•    Sin mencionarlo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exhibe al veracruzano Gabriel Biestro Medinilla, presidente de la LX Legislatura como un sujeto sin criterio propio y subordinado del jefe del Ejecutivo local, Luis Miguel Barbosa Huerta.


•    El Alto Tribunal advirtió que se presumirán ciertos los hechos que se le imputan y se le impondrá una multa de diez a 180 días de salario


La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso del Estado dejar sin efectos la desaparición del Cabildo de Tehuacán y el nombramiento del concejo municipal o que rinda un informe para justificar la decisión. La medida es provisional y no definitiva dado que aún no se resuelven las controversias constitucionales promovidas por el alcalde Andrés Caballero.

Así lo determinó derivado del recurso de queja 7/2020 promovido por el presidente municipal suplente de Tehuacán, Andrés Artemio Caballero López. En ese sentido requirió al Poder Legislativo, para que, dentro del plazo de 15 días hábiles deje sin efectos los actos que dieron lugar a este asunto.

O bien que rinda un informe y ofrezca pruebas en relación con lo determinado en el acuerdo de suspensión, precisando los actos que han llevado a cabo un cabo para cumplir con la medida cautelar decretada, es decir deberá justificar la extinción.

De no hacerlo, el Alto Tribunal advirtió que se presumirán ciertos hechos que se le imputan y se le impondrá una multa de diez a 180 días de salario.

 “En esta lógica, con copia simple del escrito de agravios, se requiere al Poder Legislativo del Estado de Puebla, para que, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, deje sin efectos los actos que dieron lugar al presente recurso, o bien, rindan un informe y ofrezca pruebas en relación con lo determinado en el acuerdo de suspensión, precisando los actos que han llevado a cabo para cumplir con la medida cautelar decretada, apercibido que , de no hacerlo, se presumirán ciertos hechos que se imputan y se les impondrá una multa de diez a ciento ochenta días de salario ”, señala la notificación.

El acuerdo publicado el 29 de octubre es consecuencia del recurso de queja promovido por Caballero López, derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 118/2020, la primera interpuesta por el alcalde.

El presidente municipal suplente acusó que el Poder Legislativo violó la suspensión concedida por la Corte el 1 de septiembre de este año, cuando ordenó suspender la ejecución de actos hasta que se resuelva el fondo de las controversias constitucionales 118/2020 y 120/2020.

Pese al ordenamiento, el 21 de septiembre la mayoría del Congreso del Estado aprobó la desaparición del Ayuntamiento de Tehuacán y el nombramiento de un concejo municipal, no obstante la medida no se ejecutó hasta que la Suprema Corte resuelva el fondo de las controversias constitucionales.

El Sol de Puebla
Berenice Martínez
Ciudad de Puebla
Viernes 30 de octubre de 2020.


•    El Congreso acumula una veintena de juicios por reformas o acuerdos impugnados

El Congreso de Puebla se ha ganado sentencias y apercibimientos innecesarios de la SCJN por exceder facultades, incurrir en omisiones, o incumplir fallos y requerimientos previos.

La LX Legislatura no solo acumula una veintena de juicios por reformas o acuerdos impugnados, sino que también suma llamados de atención por no acatar mandatos.

Los últimos "coscorrones" de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los dio a conocer el viernes el presidente de la LX Legislatura, Gabriel Biestro Medinilla.

En rueda de prensa admitió que se ordenó al legislativo poblano cumplir sentencias sobre los matrimonios igualitarios, el cobro en efectivo en plataformas de transporte y sobre la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El alto tribunal instruyó reconocer en todo el país los matrimonios entre personas del mismo sexo desde 2017, pero la LIX y la LX Legislatura se negaron.

La última negativa fue el 8 de octubre de 2019, cuando diputados de Morena, PAN, PT, PVEM y PES votaron en contra de legislar las uniones civiles.

El cobro en efectivo para las plataformas de transporte ejecutivo fue validado desde julio de 2019, pero los diputados no han eliminado de la ley la prohibición establecida en 2017 por la legislatura anterior.

Incumplen informe

También el viernes la SCJN ventiló que el Congreso local entregó fuera de plazo el informe sobre una reforma impugnada por la CNDH.

El alto tribunal requirió información sobre las modificaciones a la Ley de Derechos de las Comunidades y Pueblos Indígenas, como parte de la acción de inconstitucionalidad 111/2020.

"[...] el oficio y los anexos del Poder Legislativo del Estado, registrados con el número 11391 en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se recibieron en el “Buzón Judicial” de este Alto Tribunal el 19 de agosto de 2020, es decir, fuera del plazo legal de quince días hábiles a que hace referencia el artículo 64, párrafo primero, de la normativa reglamentaria, otorgado mediante auto de 18 de febrero de este año; el cual transcurrió del jueves 12 de marzo al lunes 3 de agosto de 2020", exhibe una notificación en el portal de la SCJN.

Exceden facultades

El 29 de septiembre la Corte exhibió que el legislativo poblano invadió facultades del Congreso de la Unión, al avalar cobros de alumbrado público en 15 municipios.

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 97/2020, también interpuesta por la CNDH, el alto tribunal invalidó por inconstitucionales los cobros, aprobados por el Congreso del estado en las leyes de ingresos de este año.

A la vez ordenó a los legisladores abstenerse de aprobar algo similar en el futuro, pues el cobro del alumbrado es un impuesto únicamente puede fijar el Congreso federal.

Cumplen a medias

El 7 de septiembre la Corte exhibió otro incumplimiento, pues el Congreso de Puebla no envió constancias de que las reformas electorales impugnadas por PT y MC fueron aprobadas en la mayoría de municipios del estado.

“No ha lugar a tener por desahogado el requerimiento formulado en proveído de siete de septiembre del presente año, pues las constancias que remite la Secretaría General del Congreso de Puebla en la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada se advierte que no constan en su totalidad los antecedentes legislativos de los decretos impugnados, esto, porque no se remitieron las constancias relacionadas con la aprobación de los ayuntamientos a la reforma constitucional respectiva.

En consecuencia, se requiere al Poder Legislativo del Estado de Puebla, por conducto de quien legalmente lo representa, para que, dentro del plazo de dos días naturales, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, remita las documentales de referencia; subsistiendo el apercibimiento de multa decretado en acuerdo de referencia”, dictaba el acuerdo sobre los juicios 245/2020 y 250/2020.

Frenan extinción de Cabildo


El 1 y el 23 de septiembre la Corte concedió dos suspensiones al ayuntamiento de Tehuacán, para frenar la extinción del Cabildo.

Como partes de las controversias constitucionales 118/2020 y 120/2020, ordenó al Congreso local "abstenerse" de ejecutar la desaparición de poderes en tanto no se resuelva el asunto de fondo.

Como el 21 de septiembre los diputados aprobaron por mayoría la extinción del Cabildo y hasta eligieron el concejo municipal que lo remplazaría, el poder Legislativo interpuso tres recursos de reclamación para intentar revocar las suspensiones.

Les corrigen la plana y lo ignoran

En seis sentencias definitivas la Corte ha corregido la plana al poder Legislativo, pero a pesar de eso los diputados han repetido el mismo error.

Las seis resoluciones derivan de acciones de inconstitucionalidad promovidas por la CNDH, y con ellas se invalidaron cobros por el servicio de transparencia en 109 municipios.

La Corte declaró excesivos y desproporcionados los cobros aprobados por el Congreso local en 2018 y ordenó que no se volvieran a establecer en las leyes de ingresos.

A pesar de eso, los diputados volvieron a aprobar cobros por transparencia, así que la CNDH interpuso otra vez dos acciones de inconstitucionalidad, la 14/2020 y la 87/2020, que aún están pendientes de resolverse.

e-consulta
Héctor Llorame
Ciudad de Puebla
Domingo 18 octubre 2020.


Barbosa y sus subordinados del Congreso tienen dos días para cumplir con requerimientos de la Corte o habrá sanciones


La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amagó con multar al gobierno de Puebla y al Congreso local por no cumplir en su totalidad los requerimientos que hizo debido a los juicios que hay contra las reformas electorales.

El alto tribunal publicó el lunes la ejecutoria de los apercibimientos, sin embargo, no reveló el monto de cada multa en su portal de internet.

La notificación únicamente advierte que el gobierno estatal y el poder Legislativo tendrán un plazo de dos días para entregar lo ordenado y habrá sanciones si no cumplen.

El apercibimiento de la SCJN se deriva de las acciones de inconstitucionalidad 245/2020 y 250/2020, promovidas el mes pasado por PT y MC contra las reformas electorales aprobadas por el Congreso local.

El incumplimiento atribuido al gobierno de Puebla se debe a que el ejemplar del Periódico Oficial del Estado (POE) del 29 de julio que pidió la Corte no iba firmado por el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez.

La copia fue solicitada el 7 de septiembre, pero al considerarse inválida la que se recibió, la SCJN dio por no desahogado el requerimiento.

“No ha lugar a tener por desahogado el requerimiento formulado en acuerdo de siete de septiembre del presente año, ya que en la copia del ejemplar del Periódico Oficial del Estado en el que se publicó el decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla que remitió, no consta la firma autógrafa del servidor público autorizado para su certificación.

En consecuencia, se requiere al Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, para que, dentro del plazo de dos días naturales, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, copia certificada de dicho documento; subsistiendo el apercibimiento de multa decretado en acuerdo de referencia”, señala el acuerdo de la Corte.

Faltan documentos al Congreso

El Congreso de Puebla no cumplió a plenitud con el informe justificado que se le ordenó, pues no envió las constancias de que la reforma constitucional impugnada fue aprobada en la mayoría de municipios del estado.

“No ha lugar a tener por desahogado el requerimiento formulado en proveído de siete de septiembre del presente año, pues las constancias que remite la Secretaria General del Congreso de Puebla en la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada se advierte que no constan en su totalidad los antecedentes legislativos de los decretos impugnados, esto, porque no se remitieron las constancias relacionadas con la aprobación de los ayuntamientos a la reforma constitucional respectiva.

En consecuencia, se requiere al Poder Legislativo del Estado de Puebla, por conducto de quien legalmente lo representa, para que, dentro del plazo de dos días naturales, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, remita las documentales de referencia; subsistiendo el apercibimiento de multa decretado en acuerdo de referencia”, puntualiza el acuerdo de la SCJN.

Cumplen TEPJF, INE e IEE

La notificación de la Corte precisa que el TEPJF, el INE y el Instituto Electoral del Estado (IEE) sí dieron cumplimiento a los requerimientos.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) entregó una opinión de inconstitucionalidad, donde emite un veredicto respecto a la validez de las reformas.

El Instituto Nacional Electoral (INE) remitió las constancias que reconocen a los promoventes de las impugnaciones como dirigentes nacionales de PT y MC.

El IEE a su vez cumplió con informar que la fecha de inicio del proceso electoral “será entre el tres y cinco de noviembre de dos mil veinte”.

Los reclamos

En su impugnación el PT combate la eliminación de la diputación de primera minoría, conocida como la del “gran perdedor”, pues se asignaba a los candidatos a diputados locales que perdían la elección, pero obtenían el mayor número de votos dentro de sus partidos.

Movimiento Ciudadano (MC) busca revocar las modificaciones a los bloques de competitividad para candidaturas que establece el IEE, que plantea que las postulaciones de mujeres se den en municipios o distritos en los que tengan posibilidades de ganar.

Apenas la semana pasada MC impugnó también la reforma del gobernador Miguel Barbosa Huerta que prohíbe la propaganda electoral en la vía pública, misma que se habría promulgado fuera del plazo legal.

e-consulta
Héctor Llorame
Martes 6 de octubre 2020.

Ciudad de México. Por mayoría de seis votos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró hoy que es constitucional la materia de la consulta popular planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre un eventual juicio a ex mandatarios.

Los ministros se manifestaron en votación dividida, de seis a favor de la declaratoria de constitucionalidad y cinco en contra.

Los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel Mossa, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar afirmaron que la materia de este ejercicio no es contrario a lo que señala el artículo 35 de la Constitución.

En contra votaron el ponente, Luis María Aguilar Morales, Norma Lucía Piña Hernández, Javier Laynez Potisek,  Jorge Mario Pardo Rebolledo y José Fernando Franco González Salas.

Al iniciar la sesión, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, hizo este llamado: “Esperaría que hoy la Corte no desaprovechará la oportunidad de asumir, con responsabilidad histórica, su rol en la protección de los derechos humanos de participación política. No nos corresponde ser una puerta cerrada, sino el puente que permita a todas las personas intervenir en las grandes discusiones nacionales, con pleno respeto a la totalidad de nuestro marco constitucional".

La SCJN se declaró en receso, para revisar la formulación de la pregunta que se incluirá en esta consulta.

La Jornada
Eduardo Murillo
Ciudad de México
Jueves 01 octubre 2020.

 

Esta acción estipulaba el cobro por el servicio de alumbrado público a 15 municipios

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un revés al Congreso de Puebla, al invalidar un artículo de las Leyes de Ingresos de 15 municipios que establecía el pago de un impuesto para cubrir el servicio de alumbrado público.

Este martes, los ministros de la Corte resolvieron la acción de inconstitucionalidad 97/2020 que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), demandando la invalidez del artículo 21 de las Leyes de Ingresos de diversos municipios poblanos, para el ejercicio fiscal de 2020, publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 30 de diciembre de 2019.

Los municipios son Xochiltepec, Xochitlán de Vicente Suárez, Xochitlán Todos Santos, Yaonahuac, Yehualtepec, Zacapala, Zapotitlán, Zapotitlán de Méndez, Zaragoza, Zautla, Zihuateutla, Zinacatepec, Zongozotla, Zoquiapan y Zoquitlán.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, al configurar un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica, estas disposiciones violaban la competencia exclusiva del Congreso de la Unión establecida en el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5º, inciso a), de la Constitución General.

El Sol de Puebla
Berenice Martínez
Ciudad de Puebla
Martes 29 de sept. 2020.


El 30 de julio, un grupo de regidores de Tehuacán impugnó el acuerdo de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado de Puebla


La Sala Regional Ciudad de México del TEPJF determinó que no es competente para conocer y resolver la impugnación presentada por los regidores del Ayuntamiento de Tehuacán en contra del inicio del procedimiento de desaparición del Cabildo.

Este jueves en sesión pública no presencial, los magistrados resolvieron el juicio ciudadano SCM-JDC-113/2020 promovido por un grupo de regidores, entre ellos el de Gobernación, Israel Nasta de la Torre, y de Hacienda, Víctor Manuel Canaán Barquet, en contra del acuerdo de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Puebla, que el 6 de julio indicó el inicio del procedimiento de desaparición del Ayuntamiento.

Señalaron que existe la controversia constitucional –promovida por el presidente municipal suplente de Tehuacán, Andrés Caballero López–, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), expediente en el que se concedió la suspensión provisional solicitada.

De esta forma, la Sala Regional Ciudad de México del tribunal electoral federal determinó que no tiene competencia para analizar la impugnación, pues la declaratoria de inicio de procedimiento y la revocación de mandato del Cabildo es un acto derivado de un proceso de responsabilidad política, por lo que no corresponde a la materia electoral y en consecuencia no puede ser revisado a través del sistema de medios de impugnación.

“Esta Sala no puede estudiarla pues no es competente para conocer la controversia, por lo anterior el proyecto propone declarar la incompetencia para resolver el juicio”, se resolvió.

El 30 de julio, un grupo de regidores de Tehuacán impugnó el acuerdo de la Comisión de Gobernación, ya que a su parecer, el procedimiento de desaparición afecta su derecho a ser votado “en la vertiente de ejercicio del cargo para el que fueron electos” .

Se debe mencionar que algunas de las irregularidades detectadas por el órgano legislativo son que los concejales integrantes de la Comisión Especial Transitoria de Tehuacán, creado cuando el edil Felipe Patjane aún estaba en funciones, incurrieron en uso indebido de facultades, aprobaron más de 700 movimientos, se aumentaron el sueldo, dieron de baja y contrataron a personal, y aprobaron viajes a Texas con cargo al erario público.

El Sol de Puebla
Berenice Martínez
Ciudad de Puebla, México
Jueves 17 de septiembre de 2020.


La Corte ordenó al Congreso de Puebla no emitir ningún fallo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenó la desaparición del Cabildo de Tehuacán que el Congreso de Puebla pretendía ejecutar por presuntas ilegalidades.

El máximo tribunal del país suspendió el procedimiento de disolución iniciado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales el pasado 6 de julio.

En un incidente de suspensión del juicio 118/2020 se ordenó al poder Legislativo no emitir un fallo en tanto no se resuelva la controversia constitucional que interpuso el ayuntamiento ante la Corte.

La suspensión fue concedida el pasado 1 de septiembre, pero apenas este miércoles se formalizó la notificación.

“Se concede la suspensión solicitada por el ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, para el efecto de que el Poder Legislativo de la entidad se abstengan (sic) de ejecutar las resoluciones que, en su caso, hayan dictado o pudieran dictar en relación con la desaparición del ayuntamiento, hasta en tanto se resuelva de fondo la presente controversia constitucional; en los términos precisados en el presente acuerdo”, puntualiza la notificación.

La misma enfatiza que la medida “surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superviniente”.

Favorece la Corte al Cabildo

La controversia constitucional fue presentada en la SCJN el 13 de agosto por el alcalde suplente, Artemio Caballero López, así que la suspensión llegó casi tres semanas después.

Los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia afines al gobernador Miguel Barbosa Huerta promueven la desaparición del Cabildo por presuntas ilegalidades cometidas durante el mandato del alcalde constitucional, Felipe Patjane Martínez, y después de que fue encarcelado en noviembre de 2019.

La Comisión de Gobernación, encabezada por la diputada Rafaela Vianey García Romero (de Morena), imputa supuestos actos de corrupción; usurpación de funciones; formación ilegal de una Comisión Especial Transitoria; adjudicación irregular de contratos; cambio injustificado de personal y el presunto abuso de facultades y atribuciones.

Las principales anomalías recaen sobre Patjane Martínez y los regidores que integraron la comisión transitoria: Israel Nasta de la Torre, Víctor Canaán Barquet y Yessenia Hernández Asunción.

Por estos y otros hechos supuestamente ilícitos el 19 de agosto fueron detenidos Canaán Barquet; el extesorero municipal, Andrés Escobedo Calderón; la ex contralora, Zamira Canaán Cerón, y la ex coordinadora de licitaciones, Ana Lucia Sánchez Reyes, todos cercanos a Patjane Martínez.

Sobrevive Cabildo de Tehuacán

La suspensión de la SCJN no tiene una vigencia, así que puede extenderse por varios meses, sin embargo, al gobierno municipal de Tehuacán solo le resta un año y un mes de gestión.

Esto significa que los regidores y el alcalde suplente podrán continuar en funciones por el tiempo que tarde en llegar la resolución definitiva de la Corte.

Cabe señalar que los diputados locales estimaban disolver el Cabildo en este mes de septiembre.

Desde el inicio del procedimiento los diputados y partidos de oposición han denunciado que la pretensión de extinguir el Cabildo de Tehuacán se trata de una venganza política por parte de Barbosa Huerta.

e-consulta
Héctor Llorame
Puebla, México
Miércoles 9 de septiembre 2020.


La familia pide que la investigación hacía Ignacio Salvador sea llevada por la vía legal


Este sábado a las dos de la tarde, elementos de seguridad de distintas corporaciones realizaron tres cateos simultáneos en distintas propiedades del edil de Ajalpan, además aprehendieron a su hija Nayeli Rosalba Salvador Montalvo de 23 años de edad y a ocho empleados de los cuales, hasta el momento, se desconoce la ubicación.

La hija del edil, Angela Salvador, en entrevista dijo que “policías ministeriales ingresaron al hotel donde se encontraban mi mamá y mi hermana, registraron cuarto por cuarto sin saber que es lo que estaban buscando, no mostraron ninguna orden de aprehensión, ninguna orden de cateo y fue ahí donde los policías se llevaron a mi hermana con lujo de violencia”.

“A mi hermana la sacaron de los cabellos, les preguntamos hacia donde se la llevaban, pero no nos dieron ninguna información, no nos dijeron nada, a ella le quitaron su celular y hasta el día de hoy no tenemos datos, los abogados no tienen acceso a la información, nos mandan a la fiscalía de Puebla y de ahí nos remiten a Tehuacán, entonces no saben que decirnos, ni a nosotras ni a los familiares de los ocho trabajadores que se llevaron”, agregó.

“Este es un llamado tanto al gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, como al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, porque esto ya rebasó todos los límites, si se está haciendo una investigación hacía mi papá pues que se haga bajo las vías legales y si no encuentran nada ¿Por qué se abrió una segunda carpeta de investigación?”.

“No sabemos porque se llevaron a mi hermana. No tenemos la orden de aprehensión, precisamente por eso nosotros nunca anduvimos escondidos, no escondemos nada, no le debemos nada a nadie y queremos saber de qué se le acusa”.

Cuando se le preguntó a la joven por la postura de su papá, el edil Ignacio Salvador, comentó que por el momento no mantienen comunicación con él y añadió “Todo lo que tenemos es a base de esfuerzo, lo único que nosotras hacemos es trabajar dentro de las empresas de mi papá pero legalmente, por eso es que nos es extraño que ahora nos persigan a nosotras cuando ya existe una orden de aprehensión en contra de mi papá y mis hermanos, qué es lo que pretende el gobernador con todo esto”.

También desmintió el hecho de que en Coxolico los pobladores hayan retenido a Agentes Estatales de Investigación y aseguró que fueron los policías municipales y estatales quienes llegaron con violencia a romper los vidrios de la alcaldía auxiliar, por lo que los habitantes se reunieron para pedir una explicación por la violencia.

“Ahí también catearon varios inmuebles de personas que no tienen nada que ver con mi familia, en algunas casas de hecho se llevaron dinero, computadoras y cosas que ni quiera tenían relación con nosotros”.

“Mi papá solo tiene una propiedad en Coxolico y aun así catearon varias viviendas y robaron dinero, se trajeron dos vehículos y detuvieron a dos personas, además saquearon las tienditas de la junta auxiliar, eso es un abuso, entraron a casas ajenas”.

Angela Salvador comentó que también fueron cateadas las viviendas de los ediles auxiliares de Alcomunga y de Coxolico.

Respecto a su hermana dijo hasta el momento no han tenido comunicación con ella y no les han permitido entregarle comida ni abrigo “no sabemos absolutamente nada, nadie nos da información”.

“Solo le pido al gobernador que se siga la línea de investigación legal y que no se meta con nosotros, a él nadie lo persigue por las cosas en las que está involucrado y además a él no le gustaría que detuvieran a sus hijos de manera injustificada, debe tener la moral suficiente para que se nos señale cuando se le compruebe algo a mi papá”.

Admiten controversia constitucional a cabildo de Tehuacán

La resolución de la controversia se dará a conocer luego de que la síndico pruebe que no se incumplieron las funciones del cabildo

Este jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, admitió la controversia constitucional tramitada por el edil suplente de Tehuacán, Andrés Artemio Caballero López para impedir la disolución del Cabildo.

El siguiente paso a seguir es la presentación de pruebas para demostrar que el cabildo de Tehuacán no incumplió sus funciones pese a la falta de presidente municipal durante seis meses, tarea que según la SCJN le corresponde al síndico municipal, Laura Virginia Gallegos.

Posteriormente se dará a conocer la resolución de la controversia, toda vez que la Suprema Corte avale las pruebas presentadas por el ayuntamiento.

e-consulta
Puebla, México
Elizabeth Román
Domingo 16 de agosto de 2020.


La CNDH impugnó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) varias disposiciones de la Ley de Educación del gobernador Miguel Barbosa Huerta, por considerar que violentan u obstaculizan los derechos humanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad para demandar que se invaliden nueve artículos de la polémica ley aprobada el 15 de mayo.

El recurso fue presentado por Rosario Piedra Ibarra, presidenta del organismo nacional, y tiene el número de expediente 186/2020.

Los porciones controvertidas son los capítulos VI y VIII de la norma, denominados “de la Educación Indígena” y “de la Educación Inclusiva”.

Sobre la educación en comunidades indígenas se impugnaron los artículos 46 al 48, así como del 51 al 56 de la educación para personas con discapacidad.

En los primeros se establece la obligación del estado de garantizar los derechos educativos, culturales y lingüísticos a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas.

También se advierte que las autoridades educativas deberán consultar “de buena fe y de manera previa, libre e informada” cada vez que decida nuevas medidas en materia educativa relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, respetando su derecho a la libre autodeterminación.

En lo que respecta a la educación inclusiva, se enfatiza que el gobierno estatal debe facilitar el aprendizaje de las personas con discapacidad y la enseñanza del sistema Braille y lenguaje de señas mexicanas, además de brindar servicio de transporte a los estudiantes que así lo requieran.

SCJN requiere informes

Tras la impugnación de la CNDH, la Corte otorgo un plazo de 15 días al gobierno estatal y al Congreso del estado para remitir informes.

Al Poder Legislativo le ordenó enviar los antecedentes legislativos de la Ley de Educación, las iniciativas, los dictámenes de las comisiones, las actas de las sesiones donde se aprobó, la votación y la versión estenográfica del debate legislativo.

Al Poder Ejecutivo requirió un ejemplar del Periódico Oficial del Estado en el que se publicó la ley el pasado 18 de mayo, con lo cual quedó promulgada.

La Ley de Educación fue aprobada en “fast-track” el 15 de mayo por los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia, tan solo cuatro días después de recibir la iniciativa del gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Esto a pesar del rechazo de asociaciones de escuelas privadas y del Consorcio Universitario, que agrupa a las universidades más importantes del estado.

Diputados de oposición promovieron previamente una acción de inconstitucionalidad, pero fue rechazada por no contar con el respaldo de al menos el 33 por ciento de la Legislatura local.

e-consulta.com
Héctor Llorame
Puebla, México
Viernes 14 de agosto de 2020.


El senador Ricardo Monreal, líder de los morenistas en la Cámara Alta, advirtió que la recién aprobada Ley de Educación de Puebla no refleja el espíritu de la Ley General de Educación federal y será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que tendrá que revisar su constitucionalidad.

Regreso Gradual

“La Legislación aprobada en Puebla, respecto a bienes muebles e inmuebles, desde mi punto de vista, no refleja el espíritu de la Ley General de Educación que aprobamos hace unos meses en el Congreso de la Unión”, dijo el coordinador de Morena en el Senado, durante una conferencia de prensa virtual.

De acuerdo con Monreal el “verdadero objetivo” de la Ley General de Educación Nacional es respetar el papel de las instituciones privadas en cumplimiento a los fines educativos que establece la Carta Magna y fortalecer el papel del Estado para vigilar y mantener el orden en los planes y programas de esas instituciones.

“Pero no se intentó y ni se intenta ni estamos de acuerdo en que se violenten derechos de las instituciones privadas”, señaló el legislador.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado dijo que, su opinión personal, es que se trató de “una armonización indebida” por parte del Congreso local en Puebla y que la Suprema Corte es la que tendrá que revisar si existe esa “contradicción” con los postulados principales de la Constitución.

“Estoy seguro de que el propio gobernador de Puebla coincide conmigo; estamos del lado de la legalidad y seremos los primeros en señalar los excesos o las malas interpretaciones al espíritu de la Ley General de Educación”, comentó Monreal.

Ley ambigua

Rectores de instituciones privadas del estado calificaron la ley, aprobada por el Congreso local apenas el 15 de mayo, como “ambigua” y alertaron sobre el control que estaría otorgando al gobierno poblano sobre las instituciones de educación privada.

El principal artículo que causó controversia fue el 105, según el cual, “los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de Puebla, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal”.

En su defensa, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, negó en Twitter que el alcance de la ley tenga que ver con “apropiarse” de los muebles e inmuebles privados sino de que “los mismos sirvan para los fines educativos destinados” y manifestó que el concepto de que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas privadas forman parte del Sistema Educativo Nacional está previsto en el propio artículo 99 de la Ley General de Educación, de aplicación nacional.

Según el artículo 99 de la Ley General de Educación aprobada en 2019, “los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Nacional”.

Proceso
Neldy San Martín
Ciudad de México
Lunes 25 de mayo de 2020.

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