierte que las autoridades educativas deberán consultar “de buena fe y de manera previa, libre e informada” cada vez que decida nuevas medidas en materia educativa relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, respetando su derecho a la libre autodeterminación.

En lo que respecta a la educación inclusiva, se enfatiza que el gobierno estatal debe facilitar el aprendizaje de las personas con discapacidad y la enseñanza del sistema Braille y lenguaje de señas mexicanas, además de brindar servicio de transporte a los estudiantes que así lo requieran.

SCJN requiere informes

Tras la impugnación de la CNDH, la Corte otorgo un plazo de 15 días al gobierno estatal y al Congreso del estado para remitir informes.

Al Poder Legislativo le ordenó enviar los antecedentes legislativos de la Ley de Educación, las iniciativas, los dictámenes de las comisiones, las actas de las sesiones donde se aprobó, la votación y la versión estenográfica del debate legislativo.

Al Poder Ejecutivo requirió un ejemplar del Periódico Oficial del Estado en el que se publicó la ley el pasado 18 de mayo, con lo cual quedó promulgada.

La Ley de Educación fue aprobada en “fast-track” el 15 de mayo por los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia, tan solo cuatro días después de recibir la iniciativa del gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Esto a pesar del rechazo de asociaciones de escuelas privadas y del Consorcio Universitario, que agrupa a las universidades más importantes del estado.

Diputados de oposición promovieron previamente una acción de inconstitucionalidad, pero fue rechazada por no contar con el respaldo de al menos el 33 por ciento de la Legislatura local.

e-consulta.com
Héctor Llorame
Puebla, México
Viernes 14 de agosto de 2020.


El senador Ricardo Monreal, líder de los morenistas en la Cámara Alta, advirtió que la recién aprobada Ley de Educación de Puebla no refleja el espíritu de la Ley General de Educación federal y será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que tendrá que revisar su constitucionalidad.

Regreso Gradual

“La Legislación aprobada en Puebla, respecto a bienes muebles e inmuebles, desde mi punto de vista, no refleja el espíritu de la Ley General de Educación que aprobamos hace unos meses en el Congreso de la Unión”, dijo el coordinador de Morena en el Senado, durante una conferencia de prensa virtual.

De acuerdo con Monreal el “verdadero objetivo” de la Ley General de Educación Nacional es respetar el papel de las instituciones privadas en cumplimiento a los fines educativos que establece la Carta Magna y fortalecer el papel del Estado para vigilar y mantener el orden en los planes y programas de esas instituciones.

“Pero no se intentó y ni se intenta ni estamos de acuerdo en que se violenten derechos de las instituciones privadas”, señaló el legislador.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado dijo que, su opinión personal, es que se trató de “una armonización indebida” por parte del Congreso local en Puebla y que la Suprema Corte es la que tendrá que revisar si existe esa “contradicción” con los postulados principales de la Constitución.

“Estoy seguro de que el propio gobernador de Puebla coincide conmigo; estamos del lado de la legalidad y seremos los primeros en señalar los excesos o las malas interpretaciones al espíritu de la Ley General de Educación”, comentó Monreal.

Ley ambigua

Rectores de instituciones privadas del estado calificaron la ley, aprobada por el Congreso local apenas el 15 de mayo, como “ambigua” y alertaron sobre el control que estaría otorgando al gobierno poblano sobre las instituciones de educación privada.

El principal artículo que causó controversia fue el 105, según el cual, “los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de Puebla, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal”.

En su defensa, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, negó en Twitter que el alcance de la ley tenga que ver con “apropiarse” de los muebles e inmuebles privados sino de que “los mismos sirvan para los fines educativos destinados” y manifestó que el concepto de que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas privadas forman parte del Sistema Educativo Nacional está previsto en el propio artículo 99 de la Ley General de Educación, de aplicación nacional.

Según el artículo 99 de la Ley General de Educación aprobada en 2019, “los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Nacional”.

Proceso
Neldy San Martín
Ciudad de México
Lunes 25 de mayo de 2020.


Habitantes de pueblos macehuales de la entidad pidieron a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no respaldar el proyecto de resolución propuesto por el ministro Javier Laynez Potisek, que favorece a las compañías mineras y anula los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados sobre la explotación de sus recursos naturales.

En un video difundido en redes sociales, señalan que en estos días la SCJN resolverá un juicio de revisión 928/2019, en seguimiento al proceso que desde el 17 de marzo de 2014 iniciaron macehuales de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yahonahuac en contra del Estado mexicano y el Congreso de la Unión, por haber transgredido su derecho de autodeterminación a través de la Ley Minera.

De acuerdo con la demanda, a la que se unió el pueblo náhuatl de Zacualpan, Colima, la Ley Minera permite la expedición de títulos de concesión sin respetar el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, con lo que se violenta la Constitución del país y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado por México.

En el proyecto de resolución que por internet publicó Laynez Potisek, se niega la razón a las comunidades indígenas al considerar que el contenido de la Ley Minera no se vincula directamente con los derechos e intereses de los pueblos involucrados.

Preocupados por esta resolución, los promoventes del juicio, acompañados por organizaciones como el Consejo Titay Tlatli, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), piden a los ministros votar en contra.

“Los pueblos indígenas han sido testigos de los terribles conflictos socioambientales causados por la actividad minera, así como la violación a los derechos de los pueblos originarios y comunidades equiparables, a la autodeterminación y al control de los recursos naturales que sobre su territorio han utilizado ancestralmente”, indican.

El proyecto en tales términos, agregan, significará un retroceso en favor de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y permitiría mantener en el país un sistema de explotación de recursos naturales.

Las mismas organizaciones que han apoyado este proceso judicial, a lo largo de seis años, han advertido que los términos de la Ley Minera ponen en evidencia “la violencia estructural y simbólica que se fomenta desde la legislación y la política pública en materia minera”.

Xavier Martínez Esponda, abogado del Cemda, asegura que la propuesta de resolución de Lainez Potisek constituye un retroceso en la construcción del estado pluricultural que ordena el artículo segundo constitucional.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Martes 12 de mayo de 2020.


Sánchez Cordero celebra resolución de SCJN sobre ‘Ley Bonilla’

La SCJN aprueba el proyecto que echa abajo por inconstitucionalidad la Ley Bonilla, con la que se pretendía ampliar el periodo de gobierno del gobernador de BC


La Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN aprueba el proyecto que echa abajo por inconstitucionalidad la Ley Bonilla, con la que se pretendía ampliar el periodo de gobierno del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.

La SCJN resolvió en sesión virtual seis acciones de inconstitucional sobre la llamada Ley Bonilla que amplía de 2 a 5 años el periodo del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.

El proyecto de resolución, hecho público el pasado 4 de mayo por el ministro Fernando Franco González Salas, proponía declarar inválida la Ley Bonilla por ser contraria a la constitución federal y atentar contra los principios democráticos.

Señala que el mandato popular que recibió el entonces candidato de fue para ejercer el gobierno por únicamente dos años, y prolongarlo "sin un proceso electoral de por medio es inconstitucional".

Las acciones de inconstitucionalidad 112/2019, 113/2019, 114/2019, 115/2019, 119/2019, 120/2019 fueron promovidas respectivamente por los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Partido de Baja California y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.


Sánchez Cordero celebra resolución de SCJN sobre ‘Ley Bonilla’


La secretaría de Gobernación afirmó que su postura ‘siempre apuntó a ese criterio’; recordó que frente al Senado recalcó que la llamada ‘Ley Bonilla’ era inconstitucional

Olga Sánchez Cordero celebró la determinación que la SCJN tomó este lunes respecto de la inconstitucionalidad de la ampliación de mandato del gobierno de Baja California.


Ciudad de México.- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, celebró la determinación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó este lunes respecto de la inconstitucionalidad de la ampliación de mandato del gobierno de Baja California, encabezado por Jaime Bonilla Valdez.

A través de una tarjeta informativa, la funcionaria afirmó que su postura “siempre apuntó a ese criterio”, al tiempo que recordó que desde el pasado 26 de septiembre en el Senado de la República y en posteriores declaraciones subrayó categóricamente que desde su punto de vista personal la llamada “Ley Bonilla” era inconstitucional.

“Fui ministra de la Corte por 20 años, y defendí desde esa posición como la sigo defendiendo desde la posición que actualmente ocupo, a la Constitución federal y, por ende, el orden constitucional. Soy partidaria y defensora del Estado Constitucional de Derecho. Y, en un Estado Constitucional, siempre será el Tribunal Constitucional quien tenga la última palabra en los temas que le sean sometidos a su jurisdicción”.

“Respeto la Constitución y he jurado defenderla en este y en anteriores cargos y, por ello, respeto el federalismo, la división de poderes y la independencia de los poderes locales, tanto como la independencia de los jueces constitucionales”.

“He sido respetuosa, desde la conducción de la política interior del país, de esos principios. Desde esa posición, he manifestado siempre lo que pienso. Lo voy a seguir haciendo siempre.

“Por eso refrendo lo dicho desde un inicio: sostuve, sostengo y sostendré la inalterabilidad de los principios democráticos de la Constitución y promoveré, desde la posición que me encuentre, el respeto al Estado Constitucional de Derecho y a sus principios.

 “Celebro la decisión de la Corte y emito este posicionamiento en aras de la claridad, la transparencia y la libertad que deben privar en el debate de un Estado democrático”, sostuvo Olga Sánchez Cordero.

Respecto al video en el que se observó a la secretaria de Gobernación junto al gobernador Jaime Bonilla el día de su toma de posesión y señala que “la norma va a pervivir”, Sánchez Cordero señala una vez más que, además de sacarse del contexto en el que se realizó esa plática privada, en ningún momento constituyó un pronóstico de lo que tendría que resolver en su soberana autonomía la Corte.

“Si se ve el video completo, lo que estábamos haciendo era un esgrima jurídico de la situación, en el que el debate era entre quien tenía la legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad y que dependía de la naturaleza del acto, ya que si no había legitimación la norma iba a pervivir, que es un tema que tendrá que analizar la Corte, aunque yo sostengo que la ley es inconstitucional.

“Se usó el término ‘perviva’, por razones de legitimación o por el número de votos, en esto consistió entre otros lo que era un esgrima jurídico”.

Excélsior
Enrique Sánchez
Ciudad de México
Lunes 11 de mayo de 2020.


•    Los diputados NO pueden invadir las facultades del Concejo Universitario, por lo que la SCJN determinó amparar a la máxima casa de estudios e invalidar el órgano impuesto por los legisladores.


•    La Sala Superior del TEPJF resolvió que viola la autonomía constitucional que los Congresos locales nombren y regulen los órganos internos, ya que esta es facultad exclusiva del pleno de los tribunales.


Ciudad de México. - En diversos estados la SCJN y el TEPJF ya han invalidado los órganos de control como el que el gobernador Miguel Barbosa Huerta ha anunciado para la BUAP, o como los que diputados pretenden imponer al TEEP, al IEE y la FGE.

En diversas sentencias la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han concluido que poner órganos internos a entes autónomos viola precisamente la autonomía que les otorga la Constitución Mexicana.

La polémica sobre estos órganos (antes llamados Contralorías) resurgió por una iniciativa presentada en el Congreso del estado, que busca que ahora estén subordinados a los diputados.

La propuesta impulsada por Morena pretende que mediante una comisión los legisladores se encarguen de vigilar, evaluar y sancionar los órganos del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), el Instituto Electoral del Estado (IEE), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión de Derechos Humanos (CDH), la Auditoría Superior del Estado (ASE) y el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Barbosa por órgano para la BUAP

Barbosa Huerta advirtió en febrero su intención de imponer un órgano de control a la BUAP, pero esta figura ya fue invalidada en 2018.

En el amparo en revisión 311/2018, la Corte revocó el órgano que el Congreso de Hidalgo creó para la Universidad Autónoma de ese estado (UAEH), pues sentenció que los diputados carecían de facultades para modificar la estructura orgánica de la institución.

El fallo refiere que, de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución del país, “las universidades públicas son organismos públicos descentralizados con autonomía especial, lo que implica que cuentan con facultades de autoformación y autogobierno, para lograr una mayor eficacia en la prestación del importante servicio que tienen encomendado”.

Si bien deja en claro que esto no las exime de ser fiscalizadas y rendir cuentas por el presupuesto que ejercen, enfatiza que los diputados no pueden invadir las facultades del Concejo Universitario, por lo que determinó amparar a la máxima casa de estudios e invalidar el órgano impuesto por los legisladores.

Tiran órganos en Jalisco y Michoacán

Los órganos de control creados para los tribunales electorales de Jalisco y Michoacán también fueron revocados en 2017 y 2018, respectivamente.

La Sala Superior del TEPJF resolvió que viola la autonomía constitucional que los Congresos locales nombren y regulen los órganos internos, ya que esta es facultad exclusiva del pleno de los tribunales.

Por Jalisco el tribunal promovió el juicio electoral SUP-JE-73/2017, mientras que por Michoacán fue el SUP-JE-41/2018, pero en ambos los magistrados federales determinaron:

“La Sala Superior calificó como fundados los motivos de disenso presentados por el tribunal estatal, ya que los artículos reformados son inconstitucionales, pues la designación, por parte del Congreso local, del referido titular del órgano de control interno vulnera la autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, al permitir una injerencia indebida”.

En los dos juicios el TEPJF ordenó a los diputados respetar la autonomía de los tribunales y para ello declaró inaplicables los artículos que habían reformado para imponerles órganos de control.

Hasta Morena impugna en Nayarit

La propia dirigencia nacional de Morena (partido que ahora promueve la iniciativa en Puebla) impugnó el órgano interno que el Congreso de Nayarit impuso al Instituto Electoral de ese estado (IEEN).

Su demanda de acción de inconstitucionalidad fue la 98/2016 y el PAN interpuso la 97/2016, pues el partido también consideró que el órgano era una medida de coacción política contra el instituto, encargado de organizar las elecciones.

En una votación reñida, de 5 votos a favor y 5 en contra y el voto de calidad del ministro presidente, la Corte invalidó parcialmente las reformas sobre el órgano de control, pues permitió que este sea vigilado por el Poder Legislativo, pero se negó a que el titular sea nombrado por los diputados.

Pendiente juicio por Veracruz

A la fecha sigue pendiente de resolverse una demanda de acción de inconstitucionalidad promovida por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), que también impugnó el órgano que le impuso el Congreso de ese estado.

Su juicio se interpuso en octubre de 2018, pero a la fecha la Corte no ha emitido una resolución.

e-consulta
Héctor Llorame
Domingo 3 de mayo de 2020.


Se negó al ayuntamiento la suspensión provisional que impida al gobierno del estado tomar el control de la policía municipal, aunque el juicio de amparo sigue su curso


La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó al ayuntamiento de Puebla una suspensión provisional que impida al gobierno del estado tomar el control de la policía municipal.

“Se niega la suspensión solicitada por el Municipio de Puebla”, notificó el máximo órgano de impartición de justicia en el país este martes sobre este caso.

Apenas el 20 de marzo, el gobierno de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco presentó a la Corte una demanda de controversia constitucional, para que defina si el gobernador Miguel Barbosa Huerta tiene o no facultades para remover y nombrar al titular de la Policía Municipal.

En el recurso, la comuna también solicitó la suspensión de todos los actos con intención de tomar por la fuerza las instalaciones de la corporación, con lo que buscaba que el gobierno municipal y el del estado continuaran con las corporaciones policiales tal como se encontraban.

Continúa el curso del juicio

Según informó la SCJN este martes, la demanda sigue su curso y requirió informes a la administración de Luis Miguel Barbosa Huerta, así como al Congreso local, que también fue incluido en el recurso, los cuales deberán presentarse en un periodo de 30 días una vez que sean notificados de la determinación.

La Corte indicó que también se prevé la realización de audiencias para que las partes en conflicto expongan sus argumentos.

Sin embargo, la solicitud de suspensión de las acciones del gobierno estatal fue rechazada, lo que le permitiría asumir el control de la seguridad.

En los primeros días de marzo, Barbosa Huerta notificó la designación de Carla Morales Aguilar como delegada de Seguridad Pública en la capital, tras la eventual salida de la secretaria Lourdes Rosales Martínez. El mandatario argumentó que el nombramiento fue consultado con la alcaldesa, quien habría estado de acuerdo.

Cuando se esperaba que el nombramiento se hiciera oficial en una sesión de Cabildo, Claudia Rivera informó que el nombramiento de Morales fue unilateral, por lo que lo rechazó y anunció una defensa de la autonomía del municipio.

Posteriormente, en un video difundido en sus redes sociales, la alcaldesa acusó que asesores del gobernador que anteriormente fueron colaboradores cercanos de Rafael Moreno Valle, intentan apropiarse de la Policía Municipal, en referencia a Ardelio Vargas Fosado, quien fue secretario estatal de Seguridad durante el morenovallismo.

Barbosa acusa una policía a la deriva

En su conferencia de prensa de este martes, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta acusó que la Policía capitalina simula trabajar pues en realidad está a la “deriva” ante la supuesta renuncia de Lourdes Rosales Martínez como su titular.

A cargo de la corporación está el general José Tlachi Meneses, de quien cuestionó su actuar, por lo que descalificó el trabajo que realiza la dependencia.

Barbosa indicó también que no tiene intención de asumir por la fuerza el control de la Policía capitalina, pero sí de hacerlo en los términos que establezca la Constitución.

La comuna aseguró el lunes que Rosales se mantiene en el cargo de secretaria de Seguridad Ciudadana, aunque ese mismo día se reveló que entregó su carta de renuncia al cargo el 20 de marzo.

e.consulta
Patricia Méndez
Puebla, México
Martes 24 de marzo de 2020.


Tras cuatro demandas de la CNDH, el máximo tribunal determinó que exigir "no tener antecedentes penales” para ejercer una actividad comercial o gubernamental viola la Carta Magna.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que solicitar cartas de antecedentes no penales para ejercer un trabajo, salvo algunas excepciones, va en contra de la Constitución.

Ese criterio es aplicable tanto en el gobierno como en las empresas, explicó en entrevista Rubén Pérez Sánchez, director general de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

A finales de enero, el pleno de la Corte analizó cuatro acciones de inconstitucionalidad promovidas por la CNDH y resolvió que exigir la carta de antecedentes no penales para obtener un empleo viola los principios de no discriminación, de libertad de trabajo y de reinserción social.

Tres de esos casos tenían que ver con leyes de los estados de Hidalgo, Veracruz y Sonora que prohibían ejercer cargos públicos a quienes hubieran estado en prisión.

También invalidó artículos de ley que regula a los agentes inmobiliarios en Baja California Sur, que les ponía como condición no contar con antecedentes penales para obtener una licencia como profesional de esa actividad.

Después de la cárcel, el desempleo

En el 2018 más de 7,500 personas cumplieron una condena en alguna cárcel federal, de acuerdo con el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal de aquel año. A esa cifra hay que sumarle miles más que salieron de cárceles estatales.

El desempleo es un factor “que empuja a las personas a cometer delitos”, señala la CNDH en el documento Modelo de reinserción social. También es una causa para la reincidencia, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Muchas personas pagaron por delitos que no cometieron. Más de 82,000 “se presumen inocentes, pero padecen la privación de la libertad en las condiciones dantescas que prevalecen en las cárceles mexicanas: un entorno de autogobierno, violencia y enfermedad”, indica el informe Los mitos de la prisión preventiva en México, elaborado por la organización Open Society.

A partir de ese criterio de la Corte, ningún otro Congreso o autoridad “podrá volver a poner estos requisitos para ingresar a un trabajo”, indica Rubén Pérez Sánchez.

A nivel público y privado, “todos tienen que acatar este criterio”, insiste. Es necesario, comenta, que los trabajadores sepan que estos requisitos son inconstitucionales. Si les piden una carta de antecedentes no penales estarán violando sus derechos humanos.

Excepciones: cuerpos de seguridad y las nieves

Este criterio no podrá aplicar para casos específicos, como para los cuerpos de seguridad, indica el director general de Asuntos Jurídicos de la CNDH. La SCJN analizó y planteó que la Constitución y algunas leyes permiten excluir de algunas áreas a personas que han sido sentenciadas.

Por ejemplo, la convocatoria para formar par de la Guardia Nacional, emitida el 11 de julio de 2019, enlista como uno de los requisitos acreditar buena conducta “mediante carta de antecedentes no penales”.

La Ley del Servicio Exterior Mexicano establece que los candidatos a ingresar a la rama diplomático-consular no podrán tener antecedentes de sanciones administrativas, o de haber sido condenado penalmente.

En varias empresas de seguridad privada ésta es una condición imprescindible.

Pero no sólo las empresas de seguridad ponen dicha cláusula. En el portal de empleo Indeed, actualmente hay ofertas como la de Neverías Roxy, que solicita un colaborador para preparar helados y ser mesero, entre otras actividades de tiempo completo, por las que ofrece un sueldo de 6,000 pesos al mes y solicita una carta de antecedentes no penales.

El Economista
Blanca Juárez
Ciudad de México
Martes 25 de febrero de 2020.

Página 1 de 5

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

Ventana al mundo

Información reciente

Síguenos en Twitter