La Primera Sala de la SCJN desechó un recurso del Congreso de Puebla


La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó un recurso de reclamación del Congreso de Puebla y ratificó el freno a la extinción del Cabildo de Tehuacán.

La Primera Sala del máximo tribunal del país rechazó el recurso 97/2020, uno de los dos con los cuales el Poder Legislativo pretende ejecutar la desaparición de poderes en el municipio.

Los ministros dejaron firme la suspensión tras declarar infundados los argumentos con los que se pretendía echarla abajo.

La desaparición del Cabildo esta “congelada” desde el 1 de septiembre del año pasado, como medida cautelar concedida al ayuntamiento tras promover la controversia constitucional 118/2020.

La Corte publicó el nuevo fallo en favor del ayuntamiento el viernes, para que sea notificado a las partes y, solo por procedimiento, a la Fiscalía General de la República (FGR).

“Vista la sentencia, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se confirmó el acuerdo recurrido de uno de septiembre de dos mil veinte, emitido en la controversia constitucional 118/2020; se ordena su notificación por oficio a las partes, en su residencia oficial al Poder Legislativo del Estado de Puebla y por oficio electrónico a la Fiscalía General de la República y envíese copia certificada a la controversia constitucional anteriormente citada, para los efectos legales a que haya lugar”, dicta el acuerdo.

La SCJN decretó la medida cautelar en tanto se resuelve el fondo del asunto, por lo que ordenó al Poder Legislativo abstenerse de ejecutar la extinción del Cabildo.

A pesar de esto, el 21 de septiembre el pleno aprobó por mayoría la desaparición de poderes y hasta eligió el Consejo Municipal que remplazaría al Cabildo.

Posteriormente el 8 de octubre impugnó el freno a la desaparición del Cabildo mediante dos recursos de reclamación, el 97/2020 y el 99/2020.

e-consulta
Héctor Llorame
Puebla, México
Domingo 14 de febrero de 2021.


•    Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), negó amparo interpuesto por el pueblo maseual de la Sierra Norte de Puebla, contra la Ley Minera.

•    La Semarnat expresó su consternación ante la resolución de la Segunda Sala de la SCJN que negó un amparo interpuesto por el pueblo maseual

Ciudad de México.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales expresó su consternación ante la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que negó un amparo interpuesto por el pueblo maseual, que habita en la Sierra Norte de Puebla, contra la Ley Minera.

“La Semarnat manifiesta su preocupación por el resolutivo que niega conceder el amparo a los quejosos que reclaman la inconstitucionalidad de diversos artículos que regulan el sistema de concesiones de la Ley Minera, ya que éstos no contemplan el deber de consultar a los pueblos indígenas cuando puedan afectarse sus derechos e intereses”, manifestó.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ley Minera establece actos de autoridad que podrían afectar a los pueblos y comunidades indígenas, así como los hábitats y ecosistemas en los que se encuentran asentados.

“Es decir, sus territorios y su relación con el acceso preferente a los recursos naturales, como lo establecen nuestro artículo 2º Constitucional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por México”, indicó.

Recordó que el derecho a la consulta a los pueblos indígenas está reconocido por el derecho internacional, así como por nuestro marco constitucional que reconoce el artículo 1º de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos.

“De tal forma, las leyes que emanen de la Constitución deben estar apegadas al marco constitucional. En caso contrario, por lógica jurídica, el ordenamiento legal debe considerarse inconstitucional. En este sentido, la Semarnat no comparte el criterio expresado hoy por el Pleno de la Segunda Sala, al haber declarado lo contrario en su resolución”, señaló.

A pesar de lo anterior, la Semarnat dijo que respeta el trabajo del Pleno de la Segunda Sala de la SCJN y ratifica su compromiso con los pueblos indígenas de México en el reconocimiento del derecho a la consulta, el fortalecimiento del marco de derechos humanos y ambientales y la obligación del Estado mexicano de garantizarlos y hacerlos efectivos.

                                                         ANTECEDENTE

Amparan a comunidades del Pueblo Maseual de la Sierra Nororiental de Puebla en contra de concesiones mineras


La sentencia sienta un precedente importante respecto de la minería en territorios indígenas.
El marco jurídico de la minería en México debe ser revisado para garantizar la autonomía de los pueblos indígenas y comunidades equiparables y para no interferir con el control cultural de los recursos naturales tradicionalmente manejados.
 
El pasado 26 de septiembre, integrantes del Pueblo Maseual (nahua) de la Sierra Nororiental de Puebla obtuvieron un amparo y protección de la justicia, en contra de las concesiones mineras Atexcaco I», «Atexcaco II» y «Macuilquila», que inciden principalmente sobre los municipios de Tlatlauquietepec, Yahonoahua y Cuetzalan. Dicha sentencia sienta un precedente importante respecto de la minería en territorios indígenas.
 
El Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión, a integrantes del pueblo maseual (nahua) de la Sierra Nororiental de Puebla. En marzo del 2015, este pueblo interpuso dicha demanda de amparo después de varios procesos de reflexión colectiva y por mandato de la Asamblea, que determinó defender el territorio ancestral y por lo mismo reclamar los actos de autoridad.
 
La decisión de interponer esta demanda de amparo, fue por considerar que estos actos de autoridad constituyen una grave violación al derecho del pueblo maseual a la libre determinación y control de su territorio, derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución Mexicana y en varios tratados internacionales ratificados por México. Después de varios años de litigio, el pueblo maseual ha obtenido una sentencia favorable donde se le ordena a la Secretaría de Economía: (i) dejar sin efectos las tres concesiones mineras, así como su inscripción en el Registro Público de Minería; (ii) llevar a cabo una consulta previa, informada, culturalmente adecuada, y de buena fe; y (iii) emitir un nuevo pronunciamiento respecto la procedencia de las concesiones.
 
En septiembre de 2014, 3000 indígenas maseual reunidos en asamblea en la comunidad de Zacatipan, municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, ejercieron su derecho a la autonomía encomendaron al Consejo Maseual Altepetajpianij el deber de llevar a cabo las acciones necesarias para la defensa del territorio. Con la asesoría del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), se presentó la demanda de amparo alegando la inconstitucionalidad de la Ley Minera, así como la violación de los derechos del pueblo maseual a la autodeterminación y al control de los recursos naturales por la expedición de las concesiones mineras referidas.[1]
 
En la sentencia, el Juzgado reconoció tal ejercicio de autodeterminación, junto con los peritajes en antropología, impacto ambiental y topografía y agrimensura, para corroborar el interés legítimo para acudir al juicio de amparo del Pueblo Maseual.
 
Asimismo, con base en el peritaje en impacto ambiental, la Jueza reconoció que la actividad minera «conlleva afectaciones en el ecosistema y sus habitantes, que transitan desde un impacto negativo en la biodiversidad, flora, fauna, en el ciclo hidrológico, sistema hidrogeológico, (subterráneo y superficial), calidad del agua, composición del suelo, agricultura, servicios de aprovisionamiento, de regulación de clima, de crecidas, de inundaciones, de control de erosión, depositación de sedimentos, sequías, regulación de enfermedades, purificación del agua y fertilización de suelos; hasta influencia relevante en la calidad del aire, ruido y modificación de la topografía y del paisaje.»
 
Este fallo judicial deja en claro que el marco jurídico de la minería en México debe ser revisado y modificados, pues es imprescindible que: (i) se garantice la autonomía de los pueblos indígenas y comunidades equiparables y (ii) no se interfiera con el control cultural de los recursos naturales tradicionalmente manejados. Igualmente este fallo se une a otras decisiones del Poder Judicial de la Federación, que han contribuido a la construcción del Estado pluricultural en México y que los Poderes Legislativos y Ejecutivo están llamados a atender.

Excélsior
Ernesto Méndez
Ciudad de México
Viernes 15 enero 2021.


El presidente de la Corte aseguró que la mayoría de las y los juzgadores honran su investidura y cargo


El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tiene seis denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por actos de corrupción en el Poder Judicial, entre ellas, por la venta de los exámenes de concurso para jueces federales.

Así lo presenta el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al rendir su segundo informe de labores ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y representantes del Congreso de la Unión.

Zaldívar destacó que la reforma judicial recientemente aprobada, y con la que se busca reparar la confianza rota en la justicia mexicana, fue producto de una colaboración inédita entre poderes, cuyos ejes fueron la autonomía e independencia de los juzgadores, así como la consolidación de una justicia de calidad, eficiente y cercana a la gente.

“En este país no habrá justicia mientras las cárceles sigan repletas de personas pobres a quienes se les fabrican delitos, los más olvidados no tienen una defensa de calidad y sus vidas sean desechables para la procuración e impartición de justicia”, puntualizó.

Destacó que la gran mayoría de las y los juzgadores federales son personas que honran su investidura y que a pesar de la pandemia, la justicia federal no se detuvo.

Luego de ocho meses de sesionar a distancia, el pleno de ministros sesionó presencialmente ayer en la sede del máximo tribunal del país para escuchar el mensaje de Zaldívar.

El Sol de México
Juan Pablo Reyes
Ciudad de México
Miércoles 16 de diciembre 2020.


•    Sin mencionarlo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exhibe al veracruzano Gabriel Biestro Medinilla, presidente de la LX Legislatura como un sujeto sin criterio propio y subordinado del jefe del Ejecutivo local, Luis Miguel Barbosa Huerta.


•    El Alto Tribunal advirtió que se presumirán ciertos los hechos que se le imputan y se le impondrá una multa de diez a 180 días de salario


La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso del Estado dejar sin efectos la desaparición del Cabildo de Tehuacán y el nombramiento del concejo municipal o que rinda un informe para justificar la decisión. La medida es provisional y no definitiva dado que aún no se resuelven las controversias constitucionales promovidas por el alcalde Andrés Caballero.

Así lo determinó derivado del recurso de queja 7/2020 promovido por el presidente municipal suplente de Tehuacán, Andrés Artemio Caballero López. En ese sentido requirió al Poder Legislativo, para que, dentro del plazo de 15 días hábiles deje sin efectos los actos que dieron lugar a este asunto.

O bien que rinda un informe y ofrezca pruebas en relación con lo determinado en el acuerdo de suspensión, precisando los actos que han llevado a cabo un cabo para cumplir con la medida cautelar decretada, es decir deberá justificar la extinción.

De no hacerlo, el Alto Tribunal advirtió que se presumirán ciertos hechos que se le imputan y se le impondrá una multa de diez a 180 días de salario.

 “En esta lógica, con copia simple del escrito de agravios, se requiere al Poder Legislativo del Estado de Puebla, para que, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, deje sin efectos los actos que dieron lugar al presente recurso, o bien, rindan un informe y ofrezca pruebas en relación con lo determinado en el acuerdo de suspensión, precisando los actos que han llevado a cabo para cumplir con la medida cautelar decretada, apercibido que , de no hacerlo, se presumirán ciertos hechos que se imputan y se les impondrá una multa de diez a ciento ochenta días de salario ”, señala la notificación.

El acuerdo publicado el 29 de octubre es consecuencia del recurso de queja promovido por Caballero López, derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 118/2020, la primera interpuesta por el alcalde.

El presidente municipal suplente acusó que el Poder Legislativo violó la suspensión concedida por la Corte el 1 de septiembre de este año, cuando ordenó suspender la ejecución de actos hasta que se resuelva el fondo de las controversias constitucionales 118/2020 y 120/2020.

Pese al ordenamiento, el 21 de septiembre la mayoría del Congreso del Estado aprobó la desaparición del Ayuntamiento de Tehuacán y el nombramiento de un concejo municipal, no obstante la medida no se ejecutó hasta que la Suprema Corte resuelva el fondo de las controversias constitucionales.

El Sol de Puebla
Berenice Martínez
Ciudad de Puebla
Viernes 30 de octubre de 2020.


•    El Congreso acumula una veintena de juicios por reformas o acuerdos impugnados

El Congreso de Puebla se ha ganado sentencias y apercibimientos innecesarios de la SCJN por exceder facultades, incurrir en omisiones, o incumplir fallos y requerimientos previos.

La LX Legislatura no solo acumula una veintena de juicios por reformas o acuerdos impugnados, sino que también suma llamados de atención por no acatar mandatos.

Los últimos "coscorrones" de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los dio a conocer el viernes el presidente de la LX Legislatura, Gabriel Biestro Medinilla.

En rueda de prensa admitió que se ordenó al legislativo poblano cumplir sentencias sobre los matrimonios igualitarios, el cobro en efectivo en plataformas de transporte y sobre la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El alto tribunal instruyó reconocer en todo el país los matrimonios entre personas del mismo sexo desde 2017, pero la LIX y la LX Legislatura se negaron.

La última negativa fue el 8 de octubre de 2019, cuando diputados de Morena, PAN, PT, PVEM y PES votaron en contra de legislar las uniones civiles.

El cobro en efectivo para las plataformas de transporte ejecutivo fue validado desde julio de 2019, pero los diputados no han eliminado de la ley la prohibición establecida en 2017 por la legislatura anterior.

Incumplen informe

También el viernes la SCJN ventiló que el Congreso local entregó fuera de plazo el informe sobre una reforma impugnada por la CNDH.

El alto tribunal requirió información sobre las modificaciones a la Ley de Derechos de las Comunidades y Pueblos Indígenas, como parte de la acción de inconstitucionalidad 111/2020.

"[...] el oficio y los anexos del Poder Legislativo del Estado, registrados con el número 11391 en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se recibieron en el “Buzón Judicial” de este Alto Tribunal el 19 de agosto de 2020, es decir, fuera del plazo legal de quince días hábiles a que hace referencia el artículo 64, párrafo primero, de la normativa reglamentaria, otorgado mediante auto de 18 de febrero de este año; el cual transcurrió del jueves 12 de marzo al lunes 3 de agosto de 2020", exhibe una notificación en el portal de la SCJN.

Exceden facultades

El 29 de septiembre la Corte exhibió que el legislativo poblano invadió facultades del Congreso de la Unión, al avalar cobros de alumbrado público en 15 municipios.

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 97/2020, también interpuesta por la CNDH, el alto tribunal invalidó por inconstitucionales los cobros, aprobados por el Congreso del estado en las leyes de ingresos de este año.

A la vez ordenó a los legisladores abstenerse de aprobar algo similar en el futuro, pues el cobro del alumbrado es un impuesto únicamente puede fijar el Congreso federal.

Cumplen a medias

El 7 de septiembre la Corte exhibió otro incumplimiento, pues el Congreso de Puebla no envió constancias de que las reformas electorales impugnadas por PT y MC fueron aprobadas en la mayoría de municipios del estado.

“No ha lugar a tener por desahogado el requerimiento formulado en proveído de siete de septiembre del presente año, pues las constancias que remite la Secretaría General del Congreso de Puebla en la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada se advierte que no constan en su totalidad los antecedentes legislativos de los decretos impugnados, esto, porque no se remitieron las constancias relacionadas con la aprobación de los ayuntamientos a la reforma constitucional respectiva.

En consecuencia, se requiere al Poder Legislativo del Estado de Puebla, por conducto de quien legalmente lo representa, para que, dentro del plazo de dos días naturales, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, remita las documentales de referencia; subsistiendo el apercibimiento de multa decretado en acuerdo de referencia”, dictaba el acuerdo sobre los juicios 245/2020 y 250/2020.

Frenan extinción de Cabildo


El 1 y el 23 de septiembre la Corte concedió dos suspensiones al ayuntamiento de Tehuacán, para frenar la extinción del Cabildo.

Como partes de las controversias constitucionales 118/2020 y 120/2020, ordenó al Congreso local "abstenerse" de ejecutar la desaparición de poderes en tanto no se resuelva el asunto de fondo.

Como el 21 de septiembre los diputados aprobaron por mayoría la extinción del Cabildo y hasta eligieron el concejo municipal que lo remplazaría, el poder Legislativo interpuso tres recursos de reclamación para intentar revocar las suspensiones.

Les corrigen la plana y lo ignoran

En seis sentencias definitivas la Corte ha corregido la plana al poder Legislativo, pero a pesar de eso los diputados han repetido el mismo error.

Las seis resoluciones derivan de acciones de inconstitucionalidad promovidas por la CNDH, y con ellas se invalidaron cobros por el servicio de transparencia en 109 municipios.

La Corte declaró excesivos y desproporcionados los cobros aprobados por el Congreso local en 2018 y ordenó que no se volvieran a establecer en las leyes de ingresos.

A pesar de eso, los diputados volvieron a aprobar cobros por transparencia, así que la CNDH interpuso otra vez dos acciones de inconstitucionalidad, la 14/2020 y la 87/2020, que aún están pendientes de resolverse.

e-consulta
Héctor Llorame
Ciudad de Puebla
Domingo 18 octubre 2020.


Barbosa y sus subordinados del Congreso tienen dos días para cumplir con requerimientos de la Corte o habrá sanciones


La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amagó con multar al gobierno de Puebla y al Congreso local por no cumplir en su totalidad los requerimientos que hizo debido a los juicios que hay contra las reformas electorales.

El alto tribunal publicó el lunes la ejecutoria de los apercibimientos, sin embargo, no reveló el monto de cada multa en su portal de internet.

La notificación únicamente advierte que el gobierno estatal y el poder Legislativo tendrán un plazo de dos días para entregar lo ordenado y habrá sanciones si no cumplen.

El apercibimiento de la SCJN se deriva de las acciones de inconstitucionalidad 245/2020 y 250/2020, promovidas el mes pasado por PT y MC contra las reformas electorales aprobadas por el Congreso local.

El incumplimiento atribuido al gobierno de Puebla se debe a que el ejemplar del Periódico Oficial del Estado (POE) del 29 de julio que pidió la Corte no iba firmado por el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez.

La copia fue solicitada el 7 de septiembre, pero al considerarse inválida la que se recibió, la SCJN dio por no desahogado el requerimiento.

“No ha lugar a tener por desahogado el requerimiento formulado en acuerdo de siete de septiembre del presente año, ya que en la copia del ejemplar del Periódico Oficial del Estado en el que se publicó el decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla que remitió, no consta la firma autógrafa del servidor público autorizado para su certificación.

En consecuencia, se requiere al Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, para que, dentro del plazo de dos días naturales, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, copia certificada de dicho documento; subsistiendo el apercibimiento de multa decretado en acuerdo de referencia”, señala el acuerdo de la Corte.

Faltan documentos al Congreso

El Congreso de Puebla no cumplió a plenitud con el informe justificado que se le ordenó, pues no envió las constancias de que la reforma constitucional impugnada fue aprobada en la mayoría de municipios del estado.

“No ha lugar a tener por desahogado el requerimiento formulado en proveído de siete de septiembre del presente año, pues las constancias que remite la Secretaria General del Congreso de Puebla en la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada se advierte que no constan en su totalidad los antecedentes legislativos de los decretos impugnados, esto, porque no se remitieron las constancias relacionadas con la aprobación de los ayuntamientos a la reforma constitucional respectiva.

En consecuencia, se requiere al Poder Legislativo del Estado de Puebla, por conducto de quien legalmente lo representa, para que, dentro del plazo de dos días naturales, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, remita las documentales de referencia; subsistiendo el apercibimiento de multa decretado en acuerdo de referencia”, puntualiza el acuerdo de la SCJN.

Cumplen TEPJF, INE e IEE

La notificación de la Corte precisa que el TEPJF, el INE y el Instituto Electoral del Estado (IEE) sí dieron cumplimiento a los requerimientos.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) entregó una opinión de inconstitucionalidad, donde emite un veredicto respecto a la validez de las reformas.

El Instituto Nacional Electoral (INE) remitió las constancias que reconocen a los promoventes de las impugnaciones como dirigentes nacionales de PT y MC.

El IEE a su vez cumplió con informar que la fecha de inicio del proceso electoral “será entre el tres y cinco de noviembre de dos mil veinte”.

Los reclamos

En su impugnación el PT combate la eliminación de la diputación de primera minoría, conocida como la del “gran perdedor”, pues se asignaba a los candidatos a diputados locales que perdían la elección, pero obtenían el mayor número de votos dentro de sus partidos.

Movimiento Ciudadano (MC) busca revocar las modificaciones a los bloques de competitividad para candidaturas que establece el IEE, que plantea que las postulaciones de mujeres se den en municipios o distritos en los que tengan posibilidades de ganar.

Apenas la semana pasada MC impugnó también la reforma del gobernador Miguel Barbosa Huerta que prohíbe la propaganda electoral en la vía pública, misma que se habría promulgado fuera del plazo legal.

e-consulta
Héctor Llorame
Martes 6 de octubre 2020.

Ciudad de México. Por mayoría de seis votos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró hoy que es constitucional la materia de la consulta popular planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre un eventual juicio a ex mandatarios.

Los ministros se manifestaron en votación dividida, de seis a favor de la declaratoria de constitucionalidad y cinco en contra.

Los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel Mossa, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar afirmaron que la materia de este ejercicio no es contrario a lo que señala el artículo 35 de la Constitución.

En contra votaron el ponente, Luis María Aguilar Morales, Norma Lucía Piña Hernández, Javier Laynez Potisek,  Jorge Mario Pardo Rebolledo y José Fernando Franco González Salas.

Al iniciar la sesión, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, hizo este llamado: “Esperaría que hoy la Corte no desaprovechará la oportunidad de asumir, con responsabilidad histórica, su rol en la protección de los derechos humanos de participación política. No nos corresponde ser una puerta cerrada, sino el puente que permita a todas las personas intervenir en las grandes discusiones nacionales, con pleno respeto a la totalidad de nuestro marco constitucional".

La SCJN se declaró en receso, para revisar la formulación de la pregunta que se incluirá en esta consulta.

La Jornada
Eduardo Murillo
Ciudad de México
Jueves 01 octubre 2020.

 

Esta acción estipulaba el cobro por el servicio de alumbrado público a 15 municipios

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un revés al Congreso de Puebla, al invalidar un artículo de las Leyes de Ingresos de 15 municipios que establecía el pago de un impuesto para cubrir el servicio de alumbrado público.

Este martes, los ministros de la Corte resolvieron la acción de inconstitucionalidad 97/2020 que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), demandando la invalidez del artículo 21 de las Leyes de Ingresos de diversos municipios poblanos, para el ejercicio fiscal de 2020, publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 30 de diciembre de 2019.

Los municipios son Xochiltepec, Xochitlán de Vicente Suárez, Xochitlán Todos Santos, Yaonahuac, Yehualtepec, Zacapala, Zapotitlán, Zapotitlán de Méndez, Zaragoza, Zautla, Zihuateutla, Zinacatepec, Zongozotla, Zoquiapan y Zoquitlán.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, al configurar un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica, estas disposiciones violaban la competencia exclusiva del Congreso de la Unión establecida en el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5º, inciso a), de la Constitución General.

El Sol de Puebla
Berenice Martínez
Ciudad de Puebla
Martes 29 de sept. 2020.


El 30 de julio, un grupo de regidores de Tehuacán impugnó el acuerdo de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado de Puebla


La Sala Regional Ciudad de México del TEPJF determinó que no es competente para conocer y resolver la impugnación presentada por los regidores del Ayuntamiento de Tehuacán en contra del inicio del procedimiento de desaparición del Cabildo.

Este jueves en sesión pública no presencial, los magistrados resolvieron el juicio ciudadano SCM-JDC-113/2020 promovido por un grupo de regidores, entre ellos el de Gobernación, Israel Nasta de la Torre, y de Hacienda, Víctor Manuel Canaán Barquet, en contra del acuerdo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Puebla, que el 6 de julio indicó el inicio del procedimiento de desaparición del Ayuntamiento.

Señalaron que existe la controversia constitucional –promovida por el presidente municipal suplente de Tehuacán, Andrés Caballero López–, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), expediente en el que se concedió la suspensión provisional solicitada.

De esta forma, la Sala Regional Ciudad de México del tribunal electoral federal determinó que no tiene competencia para analizar la impugnación, pues la declaratoria de inicio de procedimiento y la revocación de mandato del Cabildo es un acto derivado de un proceso de responsabilidad política, por lo que no corresponde a la materia electoral y en consecuencia no puede ser revisado a través del sistema de medios de impugnación.

“Esta Sala no puede estudiarla pues no es competente para conocer la controversia, por lo anterior el proyecto propone declarar la incompetencia para resolver el juicio”, se resolvió.

El 30 de julio, un grupo de regidores de Tehuacán impugnó el acuerdo de la Comisión de Gobernación, ya que a su parecer, el procedimiento de desaparición afecta su derecho a ser votado “en la vertiente de ejercicio del cargo para el que fueron electos” .

Se debe mencionar que algunas de las irregularidades detectadas por el órgano legislativo son que los concejales integrantes de la Comisión Especial Transitoria de Tehuacán, creado cuando el edil Felipe Patjane aún estaba en funciones, incurrieron en uso indebido de facultades, aprobaron más de 700 movimientos, se aumentaron el sueldo, dieron de baja y contrataron a personal, y aprobaron viajes a Texas con cargo al erario público.

El Sol de Puebla
Berenice Martínez
Ciudad de Puebla, México
Jueves 17 de septiembre de 2020.


La Corte ordenó al Congreso de Puebla no emitir ningún fallo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenó la desaparición del Cabildo de Tehuacán que el Congreso de Puebla pretendía ejecutar por presuntas ilegalidades.

El máximo tribunal del país suspendió el procedimiento de disolución iniciado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales el pasado 6 de julio.

En un incidente de suspensión del juicio 118/2020 se ordenó al poder Legislativo no emitir un fallo en tanto no se resuelva la controversia constitucional que interpuso el ayuntamiento ante la Corte.

La suspensión fue concedida el pasado 1 de septiembre, pero apenas este miércoles se formalizó la notificación.

“Se concede la suspensión solicitada por el ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, para el efecto de que el Poder Legislativo de la entidad se abstengan (sic) de ejecutar las resoluciones que, en su caso, hayan dictado o pudieran dictar en relación con la desaparición del ayuntamiento, hasta en tanto se resuelva de fondo la presente controversia constitucional; en los términos precisados en el presente acuerdo”, puntualiza la notificación.

La misma enfatiza que la medida “surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superviniente”.

Favorece la Corte al Cabildo

La controversia constitucional fue presentada en la SCJN el 13 de agosto por el alcalde suplente, Artemio Caballero López, así que la suspensión llegó casi tres semanas después.

Los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia afines al gobernador Miguel Barbosa Huerta promueven la desaparición del Cabildo por presuntas ilegalidades cometidas durante el mandato del alcalde constitucional, Felipe Patjane Martínez, y después de que fue encarcelado en noviembre de 2019.

La Comisión de Gobernación, encabezada por la diputada Rafaela Vianey García Romero (de Morena), imputa supuestos actos de corrupción; usurpación de funciones; formación ilegal de una Comisión Especial Transitoria; adjudicación irregular de contratos; cambio injustificado de personal y el presunto abuso de facultades y atribuciones.

Las principales anomalías recaen sobre Patjane Martínez y los regidores que integraron la comisión transitoria: Israel Nasta de la Torre, Víctor Canaán Barquet y Yessenia Hernández Asunción.

Por estos y otros hechos supuestamente ilícitos el 19 de agosto fueron detenidos Canaán Barquet; el extesorero municipal, Andrés Escobedo Calderón; la ex contralora, Zamira Canaán Cerón, y la ex coordinadora de licitaciones, Ana Lucia Sánchez Reyes, todos cercanos a Patjane Martínez.

Sobrevive Cabildo de Tehuacán

La suspensión de la SCJN no tiene una vigencia, así que puede extenderse por varios meses, sin embargo, al gobierno municipal de Tehuacán solo le resta un año y un mes de gestión.

Esto significa que los regidores y el alcalde suplente podrán continuar en funciones por el tiempo que tarde en llegar la resolución definitiva de la Corte.

Cabe señalar que los diputados locales estimaban disolver el Cabildo en este mes de septiembre.

Desde el inicio del procedimiento los diputados y partidos de oposición han denunciado que la pretensión de extinguir el Cabildo de Tehuacán se trata de una venganza política por parte de Barbosa Huerta.

e-consulta
Héctor Llorame
Puebla, México
Miércoles 9 de septiembre 2020.

Página 1 de 6

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

Ventana al mundo

Síguenos en Twitter