Un total de 72 personas y empresas involucradas en los esquemas de desvíos de recursos federales que se realizaron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto -conocido como “La Estafa Maestra”- deberán devolver mil 88 millones de pesos al erario, informó Víctor Andrade Martínez, director jurídico de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Ello, sólo para resarcir los daños que el órgano fiscalizador detectó en la cuenta pública 2013, en los esquemas de “simulación de servicios” que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) -entonces dirigida por Rosario Robles Berlanga- realizó con las universidades autónomas del Estado de México y de Morelos.

Entre las 72 personas y empresas contra las que la ASF interpuso procedimientos de sanción, destacan 63 funcionarios y exfuncionarios de la Sedesol, así como las dos universidades mencionadas.

La ASF detectó esquemas de desvíos idénticos en las cuentas públicas 2014, 2015 y 2016, en las gestiones de Robles al frente de la Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pero también en la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), Pemex o Banobras, entre otros.

De acuerdo con el portal Animal Político, Víctor Andrade anunció que la ASF interpondrá los mismos procedimientos “en contra de todos los que resulten responsables por los convenios irregularidades firmados entre dependencias federales y universidades u otros organismos públicos de 2014 a 2016”.

David Colmenares Páramo, titular de la ASF, anunció que en el octubre próximo se darán a conocer dos nuevas auditorías, en las que se documentarán nuevos desvíos realizados en 2017 a través de esquemas de “simulaciones de servicios”.

Además, la ASF publicará auditorias sobre el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NACM), el Paso Exprés de la carretera México-Cuernavaca, los contratos celebrados con la empresa brasileña Odebrecht o la adquisición de plantas de Pemex.

Sancionan a primeros funcionarios por La Estafa Maestra; dos vinculados al PRI

José Reyes Baeza, extitular del ISSSTE y actual aspirante al Senado por el PRI habría logrado la firma de convenios fraudulentos entre el FOVISSSTE y la UAEM con al menos cuatro funcionarios. Su amigo y empresario, Francisco Ramírez, sería el más beneficiado tras la firma de los contratos, sus empresas habrían recibido más de mil millones de pesos.

El empresario Francisco Javier Ramírez Lares (segundo por la izquierda) junto a Héctor Valles (tercero por la izquierda), funcionario sancionado por convenios de La Estafa Maestra. Juntos participaron en un torneo de golf el 14 de mayo pasado que organizó una de las compañías de Ramírez Lares. Especial

Héctor Valles Alvelais, colaborador cercano del extitular del ISSSTE, José Reyes Baeza, quien ahora es candidato a senador por el PRI, es uno de los cuatro funcionarios sancionados por cinco convenios de La Estafa Maestra.

A partir de esos convenios fraudulentos, 129 millones de pesos del Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) fueron desviados a través de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) a empresas irregulares y sociedades fantasma.

Otro ex colaborador sancionado y que es cercano a Reyes Baeza es Jorge Eduardo Roa Diosdado, quien recibió recursos del FOVISSSTE siendo servidor público en activo. Fue jefe del departamento de Tecnologías de la Información en el gobierno de Reyes Baeza en Chihuahua, cargo que repitió en FOVISSSTE en 2013, de nuevo con el actual candidato del PRI.

La compañía más beneficiada gracias esos cinco convenios presuntamente fraudulentos fue Nubaj y Nubaj Consulting (Nubaj), del empresario Francisco Javier Ramírez Lares, quien es amigo tanto de Reyes Baeza, el entonces titular de la dependencia de donde salieron los 63 millones que beneficiaron a su empresa, como de Héctor Valles, el funcionario sancionado que debía vigilar el cumplimiento de esos contratos millonarios.

Por esos cinco convenios entre el FOVISSSTE y la UAEM, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un informe forense e interpuso el 15 de mayo de 2017 una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR). Mientras que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) catalogó a Nubaj como ‘empresa fantasma’, aunque la compañía rechaza que lo sea.

Sin embargo, nada de esto frenó los contratos con los que el FOVISSSTE y también ISSSTE, en ambos casos bajo la dirección de José Reyes Baeza, continuó beneficiando a las compañías de su amigo el empresario Francisco Javier Ramírez Lares: mil millones de pesos en tan solo cuatro años, de 2013 a 2017. Contratos que, en algunos casos, se obtuvieron gracias a que compañías ligadas a Ramírez Lares incurrieron, presuntamente, en una simulación de competencia.

Golf y negocios

Es un lunes a media mañana en el Club Bellavista; un exclusivo resort ubicado en el Estado de México, que cuenta con hotel, gimnasio, albercas olímpicas, canchas de tenis, y la joya de la corona: un majestuoso campo de golf de 18 hoyos y 7 mil yardas de extensión.

El pasto está fresco y recién rasurado. Ideal para pasar unas horas rodeado de lagunas naturales y compañeros de negocios. Bajo las palmeras, aprovechando la generosa sombra que apacigua el calor, los empresarios invitados al torneo conviven tomándose fotografías.

En una de las imágenes, un grupo de esos empresarios que visten polos y pantalones de colores estridentes se abraza. Una fotografía más, aparentemente. Salvo por un detalle: en el retrato aparece un funcionario que acaba de ser sancionado por un desvío de 129 millones de pesos a empresas fantasma. Y junto a él, sonriente, el dueño de una de las compañías beneficiadas gracias a ese desvío millonario.

El funcionario es Héctor Valles Alvelais y la fotografía se tomó el 14 de mayo pasado, apenas un mes después de que entrara en vigor el 10 de abril la inhabilitación que le impuso la Secretaría de la Función Pública debido a que no supervisó los convenios entre el FOVISSSTE y la UAEM, a partir de los cuales la empresa de su compañero de golf ganó millones del erario público.

De acuerdo con información corroborada por Animal Político, los otros funcionarios sancionados son: Héctor Fernández Moreno, subdirector de atención a acreditados; Graciela Ramírez Hernández, jefa de servicios de ingresos; y Jorge Eduardo Roa Diosdado, jefe de servicios de Tecnología de la información. Todos, salvo Roa Diosdado que recibió una sanción por 10 años y una multa de 346 mil pesos, fueron inhabilitados por un año.

Un quinto funcionario investigado por los cinco convenios fraudulentos fue Andrés Octavio Garibay Cuevas, subdirector de administración en el FOVISSSTE. Sin embargo, su caso se archivó debido a que falleció durante el periodo de investigación.

El sello de La Estafa Maestra

Las sanciones contra los cuatro funcionarios derivan de una investigación forense realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la cuenta pública 2014, y que puedes leer aquí.

El FOVISSSTE y la UAEM firmaron entre enero y agosto de 2014 cinco convenios de colaboración por 129 millones de pesos. La UAEM debía dar múltiples servicios especializados, como implementar mejoras en los procesos de adjudicación de créditos hipotecarios, y reducir el nivel de quejas de los usuarios del FOVISSSTE.

Pero según la ASF, la UAEM no tenía la capacidad para dar esos servicios. Por lo que, a través de una violación a la ley de adquisiciones, la universidad desvió más de 110 millones de pesos a empresas y a personas físicas, y se quedó con 19 millones solo por hacer de ‘intermediaria’ en los desvíos.

La empresa más beneficiada con este esquema de fraude fue Nubaj y Nubaj Consulting S.A de C.V, del empresario chihuahuense Francisco Javier Ramírez Lares, que ganó 63 millones 330 mil pesos del FOVISSSTE sin pasar por una licitación pública, y gracias a que la UAEM violó la ley de adquisiciones para entregarle ese dinero.

La ASF denunció que esta empresa recibió esa suma millonaria de la UAEM a pesar de múltiples irregularidades. Por ejemplo, los contratos no establecían los conceptos de los servicios, el objeto, los plazos de ejecución, ni la supervisión de los mismos. Asimismo, la UAEM no presentó documentos de la recepción de los supuestos servicios.

Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó a Nubaj en su ‘lista negra’ de empresas fantasma, debido a que determinó que no tenía infraestructura, ni personal, ni activos reales. Por lo que en febrero de este 2018 la reportó como sociedad que simula operaciones comerciales.

No obstante, el dueño de Nubaj rechazó que sean una empresa ‘fantasma’, ya que, dijo, tienen una nómina de 400 empleados y una cartera de más de 50 clientes en cuatro países.

Se le cuestionó entonces por qué el SAT ‘boletinó’ a Nubaj, a lo que el abogado de la empresa contestó que se debió a que no presentaron toda la documentación requerida. “De alguna manera, se tomó a la ligera (el requerimiento del SAT) y por eso siguió el proceso”.

De acuerdo con el abogado, tras presentar de nuevo la documentación solicitada, el SAT revocó el 26 de abril la condición de ‘empresa fantasma’ a Nubaj. Pero hasta el último corte del 18 de junio, esta compañía aún aparecía en el listado de sociedades fantasma.

Lee aquí el comunicado íntegro de Nubaj y Nubaj donde la compañía rechaza que sea una empresa fantasma.

La zapatería que asesora en tecnologías de la información

Nubaj no fue la única compañía vinculada al empresario Ramírez Lares que se benefició a partir de esos cinco convenios de La Estafa Maestra entre el FOVISSSTE y la UAEM.

Interamericana de Negocios y Comercio S.A de C.V, es una empresa que según su acta constitutiva se dedica a múltiples giros: desde comercializar artículos para el hogar, rentar espacios publicitarios, hasta registrar patentes. Incluso, si se hace una búsqueda en internet, los resultados arrojan que también se dedica a vender zapatos.

A pesar de este perfil, Interamericana ganó 12 millones 488 mil pesos, por los que debía dar asesorías especializadas en tecnologías de la información. Animal Político cuestionó a Ramírez Lares por esta empresa, y por los supuestos servicios que prestó, pero la desconoció.

“No ubico a Interamericana”, aseguró.

Sin embargo, en las actas constitutivas de Nubaj y de Interamericana, cuyas copias Animal Político obtuvo en el Registro Público de Comercio, puede comprobarse que ambas sociedades están vinculadas entre sí. María del Rosario Ramírez Escobedo y Carlos Ramírez Escobedo aparecen como comisaria y apoderado, respectivamente, de Nubaj, y también como representante legal y administrador de Interamericana de Negocios. Aun así, Ramírez Lares aseguró que tampoco conoce a María del Rosario Ramírez Escobedo.

En los documentos del Registro Público de Comercio también consta que Ramírez Lares y el dueño de Interamericana, Abraham Montoya González, son socios de otra empresa en común: Zapatería Muzza.

Otro cercano a Reyes Baeza, sancionado por La Estafa

Además de Nubaj e Interamericana, la ASF denunció que por los cinco convenios entre el FOVSISSSTE y la UAEM otros 47 millones 976 mil pesos fueron desviados a las cuentas de 27 personas físicas para hacer los mismos servicios que, precisamente, debía hacer Nubaj.

Entre esas personas, la ASF señaló al funcionario sancionados Jorge Eduardo Roa Diosdado, quien recibió recursos del FOVISSSTE siendo servidor público en activo del propio FOVISSSTE. Su madre, Carolina Juana Diosdado, también recibió recursos públicos del FOVISSSTE de manera fraudulenta.

Roa Diosdado es otro personaje sancionado por La Estafa Maestra que es cercano a José Reyes Baeza. De acuerdo al portal Declaranet, Roa Diosdado trabajó con Reyes Baeza en el gobierno de Chihuahua, donde fue jefe del departamento de Tecnologías de la Información hasta octubre de 2010. Y en mayo de 2013, se fue al FOVISSSTE con Reyes Baeza, como jefe de Servicios de Tecnología de la Información.

Parte de esos 47 millones 976 mil pesos también fueron desviados a las cuentas de Evyena Servicios, Icalma Servicios y Administración y Desarrollo Empresarial Mega; sociedades que ya están catalogadas oficialmente por el SAT como ‘empresas fantasma’.

“La sanción a funcionarios es un exceso”
Animal Político buscó a Héctor Valles, funcionario sancionado por los cinco convenios con la UAEM. Valles rechazó haber cometido alguna irregularidad, y dijo que interpuso una demanda de juicio de nulidad, para que le sea retirada la sanción de la Función Pública.

“Me fincan de manera discrecional una sanción por no haber supervisado que la universidad subcontratara a empresas. Me parece absurdo, porque yo no tengo facultad para auditar a una universidad. Lo que sí supervisé cabalmente fue que el entregable, o sea, que el servicio contratado, lo recibimos en tiempo, calidad y cantidad, a satisfacción del FOVISSSTE”, se defendió Valles.

Sobre su relación personal con el dueño de la empresa beneficiada Nubaj y Nubaj, Héctor Valles admitió que Javier Ramírez Lares es su amigo, aunque rechazó que eso influyera en algún trato preferencial, puesto que él, aseguró, no firmó ni otorgó contratos.

En cuanto a su otro amigo, José Reyes Baeza, Héctor Valles dijo que apoya en redes sociales y públicamente la candidatura al Senado de su exjefe en el gobierno de Chihuahua y en el FOVISSSTE. “Conozco su trayectoria desde hace muchos años, y me consta la calidad humana y la honestidad con la que se conduce”, subrayó.

José Reyes Baeza, por su parte, criticó que le parece “un exceso” la sanción a los servidores públicos de la dependencia que dirigió cuando se produjeron los desvíos por 129 millones de pesos.

“Los funcionarios del FOVISSSTE acreditaron tener todos los entregables por parte de la universidad, mismos que respaldan que los trabajos contratados fueron realizados”, apuntó el hoy candidato a senador, quien también insistió en los servidores públicos “no están obligados a supervisar” si la universidad subcontrató a empresas violando la ley de adquisiciones.

Sobre su relación con Francisco Javier Ramírez Lares, Reyes Baeza también admitió que es su amigo. Aunque rechazó que eso influyera en un trato preferencial hacia el empresario y sus múltiples compañías.

Empresas de Ramírez Lares ganan mil millones del ISSSTE
Ahora bien, al margen del ‘triángulo de amistad’ entre Reyes Baeza, Ramírez Lares, y Valles Alvelais, lo cierto es que las compañías ligadas a Ramírez Lares recibieron durante la gestión de Reyes Baeza en el FOVISSSTE y el ISSSTE contratos por mil millones de pesos.

Nubaj y Nubaj Consulting, por ejemplo, continuó ganando contratos millonarios del ISSSTE en 2015 y 2016, a pesar del informe de la ASF. Según Contratobook, una herramienta para buscar contratos hospedados en Compranet, el 22 de julio de 2016, siete meses después de que la ASF publicara su informe forense el 28 de enero de ese mismo año denunciando las irregularidades en los convenios a partir de los que se benefició a Nubaj con recursos del FOVISSSTE, esta empresa recibió un contrato por otros 236 millones 865 mil pesos del ISSSTE.

Nubaj incluso fue beneficiada en licitaciones restringidas a tres empresas en las que ‘compitió’ contra compañías vinculadas a ella, por lo que presuntamente hubo una simulación de competencia.

Así consta, por ejemplo, en la invitación a tres del FOVISSSTE con fecha del 6 de junio de 2014, donde Nubaj ganó el contrato por un millón 975 mil pesos tras ‘competir’ con Neixar Systems SA de CV.

Según el acta constitutiva de esta empresa, cuya copia guarda Animal Político, el apoderado de Neixar es el propio Francisco Javier Ramírez Lares, el dueño de Nubaj y Nubaj Consulting SA de CV. Incluso, Neixar se encuentra ubicada en la misma dirección que Nubaj y Nubaj.

Sobre esta presunta simulación, Ramírez Lares dijo primero que ambas compañías son “competencia amiga” y que no forman parte de un mismo corporativo. Aunque finalmente acabó admitiendo que es apoderado de Neixar y dueño de Nubaj.

En total, entre 2014 y 2017, Nubaj y Nubaj ganó al menos diez contratos con el FOVISSSTE y el ISSSTE por 311 millones de pesos.

Precisamente, Neixar Systems SA de CV, la “competencia amiga” de Nubaj, es otra de las favoritas del FOVISSSTE y del ISSSTE. Con José Reyes Baeza al frente de estas dos dependencias, esta compañía ganó al menos siete contratos por 698 millones de pesos.

Uno de los contratos, con fecha de 17 de julio de 2013, fue también por invitación a restringida a tres empresas. Según consta en el documento del fallo de la licitación, Neixar compitió contra Quitze SA de CV; sociedad que también recibió recursos públicos a través de La Estafa Maestra. Y Nexo IT SA de CV, otra empresa del corporativo de Ramírez Lares, ganó tres contratos más del ISSSTE por 55 millones de pesos.

En tan solo cuatro años, de 2013 a 2017, las empresas de Francisco Ramírez Lares ganaron un total de mil millones 078 mil pesos en contratos con el FOVISSSTE y el ISSSTE. Dependencias que dirigía su amigo José Reyes Baeza.

Proceso
Animal Político
Manu Ureste
Nayeli Roldán
Francisco Sandoval
Ciudad de México
Miércoles 4 de julio 2018.


Ha presentado 17 denuncias penales ante la PGR

Ciudad de México. - La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió 11 expedientes en contra de funcionarios y ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollos Social (Sedesol), así como de particulares y empresas, a quienes les exige la devolución de mil 88 millones de pesos. Estos recursos, de acuerdo con la información remitida ayer a la Cámara de Diputados como parte de la primera entrega de los Informes Individuales de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, fueron desviados en 2013 desde la Sedesol a través de las universidades autónomas del Estado de México y Morelos.

"La ASF ha iniciado 11 procedimientos para el fincamiento de responsabilidad resarcitoria por un monto de 1,088.9 millones de pesos (mdp) que involucran a 72 presuntos responsables, de los cuales 63 son personas físicas y nueve son personas morales", señaló la institución. Además, informó el órgano fiscalizador, ha presentado 17 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) por desvíos que suman 3 mil 37 millones de pesos, que involucran, además de la Sedesol a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y a la Secretaría de Agricultura (Sagarpa).

Durante la ceremonia de presentación del informe, el diputado presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Luis Maldonado Venegas (PRD), destacó que la primera entrega de la fiscalización de la Cuenta Pública de 2017 coincide con que es el primero que presenta Colmenares y el último que recibe la LXIII Legislatura. La diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Corichi García, sostuvo que la entrega de estos resultados en la víspera de las elecciones más grandes de las que ha dado cuenta el país, debe ser un agente de mejora para el gobierno federal.

Aclara Pemex sólo 5% de pagos a Odebrecht

Petróleos Mexicanos (Pemex) justificó ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sólo el 4.9 por ciento de los pagos efectuados a Odebrecht, de un total de mil 250.5 millones de pesos que el órgano fiscalizador consideró que fueron irregulares.

Al remitir ayer a la Cámara de Diputados el primer paquete de los Informes Individuales de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF actualizo el estado en el que se encuentran las observaciones que formuló a las auditorías que practicó a tres contratos suscritos entre la empresa productiva del Estado y la firma brasileña.

"Como resultado de la auditoría se determinaron observaciones por un total de mil 250.56 millones de pesos. Cabe resaltar que, con base en la información presentada por Pemex en reuniones de trabajo con la ASF, se aclararon 59 millones de pesos, quedando pendiente un monto de mil 191.32 millones", informó el órgano fiscalizador.

El mayor monto de recursos no justificado, 936.8 millones de pesos, que representa el 75 por ciento del total, es porque Pemex aceptó pagar trabajos con sobrecosto.

"Costos fuera de mercado y rendimientos bajos, con base en una comparativa de conceptos similares de dos contratos formalizados con diferentes contratistas", indicó la ASF.

El segundo monto en importancia, que implica 239.4 millones de pesos, fue observado debido a que la empresa pagó en exceso por una incorrecta integración del porcentaje del financiamiento, por el ajuste de costos indirectos, así como por el suministro de agua para rellenos.

Los 73.4 millones de pesos no justificados fueron por pagos en demasía relacionados con distintos aspectos de la obra.

En la Cuenta Pública 2016, señala el informe presentado por el Auditor David Colmenares, la ASF revisó tres contratos.

La Auditoría detalló que los recursos observados se relacionan con ocho Pliegos de Observaciones, dos Solicitudes de Aclaración y dos Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

La investigación del presunto soborno que directivos de la empresa brasileña aseguraron a autoridades de su país, entregaron al ex director de Pemex Emilio Lozoya, está siendo investigado por la Procuraduría General de la República (PGR).

Reforma/Agencias
Ciudad de México
Sábado 30 de junio de 2018.

   
Ciudad de México— Senadores del Frente PAN-PRD y de Morena solicitaron que la PGR investigue ya el desvío de más de 2 mil millones de pesos de la Sedesol y la Sedatu durante las administraciones de Rosario Robles, a quien además le pidieron comparecer en el Senado para que explique las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación y hasta que renuncie.

En distintos puntos de acuerdo inscritos en la Gaceta Oficial, las bancadas coinciden en la urgencia de que las autoridades tomen cartas en el asunto y en que la ASF informe de las acciones emprendidas en contra de los responsables.

Los senadores del PAN propusieron un exhorto a la PGR para que inicie las investigaciones por el presunto desvío de recursos en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y en la Secretaría de Desarrollo Social entre 2014 y 2016, así como a Secretaría de la Función Pública para que informe las acciones emprendidas y que Robles acuda a una reunión de trabajo en el Senado para que aclare el caso.

El coordinador de los senadores del PRD, Luis Sánchez, incluso propuso que Robles deje el cargo en tanto las autoridades competentes realizan las investigaciones correspondientes sobre el desvío de recursos públicos.

Por parte de la bancada del PT-Morena, el senador Enrique Lucía Espejo inscribió en la Gaceta un punto de acuerdo para que Robles, actual titular de la Sedatu, comparezca.

"A fin de que explique el desvío de recursos públicos ejercidos en los años 2014 y 2015 a través de pagos realizados a empresas fantasmas que detectó la ASF durante su encargo como titular de la Sedatu y la Sedesol", según el documento.

En conferencia de prensa, el vicecoordinador de la bancada del PT, Zoé Robledo, exigió que también comparecieran los titulares de esas dependencias que recientemente han dejado el cargo, como el candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, quien sucedió a Robles en la Sedesol, en 2015.

Además, la bancada completa solicitó un informe al encargado de la PGR, Alberto Elías Beltrán, para que les informe del estatus que guardan las 912 denuncias penales presentadas por la ASF hasta el 31 de enero de 2018.

Reforma
Ciudad de México
Jueves 22 febrero 2018.

Tres diferentes programas destinaron recursos para 17 mil 674 personas muertas; hallan recursos no ejercidos en infraestructura educativa; recuperarán 782 mdp

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que en 2016 la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) realizó el pago a 17 mil 674 personas fallecidas en tres diferentes programas de la dependencia federal, lo que implicó un daño al erario por 65 millones 891 mil pesos.

La dependencia federal realizó “pagos injustificados” a 16 mil 997 beneficiarios del Programa de Pensión para Adultos Mayores (PPAM), lo que representó un gasto de 64 millones 152 mil pesos que se entregaron a adultos con “estatus de fallecidos”.

La auditoría también informó que se detectó que 284 personas dentro de esa misma categoría se encontraron en el Programa de Empleo Temporal Inmediato (PETI) y recibieron 520 mil pesos; mientras que 393 beneficiarios que estaban inscritos en el Programa de Empleo Temporal (PET) se les entregó un millón 218 mil pesos y tenían la misma condición de muerte.

El organismo fiscalizador encontró estos daños al erario público debido a que se solicitó al Registro Nacional de Población (Renapo) corroborar la localización de beneficiarios y el estado de defunción de los tres programas, donde identificó inconsistencias con respecto a la información contenida en la base de datos proporcionada por la Sedesol.

En la base de datos de la secretaría se encontraron carencias en su base de información, donde en algunos casos los beneficiarios carecían de Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o no había datos básicos como edad o sexo.

Por otra parte, en la revisión de la cuenta pública se identificó que, porque no se han terminado de reconstruir y rehabilitar 629 escuelas, afectadas por lluvias severas, inundaciones, sismos ocurridos en 2013 y 2014, o fenómenos como Ingrid y Manuel, el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa tendrá que regresar 782 millones 552 mil 700 pesos.

De acuerdo con la tercera etapa en la revisión de la cuenta pública de 2016, el Inifed no cumplió con el objetivo del Fideicomiso 2003 Fonden, puesto que no comprobó la realización y conclusión de los trabajos para rehabilitar 629 escuelas afectadas, ni con la instalación y mantenimiento a 8 mil bebederos en escuelas del sistema educativo nacional, programados para el ciclo escolar 2016-2017.

El Fonden autorizó recursos por 2 mil 639 millones 678 mil 100 pesos para rehabilitar, reconstruir y equipar 666 escuelas afectadas por seis fenómenos naturales ocurridos en 2013 y 2014 en el estado de Guerrero, de los cuales, a la fecha del cierre de la auditoría en octubre de 2017, se ejercieron  mil 600 millones 179 mil pesos (60.6% de los recursos) para rehabilitar 425 escuelas, de las cuales 37 están concluidas y 388 se encuentran en proceso; los restantes mil 39 499 100 (39.4%) son para concluir estás últimas escuelas y para iniciar la rehabilitación de otras 241.

“Al 31 de diciembre de 2016, se tenían registrados 267 contratos, por 933 millones 735 mil 800 pesos, de los que se pagaron 708 millones 664 mil 400 pesos, sin proporcionar documentación comprobatoria de la realización de los trabajos para la rehabilitación de las escuelas afectadas, aun cuando estaban vencidos los plazos de ejecución pactados en los contratos. El Inifed celebró 390 contratos, por mil 500 millones 711 mil 700 pesos, por medio del procedimiento de adjudicación directa, los cuales rebasaron los montos máximos autorizados por el Comité de Obras Públicas del Inifed, sin justificar su excepción a la licitación pública ni informar al Comité de Obras Públicas, como lo establece la normativa”.

El Universal
Ciudad de México
Pedro Villa y Caña y Teresa Moreno
Miércoles 21 de febrero de 2018.


#LaEstafaMaestra: Se trata de la cuarta denuncia que interpone la ASF ante la PGR por posibles desvíos en Sedesol en 2015, con universidades involucradas.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso una nueva denuncia penal ante la PGR contra los funcionarios que resulten responsables, por un presunto esquema de simulación de servicios que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y tres universidades públicas del Estado de México ejecutaron, a lo largo de 2015, y que derivó en el desvío de más de 600 millones de pesos.

La denuncia penal involucra tres contratos entre la Sedesol y universidades mexiquenses, así como 20 empresas supuestamente fantasma, contratadas para brindar servicios que se presume no se realizaron, y que a su vez se encuentran vinculadas con la red de compañías de “La Estafa Maestra”.

Los contratos y pagos por estos servicios se efectuaron en las gestiones de Rosario Robles (titular de la Sedatu actualmente), y José Antonio Meade (hoy precandidato del PRI a la presidencia), al frente de Sedesol.

Ante la denuncia penal, Animal Político buscó una postura oficial de Robles, pero no dio una respuesta sobre el tema.

En cuanto a Meade, respondió que los contratos que dan origen a las denuncias presentadas por la Auditoría no fueron suscritos por él, “ni sus vigencias corresponden a su gestión” como secretario Desarrollo Social.

“Los servicios fueron, además, devengados en su mayoría previo a la gestión del Dr. Meade Kuribreña”, indicó el equipo del ahora precandidato, en una tarjeta informativa.

El 30 de enero de 2015, con Robles al frente de la Sedesol, la dependencia suscribió tres convenios con igual número de universidades. Uno por 136 millones 85 mil pesos con la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México (UTSEM); otro con la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), por 319 millones 121 mil pesos, y el tercero con la Universidad Politécnica de Texcoco (UPT), por 156 millones 478 mil pesos.

La vigencia original de dichos convenios fue del 30 de enero al 30 de noviembre de 2015. El objeto social en todos fue similar: supervisar que los recursos federales que se entregan a estados y municipios, como parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se aplicaran correctamente.

Los convenios, como es el común denominador en el modus operandi de “La Estafa Maestra”, se entregaron sin licitaciones ni competencia alguna, aprovechando una excepción en la Ley de Adquisiciones que permite dar adjudicaciones directas a instituciones públicas, con la condición de que éstas puedan realizar el trabajo.

Los pagos de Sedesol a las universidades se realizaron en tres partes, todos ellos en las mismas fechas. El 6 de abril de 2015, la dependencia entregó 47.6 millones a la UTSEM, 111.6 millones a la UTN y 54.7 millones a la UPT; el 6 de julio se transfirieron 34 millones a la UTSEM, 79.7 millones a la UTN y 39.1 millones a la UPT.

Finalmente, el 4 de septiembre de 2015, ya con Meade a la cabeza de la Sedesol, se hicieron las transferencias más grandes por universidad: 54.4 millones a la UTSEM, 127.6 millones a la UTN, y 62.6 millones a la UPT.

Además de estas cantidades, la ASF descubrió que la Sedesol de Meade desembolsó 62 millones 142 mil pesos extra por supuestos servicios realizados de septiembre a noviembre de 2015.

Estas adecuaciones se autorizaron mediante tres oficios, fechados del 30 de diciembre de 2015, así como el 2 y 24 de febrero de 2016.
Las auditorías

De acuerdo con cuatro auditorías forenses practicadas por la ASF a la cuenta pública 2015, presentadas en la denuncia de la PGR junto con un dictamen técnico, la Sedesol transfirió recursos públicos a tres universidades mexiquenses por servicios que se pagaron, pero que no hay evidencia de haberse realizado.

La ASF detectó que las universidades contrataron a cinco compañías para brindar los servicios, quienes a su vez subcontrataron a otras 15, sin justificación alguna.

Ninguna de estas empresas tenía la capacidad humana ni material para realizar los servicios. Es decir, se presume que son empresas irregulares o fantasma, de acuerdo con la investigación de la ASF. Se trata del mismo modus operandi descrito en “La Estafa Maestra”.

Animal Político comprobó que al menos cuatro de las compañías a las que se les entregaron los recursos están relacionadas entre sí, por socios y representantes legales.

Además, están vinculadas con la red de compañías reveladas en el reportaje de “La Estafa Maestra”, y que fueron usadas por Sedesol (y otras dependencias federales) en 2013 y 2014, para desviar recursos.

Para tratar de “comprobar” que el dinero se gastó correctamente, las autoridades universitarias entregaron expedientes como pruebas de dichos servicios. Lo que descubrió la ASF es que en dichos expedientes había fotografías repetidas, o correspondientes a otros lugares y años, firmas copiadas y posiblemente falsificadas, entre otras irregularidades.

La ASF denunció que estos desvíos no solo propiciaron la desaparición de recursos públicos, sino que afectaron a la sociedad en general, pues se desvió dinero que debería destinarse a programas de desarrollo social, que contribuyen a abatir problemas graves como la pobreza y la desigualdad.

“Los recursos públicos del subsidio erogados a través de estos convenios no forman parte de los planes estratégicos de desarrollo social para abatir la carencia y el rezago social y el gasto, en consecuencia, no benefició a la población más vulnerable del país. El desvío de recursos revelados en esta auditoría, demuestra que mientras persistan y reincidan estas prácticas y conductas irregulares, las brechas de desigualdad social que imperan en el país no podrán superarse”, concluyó la ASF.

Los resultados de estas auditorías fueron publicados en su momento por diferentes medios de comunicación, sin embargo, la denuncia ante PGR apenas fue interpuesta por la ASF a finales de 2017, pues debe transcurrir un plazo para que las dependencias traten de justificar las irregularidades, que en este caso no ocurrió.

Se trata de la cuarta denuncia que interpone la ASF ante PGR por posibles desvíos en Sedesol en 2015 con universidades. Las tres anteriores fueron por un monto de 540 millones en conjunto, y hasta el momento no hay avances en las indagatorias.

La simulación

En vez de cumplir con la tarea que se les asignó, las tres universidades transfirieron el cien por ciento de los servicios que deberían realizar a terceros, a los que también entregaron el 99 por ciento del dinero recibido, es decir, unos 605 millones de pesos.

De esta forma se violó lo pactado en los convenios, en los que se estipulaba que las instituciones educativas tendrían que ejecutar por sí solas la mayor parte de los servicios.

Pero esta irregularidad no fue idea de las universidades, sino de la propia Sedesol. En todos los casos, señalan las auditorías forenses de la ASF, fue la dependencia la que firmó “anexos” con las instituciones educativas, en donde estas acordaron transferir los recursos a empresas que la propia Sedesol “recomendó”.

Peor aún. Las universidades y la Sedesol argumentaron que los servicios fueron realizados a través de más de mil 200 personas denominadas Coordinadores Técnicos Sociales (CTS), que supuestamente supervisaron los programas sociales y que, a cambio, recibieron un salario pagado con los recursos de los convenios.

Sin embargo, los auditores señalaron que lo anterior no pudo ser real porque las empresas subcontratadas originalmente por las universidades, y a las que les fue transferido el dinero, en realidad no pagaron a ningún CTS, sino que enviaron el dinero a otro puñado de compañías.

“Lo anterior permite presumir un esquema de simulación de servicios, por un importe total de 611,711.9 miles de pesos (611 millones de pesos)”, indicaron los auditores.
Los nexos entre empresas

Como parte de la investigación forense, los auditores identificaron las compañías que recibieron recursos de los convenios que Sedesol firmó con las tres universidades mencionadas en 2015, y que presuntamente simularon los servicios. Animal Político rastreó datos de dichas empresas y se confirmó su nexo con empresas fantasma.

De acuerdo con el reporte de la auditoría, las empresas Integrasoft SA de CV, Grupo Corporativo Integral Vazme SA de CV, Cofint SC, Infraestructura Astoria SA de CV, e Izarre SA de CV fueron las que recibieron recursos directamente de las tres universidades.

Como ya se dijo estas no usaron el dinero para cumplir con ningún servicio, sino por el contrario, lo transfirieron entre ellas o a otro grupo de empresas: Srevint SA de CV,  Factores y Servicios Humanos SA de CV, CMA Servicios Estratégicos SA de CV, Corporativo Kukmu S de RL de CV, Elevait SAPI de CV, Sultan Group Development, Matchser SA de CV, Servicios Comerciales S de RL de CV, RIEU Recursos de Capacitación S de RL de CV, Ji&am Administración S de RL de CV, Distribuidora Zadot SA de CV y Soluciones en Comercio Caricom SA de CV.

Estas compañías a su vez triangularon los recursos con Unificación de Recursos Administrativos SA de CV y World Heritage Group SA de CV. En estas operaciones también estuvieron involucradas seis personas físicas.

Animal Político obtuvo las actas constitutivas de varias de estas compañías, y se descubrió que cuatro de ellas fueron creadas en Coahuila ante el mismo notario de nombre Gustavo Muñoz Domínguez. Se trata de Factores y Servicios Humanos, Unificación de Recursos Administrativos, Srevint y Matchser, estas dos últimas creadas con tan solo un día de diferencia en 2014.

Factores Humanos tiene entre sus representantes legales a Beatriz Ariana Enríquez Herrera, quien también desempeña ese rol en la empresa Unificación de Recursos Administrativos. A su vez esta empresa tiene como otra de sus representantes a Graciela Díaz Hernández, quien también es apoderada de las compañías Matchser y Srevint.

Pero los vínculos no se limitan a estas empresas. Animal Político pudo verificar que uno de los socios de la empresa Factores y Servicios Humanos, Javier Ángel González Colsa, también es socio de la compañía Integradora de Capital Humano SA de CV, una de las empresas fantasma utilizadas entre 2013 y 2014 en “La Estafa Maestra”

Integradora no es una empresa con un papel menor en aquella red. Fue la única que recibió recursos de otra compañía llamada ESGER Servicios y Construcciones, que se convirtió en receptora de más de 680 millones de pesos provenientes de distintas universidades.

En enero pasado el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó a ESGER en su lista definitiva de compañías que simulan operaciones, es decir, de empresas fantasma.

Esta es la tarjeta informativa que el equipo de Meade Kuribreña envió sobre el tema.

NOTA INFORMATIVA

Los contratos que dan origen a las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no fueron suscritos por el Dr. José Antonio Meade Kuribreña ni sus vigencias corresponden a su gestión como Secretario Desarrollo Social. Los servicios fueron, además, devengados en su mayoría previo a la gestión del Dr. Meade Kuribreña.

A efecto de que no se volvieran a presentar las condiciones observadas por la Auditoría Superior de la Federación, la administración del Dr. Meade Kuribreña implementó las siguientes acciones:

a. Ante el incumplimiento de pago por parte de las referidas instituciones públicas de educación superior a los Coordinadores de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional (Coplades) y Coordinadores Técnicos Sociales (CTS´s), la Sedesol tuvo que realizar adecuaciones hacia finales del ejercicio fiscal 2015, que permitieran dotar de suficiencia presupuestaria a la estrategia de otorgamiento de “ayuda social extraordinaria”, exclusivamente a aquellas personas con méritos, que hubieren contribuido a la supervisión de las obligaciones a cargo de los gobiernos locales derivadas de la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura (FAIS).

b. La Sedesol modificó el 31 de marzo de 2016, los Lineamientos de operación del FAIS, con lo que se clarificaron las atribuciones que a dicha Dependencia del Ejecutivo Federal le asigna la Ley de Coordinación Fiscal. De esta forma, propuso la figura de los Agentes de Desarrollo Local (ADL), en tanto mecanismo oficial para coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones a cargo de los gobiernos locales. Los honorarios de dichos agentes no los cubrirá más Sedesol, puesto que deberán cubrirse con cargo al 3% de los recursos que para operación se asignan anualmente a los gobiernos locales para el FAIS, el mismo que se publica con el Presupuesto de Egresos de la Federación del año en curso, en el Diario Oficial de la Federación.

c. En su caso, se hizo del conocimiento del Órgano Interno de Control en la Sedesol, las irregularidades detectadas en la operación de los programas.
En suma, la contratación de Coplades y CTS se realizó de manera previa a la gestión del Dr. Meade Kuribreña, quien -a su llegada a la dependencia- atendió la situación preexistente a fin de: no dejar en desamparo a aquellos trabajadores que demostraron con documentos que habían realizado trabajos que en última instancia habían aportado a Sedesol; cancelar esa modalidad de contratación y para crear un nuevo mecanismo de apoyo a la ejecución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura transparente y basado en la normatividad.

***

Animal Político
Nayeli Roldán
Ciudad de México
Martes 13 febrero 2018.


La Sedesol entregó a tres universidades casi 540 millones de pesos en convenios que luego negó o en cuyo cumplimiento se desentendió. Casi la mitad del dinero de plano desapareció, según la ASF.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó formalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) tres nuevas denuncias penales por malos manejos de casi 540 millones de pesos que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entregó mediante convenios a tres universidades en 2015, año en que esa dependencia estuvo encabezada por Rosario Robles y el hoy precandidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade.

Sedesol y La Estafa Maestra

Los presuntos desvíos se cometieron con el mismo esquema revelado por Animal Político en la investigación periodística “La Estafa Maestra”, es decir, a través de convenios que dependencias del gobierno federal firmaron con universidades por servicios que, a su vez, estas terminan subcontratando con otras empresas para eludir los controles de licitación y transparencia. Los bienes y servicios que se contrataron terminaron siendo de dudosa calidad o inexistentes.
Los nuevos casos denunciados por la ASF ante la PGR contemplan convenios de Sedesol firmados en 2015 con la Universidad Intercultural del Estado de México, la Universidad Politécnica de Chiapas y la Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl, quienes recibieron en conjunto casi 540 millones de pesos que estaban destinados, entre otras cosas, a identificar a personas en condiciones de pobreza extrema alimentaria.

Lo que los auditores descubrieron es, entre otras cosas, que buena parte del dinero simplemente desapareció, que la existencia de algunos convenios fueron negados por la propia SEDESOL, pese a que los firmó y hay copias de los mismos. Además, la comprobación de los servicios realizados es, en el mejor de los casos, sospechosa.

Con estas tres nuevas carpetas de investigación abiertas por PGR en diciembre pasado, ya suman 19 las averiguaciones que la Procuraduría tiene en curso por fraudes y desvíos con el esquema de la “Estafa Maestra”, sin que al momento alguna haya sido resuelta.

Cabe recordar que Rosario Robles fue la secretaria de Desarrollo Social, desde diciembre de 2012 hasta el 28 de agosto de 2015, llegando en su relevo José Antonio Meade, que se mantuvo en el cargo hasta el 6 de septiembre de 2016.

A continuación, se mencionan las conclusiones a las que llegaron los auditores al verificar los convenios mencionados y que dieron pie a las denuncias interpuestas. Todo ello forma parte del informe de resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento 277-DS.

Sedesol: ¿Dónde quedó el dinero para los más pobres?

Universidad Intercultural del Estado de México

La Secretaría de Desarrollo Social adjudicó, de forma directa, un monto de 124 millones de pesos a la Universidad Intercultural del estado de México para la aplicación de Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) en zonas rurales y semiurbanas, con el objetivo de localizar e identificar a personas que pudieran estar en condiciones de pobreza extrema alimentaria en los 32 estados del país.

La adjudicación se dio mediante la firma del convenio UCD/33901/010/2015 cuya vigencia fue del 5 de marzo de 2015 al 31 de julio de 2015. En este caso el periodo corresponde únicamente a la gestión de Rosario Robles al frente.

Lo que la Auditoría encontró al revisar este convenio fue que Sedesol no proporcionó prueba de las supuestas cotizaciones que hizo con distintas universidades para aplicar los cuestionarios, y elegir a la Universidad Intercultural del Estado de México por ser la mejor opción.

Luego, cuando se solicitó la información, se descubrió que la referida universidad subcontrató la totalidad de los servicios por los que recibió el dinero con dos empresas externas incumpliendo con lo pactado en el convenio: que la Universidad pudiera realizar a los servicios.

La institución pagó a las dos empresas subcontratadas 61.2 millones de pesos para la aplicación de los cuestionarios, sin que exista prueba alguna de donde quedaron los otros 62.8 millones de pesos que la Secretaría de Desarrollo Social le entregó a la Universidad a través del convenio firmado. El dinero simplemente desapareció por lo que los auditores presumen que se cometió un fraude a la Hacienda Pública.

Cuando los auditores solicitaron la comprobación de los servicios pactados, tanto las empresas contratadas como la Universidad entregaron exactamente los mismos documentos, incluso con los logotipos de la Universidad y la Sedesol, lo que permite presumir que se trataba solo de copias para solventar el trámite.

La ASF cuestionó a la Secretaría de Desarrollo Social sobre este cúmulo de irregularidades, pero la dependencia literalmente respondió que no era de su incumbencia.

“En respuesta de los resultados, la dependencia fiscalizada informó que no es posible pronunciarse respecto de la subcontratación realizada por la UIEM, debido a que corresponde a hechos ajenos a su control.

Universidad Politécnica de Chiapas

En este caso la Secretaría de Desarrollo Social entregó a la Universidad Politécnica de Chiapas 400 millones de pesos para llevar a cabo la supervisión, control, mejora y monitoreo de los comedores comunitarios en el Estado de México.

Para ello, la dependencia federal firmó dos convenios con la universidad, cada uno por 200 millones de pesos. El primer convenio, número 710.33901.13/2015 tuvo una vigencia del 14 de abril al 31 de diciembre de 2015, mientras que el segundo, 710.33901.14/2015, fue con una vigencia del 6 de mayo al 31 de diciembre de 2015.

La vigencia en ambos contratos abarcó tanto el periodo de Rosario Robles como el de José Antonio Meade en la Sedesol.

El informe de la Auditoría destaca que, como es el modus operandi en esto casos, la dependencia se excusó de haber entregado el dinero sin ningún tipo de competencia con el argumento de que la Universidad es una institución pública y solo se necesitaba acreditar que tuviera la capacidad técnica de realizar el servicio. ¿Cómo se acredita esa capacidad técnica? Con una promesa escrita sin que se realice ninguna verificación al respecto.

Lo grave es que cuando se pidió a la dependencia los comprobantes del servicio por el cual se pagaron los 400 millones, la SEDESOL de plano no proporcionó evidencia alguna que acreditara que recibió en tiempo y forma los servicios de la Universidad. Posteriormente desconoció por completo haber firmado los referidos convenios.

“En respuesta de los resultados, la dependencia fiscalizada informó que la Dirección General de Desarrollo Comunitario desconoce la existencia del Primer Convenio Específico número 710.33901.13/2015, y Segundo Convenio Específico número 710.33901.14/2015 formalizados con la Universidad Politécnica de Chiapas debido a que no fueron incluidos en el acta de entrega – recepción del titular de esa dirección”, señala el informe de los auditores.

Esta negativa es incongruente con la realidad, agregan los auditores, ya que la documentación de dichos convenios fue entregada a la Auditoría Superior de la Federación en la visita domiciliaria que se efectuó a la Universidad Politécnica de Chiapas.

“La respuesta de la SEDESOL respecto del desconocimiento de las operaciones con la UPCH, no es congruente con la evidencia documental existente en sus archivos como son los convenios formalizados con la UPCH y el pago de 400,000.0 miles de pesos que se realizó a dicha universidad”, detalla el reporte que dio pie a la denuncia contra Sedesol.

Y como es costumbre en estos casos, la Universidad no realizó el servicio, sino que para ello subcontrató a un tercero sin ningún tipo de licitación o competencia. Además, pagó por el servicio 278.4 millones de pesos sin que exista justificación sobre dónde quedó el resto de dinero transferido por la dependencia. Los auditores presumen un fraude al erario de, por lo menos, 121.6 millones de pesos.

Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl del Estado de México

Esta universidad logró que la Sedesol le transfiriera directamente poco más de 15 millones de pesos, con el objetivo de operar la coordinación de diversos proyectos vinculados con la Cruzada Nacional contra el Hambre, programa con el cual se busca abatir la pobreza alimentaria.

El convenio firmado (que no tiene número) tuvo una vigencia del 16 de febrero al 31 de diciembre de 2015. Abarcó tanto la gestión de Robles como de Meade en Desarrollo Social.

Lo que los auditores encontraron en este caso fue que la Sedesol no tenía documento alguno que acreditara que se cumplió con el objetivo del contrato.

Sobre el cumplimiento de dicho convenio, la SEDESOL informó: “En cuanto a la acreditación en tiempo y forma de los entregables derivados de dichos convenios no existe un documento como tal; sin embargo, eso queda plasmado en el Acta de cierre de la Comisión Técnica…” indica el reporte de los auditores. El problema es que no se proporcionó tampoco ninguna evidencia documental de que lo anterior fuera cierto.

Cabe señalar que algunos de los conceptos que tendrían que haberse cubierto por parte de la universidad era realizar trabajos como la conformación y consolidación de comités comunitarios, autodiagnósticos comunitarios, planes de desarrollo comunitario, la gestión e implementación de acciones y proyectos específicos y asambleas implementadas para el fomento al desarrollo comunitario.

Pero cuando se pidió a la universidad la comprobación, lo único que entregó fueron documentos donde se asegura que se realizaron 5,001 asambleas de seguimiento. Los auditores revisaron la documentación y encontraron múltiples incongruencias como fechas de 2014 o promotores que no tenían el perfil para serlo. En resumen, ninguna evidencia concreta que acreditara que esas asambleas ocurrieron.

Por ello la Auditoria concluyó que existe un quebranto a erario público que asciende a los 15 millones 658 mil pesos. La denuncia penal se interpuso en contra de los funcionarios de la Sedesol que resulten probables responsables.

Animal Político
Arturo Angel
@arturoangel20
Ciudad de México
Jueves 11 de enero de 2018.


La Secretaría de Desarrollo Social ofrece programas y apoyos a sectores vulnerables, pero por corruptelas n o siempre llegan a sus destinatarios.


Ciudad de México. - Al menos 923 millones de pesos destinados a programas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) fueron desviados en 2015 a un grupo de empresas presuntamente coludidas con funcionarios de la dependencia.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que en las licitaciones de Sedesol para los programas Baños Ecológicos y Recolección de Agua Pluvial, así como los convenios con tres universidades del Estado de México para financiar proyectos con recursos federales, hubo irregularidades.

En la compra de baños y sistemas de recolección, la dependencia hizo pagos en exceso por 332 millones de pesos al consorcio ganador de ambos contratos, integrado por BPG Ingeniería, Grupo Daxme y Muebles y Mudanzas, que a su vez diseminó esos fondos en favor de otras firmas aparentemente fantasma.

BPG, por ejemplo, desvió 206.5 millones de pesos a 21 empresas y siete personas físicas que no tenían relación con el contrato de baños ecológicos, entre ellas Matchser, Factores y Servicios Humanos y Srevint, que a su vez enviaron fondos a World Heritage Group y Unificación de Recursos Administrativos.

La Sedesol pagó 237 millones de pesos de más para la compra de 15 mil sistemas de baños ecológicos, pues BPG Ingeniería, que no pagó un peso de impuestos en 2015, sólo destinó 342 millones a cumplir el contrato, mientras que el resto fue desviado.

En cuanto a los sistemas de recolección de agua, la fabricante Rotoplas había cotizado 484.2 millones de pesos, pero la Sedesol optó por contratar a un intermediario, Grupo Daxme, que cobró 580 millones de pesos, un diferencial de 95.8 millones.

Daxme subcontrató a cuatro empresas fantasma para “supervisar” la instalación de los sistemas y les pagó más de 25 millones de pesos, cuando en realidad, Rotoplas fue quien hizo todo, afirmó la ASF.

Las mismas empresas recibieron 397 millones de pesos desviados por los proveedores que obtuvieron contratos de universidades del Edomex, “por lo que se presume un vínculo entre estas empresas y la Sedesol”, de acuerdo con el informe de la Auditoría.

En total, 591 millones de pesos de proyectos contratados por las universidades Tecnológica de Netzahualcóyotl, Politécnica de Texcoco y Tecnológica del Sur del Estado de México, que dependen del Gobierno del Estado de México, fueron abiertamente desviados a 6 personas físicas y 12 empresas, sin justificación alguna para las transferencias.

Proveedores contratados por las universidades desviaron a su vez 591 millones de pesos, entre ellos 74 millones de pesos en favor de Matchser, 96 millones para Factores y Servicios Humanos, 168 millones para Srevint, y 62 millones para World Heritage Group, mismas entidades involucradas en los desvíos de los programas de baños.

Grupo Corporativo Vazme, Integrasoft y Elevait SAPI son algunos de los proveedores que desviaron fondos.

Reforma
Víctor Fuentes
Ciudad de México
Domingo 19 de febrero de 2017.

A 15 días del inicio de las campañas electorales, los gobiernos del estado y del municipio de Puebla intensificaron la entrega de tinacos a beneficiarios que entreguen copia de su credencial de elector y su CURP.

Los contenedores de agua son de color azul, tono predominante en las actuales administraciones a nivel estatal y municipal cuyas autoridades emanaron del PAN.

Cada uno de los tinacos tiene rotulado el eslogan y emblema del gobierno de Rafael Moreno Valle, y del ayuntamiento presidido por Luis Banck Serrato, quien sustituyó en el cargo a Antonio Gali Fayad, candidato del blanquiazul a la gubernatura.

El reparto de los tanques inició a finales de enero.

“Son copias y a mí me pedían hasta la hoja número uno y la hoja no sé cuánto de mi escritura y dije no, ahí quedamos mal.

“Del IFE (credencial de electoral) era copia, porque de hecho tenían que comprobar, porque te sacaban foto con tu rotoplás y dije no, ahí muere”, comentó un vecino que pidió omitir su nombre.

En un recorrido por la Junta Auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, en donde se encuentra una bodega y un terreno para almacenamiento, REFORMA constató la existencia de más tinacos.

Vecinos indicaron que 20 días atrás se registró la mayor actividad con entradas y salidas de camionetas para el traslado de los tanques.

Beneficiarios de la zona dijeron que para obtener un tinaco debían cumplir un trámite que inicialmente consistió en la formación de comités vecinales, cuya organización operó desde diciembre de 2015.

Cada uno de los interesados debió otorgar copia de su credencial de elector y de su CURP.

Otro de los beneficiarios manifestó que incluso para recibir el contenedor de agua los fotografiaron, presuntamente para contar con un testigo.

“Aquí (km. 7.5 de la Federal Puebla-Atlixco) no los entregan, sólo los llevan a las casas, el único requisito que me pidieron además de los papeles, es que mi casa fuera de un piso”, comentó el beneficiario.

En su informe correspondiente al ejercicio 2015, el Secretario de Desarrollo Social del Gobierno Municipal, Xavier Albizuri, informó de un convenio con la Administración de Moreno Valle para adquirir 20 mil 146 tinacos.

De acuerdo con el documento, disponible en el sitio de transparencia del Ayuntamiento poblano, corresponde a un programa de apoyo a casas que carecen de agua potable de manera regular.

El funcionario reportó que el gasto ascendió a 42.3 millones de pesos.

Reforma
Laura Ruiz, Francisco Rivas
y Jesús Lima/Agencia Reforma
Sábado, 19 de marzo de 2016.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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