Las “redes clientelares” de los jueces y magistrados se extienden a siete mil 148 servidores públicos de 31 circuitos que también tienen familiares en la nómina.

Ciudad de México.- Hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces y magistrados del Poder Judicial ocupan plazas en tribunales y juzgados de su adscripción o de otros, revela un estudio realizado en 31 estados y que fue entregado al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y a la Suprema Corte de Justicia de la naci{on (SCJN).

Dicho estudio, elaborado por el consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada, llegó a manos también de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y revela además que las “redes clientelares” de los jueces y magistrados se extienden a siete mil 148 servidores públicos de 31 circuitos que también tienen familiares en la nómina.

De acuerdo con el diagnóstico, casi la mitad de los jueces y magistrados federales tienen parientes en el Poder Judicial: de mil 31 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48.6%.

Según el reporte, 112 jueces y magistrados habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás, y aunque identifica a cada juzgador y empleado por su número de expediente, el estudio no proporciona sus nombres.

El artículo 97 de la constitución faculta a jueces y magistrados para nombrar y remover a los funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.

Dicha disposición legal fue concebida para garantizar la autonomía de los jueces, pero sólo ha servido para el nombramiento discrecional de parientes.

Y peor aún, no sólo los magistrados de circuito y jueces de distrito logran generar redes clientelares haciendo mal uso de esta atribución.

El estudio muestra que secretarios, actuarios, oficiales y administrativos tienen familiares en el mismo circuito y en otros, e influyen en la designación sin que sea posible incoarles (iniciarles proceso o expediente) ningún tipo de responsabilidad.

Incluso, los juzgadores intercambian empleos para sus familiares con colegas de otros circuitos, quienes corresponden de igual manera.

Uno de los casos más notables es el de un magistrado del circuito de Durango que integró a 17 miembros de su familia, entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos en puestos administrativos, con cargos de actuarios, secretarios de tribunal y juzgado, asesor jurídico y analista especializado.

Otros dos magistrados de San Luis Potosí y de Baja California tienen 11 parientes cada uno, señala el estudio, cuyos datos fueron recopilados por el consejero Felipe Borrego Estrada en visitas realizadas del 28 de enero de 2016 al 31 de enero de 2017 en 31 circuitos del país, y la información recabada fue corroborada con información del CJF.

Hay estados donde el nepotismo es más grave. Es el caso del circuito décimo sexto, correspondiente a Guanajuato, donde 38 de 46 titulares tienen familiares, es decir, el 82.61%.

El único circuito no incluido en el estudio es el primero, correspondiente a la Ciudad de México, debido a que “los responsables del estudio no pudieron obtener información”. Tampoco consiguieron datos en los órganos jurisdiccionales de Nezahualcóyotl y Naucalpan.

En el circuito correspondiente a Aguascalientes, el 81% de los jueces y magistrados tienen parientes trabajando con ellos. De 16 titulares de tribunales y juzgados, 13 cuentan con familiares.

El circuito correspondiente a Jalisco ocupa el tercer lugar con más juzgadores que tienen parientes en el Poder Judicial, con 76%.

Pese a ser el estado más pequeño, Tlaxcala registra uno de los más altos porcentajes de nepotismo judicial, del 70% en el caso de juzgadores y de 45% entre los funcionarios del vigésimo octavo circuito.

Mientras que el tercer circuito, que corresponde a Jalisco, ocupa el primer lugar nacional en contratar a los hijos de jueces y magistrados: 33 juzgadores tienen en el mismo Poder Judicial Federal a 54 de sus hijos.

Los jueces también suelen integrar a sus parejas en la nómina: entre los 31 circuitos analizados, se identificó a 112 juzgadores que tienen a su cónyuge, pareja o exesposa trabajando en el Poder Judicial. Destacan el circuito sexto de Puebla, en donde se ha dado trabajo a 11 parejas de jueces y magistrados, el décimo sexto de Guanajuato con 10 casos y el décimo octavo de Morelos con nueve.

Por último, el estudio revela que 136 juzgadores tienen hermanos que trabajan en los juzgados y tribunales. En este caso Michoacán está en primer lugar, con 20 de estos casos, seguido de Jalisco con 17, y en el caso de emplear a los padres, esta práctica se dio en once circuitos, donde trabajan los padres de 27 magistrados. Destaca el caso de Puebla, donde se empleó a papás o mamás de 13 juzgadores.

Proceso
Reportaje Especial
Ciudad de México
Jueves 21 de junio de 2018.


Ciudad de México. - La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que cuando uno de los padres impida sistemáticamente que sus hijos convivan con el otro progenitor se justifica modificar la guarda y custodia para lograr una mejor convivencia.

El pleno de la Primera Sala del Alto Tribunal resolvió así el amparo directo en revisión 2710/2017, cuyo proyecto de resolución fue presentado por el ministro Arturo Zaldívar.

En el caso, después del divorcio de una pareja se decretó que la madre tendría la guarda y custodia y que el padre tendría un régimen de visitas y convivencias.

No obstante, la madre no presentaba a la niña a las convivencias, por lo que el padre no veía a su hija, a pesar de que intentara por varios medios estar con ella. Por esos hechos, el padre le solicitó al juez modificar la guarda y custodia para que él pudiera convivir con la niña.

La Primera Sala determinó que el cambio de guarda y custodia es lo más benéfico para la menor, pues es la única forma en la que se puede garantizar que las convivencias se llevarán a cabo y, consecuentemente, que la niña estará en contacto con ambos padres.

Lo anterior, en razón de que el hecho de que no conviva con su padre aumenta notablemente la posibilidad de que tenga daños emocionales difíciles de revertir. Además, no existe razón que haga pensar que interactuar con el padre pueda tener un impacto negativo en la vida de la menor.

Por otra parte, se determinó que dicho cambio se debe hacer de forma gradual, pues si se hace de manera radical implicaría mucha intrusión en la vida de la niña.

También señaló que antes de que se determinen las circunstancias precisas de cómo será el cambio gradual, la menor deberá ser escuchada para garantizar que se tomen en cuenta sus intereses y prioridades.

Notimex
Ciudad de México
Miércoles 25 abril de 2018.


La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró Constitucional la figura de las inspecciones policiacas sin orden judicial o ministerial, prevista en el código que regula los procedimientos del nuevo sistema penal.

Por mayoría, el Pleno de la Corte avaló porciones de tres artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), impugnados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que permiten las inspecciones externas y superficiales por parte de los policías en la investigación de delitos.

Esas inspecciones son "actos momentáneos y excepcionales de molestia", y se pueden practicar a las personas para detectar objetos o instrumentos del delito entre sus ropas o posesiones, así como a sus vehículos, y también de manera forzosa si hay resistencia.

El Ministro Presidente Luis María Aguilar afirmó que las inspecciones son una medida proporcional, idónea y con un fin Constitucionalmente válido, de proteger la seguridad pública y los derechos de las víctimas de delitos.

Javier Láynez, autor del proyecto, destacó que la flagrancia de un delito se puede revelar de dos maneras: cuando el ilícito es evidente a la vista del policía, o cuando la inspección es la que lo revela, y reiteró que los Jueces de Control son los que calificarán si dicha inspección fue legal.

Fernando Franco se sumó a tres Ministros de la Primera Sala que votaron contra varios aspectos de las inspecciones, en particular las forzosas, a los vehículos o a las ropas de las personas, ya que el CNPP no contempla lineamientos, límites ni orientaciones sobre la actuación policiaca.

Varios Ministros de la mayoría hicieron críticas y comentarios al proyecto, por lo que pasarán varios meses antes de que se conozca la versión final de la sentencia y los criterios respectivos.

Algunas porciones de los artículos 251, 266 y 269 del CNPP fueron avalados por mayorías de ocho votos, y otras solo tuvieron siete, por lo que José Ramón Cossío advirtió que no habría votación suficiente para que los criterios del proyecto sean obligatorios para el resto del Poder Judicial.

Cossío dio a entender que, si empiezan a llegar a la Primera Sala de la Corte amparos contra las inspecciones, ésta los podría otorgar, pues tres de sus cinco integrantes estuvieron en la minoría de hoy.

"Me cuesta trabajo entender que una declaratoria de validez del Pleno, después pudiera ser contradicha por las Salas", replicó Aguilar.

La Corte seguirá discutiendo otros aspectos del CNPP, entre ellos, los aseguramientos de bienes decretados por el Ministerio Público, la geolocalización de teléfonos vinculados con delitos, la duración de las medidas cautelares que se imponen a los procesados y el concepto de flagrancia en delitos que requieren denuncia.

Reforma
Víctor Fuentes
Ciudad de México
Martes 13 marzo 2018.


Ciudad de México.- El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a presentar una controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior por considerar que pone en grave riesgo el sistema de derechos humanos del país e invasiva sobre las facultades de las entidades y municipios.

Luego de entregar el escrito inicial ante la Oficialía de Partes de la Corte, el mandatario explicó que el gobierno de Chihuahua contraviene todos los artículos de la ley para lograr una declaratoria de inconstitucionalidad total de la misma.

Indicó que, además, el texto normativo arriesga innecesariamente a las fuerzas armadas al colocarlas en sustitución de las autoridades civiles.

"Lo hacemos pensando en el prestigio de nuestras fuerzas armadas, esta ley las arriesga innecesariamente porque les desnaturaliza su función primordial, las sigue colocando en una función para la cual la constitución no les ha autorizado porque el modelo que el legislador escogió fue un modelo de sustitución de la autoridad civil por la autoridad militar y eso no le conviene ni a las fuerzas armadas", dijo.

"Nos parece a todas luces indebida y, diríamos, más allá de la constitución o en contra de la misma, la definición que se ha dado de seguridad interior, no solamente porque es una definición ambigua, sino porque permite por esa ambigüedad trastocar un conjunto de principios fundamentales en el país".

El pasado viernes, la SCJN a través de la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo admitió a trámite ocho impugnaciones contra la Ley de Seguridad Interior, promovidas por igual número de municipios.

Se trató de las controversias constitucionales promovidas por Nezahualcóyotl, Ocuilan y Cocotitlán, Estado de México; Oxkutczab, Tepakan y Hoctun, Yucatán; así como Ahuacatlán y Tepeyahualco, Puebla.

El Universal
Ciudad de México
Lunes 12 febrero de 2018.


El ayuntamiento de Tlacotepec de Juárez anunció que agotará los recursos legales a su alcance para evitar la destitución del alcalde y de su cabildo, acusados por desacato.

En un comunicado, el cuerpo edilicio destaca su determinación de mantenerse en funciones hasta que le sea notificada la sentencia emitida este martes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y explica que la resolución del máximo tribunal del país se relaciona con el amparo 913/2013 que se promovió desde la pasada administración, a cargo de Enrique Ramos Bernardino.

Aclara que ese juicio fue interpuesto por la ciudadana Luminosa Pérez Huerta, quien, según el ayuntamiento, reclama una indemnización de 4 millones de pesos por un predio de 400 metros cuadrados que la comuna usó para construir una cancha deportiva en la Junta Auxiliar Santa María la Alta.

Añade que la autoridad consideró “injusto” pagar dicha cantidad por no corresponder al valor del terreno, por lo que se había negado a hacerlo.

Sin embargo, los antecedentes del caso señalan que la resolución emitida en 2015 por la SCJN marcaba el pago de una indemnización por 968 mil pesos por daños y perjuicios a la afectada.

En la resolución de este martes, la SCJN no sólo pide la destitución del alcalde y los integrantes del cabildo del municipio poblano por incumplimiento de una sentencia emitida dentro del expediente 2/2016, también demanda que se consigne ante las autoridades por el delito de desacato.

Roberto Pedro Martínez, subsecretario de Gobernación de la Secretaría General de Gobierno, dijo que lo procedente ahora es que se llame a los suplentes del alcalde Pablo Pérez Maceda, quien fue postulado por la coalición PAN-PRD-Nueva Alianza-Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración, así como de los demás integrantes del cabildo.

En el caso del alcalde, indicó que en la constancia de mayoría emitida por el Instituto Electoral del Estado consta que el suplente es José Rafael Pérez Carlos, quien estaría al frente de la comuna hasta que concluya la administración, a principios de 2019.

“Lo único que vamos a esperar es que la Suprema Corte notifique oficialmente la resolución para que se proceda a llamar a los suplentes, tomarles la protesta y el ayuntamiento comience a funcionar nuevamente”, apuntó.

“Con ello se garantiza la gobernabilidad y se da cumplimiento exacto a la resolución de la corte”, añadió.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Miércoles 17 enero de 2018.

Avanza recurso del municipio San Pedro Cholula; Ministro Pardo Rebolledo revisará la queja

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a la controversia constitucional en contra de la Ley de Seguridad Interior, interpuesta por el municipio de San Pedro Cholula, en Puebla, que será turnada al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

La Secretaría de Acuerdos asignó la demanda a Pardo Rebolledo, quien deberá analizarla para, en su caso, solicitar los informes correspondientes para iniciar el estudio del asunto y dar a conocer si la controversia se admite o no a trámite, aunque no se tiene un plazo estimado para la resolución.

A pesar de que distintos organismos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organizaciones no gubernamentales y hasta partidos de oposición habían anunciado que presentarían acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior por su opacidad y atentar contra los principios de derechos humanos, antes del 20 de enero, plazo para presentar estos recursos; sin embargo, hasta ahora el municipio poblano ha sido el único en presentarlo.

De acuerdo con personal de la SCJN, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo sería quien también recibiría la acción de inconstitucionalidad que presente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por cuestiones de acumulación de trabajo y debido a que se trata del mismo tema.

El ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, ordenó analizar el expediente de la controversia constitucional 4/2018, presentada el pasado 5 de enero de 2017 por Esperanza Estela Chilaca Muñoz, quien funge como síndica municipal, y otros funcionarios.

El municipio demanda la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, publicada el 21 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, por considerar como inconstitucionales los artículos 7, 11 y 16, en los que se violenta su autonomía.

Los demandantes expusieron que la ley viola el tema de seguridad pública de los municipios, plasmada en el artículo 115 de la Constitución, en el que se les otorgan facultades para decidir sobre seguridad pública; además, cuestionan la facultad del Presidente de pedir la intervención de las Fuerzas Armadas en las localidades, sin mediación de la alcaldía; y, por último, afirman que el Ejército o la Marina no pueden desempeñar funciones de seguridad pública.

En el expediente se señala como autoridades responsables de la inconstitucionalidad a las Cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo y el director del Diario Oficial de la Federación.

El alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, quien llegó al cargo por Movimiento Ciudadano y actualmente es militante de Morena, esperaba la notificación de la SCJN, ya que fue a través de los medios como se enteró de que había sido admitida la controversia que promovió su administración.

“Es un gran avance, es una buena noticia para todos aquellos que estamos convencidos de que esta ley no resuelve la inseguridad que se vive en el país y tenemos muy claro que el legislador intenta desdibujar, hacer a un lado a los gobiernos municipales, que somos el nivel de gobierno más próximo, más cercano a la población y quienes bien tenemos derechos y obligaciones en materia de seguridad pública”, aseguró Espinosa Torres.

Además, aseguró estar convencido que, desde el punto de vista estrictamente jurídico, les asiste la razón.

El coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez Jiménez, informó que en su bancada y en la del PT, ya pasaron a firma de sus integrantes la solicitud de Acción de Inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior que presentarán la próxima semana ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Además, aclaró que los panistas que acompañen este recurso lo harán por su cuenta.

Por su parte, el senador Alejandro Encinas, sin bancada, expresó su certeza de que se presentarán diversas impugnaciones ante la Corte, entre ellas la del Senado, y se acumularán todas para que resuelva el máximo tribunal.

El Universal
Ricardo Moya
 y Juan Arvizu
Ciudad de México
Sábado 13 enero 2018.


Según el rotativo, uno de los factores que influyen en la falta de buenos resultados de un sistema que creó los juicios orales es la corrupción de las instituciones creadas

"Caóticos". Así es como describe el diario estadounidense los resultados, hasta el momento, del sistema de justicia penal vigente en México desde hace poco más de un año. Citando a expertos y jueces, el rotativo habla de una "crisis" judicial y de una serie de deficiencias que afectan la aplicación de un esquema en el que el gobierno de Estados Unidos ha invertido muchos recursos.

De acuerdo con el Post, los pleitos y la confusión prevalecen en cada aspecto de la cadena legal, y una reforma que tenía por objetivo convertir a una policía "ineficiente" en investigadores profesionales; fortalecer la independencia judicial y dar más derechos a los acusados, para evitar por ejemplo confesiones bajo tortura, en la práctica ha sido un desastre.

La policía, indica el rotativo, se queja de burocratismo, de falta de entrenamiento y de recursos; los fiscales acusan a los jueces de liberar a los delincuentes; los jueces culpan a una policía mal entrenada y denuncian la falta de seguridad en la que trabajan en un país con altos índices de violencia.

El juez José Ramón Cossío, juez de la Suprema Corte, señaló en entrevista con el diario estadounidense que:

"La reforma va mal. Hay muchos problemas pequeños que, en conjunto, están causando lo que creo es una importante crisis".

Para Estados Unidos, indica el Post, el problema no es menor, considerando que ha contribuido con más de 300 millones de dólares desde 2008 para equipar a las cortes, entrenar a la policía y al personal judicial.

Uno de los factores que a decir del periódico estadounidense influyen en la falta de buenos resultados de un sistema que creó los juicios orales para agilizar la resolución de casos, es la corrupción en instituciones creadas, señala, "hace décadas por un Estado autoritario".

Los jueces, destaca, exigen una precisión legal como la que hay en las cortes en Washington y Londres, cuando la policía no está entrenada para ello y tiene que trabajar en lugares que parecen, subraya, "zonas de guerra".

Una de las grandes polémicas es la cantidad de acusados que están en las calles. El Post indica, citando a autoridades carcelarias mexicanas, que México tiene hoy unos 202 mil 700 prisioneros, en comparación con los 235 mil 900 que había antes de que entraran en vigor los cambios, en junio de 2016.

Además de denunciar los riesgos que ello conlleva, muchos apuntan a los jueces por este hecho. Sin embargo, el juez Juan Antonio Rubio Gutiérrez se quejó en entrevista con el Post de que muchos sospechosos quedan libres por errores cometidos por policías y fiscales pobremente entrenados, por errores de procedimiento cometidos por oficiales que no están acostumbrados a llenar reportes como los que ahora es necesario entregar.

Los policías, indica el diario, tienen sus propias quejas. "Somos débiles", dijo al Post, Fidel Moreno Robledo, jefe policial en Ocotlán, Jalisco. No sólo es la escasez de personal, afirmó, sino que bajo el nuevo sistema ya no pueden hacer cateos tan fácilmente, y hay que justificar cada acto, y que el "más mínimo error" en el papeleo puede traducirse en que "un criminal, un secuestrador, un asesino, salga libre". Eso sin contar con la violencia que la policía tiene que enfrentar cada día.

Los jueces alegan que tampoco la tienen fácil y citan como ejemplo el que, si bien antes trabajaban a puertas cerradas, en aras de una mayor transparencia hoy tienen que estar en audiencias frente a frente, y en público, ante los sospechosos.

"Es mucho más peligroso. Estás frente a criminales", dijo Rubio Gutiérrez al Post.

El periódico pone como ejemplo el hallazgo, en Guadalajara, de un cuerpo descuartizado frente a una corte, con una advertencia: "Sigues tú". Todos estos problemas han llevado a algunos a plantear la posibilidad del sistema anterior. Sin embargo, funcionarios de procuración de justicia alertan contra cualquier retroceso y se mostraron confiados en que, a la larga, los cambios derivarán en investigaciones más rigurosas y en que las deficiencias terminarán.

El Universal
Ciudad de México
Sábado 30 diciembre 2017.


La Suprema Corte de Justicia declaró hoy la validez Constitucional de la reforma de Jalisco que reducirá el financiamiento público estatal a los partidos políticos nacionales, conocida como Ley Kumamoto o #SinVotoNoHayDinero.

Por siete votos contra cuatro, el Pleno de la Corte rechazó un proyecto que anulaba la reforma al artículo 13 de la Constitución de Jalisco impulsada por el diputado independiente Pedro Kumamoto, en la primera ocasión que el máximo tribunal revisó este tema.

La mayoría estableció que la libertad de configuración de los Estados en materia de financiamiento a partidos políticos es de la amplitud necesaria para permitir una reforma como la de Jalisco, lo que abre la puerta a que otras entidades intenten cambios similares.

Algunos Ministros agregaron que no se puede hablar de inequidad entre partidos nacionales y estatales, pues no se trata de grupos que se puedan comparar entre ellos.

El Ministro Fernando Franco destacó que los partidos nacionales "son mucho más grandes" que los locales.

"Los Estados gozan de libertad de configuración para establecer el financiamiento de los partidos nacionales, siempre y cuando sea equitativo y resista un análisis de reglas objetivas y aplicables para todos los partidos", agregó Arturo Zaldívar.

Según el Congreso de Jalisco, la reforma le ahorrará 180 millones de pesos anuales a partir de 2019, aunque el proyecto rechazado en la Corte, del Ministro Jorge Pardo, afirmaba que en realidad la reforma incrementará el gasto, al crear dos bolsas distintas para el financiamiento.

En el esquema anterior, había una sola bolsa para todos los partidos, que se calculaba de multiplicar el total de ciudadanos empadronados al corte del mes de julio, por el 65 por ciento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Este esquema, luego de la reforma Kumamoto, ya sólo aplica a partidos estatales.

Para los partidos nacionales se creó uno distinto: el padrón por 20 por ciento de la UMA en años no electorales, y el número de votos válidos obtenidos en la elección previa por 65 por ciento de la UMA, para gasto en año electoral.

El proyecto de Pardo afirmaba que la introducción de elementos como el voto válido obtenido para calcular financiamiento es contrario a la Ley General de Partidos Políticos, que sólo contempla el padrón como parámetro de cálculo.

Agregaba que se generaba trato inequitativo injustificado en perjuicio de los partidos nacionales, cuando la Ley General prohíbe reducirles el financiamiento local so pretexto de lo que reciben sus dirigencias del erario federal.

Entre la mayoría de Ministros hubo discrepancias entre el tema de libertad de configuración, pues algunos señalaron que sólo se debe tomar en cuenta el Artículo 116 de la Constitución que no fija mayores reglas a los Estados, mientras que otros enfatizaron que sí se deben tomar en cuenta los parámetros de la Ley General, que son más detallados.

Reforma
Víctor Fuentes
Ciudad de México
Lunes 28 de agosto de 2017.


La Corte invalida artículos del Código Civil de Puebla que excluyen el matrimonio igualitario

La Suprema Corte de Justicia legalizó hoy el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Estado de Puebla, al invalidar, con efectos generales, la definición tradicional prevista en el Código Civil local.

Por unanimidad, aunque con matices de algunos Ministros, el Pleno de la Corte anuló porciones de los artículos 294, 297 y 300 del Código Civil de Puebla, y estableció que las alusiones a "un solo hombre y una sola mujer", deben entenderse en el sentido de que tanto el matrimonio como el concubinato son accesibles también a parejas del mismo sexo.

Además, fue anulada la mención a que el matrimonio tiene el propósito de "perpetuar la especie", con argumentos que la Corte ha sostenido desde hace años en el sentido de que se violan derechos humanos de trato igualitario, no discriminación por orientación sexual y libre desarrollo de la personalidad.

Puebla es el tercer estado del País en el que las bodas gay son legalizadas por la Corte, pues sentencias similares fueron dictadas para invalidar la definición tradicional de matrimonio en Jalisco y Chiapas.

En esos tres casos, la Corte resolvió acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que a su vez aprovechó reformas a los códigos civiles cuyo único objetivo fue prohibir el matrimonio entre menores de 18 años.

La Corte ha considerado que, como en dichas reformas se reiteró la definición tradicional de matrimonio heterosexual, la CNDH sí podía utilizarlas como base para impugnar la no previsión legal del matrimonio homosexual.

En otros estados, como Oaxaca y Nuevo León, la Corte ha concedido amparos a parejas que han manifestado su intención de casarse, e incluso a personas que dicen ser homosexuales aún si no han intentado contraer matrimonio.

Estos amparos, sin embargo, no tienen los efectos generales de las sentencias dictadas en acciones de inconstitucionalidad, sino que solo benefician a quienes los promueven.

La Ciudad de México, Coahuila, Nayarit, Quintana Roo, Campeche, Colima, Morelos y Michoacán prevén legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que el Registro Civil de estados como Sonora ha empezado a reconocerlos sin necesidad de reformar el Código Civil.

La Corte invalida artículos del Código Civil de Puebla que excluyen el matrimonio igualitario

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el artículo 300 del Código Civil de Puebla donde se establece que el matrimonio debe ser sólo entre un hombre y una mujer.

Por unanimidad, el pleno de la SCJN resolvió la acción de inconstitucionalidad 29/2016 que fue presentada en marzo del año pasado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del Código Civil, por excluir el matrimonio igualitario.

Aunque desde junio de 2015 la Corte reconoció las uniones entre parejas del mismo sexo en todo el país, a través de la jurisprudencia 43/2015, el Congreso local se ha negado acatar la disposición constitucional.

En septiembre pasado, el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso, Jorge Aguilar Chedraui, señaló que entre los legisladores no había una mayoría que permitiera aprobar una reforma al Código Civil para permitir el matrimonio igualitario.

En la prensa local se relacionó esa postura con la intervención del arzobispo Víctor Sánchez Espinosa, quien junto con otros clérigos participó en la “Marcha por la Familia” realizada en esta capital en esas fechas.

Días antes el diputado panista Pablo Rodríguez Regordosa expresó que trabajaba en una iniciativa que contemplaba la creación de una nueva figura jurídica que llevaría el nombre de “isomonio” para identificar a las uniones entre personas del mismo sexo, sin embargo, la propuesta nunca se presentó.

En la ponencia presentada por el ministro Eduardo Medina Mora, donde se declara inválido el artículo 300, también se ordenó al Congreso local modificar la porción normativa del artículo 294, que establece que uno de los objetivos del matrimonio es “perpetuar la especie”.

En el fallo se mencionan otras correcciones que deberá acatar el Legislativo poblano, donde se hace referencia a la unión de “un solo hombre y una sola mujer”, “entre un solo hombre y una sola mujer” y “como marido y mujer”, para que sean sustituidos por “dos personas del mismo o de diferente sexo”.

Medina Mora consideró que el Código Civil de Puebla genera una violación al principio de igualdad, porque da un trato diferenciado a las parejas homosexuales al excluir a las personas del mismo sexo para contraer matrimonio.

Brahim Zamora, integrante del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, dijo que es muy probable que ahora el Congreso local busque alargar por el mayor tiempo posible la concreción de los cambios legislativos ordenados por la SCJN, aunque esto ya lo hizo por más de dos años.

La diputada Socorro Quezada Tiempo recordó que en julio de 2015 presentó una iniciativa de matrimonio igualitario que no fue aprobada por sus compañeros legisladores.

La también dirigente estatal del PRD pidió que en agosto o septiembre se convoque a una sesión extraordinaria para adecuar el Código Civil en Puebla conforme a la resolución que emitió este martes la SCJN.

Proceso
Reforma
Víctor Fuentes
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, México
Martes 01 de agosto de 2017.


La Segunda Sala revisará el primero de múltiples amparos promovidos por Pemex Logística

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia discutirá hoy un proyecto que ampara a Petróleos Mexicanos (Pemex) contra la obligación de pagar los costos de los derrames provocados por ordeña de ductos.

La Segunda Sala revisará el primero de múltiples amparos promovidos por Pemex Logística para impugnar sanciones impuestas tanto por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), como por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, que es la actual encargada del tema.

Los casos han sido atraídos por la Corte para aclarar si Pemex debe ser considerada como responsable cuando los derrames se originan por actos ilícitos, básicamente las tomas clandestinas que se han agudizado en los últimos meses.

Fuentes cercanas al caso informaron que el ministro Eduardo Medina Mora propuso conceder el amparo a la empresa estatal, aunque están por verse los alcances de la interpretación legal que hará la Sala, si es que es aprobado el proyecto, que no fue publicado previamente.

La Ministra Margarita Luna Ramos, una de las cinco integrantes de la Sala, no estará presente en la sesión, y el proyecto ya había sido discutido en privado el 17 de mayo, cuando algunos Ministros pidieron más tiempo para aclarar dudas.

"¿La responsabilidad que deriva para Pemex Refinación por las actividades que se relacionen a la exploración, refinación, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, es de carácter objetiva y solidaria, y debe reparar el daño producido, inclusive, por terceros?", es una de las preguntas que busca aclarar la Corte.

Si bien la póliza de seguro de Pemex cubre los daños por derrames, fuentes cercanas al tema explicaron que la cobertura aplica cuando el siniestro se origina por actos ilícitos como las tomas clandestinas.

Los litigios de Pemex contra Profepa, y ahora contra ASEA, por sanciones, inspecciones y otros procedimientos ambientales son constantes, y actualmente, la empresa mantiene al menos 102 juicios de nulidad contra ambas agencias ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), aunque algunos de ellos son por derrames imputables al propio Pemex que no son parte del debate en la Corte.

De 2003 a 2015, Pemex Refinación tuvo que adjudicar más de 160 contratos para remediar sitios dañados por tomas clandestinas, mientras que Pemex Exploración y Producción adjudicó otros 16, y los quince contratos más costosos de ambas empresas sumaron aproximadamente de 400 millones de pesos.

Además, la empresa estimó que su "pasivo ambiental" por derrames derivados de ordeña abarcaba mil 161 hectáreas al cierre de dos mil quince.

Limita SCJN competencia de Pemex en ordeña

La Suprema Corte de Justicia aclaró hoy, por primera vez, los límites de la responsabilidad de Pemex ante derrames provocados por tomas clandestinas.

La Segunda Sala de la Corte estableció que la empresa estatal no tiene que responder por todas y cada una de las consecuencias y daños que provocan dichos derrames, tanto a la población como al medio ambiente.

Sin embargo, los ministros aclararon que Pemex sí es responsable por la contención inmediata de la fuga y la rehabilitación de las zonas afectadas, incluso cuando sean ocasionadas por actos ilícitos.

"Pemex no tiene que resarcir absolutamente todos los daños materiales y humanos causados, a menos que en una demanda de responsabilidad patrimonial se pruebe que existió negligencia de su parte", explicó una fuente de la Corte.

Por tres votos contra uno, la Sala amparó a Pemex Logística en un litigio promovido contra la orden de la Agencia de Seguridad y Protección al Ambiente en Materia de Hidrocarburos (ASEA), para remediar un derrame de gasolina magna en el Municipio de González, Tamaulipas, en enero de 2014.

La versión final de la sentencia, aprobada hoy con voto en contra del Ministro Javier Láynez, será conocida dentro de algunas semanas y en ella aparecerán los criterios de la sala, que discutió el asunto en privado y en la sesión pública se limitó a votarlo.

En los últimos meses, la Corte atrajo múltiples amparos de Pemex contra órdenes de este tipo de la ASEA y la Profepa, que era su supervisora antes de la reforma energética.

Actualmente, la empresa litiga al menos 102 juicios de nulidad contra estas agencias, en los que alega que no debe responder por delitos cometidos por terceros.

De 2003 a 2015, Pemex Refinación tuvo que adjudicar más de 160 contratos para remediar sitios dañados por tomas clandestinas, mientras que Pemex Exploración y Producción adjudicó otros 16, y los quince contratos más costosos de ambas empresas sumaron alrededor de 400 millones de pesos.

Además, la empresa estimó que su "pasivo ambiental" por derrames derivados de ordeña abarcaba mil 161 hectáreas.

Si bien la póliza de seguro de Pemex cubre los daños por derrames, fuentes cercanas al tema explicaron que la cobertura no aplica cuando el siniestro se origina por actos ilícitos como las tomas clandestinas, sino que sólo abarca los casos derivados de acciones o errores de la propia empresa.

Reforma
Víctor Fuentes
Ciudad de México
Miércoles 24 de mayo de 2017.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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