Mariclaire Acosta, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, cuenta sobre los esfuerzos de la sociedad civil para acabar con un problema arraigado en México


Mariclaire Acosta Urquidi (Ciudad de México, 1947) ha dedicado los últimos 40 años de su vida a la defensa de los derechos humanos en México. Ha dirigido organizaciones de la sociedad civil, ha sido investigadora, profesora universitaria y subsecretaria de Estado en materia de derechos humanos (2001-2003). Ahora su apuesta es hacer que funcionen las políticas anticorrupción en el país. Desde joven abrevó la lucha por los principios humanitarios y ahora busca imprimir ese sello en su paso por el Sistema Nacional Anticorrupción, una instancia conformada por autoridades federales y locales que busca combatir este problema tan arraigado en la sociedad mexicana. “Soy de la generación de 1968, me tocó ver cómo mataban estudiantes por exigir el ejercicio de libertades democráticas básicas como el derecho a la manifestación. Lo viví en carne propia y eso te va dejando una huella muy profunda”, afirma.

Desde febrero de este año asumió la presidencia del Comité de Participación Ciudadana, el órgano que representa a la sociedad civil en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). El SNA continúa en consolidación y aún le faltan piezas fundamentales como los magistrados de justicia administrativa —los que habrán de imponer las sanciones— y el fiscal anticorrupción —el encargado de investigar los hechos de corrupción. “La agenda anticorrupción y derechos humanos no va a poder avanzar si no contamos con una fiscalía independiente”, afirma Acosta. La crisis de derechos humanos y de corrupción que se vive actualmente se debe a que tenemos instituciones muy débiles en el área de justicia. “Ya no podemos seguir con una institución de procuración de justicia sometida o subordinada a intereses personales o políticos”, reitera.

Pregunta. ¿En qué está trabajando el Sistema Nacional Anticorrupción?

Respuesta. Estamos consolidando al Comité de Participación Ciudadana (CPC) en un año muy complicado. Aún le faltan muchas piezas al sistema, como el tema de la Fiscalía anticorrupción, pero no es el momento oportuno para que se complemente. Estamos trabajando en definir nuestras líneas de acción para el futuro. El comité no está sujeto a los vaivenes electorales, aunque nos afecten. Tenemos varios procesos en marcha, como la elaboración de las propuestas de formatos para las declaraciones patrimoniales, estamos acompañando el desarrollo de los sistemas locales anticorrupción y vamos a hacer propuestas de política pública a largo plazo. Uno tiene que ver con la relación corrupción-derechos humanos en el sector salud. Uno de los temas que más nos interesa demostrar y poner en el centro de la discusión es que la corrupción genera víctimas.

P. ¿Cuáles han sido las resistencias más fuertes o poderosas a las que se ha tenido que enfrentar?

R. Yo vengo de la lucha por los derechos humanos, tengo más de 40 años trabajando en esto y he enfrentado muchas resistencias: desde la sociedad civil hasta el Gobierno. A mí no me sorprende que haya resistencias para combatir la corrupción porque estamos tratando de modificar una de las cosas que están más arraigadas en nuestra clase política y en nuestra sociedad. Es muy fácil señalar con el dedo y decir que metan a la cárcel a fulano y seguir pagando mordidas. Esto es un problema mucho más integral. Además de castigar, hay otros procesos que se tienen que poner en marcha para disuadir y prevenir la corrupción antes de que se tenga que castigar y eso implica cambiar el chip de la sociedad y la clase política. Aquí no hay fórmulas mágicas para combatir la corrupción,

P- El funcionamiento del SNA depende de muchos órganos que tienen que trabajar en conjunto, pero muchos de ellos están plagados de intereses. ¿Cómo lograr el cambio si sigue imperando esta situación?

R. Presionando

P-¿Podrá funcionar el sistema si sigue operando de la forma en la que está actualmente?

R. Yo no creo en las soluciones mágicas, no va a funcionar de un día para otro, y es un gran logro que ya contemos con las leyes y las instituciones. Ahora hay que hacer que las instituciones funcionen porque tienen un cometido institucional fijado por la legislación y para ello hay que quitar de las instituciones las componendas políticas, las designaciones a modo. Se trata de construir un Estado de derecho. ¿Se va a lograr en un sexenio? No. Ahora hay que movilizar a la ciudadanía y convencer a la clase política que esa es la ruta que hay que seguir.

P. ¿El SNA es nuestra última esperanza para salir de esta crisis que estamos viviendo?

R. Yo no diría que es la última, yo diría que es una esperanza y hay que hacer que funcione cabalmente. Pero confío en que habrá otras oportunidades.

P. ¿Cómo visualiza el sistema en 5 años?

R. Vamos a ver qué pasa en esta coyuntura electoral, de ahí la importancia de que los candidatos realmente se pronuncien con seriedad y profundidad sobre el tema de la corrupción y no estén promoviendo soluciones a corto plazo, que vendan bien, pero no vayan al fondo del problema. Yo veo (en cinco años) un sistema consolidado, con una base ciudadana más firme y con una agenda que se hace cargo de los grandes problemas nacionales.

P. ¿El sistema funcionará independientemente del candidato presidencial que gane?

R. No lo sé, en todo proceso electoral de cualquier parte del mundo hay incertidumbre. Mira en Estados Unidos, procesos e instituciones que se creía que ya estaban firmemente establecidos, pues no. Vuelvo a contar mi experiencia en Colombia, donde el proceso electoral actual pone en duda si va a continuar el proceso de paz. Entonces no te puedo contestar eso ahorita, pero vamos a procurar que así sea porque tiene un mandato constitucional.

P. ¿Tiene una especie de blindaje para protegerlo contra las futuras decisiones del presidente?

R. Pues tiene el blindaje que se pueda tener: una base constitucional y dos leyes generales muy sólidas, reformas constitucionales en todos los estados. Ahí está, pero podemos volver al tema de la simulación, puede no funcionar.

P. ¿Entonces hay riesgo de que pueda fracasar?

R. No puedo entrar ahí. Yo no estoy en la profesión de los análisis de riesgo (risas).

P. ¿Qué candidato representa mayor riesgo para el sistema?

R. No voy a contestar nada que tenga que ver con los candidatos.

P. ¿Cómo puede el Comité de Participación Ciudadana, darle la vuelta a todas estas resistencias que hay o a estas trabas para poder hacer que funcione?

R. Haciendo lo que estamos haciendo: cinco miembros ciudadanos que tenemos nuestras vidas profesionales aparte y le estamos dedicando todo nuestro esfuerzo, nuestro talento, la experiencia y recursos de los que disponemos. Es una apuesta como todo.

P. El CPC tiene entre sus facultades proponer políticas públicas, lineamientos, pero no de investigar…

R. Es que la investigación la hacen los órganos de procuración de justicia, los que tienen el mandato para hacerlo. Nosotros no somos agentes del Ministerio Público.

P. Pero quedarse sólo en propuestas y políticas, ¿no le resta fuerza al CPC?

R. El sistema lo que pretende es prevenir, disuadir, corregir y eventualmente castigar. Un paquete completo. ¿Por qué crees que estamos pidiendo una Fiscalía que sirva? porque nos falta ese componente.

P. ¿Qué tanto ayudaría un eficaz combate a la corrupción para acabar con las violaciones a los derechos humanos?

R. Muchísimo. Por eso tenemos este vínculo con las organizaciones de derechos humanos. Un ejemplo: en la masacre de Allende todo tiene que ver con la corrupción. Desde que ahí operaba un cartel, y la policía y el Ayuntamiento estaban al servicio del cartel. Desde que un miembro del cartel empieza a colaborar con la DEA y la DEA se comunica con un alto mando de la Policía Federal en la Ciudad de México… eso genera la masacre. Y si te vas caso por caso encuentras esos vínculos.

P. ¿Un mejor combate a la corrupción reducirá los índices delictivos?

R. Detrás de cada acto de corrupción hay una afectación a los derechos humanos.

El País
Zorayda Gallegos
Ciudad de México
Miércoles 2 de mayo 2018.


Ciudad de México. - Con el argumento de que se trata de información reservada, la Procuraduría General de la República (PGR) evadió informar al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) el estado que guarda la investigación sobre el caso Odebrecht.

La PGR, informó el secretario ejecutivo del SNA, Ricardo Salgado, sostuvo que al expediente sólo pueden tener acceso la víctima y el imputado y, en razón de ello, estaba impedida legalmente para detallar el contenido de la indagatoria.

El 15 de enero pasado, el Comité Coordinador del SNA aprobó emitir un exhorto a la PGR para que informara el estado que guarda la carpeta de investigación, si ésta está abierta o ya fue concluida y, en caso de que ocurriese lo primero, cuánto tiempo estimaba que pudiera demorar en terminar la investigación.

Durante la sesión del Comité de este martes, Salgado informó a los miembros integrantes del pleno que la PGR remitió a los boletines de prensa que ha emitido para señalar que, cómo se desprende de ellos, la indagatoria sigue abierta.

En cuanto al tiempo que pudiera tener el cierre de la investigación, la dependencia expuso que éste no es estimable debido a que aún faltan actuaciones por llevar a cabo y muchas de ellas no están bajo el control del Ministerio Público, sino que dependen de otras autoridades tanto nacionales como internacionales.

Odebrecht es una empresa brasileña que desde diciembre de 2016 aceptó que pagó sobornos en México por 10.5 millones de dólares para obtener contratos de Pemex y dos de sus directivos acusaron al ex director de la empresa productiva del estado, Emilio Lozoya, de haber recibido las coimas.

En la mayoría de los países donde operó el mismo esquema de corrupción ha habido funcionarios sancionados penalmente, salvo en México, de ahí que el SNA requirió a la PGR informar el estado procesal que guarda el caso.

Reforma
Ciudad de México
Martes 17 de abril 2018.


Transparencia Mexicana destacó que la resistencia que ha despertado el nuevo sistema anticorrupción afectó en su posición en el Índice de Percepción de la Corrupción.

Países como Uruguay se ubican a más de 100 lugares de México, gracias a fiscalías independientes y con capacidades de investigar y castigar.

México retrocedió varios lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, ubicándose en el puesto 135 de 180 países (desde el 123 de 176 de un año antes), y es el peor evaluado de las naciones que conforman el Grupo de las 20 economías más desarrolladas, el G20, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

"A pesar de los esfuerzos por establecer un nuevo sistema anticorrupción, y probablemente por las resistencias que ha despertado, México cayó en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017", dijo en un comunicado Transparencia Mexicana.

México obtuvo 29 puntos en la evaluación, que es de una escala de 0 a 100, donde 100 es la mejor y entre más cerca se esté de cero es peor en materia anticurrupción.

El organismo destacó que, si bien México fue el mejor evaluado de América en el Índice de Transparencia Presupuestaria 2017, esto no se reflejó en el indicador de percepción de la corrupción, "estos resultados ponen de manifiesto, una vez más, que la transparencia, por sí sola, no necesariamente lleva a una reducción de la corrupción".

"Sin acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción, será difícil que México mejore en las evaluaciones internacionales sobre corrupción e impunidad", agregó.

Transparencia Mexicana explicó que los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción retratan que el problema es institucional, pues, por ejemplo, países latinoamericanos como Chile y Uruguay se encuentran a más de 100 lugares de distancia de México, gracias a la presencia de fiscalías independientes, con capacidades reales de investigación y persecución del delito.

"Diversos organismos nacionales e internacionales han subrayado la ausencia de instituciones independientes para investigar y sancionar los grandes casos de corrupción en México", indicó.

Los datos del Índice de Corrupción se suman a la reciente Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que señaló que en México el lavado de dinero aún no es un delito que se persiga de manera proactiva y sistemática, lo cual es un riesgo de impunidad y corrupción tanto para el sector público como el privado.

Transparencia Internacional realizó 4 recomendaciones para México en materia anticorrupción:

1) Asegurar la correcta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en todo el territorio nacional.

2) Incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el SNA, para fortalecer las investigaciones de lavado de dinero y las llamadas “empresas fantasma”.

3) Crear una Fiscalía General de la República capaz, autónoma e independiente para asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política, ni de intereses privados.

4) Avanzar hacia sistemas de información interoperable y automatizada de todas las instituciones públicas, incluyendo la máxima publicidad y formatos abiertos respecto del financiamiento a partidos políticos y sus proveedores.

El país mejor evaluado en el Índice fue Nueva Zelanda, con 89 puntos, seguido de Dinamarca con 88, Finlandia, Noruega y Suiza con 85.

La nación latinoamericana con mejor evaluación fue Uruguay, que con 70 puntos se ubicó en el puesto 23.

Los últimos 5 lugares fueron para Yemen, con 16 puntos, seguido de Afganistán con 15, Siria con 14, Sudán del Sur con 12 y Somalia con 9.

La nación peor evaluada de Latinoamérica fue Venezuela, quien con 18 puntos se colocó en el puesto 169.

El Financiero
Anabel Clemente
Ciudad de México
Domingo 25 febrero 2018.

El rector de la Ibero Puebla resaltó que son múltiples los políticos que están desviando recursos públicos con beneficios personales

El rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, Fernando Fernández Font, aseguró que ninguna ley terminará con la corrupción si persiste la impunidad hacia las autoridades que usan recursos con beneficios personales.

Después de que los legisladores del Congreso local avalaron el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política mexicana para crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Fernández Font resaltó que son múltiples los políticos que están desviando recursos públicos con beneficios personales.

“Si te pones a ver, cuántos políticos, cuántas personas que han sido nombradas por la ciudadanía, utilizan los bienes públicos con fines personales, es una infinidad”, comentó.

Ante la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que estará integrado por un Comité Coordinador que aglutina a la Auditoría Superior de la Federación, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al Instituto Nacional de Transparencia, el rector de la Ibero Puebla manifestó que la solución a la corrupción se encuentra en la lucha contra la impunidad.

“La solución tiene que ser a través de una verdadera lucha contra la impunidad. La corrupción va existir mientras haya impunidad. Creo que la raíz y el meollo del problema es que mientras los políticos, empresarios, las gentes de poder, actúen con total impunidad, no vamos a combatir la corrupción”, destacó.

La Reforma Anticorrupción busca fincar responsabilidades administrativas tanto a servidores como a particulares que usen recursos públicos; el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias, y la obligación de los servidores públicos a presentar su Declaración Patrimonial y de Intereses.

e-consulta
Jaime Zambrano
Ciudad de Puebla
Miércoles 13 de mayo de 2015.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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