Nuevo Laredo— En cuatro operativos diferentes la Sedena decomisó en menos de 24 horas cientos de armas cortas y largas, además de miles de balas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

También logró liberar a cinco personas secuestradas y detener a tres presuntos criminales.

Una fuente de la Cuarta Región Militar informó esta mañana del resultado obtenido por personal de la Octava Zona Militar.

Entre lo asegurado hay 206 armas largas, 14 cortas, 2 fusiles Barret, 1 lanzacohetes y 9 aditamentos lanzagranadas.

También 5 mil 468 cartuchos, 189 mil 939 cartuchos, 4 cañones, 1 granada de mano, 10 granadas de alto explosivo, 33 cohetes, y 13 tubos de carga explosiva.

Sedena informó también que producto de los cuatro operativos aseguraron 4 inmuebles, 4 vehículos, 139 kilos de metanfetaminas y casi dos de heroína.

Lo asegurado y los detenidos quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público Federal destacamentado en Tamaulipas.

Por motivos de seguridad, Sedena no reveló las identidades de los detenidos pero señaló que pertenecen al Cártel del Noreste.

Entre el equipo asegurado también hay chalecos antibalas con siglas apócrifas de la Semar.

Reforma
Ciudad de México
Sábado 28 de abril 2018.


La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), suspendió este miércoles la entrega del Doctorado Honoris Causa al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Salvador Cienfuegos Zepeda.

En una escueta misiva el secretario General de esa casa de estudios, Ricardo Paniaga Rodas, informó:

“Atento a las expresiones y apreciaciones que han manifestado algunos miembros de nuestra comunidad universitaria respecto a la entrega del Doctorado Honoris Causa, hemos acordado en el marco del acuerdo suscrito, suspender dicha entrega”.

Paniagua Rodas, quien es también secretario del Consejo Universitario de la Unicach, dijo que al inicio de esta administración –en octubre del 2017– se propusieron escuchar todas las voces de la comunidad universitaria, y fuera de ella.

Por tanto, reiteraron su compromiso con responsabilidad institucional, convencidos de estar abiertos a las grandes exigencias sociales y la pluralidad.

Como se recordará, el pasado viernes el consejo universitario aprobó con 20 votos a favor y seis en contra, conferirle el grado de Doctor Honoris Causa a Cienfuegos Zepeda.

Esto provocó reacciones de protesta en la comunidad universitaria, principalmente de la facultad de ciencias biológicas y del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (Cesmeca).

Ya dos galardonados renunciaron a este reconocimiento: el destacado rector fundador y antropólogo social, Andrés Fábregas Puig y la investigadora social feminista, Mercedes Olivera Bustamante.

Paniagua Rodas dijo en breve entrevista con Apro que esta suspensión no implica cancelación y que seguirá vigente lo aprobado en el consejo universitario.

Proceso
Isaín Mandujano
Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Miércoles 7 febrero de 2018.



Alcalde de Cholula acusa a Sedena de represalias por controversia contra Ley de Seguridad Interior


 El alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, denunció que a partir de que este ayuntamiento tramitó una controversia constitucional en contra de la Ley de Seguridad Interior (LSI), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) les ha cancelado tres actos, lo que consideró una represalia contra su administración.

También dijo que, en una semana, la Sedena canceló la firma de un convenio de seguridad con el ayuntamiento, un concierto de la Sinfónica de la Zona Militar y la entrega de mil cartillas del Servicio Militar a jóvenes que radican en Cholula.

“Estas cancelaciones nos preocupan y demuestran la falta de sensibilidad y conocimiento de la obligación que tenemos los tres órdenes de gobierno para coordinarnos en materia de seguridad pública y del servicio que otorgamos a la población”, expresó el edil.

A principios de este mes, el ayuntamiento de San Pedro Cholula se convirtió en la primera autoridad municipal en presentar una controversia constitucional contra la LSI con el argumento de que es violatoria al artículo 115 constitucional.

Espinosa Torres anunció que luego de estas tres cancelaciones consecutivas buscará al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, para ponerlo al tanto de estos hechos y explicarle los argumentos jurídicos que sustentan la demanda que presentó su administración ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El edil calificó como “lamentable” la reacción de la autoridad militar por considerar que principalmente afecta a los habitantes de Cholula. Incluso, mencionó que, en el caso de la cancelación del convenio de colaboración, la Sedena devolvió dos camionetas que fueron entregadas por el municipio para los patrullajes de elementos de la Zona Militar.

También reveló que este domingo 21 la Sinfónica de la 25 Zona Militar se presentaría en Cholula como parte de un programa de actividades culturales, sin embargo, el concierto fue cancelado sin que se diera mayor información al respecto.

“Y cuando el secretario del ayuntamiento acudió a recibir las cartillas, pues el Servicio Militar Nacional se da a través de los gobiernos municipales que participamos en la convocatoria, resulta que no nos la entregan más de mil piezas y tampoco nos dan explicación”, contó.

Espinosa dijo que espera que otras autoridades, como el gobierno del estado y la Auditoría Superior del Estado (ASE), no incurran también en represalias contra su administración por la iniciativa que tomó de impugnar la LSI.

Igual señaló que el ayuntamiento tiene la personalidad jurídica para interponer este tipo de recursos, tanto que fue admitido por la SCJN, y no debe ser tomado como un asunto político o un ataque personal.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Viernes 19 enero 2018.


El magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Sexto Circuito, Esteban Santos Velázquez, concedió el recurso de apelación a la Procuraduría General de la República (PGR), por lo que determinó vincular a proceso al sargento José “N”, acusado de ejecutar a un civil el pasado 3 de mayo en Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac.

Alejandro Martí, quien a través de su organización SOS ha financiado la defensa del militar, dijo en entrevista con Radio Fórmula que ya recurrieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para pedir una revisión del fallo emitido por Santos Velázquez.

El magistrado revocó la resolución del juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Puebla, Luis Jiménez, quien había desechado como prueba el video que circuló en las redes sociales días después de un enfrentamiento entre soldados y presuntos huachicoleros en Palmarito, donde resultaron muertos cuatro soldados y siete civiles.

Las imágenes de la grabación muestran el momento en el que un militar dispara a quemarropa a la cabeza de un civil sometido en el suelo y sin presentar resistencia alguna.

El juez de control desestimó el video como prueba contra el militar, luego de que la PGR no presentó ningún dictamen pericial para verificar la autenticidad de la grabación. Sin embargo, la dependencia interpuso un recurso para apelar esa resolución.

Ahora, se volverá a abrir el proceso contra el sargento por el delito de homicidio calificado.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Martes 11 de julio de 2017.

El funcionario de Pemex encargado de cuidar los ductos, el general Eduardo León Trauwitz, dispone de cuantiosos recursos y del apoyo absoluto de la Sedena; por eso llama la atención que en este sexenio haya crecido tanto el delito de robo de combustible en distintos puntos del país.

Desde el inicio de su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto puso al militar de sus confianzas, Eduardo León Trauwitz, al frente de la seguridad de Pemex. Jefe de escoltas de Peña desde el Estado de México, el ahora general ha tenido grandes beneficios en este sexenio: ascendió de grado militar más pronto que sus contemporáneos, amplió la influencia de su oficina en la empresa pública y obtuvo una fuerza de 2 mil 500 elementos del Ejército y la Marina para su principal tarea, la vigilancia de los ductos de gasolina.

Aunque no es el primer jefe castrense a cargo de la seguridad de las instalaciones de Pemex, el general León Trauwitz ha sido el principal encargado de combatir la "ordeña” de combustible, que viene desde el gobierno de Felipe Calderón pero que se ha agravado en el de Peña Nieto.

El Ejército ha sido el principal apoyo del general de Infantería para esta tarea. Pero también ha contado con cuantiosos recursos materiales y económicos, incluidos dos aviones que según los legisladores del PAN terminaron destinados al uso de la Presidencia de la República.

Además, de acuerdo con el reporte de la cuenta pública de 2015 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), otros aparatos aéreos comprados para el combate del robo de combustible fueron usados por el entonces director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, sin que se haya comprobado que fue para la "movilidad táctica y estratégica” de funcionarios para la toma de decisiones de "seguridad nacional”, según reportó la reportera Jesusa Cervantes (Proceso 2107).

Aunque el nombre del general León Trauwitz ya se había hecho visible a principios del sexenio, ya que el 31 de enero de 2013 una poderosa explosión destruyó tres niveles de la torre B-2 de Pemex, en la Ciudad de México, el cargo del jefe militar surgió de nuevo en medio de las revelaciones de una probable ejecución extrajudicial de un civil a manos de la Policía Militar (PM), durante una confrontación armada con presuntas bandas dedicadas al robo de gasolina, el pasado 3 de mayo en Palmarito, Puebla.

La PM se ha convertido en la apuesta del secretario de la Defensa Nacional (Sedena), el general de división Salvador Cienfuegos, para mantener la participación de los militares en tareas de seguridad pública, a pesar de su escasa experiencia. Por ello, de la mano del Congreso busca reformar la ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para que vayan más allá de las funciones de vigilancia que ahora realizan.

Del choque ocurrido en el llamado Triángulo Rojo del robo de gasolina en Puebla, sólo se conocía la versión del Ejército de que efectivos de la PM fueron atacados en dos ocasiones. En la primera, según dijo, con niños y mujeres como escudos humanos. Pero una semana después, el miércoles 10, el periódico Cambio de Puebla dio a conocer un video en el que se ve la ejecución de un civil cuando estaba sometido por los policías castrenses.

El general León Trauwitz pertenece al arma de Infantería. Pero sus posiciones más importantes las ha logrado fuera de la Sedena, al lado de Peña Nieto. Comandante de tropa en sólo dos ocasiones y asesor de mando en dos zonas militares y en una región militar, es maestro en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav) de la Secretaría de Marina.

Su carrera militar dio un giro cuando logró integrarse al Estado Mayor Presidencial (EMP) como coordinador de seguridad presidencial cuando Vicente Fox llegó a Los Pinos. Con Felipe Calderón estuvo a cargo de la seguridad de los jefes de Estado y de Gobierno visitantes hasta que en 2010 pidió licencia al Ejército para irse al Estado de México a cuidar al entonces gobernador Enrique Peña Nieto, a quien después también resguardó durante la campaña presidencial.

Como escolta del entonces gobernador, cobró en la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado, según su propia declaración de servidor público ante la Secretaría de la Función Pública, en la que sin embargo evitó dar a conocer su patrimonio.

Cuando Peña ganó la República de la República promovió a León Trauwitz, que apenas tenía dos años como coronel, a general brigadier. El nombramiento, que recibió en noviembre de 2012 con el aval del mandatario saliente Felipe Calderón, generó molestia en varios mandos militares, ya que no cumplía con los cuatro años requeridos para el ascenso.

Además, Peña lo colocó al frente de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de Pemex, cargo que a un año de haber llegado transformó y elevó a Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE), responsable de la vigilancia, supervisión y la seguridad física de las instalaciones de la ahora denominada empresa productiva del Estado.

Desde ahí, ha tenido el control de cuantiosos recursos para enfrentar a los llamados huachicoleros, dedicados al robo de gasolina en la red de ductos de Pemex.

De acuerdo con una entrevista publicada por en el número 488 de la revista Armas, del bimestre marzo-abril del año pasado, para esa tarea siempre ha tenido el apoyo de militares: "El espíritu de esta subdirección a mi cargo es recibir personal militar que se haya retirado dignamente, ya sea del Ejército, la Fuerza Aérea o la Armada de México, o personal que haya causado baja también de las Fuerzas Armadas”.

Explicó: "Hoy tenemos desplegados permanentemente más de 2 mil 500 elementos de las Fuerzas Armadas y de Pemex a lo largo de 60 mil kilómetros de ductos, quienes se encuentran permanentemente combatiendo este ilícito”, que según sus propias estimaciones pasó de 19 mil millones de pesos a 30 mil millones al año.

Quién vigila al vigilante.

Proceso
Jorge Carrasco Araizaga
Reportaje Especial
Ciudad de México
Domingo 14 de mayo de 2017.


Cientos de personas del pueblo de San Isidro despidieron con música de Juan Gabriel los restos de las 14 víctimas de la explosión de una casa utilizada como almacén de pirotecnia

El pequeño pueblo de San Isidro despidió con música de Juan Gabriel los restos de 14 de sus vecinos que murieron la noche del lunes en la explosión de una casa del mayordomo que también era utilizada como almacén de pirotecnia.

Las calles polvorientas de la comunidad, la iglesia, escuela y los restos de la casa siniestrada, vieron por ultima vez a los once niños y cuatro adultos que fueron reventados por la pirotecnia reservada para festejar al santo patrono el próximo 15 de mayo.

Bajo la mirada de un par de sobrevivientes, con estragos en su rostro y cuerpo por la onda expansiva, los féretros de las víctimas fueron despedidos religiosamente en la iglesia de la localidad, pero siete de los once niños muertos, también le dijeron adiós a su escuela.

"Tú eres la tristeza ay de mis ojos / que lloran en silencio por tu amor / me miro en el espejo y veo mi rostro / el tiempo que he sufrido por tu adiós", se escuchaba al mariachi.

Cientos de personas, algunos calculaban en mil, acompañaron a las víctimas por todo su peregrinar que incluyó la casa donde explotó todo y abrió la puertas de la muerte.

Pobladores de comunidades cercanas, bajaron de los cerros para acompañar a sus vecinos y, de paso, formar parte de la histórica tragedia que enlutó a esta región poblana.

Durante la noche del lunes, en la comunidad de San Isidro docenas de sus habitantes se trasladaban el santo patrono de la casa del mayordomo de las festividades del año anterior a la casa del nuevo anfitrión, cuando un cohetón fue a parar a un almacén de pirotecnia.

La explosión sobrevino y destruyó en su totalidad la vivienda donde se congregaban los fieles católicos del pequeño pueblo de calles de tierra, lo que dejó en el lugar nueve personas fallecidas y cinco más murieron en hospitales cercanos (cuatro en el hospital de Quimixtlán y uno más en el nosocomio de Guadalupe Victoria).

Los pobladores, quienes realizaban los preparativos para la fiesta patronal del 15 de mayo, trasladaron a los heridos en camionetas a distintos hospitales de la zona; en tanto las autoridades estatales enviaron apoyo.

Dos de los once niños fallecidos pertenecían al grupo de Danzantes de los Negritos, un baile tradicional que representa la matanza de una víbora, y por eso 20 de sus compañeros decidieron danzar en el pueblo y así recordarlos y rendirles tributo.

Los llantos jamas pararon, porque aunque digan que los mexicanos nos reírnos de la muerte, en realidad se le llora y mucho; y mas cuando las víctimas inaugurarán el panteón del pueblo, cuyas autoridades solo así autorizaron en las faldas de una montaña.

El Universal
Corresponsalías
San Isidro, Chilchotla, Pue.
Miércoles 10 de mayo de 2017.


Para contrarrestar la fuerza de los grupos de huachicoleros que se encuentran en el triángulo rojo, operarán en la zona mil 500 elementos de diferentes agrupamientos del Ejército, anunció el Jefe de la Oficina de la Gubernatura, Javier Lozano.

Al concluir el desfile conmemorativo de la Batalla de Puebla, el funcionario refirió que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) manifestó respaldo a la Administración poblana para enfrentar a las bandas criminales.

Lozano explicó que tras los hechos del 3 y 4 de mayo en la localidad de Palmarito Tochapan ya se encontraban mil elementos del 55 Batallón de la 25 Zona Militar, además de miembros de la Policía Militar, pero que se incorporarán otros 500.

El también vocero del Gobierno de Antonio Gali comentó que lejos de retroceder en la lucha contra el huachicol, reforzarán operativos.

Lozano llamó cobardes a los huachicoleros por usar a mujeres y niños como escudo, tanto durante la agresión al Ejército, como al día siguiente, en el bloqueo de la Autopista Puebla-Orizaba.

"Esto de andar bloqueando la autopista para lograr la liberación de los detenidos o para que se vaya el Ejército, les tengo malas noticias, llegan más elementos del Ejército mexicano, de la Gendarmería", refirió el jefe de la Oficina de la Gubernatura.

"Por lo menos 500 elementos más de lo que tenemos conocimiento y esto es en apoyo a todos estos operativos que estamos llevando a cabo de manera coordinada; ya había 600, se sumaron 400 para llegar a mil y ahora vienen 500 más", expuso.

Lozano no descartó que existan nuevos enfrentamientos, pero sostuvo que estarán preparados para ganar terreno a la delincuencia.

El funcionario estatal comentó que el saldo se mantiene en 10 muertos, 12 heridos y 14 detenidos.

Sin embargo, añadió, identificaron a más personas que presuntamente participaron en la agresión a los militares.

Recordó que tras cumplirse las 48 horas constitucionales para definirse la situación jurídica de los detenidos, esperarán contar con elementos para ir a detener a otros involucrados.

De quienes actualmente se encuentran en la Fiscalía General del Estado, dijo Lozano que 11 son adultos y tres son menores de edad, a los que posiblemente trasladen al tutelar de menores.
Indagan red de complicidad

Javier Lozano, jefe de la Oficina de la Gubernatura, refirió que, en coordinación con autoridades federales, avanzan indagatorias contra una red de complicidad que trabaja en el robo de combustible de los ductos de Pemex.

Advirtió que en esa actividad ilegal no sólo participan quienes colocan mangueras para sustraer hidrocarburo, sino también policías de diferentes órdenes de Gobierno, Alcaldes, empresarios de gasolineras y empleados de la paraestatal.

"Estamos viendo que en muchos casos hay una gran colusión entre autoridades, gasolineras, y son tan descarados que lo que reportan como venta no es lo que reportan como compra, por eso la Secretaría de Hacienda y través del SAT y la unidad de Inteligencia Financiera, de lavado de dinero, están haciendo su trabajo", pronunció.

"Donde hay extracción de combustible hay dinero sucio, lavado de dinero, y vamos a dar con todas esas redes; y entiéndanme, esto va desde la extracción, desde ubicar en dónde están picando, hasta su último punto de distribución", dijo.

Lozano insistió que en la indagatoria se incluye a Ediles y a empresarios de la región, aunque evitó dar detalles.

...Y buscan a agresores de familia

Con respecto al caso de la familia atacada en la Autopista México-Puebla, Javier Lozano anunció que detectaron que el modus operandi de los agresores es típico de los huachicoleros.

Advirtió que el Gobierno no señala al padre de la familia como parte de la actividad de robo de combustible, sino que hay indicios de que los responsables sí forman parte de una banda del triángulo rojo.

Comentó que la Policía Federal ya cuenta con elementos para ubicar a los delincuentes y confió pronta detención para que se castigue el homicidio del bebé y la violación a madre e hija.

"Me apenó mucho escuchar al padre de familia diciendo que nosotros suponíamos que ellos estaban involucrados en la delincuencia organizada, no, más bien el modus operandi de quienes llegaron a asaltarlos y abusar de la señora y su hija y de matar al bebé, sí es de huachicoleros", dijo.

"No decimos que él, sino que más bien en la forma tan violenta cómo los abordaron; ¿y por qué? porque iban por su camioneta, ¿y para qué quieren esa camioneta?, para la transportación de tambos, de cubetas con combustible", añadió.

Lozano expuso que eso explica la presencia de tres camionetas de blindaje aseguradas a los delincuentes en Palmarito Tochapan.

No obstante, precisó, aún no hay confirmación oficial del móvil, debido a que sigue la investigación.

Reforma
Francisco Rivas
Ciudad de Puebla, México
Viernes 05 de mayo de 2017.


En dos acciones realizadas por separado, relacionadas con la misma organización delictiva en los estados de Tlaxcala y Michoacán, la PGR cumplimentó una orden de cateo obsequiada por el juez cuarto federal especializado en Cateos, Arraigos e Intervenciones de Comunicaciones.

La dependencia precisó en un comunicado que en esa acción fueron detenidas cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, además se aseguraron un arma corta y 71 cartuchos útiles.

En el primer operativo, más de 150 efectivos de la Policía Federal (PF) y de la Sedena, en apoyo al personal ministerial de la SEIDO, acudieron a la calle Ampliación Civil, colonia Centro, municipio tlaxcalteco de Santa Catarina Ayometla, donde ubicaron “La Fortaleza”, un predio de más de 500 metros de longitud con cuatro inmuebles distintos.

En ese inmueble aseguraron a María Florencia “N”, quien administraba el lugar de explotación y coordinaba el “enganche” de las víctimas para luego trasladarlas a diversas ciudades de Estados Unidos para su usufructo sexual.

El sitio tenía diez años de estar operando como casa de seguridad destinada al delito de trata de personas, aseguró la dependencia.

En ese lugar, los integrantes de la red de trata de personas concentraban a las mujeres menores y mayores de edad que, con engaños y amenazas, las utilizaban para prostituirlas en su beneficio.

Simultáneamente, se llevó a cabo la segunda de las acciones en Michoacán, entidad donde esta banda delictiva había ampliado sus operaciones criminales.

Ahí, el MP de la Federación, peritos especializados y efectivos federales se ubicaron en dos inmuebles, el primero en la calle Emiliano Zapata, en el poblado de Tungareo, municipio de Maravatío, donde detuvieron a dos personas: Isidro “N” y María Reyna “N”; además de que en el segundo domicilio, ubicado en calle del Estudiante del mismo poblado, se detuvo a María Isabel “N”.

En el inmueble ubicado en calle del Estudiante también fueron asegurados un arma de fuego calibre 9 mm, así como 71 cartuchos útiles.

Los detenidos fueron ingresados en los siguientes penales, en el caso de las mujeres en el Cefereso 16, con sede en el estado de Morelos, y la persona del sexo masculino en el Cefereso 14 en Durango.

En una de las avenidas del municipio de Maravatío se logró ubicar a María Alma “N”, quien también contaba con orden de aprehensión por estar vinculada con la misma organización criminal, siendo detenida en ese momento.

Proceso
Ciudad de México
Sábado 1 de abril de 2017.


En la última década cayeron en cárceles castrenses 12 mil soldados, mil 200 al año. Antes del inicio de la “guerra contra las drogas” remitían a 800 al año, un aumento de 47%, revela Sedena

La “guerra contra las drogas”, decretada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa en diciembre de 2006, ha dejado un saldo de 12 mil 43 militares presos en cárceles castrenses. En promedio, mil 200 uniformados fueron remitidos a estas prisiones cada año, revela un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional, obtenido por EL UNIVERSAL vía Ley de Transparencia.

Antes del inicio de esta batalla frontal contra los cárteles del narcotráfico, la justicia castrense sentenciaba en promedio a 800 militares al año (periodo 2000-2006), lo que representa un aumento de 47% en la cantidad de uniformados remitidos a prisiones de la Sedena.

El reporte en poder de este diario señala que 92% de los presos son parte de la tropa: cabos, soldados, sargentos. Les siguen capitanes y tenientes, que conforman 7%. Sólo ocho generales han caído en una cárcel militar.

Javier Oliva, especialista en seguridad, dice que hay 500 servicios diarios, en promedio, de apoyo a tareas de seguridad pública por parte del Ejército. Esto quiere decir que este sexenio concluirá con un millón de servicios.

“El número de eventos donde se verían implicados los militares mexicanos en lo que se refiere a violación a derechos humanos es sumamente bajo en comparación con el número de elementos que hay, unos 50 mil militares de las tres Fuerzas Armadas”, dice el experto.

¿Desobediencia o “narcodelitos”?

Los 12 mil militares remitidos en la última década están en las tres prisiones que hay en el país: 73% se encuentran en la cárcel de la Región Militar I, en la Ciudad de México; le sigue la prisión de la Región Militar III, en Mazatlán, Sinaloa, y sólo 1% están en la cárcel de la V Región Militar, en Zapopan, Jalisco. La mayoría de los altos mandos sentenciados se encuentran en la prisión del Campo Militar Número 1.

Uno de los casos más sonados de altos mandos sentenciados se dio en febrero de este año, cuando el general Manuel Barragán fue sentenciado a 16 años y medio de prisión más el pago de una multa de 19 mil 120 pesos. La pena la impuso el segundo consejo de guerra de justicia militar, por delitos contra la salud en grado de tentativa y abuso de autoridad, más la baja definitiva del Ejército Mexicano.

La Sedena tiene registrados 148 casos de militares juzgados por delitos del fuero federal y otros 303 casos por ilícitos comunes.

El documento castrense señala que los delitos más frecuentes son: abandono de servicio, abandono de mando, insubordinación, abuso de autoridad, desobediencia, robo, deserción, administración fraudulenta, daño a propiedad ajena, lesiones culposas y agravadas.

Sin embargo, Alejandro Carlos Espinoza, delegado de la Asociación Internacional de Justicias Militares, asegura que la mayoría de los soldados remitidos a prisiones castrenses cometieron delitos contra la salud.

“En su modalidad de fomento a la colaboración. Ellos son competentes ante eso”, señala el experto.

En el sexenio anterior se tuvo un promedio de mil 493 presos por año y, en 2013, inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, se registró un descenso de 46%. En 2013 hubo 829; en 2014, 773; en 2015, 800, y en lo que va de 2016 se reportan 381 presos.

Para Alejandro Carlos Espinoza, experto en justicia militar, el aumento en el número de presos está directamente relacionado con su participación en la lucha contra el narcotráfico.

“El tema es cuando los militares se confrontan con los civiles y se suman a las fuerzas de los policías, es cuando genera una problemática mayor e involucramiento en delitos”, señala.

El año con mayor registro de presos fue 2011, con mil 742. A partir de ahí comienza la baja. “La explicación también puede darse en el sentido de la modernización del sistema penal militar y los ajustes que se le hicieron desde el Poder Legislativo para la impartición de justicia.

“Esto agilizó los juicios de la presentación de los casos, hay que tomar en consideración que la justicia penal militar en México, desde su origen, se basa en juicios orales y abiertos. Esto permite darle más agilidad”, señala el profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Javier Oliva.

Guillermo Lecuona, doctor en Derecho, comenta que el hecho de que disminuyan los presos militares es por la reducción en la intensidad de las movilizaciones.

“En el periodo 2006-2012 parece un tema claramente relacionado con el Presidente, encabezando al Ejército, involucrándolo en la guerra contra las drogas, y posteriormente en la nueva administración se pasó de un discurso de guerra a una ausencia de discurso”, señala.

Crece presupuesto para “milicárceles”

La Sedena reporta que el presupuesto para las prisiones militares se incrementó 251% de 2006 a 2016, pasando de 263 mil a 925 mil pesos. La prisión con el mayor aumento fue la del Campo Militar Número 1, al pasar de 63 mil a 602 mil pesos, 856% mayor, mientras que las otras dos cárceles registran repuntes menores a 100%, 43 y 72, respectivamente.

Néstor Troncoso, abogado defensor de militares, advierte que son tres los elementos por los que un soldado está en prisiones castrenses: porque un superior lo ordenó, porque a alguien le estorba o porque se las tiene que pagar a algún alto mando.

“El enfoque no es qué hacemos con las Fuerzas Armadas, sino qué tenemos que hacer con las policías. Me parece que el foco está en ese faltante, y si las Fuerzas Armadas están de manera circunstancial participando en estas labores”, comenta Javier Oliva, quien se pronuncia por avanzar hacia una Ley de Seguridad Interior, actualizar la Ley de Seguridad Nacional y diseñar una política nacional de defensa.

Los especialistas coinciden en que hay que modernizar las reglas de participación del Ejército en tareas de seguridad.

El Universal
Íñigo Arredondo
Ciudad de México
Viernes 23 de diciembre de 2016.


la Procuraduría General de Justicia Militar no mide con la misma vara, denuncia

Ciudad de México. - Ante autoridades castrenses, el General de Brigada Marco Antonio Barrón Ávila expuso que la Procuraduría General de Justicia Militar no mide con la misma vara.

A él, dice, lo condenaron sin pruebas por abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones, porque supuestamente ordenó a personal de tropa remodelar su casa de Querétaro; mientras que de otros mandos del Ejército hay evidencia plena de estos excesos y no los molestan con estas acusaciones.

Por este asunto, en julio de 2015 un Consejo de Guerra sentenció al General a un año y ocho meses de prisión, una multa de 10 mil 685 pesos, y la destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo o cargo público durante el plazo establecido.

Ante el mismo Consejo de Guerra que lo condenó, Barrón dijo que presentó alrededor de 66 fotografías en las que aparecen soldados lavando carros, llevando a cabo mudanzas o haciendo trabajos de construcción, albañilería y pintura en casas de otros Generales.

Barrón no identificó a los propietarios de los inmuebles y vehículos que aparecen en estas imágenes, ya que su propósito era exponer que varios mandos utilizan a soldados en servicio, para realizar tareas en su beneficio personal, y no los castigan.

Después de que el General Barrón exhibiera la utilización del personal de tropa, por parte de los mandos, la Procuraduría Militar desempolvó un expediente de hace dos años por delito grave y solicitó la orden de aprehensión en su contra.

El lunes, Barrón decidió entregarse y afrontar esta nueva acusación que consiste en supuestamente haber transportado un vehículo robado de una entidad a otra y que, según el General, se trata en realidad de su camioneta Cheyenne que a la fecha sigue sin tener reporte de robo ante el Repuve.

Las 'evidencias' contra el General

En el juicio contra el General de Brigada no aparece una sola fotografía que acredite que utilizó a la tropa para que remodelara su casa de Querétaro y las pruebas con las que fue sentenciado son esencialmente dichos de militares que admitieron haber sido inducidos o intimidados para incriminarlo.

El subteniente de Zapadores Julio César González Hernández declaró que fue acosado para manifestar ante la Procuraduría Militar que Barrón le había pedido a la tropa llevarse un camión de volteo.

"Me han ido a ver varias veces los judiciales y en una de las visitas que me hicieron uno de ellos sí se portó altanero, el cual me dijo que yo no me hiciera pendejo, que yo tenía que hablar y en otra de las visitas me pidieron los datos de mi familia, de mi esposa, me sacaron fotos y también me preguntaron sobre mi señora madre, eso ya me preocupó.

"En otra de las visitas, desconozco sus nombres, sus grados, me dijeron que no me preocupara, que el problema no era conmigo, pero a quien querían chingar o fregar era a mi General y a mí me preocupó eso por cuestión de mi familia", declaró el subteniente.

El sargento primero de Informática Leobardo Domínguez Fosado declaró fue abiertamente intimidado para entregar dos oficios que probaban que en julio de 2013 él había ido de vacaciones a Querétaro, donde se supone iría a coordinar los trabajos de remodelación del inmueble propiedad de Barrón.

Reforma
Ciudad de México
Miércoles 9 de marzo de 2016.

Página 1 de 2

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

Síguenos en Twitter