El ayuntamiento de Tlacotepec de Juárez anunció que agotará los recursos legales a su alcance para evitar la destitución del alcalde y de su cabildo, acusados por desacato.

En un comunicado, el cuerpo edilicio destaca su determinación de mantenerse en funciones hasta que le sea notificada la sentencia emitida este martes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y explica que la resolución del máximo tribunal del país se relaciona con el amparo 913/2013 que se promovió desde la pasada administración, a cargo de Enrique Ramos Bernardino.

Aclara que ese juicio fue interpuesto por la ciudadana Luminosa Pérez Huerta, quien, según el ayuntamiento, reclama una indemnización de 4 millones de pesos por un predio de 400 metros cuadrados que la comuna usó para construir una cancha deportiva en la Junta Auxiliar Santa María la Alta.

Añade que la autoridad consideró “injusto” pagar dicha cantidad por no corresponder al valor del terreno, por lo que se había negado a hacerlo.

Sin embargo, los antecedentes del caso señalan que la resolución emitida en 2015 por la SCJN marcaba el pago de una indemnización por 968 mil pesos por daños y perjuicios a la afectada.

En la resolución de este martes, la SCJN no sólo pide la destitución del alcalde y los integrantes del cabildo del municipio poblano por incumplimiento de una sentencia emitida dentro del expediente 2/2016, también demanda que se consigne ante las autoridades por el delito de desacato.

Roberto Pedro Martínez, subsecretario de Gobernación de la Secretaría General de Gobierno, dijo que lo procedente ahora es que se llame a los suplentes del alcalde Pablo Pérez Maceda, quien fue postulado por la coalición PAN-PRD-Nueva Alianza-Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración, así como de los demás integrantes del cabildo.

En el caso del alcalde, indicó que en la constancia de mayoría emitida por el Instituto Electoral del Estado consta que el suplente es José Rafael Pérez Carlos, quien estaría al frente de la comuna hasta que concluya la administración, a principios de 2019.

“Lo único que vamos a esperar es que la Suprema Corte notifique oficialmente la resolución para que se proceda a llamar a los suplentes, tomarles la protesta y el ayuntamiento comience a funcionar nuevamente”, apuntó.

“Con ello se garantiza la gobernabilidad y se da cumplimiento exacto a la resolución de la corte”, añadió.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Miércoles 17 enero de 2018.

Avanza recurso del municipio San Pedro Cholula; Ministro Pardo Rebolledo revisará la queja

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a la controversia constitucional en contra de la Ley de Seguridad Interior, interpuesta por el municipio de San Pedro Cholula, en Puebla, que será turnada al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

La Secretaría de Acuerdos asignó la demanda a Pardo Rebolledo, quien deberá analizarla para, en su caso, solicitar los informes correspondientes para iniciar el estudio del asunto y dar a conocer si la controversia se admite o no a trámite, aunque no se tiene un plazo estimado para la resolución.

A pesar de que distintos organismos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organizaciones no gubernamentales y hasta partidos de oposición habían anunciado que presentarían acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior por su opacidad y atentar contra los principios de derechos humanos, antes del 20 de enero, plazo para presentar estos recursos; sin embargo, hasta ahora el municipio poblano ha sido el único en presentarlo.

De acuerdo con personal de la SCJN, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo sería quien también recibiría la acción de inconstitucionalidad que presente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por cuestiones de acumulación de trabajo y debido a que se trata del mismo tema.

El ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, ordenó analizar el expediente de la controversia constitucional 4/2018, presentada el pasado 5 de enero de 2017 por Esperanza Estela Chilaca Muñoz, quien funge como síndica municipal, y otros funcionarios.

El municipio demanda la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, publicada el 21 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, por considerar como inconstitucionales los artículos 7, 11 y 16, en los que se violenta su autonomía.

Los demandantes expusieron que la ley viola el tema de seguridad pública de los municipios, plasmada en el artículo 115 de la Constitución, en el que se les otorgan facultades para decidir sobre seguridad pública; además, cuestionan la facultad del Presidente de pedir la intervención de las Fuerzas Armadas en las localidades, sin mediación de la alcaldía; y, por último, afirman que el Ejército o la Marina no pueden desempeñar funciones de seguridad pública.

En el expediente se señala como autoridades responsables de la inconstitucionalidad a las Cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo y el director del Diario Oficial de la Federación.

El alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, quien llegó al cargo por Movimiento Ciudadano y actualmente es militante de Morena, esperaba la notificación de la SCJN, ya que fue a través de los medios como se enteró de que había sido admitida la controversia que promovió su administración.

“Es un gran avance, es una buena noticia para todos aquellos que estamos convencidos de que esta ley no resuelve la inseguridad que se vive en el país y tenemos muy claro que el legislador intenta desdibujar, hacer a un lado a los gobiernos municipales, que somos el nivel de gobierno más próximo, más cercano a la población y quienes bien tenemos derechos y obligaciones en materia de seguridad pública”, aseguró Espinosa Torres.

Además, aseguró estar convencido que, desde el punto de vista estrictamente jurídico, les asiste la razón.

El coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez Jiménez, informó que en su bancada y en la del PT, ya pasaron a firma de sus integrantes la solicitud de Acción de Inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior que presentarán la próxima semana ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Además, aclaró que los panistas que acompañen este recurso lo harán por su cuenta.

Por su parte, el senador Alejandro Encinas, sin bancada, expresó su certeza de que se presentarán diversas impugnaciones ante la Corte, entre ellas la del Senado, y se acumularán todas para que resuelva el máximo tribunal.

El Universal
Ricardo Moya
 y Juan Arvizu
Ciudad de México
Sábado 13 enero 2018.


Según el rotativo, uno de los factores que influyen en la falta de buenos resultados de un sistema que creó los juicios orales es la corrupción de las instituciones creadas

"Caóticos". Así es como describe el diario estadounidense los resultados, hasta el momento, del sistema de justicia penal vigente en México desde hace poco más de un año. Citando a expertos y jueces, el rotativo habla de una "crisis" judicial y de una serie de deficiencias que afectan la aplicación de un esquema en el que el gobierno de Estados Unidos ha invertido muchos recursos.

De acuerdo con el Post, los pleitos y la confusión prevalecen en cada aspecto de la cadena legal, y una reforma que tenía por objetivo convertir a una policía "ineficiente" en investigadores profesionales; fortalecer la independencia judicial y dar más derechos a los acusados, para evitar por ejemplo confesiones bajo tortura, en la práctica ha sido un desastre.

La policía, indica el rotativo, se queja de burocratismo, de falta de entrenamiento y de recursos; los fiscales acusan a los jueces de liberar a los delincuentes; los jueces culpan a una policía mal entrenada y denuncian la falta de seguridad en la que trabajan en un país con altos índices de violencia.

El juez José Ramón Cossío, juez de la Suprema Corte, señaló en entrevista con el diario estadounidense que:

"La reforma va mal. Hay muchos problemas pequeños que, en conjunto, están causando lo que creo es una importante crisis".

Para Estados Unidos, indica el Post, el problema no es menor, considerando que ha contribuido con más de 300 millones de dólares desde 2008 para equipar a las cortes, entrenar a la policía y al personal judicial.

Uno de los factores que a decir del periódico estadounidense influyen en la falta de buenos resultados de un sistema que creó los juicios orales para agilizar la resolución de casos, es la corrupción en instituciones creadas, señala, "hace décadas por un Estado autoritario".

Los jueces, destaca, exigen una precisión legal como la que hay en las cortes en Washington y Londres, cuando la policía no está entrenada para ello y tiene que trabajar en lugares que parecen, subraya, "zonas de guerra".

Una de las grandes polémicas es la cantidad de acusados que están en las calles. El Post indica, citando a autoridades carcelarias mexicanas, que México tiene hoy unos 202 mil 700 prisioneros, en comparación con los 235 mil 900 que había antes de que entraran en vigor los cambios, en junio de 2016.

Además de denunciar los riesgos que ello conlleva, muchos apuntan a los jueces por este hecho. Sin embargo, el juez Juan Antonio Rubio Gutiérrez se quejó en entrevista con el Post de que muchos sospechosos quedan libres por errores cometidos por policías y fiscales pobremente entrenados, por errores de procedimiento cometidos por oficiales que no están acostumbrados a llenar reportes como los que ahora es necesario entregar.

Los policías, indica el diario, tienen sus propias quejas. "Somos débiles", dijo al Post, Fidel Moreno Robledo, jefe policial en Ocotlán, Jalisco. No sólo es la escasez de personal, afirmó, sino que bajo el nuevo sistema ya no pueden hacer cateos tan fácilmente, y hay que justificar cada acto, y que el "más mínimo error" en el papeleo puede traducirse en que "un criminal, un secuestrador, un asesino, salga libre". Eso sin contar con la violencia que la policía tiene que enfrentar cada día.

Los jueces alegan que tampoco la tienen fácil y citan como ejemplo el que, si bien antes trabajaban a puertas cerradas, en aras de una mayor transparencia hoy tienen que estar en audiencias frente a frente, y en público, ante los sospechosos.

"Es mucho más peligroso. Estás frente a criminales", dijo Rubio Gutiérrez al Post.

El periódico pone como ejemplo el hallazgo, en Guadalajara, de un cuerpo descuartizado frente a una corte, con una advertencia: "Sigues tú". Todos estos problemas han llevado a algunos a plantear la posibilidad del sistema anterior. Sin embargo, funcionarios de procuración de justicia alertan contra cualquier retroceso y se mostraron confiados en que, a la larga, los cambios derivarán en investigaciones más rigurosas y en que las deficiencias terminarán.

El Universal
Ciudad de México
Sábado 30 diciembre 2017.


La Suprema Corte de Justicia declaró hoy la validez Constitucional de la reforma de Jalisco que reducirá el financiamiento público estatal a los partidos políticos nacionales, conocida como Ley Kumamoto o #SinVotoNoHayDinero.

Por siete votos contra cuatro, el Pleno de la Corte rechazó un proyecto que anulaba la reforma al artículo 13 de la Constitución de Jalisco impulsada por el diputado independiente Pedro Kumamoto, en la primera ocasión que el máximo tribunal revisó este tema.

La mayoría estableció que la libertad de configuración de los Estados en materia de financiamiento a partidos políticos es de la amplitud necesaria para permitir una reforma como la de Jalisco, lo que abre la puerta a que otras entidades intenten cambios similares.

Algunos Ministros agregaron que no se puede hablar de inequidad entre partidos nacionales y estatales, pues no se trata de grupos que se puedan comparar entre ellos.

El Ministro Fernando Franco destacó que los partidos nacionales "son mucho más grandes" que los locales.

"Los Estados gozan de libertad de configuración para establecer el financiamiento de los partidos nacionales, siempre y cuando sea equitativo y resista un análisis de reglas objetivas y aplicables para todos los partidos", agregó Arturo Zaldívar.

Según el Congreso de Jalisco, la reforma le ahorrará 180 millones de pesos anuales a partir de 2019, aunque el proyecto rechazado en la Corte, del Ministro Jorge Pardo, afirmaba que en realidad la reforma incrementará el gasto, al crear dos bolsas distintas para el financiamiento.

En el esquema anterior, había una sola bolsa para todos los partidos, que se calculaba de multiplicar el total de ciudadanos empadronados al corte del mes de julio, por el 65 por ciento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Este esquema, luego de la reforma Kumamoto, ya sólo aplica a partidos estatales.

Para los partidos nacionales se creó uno distinto: el padrón por 20 por ciento de la UMA en años no electorales, y el número de votos válidos obtenidos en la elección previa por 65 por ciento de la UMA, para gasto en año electoral.

El proyecto de Pardo afirmaba que la introducción de elementos como el voto válido obtenido para calcular financiamiento es contrario a la Ley General de Partidos Políticos, que sólo contempla el padrón como parámetro de cálculo.

Agregaba que se generaba trato inequitativo injustificado en perjuicio de los partidos nacionales, cuando la Ley General prohíbe reducirles el financiamiento local so pretexto de lo que reciben sus dirigencias del erario federal.

Entre la mayoría de Ministros hubo discrepancias entre el tema de libertad de configuración, pues algunos señalaron que sólo se debe tomar en cuenta el Artículo 116 de la Constitución que no fija mayores reglas a los Estados, mientras que otros enfatizaron que sí se deben tomar en cuenta los parámetros de la Ley General, que son más detallados.

Reforma
Víctor Fuentes
Ciudad de México
Lunes 28 de agosto de 2017.


La Corte invalida artículos del Código Civil de Puebla que excluyen el matrimonio igualitario

La Suprema Corte de Justicia legalizó hoy el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Estado de Puebla, al invalidar, con efectos generales, la definición tradicional prevista en el Código Civil local.

Por unanimidad, aunque con matices de algunos Ministros, el Pleno de la Corte anuló porciones de los artículos 294, 297 y 300 del Código Civil de Puebla, y estableció que las alusiones a "un solo hombre y una sola mujer", deben entenderse en el sentido de que tanto el matrimonio como el concubinato son accesibles también a parejas del mismo sexo.

Además, fue anulada la mención a que el matrimonio tiene el propósito de "perpetuar la especie", con argumentos que la Corte ha sostenido desde hace años en el sentido de que se violan derechos humanos de trato igualitario, no discriminación por orientación sexual y libre desarrollo de la personalidad.

Puebla es el tercer estado del País en el que las bodas gay son legalizadas por la Corte, pues sentencias similares fueron dictadas para invalidar la definición tradicional de matrimonio en Jalisco y Chiapas.

En esos tres casos, la Corte resolvió acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que a su vez aprovechó reformas a los códigos civiles cuyo único objetivo fue prohibir el matrimonio entre menores de 18 años.

La Corte ha considerado que, como en dichas reformas se reiteró la definición tradicional de matrimonio heterosexual, la CNDH sí podía utilizarlas como base para impugnar la no previsión legal del matrimonio homosexual.

En otros estados, como Oaxaca y Nuevo León, la Corte ha concedido amparos a parejas que han manifestado su intención de casarse, e incluso a personas que dicen ser homosexuales aún si no han intentado contraer matrimonio.

Estos amparos, sin embargo, no tienen los efectos generales de las sentencias dictadas en acciones de inconstitucionalidad, sino que solo benefician a quienes los promueven.

La Ciudad de México, Coahuila, Nayarit, Quintana Roo, Campeche, Colima, Morelos y Michoacán prevén legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que el Registro Civil de estados como Sonora ha empezado a reconocerlos sin necesidad de reformar el Código Civil.

La Corte invalida artículos del Código Civil de Puebla que excluyen el matrimonio igualitario

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el artículo 300 del Código Civil de Puebla donde se establece que el matrimonio debe ser sólo entre un hombre y una mujer.

Por unanimidad, el pleno de la SCJN resolvió la acción de inconstitucionalidad 29/2016 que fue presentada en marzo del año pasado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del Código Civil, por excluir el matrimonio igualitario.

Aunque desde junio de 2015 la Corte reconoció las uniones entre parejas del mismo sexo en todo el país, a través de la jurisprudencia 43/2015, el Congreso local se ha negado acatar la disposición constitucional.

En septiembre pasado, el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso, Jorge Aguilar Chedraui, señaló que entre los legisladores no había una mayoría que permitiera aprobar una reforma al Código Civil para permitir el matrimonio igualitario.

En la prensa local se relacionó esa postura con la intervención del arzobispo Víctor Sánchez Espinosa, quien junto con otros clérigos participó en la “Marcha por la Familia” realizada en esta capital en esas fechas.

Días antes el diputado panista Pablo Rodríguez Regordosa expresó que trabajaba en una iniciativa que contemplaba la creación de una nueva figura jurídica que llevaría el nombre de “isomonio” para identificar a las uniones entre personas del mismo sexo, sin embargo, la propuesta nunca se presentó.

En la ponencia presentada por el ministro Eduardo Medina Mora, donde se declara inválido el artículo 300, también se ordenó al Congreso local modificar la porción normativa del artículo 294, que establece que uno de los objetivos del matrimonio es “perpetuar la especie”.

En el fallo se mencionan otras correcciones que deberá acatar el Legislativo poblano, donde se hace referencia a la unión de “un solo hombre y una sola mujer”, “entre un solo hombre y una sola mujer” y “como marido y mujer”, para que sean sustituidos por “dos personas del mismo o de diferente sexo”.

Medina Mora consideró que el Código Civil de Puebla genera una violación al principio de igualdad, porque da un trato diferenciado a las parejas homosexuales al excluir a las personas del mismo sexo para contraer matrimonio.

Brahim Zamora, integrante del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, dijo que es muy probable que ahora el Congreso local busque alargar por el mayor tiempo posible la concreción de los cambios legislativos ordenados por la SCJN, aunque esto ya lo hizo por más de dos años.

La diputada Socorro Quezada Tiempo recordó que en julio de 2015 presentó una iniciativa de matrimonio igualitario que no fue aprobada por sus compañeros legisladores.

La también dirigente estatal del PRD pidió que en agosto o septiembre se convoque a una sesión extraordinaria para adecuar el Código Civil en Puebla conforme a la resolución que emitió este martes la SCJN.

Proceso
Reforma
Víctor Fuentes
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, México
Martes 01 de agosto de 2017.


La Segunda Sala revisará el primero de múltiples amparos promovidos por Pemex Logística

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia discutirá hoy un proyecto que ampara a Petróleos Mexicanos (Pemex) contra la obligación de pagar los costos de los derrames provocados por ordeña de ductos.

La Segunda Sala revisará el primero de múltiples amparos promovidos por Pemex Logística para impugnar sanciones impuestas tanto por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), como por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, que es la actual encargada del tema.

Los casos han sido atraídos por la Corte para aclarar si Pemex debe ser considerada como responsable cuando los derrames se originan por actos ilícitos, básicamente las tomas clandestinas que se han agudizado en los últimos meses.

Fuentes cercanas al caso informaron que el ministro Eduardo Medina Mora propuso conceder el amparo a la empresa estatal, aunque están por verse los alcances de la interpretación legal que hará la Sala, si es que es aprobado el proyecto, que no fue publicado previamente.

La Ministra Margarita Luna Ramos, una de las cinco integrantes de la Sala, no estará presente en la sesión, y el proyecto ya había sido discutido en privado el 17 de mayo, cuando algunos Ministros pidieron más tiempo para aclarar dudas.

"¿La responsabilidad que deriva para Pemex Refinación por las actividades que se relacionen a la exploración, refinación, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, es de carácter objetiva y solidaria, y debe reparar el daño producido, inclusive, por terceros?", es una de las preguntas que busca aclarar la Corte.

Si bien la póliza de seguro de Pemex cubre los daños por derrames, fuentes cercanas al tema explicaron que la cobertura aplica cuando el siniestro se origina por actos ilícitos como las tomas clandestinas.

Los litigios de Pemex contra Profepa, y ahora contra ASEA, por sanciones, inspecciones y otros procedimientos ambientales son constantes, y actualmente, la empresa mantiene al menos 102 juicios de nulidad contra ambas agencias ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), aunque algunos de ellos son por derrames imputables al propio Pemex que no son parte del debate en la Corte.

De 2003 a 2015, Pemex Refinación tuvo que adjudicar más de 160 contratos para remediar sitios dañados por tomas clandestinas, mientras que Pemex Exploración y Producción adjudicó otros 16, y los quince contratos más costosos de ambas empresas sumaron aproximadamente de 400 millones de pesos.

Además, la empresa estimó que su "pasivo ambiental" por derrames derivados de ordeña abarcaba mil 161 hectáreas al cierre de dos mil quince.

Limita SCJN competencia de Pemex en ordeña

La Suprema Corte de Justicia aclaró hoy, por primera vez, los límites de la responsabilidad de Pemex ante derrames provocados por tomas clandestinas.

La Segunda Sala de la Corte estableció que la empresa estatal no tiene que responder por todas y cada una de las consecuencias y daños que provocan dichos derrames, tanto a la población como al medio ambiente.

Sin embargo, los ministros aclararon que Pemex sí es responsable por la contención inmediata de la fuga y la rehabilitación de las zonas afectadas, incluso cuando sean ocasionadas por actos ilícitos.

"Pemex no tiene que resarcir absolutamente todos los daños materiales y humanos causados, a menos que en una demanda de responsabilidad patrimonial se pruebe que existió negligencia de su parte", explicó una fuente de la Corte.

Por tres votos contra uno, la Sala amparó a Pemex Logística en un litigio promovido contra la orden de la Agencia de Seguridad y Protección al Ambiente en Materia de Hidrocarburos (ASEA), para remediar un derrame de gasolina magna en el Municipio de González, Tamaulipas, en enero de 2014.

La versión final de la sentencia, aprobada hoy con voto en contra del Ministro Javier Láynez, será conocida dentro de algunas semanas y en ella aparecerán los criterios de la sala, que discutió el asunto en privado y en la sesión pública se limitó a votarlo.

En los últimos meses, la Corte atrajo múltiples amparos de Pemex contra órdenes de este tipo de la ASEA y la Profepa, que era su supervisora antes de la reforma energética.

Actualmente, la empresa litiga al menos 102 juicios de nulidad contra estas agencias, en los que alega que no debe responder por delitos cometidos por terceros.

De 2003 a 2015, Pemex Refinación tuvo que adjudicar más de 160 contratos para remediar sitios dañados por tomas clandestinas, mientras que Pemex Exploración y Producción adjudicó otros 16, y los quince contratos más costosos de ambas empresas sumaron alrededor de 400 millones de pesos.

Además, la empresa estimó que su "pasivo ambiental" por derrames derivados de ordeña abarcaba mil 161 hectáreas.

Si bien la póliza de seguro de Pemex cubre los daños por derrames, fuentes cercanas al tema explicaron que la cobertura no aplica cuando el siniestro se origina por actos ilícitos como las tomas clandestinas, sino que sólo abarca los casos derivados de acciones o errores de la propia empresa.

Reforma
Víctor Fuentes
Ciudad de México
Miércoles 24 de mayo de 2017.


Ministro de la Suprema Corte de Justicia dicta conferencia en el CUCEA

Los tribunales constitucionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no actúan en contra de la democracia, pero sí de las mayorías y de las autoridades que, en un determinado momento, tomen decisiones sin tomar en cuenta a la Constitución, afirmó el doctor José Ramón Cossío Díaz, ministro de la SCJN en la conferencia “La legitimidad democrática del juez constitucional y el efecto  de sus sentencias”, que impartió en el auditorio central del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), ante la presencia del maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Rector General de la Universidad de Guadalajara.

Explicó que los tribunales constitucionales tienen la posibilidad de declarar inválidas aquellas normas, tal vez democráticas y aprobadas por unanimidad, que violentan los derechos constitucionales.

Aludió al debate vigente en torno al hecho de que el Poder Judicial pueda invalidar leyes o decisiones emanadas de otros poderes constitucionales electos como los congresos locales, de la Unión y el Poder Ejecutivo.

Cossío Díaz detalló que los tribunales constitucionales tienen como función salvaguardar el funcionamiento de la democracia y cuidar su integridad mediante el mantenimiento de aquellas libertades y derechos que son necesarias para esos fines, como la libertad de expresión, tránsito, reunión y asociación, entre otros.

Detalló que la SCJN debería ser medida por la capacidad que tenga de sostener y tratar de ordenar la realidad en función de los derechos humanos y categorías constitucionales, y advirtió sobre el riesgo de que los ministros de esta corte jueguen al político haciendo caso a las encuestas y opiniones públicas, ya que serían confundidos con lo que tratan de regular y racionalizar, y no tendrían razón de ser.

Reconoció que en la Suprema Corte tienen que tomarse decisiones que no son populares, y añadió que sostener el mandato constitucional es complicado porque genera consecuencias a veces dolorosas, pero es parte de la racionalidad que se debe mantener.

En la SCJN los jueces constitucionales no actúan a capricho o por ocurrencia, dijo. Tienen que observar un conjunto de reglas institucionales, expresarse en un lenguaje determinado, con las categorías jurídicas correctas y ajustarse a los protocolos al momento de la discusión.

Encabezaron además el presídium el maestro Alfonso Partida Caballero, consejero de la Judicatura del Estado y asistió el licenciado Raúl Padilla López, presidente de la Fundación Universidad de Guadalajara.

Puebl@Media
Guadalajara, Jalisco
Viernes 27 de mayo de 2016.

Un mexicano que gana el mínimo tendría que trabajar 558 años para igualar esta prestación de los funcionarios

A mediados de este mes, funcionarios y la clase trabajadora del país recibirán su aguinaldo. La gratificación que este fin de año tendrá cada ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es de 586 mil 449 pesos, cantidad incluso más alta que lo que ganará el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

El bono de cada integrante del máximo tribunal de México serviría para otorgarlo a 558 empleados que apenas ganan el salario mínimo, es decir, 70 pesos diarios.

No sólo eso. A un empleado con este sueldo no le alcanzaría la vida para lograr la prestación que gozarán los representantes del Poder Judicial. Tendría que laborar más de cinco siglos, de manera ininterrumpida, para obtener el medio millón de pesos que dentro de poco cobrarán los ministros de la Corte.

El mismo lapso de tiempo tendría que trabajar esa persona para adquirir la fortuna que los miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se llevarán en esta Navidad.

Para Alfonso Bouzas Ortíz, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), esto refleja “la realidad de un país con una burocracia bien pagada y un pueblo mal atendido”.

EL UNIVERSAL realizó un ejercicio con el fin de saber cuántos años tendría que trabajar un mexicano para obtener el aguinaldo que sólo en 2015 recibirán 10 funcionarios de primer nivel, entre ellos, los titulares de los tres poderes de la Unión. Y para saber a cuántas personas se les podría pagar con esa misma cantidad.

En el caso de un diputado federal, el burócrata con el aguinaldo más bajo, su gratificación de fin de año alcanzaría para cubrir el aguinaldo de 134 connacionales que únicamente perciben el salario mínimo. Si se suma la remuneración de los 500 legisladores que conforman el Congreso de la Unión, ésta equivaldría al bono de 67 mil trabajadores.

Un empleado que gana lo que en promedio se paga en el mercado laboral —188 pesos diarios, según cálculos hechos con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)— recibirá a más tardar el 16 de diciembre una gratificación anual de 2 mil 814 pesos.

Incluso si cuenta con estudios universitarios, su prestación apenas superará los 5 mil pesos [considerando un ingreso promedio de 337 pesos diarios y una paga de 15 días de sueldo, como marca la legislación].

A siglos de distancia

Aunque trabajara toda su vida sin descanso, un mexicano que gana el salario mínimo nunca llegará a igualar el aguinaldo de los altos funcionarios. Para aspirar al bono que este fin de año recibirán los integrantes de la SCJN, el TEPJF y el CJF, tendría que laborar de manera ininterrumpida 558 años.

Otra forma de verlo es que el aguinaldo de cada uno de estos servidores públicos equivale a la bonificación de 558 empleados que apenas ganan el sueldo mínimo.

Incluso si cuenta con título universitario, una persona tendría que trabajar más de un siglo (116 años) para alcanzar algún día la gratificación de los ministros y magistrados del Poder Judicial de la Federación.

Para conocer cuántos años tendría que laborar un connacional para equiparar el aguinaldo de un funcionario de primer nivel, o bien, a cuántos trabajadores se podría beneficiar con ese dinero, EL UNIVERSAL realizó un ejercicio comparando las prestaciones de fin de año de 10 servidores públicos con tres tipos de empleados.

Por el lado del gobierno se eligió al Presidente de la República, un senador, un diputado federal, un ministro de la Corte, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, un miembro del CJF, un magistrado del TEPJF, un consejero electoral, el ómbudsman nacional y el presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Sus aguinaldos y demás prestaciones de fin de año se obtuvieron del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015.

Para la clase trabajadora se construyeron tres perfiles: un empleado que gana el sueldo mínimo, otro que percibe el ingreso promedio que ofrece el mercado laboral y otro más que cuenta con una carrera profesional.

En los tres casos, se partió del supuesto que ellos recibirán de aguinaldo el equivalente a 15 días de sueldo, que es el mínimo que marca la Ley Federal del Trabajo.

Para calcular la prestación de quien apenas gana el mínimo, se multiplicó su salario diario (70.1 pesos) por 15.

Para los otros dos tipos de empleado primero se estimó su ingreso diario usando la base de datos de la más reciente ENOE, correspondiente al tercer trimestre de 2015. El resultado se multiplicó por 15 días para obtener su gratificación.

La descripción completa de la metodología que se siguió puede leerse al final de la infografía que acompaña a este texto.

Bonos inalcanzables

A menos que vivan tanto como el bíblico Matusalén, muchos ciudadanos jamás podrán reunir en su vida lo que algunos servidores públicos recibirán este mes por concepto de aguinaldo y otras prestaciones.

Siguiendo con el ejemplo del trabajador que gana el mínimo, él tendría que laborar al menos cuatro siglos si aspira a la gratificación de un consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), del presidente Enrique Peña Nieto o del representante del Inegi, Eduardo Sojo.

Alcanzar lo que en unos días recibirán los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le llevaría 385 navidades, mientras que igualar el aguinaldo de un senador le significaría 223 años ininterrumpidos de esfuerzo.

Incluso, para lograr el bono más bajo del grupo de funcionarios seleccionados —y que corresponde al de un diputado federal— un mexicano que gana el mínimo tendría que ocuparse durante 134 años.

Hay otro modo de mirar los datos. En lugar de verlos como años, décadas o siglos de trabajo para obtener el aguinaldo de un burócrata, se pueden ver también como el total de empleados a los que se podría pagar esta prestación con esa cantidad de dinero.

En el caso de un diputado federal, por ejemplo, su gratificación de fin de año alcanzaría a pagar el aguinaldo de 134 mexicanos que sólo ganan el sueldo mínimo. La bonificación de un senador serviría para cubrir la de 223 empleados de las mismas características.

Si se sumara el aguinaldo de todos los integrantes de ambas cámaras del Congreso de la Unión, el monto reunido alcanzaría para dar esta prestación a 95 mil 544 obreros que sobreviven a diario con 70 pesos.

El connacional que gana el salario mínimo no es un ejemplo hipotético o inexistente. En México laboran por esta cantidad 6.9 millones de personas tanto en el mercado formal como en el informal, de acuerdo con cifras de la ENOE. El sondeo indica que menos de 500 mil recibirán la prestación.

“La clase trabajadora en México enfrenta un proceso de desgaste sin límite”, advierte Bouzas Ortíz.

Inequidad exorbitante

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, el Presidente de la República recibirá 425 mil 478 pesos entre aguinaldo y una gratificación de fin de año, aunque existen funcionarios que se llevarán más que él.

Cada uno de los ministros de la Corte, el TEPJF y los consejeros de la Judicatura, disfrutarán de un pago de 586 mil 449 pesos, en tanto que los consejeros del INE recibirán 404 mil 371 pesos. El ómbudsman nacional y el titular de la ASF disfrutarán las fiestas decembrinas con poco más de 404 mil pesos. El titular del Inegi se llevará 418 mil 917 pesos.

En el Poder Legislativo, cada senador disfrutará una Navidad de 234 mil 330 pesos, mientras que los diputados federales recibirán 140 mil 504 pesos.

En contraste a tan jugosas prestaciones, un trabajador que sobrevive con el salario mínimo: 70.1 pesos diarios, apenas obtendrá un bono de mil 51 pesos.

Un empleado que gana lo que en promedio se paga en el mercado laboral: 188 pesos diarios, recibirá 2 mil 814 pesos este fin de año. Aun si estudió una carrera profesional, su aguinaldo apenas superará los 5 mil pesos.

Ni estudiando

A un mexicano que percibe el sueldo promedio: 188 pesos diarios, le llevaría dos siglos adquirir el bono de un ministro del Poder Judicial, 162 años para igualar el de un consejero electoral y 151 años para el del Presidente.

Si en promedio gana como un profesionista (337 pesos diarios, según la ENOE) el número de años de trabajo disminuiría a 116, 90 y 84, respectivamente.

Para conseguir el aguinaldo de un diputado federal, el ciudadano promedio tendría que trabajar 50 años de manera ininterrumpida y un profesionista tres décadas. Esto suponiendo que nunca falten, ya que de lo contrario no podrían recibir su prestación completa, sino sólo la parte proporcional. Entonces tendrían que laborar más años.

En cambio, para los diputados federales bastó con asistir al Congreso de la Unión dos veces por semana desde septiembre para recibir este año una gratificación de 140 mil 504 pesos. Si faltan, no hay penalización.

“Es absolutamente indignante”, afirma Bouzas Ortíz. “Ésta es la diferencia entre los que trabajan para vivir y los que viven sin laborar gozando de las prebendas que el país da”, agrega el investigador de la UNAM.

Para poder tener el aguinaldo de un senador hay que esforzarse más. El mexicano promedio tendría que trabajar 83 años mientras que el universitario tendría que laborar sin descanso 46 años. Con todo y cédula, un profesionista tendría que ocuparse al menos 80 años para obtener el aguinaldo de los titulares del Inegi, la CNDH y la ASF.

El Universal
Ciudad de México
Domingo 13 de diciembre de 2015.

 A un mexicano que percibe el sueldo promedio: 188 pesos diarios, le llevaría dos siglos adquirir el bono de un ministro del Poder Judicial. (Especial)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley del derecho de réplica, por considerar que es contraria al derecho a la libre manifestación de las ideas y al propio derecho que regula.

La ley entró en vigor desde el pasado viernes 4 y fue impugnada desde ese mismo día por la revista Proceso ante la justicia federal. El semanario solicitó que se le suspenda la aplicación del ordenamiento publicado por el presidente Enrique Peña Nieto, al que también considera contrario al derecho de acceso a la libertad de expresión.

El Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal responderá en las próximas horas a la solicitud.

Con la petición de revisión constitucional por parte de la CNDH, la Suprema Corte podrá pronunciarse sobre cualquier violación a la Constitución que contenga la ley.

La norma impugnada reglamenta el artículo Sexto de la Constitución y fue aprobada en octubre pasado por el Senado de la República, sin que le hiciera alguna modificación al texto votado por la Cámara de Diputados en diciembre de 2013, cuando el tema principal en la opinión pública era la reforma energética.

Para la CNDH, la ley del derecho de réplica “no cubre los estándares constitucionales sobre el derecho a la libre manifestación de las ideas y el propio derecho a la réplica”, previstos en la Constitución, debido a su contenido “discrecional”.

Explica que la norma “permite una interpretación tan amplia que cualquier persona pudiera ser sujeto de las obligaciones de la ley de réplica, y por lo tanto de sus consecuencias y sanciones”.

El Congreso estableció como sujetos obligados a las agencias de noticias, a los medios de comunicación, a los productores independientes y a cualquier otro emisor de información responsable del contenido original, pero sin precisar a qué se refiere por “cualquier otro emisor de información”, observa el organismo.

De acuerdo con la CNDH, tal y como fue aprobada, la reglamentación ni siquiera cubre al propio derecho de réplica y en cambio “genera incertidumbre jurídica en los destinatarios de la norma”.

Señala que ese “vicio constitucional” de la ley le causa falta de certeza a los generadores de información y a las propias personas afectadas por la información difundida, porque a éstas les exige pasar por el medio que publicó la información antes de acudir al juez, “lo que imposibilita al posible afectado acceder por esta vía a la restitución de sus derechos”.

Al igual que Proceso en su demanda de amparo, la CNDH señala que la reglamentación al derecho de réplica no debe representar un riesgo para la libertad de expresión: “Ambos derechos deben equilibrarse”.

Debido a que la ley coloca en el mismo nivel a las autoridades que a los ciudadanos y protege de manera especial a los partidos políticos, precandidatos y candidatos, la CNDH observa que los servidores públicos “deben estar sometidos a un escrutinio más amplio, con base en los criterios y estándares internacionales que al respecto se han emitido”.

En los compromisos internacionales asumidos por México, tanto en la Organización de Estados Americanos (OEA), como en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se reconoce el derecho de réplica, pero se señala que su regulación no debe implicar límites para la libertad de información y expresión, salvo en los casos de seguridad nacional, el orden público y el respeto a los derechos humanos.

Sobre las multas previstas en la ley, el organismo estima que también se pueden aplicar de forma discrecional “debido a que no tiene referente ni criterios legales” para aplicarlas, lo que también “contraviene la Constitución al no dar certeza ni certidumbre jurídica a la persona sancionada”.

Y advirtió que “permanecerá atenta” a la aplicación de la ley vigente desde el pasdo viernes 4 “para evitar abusos y aplicaciones arbitrarias”. En particular, el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos dará orientación jurídica y acompañamiento en caso de que se inicien acciones contra los comunicadores al amparo de la nueva ley.

El jueves 3, un día antes de la entrada en vigor de la ley, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) también anunció que hará acciones de orientación y acompañamiento a periodistas y medios de comunicación.

Informó además que buscará acciones conjuntas con otras comisiones de derechos humanos del país y convocará a foros de discusión para promover una reforma a la ley, a la que califica como una afrenta no sólo a los derechos humanos, sino a las garantías mínimas” de un régimen democrático, según publicó Proceso en su edición de esta semana (2040).

Proceso
Jorge Carrasco Araizaga
Ciudad de México
Martes 8 de diciembre de 2015.

La Suprema Corte deja en ridículo a los diputados poblanos y a Moreno Valle por querer imponer una ley electoral que a todas luces era inconstitucional.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echó abajo el principal “candado” que dificultaba el registro de candidatos independientes en los comicios que se llevarán a cabo en 2016 en la entidad para elegir gobernador.

Por mayoría de votos, los ministros declararon inconstitucional el artículo 201 quáter del Código de Instituciones Políticas y Procesos Electorales, que marcaba como requisito que los ciudadanos que respalden a un candidato independiente tengan que comparecer ante las autoridades electorales en un plazo de 20 días.

La fracción que fue declarada inválida por la SCJN marca que los aspirantes a candidatos independientes deberán entregar:

“El calendario que establezca fechas, horarios y domicilios en los cuales se deberán presentar las solicitudes de aspirantes y la comparecencia de los ciudadanos que acudan personalmente a manifestarle su apoyo”.

De la misma forma, anularon el apartado c, fracción II del artículo 201, que marcaba que “los ciudadanos que decidan manifestar su respaldo a un determinado aspirante a candidato independiente, deberán comparecer personalmente con copia y original de su credencial para votar vigente ante los funcionarios electorales que se designen y los representantes que, en su caso, acrediten los aspirantes a candidato independiente, en los inmuebles destinados para ello”.

El ministro Alberto Pérez Dayán calificó como una “carga excesiva” la medida aprobada por el Congreso local el pasado 22 de agosto, mientras que José Ramón Cossío Díaz consideró que era un requisito “desproporcionado” y que restringía el derecho ciudadano a ser votado.

El ministro Arturo Zaldívar manifestó que el exigir este requisito, hacía prácticamente inviable que los ciudadanos tuvieran posibilidades de contender como candidatos independientes en los comicios de Puebla. “Este requisito en particular me parece que no resiste ni en el más mínimo análisis”, expresó.

Distintas organizaciones y partidos políticos han acusado al gobernador Rafael Moreno Valle de haber promovido la aprobación de esos candados, llamados “ley antibronco”, para dificultar el registro de candidatos independientes en los próximos comicios locales y facilitar el triunfo de su candidato a sucederlo, el alcalde de Puebla, Antonio Gali Fayad.

Luego de esta determinación de la Corte, el Congreso local tendrá un plazo de 30 días para modificar el Código Electoral del estado que estará vigente en los comicios del próximo año, cuando el único cargo que estará en juego es la llamada “minigubernatura” por un periodo de un año y ocho meses.

Este lunes, la SCJN también anuló otro de los candados impuestos por el Congreso de Puebla para los candidatos independientes, que era reunir las firmas de apoyo en un lapso de 20 días.

Además, también echaron abajo el requisito de reunir el apoyo de 5% del padrón electoral para los ciudadanos que aspiren a ser candidatos independientes a una alcaldía cuya población supere los 5 mil habitantes.

Sin embargo, los ministros dejaron vigente otro de los requisitos que fue impugnado por los partidos Morena, PRI y Movimiento Ciudadano, que se refiere a que los independientes tendrán que reunir el respaldo de 3% de los ciudadanos.

Aunque los ministros cambiaron la disposición de que ese porcentaje se contabilice a partir del padrón electoral como lo había determinado el Poder Legislativo de Puebla, para establecer que se deberá tomar en cuenta el listado nominal.

De esta forma, quienes pretendan ser candidatos independientes a la gubernatura tendrán que reunir alrededor de 125 mil firmas con base en la lista nominal.

La expanista Ana Teresa Aranda, quien ha hecho público su interés de contender como independiente por la ‘minigubernatura’, consideró que con este revés la Suprema Corte deja en ridículo a los diputados poblanos y a Moreno Valle por querer imponer una ley electoral que a todas luces era inconstitucional.

Proceso
Gabriela Hernández
ciudad de Puebla, Mx.
Martes 24 de noviembre de 2015.

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