Ramón Sosamontes Herreramoro, uno de los colaboradores más cercanos de Rosario Robles, promovió una demanda de amparo para detectar posibles órdenes judiciales para privarlo de su libertad.

Sosamontes Herreramoro fue Jefe de la Oficina de la Secretaria de Desarrollo Social de diciembre de 2012 a agosto de 2015, cuando Robles ocupaba ese cargo, y luego cumplió la misma función cuando fue designada Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

La demanda fue presentada el 8 de agosto ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo Penal, que inicialmente requirió a Sosamontes para aclarar "el acto que reclama y señalar las razones por las que les atribuye el carácter de responsables a los jueces que menciona".

Hasta ahora, el juzgado no ha publicado si ya admitió el amparo o concedió alguna suspensión, pero el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal no tiene registro de que ya se hubieran dictado esas resoluciones.

Robles Berlanga fue enviada este martes a prisión preventiva por un juez federal, acusada del delito de ejercicio indebido del servicio público, por el presunto desvío de 5 mil 73 millones de pesos de recursos de Sedesol mediante contratación de universidades públicas y empresas fantasma.

Salvo en columnas periodísticas, no se han publicado mayores detalles o evidencias de la posible participación o conocimiento de Sosamontes sobre la llamada Estafa Maestra, pero su cercanía cotidiana con Robles durante años, podría dar lugar a que sea citado a comparecer por el Juez que lleva el proceso contra su ex jefa.

Sosamontes, ex diputado federal guerrerense de 67 años de edad, se formó en la UNAM, el Partido Comunista Mexicano y el Partido Socialista Unificado de México en las décadas de los 70 y 80, y luego fue fundador del PRD y coordinador de su primera bancada en la Asamblea de Representantes capitalina.

En 1999, cuando Robles reemplazó a Cuauhtémoc Cárdenas como Jefa de Gobierno del entonces Distrito Federal, Sosamontes asumió como Delegado en Iztapalapa, antes lo fue en Venustiano Carranza, y posteriormente fue Director General de la Policía Auxiliar.

Reforma
Víctor Fuentes
Ciudaad de México
Miércoles 14 de agosto de 2019.


Un juez de control dictó prisión preventiva justificada a Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la administración de Enrique Peña Nieto, a quien se le acusar de ser “omisa” por no informar sobre el desvío 5 mil 73 millones de pesos conocido como la “Estafa Maestra”.

“Como han señalado mis abogados, yo me presente aquí de manera voluntaria. Vivo en la misma casa hace 24 años. He trabajado en la ciudad. Yo no tengo millones de pesos para vivir en Canadá y regresar impune. Mis cuentas están congeladas”, alegó en su defensa, minutos antes de que el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, determinó imponerle medidas precautorias.

La audiencia se extendió desde las 18:00 horas de este lunes hasta las 06:15 de este martes, al presentar cerca de 32 pruebas que intentaron librarla de la investigación y, posteriormente, convencer al juez de que no buscaría sustraerse a la justicia.

La resolución de Delgadillo Padierna fue dictada la mañana de este martes, quien determinó internarla dos meses –que se pueden extender a seis – al penal femenil de Santa Martha Acatitla en lo que duran las investigaciones.

Un par de horas antes, una vez que el juez determinó desechar los argumentos esgrimidos por los abogados Oscar Ramírez y Luis Hernández Barros, retó a la exfuncionaria federal a presentar pruebas de que el expresidente Enrique Peña Nieto, así como José Antonio Meade Kuribreña, fueron alertados del desvío de recursos.

Un equipo de cinco ministerios públicos de la Fiscalía General de la República (FGR), así como tres abogados de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), acusaron a la exfuncionaria federal de asumir una actitud “omisa” ante sus subalternos que se valieron de firmas falsas, triangulación de recursos y autonomía para firmar convenios con diversas universidades.

“El argumento que acusamos, no es que haya hecho posesión de ese dinero, como que ni siquiera se ha manifestado en esta audiencia, sino la pérdida de 5 mil millones de pesos que no fueron usados para los fines que fueron destinados en un inicio”, señaló uno de los ministerios públicos que formularon las acusaciones contra la exfuncionaria federal.

“Es inentendible cómo fue que esperó cuatro años para actuar”, reprocharon los abogados de la ASF.

A decir de la defensa de Robles Berlanga, del 2014 a 2015, fue informada mediante diversos pliegos de observaciones emitidos por la ASF sobre el desvió de recursos. Pero por el desfase de las cuentas públicas, sólo tuvo conocimiento hasta el año 2017, cuando comenzó a actuar en contra del robo de recursos.

Una licencia de conducir, crucial en la prisión preventiva a Robles

Una licencia de conducir que tramitó Rosario Robles con una dirección diferente a su domicilio en Coyoacán, ayudó al juez a dar prisión preventiva a la exfuncionaria.

Una licencia para conducir, sacada de un domicilio distinto al que originalmente reportó a las autoridades, fue una de las principales causas por las que el juez de control del Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadillo, decidió dictaminar prisión preventiva en contra de Rosario Robles.

Eso sumado a que, de acuerdo con el juez, no hay forma de comprobar arraigo de Robles en la Ciudad de México y a que cuenta con la capacidad económica para poder esconderse o darse a la fuga.

En una audiencia que duró 12 horas, el juez Delgadillo vinculó a proceso a la exfuncionaria federal tras acreditar que cometió, al menos, un ilícito en dos dependencias diferentes: ejercicio indebido del servicio público en Sedesol y ejercicio indebido del servicio público en la Sedatu.

Aunque el delito no merece prisión preventiva, el juez decidió dictaminar dicha medida cautelar, la cual fue solicitada por la Fiscalía General de la República, debido a que existía un riesgo latente de que Robles pudiera darse a la fuga.

Hasta 23 años de prisión

Los agentes de la FGR expusieron, al solicitar la prisión preventiva, que, si bien Robles se presentó de manera voluntaria a las dos audiencias en el Reclusorio Sur, esa situación podía cambiar debido a que, al vincularla a proceso, podría recibir sentencia definitiva de 11 años con 6 meses por cada acusación, por lo que, en total, podría recibir hasta 23 años de prisión.

Esto porque, si bien el delito de ejercicio indebido del servicio público amerita una pena de dos años, en el caso de Robles se encuentra agravado el ilícito, porque hubo dolo directo y la conducta se repitió de manera sistemática y reiterada en las dos dependencias de las cuales fue titular.

Además, expuso la FGR, Robles tendría que reparar el daño cometido, el cual fue de 5,073 millones de pesos, algo que sería imposible para ella.

Para el juzgador, la exsecretaria de Estado cuenta con solvencia económica y la capacidad para esconderse de las autoridades o incluso darse a la fuga a otro país.

Hay ciertos datos para demostrar falsedad en las declaraciones, falsedad en el informe de domicilio: se tramitó una licencia de conducir en un domicilio diferente. Hay una falsedad en su domicilio y tiene facilidad para ocultarse; (el) pasaporte no le impide salir del país".

Por otra parte, el juez rechazó los argumentos de que Robles debería recibir prisión preventiva debido a que, si estuviera en libertad, podría amenazar a los testigos que declararon en su contra, además de que su propia seguridad podría estar en riesgo ante eventuales ataques de ciudadanos molestos con su actuar como secretaria de Estado.

Las razones del juez

El juez Delgadillo, al atender la petición y los argumentos de la Fiscalía, acreditó que no hay forma de comprobar un arraigo de Robles en la Ciudad de México, lo que impediría su eventual fuga, debido a que actualmente no cuenta con un empleo fijo.

Además, lo más importante, de acuerdo a la decisión del juez, hubo falsedad en la información presentada por Robles respecto a su domicilio, pues en la información entregada ante las autoridades el 7 de agosto pasado, afirmó que el mismo se encontraba en Los Reyes, Coyoacán; sin embargo, la Fiscalía acreditó que hace unos días, tramitó una licencia de conducir desde otro domicilio.

El juez expuso que en el domicilio de Los Reyes, Robles no fue encontrada por las autoridades cuando intentaron notificarle que tenía que acudir a audiencia al Reclusorio Sur.

Pese a ello, Delgadillo consideró que, aunque el delito de ejercicio indebido del servicio público no contempla la prisión preventiva, Robles debía recibir esa medida cautelar debido a la gravedad y dolo de sus acciones al frente de la Sedesol y Sedatu, por haber falseado información respecto a sus domicilios y por un riesgo latente de poderse dar a la fuga.

Toda la vida en la CDMX

Desesperada y con la voz entrecortada Robles pidió, infructuosamente, que no se le dictara prisión preventiva debido a que ella sí tiene arraigo en la Ciudad de México pues, si bien no cuenta con trabajo, su hija, Mariana Moguel, vive en dicha entidad.

Expuso que ella misma ha vivido toda su vida en la capital mexicana, fue Jefa de Gobierno y ha residido durante más de 24 años en el domicilio de Los Reyes, Coyoacán.

La exfuncionaria mencionó que tampoco cuenta con dinero para fugarse y escaparse al extranjero, pues nunca se enriqueció ilícitamente y actualmente todas sus cuentas y tarjetas están congeladas.

Robles manifestó que ella siempre ha dado la cara y no es como otras personalidades acusadas de corrupción que tienen los recursos para esconderse en Canadá y después regresan.

Pido que mi proceso se lleve a cabo en libertad, porque siempre he sido una mujer luchadora.

A pesar de esos argumentos, el juez Delgadillo consideró que la falsedad en las declaraciones de Robles respecto a su domicilio y su capacidad para fugarse eran argumentos necesarios para otorgar la medida cautelar de prisión preventiva.

“He vivido en la Ciudad de México en Los Reyes, Coyoacán, desde hace años”, interrumpió Robles brevemente, con la voz entrecortada y desesperada, al juez mientras dictaminaba que debía ser recluida en Santa Martha.

Proceso
Expansión
José Raúl Linares
Ciudad de México
Martes 13 de agosto de 2019.


Investiga FGR a más de 60 funcionarios por desvío de recursospor más de 800 millones de pesos

    
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a más de 60 funcionarios de las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de Desarrollo Social (Sedesol), por el presunto desvío de recursos públicos por más de 800 millones de pesos, conocido como "Estafa Maestra".

En conferencia de prensa, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que existen cuatro procesos en los cuales seis funcionarios de la Sedatu enfrentan proceso judicial en libertad, pues de acuerdo con la ley vigente, los delitos de los que se les acusa, no son graves.

Detalló que existen averiguaciones previas retrasadas desde 2015, correspondientes a la Sedesol (hoy Secretaría del Bienestar) con siete personas involucradas y carpetas de investigación que involucran a 57 personas de ambas dependencias, contra quienes se realizan los procedimientos para consignarlos ante un juez.

Mencionó que el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, ya tiene instrucciones para llamar a declarar “a todas las personas, sin excepción, que tengan algo que ver con esto”.

Aseguró que la institución a su cargo dará cuenta de todos los obstáculos procesales y legislativos que enfrente en la investigación, pues “el marco normativo nos está dificultando mucho el trabajo” en el caso en el que se provocó un daño patrimonial de 839 millones 769 mil 480 pesos.

No obstante, apuntó Gertz Manero, la Fiscalía tiene la obligación de hacer todas las ponencias y todas las gestiones ante el Poder Legislativo para que los procesos judiciales tengan una mayor velocidad y una mayor transparencia.

Aclaró que no puede dar a conocer los nombres o rangos de los servidores públicos por “la cantidad de acciones por parte de los defensores. Están buscando lo que sea para poder detener estos procesos. No vamos a hacer absolutamente nada que detenga este proceso; ya se ha detenido eso suficiente y yo creo que lo que todos necesitamos es que salgan adelante”.

A su vez, el subprocurador Muñoz Vázquez detalló que los delitos por los que se investiga a los servidores públicos son: peculado, ejercicio indebido del servicio público, entre otros, que consisten en contrataciones indebidas, contrataciones de servicios que no fueron prestados y triangulaciones de dinero que se hicieron para desviar los recursos.

Señaló que existen ocho juicios de amparo promovidos por los imputados que impiden que se realice la consignación de las averiguaciones previas, y en otros casos, que el juez de control señale fecha de audiencia inicial de formulación de imputación y vinculación a proceso.

Refirió que cuentan con 23 expedientes, de los cuales 20 son carpetas de investigación y tres son averiguaciones previas, una de las cuales ya está integrada con pliego de consignación ante un juez para que ejerza acción penal contra diversos servidores públicos, aunque debido a la suspensión definitiva que se les otorgó en juicios de amparo, no se ha podido realizar este procedimiento.

Las tres averiguaciones previas datan de 2015 y de las 20 carpetas de investigación, 10 son de 2017 y 10 más de noviembre de 2018 a la fecha, agregó.

Notimex
Ciudad de México
Jeves 24 de enero 2019.

  • Sedesol: ¿Dónde quedó el dinero para los más pobres?
  • Este desvío se concretó gracias a la firma de convenios entre la secretaría y universidades autónomas

Ciudad de México. - La Secretaría de Desarrollo Social, entonces encabezada por Rosario Robles, tenía en 2013 un presupuesto de 555 millones de pesos para repartir 500 mil paquetes de alimentos, camisetas, gorras y para difundir la Cruzada Nacional contra el Hambre, estrategia recién creada por el gobierno para combatir la pobreza extrema.

Los apoyos debían llegar a las familias con pobreza alimentaria que, desde abril de 2013, se unirían a la Cruzada y cuyos hogares están en las zonas marginadas de 11 estados, entre ellos Campeche, Guerrero, Yucatán y Chiapas.

Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que solo se entregó el 7% de las despensas que supuestamente se habían comprado. Tampoco hay constancia de que los programas y beneficios restantes hayan llegado a los más pobres.

Únicamente hay pruebas de que la Sedesol pagó por los servicios.

Este desvío se concretó gracias a la firma de convenios entre esta secretaría y las universidades autónomas de Morelos y Estado de México, que sirvieron de intermediarias.

En la Cuenta Pública de 2013 y 2014 se reportaron diez convenios con esas dos universidades por un monto de 2 mil 224 millones, que debían destinarse a ampliar la cobertura de programas sociales, mejores servicios en las zonas más rezagadas del país o combatir la pobreza.

Las universidades, que no dieron ningún servicio y únicamente se prestaron para la operación, "solo" se quedaron con una comisión de 215 millones 446 mil pesos.

Pero el resto del dinero, poco más de dos mil millones de pesos, se lo entregaron a 20 empresas, 19 de ellas con un ramillete de irregularidades por las que deberían estar inhabilitadas para recibir contratos públicos, según lo que marca la ley.

Durante varios meses, Animal Político y MCCI se dieron a la tarea de visitar las oficinas de esas empresas en seis estados, buscaron a los socios en las direcciones registradas y recabaron información oficial del SAT y la Secretaría de Economía.

La investigación arrojó que los recursos se entregaron a tres empresas fantasma, catalogadas así por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2015; a otras tres que están bajo investigación del mismo SAT por presuntas operaciones irregulares; a seis que no cumplen con un requisito indispensable para operar -el registro ante la Secretaría de Economía-; a una cuya oficina fue desmantelada apenas se recibió el dinero; a otra que no fue localizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) -que reportó como domicilio para sus operaciones uno que no corresponde a su sede-; a una que tiene una oficina virtual de la que no existe registro de que pueda realizar servicios; a otra que es un despacho contable sin personal o infraestructura, y a tres más que tienen un objeto social que es completamente distinto al servicio que debían dar.

Solo una es legal.

La Sedesol, sin embargo, se declaró "satisfecha" con los servicios recibidos a cambio de 2 mil 224 millones de pesos y no consideró irregular el sobreprecio que implicó el cobro de más de 220 millones por parte de las universidades a cambio de nada.

ESGER: EL SOSPECHOSO MAYOR

Si bien en este proceso participaron 20 empresas, hay una que destaca: ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V., que solo cuenta con un pequeño despacho contable ubicado en la Ciudad de México, y que recibió los recursos destinados a combatir el hambre sin firmar un solo contrato o realizar algún servicio.

ESGER fue creada en 2011 para ofrecer servicios de construcción, según el acta constitutiva con folio 438926-1. Sus oficinas están en un edificio oscuro de la colonia Nápoles, en la Ciudad de México, cuya entrada es fácil de franquear, porque no hay recepcionista ni señal de que sea la sede de una empresa con contratos millonarios.

Los accionistas son Esteban Cervantes, que tenía 25 años cuando fundó la empresa, y el contador público Gerardo Casas. Ninguno fue localizado en las tres visitas realizadas a la empresa. Tampoco atendieron las llamadas telefónicas que se hicieron a lo largo de dos semanas.

También se les buscó en sus domicilios particulares. Esteban Cervantes registró como su casa el domicilio de una empresa llamada RAGER, en la colonia Navidad, en la que en realidad fue empleado en 2013. Ahí declararon que no han vuelto a saber de él desde entonces. Gerardo Casas asentó como domicilio un edificio en Cuajimalpa, donde los vecinos dijeron que no lo conocían.

De acuerdo con la declaración de impuestos que la empresa realizó ante el SAT en 2013, de la que Animal Político y MCCI tienen copia, ESGER solo declaró ese año ingresos por 408 millones de pesos y reportó gastos por 407 millones de pesos. Pero "olvidó" declarar el dinero que recibió de la Sedesol: 698 millones.

El mecanismo que involucra a ESGER es enredado: el primer paso fue la firma de tres convenios entre Sedesol y las universidades autónomas de Morelos y del Estado de México por mil 385 millones de pesos, en 2013. El objetivo de estos convenios era "sensibilizar" a las comunidades sobre la alimentación sana, instalar ventanillas de atención para jornaleros, distribuir material en zonas marginadas y "eficientar la operación a través de la automatización de procesos".

Las universidades se quedaron con 102 millones 745 mil pesos de comisión y se desentendieron de los convenios. Subcontrataron a 11 empresas para supuestamente dar los servicios.

Las empresas contratadas fueron Servicios Administrativos Zulma, Inteligencia y Tecnología Informática, Symmetrix Architecture, Grupo Comercializador Cónclave, Advanced Computer Knowledge, Prodasa, Dumago Systems, Meve Soluciones, Evyena Servicios, S&C Constructores de Sistemas y Asesorías Nacionales Expanders.

Las 11 empresas están entre las que tienen irregularidades: tres fueron catalogadas como fantasma por el SAT en 2015, seis no tienen antecedentes ante la Secretaría de Economía y dos más ya fueron desmanteladas.

No todo el dinero se quedó en estas empresas. Cinco se quedaron con una comisión y, a su vez, "contrataron" a ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación confirmó que esta última empresa no dio ningún servicio y solo se quedó con el dinero.

En otro caso, una empresa más, llamada Evyena, también le dio el dinero a ESGER, pero antes se lo envió a otra empresa intermediaria, que también se quedó con una comisión: Consolidación de Servicios y Sistemas Administrativos, que a su vez se lo entregó a ESGER.

Es decir, el dinero dio tres y cuatro vueltas hasta que quedó en manos de ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V.

Al ser consultada por estas irregularidades ocurridas entre 2013 y 2014, la Secretaría de Desarrollo Social se deslindó de las contrataciones e informó el pasado 30 de agosto que, al firmar convenios con las Universidades, éstas declararon que contaban "con la capacidad para colaborar en los tres proyectos en los términos y porcentajes señalados en cada uno de los anexos técnicos recibidos".

La Sedesol añadió que "los actos celebrados con la administración pública se presumen de buena fe, sin que puedan exigirse mayores requisitos de los que marque la ley".

Es decir, según la dependencia, la carta del rector de la universidad afirmando por escrito que la institución educativa contaba con la capacidad para cumplir con los contratos es suficiente para deslindarse de las irregularidades que derivaron de los convenios firmados: la violación a la Ley de Adquisiciones con la subcontratación de empresas que realizaron el 92% de los servicios, el hecho de que no hayan dado los servicios para las que fueron contratadas y que, además, resultaran fantasma e ilegales.

Una investigación del Órgano Interno de Control, que depende de la Secretaría de la Función Pública federal, dio por concluidas las averiguaciones sobre los contratos de la dependencia con la Universidad del Estado de México, pese a que no existen pruebas de que se hayan dado los servicios y de que la ASF continúa con la investigación porque el convenio derivó en presuntas irregularidades.

En ningún caso las firmas de los convenios involucran a funcionarios de primer nivel. La "contratación" de las universidades se la dejan a cargo de mandos medios. Por ejemplo, los convenios de Sedesol para servicios al programa de Adultos mayores, fueron firmados por el director general de Atención a grupos prioritarios. En 2013 el puesto era ocupado por Ramiro E. Ornelas Hall y en 2014 por Héctor Eduardo Zelonka Valdés.

Pero en palabras del auditor superior, Juan Manuel Portal, los titulares de las dependencias son los responsables. En ese periodo, la secretaria de Desarrollo Social era Rosario Robles y el Oficial Mayor, Emilio Zedabúa.

UN CONCIERTO DE 75 MILLONES

Otro ejemplo: en abril de 2013, Sedesol firmó con la Universidad Autónoma del Estado de México un primer convenio de 159 millones de pesos con tres objetivos: organizar un concierto, entregar despensas y realizar una feria con organizaciones de la sociedad civil.

La institución educativa contrató a S&C Constructores de Sistemas por 75 millones de pesos. Esa empresa organizó en abril de 2013, en la Ciudad de México, el concierto "Compartamos música, erradiquemos el hambre" de la Cruzada contra el Hambre.

S&C Constructores de Sistemas se quedó con 61 millones y le entregó 14 millones a ESGER, aunque la Auditoría Superior de la Federación determinó que no existe evidencia de que ésta última haya participado en la organización del evento.

Un caso similar ocurrió con las empresas Advanced Computer Knowledge y Dumago Systems Solutions, que fueron contratadas por las universidades para un servicio de "redes nutricionales", es decir, reparto de despensas.

Estas dos firmas comparten oficina en un edificio con número 162 de la calle de Liverpool, localizado entre un restaurante coreano y una tienda de helados en la Zona Rosa.

Entre las dos, en un año firmaron contratos por 101 millones de pesos.

De esos contratos transfirieron 52 millones de pesos a ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V., aunque no existe constancia documental de los servicios que esta empresa prestó ni la razón de la transferencia.

Cuando se solicitó a la Sedesol constancias de que se dieron los servicios contratados, solo entregó las facturas pagadas a las empresas Advanced Computer y Dumago como "prueba".

En la dirección de estas dos empresas, Advanced Computer Knowledge y Dumago Systems Solutions, es imposible hablar con una persona. Las actas constitutivas de éstas firmas no existen en la Secretaría de Economía.

 HASTA NUEVO LEÓN

Más casos: cuatro empresas regiomontanas -Evyena, Comercializadora Integral de Servicios Villaregia, Femexport y Grupo Industrial y Servicios Yafed- participaron en licitaciones o efectuaron trabajos con la Universidad Autónoma de Morelos por un total de 276 millones de pesos.

Una quinta empresa regiomontana, Icalma Servicios y Consultoría, recibió pagos de la Universidad Autónoma del Estado de México por realizar trabajos para Fovissste.

La sede de estas cinco firmas es el mismo despacho en la colonia Palo Alto en San Pedro Garza, Nuevo León, en el número 305.

En una visita de campo, un joven de unos 30 años que se presenta como el encargado de la oficina confirmó que todas las empresas se encuentran en esa dirección. Aseguró que no hay más empleados y los dueños únicamente se comunican por teléfono.

 SIN REGISTROS Y SIN INVESTIGACIÓN

Todos los convenios que firmó Sedesol con las universidades autónomas de Morelos y del Estado de México derivaron en distintas operaciones para desviar los recursos.

Para un servicio de evaluación de actividades, la Autónoma de Morelos lanzó en 2014 una licitación para contratar proveedor. Solo concursaron dos empresas: Grupo Industrial Yafed y Consolidación de Servicios y Sistemas Administrativos (Consersa). La primera es una empresa fantasma y la segunda, que resultó ganadora, es investigada desde octubre pasado por el SAT por hacer operaciones ilegales.

El 9 de octubre de 2014, la misma universidad entregó 158 millones de pesos a Consolidación de Servicios. Así como lo hizo Sedesol, en la estafa con universidades públicas también participó Pemex: 3 mil 576 millones de pesos.

Sedesol: ¿Dónde quedó el dinero para los más pobres?

Animal Político
Ciudad de México
Miércoles 6 de septiembre de 2017.


Al suscribir el Convenio General de Colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), para impulsar acciones de desarrollo, capacitación, asesoría y vinculación, en beneficio de estudiantes y población en general, particularmente de los sectores más vulnerables, el rector Alfonso Esparza Ortiz afirmó que con este acuerdo los universitarios tienen la oportunidad de aplicar el conocimiento al servicio del bienestar social.

Para cumplir con este cometido, el rector Alfonso Esparza Ortiz indicó que la BUAP dispone de una sólida planta de académicos e investigadores que pueden aportar propuestas en diversas disciplinas, útiles para la atención de las demandas ciudadanas, como la gestión territorial y el combate a la pobreza. Ejemplo de ello es el trabajo del Centro Universitario de Participación Social (CUPS), encargado de realizar campañas de alfabetización en zonas marginadas de la entidad poblana.

Por ello y dadas las atribuciones de la Sedesol para coordinar acciones de combate a la pobreza y ejecutar programas para la atención de sectores desprotegidos, “este convenio nos brinda la oportunidad para que los universitarios pongamos el conocimiento generado al servicio del bienestar, en entornos en los que se precisan acciones de servicio social o prácticas profesionales”.

Es así que en este esquema de beneficio mutuo, resaltó el rector Alfonso Esparza, se impulsan nuevos modelos de cooperación para sumar esfuerzos y recursos, así como sinergias que generen oportunidades de desarrollo.

Tras reconocer el prestigio de la Máxima Casa de Estudios en Puebla, Juan Manuel Vega Rayet, delegado federal en Puebla de Sedesol, destacó que este acuerdo permitirá a los estudiantes participar en programas de servicio social e impulsar programas en beneficio de la sociedad.

Al detallar este convenio de colaboración, Gonzalo Bojalil Leyva, director Ejecutivo de Fundación BUAP, informó que 10 por ciento de los aspirantes que concluyen el proceso de admisión en la Institución –alrededor de 10 mil jóvenes- presentan alguna condición de vulnerabilidad, que pone en riesgo su permanencia en la misma. Por ello, este acuerdo -resultado de un año de trabajo- pretende beneficiar a los universitarios y a los poblanos que obtienen apoyo de las acciones derivadas de los diversos programas de la Máxima Casa de Estudios en Puebla.

En el primer caso, Sedesol favorecerá a los universitarios a través del programa Seguro de orfandad, mediante el cual en caso de pérdida de la madre tengan acceso a una beca, así como acceso a las estancias infantiles en la capital poblana y al interior del estado, con una baja cuota de recuperación. También, los alumnos de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales (Arpa) podrán tener apoyo del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, detalló Bojalil Leyva.

Puebl@Media
Ciudad de Puebla
Jueves 18 de mayo de 2017.


Trabajadores de Milenio señalan que la censura de Carlos Marín es cotidiana y ahora se esmera más en cuidar la imagen del gobierno federal

Ciudad de México. - Los efectos de la censura en Milenio Diario operada por Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y consentida por el director de ese periódico, Carlos Marín, continuaron sin freno.

Ahora renunció el subdirector editorial de ese medio y conductor de la emisión informativa de Milenio TV, Néstor Ojeda, en protesta por la censura contra la reportera Karen Cota, autora de un reportaje crítico contra la Cruzada Nacional contra el Hambre.

En otro mensaje de su cuenta en redes sociales se leyó: “Gracias, seguimos convencidos de que hacer buen periodismo es posible, lo demás son anécdotas”.

Las primeras versiones que circularon sobre el hecho hablaron de “despido”, pero luego el propio Ojeda sostuvo que presentó su renuncia en apoyo al trabajo de la reportera Karen Cota.

En su testimonio escrito y circulado en los medios digitales, Cota relató que el lunes 7 de marzo Milenio DataLab publicó una investigación sobre la Cruzada Nacional contra el Hambre, con autorización del propio director Carlos Marín.

Tras una visita que realizó a la redacción la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, en compañía de funcionarios de la actual Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que ella encabeza, Marín decidió recular y publicar un “desmentido” al propio reportaje de Karen Cota, en lugar de una réplica de la propia funcionaria federal.

No sólo eso. Marín ordenó a otra reportera escribir un documento que atribuyeron a la Sedesol, “pero que argumentó la Sedatu y que involucra una encuesta de Inegi. En primera plana le atribuyeron al instituto (Inegi) que ‘La Cruzada sí funciona’, como si el órgano autónomo tuviera dentro de sus mandatos legales evaluar la política pública. Hasta ahora el Inegi no se ha pronunciado al respecto, ni ha desmentido la ‘réplica’”.

El jueves 10 Cota decidió renunciar al periódico. En su mensaje comentó:

“Renuncié al trabajo que amé y en donde decidí dar toda mi alma para contribuir a mejorar la manera de hacer periodismo. Siempre creí que había que ir a los medios y hacer tu mejor esfuerzo, pero hoy firmé la renuncia formal”.

Una semana después Néstor Ojeda, subdirector editorial, renunció también en protesta por el caso de su esposa Karen Cota, quien fuera directora de Milenio DataLab.

Cota describió en una carta pública que el martes 8 Rosario Robles visitó a Carlos Marín junto con funcionarios de la Sedatu. El director de Milenio ordenó a la periodista sentarse frente a los funcionarios y “off the récord” la confrontó con ellos y su equipo.

“Consciente de que teníamos argumentos sólidos, un compañero del equipo y yo defendimos punto por punto la investigación, lo que provocó molestia, enojo y varios manotazos en la mesa por parte de los funcionarios de Sedatu”, narra Cota.

A esa reunión asistieron el subsecretario de la Sedatu, Enrique González Tiburcio; la directora de Difusión, Rocío Bolaños, y un asistente que no se identificó.

Después de la reunión –cita la versión de Cota– Marín le anunció que publicaría un desmentido en primera plana que decidió llamar “réplica”. El director del diario ordenó a una reportera escribir un documento que le fue atribuido a la Sedesol que dirigiera Robles y responsable del programa gubernamental.

Milenio tituló el texto en primera plana “La Cruzada sí funciona”. Posteriormente, Marín dio la orden de desaparecer el material periodístico que dio origen a la controversia, titulado “El (falso) éxito de la Cruzada contra el Hambre” y publicado el lunes 7 de marzo.

Sin embargo, algunos directivos persuadieron al responsable editorial del periódico de publicar nuevamente la información, pero fue difundida con un nuevo título que contravenía el sentido de la investigación encabezada por Karen Cota: “El éxito de la Cruzada contra el Hambre”.

“El jueves siguiente renuncié a un trabajo que amé y en donde decidí dar toda mi alma para contribuir a mejorar la manera de hacer periodismo. Siempre creí que había que ir a los medios y hacer tu mejor esfuerzo, pero hoy firmé la renuncia formal.

“Milenio DataLab se terminó porque quien debió defender nuestro trabajo, no lo hizo. Esperó que aceptáramos trabajar bajo condiciones de censura y nula libertad de expresión. Fue Carlos Marín, quien prefirió creerle a Robles Berlanga que a los reporteros que le estaban dando una revelación periodística importante y necesaria para la reconstrucción de los que ahí trabajan, incluida la suya”, finaliza la denuncia.

Esta no es la primera vez que un trabajador o colaborador de Mileno acusa a Carlos Marín de censura. En enero del año pasado el perredista Pablo Gómez denunció que el director editorial del diario censuró un artículo suyo:

“El día de hoy como todas las semanas desde el primer ejemplar del periódico Milenio debió salir publicado mi artículo. Sin embargo, contrario a lo establecido en el convenio verbal original, el director Carlos Marín decidió censurarlo. El artículo se intitula ¡Intocable! y se refiere a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral en el caso López Dóriga vs PRD. Es lamentable que al tratar de abordar un acto judicial de censura se produzca otra censura periodística”.

Un caso similar fue el del productor Epigmenio Ibarra, quien también colaboraba como columnista en Milenio y abandonó al periódico por las mismas razones. Su último artículo fue titulado “Ya con esta me despido: más bien me despiden”. En él se lee:

“Es cierto, como dice Carlos Marín en la carta en la que me anuncia su decisión de ya no publicar mis artículos, que existe, de mi parte, ‘falta de compromiso con Milenio’, y es que, desde mi punto de vista, hace mucho que este diario tiene un compromiso con el régimen que no puedo ni debo compartir”.

En 2014 la reportera Yuli García dejó de aparecer en la pantalla de Milenio Televisión. Versiones periodísticas señalaron que también fue despedida por Carlos Marín por las mismas razones que en los casos anteriores. Trabajadores del diario señalan que la censura de Marín es cotidiana y ahora se esmera más en cuidar que el periódico proteja la imagen del gobierno federal.

Proceso
Juan Pablo Proal
y Jenaro Villamil
Ciudad de México
Jueves 17 de marzo de 2016.

Acción Nacional denunció el “descarado desvío de recursos públicos con fines electorales en Tamaulipas”.

Ciudad de México.- El coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, acompañado por más de una docena de legisladores del blanquiazul exigió que se investigue a la secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, “por el descarado desvío de recursos públicos con fines electorales en Tamaulipas”.

Herrera subrayó: “todos recordamos cuando el presidente Enrique Peña Nieto le dijo: no te preocupes, Rosario, cuando fue denunciada por otro acto de tipo electoral. Sabemos que tiene el respaldo del presidente”.

El panista manifestó que los blanquiazules, en su reunión de esta mañana, hicieron un análisis del comportamiento del gobierno federal y su compromiso de respetar el proceso electoral; sin embargo, el PAN ha advertido que el PRI y el gobierno “ejercen recursos de manera indebida en todo el país, en Yucatán y el estado de México ya se han presentado denuncias por ese descarado desvío de recursos públicos con fines electorales.

En la conferencia de prensa el panista Franciso García Cabeza de Vaca presentó varios videos que, dijo, han sido exhibidos ya en la prensa local de Tamaulipas. Refirió que en la grabación el gobierno federal desvía recursos de programas Sin hambre, también en se aprecian imágenes “de que se entregan apoyos económicos a quienes no los necesitan”.

Precisó que el ex delegado de Sedesol en Reynosa, Tamaulipas, “es ahorita candidato a diputado federal por el tercer distrito electoral en Reynosa y esa delegación está acéfala y cuentan con todo el apoyo a la operación a favor del PRI y sus candidatos”, dijo que la denuncia de estos actos ya se presentó en la PGR.

“En los videos queda claro y evidente que el programa Sin hambre está siendo mal utilizado y parte de esos artículos son vendidos para las campañas del PRI”, esta situación, sostuvieron, es recurrente en muchas partes del país.

Asimismo, la senadora Rosa Adriana Días Lizama también denunció que el PRI ha desplegado sus operativos por Sedesol en Yucatán. “La semana pasada presentamos ante la Auditoría Superior de la Federación denuncias por desvío de más de 65 millones de pesos del ramo 20 que no han sido distribuidos en zonas prioritarias de marginación y pobreza, sino en la zonas de prioridad para el PRI, específicamente en Mérida”.

Sostuvo que los panistas no se han quedado en la denuncia pública, han hecho la denuncia penal.

El coordinador Herrera destacó: “nos ha quedado claro que este chango vejo no aprende maroma nueva, los priístas han estado dando muestra de que aunque hemos cambiado la ley electoral, los viejos métodos se siguen presentado”.

Por último, exigió al gobierno federal abstenerse de violar la ley electoral.

La Jornada
Ciudad de México
Jueves 16 de abril de 2015.

 

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