El senador Ricardo Monreal, líder de los morenistas en la Cámara Alta, advirtió que la recién aprobada Ley de Educación de Puebla no refleja el espíritu de la Ley General de Educación federal y será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que tendrá que revisar su constitucionalidad.

Regreso Gradual

“La Legislación aprobada en Puebla, respecto a bienes muebles e inmuebles, desde mi punto de vista, no refleja el espíritu de la Ley General de Educación que aprobamos hace unos meses en el Congreso de la Unión”, dijo el coordinador de Morena en el Senado, durante una conferencia de prensa virtual.

De acuerdo con Monreal el “verdadero objetivo” de la Ley General de Educación Nacional es respetar el papel de las instituciones privadas en cumplimiento a los fines educativos que establece la Carta Magna y fortalecer el papel del Estado para vigilar y mantener el orden en los planes y programas de esas instituciones.

“Pero no se intentó y ni se intenta ni estamos de acuerdo en que se violenten derechos de las instituciones privadas”, señaló el legislador.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado dijo que, su opinión personal, es que se trató de “una armonización indebida” por parte del Congreso local en Puebla y que la Suprema Corte es la que tendrá que revisar si existe esa “contradicción” con los postulados principales de la Constitución.

“Estoy seguro de que el propio gobernador de Puebla coincide conmigo; estamos del lado de la legalidad y seremos los primeros en señalar los excesos o las malas interpretaciones al espíritu de la Ley General de Educación”, comentó Monreal.

Ley ambigua

Rectores de instituciones privadas del estado calificaron la ley, aprobada por el Congreso local apenas el 15 de mayo, como “ambigua” y alertaron sobre el control que estaría otorgando al gobierno poblano sobre las instituciones de educación privada.

El principal artículo que causó controversia fue el 105, según el cual, “los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de Puebla, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal”.

En su defensa, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, negó en Twitter que el alcance de la ley tenga que ver con “apropiarse” de los muebles e inmuebles privados sino de que “los mismos sirvan para los fines educativos destinados” y manifestó que el concepto de que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas privadas forman parte del Sistema Educativo Nacional está previsto en el propio artículo 99 de la Ley General de Educación, de aplicación nacional.

Según el artículo 99 de la Ley General de Educación aprobada en 2019, “los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Nacional”.

Proceso
Neldy San Martín
Ciudad de México
Lunes 25 de mayo de 2020.


Habitantes de pueblos macehuales de la entidad pidieron a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no respaldar el proyecto de resolución propuesto por el ministro Javier Laynez Potisek, que favorece a las compañías mineras y anula los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados sobre la explotación de sus recursos naturales.

En un video difundido en redes sociales, señalan que en estos días la SCJN resolverá un juicio de revisión 928/2019, en seguimiento al proceso que desde el 17 de marzo de 2014 iniciaron macehuales de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yahonahuac en contra del Estado mexicano y el Congreso de la Unión, por haber transgredido su derecho de autodeterminación a través de la Ley Minera.

De acuerdo con la demanda, a la que se unió el pueblo náhuatl de Zacualpan, Colima, la Ley Minera permite la expedición de títulos de concesión sin respetar el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, con lo que se violenta la Constitución del país y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado por México.

En el proyecto de resolución que por internet publicó Laynez Potisek, se niega la razón a las comunidades indígenas al considerar que el contenido de la Ley Minera no se vincula directamente con los derechos e intereses de los pueblos involucrados.

Preocupados por esta resolución, los promoventes del juicio, acompañados por organizaciones como el Consejo Titay Tlatli, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), piden a los ministros votar en contra.

“Los pueblos indígenas han sido testigos de los terribles conflictos socioambientales causados por la actividad minera, así como la violación a los derechos de los pueblos originarios y comunidades equiparables, a la autodeterminación y al control de los recursos naturales que sobre su territorio han utilizado ancestralmente”, indican.

El proyecto en tales términos, agregan, significará un retroceso en favor de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y permitiría mantener en el país un sistema de explotación de recursos naturales.

Las mismas organizaciones que han apoyado este proceso judicial, a lo largo de seis años, han advertido que los términos de la Ley Minera ponen en evidencia “la violencia estructural y simbólica que se fomenta desde la legislación y la política pública en materia minera”.

Xavier Martínez Esponda, abogado del Cemda, asegura que la propuesta de resolución de Lainez Potisek constituye un retroceso en la construcción del estado pluricultural que ordena el artículo segundo constitucional.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Martes 12 de mayo de 2020.


Sánchez Cordero celebra resolución de SCJN sobre ‘Ley Bonilla’

La SCJN aprueba el proyecto que echa abajo por inconstitucionalidad la Ley Bonilla, con la que se pretendía ampliar el periodo de gobierno del gobernador de BC


La Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN aprueba el proyecto que echa abajo por inconstitucionalidad la Ley Bonilla, con la que se pretendía ampliar el periodo de gobierno del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.

La SCJN resolvió en sesión virtual seis acciones de inconstitucional sobre la llamada Ley Bonilla que amplía de 2 a 5 años el periodo del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.

El proyecto de resolución, hecho público el pasado 4 de mayo por el ministro Fernando Franco González Salas, proponía declarar inválida la Ley Bonilla por ser contraria a la constitución federal y atentar contra los principios democráticos.

Señala que el mandato popular que recibió el entonces candidato de fue para ejercer el gobierno por únicamente dos años, y prolongarlo "sin un proceso electoral de por medio es inconstitucional".

Las acciones de inconstitucionalidad 112/2019, 113/2019, 114/2019, 115/2019, 119/2019, 120/2019 fueron promovidas respectivamente por los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Partido de Baja California y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.


Sánchez Cordero celebra resolución de SCJN sobre ‘Ley Bonilla’


La secretaría de Gobernación afirmó que su postura ‘siempre apuntó a ese criterio’; recordó que frente al Senado recalcó que la llamada ‘Ley Bonilla’ era inconstitucional

Olga Sánchez Cordero celebró la determinación que la SCJN tomó este lunes respecto de la inconstitucionalidad de la ampliación de mandato del gobierno de Baja California.


Ciudad de México.- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, celebró la determinación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó este lunes respecto de la inconstitucionalidad de la ampliación de mandato del gobierno de Baja California, encabezado por Jaime Bonilla Valdez.

A través de una tarjeta informativa, la funcionaria afirmó que su postura “siempre apuntó a ese criterio”, al tiempo que recordó que desde el pasado 26 de septiembre en el Senado de la República y en posteriores declaraciones subrayó categóricamente que desde su punto de vista personal la llamada “Ley Bonilla” era inconstitucional.

“Fui ministra de la Corte por 20 años, y defendí desde esa posición como la sigo defendiendo desde la posición que actualmente ocupo, a la Constitución federal y, por ende, el orden constitucional. Soy partidaria y defensora del Estado Constitucional de Derecho. Y, en un Estado Constitucional, siempre será el Tribunal Constitucional quien tenga la última palabra en los temas que le sean sometidos a su jurisdicción”.

“Respeto la Constitución y he jurado defenderla en este y en anteriores cargos y, por ello, respeto el federalismo, la división de poderes y la independencia de los poderes locales, tanto como la independencia de los jueces constitucionales”.

“He sido respetuosa, desde la conducción de la política interior del país, de esos principios. Desde esa posición, he manifestado siempre lo que pienso. Lo voy a seguir haciendo siempre.

“Por eso refrendo lo dicho desde un inicio: sostuve, sostengo y sostendré la inalterabilidad de los principios democráticos de la Constitución y promoveré, desde la posición que me encuentre, el respeto al Estado Constitucional de Derecho y a sus principios.

 “Celebro la decisión de la Corte y emito este posicionamiento en aras de la claridad, la transparencia y la libertad que deben privar en el debate de un Estado democrático”, sostuvo Olga Sánchez Cordero.

Respecto al video en el que se observó a la secretaria de Gobernación junto al gobernador Jaime Bonilla el día de su toma de posesión y señala que “la norma va a pervivir”, Sánchez Cordero señala una vez más que, además de sacarse del contexto en el que se realizó esa plática privada, en ningún momento constituyó un pronóstico de lo que tendría que resolver en su soberana autonomía la Corte.

“Si se ve el video completo, lo que estábamos haciendo era un esgrima jurídico de la situación, en el que el debate era entre quien tenía la legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad y que dependía de la naturaleza del acto, ya que si no había legitimación la norma iba a pervivir, que es un tema que tendrá que analizar la Corte, aunque yo sostengo que la ley es inconstitucional.

“Se usó el término ‘perviva’, por razones de legitimación o por el número de votos, en esto consistió entre otros lo que era un esgrima jurídico”.

Excélsior
Enrique Sánchez
Ciudad de México
Lunes 11 de mayo de 2020.


•    Los diputados NO pueden invadir las facultades del Concejo Universitario, por lo que la SCJN determinó amparar a la máxima casa de estudios e invalidar el órgano impuesto por los legisladores.


•    La Sala Superior del TEPJF resolvió que viola la autonomía constitucional que los Congresos locales nombren y regulen los órganos internos, ya que esta es facultad exclusiva del pleno de los tribunales.


Ciudad de México. - En diversos estados la SCJN y el TEPJF ya han invalidado los órganos de control como el que el gobernador Miguel Barbosa Huerta ha anunciado para la BUAP, o como los que diputados pretenden imponer al TEEP, al IEE y la FGE.

En diversas sentencias la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han concluido que poner órganos internos a entes autónomos viola precisamente la autonomía que les otorga la Constitución Mexicana.

La polémica sobre estos órganos (antes llamados Contralorías) resurgió por una iniciativa presentada en el Congreso del estado, que busca que ahora estén subordinados a los diputados.

La propuesta impulsada por Morena pretende que mediante una comisión los legisladores se encarguen de vigilar, evaluar y sancionar los órganos del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), el Instituto Electoral del Estado (IEE), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión de Derechos Humanos (CDH), la Auditoría Superior del Estado (ASE) y el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Barbosa por órgano para la BUAP

Barbosa Huerta advirtió en febrero su intención de imponer un órgano de control a la BUAP, pero esta figura ya fue invalidada en 2018.

En el amparo en revisión 311/2018, la Corte revocó el órgano que el Congreso de Hidalgo creó para la Universidad Autónoma de ese estado (UAEH), pues sentenció que los diputados carecían de facultades para modificar la estructura orgánica de la institución.

El fallo refiere que, de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución del país, “las universidades públicas son organismos públicos descentralizados con autonomía especial, lo que implica que cuentan con facultades de autoformación y autogobierno, para lograr una mayor eficacia en la prestación del importante servicio que tienen encomendado”.

Si bien deja en claro que esto no las exime de ser fiscalizadas y rendir cuentas por el presupuesto que ejercen, enfatiza que los diputados no pueden invadir las facultades del Concejo Universitario, por lo que determinó amparar a la máxima casa de estudios e invalidar el órgano impuesto por los legisladores.

Tiran órganos en Jalisco y Michoacán

Los órganos de control creados para los tribunales electorales de Jalisco y Michoacán también fueron revocados en 2017 y 2018, respectivamente.

La Sala Superior del TEPJF resolvió que viola la autonomía constitucional que los Congresos locales nombren y regulen los órganos internos, ya que esta es facultad exclusiva del pleno de los tribunales.

Por Jalisco el tribunal promovió el juicio electoral SUP-JE-73/2017, mientras que por Michoacán fue el SUP-JE-41/2018, pero en ambos los magistrados federales determinaron:

“La Sala Superior calificó como fundados los motivos de disenso presentados por el tribunal estatal, ya que los artículos reformados son inconstitucionales, pues la designación, por parte del Congreso local, del referido titular del órgano de control interno vulnera la autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, al permitir una injerencia indebida”.

En los dos juicios el TEPJF ordenó a los diputados respetar la autonomía de los tribunales y para ello declaró inaplicables los artículos que habían reformado para imponerles órganos de control.

Hasta Morena impugna en Nayarit

La propia dirigencia nacional de Morena (partido que ahora promueve la iniciativa en Puebla) impugnó el órgano interno que el Congreso de Nayarit impuso al Instituto Electoral de ese estado (IEEN).

Su demanda de acción de inconstitucionalidad fue la 98/2016 y el PAN interpuso la 97/2016, pues el partido también consideró que el órgano era una medida de coacción política contra el instituto, encargado de organizar las elecciones.

En una votación reñida, de 5 votos a favor y 5 en contra y el voto de calidad del ministro presidente, la Corte invalidó parcialmente las reformas sobre el órgano de control, pues permitió que este sea vigilado por el Poder Legislativo, pero se negó a que el titular sea nombrado por los diputados.

Pendiente juicio por Veracruz

A la fecha sigue pendiente de resolverse una demanda de acción de inconstitucionalidad promovida por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), que también impugnó el órgano que le impuso el Congreso de ese estado.

Su juicio se interpuso en octubre de 2018, pero a la fecha la Corte no ha emitido una resolución.

e-consulta
Héctor Llorame
Domingo 3 de mayo de 2020.


Se negó al ayuntamiento la suspensión provisional que impida al gobierno del estado tomar el control de la policía municipal, aunque el juicio de amparo sigue su curso


La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó al ayuntamiento de Puebla una suspensión provisional que impida al gobierno del estado tomar el control de la policía municipal.

“Se niega la suspensión solicitada por el Municipio de Puebla”, notificó el máximo órgano de impartición de justicia en el país este martes sobre este caso.

Apenas el 20 de marzo, el gobierno de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco presentó a la Corte una demanda de controversia constitucional, para que defina si el gobernador Miguel Barbosa Huerta tiene o no facultades para remover y nombrar al titular de la Policía Municipal.

En el recurso, la comuna también solicitó la suspensión de todos los actos con intención de tomar por la fuerza las instalaciones de la corporación, con lo que buscaba que el gobierno municipal y el del estado continuaran con las corporaciones policiales tal como se encontraban.

Continúa el curso del juicio

Según informó la SCJN este martes, la demanda sigue su curso y requirió informes a la administración de Luis Miguel Barbosa Huerta, así como al Congreso local, que también fue incluido en el recurso, los cuales deberán presentarse en un periodo de 30 días una vez que sean notificados de la determinación.

La Corte indicó que también se prevé la realización de audiencias para que las partes en conflicto expongan sus argumentos.

Sin embargo, la solicitud de suspensión de las acciones del gobierno estatal fue rechazada, lo que le permitiría asumir el control de la seguridad.

En los primeros días de marzo, Barbosa Huerta notificó la designación de Carla Morales Aguilar como delegada de Seguridad Pública en la capital, tras la eventual salida de la secretaria Lourdes Rosales Martínez. El mandatario argumentó que el nombramiento fue consultado con la alcaldesa, quien habría estado de acuerdo.

Cuando se esperaba que el nombramiento se hiciera oficial en una sesión de Cabildo, Claudia Rivera informó que el nombramiento de Morales fue unilateral, por lo que lo rechazó y anunció una defensa de la autonomía del municipio.

Posteriormente, en un video difundido en sus redes sociales, la alcaldesa acusó que asesores del gobernador que anteriormente fueron colaboradores cercanos de Rafael Moreno Valle, intentan apropiarse de la Policía Municipal, en referencia a Ardelio Vargas Fosado, quien fue secretario estatal de Seguridad durante el morenovallismo.

Barbosa acusa una policía a la deriva

En su conferencia de prensa de este martes, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta acusó que la Policía capitalina simula trabajar pues en realidad está a la “deriva” ante la supuesta renuncia de Lourdes Rosales Martínez como su titular.

A cargo de la corporación está el general José Tlachi Meneses, de quien cuestionó su actuar, por lo que descalificó el trabajo que realiza la dependencia.

Barbosa indicó también que no tiene intención de asumir por la fuerza el control de la Policía capitalina, pero sí de hacerlo en los términos que establezca la Constitución.

La comuna aseguró el lunes que Rosales se mantiene en el cargo de secretaria de Seguridad Ciudadana, aunque ese mismo día se reveló que entregó su carta de renuncia al cargo el 20 de marzo.

e.consulta
Patricia Méndez
Puebla, México
Martes 24 de marzo de 2020.


Tras cuatro demandas de la CNDH, el máximo tribunal determinó que exigir "no tener antecedentes penales” para ejercer una actividad comercial o gubernamental viola la Carta Magna.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que solicitar cartas de antecedentes no penales para ejercer un trabajo, salvo algunas excepciones, va en contra de la Constitución.

Ese criterio es aplicable tanto en el gobierno como en las empresas, explicó en entrevista Rubén Pérez Sánchez, director general de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

A finales de enero, el pleno de la Corte analizó cuatro acciones de inconstitucionalidad promovidas por la CNDH y resolvió que exigir la carta de antecedentes no penales para obtener un empleo viola los principios de no discriminación, de libertad de trabajo y de reinserción social.

Tres de esos casos tenían que ver con leyes de los estados de Hidalgo, Veracruz y Sonora que prohibían ejercer cargos públicos a quienes hubieran estado en prisión.

También invalidó artículos de ley que regula a los agentes inmobiliarios en Baja California Sur, que les ponía como condición no contar con antecedentes penales para obtener una licencia como profesional de esa actividad.

Después de la cárcel, el desempleo

En el 2018 más de 7,500 personas cumplieron una condena en alguna cárcel federal, de acuerdo con el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal de aquel año. A esa cifra hay que sumarle miles más que salieron de cárceles estatales.

El desempleo es un factor “que empuja a las personas a cometer delitos”, señala la CNDH en el documento Modelo de reinserción social. También es una causa para la reincidencia, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Muchas personas pagaron por delitos que no cometieron. Más de 82,000 “se presumen inocentes, pero padecen la privación de la libertad en las condiciones dantescas que prevalecen en las cárceles mexicanas: un entorno de autogobierno, violencia y enfermedad”, indica el informe Los mitos de la prisión preventiva en México, elaborado por la organización Open Society.

A partir de ese criterio de la Corte, ningún otro Congreso o autoridad “podrá volver a poner estos requisitos para ingresar a un trabajo”, indica Rubén Pérez Sánchez.

A nivel público y privado, “todos tienen que acatar este criterio”, insiste. Es necesario, comenta, que los trabajadores sepan que estos requisitos son inconstitucionales. Si les piden una carta de antecedentes no penales estarán violando sus derechos humanos.

Excepciones: cuerpos de seguridad y las nieves

Este criterio no podrá aplicar para casos específicos, como para los cuerpos de seguridad, indica el director general de Asuntos Jurídicos de la CNDH. La SCJN analizó y planteó que la Constitución y algunas leyes permiten excluir de algunas áreas a personas que han sido sentenciadas.

Por ejemplo, la convocatoria para formar par de la Guardia Nacional, emitida el 11 de julio de 2019, enlista como uno de los requisitos acreditar buena conducta “mediante carta de antecedentes no penales”.

La Ley del Servicio Exterior Mexicano establece que los candidatos a ingresar a la rama diplomático-consular no podrán tener antecedentes de sanciones administrativas, o de haber sido condenado penalmente.

En varias empresas de seguridad privada ésta es una condición imprescindible.

Pero no sólo las empresas de seguridad ponen dicha cláusula. En el portal de empleo Indeed, actualmente hay ofertas como la de Neverías Roxy, que solicita un colaborador para preparar helados y ser mesero, entre otras actividades de tiempo completo, por las que ofrece un sueldo de 6,000 pesos al mes y solicita una carta de antecedentes no penales.

El Economista
Blanca Juárez
Ciudad de México
Martes 25 de febrero de 2020.


El Instituto impugnó ante SCJN el tope salarial para el presidente de la República y la reducción a su presupuesto para 2020

El Instituto Nacional Electoral (INE) impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el tope salarial para el presidente de la República y la reducción a su presupuesto para 2020.

El INE promovió el 23 de enero una controversia constitucional contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, con lo que se sumó a cuatro órganos autónomos que han pedido a la Corte que no se les aplique el tope de 1.7 millones de pesos netos anuales que percibirá el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Corte turnó este lunes el expediente a la ministra Yasmín Esquivel, quien previamente negó suspensiones para mantener los salarios de 2019 a la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Banco de México, por lo que es un hecho que el INE correrá la misma suerte.

El INE también pidió a la Corte anular la reducción de mil 71 millones de pesos que la Cámara de Diputados le aplicó a su solicitud presupuestal para este año.

Debido a la lentitud con que la Corte tramita estas controversias, es posible que no llegue a existir un pronunciamiento de los Ministros sobre la validez del recorte o del tope salarial, como ocurrió con las demandas contra el PEF de 2019, en las que no se dictó sentencia de fondo.

Aun si la ministra Esquivel niega la suspensión contra el tope salarial, los altos mandos del INE mantienen, por ahora, ingresos superiores a los previstos en el PEF, pues así lo determinó su Consejo General al aprobar el Manual de Remuneraciones para 2020.

El INE aplicó el Artículo 127 de la Constitución, que permite que cargos de alta especialidad perciban hasta 50 por ciento más que el Presidente, por lo que autorizó salarios superiores a 1.7 millones de pesos para los consejeros, secretario ejecutivo, directores ejecutivos y titulares de unidad.

Por esta decisión, el Contralor Interno del INE, Jesús George Zamora, anunció el 16 de enero que iniciaría una "investigación" sobre posibles responsabilidades de los Consejeros, pese a que él mismo es uno de los beneficiarios de la no sujeción al tope salarial.

Sobre este tema, el secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, presentó desde el 2 de enero una demanda de amparo, para impugnar "el posible y eminente procedimiento de responsabilidad que pudiera entablarse en contra del quejoso por la toma de decisiones en el ejercicio de su cargo", al pagar salarios superiores a los del PEF.

Ana Luisa Priego, jueza Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa, concedió el 21 de enero una suspensión provisional, que no es pública, pero que presumiblemente protege a Jacobo Molina contra sanciones.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía es el único autónomo que ha conseguido una suspensión en la Corte para mantener en 2020 ingresos superiores al Ejecutivo, porque su expediente está en manos del Ministro Alberto Pérez Dayán.

Reforma
Ciudad de México
Martes 28 de enero de 2020.


El presidente López Obrador ganará cada mes 111 mil 990 pesos netos

    
El ministro Alberto Pérez Dayán concedió una suspensión al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por lo que podrían tener un salario mayor al del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El INEGI interpuso el año pasado una controversia constitucional por el recorte a los salarios previstos en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, así como a su presupuesto.

El acuerdo publicado este martes señala que se concede la suspensión solicitada por el INEGI en la tercera ampliación de demanda, "en los términos y para los efectos que se indican en este proveído".

"La medida suspensional concedida surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente", precisa.

Además el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la tercera ampliación de la controversia constitucional 75/2019, con la que el INEGI impugnó el Presupuesto de Egresos para 2020.

Notimex
Ciudad de México
Miércoles 15 de enero 2020.


•    La corrupción y el nepotismo se alimentan de la impunidad que los ha acompañado, dijo el presidente de la SCJN; no toleraremos a servidores públicos que anteponen intereses personales a la justicia

•    El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar aseguró que ya se está limpiando la casa

Ciudad de México. - Tras reconocer que en los últimos años se ha arraigado un nocivo corporativismo judicial que ha impedido un acceso efectivo a la justicia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar aseguró que ya se está limpiando la casa.

Zaldívar rinde su primer informe como presidente de la Corte

Al presentar su primer informe de labores ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y las presidentas de las cámaras de Senadores y Diputados, Zaldívar puntualizó que se busca sacar de las filas del Poder Judicial de la Federación a los malos servidores públicos.

La corrupción y el nepotismo se alimentan de la impunidad que los ha acompañado. Que quede claro que esto se acabó. No toleraremos a los servidores públicos que anteponen sus intereses personales a los de la justicia. Estamos limpiando la casa”, señaló.

El presidente del máximo tribunal del país también destacó que desde enero pasado se ha emprendido un proceso de autoreforma al Poder Judicial de la Federación en colaboración con los otros poderes de la Unión, pero garantizando la independencia de los juzgadores del país.

Debemos seguir derribando barreras para que haya una justicia para todos, pero, sobre todo, para los más pobres, los más desprotegidos, los olvidados, los marginados, los discriminados. Tenemos que ser la voz de los que no tienen voz, afirmó.

Excélsior
Juan Pablo Reyes
Ciudad de México
Miércoles 11/12/2019.


Magistrado vinculado al Cartel Jalisco fue detenido en Guadalajara

Estaba en la mira de autoridades mexicanas y estadounidenses, ya que se presumían vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación

     
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) aprehendió esta tarde en Guadalajara al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, quien era investigado por lavado de dinero derivado de supuestas inconsistencias en su situación patrimonial.

Con más de 20 años en el Poder Judicial de la Federación, a últimas fechas estaba en la mira de autoridades mexicanas y estadounidenses, ya que se presumían vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) confirmó que la FGR le ejecutó una orden de aprehensión al impartidor de justicia y agregó que en estos momentos está siendo trasladado a la Ciudad de México para ser puesto a disposición de un juez de control.

La captura deriva de una denuncia presentada por el CJF ante la Fiscalía, el 24 de mayo, por presuntas irregularidades patrimoniales e ingresos adicionales no justificados, varios de ellos incluso registrados en sus cuentas bancarias.

Magistrado vinculado al Cartel Jalisco fue detenido en Guadalajara

En mayo Isidro Avelar Gutiérrez fue incorporado a la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus presuntos nexos con la organización criminal y su brazo financiero Los Cuinis

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en Guadalajara a Isidro Avelar Gutiérrez, un magistrado presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó este viernes el Consejo General de la Judicatura en un comunicado.

El Consejo había presentado en mayo pasado una denuncia ante la FGR contra Avelar Gutiérrez por “irregularidades patrimoniales e ingresos adicionales”. En esa fecha, el magistrado de 59 años, fue incorporado a la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus presuntos nexos con el CJNG y su brazo financiero Los Cuinis.

En un comunicado y tras expresar su reconocimiento a las autoridades de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por la aprehensión del magistrado, el Consejo de la Judicatura dijo que con estas acciones se hace patente la colaboración y coordinación entre los poderes del Estado para hacer de la justicia algo real.

“El compromiso de este CJF ha sido y será el de cero tolerancia a la corrupción. Con acciones, no discursos, el CJF avanza en el compromiso de hacer del Poder Judicial de la Federación una institución sólida y confiable para la población”, concluyó.

Isidro Avelar Gutiérrez está siendo trasladado a la Ciudad de México para rendir su declaración ante las autoridades correspondientes.

El Departamento del Tesoro ubicó a Isidro Avelar Gutiérrez con nexos con Los Cuinis y con el CJNG, que lidera Nemesio Oseguera, “El Mencho”.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldivar, resaltó la detención del magistrado Avelar Gutiérrez y expresó su reconocimiento al trabajo de la FGR y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Arturo Zaldívar

@ArturoZaldivarL
 Con hechos seguimos demostrando la política de cero tolerancia a la corrupción.  Construyendo un #PJF sólido y confiable en beneficio de la gente.

Mi reconocimiento a las y los servidores públicos de la #FGR y la #SSPC por su decidido apoyo para lograr este resultado. https://twitter.com/cjf_mx/status/1197990753609236480 …

#Comunicado Esta tarde fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República el Magistrado Isidro Avelar Gutiérrez a raíz de la denuncia presentada por el #CJF

El CJF expresa su reconocimiento a las y los servidores públicos de la FGR y a la SSPC.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas del magistrado a quien le detectó depósitos por más de 70 millones de pesos que no coinciden con los ingresos que percibe en el Poder Judicial de la Federación.

En mayo de 2017, el Departamento del Tesoro acusó a Avelar Gutiérrez de aceptar sobornos del Cártel Jalisco y de Los Cuinis con quienes trabajaba muy de cerca a cambio de decisiones judiciales favorables a los grupos narcotraficantes y sus miembros.

Por ejemplo, en 2016 liberó de toda culpa a Nemesio Oseguera González “El Menchito”, hijo del líder de la organización criminal “El Mencho”, de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

En 2014, ordenó dejar libre a Rogelio González Pizaña, “El Z-2″ miembro fundador del cártel de Los Zetas a quien redujo la sentencia para que de inmediato dejara la cárcel en la se encontraba, y fue responsable de mantener preso a José Manuel Mireles Valverde, ex líder de autodefensas de Michoacán, quien fue detenido por supuesta portación ilegal de arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas en 2016.

En 2015 fue capturado Ruben Oseguera González alias

Isidro Avelar Gutiérrez se ha desempeñado como oficial judicial del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco; secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal de Jalisco; Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal de Jalisco; Magistrado en el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito; Magistrado del Séptimo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con Residencia en Guadalajara; y desde el año 2000 ocupa el cargo de Magistrado de Circuito.

El Cártel Jalisco y Los Cuinis, de los hermanos Valencia, fueron incluidos en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros en abril de 2015, junto con sus respectivos líderes “El Mencho” y Abigael González Valencia.

La Fiscalía estadounidense considera al Cártel Jalisco como una de las cinco organizaciones criminales trasnacionales más peligrosas del mundo y responsable del envío a Estado Unidos de toneladas de cocaína, metanfetamina y heroína con fentanilo, además de generador de múltiples y sangrientos actos de violencia.

Reforma
Infobae
Ciudad de México
Viernes 22 noviembre 2019.

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El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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