•    Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), negó amparo interpuesto por el pueblo maseual de la Sierra Norte de Puebla, contra la Ley Minera.

•    La Semarnat expresó su consternación ante la resolución de la Segunda Sala de la SCJN que negó un amparo interpuesto por el pueblo maseual

Ciudad de México.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales expresó su consternación ante la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que negó un amparo interpuesto por el pueblo maseual, que habita en la Sierra Norte de Puebla, contra la Ley Minera.

“La Semarnat manifiesta su preocupación por el resolutivo que niega conceder el amparo a los quejosos que reclaman la inconstitucionalidad de diversos artículos que regulan el sistema de concesiones de la Ley Minera, ya que éstos no contemplan el deber de consultar a los pueblos indígenas cuando puedan afectarse sus derechos e intereses”, manifestó.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ley Minera establece actos de autoridad que podrían afectar a los pueblos y comunidades indígenas, así como los hábitats y ecosistemas en los que se encuentran asentados.

“Es decir, sus territorios y su relación con el acceso preferente a los recursos naturales, como lo establecen nuestro artículo 2º Constitucional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por México”, indicó.

Recordó que el derecho a la consulta a los pueblos indígenas está reconocido por el derecho internacional, así como por nuestro marco constitucional que reconoce el artículo 1º de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos.

“De tal forma, las leyes que emanen de la Constitución deben estar apegadas al marco constitucional. En caso contrario, por lógica jurídica, el ordenamiento legal debe considerarse inconstitucional. En este sentido, la Semarnat no comparte el criterio expresado hoy por el Pleno de la Segunda Sala, al haber declarado lo contrario en su resolución”, señaló.

A pesar de lo anterior, la Semarnat dijo que respeta el trabajo del Pleno de la Segunda Sala de la SCJN y ratifica su compromiso con los pueblos indígenas de México en el reconocimiento del derecho a la consulta, el fortalecimiento del marco de derechos humanos y ambientales y la obligación del Estado mexicano de garantizarlos y hacerlos efectivos.

                                                         ANTECEDENTE

Amparan a comunidades del Pueblo Maseual de la Sierra Nororiental de Puebla en contra de concesiones mineras


La sentencia sienta un precedente importante respecto de la minería en territorios indígenas.
El marco jurídico de la minería en México debe ser revisado para garantizar la autonomía de los pueblos indígenas y comunidades equiparables y para no interferir con el control cultural de los recursos naturales tradicionalmente manejados.
 
El pasado 26 de septiembre, integrantes del Pueblo Maseual (nahua) de la Sierra Nororiental de Puebla obtuvieron un amparo y protección de la justicia, en contra de las concesiones mineras Atexcaco I», «Atexcaco II» y «Macuilquila», que inciden principalmente sobre los municipios de Tlatlauquietepec, Yahonoahua y Cuetzalan. Dicha sentencia sienta un precedente importante respecto de la minería en territorios indígenas.
 
El Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión, a integrantes del pueblo maseual (nahua) de la Sierra Nororiental de Puebla. En marzo del 2015, este pueblo interpuso dicha demanda de amparo después de varios procesos de reflexión colectiva y por mandato de la Asamblea, que determinó defender el territorio ancestral y por lo mismo reclamar los actos de autoridad.
 
La decisión de interponer esta demanda de amparo, fue por considerar que estos actos de autoridad constituyen una grave violación al derecho del pueblo maseual a la libre determinación y control de su territorio, derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución Mexicana y en varios tratados internacionales ratificados por México. Después de varios años de litigio, el pueblo maseual ha obtenido una sentencia favorable donde se le ordena a la Secretaría de Economía: (i) dejar sin efectos las tres concesiones mineras, así como su inscripción en el Registro Público de Minería; (ii) llevar a cabo una consulta previa, informada, culturalmente adecuada, y de buena fe; y (iii) emitir un nuevo pronunciamiento respecto la procedencia de las concesiones.
 
En septiembre de 2014, 3000 indígenas maseual reunidos en asamblea en la comunidad de Zacatipan, municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, ejercieron su derecho a la autonomía encomendaron al Consejo Maseual Altepetajpianij el deber de llevar a cabo las acciones necesarias para la defensa del territorio. Con la asesoría del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), se presentó la demanda de amparo alegando la inconstitucionalidad de la Ley Minera, así como la violación de los derechos del pueblo maseual a la autodeterminación y al control de los recursos naturales por la expedición de las concesiones mineras referidas.[1]
 
En la sentencia, el Juzgado reconoció tal ejercicio de autodeterminación, junto con los peritajes en antropología, impacto ambiental y topografía y agrimensura, para corroborar el interés legítimo para acudir al juicio de amparo del Pueblo Maseual.
 
Asimismo, con base en el peritaje en impacto ambiental, la Jueza reconoció que la actividad minera «conlleva afectaciones en el ecosistema y sus habitantes, que transitan desde un impacto negativo en la biodiversidad, flora, fauna, en el ciclo hidrológico, sistema hidrogeológico, (subterráneo y superficial), calidad del agua, composición del suelo, agricultura, servicios de aprovisionamiento, de regulación de clima, de crecidas, de inundaciones, de control de erosión, depositación de sedimentos, sequías, regulación de enfermedades, purificación del agua y fertilización de suelos; hasta influencia relevante en la calidad del aire, ruido y modificación de la topografía y del paisaje.»
 
Este fallo judicial deja en claro que el marco jurídico de la minería en México debe ser revisado y modificados, pues es imprescindible que: (i) se garantice la autonomía de los pueblos indígenas y comunidades equiparables y (ii) no se interfiera con el control cultural de los recursos naturales tradicionalmente manejados. Igualmente este fallo se une a otras decisiones del Poder Judicial de la Federación, que han contribuido a la construcción del Estado pluricultural en México y que los Poderes Legislativos y Ejecutivo están llamados a atender.

Excélsior
Ernesto Méndez
Ciudad de México
Viernes 15 enero 2021.

Rancho que permite cazar bisontes por $153 mil, borra su rastro de internet

Rancho Buena Vista sin permiso para la caza de bisonte americano: Semarnat

•    La página de Facebook del rancho Buena Vista ya no existe y su sitio web http://www.ranchobuenavistamx.com/ fue bajado hace unas horas

Ciudad de México.- Después del escándalo por la cacería de un bisonte en Coahuila, rancho Buena Vista, que según la Semarnat es una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), sin permiso de aprovechamiento cinegético, borró todo su rastro en Internet.

Su página de Facebook ya no existe y su página en la web http://www.ranchobuenavistamx.com/ fue bajada hace unas horas, por lo que no puede ser consultada.

Al comunicarnos al teléfono donde dan informes sobre los paquetes para ir de cacería al rancho Buena Vista, una grabación responde: "Habla Carlos Mondragón, al momento no pude contestar tu llamada, pero por favor deja tu nombre y tu número de teléfono y yo me comunico contigo, gracias".

Intentamos contactar a la persona a través de WhatsApp, ya que aparecía como contacto "En Línea", mostrando una foto donde sostiene un puma muerto, pero de inmediato bloqueó nuestro número, desapareció la imagen y no hubo respuesta para conocer su versión de lo sucedido.

Al comparar las imágenes que circularon por redes sociales de la cacería del bisonte de un hombre con camisa a cuadros y gorra naranja, supuestamente en el rancho Buena Vista, y el propietario del teléfono celular, notamos que existe gran parecido entre ellos, por lo que se podría tratar de la misma persona, aunque no lo sabemos.

En este caso, corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), realizar una visita de inspección al rancho Buena Vista, abrir un expediente administrativo, hacer una investigación y en caso de confirmarse la caza ilegal, aplicar las sanciones correspondientes.

El Código Penal Federal contempla en su Artículo 420 penas de uno a nueve años de prisión y multas de trescientos a tres mil días (26 mil 64 pesos a 260 mil 640 pesos), a quien ilícitamente:

"Realice actividades de caza, pesca o captura con un medio no permitido, de algún ejemplar de una especie de fauna silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población o especie silvestres;

Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte.

Se aplicará una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil días multa adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un área natural protegida, o cuando se realicen con fines comerciales", establece.

En el comunicado de prensa que emitió la Semarnat, quedaron varios cabos sueltos debido a que no aclara si el rancho Buena Vista tiene vigente su registro como UMA, ni desde cuándo carece de permiso de aprovechamiento cinegético, porque tanto en la página de Internet del predio (cuando estaba disponible), como en Instagram abundan las fotos de cacería deportiva de bisonte justo en ese lugar de Coahuila.

Rancho Buena Vista sin permiso para la caza de bisonte americano: Semarnat

De acuerdo con la Semarnat el rancho Buena Vista tiene registro como Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, pero no cuenta con permiso para la cacería de la especie

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que a través de la Dirección General de Vida Silvestre no se ha autorizado ningún permiso de aprovechamiento cinegético de Bisonte Americano al rancho Buena Vista, en Coahuila.

Es decir, que si bien el rancho Buena Vista tiene registro como Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), no tiene permiso para la cacería de la especie en sus instalaciones.

Excélsior dio a conocer que en la base de datos de la Semarnat se encuentran las siguientes autorizaciones: Buena Vista SEMARNAT-CR-EX0105-COA, en el municipio de Ocampo y Buena Vista SEMARNAT-UMA-EX-0065-COA, en el municipio de Múzquiz.

“Las autoridades de esta dependencia revisaron de inmediato los expedientes y no existen informes sobre planes de manejo aprobados y aprovechamientos para la especie otorgados a algún rancho de Coahuila con el nombre de Buena Vista, ni con las características que muestran las fotos exhibidas en redes sociales”, señaló.

En un comunicado de prensa, destacó que la Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Gobierno de Coahuila trabajan para esclarecer los hechos y, en caso de comprobarse que hubo un aprovechamiento ilegal de la especie, sancionar a los responsables.

“El Gobierno de México está comprometido con la conservación de esta especie y de su hábitat y trabajamos para su recuperación, por lo que se continuará con las indagatorias para aclarar los hechos y hacer valer la ley ambiental”, agregó.

Excélsior
Ernesto Méndez
Ciudad de México
Martes 12 de enero de 2021.


Los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, así como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) firmaron un convenio-marco para el saneamiento del río Atoyac y sus afluentes, pues reconocieron que "está al punto del colapso" producto de la contaminación que lo aqueja desde hace varios años.

Desde Casa Aguayo, sede del poder ejecutivo de Puebla, el gobernador Miguel Barbosa Huerta expuso que este acuerdo conjunto permitirá eliminar, clausurar y sancionar a todas aquellas empresas que se benefician del río y expulsan sus residuos de manera irregular, provocando enfermedades en la población aledaña a su ribera, por lo que solicitó la pronta intervención de los municipios poblanos y tlaxcaltecas, la Semarnat, la Conagua y la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El ex perredista añadió que su gobierno invertirá para el saneamiento del río aún y cuando "nadie está en tiempos de jauja económica", pero se comprometió a que los recursos tendrán buen destino, a diferencia de lo que ocurrió en los gobiernos que lo antecedieron, según denunció.

Por su parte, Marco Antonio Mena Rodríguez, gobernador de Tlaxcala, señaló la importancia de "dar resultados a corto plazo" ante el riesgo que representa ignorar la contaminación del río Zahuapan, en Tlaxcala, y Atoyac, en Puebla, por lo que su administración hará "un esfuerzo" para destinar recursos a esta causa tanto en 2020 como en 2021.

Asimismo, la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, celebró la firma de este convenio y llamó a ambos gobiernos a continuar poniéndose de acuerdo en atender otros temas que requieren su intervención, como la contaminación en la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, la cuarta más grande del país.

En primer término, se buscará sanear el río en los tramos de Nativitas, Ixtacuixtla y Tepetitla, en Tlaxcala, así como Huejotzingo y San Martín Texmelucan, en Puebla; lo anterior, para atender la recomendación que en 2017 emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que los dos estados brindaran acceso a una vida digna y saludable a la población aledaña al río Atoyac, ante los altos niveles de contaminación que presenta en la mayoría de su cauce.

Milenio
Carlos Morales
Puebla, México
Lunes 28 de septiembre de 2020.


El nuevo funcionario federal es economista por la UNAM, tiene experiencia en el servicio público y es académico tanto en la UNAM como en la UAEH; adicionalmente es hermano del secretario de Hacienda Arturo Herrera Gutiérrez

La nueva titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, realizó el primer cambio en el equipo de trabajo que heredó de Víctor Manuel Toledo, al nombrar a Tonatiuh Herrera Gutiérrez al frente de la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental.

Tonatiuh Herrera Gutiérrez, hermano de Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entra en lugar de Julio Trujillo Segura, quien llegó a la Semarnat por invitación de Josefa González-Blanco y después sobrevivió al cambio con la llegada de Toledo, como encargado de la política ambiental del país.

El nuevo subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental era el director de Coordinación Técnica y Planeación del Fideicomiso de Fomento Minero, cargo que ocupó en la Secretaría de Economía desde mayo de 2019.

Herrera Gutiérrez es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) plantel Iztapalapa y cuenta con estudios de Maestría en Economía por el Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México.

En la administración pública ocupó los puestos de subdirector de Análisis de Daño y Causalidad en la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales; investigador en el Fideicomiso de Estudios Estratégicos sobre la Ciudad de México; coordinador general de la Fundación Arturo Herrera Cabañas, y docente en la Facultad de Economía de la UNAM y en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Excélsior
Ciudad de México
Jueves 24 de septiembre de 2020.


El proyecto se presentó a la SEMARNAT y se encuentra en estado de evaluación; se prevé la tala de mil 736 árboles en Santa Clara Ocoyucan, Puebla.


El particular Rafael Posada Alonso presentó a la SEMARNAT dos proyectos relacionados con el desarrollo inmobiliario Lomas City en los que se prevé  la tala de mil 736 árboles en Santa Clara Ocoyucan, Puebla.

En la Gaceta Ecológica de esta semana la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales da cuenta de los documentos presentados en agosto por Posada Alonso para la construcción de Lomas City, mismos que en el sitio de consulta se consideran en estado de evaluación.

En la gaceta también se informa que con estos proyectos también se busca el cambio de uso de suelo en 332 hectáreas.

El primer proyecto incluye la construcción de pozos de infiltración pluvial, un sistema de agua pluvial y un tren de tratamiento a desarrollarse en 87 hectáreas de la comunidad de Santiago Coltzingo en el que se plantea el derribo de 977 árboles.

El segundo proyecto incluye 245 hectáreas de Malacatepec en donde nuevamente se prevén  obras hidráulicas, vialidades, andadores, una barda perimetral, parques y áreas verdes en dos predios  y la tala de 759 árboles.

De este segundo proyecto que abarca un mayor terreno, el particular reconoce que una de las consecuencias podría ser el desplazamiento de reptiles, así como afectaciones a otras especies de aves, roedores e insectos.

Dentro de las justificaciones que planteó a Semarnat está que en 24 meses de trabajo se pretende invertir mil 478.6 millones de pesos en obras y que poco más de 57 millones serán para mitigar los daños al medio ambiente y educación ambiental.

Destacó que  50.1 por ciento del lugar se conservará como área verde, sólo 34.99 será para viviendas y el resto para equipamiento urbano del desarrollo inmobiliario.

Al margen de estos permisos que se buscan para el nuevo proyecto inmobiliario sobresale que en el último mes, pobladores de Malacatepec denunciaron presiones de Grupo Proyecta y de la familia Posada para que cedan predios de la zona.

e-consulta
Laura Ruiz
Viernes 18 octubre 2019.


El gobierno de Puebla debe hacer público el contrato con el que privatizó el servicio de agua

A casi cinco años de haberse privatizado el servicio de agua potable en la zona metropolitana de Puebla, la organización “Dale la Cara al Atoyac” ganó un amparo para que la autoridad estatal haga público el contrato firmado para la concesión del servicio, hasta ahora en reserva.

En rueda de prensa, Melanie Camacho, presidenta de la organización, aclaró que, si bien el gobierno de Puebla estaba obligado a entregar el contrato completo –firmado el 26 de diciembre de 2013–, el Sistema Operadora de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) llevó al juzgado el documento sin anexos, lo que deja mucha información sin conocer.

Una parte importante de los anexos que se omitieron, dijo, son las sanciones que aplicarían en caso de cancelar el contrato con la empresa Concesiones Integrales o Agua para Puebla, asunto que cobra relevancia ahora que la fracción mayoritaria en el Congreso local (de Morena, PES y PT) aprobó reformas para revertir la privatización.

Camacho explicó que hace año y medio iniciaron un juicio de amparo directo, en el que 40 ciudadanos se declararon afectados por la contaminación del río Atoyac y por la omisión de las autoridades para sanear sus aguas, es decir, los gobiernos estatales, federal y municipales, además de dependencias como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Como parte del juicio 303/2017, que tiene como fin último obligar a las autoridades a cumplir con el saneamiento del río Atoyac, el juez tercero en materia Administrativa ordenó entregar el contrato.

Semanas atrás se dio a conocer que el gobierno estatal había decretado cinco años más de reserva, lo que indicaba que hasta 2023 se podrían conocer los términos bajo los cuales se firmó la concesión del servicio de agua potable, drenaje y saneamiento de Puebla y municipios conurbados.

Verónica Mastretta, asesora de “Dale la Cara al Atoyac”, dijo que el documento de la concesión tiene una extensión de 100 páginas y cuenta con un alto contenido técnico, pero entre los datos que salen a relucir destaca que el consorcio que ganó el contrato fue formado por Agua de México –empresa propiedad de los Hank–, Eppcor Servicios y Tecnología Intercontinental.

Como testigos ciudadanos de la firma del acuerdo fungieron dos organizaciones de las cuales no se tiene conocimiento: Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas AC y AR Información para Decidir.

La concesión se firmó a 30 años, y para ello el Consorcio formado por las tres empresas mencionadas entregó un pago de 1 mil 480 millones de pesos, de los cuales 500 millones se destinaron al pago de deuda con Banobras y los otros mil millones de pesos se destinaron a Finanzas del gobierno estatal, sin que se conozca el uso que se le dio a ese dinero.

De acuerdo con Mastretta, otra parte que lograron conocer con el documento es que Agua para Puebla está obligada a pagar una contraprestación del 5% de ingresos totales, equivalentes a unos 60 millones de pesos, de los cuales 40 millones están destinados para pagar deuda y 20 millones para que opere el organismo estatal.

Otro de los datos que lograron aclarar es que la concesionaria se comprometió al firmar el contrato para invertir, en un plazo de cinco años, un total de 3 mil 900 millones en infraestructura, pero no se tiene ninguna constancia de que haya cumplido.

Mastretta mencionó que a través del juez pedirán que la empresa cumpla con la entrega total de la documentación, no sólo por la relevancia de la información que contienen, sino porque es necesario que el proceso de concesión se transparente y los ciudadanos conozcan las obligaciones que tiene la empresa.

Proceso
Gabriela Hernández
Ciudad de Puebla, Mx.
Lunes 1 de octubre de 2018.


La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ordenó someter a consulta pública el proyecto hidroeléctrico de la firma Generación Eléctrica San Antonio que comprende una presa que abarca cinco municipios en la Sierra Norte de Puebla.

A través de su Gaceta Ecológica, la dependencia federal dio inicio al proceso para conocer la opinión de quienes viven en Xochitlán de Vicente Suárez, Zapotitlán de Méndez, Atlequizayan, Zoquiapan y Nauzontla.

“Esta dirección general de Impacto y Riesgo Ambiental determinó poner a disposición del público la manifestación de impacto ambiental del proyecto en el estado de Puebla, durante el periodo del 24 de agosto al 20 de septiembre del 2017, a fin de que cualquier interesado pueda proponer el establecimiento de medidas de prevención y mitigación adicionales, así como las observaciones que considere pertinentes”, dice el documento.

El proyecto fue rechazado por primera vez en enero del 2016 y para el 21 de julio del presente año la misma promotora volvió a ingresarlo con el folio 21PU2017E0058, a fin de que fuera revalorado y obtener la Manifestación de Impacto Ambiental.

Costo estimado

En la descripción de la obra se destacó que el costo estimado de construcción directa, sin equipamiento, del Proyecto hidroeléctrico San Antonio representará al menos 285 millones de pesos en tres años. Además, se consideran 6.4 millones anuales para la operación y mantenimiento del mismo. Respecto a las cuestiones técnicas, pretende generar 22.6 megawatts, aprovechando el caudal derivado de los ríos Zempoala y Ateno que cruzan por los municipios mencionados.

Constará de una presa derivadora, un tanque de carga, una casa de máquinas, obra de descarga y una subestación.

Asimismo, para la ejecución, 90% de las 19 hectáreas abarcadas serían taladas, lo que comprometería la existencia de especies endémicas del bosque mesófilo de la montaña.

Pobladores de la comunidad de Tuxtla rechazaron el proyecto y en la asamblea del municipio de Zapotitlán se denunció la violación a los derechos humanos.

El Economista
Miguel Hernández
Puebla, México
Lunes 28 de agosto de 2017.


La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó la instalación de una hidroeléctrica en el municipio de Zacapoaxtla, la cual aprovecharía la corriente del Río Apulco para generar energía.

Apenas en marzo se llevó a cabo una consulta técnica entre la población de San Juan Tahitic de esa localidad, para determinar la viabilidad del proyecto.

La dependencia federal resolvió que el proyecto no cumplía con los requisitos necesarios para poner en marcha la hidroeléctrica, según lo expuso en el último número de la Gaceta Ecológica, publicada el pasado seis de mayo.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que la empresa Hidroeléctricas Gaya S.A. de C.V.  presentó en febrero de 2016, el proyecto consistía en instalar una planta generadora de energía eléctrica de 12 Megawatts a partir de la corriente del Río Apulco, localizado en Zacapoaxtla y su colindancia con Cuetzalan.  

La obra ocuparía una superficie de 31 mil metros cuadrados, de las cuales 30 mil presentaban vegetación de tipo bosque mesófilo de montaña que requiere ser removida”.

El proyecto instalaría una obra de toma (altura sobre cimientos de 5.50 metros y una longitud de 28.50 metros), conducción forzada (tramo en túnel y tramo al aire libre), casa de máquinas (canal de desfogue) y subestación eléctrica.

Los pobladores de San Juan Tahitic reiteraron en distintas ocasiones su oposición al proyecto, así como a otras cuatro hidroeléctricas que la firma ICA planea instalar en la zona. Incluso, en noviembre de 2015 corrieron de sus predios a ingenieros de la empresa.

En tanto, el presidente municipal de Zacapoaxtla, Guillermo Lobato Toral, se comprometió con los lugareños a negar los permisos para cualquier proyecto de este tipo.

Fue el 15 de marzo cuando la Semarnat inició una consulta técnica, a petición de un ciudadano y con el fin de que cualquier interesado pueda proponer el establecimiento de medidas de prevención y mitigación adicionales, sin embargo, la población estaba en contra de la ejecución de la obra.

e-consulta
Patricia Méndez
Ciudad de Puebla
Domingo 8 de mayo de 2016.

Semarnat desconoce cuántas unidades estarían susceptibles al falseo del software sobre emisiones contaminantes de VW.

Luego de que Volkswagen admitiera haber equipado 11 millones de coches en todo el mundo con un software destinado a manipular los resultados de los controles de contaminación, la Semarnat y la Profepa someterán a revisión las unidades en México.

El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano Alamán, informó que hay 11 tipos de motores que han sido señalados de tener este problema, por lo que se están analizando en conjunto con la Profepa los certificados de emisiones que presentó Volkswagen desde 2009 para ver si cumplen o no cumplen con los estándares nacionales.

"Habría que esperar cuáles son los resultados de todos estos certificados que ellos han presentado para ver si existe alguna falla; si existe alguna falla creo que habrá una sanción", refirió.

La revelación se dio luego de que las autoridades ambientales de Estados Unidos (EPA) acusaran que 482 mil vehículos de las marcas Volkswagen y Audi, fabricados entre 2009 y 2015 y vendidos en ese mercados, estaban equipados con un programa informático que detectaba automáticamente los controles de contaminación con el objetivo de falsear los resultados.

Como consecuencia la firma alemana anunció el lunes la suspensión de la comercialización en Estados Unidos de sus autos diésel de cuatro cilindros de las marcas VW y Audi, que representan 23 por ciento de sus ventas en ese mercado.

Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, detalló que en la próxima semana ya tendrán un avance de la evaluación documental y técnica de las unidades de VW.

"Estamos viendo si los motores que fueron falseados en Estados Unidos se vendieron en México, en qué modelos y bajo qué condiciones, si hay coincidencias se tomará una decisión", mencionó.

La Semarnat aún desconoce a cuánto asciende el parque vehicular nacional que estaría susceptible al falseo del software sobre las emisiones contaminantes de los motores.

Reforma
Ciudad de México
Miércoles 23 de septiembre de 2015.

 

El mundo es comprendido por el paradigma, es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las realidades cercanas al conocimiento.

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