El ex oficial mayor de la Sedatu y la Sedesol, es indagado por enriquecimiento ilícito


Ciudad de México.- El ex oficial mayor de la Sedatu y la Sedesol, Emilio Zebadúa, suma un supuesto enriquecimiento ilícito de 14.4 millones de pesos, en cuatro de sus declaraciones patrimoniales.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó una nueva presunta incongruencia patrimonial por 948 mil 618 pesos, registradas entre el 27 de septiembre de 2017 y el 20 de noviembre de 2018.

De acuerdo con la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la SFP, la suma corresponde a operaciones en depósitos y pagos a tarjetas de crédito realizados por quien busca colaborar en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), a cambio de inmunidad.

Según la Función Pública, estos recursos son "notoriamente superiores" a los reportados por el ex colaborador de Rosario Robles en lo que fue su última declaración patrimonial como servidor público federal.

La supuesta inconsistencia se suma a las que anteriormente descubrió la SFP en sus declaraciones patrimoniales de 2012, 2013 y 2015 por un total de 13 millones 485 mil 156 pesos, mismas que ya fueron denunciadas a la FGR como enriquecimiento ilícito.

Es decir, ahora las presuntas inconsistencias detectadas ascienden a un total de 14 millones 433 mil 774 pesos, en cuatro de sus declaraciones patrimoniales.

Zebadúa presentó un amparo contra una solicitud que hizo la SFP a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de su información financiera, para integrarla al expediente de análisis patrimonial donde le detectaron los 948 mil pesos aparentemente injustificados.

Ana Luisa Hortensia Priego, juez Décimo Tercero en Materia Administrativa, desechó este amparo porque estimó que Zebadúa no precisaba su afectación en términos legales y la SFP además no le ocasionaba un perjuicio.

A pesar de lo anterior, el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedió a Zebadúa una suspensión definitiva que impide a la SFP tanto llevar a cabo cualquier procedimiento como concluir el expediente de verificación patrimonial en su contra.

Consideró que el hecho de que la SFP acceda y maneje la información bancaria del ex funcionario sí implica una potencial afectación a su derecho a la autodeterminación, pues es el titular de sus datos personales y es la única persona legitimada para autorizar su circulación.

Reforma
Abel Barajas
Ciudad de México
Domingo 8 de noviembre de 2020.


•    Laura Olivia Villaseñor Rosales fue relevada por Amanda Gómez Nava, en SFP Puebla.

•    Es el segundo relevo en esa misma dependencia: al arranque de la gestión estatal, al frente de la SFP quedó Karen Berlanga, destituida el 26 de septiembre de 2019.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta dio a conocer un nuevo cambio en su gabinete, el décimo en 15 meses que lleva su administración. Esta vez, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Laura Olivia Villaseñor Rosales, fue relevada por Amanda Gómez Nava.  

El gobierno estatal emitió anoche un comunicado en el que informó del nuevo nombramiento sin explicar las razones de la salida de Villlaseñor, quien tenía un año en el cargo.

Se trata del segundo relevo en esa misma dependencia: al arranque de la gestión estatal, al frente de la SFP quedó Karen Berlanga, destituida el 26 de septiembre de 2019, cuando apenas tenía un mes y medio en el cargo.  

Gómez Nava, la nueva secretaria, es egresada de la facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma del Estado de México. Fue titular de Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con sede en Nayarit, Puebla y Estado de México.

En esta última entidad también laboró en la Secretaría de Finanzas y Planeación y en la Dirección General de Fiscalización, como supervisora de Auditoría Fiscal y subdirectora de Programación de Auditorías; además, fungió como jefa de Departamento de Programación de Auditoría Fiscal.

En su rueda de prensa matutina, Barbosa Huerta dijo que la salida de Villaseñor se debe a que cumplió un ciclo, y por las metas de su gobierno era necesario el relevo.  

“¿Más cambios? Los que sean necesarios. No se trata de crisis, se trata de consolidación”, justificó el mandatario estatal cuando se le preguntó si habrá más relevos en su gabinete.  

En un año y tres meses que lleva su gobierno se han registrado cambios de titular en las secretarías de Cultura, Turismo, Gobernación, Infraestructura, Seguridad Pública y Salud.  

En la Secretaría de Administración se realizado dos movimientos, igual que en la SFP.

Proceso
Puebla, México
Gabriela Hernández
Viernes 30 de octubre de 2020.


•    Van por Deschamps, su esposa e hijos...

•    Congelan cuentas del ex líder petrolero

Carlos Romero Deschamps recurrió a un amparo para impedir que Petróleos Mexicanos (Pemex) informe cuánto dinero ha pagado al ex dirigente petrolero entre 2019 y lo que va de 2020.

Aunque ya no tiene relación laboral con la empresa petrolera y renunció a la dirigencia sindical, el priista tramitó y obtuvo el pasado 7 de septiembre una suspensión judicial para bloquear la entrega de la información.

La Nómina Transparente de la Secretaría de la Función Pública (SFP) establece que el ex dirigente percibe 39 mil pesos brutos y que tiene un puesto de "clasificación pendiente", pero -debido al amparo- se desconoce si tiene otros ingresos.

Oficialmente, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) reportó que Romero Deschamps tramitó su jubilación después de dejar el gremio en octubre de 2019.

Sergio Carlos Morales Quintana, coordinador del Frente Nacional Petrolero y aspirante a la dirigencia del STPRM, indicó que el estatus laboral del ex dirigente es desconocido por los agremiados.

"Terminando su gestión como secretario general nacional, él tenía que regresar a trabajar a su puesto o pedir las vacaciones que le corresponden de todos los años que fue secretario general. Hasta donde yo sé, no se ha jubilado", dijo el disidente.

De cualquier modo, consideró que Romero Deschamps no debería gozar de una jubilación hasta aclarar las acusaciones de enriquecimiento ilícito, desvío de recursos del gremio y otros relacionados con la delincuencia organizada.

La información sobre lo que paga Pemex al ex líder sindical fue solicitada vía Transparencia por un ciudadano, pero la maniobra legal impidió a la petrolera otorgar la información.

Al menos desde 2014 el INAI ha insistido en hacer público lo que Romero Deschamps ha recibido por parte de Pemex.

Su renuncia ocurrió después de que se diera a conocer que la Fiscalía General de la República lo investiga por enriquecimiento ilícito.

Durante su gestión, el sindicato pasó por alto sus obligaciones de transparencia y no subió ninguna información a la Plataforma Nacional de Transparencia, lo que mereció que el Instituto le aplicara sanciones económicas que no han sido pagadas.

HACE UNO AÑ0…

Van por Deschamps, su esposa e hijos...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) al menos dos denuncias contra el líder petrolero Carlos Romero Deschamps y seis de sus familiares.

La acusación sería por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

De acuerdo con información del Gobierno federal, las investigaciones llegan hasta la hijastra de una hermana de Romero Deschamps.

Uno de los casos denunciados por la UIF dio lugar a la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-CDMX/66/2019 de la Fiscalía Anticorrupción de la FGR, por el delito de enriquecimiento ilícito.

Autoridades señalaron que el órgano hacendario reporta depósitos, operaciones con cheques y transferencias a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) realizadas entre los familiares de Romero, sin que se justifique el origen y destino del dinero.

Es en este caso donde el dirigente petrolero fue denunciado junto con su esposa Blanca Rosa Durán, sus hijos Paulina, Alejandro y Juan Carlos Romero Durán, así como María Fernanda Ocejo, esposa de Juan Carlos Romero.

Otra de las personas denunciadas por la UIF es Ana Luisa Aguinaco Romero, hijastra de María Esther Romero, hermana del dirigente petrolero.

Según fuentes ministeriales, hasta el momento la Fiscalía no lo ha citado a declarar ni a ningún integrante de su familia.

En años recientes, algunos de los hijos de Romero Deschamps han hecho gala de su opulencia en las redes sociales.

Es el caso de Paulina, quien en su momento exhibió sus viajes en jets privados, comidas en restaurantes exclusivos, bolsas Hermès de hasta 800 mil pesos y paseos en yate con sus tres mascotas, los bulldogs ingleses "Keiko", "Boli" y "Morgancita".

Esta no es la primera vez que Romero Deschamps es investigado e incluso perseguido por indagatorias de lavado de dinero, pues en el sexenio de Vicente Fox incluso se libraron órdenes de aprehensión en su contra por el Pemexgate.

Congelan cuentas del ex líder petrolero

El líder petrolero Carlos Romero Deschamps no ha podido mover dinero de sus cuentas bancarias desde el pasado lunes 14. Allegados al dirigente afirmaron que se encuentran congeladas.

El viernes 11, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) recibió requerimiento de información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, (oficio 110/E/445/2019) sobre las cuentas bancarias de Romero Deschamps e incluso de su esposa e hijos.

La UIF argumentó que todos ellos se encuentran en calidad de investigados, en una indagatoria por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Conforme fuentes oficiales y de allegados al dirigente petrolero se espera que el también ex senador deje la dirigencia sindical petrolera en las próximas horas en medio de las indagatorias en su contra.

Aunque la UIF no confirmó el bloqueo, asesores jurídicos de Romero explicaron a REFORMA que las cuentas del dirigente y su esposa Blanca Rosa Durán, así como de sus hijos Paulina, Alejandro y Juan Carlos Romero Durán, fueron congeladas desde el pasado lunes.

Esto ocurrió luego de que el pasado viernes Sandro García Rojas, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, recibió las solicitudes de la Unidad mediante diversos oficios.

Ayer por la mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que lo mejor es que Romero Deschamps renuncie a la dirigencia del sindicato petrolero para enfrentar las acusaciones en su contra.

"Hay denuncias presentadas ante la Fiscalía. Pienso que él, que tiene una denuncia de este tipo y al mismo tiempo está a cargo de un sindicato, tiene esa responsabilidad, o un servidor público, lo mejor es no involucrar las instituciones", dijo.

Conforme a los datos obtenidos, Romero Deschamps suma ya 9 denuncias ante la FGR, algunas de la UIF y una de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Los informes consultados refieren que la UIF presentó sus querellas por un presunto lavado de Romero Deschamps y familiares por alrededor de 74 millones de pesos.

En el caso de la denuncia de la SFP, se trata de un presunto enriquecimiento ilícito de 36 millones de pesos, a través de operaciones en tarjetas bancarias y dinero en efectivo, entre el 2012 y 2018.

El pasado 23 de julio, REFORMA publicó que la Fiscalía Anticorrupción investigaba al líder sindical y a su familia por presunto enriquecimiento ilícito y lavado millonario de activos.

Reforma
Abel Barajas
Benito Jiménez
Claudia Guerrero
Ciudad de México
Domingo 27 septiembre 2020.


• Investigan ‘obras fantasma’ en áreas educativas en administraciones de Moreno Valle y Gali.


• El Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos tuvo gran participación en proyectos emblemáticos del morenovallismo.

 

La Secretaría de la Función Pública indaga irregularidades por 175 millones de pesos de obras ejecutadas por el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), informó el titular de Infraestructura, Juan Daniel Gámez Murillo.

El funcionario informó que se tratan de construcciones que fueron pagadas, pero no ejecutadas.

En entrevista, dijo que la Función Pública inició las investigaciones en otras áreas del gobierno en donde observaron el mismo modus operandi de lo observado en el CAPCEE.

“Es correcto, el gobernador ya dijo en la semana que se están llevando a cabo todas las investigaciones necesarias contra el CAPCEE ya que se detectaron obras por 175 millones de pesos,” dijo.

“Se trata de obras que fueron pagadas pero que no fueron ejecutadas, se están llevando a cabo otras investigaciones adicionales para algunos equipamientos.”

Indicó que podrían existir irregularidades en cuestión de obras de infraestructura escolar.

“Desde luego se van a presentar las denuncias correspondientes en su momento y llegar hasta las últimas consecuencias en contra de los responsables,” aseguró.

El CAPCEE se convirtió en una de las instancias públicas de mayor poder en el gobierno de Rafael Moreno Valle, cuando se le otorgaron facultades para que no sólo se encargara de obra en instituciones educativas como era la naturaleza de sus actividades.

Por ejemplo, entre otras actividades, esa área participó en la ejecución de proyectos emblemáticos del morenovallismo.

Una de esas se trató del Tren Puebla-Cholula, que representó un gasto superior a los mil millones de pesos y que incumplió con sus objetivos de convertirse en un atractivo turístico y, además, un sistema de transporte suburbano en la Zona Metropolitana.

Al frente de esa instancia estuvieron personajes muy cercanos a los mandatarios panistas, como Jorge Cruz Bermúdez y Diego Corona Cremean.

Desde noviembre de 2019 el gobierno de Miguel Barbosa alertó del uso del CAPCEE para erogar recursos de obra pública no necesariamente ligados a la construcción de infraestructura educativa.

El titular de Infraestructura no ofreció más detalles; sin embargo, enfatizó que se investiga a fondo la aplicación de los recursos.

El Popular
Abel Cuapa
Puebla, México
Viernes 4 de septiembre 2020.


Este órgano autónomo ha perdido, sin éxito, al gobernador transparentar el manejo de recursos para atender la pandemia por covid-19.

Puebla. - Integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana (CEPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) denunciaron que el gobierno estatal les ha retenido el 71 por ciento de sus salarios, pese a que existen órdenes judiciales para que éstos les sean cubiertos de manera íntegra.

En un comunicado, los integrantes del Comité recuerdan que promovieron amparos luego de que el ejecutivo estatal determinó una reducción de los salarios mensuales que tienen asignados desde noviembre de 2017 y que, dentro de estos procesos, les fue concedida la suspensión provisional.

Incluso, una de las integrantes del Comité, Eira Zago Castro, ganó ya en definitiva un amparo.

Sin embargo, mencionan que el departamento de recursos financieros del SEA no ha cumplido con esas resoluciones judiciales, por lo cual los integrantes del Comité Ciudadano advirtieron al mandatario poblano sobre la “inconveniencia” de que su administración incurra en desacato ante la justicia federal.

Fue desde enero de este año que la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó reducir los salarios de los integrantes del Comité.

Daniel Alejandro Valdés Amaro, presidente del CEPC, indicó que esta determinación fue tomada por el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, sin que se sustentara una argumentación o fundamento legal, más que la “austeridad republicana” que sólo fue aplicada a este órgano.

Es por ello, advierte, que los cinco representantes ciudadanos recurrieron al amparo y hasta ahora en cuatro juicios se les ha concedido la suspensión provisional y en uno, el fallo definitivo a favor, sin embargo, el ejecutivo no ha cumplido con estas resoluciones.

Cabe señalar que la reducción de salarios ocurre en medio de una confrontación pública entre el gobernador y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. El mandatario ha acusado a los integrantes de ese órgano autónomo de no hacer nada, de “costar caros” y de estar compuesto por personas ligadas al “morenovallismo puro”.

En junio, este órgano autónomo, apoyado por más de 50 organizaciones civiles, organismos empresariales y medios de comunicación de la entidad, pidió al gobernador transparentar el manejo de recursos para atender la pandemia por covid-19.

Valdés Amaro explicó que esta petición de transparencia, fue realmente un acuerdo nacional que surgió desde el Sistema Nacional Anticorrupción y que fue promovida, al mismo tiempo, en todas las entidades del país.

Igual, el 2 de junio, el Comité y las organizaciones, enviaron al gobernador Barbosa una solicitud de información en la que le pide precisar 29 rubros sobre la atención que ha prestado su gobierno a la pandemia.

En respuesta el mandatario anunció que enviaría al Congreso local una iniciativa para “fortalecer” el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado, a la vez que acusó al comité de participación ciudadana de ataques a su gobierno.

También, sostuvo que los integrantes del comité estaban molestos porque les redujeron los salarios de 105 mil a 30 mil pesos y que por ello hacían los requerimientos de información.

Días después, el mandatario presentó una página de transparencia sobre gastos, estadísticas y programas llevados a cabo por su gobierno para atender la contingencia sanitaria por coronavirus.

El Nodo de Transparencia y el capítulo Puebla de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), realizaron un análisis del contenido de ese portal y concluyeron que “no cumple con los criterios mínimos para garantizar la transparencia y el acceso a la información”.

En el caso del presupuesto aplicado, las organizaciones señalaron que el gobierno poblano publica de manera amplia y general, sin presentar de manera desagregada los tipos y cantidades de productos adquiridos, el precio unitario, la empresa proveedora, la fecha de compra y el tipo de proceso de adjudicación.

Con relación a los contratos, el gobierno de Puebla señaló que los tiene en “reserva obligatoria” y no puso a disposición de la ciudadanía ni siquiera una versión pública de los contratos para garantizar la transparencia del gasto.

Proceso
Puebla, México
Gabriela Hernández
Lunes 24 de agosto de 2020.


Por información falsa: Función Pública multa a ‘Nexos’ por 1 millón de pesos

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador multó e inhabilitó por 2 años a la empresa Nexos Sociedad, Ciencia y Literatura, SA de CV, propiedad del intelectual orgánico Héctor Aguilar Camín. Así lo informó este día la Secretaría de la Función Pública en el Diario Oficial de la Federación.

Por medio de una circular, la Secretaría que encabeza la doctora Irma Eréndira Sandoval comunicó “a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con Nexos Sociedad, Ciencia y Literatura”, empresa que edita la revista Nexos.

Ello, luego de que el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social concluyera el expediente de investigación PISI-A-NC-DS-0011/2019, en el que determinó multar a la empresa al encontrarla responsable en “el procedimiento administrativo de sanción incoado a la empresa” de Aguilar Camín.

Por ello, desde hoy no se podrán “recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha [persona] moral, de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de dos años”.

Además, la Función Pública determinó que “en caso de que al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación, la empresa Nexos Sociedad, Ciencia y Literatura, SA de CV, no haya pagado la multa impuesta a través de la citada resolución, la inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente de la misma”.

En la Circular número 00641/30.15/3818/2020, la SFP determinó que “los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados con la mencionada infractora no quedarán comprendidos en la aplicación” de esa circular.

Además indicó que “las entidades federativas y los municipios interesados deberán cumplir con lo señalado en esta circular cuando las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la obra pública que contraten, se realicen con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal”.

Aquí se puede consultar la circular: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5598742&fecha=20/08/2020

Por información falsa: Función Pública multa a ‘Nexos’ por 1 millón de pesos

La sanción económica en contra de la editorial Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura, SA de CV, propiedad de Héctor Aguilar Camín asciende a casi 1 millón de pesos, informó la Secretaría de la Función Pública en un comunicado. Y agregó que tanto esa multa como la inhabilitación por 2 años publicada hoy en el Diario Oficial de la Federación se derivan de una minuciosa investigación a raíz de una denuncia originada en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la que se descubrió que la empresa proporcionó información falsa para lograr un contrato por adjudicación directa en una campaña publicitaria institucional.

Por ello, el Órgano Interno de Control (OIC) en el IMSS determinó que la editorial que publica la revista Nexos violó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y “resolvió sancionarla con inhabilitación por 2 años y multa por 999 mil 440 pesos, al acreditarse que dolosamente presentó información falsa para obtener el contrato público”.

Dicha resolución se deriva de una denuncia de la Coordinación Técnica de Planeación y Contratos del propio Instituto Mexicano del Seguro Social. “En este proceso administrativo sancionador se acreditó que la empresa entregó documentación con información falsa al obtener la asignación directa de un contrato para la difusión de la campaña institucional de la más alta importancia para la salud pública del país: ‘Chécate-mídete-muévete’”.

Según el comunicado, “la Secretaría de la Función Pública, en estricto apego a la norma, y siguiendo la encomienda de no permitir los actos de corrupción en el Gobierno de México, reprueba las conductas que faltan no solo a la legalidad, sino también a la ética al proporcionar información apócrifa o falaz para obtener un contrato público. Asimismo, trabaja para erradicar los derroches y abusos del pasado: ‘nada, ni nadie, por encima de la ley’”.

La dependencia que encabeza Irma Eréndira Sandoval refirió que “la integridad es una obligación de los servidores públicos, pero también es una responsabilidad del sector empresarial. La Función Pública ofrece incentivos positivos para fomentar la probidad, como el Padrón de Integridad Empresarial, pero también está obligada a sancionar con todo el rigor de la ley las irregularidades que se ejercen en contra del interés público y de todos los mexicanos”.

Y aseguró que la investigación de la denuncia y la resolución están apegadas a derecho y que “en todo momento se salvaguardó el derecho de audiencia de la empresa sancionada. La Función Pública actúa con imparcialidad tanto en sus fallos como en sus investigaciones, sin pactos de impunidad ni consignas políticas”.

Contralínea
Ciudad de México
Jueves 20 de agosto de 2020.


FGR solicitó órdenes de aprehensión contra 19 exfuncionarios de Osorio Chong


La Secretaría de la Función Pública (SFP) habría detectado un incremento de más de 14 millones de pesos en el patrimonio de Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El monto habría sido revelado en el amparo que el hijo del exfuncionario, Miguel Ángel Osorio Vargas, promovió ante el Juzgado Tercero de Distrito en Hidalgo, y al que tuvo acceso el diario Reforma.

De acuerdo con el texto del periodista Abel Barajas, la SFP habría detectado que Osorio Chong aumentó su patrimonio en 14 millones 057 mil 404 pesos, sin poder explicar o justificar el origen del mismo.

Probable denuncia

El hecho derivó en que la SFP remitiera, el pasado 24 de junio, el expediente de investigación a la Unidad de Asuntos Jurídicos para la presentación de la denuncia ante las autoridades correspondientes.

Al saber de la intención de la SFP, reseña el diario de circulación nacional, el hijo del actual legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) promovió un amparo que fue desechado por el Juzgado Tercero de Distrito en Hidalgo.

En este sentido, Osorio Vargas especificó que la SFP investiga los ingresos del titular de la Secretaría de Gobernación, durante el periodo del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017.

Dentro de las indagatorias se encuentra la residencia de Osorio Chong en Paseo de Las Palmas, en la Ciudad de México, así como otras propiedades en el estado de Hidalgo.

FGR solicitó órdenes de aprehensión contra 19 exfuncionarios de Osorio Chong

Los exfuncionarios laboraron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez de Control, con sede en Almoloya, Estado de México, girar órdenes de aprehensión en contra de 19 exfuncionarios que laboraron durante la gestión del senador por el PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, en la Secretaría de Gobernación, en la administración de Enrique Peña Nieto.

Personal de la extinta Policía Federal y Seguridad Ciudadana entre los señalados

Entre los acusados se encuentran la exsecretaria general de la extinta Policía Federal, Frida Martínez Zamora, cercana a Osorio Chong, y el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Orta Martínez, quien se desempeñó también como secretario general de la PF, entre 2012 y 2014, oficina encargada del manejo de los recursos económicos de la corporación, y como director general del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informaron fuentes federales.

La FGR los vincula con el presunto desvío de más de 2 mil millones de pesos de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional, detectados en diversas auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

También son señalados Carlos Hipólito Rivera Codina, Eleuterio Enrique Pérez Romero, Everardo Guzmán Linares, Federico Emilio Metzger Sánchez Arma[...] por el presunto desvío de recursos públicos.

Sobre estos presuntos hechos de corrupción, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Reforma
SinEmbargo
El Universal
Ciudad de México
Sábado 8 de agosto de 2020.


Investigaciones se destinan sobre la adquisición de bienes

El actual senador priista, Miguel Ángel Osorio Chong solicitó un amparo contra investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Auditoría Fiscal de la Federación (AFF) o de la Fiscalía General de la República (FGR) que le fue negado.

De acuerdo a un medio nacional, a dicho recurso se suma el presentado por su hijo, Miguel Ángel Osorio Vargas contra la indagación que realiza la Secretaría de Función Pública (SFP) a su familia, para evitar que se investiguen sus bienes o se inicie un procedimiento en su contra.

Las indagatorias se destinan sobre la procedencia de recursos utilizados para la adquisición de bienes, entre ellos una propiedad ubicada en Lomas de Chapultepec (Ciudad de México), que se sospecha fue habitada cuando Osorio Chong era titular de Gobernación en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto.

Indagan bienes de Osorio Chong

La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga "inconsistencias" en el patrimonio del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de su esposa Laura Ibernia Vargas Carrillo.

La SFP revisa la evolución del patrimonio de Osorio y su familia, y analiza propiedades, cuentas bancarias y la procedencia lícita de recursos. Conforme reportes oficiales, la dependencia coteja si sus bienes corresponden a sus ingresos como funcionario desde que fue Gobernador de Hidalgo.

En respuesta, el ahora coordinador de la bancada del PRI en el Senado y su esposa presentaron la semana pasada demandas de amparo para impugnar las conclusiones de la investigación.

En mayo de 2014, Laura Vargas dio aviso ante el notario público número 19 de Pachuca, Gustavo Teodoro Gómez Monroy, de una operación de compraventa de la residencia ubicada en Paseo de las Palmas 1380, en Lomas de Chapultepec, según consta en el folio 9434699 del Registro Público de la Propiedad (RPP) del Distrito Federal.
 
En ese mismo folio, dio aviso de la apertura de un crédito hipotecario con Banorte, según publicó en su momento la revista Proceso.

Osorio confirmó que la SFP inició la verificación patrimonial por la residencia en Lomas de Chapultepec, y explicó que pagaban una renta por habitar en esa casa, y que si bien se pidió un crédito hipotecario a Banorte para la eventual compra, éste fue cancelado.

Cuestionó que ahora la SFP lo está considerando como un ingreso no justificado.

Osorio explicó que presentaron los amparos porque la SFP no aceptó sus alegatos de defensa y porque se involucró a su familia.

"La propia autoridad tiene la respuesta a esas dudas pues confronta mis declaraciones con información fiscal y bancaria en la cual se puede verificar que todo está correcto", dijo el senador.

Al final del sexenio de Enrique Peña, Osorio declaró tener dos terrenos que adquirió en 2007 por un millón 120 mil 315 pesos, otro predio con valor de 53 mil 272 pesos y un palco que compró en 2001 en 30 mil pesos.

Además, reportó una cuenta de separación individualizada con un saldo de 2 millones 993 mil pesos y un cuenta bancaria con 4 millones 903 mil 424 pesos.

Laura Ibernia Vargas Carrillo, esposa de Osorio, presentó el 9 de julio el amparo 620/2020 ante el juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa.

 El acto que reclama es el acuerdo de conclusión de la VP/085/2019, que fue dictado el 24 de junio por la Dirección de Verificación Patrimonial de la SFP.

La jueza Laura Gutiérrez de Velasco admitió ayer a trámite el amparo de Vargas Carrillo, pero se negó a conceder una suspensión provisional contra consecuencias o actos derivados del acuerdo impugnado.

Vargas alega violaciones a varios artículos de la Constitución, entre ellos los que prevén el principio de presunción de inocencia; el principio de que la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora, así como las reglas para sancionar a los servidores públicos.

Agencias
Ciudad de México
Jueves 30 de julio de 2020.


Los recursos fueron sustraídos de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional; ilícitos por los cuales ya se presentaron las denuncias correspondientes

Derivado de diversas auditorías, la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó el desvío de más de 2 mil millones de pesos de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional, en las pasadas administraciones.

Sobre estos presuntos hechos de corrupción ya se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR), reportó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en su informe anual sobre la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que envió al Senado de la República.

La dependencia, a cargo de Alfonso Durazo Montaño, afirmó que al realizar un diagnóstico de las irregularidades administrativas encontradas, se identificó un "complejo esquema de corrupción sistemática que ha afectado áreas de seguridad e inteligencia del país".

"La SFP, a través del Órgano Interno de Control, ha realizado auditorías a la Partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional. Se están investigando peculados que representan más de 2 mil millones de pesos. Sobre los presuntos hechos de corrupción encontrados, se han presentado las denuncias correspondientes a la Fiscalía General de la República (FGR)", señaló.

Indicó que se han atendido de manera puntual las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por irregularidades detectadas en administraciones pasadas, dando lugar a que en la actualidad en la SSPC se trabaje en una estrategia destinada no sólo a castigar a los responsables, sino a recuperar recursos y devolver a la sociedad lo robado.

En relación a las acciones anticorrupción, la SSPC informó que en el último año se han presentado ante la Secretaría de la Función Pública 132 denuncias por hechos de corrupción en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Órgano de Prevención y Readaptación Social (OPRS), Servicio de Protección Federal (SPF), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Guardia Nacional.

"Hechos de corrupción, impunidad o conflictos de interés que se encuentran en etapa de investigación", refirió.

Reveló que actualmente cinco Órganos Internos de Control de la SFP combaten hechos de corrupción, impunidad o conflictos de interés en diversas áreas de la SSPC, como el Centro Nacional de Inteligencia, Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Servicio de Protección Federal, Guardia Nacional y Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por otro lado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presumió que ha evitado sobreprecios y pagos indebidos a los proveedores en la adquisición de bienes y servicios, cuyos procesos, subrayó, se han llevado con estricto apego a la normatividad y con el acompañamiento de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.

"Se ha promovido una política estricta para obtener las mejores condiciones de calidad y precios existentes en el mercado, logrando economías significativas. Durante el primer trimestre de este año, se han obtenido más de mil millones de pesos de ahorro, lo que permitirá alcanzar el objetivo de construir 79 cuarteles en el actual ejercicio, sin que para ello sea necesario solicitar algún tipo de ampliación presupuestal", puntualizó.

El Universal
Ciudad de México
Viernes 10 de julio de 2020.


El TEPJF determinó que el delegado Rodrigo Abdala violentó la Constitución Mexicana al promover al presidente con recursos públicos.


Rodrigo Abdala Dartigues, delegado del gobierno federal en Puebla, utilizó programas sociales para promover de forma ilegal al presidente Andrés Manuel López Obrador, sentenció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La sala regional especializada determinó que el sobrino del exgobernador de Puebla, Manuel Bartlett Díaz, transgredió el artículo 134 de la Constitución Mexicana, por hacer uso de recursos públicos para promoción personalizada en beneficio del mandatario.

En sesión pública los magistrados acordaron por mayoría instruir al Órgano de Control de la Secretaría de Bienestar federal, para que imponga las sanciones correspondientes al exdiputado federal de Morena.

Al exponer el caso, se señaló que Abdala Dartigues y otros 36 funcionarios federales aludieron al presidente durante la entrega de programas sociales.

En discursos, publicaciones en redes sociales e incluso en la vestimenta se involucró la imagen de López Obrador, según la resolución del tribunal.

Mediante fotos y videos se exhibió que los funcionarios atribuyeron al titular del Ejecutivo los programas sociales, además de que llevaban su nombre o fotografía en indumentaria y accesorios.

Incumplieron retiro de publicidad

La sala especializada reportó también que Abdala Dartigues y los demás acusados incumplieron la orden de retirar de sus redes sociales las publicaciones donde promovían al presidente.

La instrucción fue girada por el Instituto Nacional Electoral (INE) como una medida cautelar mientras se investigaba el caso, pero ninguno de los 36 servidores públicos la cumplieron.

La resolución del TEPJF fue resultado de una denuncia promovida por el PRD, en la que también se acusó a Morena; López Obrador; a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, y al coordinador de Programas para el Desarrollo, Gabriel García Hernández, pero todos ellos fueron exonerados.

SFP también persigue a Abdala

Abdala Dartigues también es investigado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), por presunto uso de recursos públicos que no tienen que ver con programas sociales, o para fines que no benefician a los ciudadanos.

La investigación fue revelada el pasado 24 de octubre por la titular de la dependencia federal, Irma Eréndira Sandoval, pero desde entonces no se han dado avances de las pesquisas.

Además del delegado de Puebla, son acusados los de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora.

e-consulta
Héctor Llorame
Ciudad de Puebla
Lunes 30 de diciembre 2019.

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