El compromiso del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es revertir estos decretos como parte de las prioridades legislativas.

Ciudad de México— El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, exigirá al presidente Enrique Peña Nieto la revocación inmediata de los diez decretos publicados el pasado 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación, que eliminan la veda y en el que se establecen reservas de agua en varias cuencas hidrológicas del país.

Por medio de un punto de acuerdo, Monreal también solicitará al jefe del Ejecutivo abstenerse de otorgar nuevas concesiones al amparo de estos decretos.

En su propuesta se pronuncia a favor de promover una discusión nacional sobre la administración de las cuencas hidrológicas, que garantice la preservación del recurso y los derechos fundamentales de las y los mexicanos.

De acuerdo a un comunicado, la propuesta de punto de acuerdo acompaña el compromiso del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de revertir estos decretos como parte de las prioridades legislativas.

Monreal considera en su texto que los decretos de reserva de agua superficial aprobados en junio abren la puerta para que se concedan concesiones a empresas privadas de forma poco transparente.

Argumentó que Conagua podría otorgar concesiones para que mineras, petroleras y empresas al servicio de algunos municipios accedieran a las cuencas antes que los pueblos indígenas, núcleos agrarios y comunidades rurales.

Recordó que los decretos suprimen zonas de veda y establecen reservas de agua en zonas y ríos seleccionados, como son Grijalva-Usumacinta (Chiapas, Tabasco y Campeche); Papaloapan (Oaxaca, Puebla y Veracruz); y Pánuco (Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León).

También Costa Chica de Guerrero y Costa Grande (Guerrero y Oaxaca); San Fernando Soto la Marina (Tamaulipas y Nuevo León); Santiago (Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y Zacatecas); Actopan- Antigua (Veracruz y Puebla); Costa de Jalisco (Colima y Jalisco); y Ameca (Nayarit y Jalisco).

Señaló que diversas organizaciones académicas y sociales se advierten algunos aspectos de ilegalidad en los decretos como anormalidades en el proceso de mejora regulatoria, implementación en el contexto actual y afectaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas.

"La expedición de estos decretos es una facultad expresa que le otorga la Ley de Aguas Nacionales al titular del Poder Ejecutivo Federal, existen serias preocupaciones sobre sus alcances e implicaciones por parte de académicos, investigadores y organizaciones de la sociedad civil, particularmente sobre aquellas concesiones que, bajo el amparo de los nuevos decretos, empiecen a operar en favor de los particulares", aseveró el senador de Morena.

Reforma
Ciudad de México
Sábado 13 octubre 2018.


El presidente de la Comisión de Seguimiento del Senado de la República, Alejandro Armenta Mier, presentó un fajo de boletas electorales que supuestamente fueron clonadas por el Instituto Electoral del Estado (IEE) para dar ventaja a la candidata del PAN Martha Érika Alonso Hidalgo en la elección de gobernador de Puebla.

En conferencia de medios en la Ciudad de México, anunció que entregará el material a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), como prueba de que se cometió un fraude en el estado para dar el triunfo a la esposa del ex mandatario local Rafael Moreno Valle Rosas.

Recordó que el TEPJF será la última instancia que revise la impugnación de Morena contra la constancia de mayoría que el Instituto Electoral del Estado (IEE) entregó a Alonso, ya sea para ratificarla como gobernadora electa o anular los comicios.

Alejandro Armenta, quien es senador de Regeneración Nacional, aseguró que le entregó las boletas un ciudadano inconforme con la operación que se llevó a cabo y que ocultó su identidad ante el temor de sufrir represalias.

Culpa a los 26 consejos distritales del IEE

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso, Armenta aclaró que no solo se clonaron boletas para marcarlas a favor de Alonso y depositarlas en los paquetes electorales tras los comicios, sino también las actas en las que se computaron los resultados de la elección.

Responsabilizó de la operación a los 26 consejos distritales que instaló el IEE en todo el estado, los cuales recibieron y custodiaron por una semana los paquetes que armaron los funcionarios de casilla con las boletas, actas de escrutinio y listados nominales utilizados el 1 de julio pasado.

“Se violó la ley y no se respetó el voto de los ciudadanos”, denunció el representante popular en compañía de otros integrantes del grupo parlamentario de Morena del Senado de la República.

En la rueda de prensa, también urgió la aprobación de una iniciativa presentada por Regeneración Nacional que busca elevar a delito grave el fraude electoral.

La Jornada de Oriente
Mónica Camacho
Ciudad de Puebla
Miércoles 10 de octubre de 2018.


La Fiscalía se regirá por principios rectores como autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, accesibilidad, debida diligencia, imparcialidad y otros establecidos en la Constitución, se dijo.

Ciudad de México.- La bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado anunció, en conferencia de prensa, que tiene lista su iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

La presentará en la sesión de este martes en la tribuna.

Esto permitirá nombrar a su nuevo titular a propuesta del Senado y con la opinión favorable del presidente de la Republica.

La iniciativa de Morena prevé que la estructura de la Fiscalía General de la Republica se integre además de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, pero también de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos.

El objetivo es reformar el combate al delito, la corrupción, la impunidad y la inseguridad, lograr un cambio profundo en materia institucional.

“La construcción de esta iniciativa fue un esfuerzo conjunto con el cual se pretende superar la profunda crisis institucional y articular una transición en la que concurran todas las fuerzas políticas, fortaleciendo un nuevo papel del Estado en la procuración de justicia y de la seguridad pública”, detalló Olga Sánchez Cordero, senadora de Morena.

“El objetivo central tiene que ser el combate a la incidencia delictiva y no la generación de estructuras orgánicas por el simple hecho de generar estructura, debe tener una finalidad clara, que es el combate a los delitos”, aseguró Santiago Nieto, coordinador Técnico Iniciativa de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República

Por el momento no habrá reformas constitucionales para la creación de la Fiscalía General de la República.

La iniciativa de Morena se presenta luego de haber realizado mesas de trabajo con organizaciones civiles como “Fiscalía que Sirva” y “Vamos por Más”.

La Fiscalía tendrá un Consejo Técnico, integrado por cinco ciudadanos, expertos en temas de procuración e impartición de justicia, investigación criminal y derechos humanos, que opinará, dará seguimiento y emitirá recomendaciones públicas sobre el contenido e implementación del Plan Estratégico de Persecución Penal.

La Fiscalía se regirá por 11 principios rectores: Autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, accesibilidad, debida diligencia, imparcialidad y otros establecidos en la Constitución, tratados internacionales, leyes y demás disposiciones aplicables.

Agencias
Ciudad de México
Lunes 10 de septiembre de 2018.


El Senado aprobó un paquete de criterios y medidas en materia de austeridad presupuestal, rendición de cuentas y combate a la corrupción al interior de esa instancia legislativa.

En el marco de la primera sesión ordinaria de la LXIV Legislatura se informó del acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política, en el cual destacan acciones de austeridad para 2019 en materia de recursos humanos, recursos materiales, recursos económicos y en materia de trabajo legislativo.

El acuerdo presentado por el presidente de la Junta, Ricardo Monreal Ávila, propone reducción en asignaciones para la contratación de personal bajo el régimen de honorarios, reducción de alimentos para senadores en días de sesión, y eliminar frutas, semillas y bebidas especiales.

Asimismo se prevén medidas de austeridad a los funcionarios del Senado en temas como gasolina, telefonía celular, gastos médicos mayores, vales de despensa, peaje, mantenimiento de vehículos, complemento de aguinaldo y seguro de separación individualizado, entre otros.

Para los grupos parlamentarios se prevén medidas de austeridad en las plazas de estructura de apoyo, honorarios para la contratación de personal, y creación exclusiva de 42 comisiones legislativas.

“No se pondrá en riesgo el funcionamiento de esta Cámara de Senadores”, dijo Monreal Ávila al argumentar la importancia de este acuerdo y agregó que “tenemos que tener autoridad moral frente a los otros poderes y organismos autónomos, tenemos que ser austeros”.

El coordinador del PAN, Damián Zepeda Vidales, valoró y respaldó las medidas de austeridad y la reducción de actividades que no son sustantivas y se evite el debilitamiento institucional del Senado. “Estaré atento a que se ejerza con claridad y transparencia”, dijo.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, avaló la eliminación de privilegios y dijo que se deben impulsar políticas de austeridad en beneficio del pueblo de México.

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI, celebró que el Senado de la República avale este acuerdo austeridad, transparencia y rendición de cuentas.

Alejandro González Yáñez, coordinador del PT, expresó la relevancia del mandato dado el 1 de julio de 2018 que obliga a la nueva legislatura en el Senado a retomar los postulados de austeridad republicana para lograr ahorros en el gasto corriente.

Notimex
Ciudad de México
Martes 4 de septiembre 2018.


Siete entidades de Consejo de ONU contra Ley de Seguridad


Ginebra.- La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó este viernes de "lamentable" que el Senado de México ratificara la nueva y polémica Ley de Seguridad Interior.

 "Para la Oficina es lamentable que haya sido aprobada", afirmó en una rueda de prensa la portavoz de la Oficina, Elisabeth Throssell.

"No creemos que sea un paso positivo", señaló al indicar que la posición personal del Alto Comisionado, Zeid Ra'ad Al Hussein, es que el principal encargado de la seguridad nacional sea la Policía no las Fuerzas Armadas.

El país debería centrarse en reforzar la Policía nacional y no convertir a las Fuerzas Armadas en una parte fundamental de la seguridad interna", concluyó, y recordó que la Oficina ya se posicionó en contra de la ley con anterioridad.

Varios grupos de trabajo de Derechos Humanos de la ONU, así como diversos relatores especiales han criticado la ley por el peligro que existe de que incremente las violaciones a los derechos humanos en el país.

Estas instancias, que velan por las libertades fundamentales, recordaron que en el pasado, integrantes de las Fuerzas Armadas perpetraron "numerosos" y graves abusos a los derechos humanos y que en muchos de los casos estos crímenes quedaron impunes.

ONU y CNDH insisten en que no se avale Ley de Seguridad

En un hecho sin precedente, siete entidades del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se pronunciaron de manera conjunta para pedir al Estado mexicano rechazar el Proyecto de Ley de Seguridad Interior que se someterá hoy al pleno del Senado, al advertir que dar a las Fuerzas Armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad podría debilitar la protección de los derechos humanos.

Dos grupos de trabajo y cinco relatores de Los Procedimientos Especiales, que es el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, se sumaron al llamado que ayer hicieron tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que no se apruebe esa legislación. En el pronunciamiento que se hace hoy, las entidades de ONU se manifestaron preocupadas porque la norma propuesta otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles.

Resulta muy alarmante que una iniciativa legislativa de tal envergadura, con un impacto potencial tan profundo en los derechos humanos, se lleve a cabo de una manera precipitada y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos y organismos internacionales", señaló el grupo de expertos en un comunicado.

En su informe Perpetuar el fallido modelo de Seguridad, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, refiere cifras oficiales para documentar el incremento de la violencia desde que el entonces presidente Felipe Calderón determinó sacar a las Fuerzas Armadas de sus cuarteles para realizar labores de seguridad. Señala que el año anterior a la toma de posesión de Felipe Calderón, las estadísticas nacionales e internacionales señalaban que el país vivía los menores índices de violencia de su historia: según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se presentaban sólo 8.5 homicidios por cada cien mil habitantes.

Ambas organizaciones hicieron un llamado urgente al Estado mexicano para que se abstenga de aprobar la legislación, a pesar de las modificaciones propuestas

 Sin embargo, esa cifra se triplicó para el 2011, pues el índice se situó en 24 por cada 100 mil habitantes. Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que 2011 tuvo los índices más altos de homicidios dolosos del sexenio, con 22 mil 852 muertes. Al término de la administración de Calderón, el total de civiles muertos era de 104 mil.

De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional –también citada por el Centro Pro-, en 2012 las bases de operaciones de las Fuerzas Armadas se encontraban desplegadas en 19 estados; para 2016 la presencia militar se extendió a 24 entidades federativas, lo que representa el 75% del territorio nacional.

Aunque hubo un decremento en los índices de homicidios durante los años 2014 y 2015, en 2016 se llegó a la cúspide de la violencia en lo que va del sexenio. Todo apunta a que 2017 será el año más sangriento, pues durante el primer trimestre de este año se registraron 5 mil 775 homicidios dolosos, lo que representa un incremento de 1 mil 100 homicidios con respecto a los primeros trimestres de los cuatro años de gobierno transitados, lo que equivale a un crecimiento mayor al 23%, apunta el Centro Pro.

Es en ese contexto que los organismos defensores de derechos humanos de la ONU reiteran que la Ley de Seguridad Interior carece de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones se lleven a cabo con pleno respeto de los derechos humanos, y no prevé que las actividades de inteligencia se realicen con la debida supervisión civil y judicial. Preocupa que al categorizar toda la información resultante de la aplicación de la ley como de Seguridad Nacional, la excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio público.

El creciente papel de las Fuerzas Armadas, en ausencia de mecanismos control y de rendición de cuentas, podría provocar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas desde que se asignó a las Fuerzas Armadas un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad", señaló el grupo.

Los expertos reiteran que el Proyecto de Ley es ambiguo en ciertos puntos y contiene una definición excesivamente laxa de las situaciones en que las autoridades podrían usar la fuerza, incluso en el contexto de movilizaciones de protesta.

Cualquier nueva ley de seguridad debería hacer hincapié en el papel primordial de las autoridades civiles, principales responsables de proteger los derechos humanos mediante la inclusión de estrictos controles. Ninguna autoridad civil debería renunciar a esta responsabilidad.

El grupo señaló que los mecanismos de las Naciones Unidas vienen recomendando durante años que se restrinjan las funciones de las Fuerzas Armadas a las propias de su misión, y que se investigue y sancione debidamente a los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan cometido violaciones de derechos humanos, incluidos numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura,  violencia sexual y otras formas de malos tratos.

En particular, el grupo recordó al Gobierno la recomendación formulada en 2011 por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en la que se solicitó que las Fuerzas Armadas se retiraran de las operaciones de seguridad pública.  Remarcaron que esta recomendación se dio teniendo en cuenta la trágica historia en las últimas décadas del continente americano, donde la participación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad interior ha estado asociada a la práctica sistemática y generalizada de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, la mayoría de las cuales se han mantenido en la impunidad.

La Silla Rota
Irma Rosa Martínez A.
Ciudad de México
Viernes 15 diciembre 2017.

El senador independiente Armando Ríos Piter exigió al titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, conformar un grupo de trabajo que apruebe la activación de la alerta de género en el estado de Puebla, de acuerdo con la recomendación de la CNDH.

Mediante una propuesta de punto de acuerdo, presentada este jueves en la Cámara Baja, el legislador solicitó a esta soberanía exhortar a Osorio Chong a revisar la negativa de un grupo de trabajo anterior, expresada el pasado 7 de julio de 2017, cuando se aprobó, por mayoría, no implementar dicho mecanismo, pese a reconocer “527 homicidios dolosos de mujeres”, ocurridos entre 2009 y 2017 en tal entidad.

En este sentido, Río Piter recordó que, en tal ocasión, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció en contra de la negativa, argumentado que había elementos suficientes para demostrar “el incumplimiento o cumplimiento parcial de las acciones que tenía que llevar a cabo el Estado de Puebla” para proteger los derechos de las mujeres.

Basó su demanda en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyo artículo 24 –destacó– establece que dicha alerta se emitirá cuando los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres perturben la paz social y la sociedad, así como organismo nacionales e internacionales, así lo reclamen.

Asimismo, dicha ley –añadió– indica, en su artículo 25, que el gobierno federal, a través de Secretaría de Gobernación (Segob), es el encargado de declarar “la alerta de violencia de género y notificará la declaratoria al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate”.

Mujeres de la 3ª edad, principales víctimas: FGE

En su propuesta, el senador refirió los datos sobre feminicidios que la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) entregó al grupo de trabajo, donde se indica que la edad de las víctimas oscila entre los siguientes grupos: de cero a 14 años (23 casos), de 15 a 18 (26), 19 a 25 (72), 26 a 30 (48), 31 a 40 (80), 41 a 50 (52), 51 a 60 (42), 61 a 70 (34) y de 70 en adelante (69).

Los municipios donde se registraron el mayor número de casos de feminicidio u homicidio doloso de mujeres: Puebla (95 casos), Huauchinango (27 casos); Tehuacán (18 casos); Chiconcuautla (18 casos); San Pedro Cholula (11 casos); Zacatlán (13 casos); Chignauapan (diez casos); Atlixco (nueve casos); Tecamachalco (ocho casos); Xicotepec (ocho casos); San Andrés Cholula (siete casos); San Martín Texmelucan (siete casos); Tlaola (siete casos); Huejotzingo (seis casos), y Ajalpan (seis casos).

Respecto al estado civil de las víctimas de homicidios dolosos o feminicidios, se informó que 40 eran casadas; 147 eran solteras; 60 vivían en unión libre; 14 eran viudas; dos divorciadas, y en el resto de los casos se desconoce su estado civil.

En cuanto a su ocupación, se informó que 121 eran amas de casa; 52 empleadas; 32 estudiantes; 26 comerciantes; ocho profesionistas; nueve desempleadas; dos jubiladas; una “dama de compañía”; 157 con “otras ocupaciones”, y en el resto de los casos se desconoce este dato.

Respecto a la escolaridad de las víctimas, 93 habían concluido la primaria; 48 la secundaria; 35 la preparatoria; tres tenían carrera técnica; 34 contaban con licenciatura; 55 no tenían instrucción, y en el resto de los casos se desconoce.

Ángulo 7
Luis Alberto Palacios
Puebla, México
Sábado 7 de octubre de 2017.


Senadores del PRI y de Morena demandaron a las autoridades correspondientes la emisión de la declaratoria de Alerta por Violencia de Género (AVG) en la entidad, ante el creciente número de feminicidios ocurridos en los últimos años.

Uno de los pronunciamientos fue presentado por la senadora Dolores Padierna y los otros dos provinieron del PRI y de la legisladora Lucero Saldaña, donde se hace referencia al feminicidio de la estudiante Mara Fernanda Castilla Miranda, cuyo cuerpo fue localizado en los límites entre Puebla y Tlaxcala el pasado viernes 15.

En la iniciativa presentada por Padierna se propone que el Senado haga una condena enérgica por el asesinato de la joven universitaria, y que se envíe un exhorto a las autoridades poblanas para que otorguen justicia pronta y expedita a los familiares de la víctima.

De igual manera, pide exhortar a la Secretaría de Gobernación para que, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), considere activar la declaratoria de AVG en Puebla.

El grupo parlamentario del PRI también menciona que el asesinato de Mara Castilla, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales, es el número 82 ocurrido en la entidad, donde la mayoría de las víctimas son jóvenes de entre 20 y 30 años, universitarias, y casi todas presentan indicios de estrangulamiento o traumatismo.

“La problemática en Puebla es grave, basta mencionar que de 2007 a 2014 la tasa de homicidios de mujeres pasó de 1.6 a 2.8 delitos por cada 100 mil habitantes”, mencionan los legisladores.

También hacen referencia al proceso de solicitud de AVG que se puso en marcha en Puebla desde enero de 2016 y por lo cual la Conavim emitió una serie de recomendaciones que supuestamente fueron cumplidas por el gobierno poblano.

“…tal parece que tales acciones no se han visto materializadas en la realidad, razón por la cual resulta importante que se realice un nuevo análisis de la situación que guarda el estado de Puebla, a fin de observar si efectivamente se implementaron las acciones de protección y atención de los derechos humanos de las mujeres. También es importante advertir si se requieren otro tipo de acciones”, recomiendan los legisladores.

Los priistas consideran necesario conocer los documentos que el estado remitió al grupo de trabajo de la Conavim y que fueron valorados para determinar que la declaratoria de AVG no era meritoria para el estado.

En su iniciativa, el grupo parlamentario del Revolucionario Institucional pide exhortar a la Comisión de Derechos Humanos de Puebla para que solicite la AVG.

La senadora Lucero Saldaña destaca en su iniciativa que de 2013, cuando se tipificó el delito de feminicidio en Puebla, hasta la fecha, este tipo de delitos se ha multiplicado casi cinco veces, al pasar de 12 a 58, según las cifras oficiales emitidas por la Fiscalía General del estado.

Asimismo, menciona que en el primer semestre de este año se tenía reportada la desaparición de 276 mujeres en Puebla, lo que –indica– estaría relacionado no sólo con feminicidios, sino también con las redes de trata de personas con fines de explotación sexual que operan en la región.

“Puebla es origen, tránsito y destino de esta forma de trata. Esta es una realidad que no debemos obviar. Por el contrario, ambos fenómenos van de la mano y deben formar parte de la estrategia integral para prevenir y atender los feminicidios”, recalca la senadora priista en su iniciativa.

Organizaciones que forman parte de la mesa de seguimiento a la solicitud de la declaratoria de AVG en Puebla condenaron este martes el feminicidio de Mara Fernanda Castilla y demandaron al gobierno estatal hacer frente a la violencia feminicida que prevalece en la entidad.

“El feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda se suma a un contexto de violencia feminicida sistemática, ya que en lo que va del año los feminicidios se han incrementado en la entidad, superando los registros de años anteriores realizados por medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y espacios académicos”, indican en un pronunciamiento.

Añaden: “Esta lamentable situación, que denota la máxima expresión de la violencia de género y el contexto de violencia hacia las mujeres en el estado de Puebla, traducido en desapariciones, agresiones sexuales y asesinatos de niñas y mujeres, evidencia que el Estado ha incumplido con su deber de prevenir las violaciones a los derechos a la vida e integridad personal de las mujeres”.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) piden que el gobierno de Puebla adopte medidas para la debida investigación y esclarecimiento del feminicidio de Mara Castilla, así como para sancionar a los responsables, y asegurar que se repare el daño a familiares, incluida la indemnización, atención integral, derecho al conocimiento de información fidedigna y medidas de no repetición.

También reclaman que las autoridades poblanas cumplan cada una de las recomendaciones realizadas por el grupo de trabajo conformado para analizar la solicitud de la AVG, en especial las referentes a los Protocolos de Investigación del Delito de Feminicidio y el de Investigación y Preparación a Juicio de los Delitos en Materia de Trata de Personas.

Igual, manifiestan la necesidad de que el gobierno de Puebla asigne presupuesto para atender la problemática y para capacitar a servidores y servidoras a cargo de las investigaciones, así como generar estrategias de prevención de violencia feminicida y que se reconozca como feminicidios los casos que aún permanecen invisibilizados.

Firman el pronunciamiento: CADEM; el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, de la Ibero Puebla; el Centro de Análisis Formación e Iniciativa Social; COMALETZIN; Colectiva Hablemos de Género; El Taller, Centro de Sensibilización y Educación Humana; Mujeres Trabajando por los Derechos Humanos y el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos.

En la lista también aparecen: Observatorio Nacional de Feminicidio, conformado por 40 organizaciones de 22 estados del país, y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, que integran 80 organizaciones en 21 estados.

Este lunes se cometió un nuevo feminicidio en la entidad, contabilizado como el número 86 de este año por los medios de comunicación. Se trata de la maestra Nazarea Iraís Simón Aguilar, quien además trabajaba en un horario extra como conductora de taxi.

La mujer, de 34 años, fue localizada al interior de su carro semidesnuda, con huellas de tortura y golpes, en el municipio de San Jerónimo Tecuanipa, luego de haber desaparecido el domingo 23. Reportes extraoficiales señalan que ese día salió de su casa para prestar servicio como conductora. Junto con el de Mara, éste sería el sexto feminicidio en lo que va de septiembre.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Jueves 28 de sept. 2017.


Ríos Piter renuncia al PRD para encabezar el “Movimiento Jaguar”


“Con la renuncia al PRD, estamos protestando frente a esa forma de hacer las cosas, de pervertir una vocación que debe servir para la transformación positiva de la sociedad, dijo

En conferencia de prensa, el senador Armando Ríos Piter anunció esta mañana su renuncia al Partido de la Revolución Democrática (PRD), resaltó: “nuestra renuncia no es solamente a un partido. Estamos diciendo basta a todo un sistema que ya sólo produce ruido y confrontación y que nada tiene que ver con lo que las personas necesitan”.

“Con la renuncia al PRD, estamos protestando frente a esa forma de hacer las cosas, de pervertir una vocación que debe servir para la transformación positiva de la sociedad… nosotros queremos diferenciarnos”, indicó en la conferencia.

Subrayó, no es momento de andarse moviendo de un partido a otro, o de una corriente a otra, ese no es el tipo de liderazgo que se requiere. “Los problemas que tenemos enfrente no distinguen entre derechas, izquierdas y centro y tampoco se resuelven con un sistema presidencialista que ya es inoperante a los ojos de todos”.

Ríos Piter dijo que formará el Movimiento Jaguar. “La esencia de este movimiento al que hoy convocamos descansa sobre tres pilares: primero el gasto mínimo de dinero, es inmoral el modelo actual de financiamiento a partidos. Los partidos políticos son negocios grupales disfrazados y subsidiados por el esfuerzo de los mexicanos”.

El segundo pilar, dijo, es el espíritu colectivo. “No nos interesan los demagogos, ni los líderes mesiánicos, de pensamiento único, que prometen resolverlo todo a través de su sola figura.

“Y el tercer pilar es la acción disruptiva, tenemos que emprender acciones nuevas pensadas fuera de caja hay que aspirar a lo imposible”.

Ríos Piter, dijo que continuará trabajando con la bancada del partido del sol azteca.

La salida del guerrerense del Sol Azteca se suma a la de otros senadores como Alejandro Encinas, Mario Delgado, Zoé Robledo; estos dos últimos se fueron a Morena.

Ríos Piter renuncia al PRD para encabezar el “Movimiento Jaguar”

El senador guerrerense Armando Ríos Piter anunció hoy su renuncia a la bancada del PRD en el Senado, e informó que encabezará el “Movimiento Jaguar”.

De acuerdo con el legislador, dicho movimiento es ajeno a cualquier fuerza política y descansará en “tres pilares”: gasto mínimo de dinero para que los partidos promuevan “campañas con costo mínimo”; “espíritu colectivo”, porque –subrayó– “no nos interesan los demagogos, ni los líderes mesiánicos”, y “acción disruptiva”, que consistirá en “aspirar a lo imposible, a lo no previsto”.

Con la renuncia de Ríos Piter al PRD, uno de los más cercanos al coordinador Miguel Barbosa, suman ocho los senadores que han abandonado la bancada, originalmente conformada por 22 legisladores.

De los ocho que han renunciado, tres anunciaron su incorporación a Morena (Mario Delgado, Rabindranath Salazar y recientemente el chiapaneco Zoé Robledo), uno se fue al PRI (Sofío Ramírez), uno más al PT (Benjamín Robles, excandidato a la gubernatura en Oaxaca), otra subió como suplente del fallecido Manuel Camacho y se declaró independiente (Martha Tagle). Los otros dos independientes son: Alejandro Encinas, exjefe de Gobierno capitalino y excandidato a gobernador del Estado de México, y ahora Ríos Piter.

En su texto, el guerrerense afirmó que su renuncia no es “sólo a un partido” sino a “todo un sistema que ya sólo produce ruido y confrontación”, que “no ha facilitado el progreso, no ha resuelto sus problemas más sentidos y no ha dibujado un destino esperanzador para sus hijos”.

Ríos Piter presumió que su renuncia a la candidatura al gobierno de Guerrero fue porque “nos negamos a pactar contra la corrupción”, y decidió no competir por la dirigencia nacional del PRD porque –añadió– “me negué a ser parte de una simulación”.

Votó a favor del gasolinazo y la reforma fiscal

En su texto de renuncia, y también en rueda de prensa, Ríos Piter no criticó ninguna de las reformas estructurales que se votaron en el Senado, incluidas las polémicas reformas energética y fiscal que él mismo defendió en tribuna. El experredista votó a favor de homologar el IVA en la frontera, incrementar mensualmente el costo de las gasolinas y aumentar a 35% el Impuesto sobre la Renta (ISR).

El 26 de octubre del año pasado, el voto de Ríos Piter fue indispensable para conseguir los 83 sufragios necesarios para aprobar la Ley de Ingresos que contempló el incremento de las gasolinas a partir del 1 de enero de este año.

Votó junto con 41 legisladores del PRI, 22 del PAN, diez del PRD, seis del PVEM y un independiente. En contra de esa polémica ley votaron seis del PAN, tres del PRD y cuatro del PT.

Una de las ausencias más polémicas de Ríos Piter fue durante el debate y la aprobación de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Cuatro ausencias de la izquierda fueron claves para que Medina Mora obtuviera la mayoría calificada necesaria el 10 de marzo de 2015.

Entre esas ausencias estuvo la de Ríos Piter, Mario Delgado, Rabrindanath Salazar y Luz María Berinstáin.

El ahora experredista no obtuvo la votación necesaria para ser integrante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, como parte de la bancada del PRD. Los senadores que se integraron a esta asamblea fueron Dolores Padierna y Alejandro Encinas.

Proceso
El Financiero
Jenaro Villamil
Ciudad de México
Martes 14 de febrero de 2017.


Faculta Senado a militares para realizar cateos domiciliarios e intervenir comunicaciones

La senadora Dolores Padierna, del PRD, también subrayó que estas modificaciones alientan la impunidad militar

Ciudad de México.- En plena madrugada, sin discusión por parte de la mayoría del PRI, PAN y Verde, el Senado aprobó por 78 votos a favor y 27 en contra de los legisladores del PRD y PT las reformas al Código de Justicia Militar que faculta a los juzgados de control castrense a realizar cateos domiciliarios, autoriza la intervención de comunicaciones privadas que se realicen de forma oral, escrita o por medios electrónicos y digitales, y restringe el acceso a los periodistas a los juicios orales castrenses.

Los senadores Alejandro Encinas y Manuel Bartlett argumentaron que esta nueva ley “facilita el estado de excepción”, y propusieron la moción suspensiva del dictamen, cuya minuta provino de la Cámara de Diputados y no se le hizo ninguna modificación, a pesar de que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos advirtió que existían varios ordenamientos violatorios a las garantías individuales.

“Así se empieza y se termina en dictaduras militares, no se juega con las armas”, sentenció este viernes el senador Bartlett, del PT, al argumentar en contra de esta iniciativa porque –dijo– le da “facultades excesivas” a las fuerzas armadas, “crea un sistema dictatorial, va más allá de la disciplina militar, viola la Constitución, engrandece a las fuerzas militares y viola la soberanía popular”.

En la discusión del dictamen, Bartlett también cuestionó a los senadores que apoyaban esta minuta: “¿Qué tienen que ver los cateos a domicilios particulares con la disciplina militar? ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo? ¿Están autorizando que los propios militares cateen el Senado?”

El senador Alejandro Encinas insistió en el peligro de dar a los ministerios públicos militares la facultad de participar en tareas de inteligencia, de intervenir comunicaciones telefónicas, así como ordenar la presentación de civiles ante autoridades castrenses.

Al presentar su voto particular, la senadora Dolores Padierna, del PRD, también subrayó que estas modificaciones alientan la impunidad militar porque “al ser sentenciados por un fuero castrense están imposibilitados para poder sancionar el fuero civil, asegurando con ello una impunidad para los militares que cometan delitos contra civiles”.

Padierna también cuestionó que una parte del Código Militar de Procedimientos Penales autorice interrogatorios a niños. “¿Acaso están pensando en tomar como testigos a los menores?”, afirmó la senadora del PRD.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, del PRD, también condenó la dictaminación “exprés” en las comisiones y destacó que estas reformas van en contra de la protección de las víctimas.

“Es preocupante que las víctimas apenas sean consideradas, pues sólo se reconocen aquellas que su único derecho es a la reparación del daño que puede ser monetario, sin considerar la reparación integral”, argumentó De la Peña.

El senador del PT Marco Antonio Blásquez también advirtió que de aprobar estas reformas se limitará la cobertura periodística a los juicios castrenses, a diferencia de lo que ocurrió con los casos de los generales Jesús Gutiérrez Rebollo, Mario Arturo Acosta Chaparro o Ricardo Martínez Perea.

Con tal de aprobarla antes de que culminara el periodo ordinario de sesiones, los senadores del PRI, PAN y Verde no respondieron a los cuestionamientos planteados por las bancadas del PT y PRD.

Argumentaron a favor del dictamen señalando que gracias a esta reforma se suprimen los Consejos de Guerra, se crean juzgados de control y se suprime la Procuraduría General de Justicia Militar.

Proceso
Jenaro Villamil
Ciudad de México
Viernes 29 de abril de 2016.


137 mil mdp ganaría Evercore en 50 años, señala la senadora Martha Tagle. El gobierno estatal oculta información y debe dar a conocer el monto de los PPS.

Ciudad de México.- La senadora de la república, Martha Tagle, presentó un punto de acuerdo para que el gobierno poblano transparente el manejo de los recursos del impuesto sobre la nómina, que está en manos de la empresa de Pedro Aspe Armella, exsecretario de Hacienda, Evercore y que se dé a conocer el convenio que firmó el gobierno de Rafael Moreno Valle y la empresa financiera.
 
El punto que también fue firmado por la senadora Dolores Padierna exhorta a la administración de Moreno Valle a que haga pública la información referente al fideicomiso EvercoreF/0144 celebrado el 29 de noviembre de 2012, entre la Secretaría de Finanzas de Puebla, con Evercore Casa de Bolsa, SA de CV, como Fiduciario, incluido el patrimonio actual del Fideicomiso y los contratos celebrados por el Fiduciario con cargo al mismo.

La senadora Martha Tagle resaltó que el gobierno de Moreno Valle ha buscado la manera de protegerse ocultado información del fideicomiso: “El gobierno de Moreno Valle ha sido muy sigiloso respecto de este tipo de proyectos ha seguido una estrategia para mantener la información bajo reserva, haciendo reformas a las leyes estatales para protegerse.”

También, señala el punto de acuerdo del Senado, se le pide a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe a esta soberanía sobre la situación en la que se encuentra la deuda contraída por la actual administración del gobierno del Estado de Puebla, incluidos fideicomisos, proyectos de prestación de servicios o cualquier otra que pueda ser considerada como deuda pública.

El punto de acuerdo expresó Tagle desde la tribuna del Senado obedece a la petición de un grupo de ciudadanos poblanos para que se transparente el uso de los recursos públicos en el estado de Puebla.

En los considerandos del punto de acuerdo se señala que después de una batalla legal de casi dos años contra la Secretaría de Finanzas del Estado de Puebla y el órgano de transparencia de ese Estado, el abogado Rodrigo Diez Gargari logró obtener en diciembre de 2015, mediante ejecutoria de amparo 1140/2014, copia del contrato de fideicomiso F/0144 (Fideicomiso)de fecha 29 de noviembre de 2012 celebrado por el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Finanzas, con Evercore Casa de Bolsa, S.A de C.V División Fiduciaria.

De acuerdo con la Cláusula Seis del Fideicomiso, su objeto es, entre otros: “servir como mecanismo de administración y fuente de pago de las obligaciones a cargo del Estado derivadas de los Proyectos”

Los Proyectos se definen la Cláusula Primera como “aquellos proyectos que se deriven de proyectos o contratos para la prestación de servicios, proyectos de inversión y cualquier otro tipo de proyectos, convenios o concesiones relacionados con la obra pública, bienes, adquisiciones o servicios que contrate o celebre el Estado…”

El objeto del fideicomiso estipulado en el contrato del 29 de noviembre de 2012, es la administración de esos recursos, los cuales se usarán para el pago a proveedores y contratistas del Estado de Puebla, motivo por Evercore tendrá, en términos de la Cláusula 15.1, las siguientes percepciones: 100 mil pesos por honorarios iniciales, 260 mil pesos anuales más IVA por honorarios de administración y 20 mil pesos por cada modificación de documentos del contrato. También obtendrá remuneración por los gastos adicionales en los que incurra, como el pago de asesores legales y fiscales, auditores y viáticos, señala el punto de acuerdo.

Es decir, que Evercore se encargará durante medio siglo de manejar los recursos del gobierno por concepto del Impuesto Sobre la Nómina (ISN) como garantía para el pago de los Proyectos para la Prestación de Servicios, o para el pago mismo cualquier otra cosa -dado lo multiusos de este fideicomiso-, por 22 mil 540 millones de pesos, contratados durante el gobierno morenovallista. Sin embargo, durante este periodo la empresa recaudará al menos 160 mil millones de pesos, por lo que su ganancia será de 137 mil millones.

El gobierno de Moreno Valle ha sido muy sigiloso respecto de este tipo de proyectos ha seguido una estrategia para mantener la información bajo reserva, haciendo reformas a las leyes estatales para protegerse, así se reformó el artículo 6 de la Ley de Deuda Pública para el Estado Libre y Soberano de Puebla, estableciendo que “no constituyen Deuda Pública los contratos de proyectos para prestación de servicios a largo plazo previstos en la Ley de la materia, los Proyectos de Inversión a que se refiere la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, ni las obligaciones derivadas de los mismos. Tampoco constituirán Deuda Pública, las afectaciones ni los mecanismos de afectación que se instrumenten en relación con dichos contratos y proyectos”.

Y el artículo 18 Ley de Proyectos para Prestación de Servicios que establece que “el Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Finanzas podrá constituir fideicomisos, mismos que se sujetarán para su operación a lo previsto en el propio contrato de fideicomiso y en las disposiciones mercantiles correspondientes y no formarán parte de la Administración Pública Paraestatal. Los ingresos derivados de contribuciones, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, accesorios u otros conceptos afectos a los fideicomisos señalados en el presente párrafo se considerarán desincorporados temporalmente del patrimonio del Estado”.

No obstante en los hechos estos mecanismos constituyen deuda pública en tanto comprometen ingresos del estado, expresa la senadora a contracorriente del gobierno estatal.

Diversos medios de comunicación han señalado que la vigencia del Fideicomiso es indefinida y que “el estado renuncia expresamente a su derecho de revocar el presente fideicomiso… En caso de que el ISERTP fuese derogado, el contrato establece que el fideicomiso podría exigir al gobierno poblano que cubra sus obligaciones con los impuestos que hayan sido creados para sustituirle”.

Cabe destacar que, según lo publicado en el sitio electrónico Evercore México Capital Partners (EMCP) fue fundado en 2003, mientras que la compañía Evercore – Protegoes resultado de la fusión de las dos empresas en 2006, dando como resultado los servicios de asesoría estratégica a prominentes empresas multinacionales en fusiones, adquisiciones, ventas de empresas y transacciones relevantes.

La senadora Tagle señaló que resulta urgente transparentar todos los detalles de este esquema, incluido el patrimonio actual del Fideicomiso y los contratos celebrados por el Fiduciario con cargo al mismo, ya que al ser recursos públicos, estos no pueden quedar en un ámbito discrecional y de opacidad al hacer uso de artilugios legales que buscan beneficiar y saciar intereses privados.

Es decir que, como previamente se señaló, el manejo de recursos públicos debe apegarse –en todo momento- a la normatividad concerniente a la transparencia y rendición de cuentas y, tal y como se establece Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual señala que los fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, deberán poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible la información.

Piden al gobierno de Moreno Valle transparentar fideicomiso Evercore

El Senado de la República exhortó al gobierno de Puebla a hacer pública la información del fideicomiso entre la actual administración y la empresa Evercore Casa de Bolsa, en el que se faculta a la empresa para recabar y manejar los recursos del estado por concepto de Impuesto Sobre la Nómina y acota que "el estado renuncia expresamente a su derecho de revocar el presente fideicomiso en virtud de que se trata de un fideicomiso irrevocable".

Así, solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un informe sobre la situación en la que se encuentra la deuda contraída por el gobierno de Puebla, incluidos fideicomisos, proyectos de prestación de servicios o cualquier otro concepto que pueda ser considerado como deuda pública.

De acuerdo con el planteamiento del Punto de Acuerdo aprobado por el Senado, este fideicomiso fue diseñado para capturar recursos públicos por un periodo indefinido de tiempo y sin ninguna transparencia; y permitirá pagar a proveedores y contratistas sin que estos hayan cumplido con los criterios previstos por las leyes de adquisiciones y obras.

Al posicionar en tribuna, la senadora independiente Martha Tagle, acusó al gobierno de Rafael Moreno Valle de llevar a cabo una estrategia para mantener esta información bajo reserva, al hacer reformas a las leyes estatales “para protegerse”, por lo que dijo, es urgente dar transparencia a todos los detalles de este esquema, incluido el patrimonio actual del fideicomiso y los contratos celebrados por el fiduciario con cargo al mismo.

Al respecto, el senador del PAN Javier Lozano Alarcón defendió este esquema y resaltó que este tipo de fideicomisos no significan deuda pública "porque no se hace un compromiso a futuro" y aseguró que a diferencia de otros estados, hoy Puebla está pagando deuda de gobiernos anteriores.

Quadratín / Intolerancia
Mario Martell / Vanessa Alemán
Ciudad de México / Puebla
Martes 01 de marzo de 2016.

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